jueves, 23 de julio de 2009

Que hable el soberano. Carta al presidente Oscar Arias Sánchez

Señor presidente Arias:

Su esfuerzo actual, orientado a mediar entre dos fuerzas moralmente incompatibles, situadas ambas en la hermana República de Honduras, una de ellas, sórdida, oscurantista, violenta, carente por completo de principios éticos o morales que la respalden y en fin, golpista y la otra, con todos los errores y debilidades propias de quienes gobiernan un país en medio de innumerables carencias y dramas humanos heredados del ejercicio inmisericorde de la dominación imperial y la explotación oligárquica, pero dispuesta a encontrar nuevos caminos, nobles caminos, para beneficio del pueblo de Honduras, ha sido visto con beneplácito por muchas personas, instituciones y gobiernos de todo el mundo.

Por nuestra parte, hace algunos días escribimos una reflexión sobre la naturaleza de la mediación que usted encabezaba, donde expresábamos que había en su propuesta una agenda oculta. Luego observamos respetuosamente la aquiescencia del presidente Zelaya y su equipo de asesores, a aceptar en principio su propuesta. Hemos visto también a los golpistas, que se niegan a negociar nada, prevalecidos de su fuerza bruta, de su estupidez y del seguro apoyo que históricamente les han brindado la política oficial de los Estados Unidos y como es evidente ahora, de la extrema derecha, agresora y terrorista, cuyo poder político y militar no parece haber amainado con el triunfo del presidente Obama.

Su relevante figuración en la crisis hondureña, proviene del despliegue de su imagen internacional, apoyada en el premio Nobel de La Paz que usted ostenta. Su participación, como político costarricense, proviene de su lugar al frente de las fuerzas económicas y sociales que no se distancian, en absoluto, de las mismas personalidades, partidos, grupos y organizaciones que en América Latina, están dispuestos a evitar, al precio que sea necesario, que Nuestra América tome en sus manos el destino que le corresponde, le otorgue plenitud a los pueblos para ejecutar su capacidad constructora y sobre todo, venza de una vez por todas el dominio oligárquico e imperial que nos ha convertido, como nos dijera una vez el Dr. Francisco Vargas Vargas, en "mendigos sentados sobre nuestras propias riquezas".

Pero antes de continuar, haremos un obligado paréntesis. Nuestro empeño en criticar su comportamiento político público, no está movido por ningún sentimiento de animadversión personal. Lo expresamos, porque en nuestro país ocurre que las diferencias políticas son siempre interpretadas como diferencias personales, como rencores, envidias o resentimientos. No es nuestro caso, aunque tendríamos sobrada justificación para sentirnos agraviados, por haber Usted silenciado nuestra voz, desde la primera semana de marzo de 2007, cuando ordenó arbitrariamente, suspender nuestro programa de opinión "Diagnóstico", que durante 17 años mantuvimos en el canal 13 de la televisión estatal y que operaba sujeto a rigurosos parámetros de la ética periodística y el pensamiento crítico. Eso que Usted hizo con nosotros y que fuera repetido con otros distinguidos comunicadores y periodistas, no nos parece ni decente, ni honrado, ni moral, ni mucho menos ajustado a los cánones de libertad y democracia, en nombre de los que Usted se presenta en el mundo entero, como desvelado defensor.

Esa política suya, orientada a acallar sus críticos o detractores, es de larga data. Tenemos la convicción de que a Usted le repugna debatir, confrontar ideas, poner en juego, ante un auditorio prevenido e inteligente, el proyecto social y financiero que usted ha decidido, a rajatabla, ejecutar en Costa Rica.

Es bueno recordar que, desde el inicio de la crisis hondureña y la llegada del presidente Zelaya a Costa Rica, usted se ofreció como mediador. Ante un golpe de estado, el objetivo de una mediación sólo podía ser el de restituir a la autoridad ilegítimamente depuesta, en el cargo del que fuera expulsado por la fuerza. Usted hizo bien cuando reconoció a Manuel Zelaya como legítimo Presidente de Honduras, en el momento en que fuera lanzado a Costa Rica. Ese reconocimiento fue confirmado, unánimemente, en el seno de la OEA y las Naciones Unidas, junto a la exigencia del retorno inmediato a su Patria. Ahora bien, el ejercicio de ese cargo es incondicional, como no sean los marcos de acción impuestos por una Constitución y unas leyes.

Resulta sin embargo, que el golpe de estado perpetrado en Honduras por la mano ejecutora de los militares, es completamente sui generis aunque no único en la historia reciente. En Honduras, la conjura fue tejida como una trama en la que participaron todos los poderes del Estado. La perversa participación de la Corte Suprema de Justicia, la venalidad de un grupo mayoritario de la Asamblea Legislativa, el infame papel de la fiscalía, la decepcionante actitud de un purpurado golpista y la maloliente postura del Tribunal Electoral, ponen en evidencia que los órganos supremos del estado pueden, mancomunados en algunos casos, servir intereses antinacionales y juntos, ejecutar un golpe de estado, con el requisito indispensable de contar con un ejército a su servicio.

Es aquí, en este punto, donde concluimos con la técnica clásica del golpe de estado, que determina que un golpe de estado es siempre un acto de fuerza, un acto de violencia de carácter fulminante, que depone las autoridades vigentes, eventualmente legitimas e impone otras, cualesquiera que sean, con la fuerza de las armas. Queda pendiente, sin embargo, el examen y la discusión sobre la posibilidad de que alguien ejecute un golpe de estado en un país sin ejército, construyendo eso que usted mismo llamó "la dictadura en democracia". Pero esto queda para una reflexión posterior.

La característica central del golpe de estado es que constituye, invariablemente, un acto reaccionario, retardatario, orientado a cercenar derechos y a imponer decisiones contrarias al interés general. Los pueblos, por su parte, no dan golpes de estado. Los pueblos impulsan insurrecciones, guerras liberadoras. Los pueblos hacen revoluciones.

Entonces, señor presidente Arias, ¿Qué ocurrirá con los golpistas, aunque provengan de distintos poderes e instituciones y no sólo del ejército? ¿Serán presentados ante la justicia como coautores del golpe de estado? ¿Pero qué "justicia" se encargará de procesarlos y juzgarlos, si en Honduras "la justicia" es parte de los grupos golpistas? Además, ¿En manos de qué órgano recaerá la representación y la soberanía popular si del seno mismo de la Asamblea Legislativa surge el pelele que representa a todos los golpistas? ¿Y quién organizará el futuro proceso electoral si el órgano encargado de realizarlo es uno de los tentáculos del golpe? ¿Qué significa una amnistía o un indulto en esas condiciones? ¿Y qué poder o estructura jurídica puede establecer ese "perdón y olvido" o bien, "paz y después gloria" como si nada hubiera ocurrido?

De modo que la única conclusión posible, señor Presidente Arias, es que en estos momentos no existe institucionalidad en Honduras, porque la actual ha sido integralmente copada y por ende, demolida por los golpistas. La única legitimidad que subsiste, es la del Presidente Manuel Zelaya, cuya decisiva y fundamental tarea, es restituir esa institucionalidad y el único camino que tiene para lograrlo, es llamar a su pueblo, único y legítimo soberano de Honduras, a tomar en sus manos el destino del país.

De modo que nosotros, dicho sea con la mayor consideración, pensamos que ninguna propuesta, por bien intencionada que sea, puede sacar del escenario al único y fundamental actor de este drama que es el pueblo hondureño.

Si tomamos en cuenta que el acto de fuerza perpetrado por los golpistas ha desintegrado toda la estructura jurídica e institucional de ese hermano país, es imposible continuar sin acudir, en primerísimo e insustituible lugar, al pueblo hondureño. En este caso, es el Presidente Manuel Zelaya quien, como dijimos, investido de poderes especiales y ante la ruptura total del orden legal y constitucional del Estado, debe convocar a la celebración de una Asamblea Nacional Constituyente para que restablezca, de manera categórica, los marcos de referencia de la legitimidad institucional y la democracia hondureña; para que restituya los legítimos poderes del estado y juzgue a los golpistas.

Esta es la paradoja en que se encuentran metidos los golpistas. Por haber dejado al país sin institucionalidad porque les horrorizaba una modesta consulta al pueblo, sin carácter vinculante, tendrán que ver ahora como el Presidente Zelaya convoca al pueblo a fin de que tome decisiones fundamentales, decisivas y ahora sí, vinculantes.

Ustedes señor Presidente Arias, convendrá en que la restitución de la constitucionalidad y el derecho en Honduras, no es, a estas alturas, asunto de Óscar Arias, ni de la señora Clinton, ni de la OEA ni de nadie más que del propio pueblo hondureño. Pero todas las instancias personales, institucionales o estatales que estén realmente interesadas en La Paz y el restablecimiento de la legalidad en Honduras, pueden exigir y defender la ejecución de ese único principio que consagra y sostiene todo el andamiaje jurídico de eso que llamamos la democracia: la consulta directa al soberano.

De tal modo que, si Usted es consecuente, si realmente le importa la plena vigencia de la democracia en Honduras, si en verdad le preocupa que el pueblo asuma, con absoluta legitimidad, el poder en sus manos y que lo haga investido de sus condiciones intransferibles de soberano, por medio de un proceso pacífico pero absolutamente garantizado, pues ofrezca sus buenos oficios para que, junto a la OEA, se le permita a su Presidente legítimo convocar al pueblo hondureño a reconstruir, desde sus cimientos, la institucionalidad demolida.

Respetuosamente

Álvaro Montero Mejía
Ciudadano costarricense
cédula número 1-295-388

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