martes, 25 de agosto de 2009

Política represiva de Macri en la ciudad: Un diseño pensado contra los pobres, sobre todo los que se organizan y luchan

PRENSA DE FRENTE

A poco de cumplir dos años de gestión el gobierno de Mauricio Macri profundiza un proyecto que anhela excluir y expulsar a los más pobres de la Capital. El 1° de octubre, se pondrá en actividades a la Policía Metropolitana, con la jefatura de Jorge Fino Palacios –repudiado por la mayoría de los sectores sociales porteños- con el objetivo explícito de “poner orden”, “evitar los piquetes” y asegurando que “taparse las caras es una provocación”. En paralelo, desde el poder judicial porteño se aceleran los procesos de judicialización a quienes se manifiestan en las calles, los desalojos –irregulares y violentos- y se reducen o eliminan las precarias políticas habitacionales existentes.

Si bien era esperable que una gestión como la que encabeza Mauricio Macri aplicara medidas privatizadoras, excluyentes o derechistas en la Ciudad, la novedad vino por la torpeza con la que se empecinan en llevarlas a cabo. En el caso de la Policía Metropolitana –una fuerza en la que sus integrantes cobrarán más que gran parte de los trabajadores porteños, más de 3000 pesos- colocó al frente a un hombre cuestionado por organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, sindicales, barriales, estudiantiles, políticas e incluso, aunque por lo bajo, por integrantes de su propio equipo. Un síntoma de esto, que los medios masivos trataron de minimizar, fue el discurso del vocero de los familiares de asesinados en la AMIA, quien en un tono de decepción deslizó la lectura política de una parte no menor de la base social que hace 20 meses votó por el PRO. A pesar de ello, frases como que Palacios es “el mejor jefe de policía que puede tener la Ciudad”, tienden a desacreditar la innegable vinculación con el encubrimiento a la AMIA, con los secuestradores de Axel Blumberg o con la represión de 2001, de quien fue además, la mano dura de Macri en Boca, quien lidió con las barras, quien tiene claro cómo debe hacer para impedir los piquetes y “poner orden”. 

El asesinato de una joven de 17 años en la Villa 31 por parte de un miembro de la Prefectura y la violenta represión sufrida luego por sus amigos y vecinos, la posterior detención de cinco personas el mismo día, el irregular desalojo en la Asamblea de Almagro, de la Casa Cultural Alfredo Zitarrosa, la amenaza de desalojo en IMPA que está protegido por ley, así como en decenas de viviendas de distintas organizaciones sociales, son una clara demostración de lo que pueden esperar las organizaciones populares que tiene a la ciudad de Buenos Aires como territorio de acción. 

Dos días después de las elecciones del 28 de junio, el gobierno firmó el decreto 574, que suspende el sistema de hoteles de la ciudad –que abarca cerca de 3000 familias- a cambio de un subsidio de 25 mil pesos. Sin dar respuestas al problema de fondo -la necesidad de obtener una vivienda digna y definitiva por parte de miles de familias- el PRO ofrece un dinero por el cual la única opción posible de quienes lo reciben es irse fuera de la Capital. 

Al mismo tiempo, el gobierno continúa acrecentando los desalojos de la mano del grupo parapolicial UCEP (Unidad de Control de Espacio Público), que actúa a la sombra del poder judicial local intimidando y golpeando a quienes viven en situación de calle. 
En el último mes, expertos en hábitat de la ONU se reunieron en Buenos Aires para analizar la crisis habitaciones y aseguraron que promoverán “un protocolo contra los desalojos”, con el fin de evitar la expulsión de miles de familias de la ciudad. Hoy hay más de 15 mil personas que viven en situación de calle, más de 180 mil que viven en asentamientos y trescientas mil que viven en villas. La respuesta ante esto fue, eliminar los subsidios habitacionales, eliminar los hoteles y multiplicar los desalojos. 

Frente a todo esto, aún con dispersión y fragmentación, numerosas organizaciones sociales comenzaron a reagruparse y a coordinar medidas en conjunto para resistir una situación de creciente criminalización. Más de cuarenta organizaciones conformaron la Coordinadora de Lucha en la Ciudad “La Dignidad no se privatiza”, que realizó masivas movilizaciones contra la UCEP, contra los desalojos y contra la Policía Metropolitana y que convoca a una nueva marcha para el próximo jueves. Por otro lado, se conformó el Frente de Hoteles de la Ciudad, que realizó dos colchonazos en rechazo del decreto 574, solicitando la aceleración de los amparos contra los desalojos. 

Con respecto al repudio de Palacios como jefe de la Metropolitana y ante la solicitud de su destitución –reclamo y eje compartido por el conjunto de las organizaciones-, hasta ahora no se ha logrado una coordinación unitaria. La juventud de la Constituyente Social, Proyecto Sur, los organismos de derechos humanos, entre otros, vienen trabajando para reunir cien mil firmas contra Palacios para mostrar el rechazo que genera su figura. En el acto decimoquinto del atentado a la AMIA, los familiares hicieron un enérgico reclamo para que Macri desplace al hombre que encubrió el ataque a la mutual judía y en la Legislatura porteña vienen impulsando proyectos de ley en el mismo sentido. 

Lamentablemente, algunas diferencias de segundo orden entre los diferentes espacios que aglomeran a los actores sociales y políticos de la ciudad, no han permitido hasta hoy lograr unificar la oposición al proyecto macrista, en un espacio amplio y heterogéneo que vaya a echar por tierra las pretensiones del oficialismo porteño de vivir en una “Ciudad soñada” –sin pobres, sin reclamos, sin voces disidentes-, tal como en un rapto de sinceridad, la presentó Macri la última semana a la oposición; solo la unidad de todos los actores populares porteños es garantía de que el despliegue neoliberal que hoy sufre la ciudad, no logre proyectarse a nivel nacional.

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