viernes, 7 de agosto de 2009

Los aumentos en las tarifas y los servicios públicos privatizados

José Castillo (LA ARENA)

Ante la protesta por el aumento de las tarifas de energía eléctrica y gas varios jueces dictaron medidas cautelares y hay en el Congreso hay un debate para anularlos. Las superganancias empresarias y la falta de inversión.

Terminadas las elecciones, y en medio del invierno, empezaron a llegar facturas de luz y gas increíbles. En el caso de la electricidad, los aumentos oscilan entre el 300 y el 700 por ciento. Se trata de incrementos autorizados por el gobierno en el año 2008 -resoluciones 1169/08 de la Secretaría de Energía de la Nación y 628/08 del Ente Regulador de la Electricidad-.

Es evidente que hubo un acuerdo "no escrito" entre el gobierno y las empresas de servicios públicos privatizados para que apareciera en las boletas recién después de las elecciones. Ahora, ante el hecho consumado de las nuevas facturaciones en manos de los usuarios, funcionarios oficialistas sostienen que los aumentos sólo afectan a grandes consumidores, y por lo tanto, no tienen consecuencias sobre los sectores de menores recursos de la población.

En el caso particular de la electricidad se argumenta que, como afecta a usuarios con consumos superiores a los 1000 kilovatios, se estaría resguardando a los sectores de menores recursos. El planteo es confuso: justamente, es el pueblo más pobre el que no puede cambiar sus artefactos, que consumen mucha más electricidad que los modernos. Y, en invierno, muchas veces sólo tiene para calefaccionarse las viejas estufas eléctricas. Lo preocupante es que estas boletas "sólo" registran los consumos de los meses previos al invierno. ¿Qué va a pasar cuando lleguen las próximas facturas que impactarán de lleno con lo que marquen los medidores en el invierno?

Financiar importaciones

En el caso del gas, los aumentos oscilan alrededor del 200 por ciento. Tomando como ejemplo a la provincia de Buenos Aires, el aumento ha sido del 105 por ciento el metro cúbico, más otro porcentaje similar por impuestos, llevando el costo del metro cúbico de 0,16 a 0,57 centavos. En este caso el aumento es para financiar las importaciones de gas desde Bolivia y del fluido envasado que viene en barcos. Se trata también de una decisión del gobierno del año pasado, "escondida" hasta que pasaran las elecciones -resolución 536/08 del Enargas, para la capitalización de un fondo fiduciario para hacer frente a eventuales necesidades de nuevas importaciones-. Sobre la justicia del aumento basta como mudo testigo la anciana que el día miércoles se paró frente al Congreso Nacional mostrando una boleta de gas de consorcio que facturaba 7.100 pesos, a repartir entre apenas 20 departamentos. "¿Cómo hago para pagar los 350 pesos que me corresponden si apenas cobro la jubilación mínima?", preguntaba desconsolada la mujer.

Caen las reservas

Este tarifazo destapa dos realidades. La primera es que durante estos años de tarifas "supuestamente congeladas" (porque la realidad es que se vienen autorizando sucesivamente diversos aumentos), las empresas privatizadas mantuvieron sus superganancias por medio de los subsidios que recibían desde el Estado Nacional. Hoy que, crisis mediante, ya no existe la posibilidad presupuestaria de sostener esos niveles, se les pretende garantizar esas mismas rentabilidades, ahora a costa directamente de la boleta del usuario. Y la segunda realidad, patente en el caso del aumento del gas, es que la absoluta falta de inversiones por parte de las empresas privatizadas nos viene llevando a una crisis energética crónica, que se resuelve provisoriamente con la importación del fluido, a valores muy superiores a los locales.

Es patético: el último pozo lo descubrió Gas del Estado en el año 1988 y las reservas de gas, que hace 20 años era de 32 años, han caído actualmente a 8. Es el resultado de una política que no puede calificarse de otra forma que de un verdadero saqueo de nuestros recursos. Pero ahora, en vez de castigar a la empresa por el no cumplimiento de sus planes de inversión, se carga el costo sobre el bolsillo de los trabajadores.

Fuerte reacción

La indignación se ve por muchos lados y ya tuvo algunos "rebotes" superestructurales. La jueza Cecilia de Negre dictó un fallo prohibiendo los cortes a aquellos que no paguen o lo hagan a cuenta. Ya hay 17 jurisdicciones entre provincias y municipios donde la justicia ha rechazado los aumentos. En el Congreso hay un proyecto para suspender los aumentos tarifarios durmiendo en la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, que no se reunió nunca en todo el 2009. Un intento de retrotraer el aumento llevado adelante por la oposición en la Cámara de Senadores no pudo ser tratado sobre tablas y pasó a comisión. Varias provincias (Chubut, Tucumán, Salta) vía denuncias de sus defensores del Pueblo lograron que jueces federales ordenaran dar marcha atrás con el aumento y refacturar.

Sin embargo las privatizadas eléctricas siguen funcionando en forma autista. Los trabajadores terciarizados de Edesur (agrupados en la Federación de Trabajadores de la Energía -Fetera, afiliada a la CTA- denunciaron que se está registrando un promedio de más de 100 cortes diarios en su área del Gran Buenos Aires y que tienen informes que algo similar está sucediendo en la zona bajo jurisdicción de Edenor. Como contrapartida, se comenzaron a producir protestas y algunos escraches ante las oficinas de las privatizadas. En muchos barrios de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano ya empezaron a reactivarse las comisiones de vecinos autoconvocados que dieron origen a principios de año al Movimiento Nacional contra el Tarifazo, que confluyó en una "Marcha de las velas" a Plaza de Mayo.

Rescindir los contratos

Debemos escapar de un falso debate: el gobierno sostiene que se pudo sostener el congelamiento de las tarifas (que ya dijimos que no fue tal) gracias a una política de fuertes subsidios a las empresas. El fin de los subsidios nos llevaría, inexorablemente según este razonamiento, al aumento de las tarifas. Lo incorrecto del dilema es que, en ambas opciones, se da como supuesto intocable que las empresas de servicios públicos privatizados sigan obteniendo las superganancias que han acumulado en estos años. El balance es claro: estas firmas no garantizaron ni calidad en el servicio, ni las inversiones necesarias para el mediano plazo. La salida, como hemos expresado reiteradamente en estas columnas, es la rescisión de los contratos por incumplimiento, la reestatización de las privatizadas, y su puesta en funcionamiento bajo una nueva gestión, controlada por los propios trabajadores y las asociaciones de usuarios, que han dado sobradas pruebas a partir de sus denuncias de tener mucho más conocimiento, propuestas y sobre todo, vocación de hacer funcionar esas empresas al servicios de los trabajadores y el conjunto del pueblo.

José Castillo es miembro del EDI (Economistas de Izquierda). Profesor de la UBA y de la Unicen.


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