martes, 11 de agosto de 2009

Guatemala: Amenazas contra el sector justicia genera impunidad

CERIGUA

Los fiscales y auxiliares fiscales del Ministerio Público (MP) son los blancos más comunes de amenazas, homicidios y atentados, señaló Santos Sajbochol, jefe de la Unidad de Delitos contra Operadores de Justicia de la entidad investigadora.

De acuerdo con Sajbochol, los jueces ocupan el segundo lugar, mientras que los abogados litigantes, el tercero; en junio y julio se evidencia un repunte de ataques contra los operadores de justicia, agregó el funcionario al periódico Siglo Veintiuno.

El fiscal consideró que este año cerrará con mayor número de incidencias, pues hasta el 31 de julio se contabilizan 103 agresiones, mientras que el 2008 terminó con 129.

El caso de Flor de María Gil, Jueza Duodécima de Trabajo, asesinada el 3 de agosto pasado en la zona 9 de la capital guatemalteca, se suma a las estadísticas de la Unidad de Delitos contra Operadores de Justicia del MP, agregó el funcionario.

Patricia Gámez, ex presidenta de la Asociación de Jueces y Magistrados y Jueza Décima de Primera Instancia Penal, de Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, se quejó por el trabajo deficiente de la referida unidad del Ministerio Público, porque no hay investigaciones serias ni acciones contundentes en torno a las denuncias presentadas desde 2001.

Por su parte, la Jueza Sexta de Primera Instancia Penal, de Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, Silvia De León, coincidió con Gámez, al referir que no hay resultados alentadores en el MP, pues las amenazas no se averiguan y las muertes quedan en la impunidad.

En tanto, Sajbochol aseguró que sí hay resultados, aunque también reconoció que son insuficientes; la referida Unidad cuenta únicamente con ocho personas para atender los casos que llegan de todo el país, lo que hace difícil lograr efectos positivos inmediatos.

Una de las consecuencias de la falta de apoyo en seguridad para los juristas es el debilitamiento en la administración de la justicia, pues quienes la procuran se sienten vulnerables en todo momento, indicaron algunos analistas.

Carmen Aída Ibarra, de la Fundación Myrna Mack, dijo que se genera un impacto, negativo, en la administración de justicia, que muchas veces deriva en la paralización de los procesos y consecuentemente en impunidad y denegación de justicia.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.