lunes, 21 de septiembre de 2009

Gran Bretaña: Precisaran la ley de suicidios asistidos

ANSA

El gobierno de Gran Bretaña precisará esta semana la polémica ley de suicidios asistidos, por la cual dejará de procesar a aquellas personas que ayuden en los casos de eutanasia, siempre que no obtengan beneficio económico con esa muerte.

El director de la Fiscalía Pública, Kier Starmer, afirmó a la BBC que el objetivo es aclarar qué casos de suicidio asistido serán penados por la Justicia, incluidos aquellos que ayudan a sus seres queridos a morir para obtener algún tipo de ganancia financiera.

Starmer subrayó, asimismo, que la eutanasia seguirá siendo un delito en Gran Bretaña.

La aclaración se realizó después que la paciente de esclerosis múltiple Debbie Purdy ganó su caso en la Cámara de los Lores de Londres, para exigirle al gobierno que aclare los puntos más generales de la ley.

Purdy planea viajar en el futuro a Suiza, donde la eutanasia está legalizada, para acabar con su vida si la enfermedad sigue avanzando.

La mujer, en tanto, teme que su marido, el músico cubano Omar Puente, pueda ser procesado en el Reino Unido si la acompaña al país helvético, pues el suicidio asistido está tipificado como delito en Gran Bretaña y acarrea una pena máxima de 14 años de cárcel.

Cinco jueces lores, la máxima instancia judicial del país, respaldaron la petición de Purdy, de 46 años, para que la Fiscalía General aclare cuándo se puede procesar a una persona que ayuda a otra a morir en el extranjero.

Purdy, con domicilio en Bradford (norte de Inglaterra), elevó su caso a la Cámara de los Lores después de que el Tribunal Superior de Londres y el Tribunal de Apelación decretaran que corresponde al Parlamento y no a la Justicia cambiar la ley.

En febrero último, la Corte de Apelación también estimó que la Fiscalía General no puede adoptar "una política de caso específico en los términos que persigue la señora Purdy".

Los jueces lores no discuten que la modificación de ley es competencia del Parlamento, pero sí consideran que la Fiscalía debe explicar por escrito los factores que considera relevantes para procesar a alguien en las citadas circunstancias.

"Lo que haremos este miércoles es aclarar cuándo un individuo será condenado o tiene posibilidades de ser condenado", afirmó Starmer a la BBC.

Según el director de la Fiscalía Pública, las autoridades considerarán factores como si la persona tenía claras intenciones de suicidarse o si fue presionada por otra para quitarse la vida.

"La idea es tratar de proteger a los más vulnerables de aquellos que quieran beneficiarse de una muerte rápida, pero también identificar a aquellos casos que no están en el interés público llevar a la corte", agregó.

Starmer explicó además que la aclaración de la legislación "estará fundada en el modelo de la Ley de Suicidios de 1961".

"Ciertamente creo que las cosas han cambiado desde la década del 60 y creo que la actitud de la gente sobre los suicidios asistidos han cambiado durante ese período", destacó el funcionario.

"Debido a que la decisión acerca de si debemos acusar o no debe estar basada en el interés público, obviamente es importante tomar estos factores en cuenta", agregó.

Se estima que al menos 115 británicos que padecían enfermedades incurables o sufrían de dolencias en fase terminal se trasladaron a la clínica suiza Dignitas para someterse a un suicidio asistido.

Tras el anuncio de hoy, Purdy elogió la decisión del gobierno y afirmó que significa que pacientes en la misma situación que ella "pueden tomar una decisión informada".

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