martes, 28 de julio de 2009

Honduras: Organizaciones sociales internacionales demandan intervención de CPI

Gloria Silvia Orellana (COLATINO)

Una Misión de Observadores internacionales en Honduras recomendó en su informe preliminar la intervención “preventiva” de la Corte Penal Internacional (CPI) ante las violaciones sistemáticas a los derechos humanos de la población y el rompimiento de la institucionalidad constitucional.

El informe lo acredita y documenta el Foro de Cooperación Internacional Solidaria que aglutina una treintena de organizaciones pro derechos humanos, cooperantes, sociales y jurídicas a nivel mundial.

La relatoría estuvo a cargo del Doctor Enrique Santiago, del Instituto de Estudios Políticas para América Latina y África (IEPALA); y del Doctor Luis G. Pérez de la Iniciativa de Copenhague para Centroamérica (CIFCA) y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).

Pérez dijo que los hechos ocurridos el domingo 28 de junio de 2009, fecha en que ocurrió el secuestro y deportación del Presidente Manuel Zelaya, así como la usurpación del gobierno legítimo por uno de facto, rompió con el proceso democrático y la institucionalidad del país.

Una captura sin una orden judicial, ignorar arbitrariamente el principio de inocencia y establecer un Estado de Sitio, permitiendo actos arbitrarios contra la población, ha vulnerado la Constitución hondureña.

“Tenemos el testimonio, fotos y llamadas de Xiomara (hija del Presidente Zelaya) sobre la captura de su padre por parte del ejército; dispararon contra ellos, lo capturaron, secuestraron y deportaron a Costa Rica, esto rompió la institucionalidad del país, eso es grave”, dijo.

La argumentación de que la captura realizada a las 5:40 de la mañana, por el Ejército, viola los procedimientos judiciales del Código Penal fue rechazada por autoridades fiscales, Corte Suprema de Justicia y miembros del Congreso, faltando al acceso a la justicia. Aunando a que su investidura presidencial impedía al Congreso procesarlo judicialmente, sólo podían manifestar un “reproche político”, pero no el cese al mandatario.

En cuanto a la deportación a Costa Rica, Pérez señaló que la Carta Magna prohíbe la expulsión de cualquier hondureño de su territorio, sobre todo cuando dicha acción se debió a un deliberado acto judicial arbitrario por el gobierno usurpador.

“Estamos exigiendo el respeto al Presidente legítimo Manuel Zelaya y a la población; creemos que la Corte Penal Internacional debe tomar el caso y juzgar a los responsables de la represión y persecución política, que se constituye en actos de lesa humanidad”, comentó.

Por su parte, Enrique Santiago, experto en derecho penal, indicó que la suspensión de derechos fundamentales como la libertad de tránsito, reunión y expresión vulneran la democracia en Honduras.

“Una de las conclusiones fundamentales del informe es determinar que el decreto 11-2009, de suspensión de garantías que ha permitido centenares de detenciones por toque de queda, allanamientos y otras represiones, no fue publicado en la gaceta oficial, o sea, ni existe el decreto de Estado de Sitio, y están haciendo desmanes, ofende la inteligencia y la dignidad de la gente”, expresó.

Asimismo, resaltó la inoperancia del trabajo del defensor de Derechos Humanos de Honduras, Ramón Custodio, que dio apoyo al Golpe de Estado, y el Cardenal Rodrigo Maradiaga, que raya en la falta de ilegalidad y ética.

“El hijo del Custodio, nombrado embajador ante la Unión Europea, es una ofensa, por eso pedimos que la instancia lo expulse y que no reconozcan a ningún otro funcionario ilegítimo“, exhortó.

Además, expresó su preocupación por el papel de los medios de comunicación masiva y muchos grandes empresarios, y líderes religiosos quienes violentan los derechos de la población.

“La gente nos comentó que han sido obligados a acudir a las marchas blancas, para apoyar al presidente de facto Roberto Micheletti; y les han disparado a muchos periodistas no adeptos al gobierno usurpador, esto es grave”, denunció.

Como el caso de Isis Obed Murillo de 19 años de edad, muerto por el ejército (5 de julio) en el aeropuerto de Toncontín, su padre denunció el hecho ante la Fiscalía y fue capturado de inmediato por una supuesta denuncia anterior.

La Misión pidió a los países de la región a incrementar el aislamiento comercial, como un gesto de solidaridad con el pueblo hondureño y a la OEA le pide impulsar el retorno del Presidente Manuel Zelaya.

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