martes, 28 de julio de 2009

Para cancelar derechos sexuales y reproductivos: La derecha avanza en América Latina, bajo el discurso de los derechos humanos

Lourdes Godínez Leal (CIMAC)

Martha María Blandón, directora de IPAS para Centroamérica, alertó que bajo el discurso de los derechos humanos progresistas, los grupos de derecha están avanzando en la región centroamericana y latinoamericana, lo que ha significado un retroceso en la región en materia de derechos humanos, sexuales y reproductivos.

Entrevistada al término de la conferencia de Amnistía Internacional donde presentó su informe “La prohibición total del aborto en Nicaragua, la vida y la salud de las mujeres en peligro, los profesionales de la medicina criminalizados”, Blandón, una de las 9 defensoras del caso de Rosa, la niña de 9 años que fue violada y embarazada, advirtió que los argumentos de los que están en contra del derecho a decidir de las mujeres son los mismos de quienes están en contra de otra gran cantidad de derechos humanos de las personas.

Quienes se oponen al respeto a las distintas opciones, al derecho a la educación sexual, a planificar la familia y utilizar métodos anticonceptivos modernos, o a la unión entre personas del mismo sexo, cada vez están disfrazando más su discurso con el de los derechos humanos progresistas, dijo.

Consideró que quienes trabajan con estos temas tienen ante sí un gran desafío, como el de “educar” a la población para que tenga herramientas para distinguir “las trampas” en que se “empantana a los tomadores de decisión” que, dijo, no necesariamente tienen que ser expertos en el tema, así como a la gran mayoría de la población que en la región no tiene acceso a la información.

Interrogada sobre lo que actualmente sucede en México, donde 14 estados han modificado sus legislaciones para prohibir el aborto, incluso por violación, la también coordinadora del grupo estratégico para la despenalización del aborto en Nicaragua opinó que “era de esperarse” ante la despenalización que se dio en el Distrito Federal hasta las 12 semanas de gestación.

“Fue demasiado fuerte”, y se esperaba que se tomarían medidas para contrarrestarlo en el resto de las entidades federativas, al tiempo que consideró que hace falta mucho trabajo y leyes progresistas pero también “despenalizarlo en las conductas y en las conciencias de las mujeres, de los hombres y de los jóvenes”.

Persecución, a 6 años del caso Rosita

Martha María Blandón es “una de las 9” -como dice se les conoce en Nicaragua- defensoras que impulsaron el derecho de Rosa a un aborto terapéutico.

Fue en 2003 cuando una niña de 9 años de edad, que trabajaba con sus padres inmigrantes en Costa Rica en la recolección de café, fue violada por un hombre de 28 años y como consecuencia embarazada.

Rosa fue valorada en dos hospitales costarricenses donde se advirtió de las complicaciones que se derivarían de continuar con sus 4 meses de embarazo. No obstante, y pese a pedir ayuda de las autoridades nicaragüenses para regresar a este país y solicitar el aborto terapéutico al que Rosa tenía derecho, el Ministerio de Salud de Nicaragua negó tal solicitud y se pronunció por llevar el embarazo a término.

Finalmente después de varios desencuentros entre organizaciones feministas defensoras de derechos humanos, gobierno y grupos Provida, Rosa tuvo acceso al aborto terapéutico.

Desde entonces, el grupo de feministas que pugnó por el derecho de la niña para no ser madre enfrenta una investigación que se encuentra “engavetada” en el Ministerio Público local, aseguró Blandón, pero que ha servido de herramienta para intimidarlas y perseguirlas, consideró.

La petición de investigación presentada hace dos años “por un ciudadano perteneciente a una comisión de derechos humanos de la Iglesia Católica”, fue porque las feministas “obstaculizaron” la investigación al violador y por el aborto “ilegal” al que fue sometida la niña.

“El aborto fue legal, pero sí clandestino por toda la presión que había en ese momento”, dijo la feminista.

La directora de IPAS Centroamérica, quien viajó a México con la delegación de AI para presentar el informe, consideró que la persecución contra ellas se ha vuelto política, ya que quienes defienden y demandan la restitución del aborto terapéutico y “otra cantidad de respeto a los derechos humanos y libertades públicas” han sido intimidadas y amenazadas por defender la agenda feminista.

Pese a que no ha habido ninguna investigación, pues nunca han sido llamadas a declarar, se ha vuelto como “la espada de Damocles”, dijo la activista, quien aseveró “si hablas mucho, si estás muy pública, si estás muy crítica al gobierno, si hablas mal de la pareja presidencial entonces hay una posibilidad de que se reactive la demanda”.

Y dijo que algunas de sus colegas continúan recibiendo amenazas telefónicas y anónimos con frases como “te oímos en la televisión” “sabemos dónde estudia tu hijo” “sabemos dónde vives”, “recuerda que eres una perseguida” y ese tipo de cosas.

No obstante, aseguró que todo lo que ha sucedido y continúa en su país “que es el extremo máximo de la violación a los derechos humanos”, no impedirá que sigan en la lucha.

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