viernes, 25 de septiembre de 2009

La libretita de Jonathan

Claudia Cesaroni (APE)

La historia de las Madres de Plaza de Mayo es la de mujeres que recorrían comisarías, juzgados, fiscalías, despachos oficiales. En todos y cada uno de esos sitios preguntaban por sus hijos e hijas. Solo las mantenía firmes la desesperación, porque desde hacía un día, dos meses o tres años que no sabían nada sobre ellos.

Las respuestas en cada una de esas oficinas era el silencio, las promesas falsas, en ocasiones el pedido de dinero para prolongar más la agonía vestida de esperanza. A veces se les respondía señora, su hijo se quiso fugar; señora, su hijo era un delincuente subversivo que estaba por poner una bomba; señora, no hubo otra alternativa; señora, no la busque más, y a su nieto tampoco. 

Esas mujeres, se sabe, siguieron buscando, y anotaron con paciencia minuciosa cada uno de sus pasos, construyendo la historia que luego leeríamos. 

Muchos años después, una madre exhibe una libretita prolija, a la que llama la libretita de Jonathan. Allí, con trazo cuidadoso, anota nombres, teléfonos y direcciones. Por ejemplo, los de la jueza del Juzgado Nacional de Menores Nº 5 y sus empleadas. Sobre todo ésa que le preguntaba, cuando ella pedía una solución para su hijo, porque temía perderlo sumido en la noche del paco o por una bala policial: Pero señora, usted no entiende lo que le digo? Usted tiene obra social, el Estado no puede gastar plata en su hijo! 

Jonathan, de sobrenombre Kiki, era difícil como todo adolescente de 17 años, y más todavía porque consumía drogas en exceso, había abandonado el colegio, necesitaba la ayuda que su familia buscó una y otra vez. 

En la libreta están anotados los nombres de los empleados y empleadas de la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (ObSBA). Solo le proponían cubrir una parte de los 3000 pesos mensuales que cuesta un tratamiento. La otra parte era imposible pagarla para una familia humilde con siete hijos. Entonces, lo mandaron a una clínica neuropsiquiátrica, confundiendo consumo adolescente con locura. Allí la madre lo iba a ver todos los martes y jueves, en uno de sus peregrinajes más dolorosos, para encontrarlo babeando, pidiéndole por favor que lo saque de ese lugar, donde estaba aislado y solo. El mismo diagnóstico hizo un psiquiatra piadoso, y después de un mes finalmente pudo volver a su casa. 

Cuando el Estado Social no está, aparece el Estado Penal. En el caso de Jonathan Ezequiel Lezcano, el Kiki, a través de la policía federal. En el mes de marzo, el oficial de la Comisaría 52 Mario Ramón Chávez, al que apodan el Indio, golpeó la puerta de los Lezcano, pidió por su madre, y le dijo que lo cuidara, que sería una pena que le pase algo. Poco después, en abril, otros policías de la misma dependencia lo detuvieron y lo golpearon hasta hacerlo sangrar, porque lo vieron en actitud sospechosa en una esquina de su barrio de Lugano. Su madre llevó las fotos al juzgado de menores 5, donde aparentemente nadie entendió que esas fotos obligaban a hacer una denuncia. Los golpes a los jóvenes, propinados por la policía, parecen parte de una costumbre que ése y otros juzgados no pueden, no saben o no quieren combatir. 

El 7 de julio, mientras conversaba con su primo Sergio (19) y su amigo Ezequiel Blanco (25) en un pasillo del barrio, se acercaron dos policías. Uno le dijo “Una vez sí, pero dos no, Kiki. Voy a ser tu sombra”, y el otro le sacó una foto con su celular. Un día después, Jonathan Lezcano y Ezequiel Blanco se tomaron un remise, prometieron volver en una hora, y desaparecieron. 

La mamá de Kiki llenó su libretita con los nombres y las direcciones que recorrió durante dos meses: juzgados, fiscalías, comisarías, organismos públicos. Imprimió fotos, hizo carteles, fue a Missing Children. La foto de Kiki, sonriente, apareció en programas de televisión y diarios. Mientras todo esto sucedía, Jonathan Ezequiel Lezcano y Ezequiel Blanco estaban muertos. Los había matado un policía federal el mismo 8 de julio en el que Jonathan se despidió de su mamá diciéndole “me voy a ver a mi chica”. 

El hecho fue caratulado como “Robo de automotor” -carátula judicial que describe qué es lo importante: el supuesto intento de robar un auto, no la muerte de dos jóvenes-, en el Juzgado de Instrucción Nro. 49 a cargo de Facundo Cubas. Rápidamente, el juez resolvió liberar al policía que supuestamente se defendió del intento de robo matando con dos balazos a Ezequiel y con un balazo a Jonathan.

Mientras María Angélica Urquiza, la mamá de Jonathan, llenaba su libreta y gastaba lágrimas y súplicas en oficinas inclementes, el cuerpo de su hijo se enfriaba en la morgue. Luego lo enterraron como NN. En la ciudad de Buenos Aires, con su foto publicada en la página de Missing Children, la denuncia de la desaparición realizada, sus datos registrados en el Registro Nacional de Niños y Adolescentes desaparecidos, el juez Cubas ordenó que entierren a ese chico como un NN. 

Finalmente, el 14 de setiembre, y cuando la mamá de Jonathan fue a preguntar qué novedades había en la Fiscalía 44, donde había denunciado el hostigamiento de los policías de la Comisaría 52, le dijeron que su hijo estaba fallecido, y la mandaron al Juzgado de Instrucción 49. De allí, a la Morgue, donde un empleado les dijo “No, no, a éste ya lo enterramos el viernes como NN, el otro está a punto de salir”. 

Desaparecido, muerto, enterrado como NN. La mamá de Jonathan anota, y pregunta por qué no lo detuvieron, si había cometido un delito. Por qué, una vez muerto, no la dejaron velarlo. Habrá que volver a leer la historia como presente, para intentar responder esas preguntas desesperadas.

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