lunes, 31 de agosto de 2009

ONU pide a Chile revisar Ley que criminaliza protestas de Mapuches y a Colombia que detenga la matanza de indígenas y afro descendientes

TELESUR - AFP
El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió a Chile, el viernes 28 de agosto, que no reprima las protestas sociales como crímenes terroristas, tal como criminaliza los reclamos Mapuches cuando reivindican derechos.

El Comité solicitó al gobierno chileno que deje de aplicar la ley antiterrorista de la dictadura militar que utiliza contra el pueblo indígena Mapuche para criminalizar sus protestas.
El Comité de la ONU dictaminó en Ginebra que la llamada Ley Antiterrorista "ha sido aplicada principalmente a miembros del pueblo Mapuche, por actos ocurridos en el contexto de demandas sociales". "El Comité recomienda (a Chile) que revise la Ley Antiterrorista 18.314 [dictada en 1984] y se asegure de que ésta sea únicamente aplicada a los delitos de terrorismo que merezcan ser tratados como tales" y que "no sea aplicada a miembros de la comunidad Mapuche por actos de protesta o demanda social", insistió el documento.
El Comité de 17 expertos independientes vigila el cumplimiento de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, somete a exámenes a los países que han ratificado este tratado y emite observaciones de cumplimiento obligatorio, como lo hizo ahora con Chile.
El Comité subrayó las denuncias de abusos y violencia ejercida por carabineros, que dieron muerte a los comuneros Mapuches Matías Valentín Catrileo Quezada y José Facundo Mendoza Collio, y pidió que se "investiguen las quejas" y "que sean enjuiciadas y sancionadas las personas responsables de dichos actos", y se repare a las víctimas y a sus familiares.
El Comité además exhortó a Chile que tome "las medidas necesarias para acelerar el proceso de restitución de las tierras ancestrales a los pueblos indígenas", precisando que se reconozcan sus derechos "sobre tierras y recursos naturales", de acuerdo a las normas internacionales. Indicó que los pueblos indígenas deben dar un consentimiento "antes de la ejecución de proyectos de extracción de recursos naturales" en esas tierras.
Al referirse a la instalación de basurales y plantas de aguas servidas dentro de las comunidades mapuches, el Comité exhortó a Chile a solucionar "los impactos ambientales", realizando "estudios científicos de evaluación", acompañados de una adecuada legislación para que los derechos de los pueblos indígenas prevalezcan "por encima de los intereses comerciales y económicos".
Dada la "lentitud" de las "consultas" para la "reforma constitucional en materia de derechos de los pueblos indígenas", que actualmente se debate en Chile, el Comité espera que el gobierno "intensifique sus esfuerzos para acelerar el proceso" y que "lleve a cabo una consulta efectiva con todos los pueblos indígenas".
En virtud de "episodios de discriminación y agresiones violentas contra indígenas y migrantes", perpetrados "entre otros por grupos totalitarios, el Comité solicitó a Chile acelerar esfuerzos para adoptar el proyecto de ley que establece medidas contra la discriminación y que penaliza actos discriminatorios".
Protección a indígenas colombianos
El Comité de la ONU además remitió una resolución en que solicitó protección para la población afrodescendiente e indígena, sometida a "graves violaciones de los derechos humanos" en Colombia.
"El Comité insta (a Colombia) a intensificar sus esfuerzos para prevenir y proteger a las comunidades afrocolombianas e indígenas contra graves violaciones de los derechos humanos en el contexto del conflicto armado (y) que se investigue y sancione con prontitud", expresa la resolución.
El Comité citó "asesinatos, ejecuciones extrajudiciales o reclutamientos y desapariciones forzadas", señalando que "si bien los grupos armados ilegales tiene una importante responsabilidad" en tales hechos, "se sigue denunciando la participación directa o la colusión de agentes del Estado".
El Comité añadió "que algunos miembros de las Fuerzas Armadas han estigmatizado públicamente a las comunidades afrocolombianas e indígenas", y pidió "se garantice el cumplimiento efectivo y estricto de las políticas y normativas adoptadas", citando la Directiva 800-07 de las Fuerzas Armadas.
En cuanto a los "megaproyectos de infraestructura y explotación de recursos naturales, como la minería, la explotación petrolera o el monocultivo" en territorios indígenas o de afrodescendientes, el Comité recomendó a Colombia "que apruebe y aplique de manera concertada una legislación que regule el derecho a la consulta previa" de esas comunidades.
Frente a la situación "de que determinados pueblos indígenas, especialmente en la Amazonía, están al borde de la extinción a causa del conflicto armado", el Comité espera que el gobierno colombiano "encuentre soluciones políticas y jurídicas" que impidan su desaparición.
Según el organismo de la ONU, los indígenas y afrodescendientes en Colombia padecen una "falta de servicios de salud adecuados y accesibles", requiriendo que el Estado proporcione "una atención de salud de calidad", que se mejore su nivel de vida y el "acceso al agua potable y a los sistemas de alcantarillado".

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