viernes, 11 de septiembre de 2009

Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual: La madre de las reformas

Ernesto Ponsati (ACTA)

El Gobierno encara su primera gran reforma estructural, solamente comparable a la producida en la Corte Suprema en el anterior capítulo kirchnerista.

Si logra hacer respetar los principios que animan -y le dan respaldo ético- al proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, habrá plantado una pica en Flandes, algo para pasar a la historia de la democracia argentina.

Parece altisonante, pero es así de trascendente y de crucial para un país que encuentra cada vez más dificultades para avanzar hacia formas perfeccionadas de vida en común y que ve resurgir a cada paso los fantasmas de un pasado tenebroso, de una Argentina dividida, desigual, excluyente y profundamente injusta.

Como fondo de ese cuadro trágico flota el tema de la libertad de expresión, y, aun más importante, del derecho social a la información. Toda la discusión, que ya se avizora enconada y llena de trampas y tapujos, pasa a segundo plano si no se la plantea referida a esos dos derechos, que son fundamentales para los ciudadanos y vitales para la democracia.

La democracia se ve amenazada si la libertad de expresión es herida. Pero si no se le garantiza a la sociedad el derecho a una información de calidad y al alcance de todos, entonces la democracia estará gravemente herida. Cuando se hable de la Ley de Servicios Audiovisuales habrá que pensar en ello.

La Ley de Radiodifusión que dejó al irse la dictadura militar no contemplaba los aspectos que son indispensables para un aceptable -no digamos perfecto- funcionamiento de la democracia. Se ocupó solamente de legislar sobre las concesiones de los espacios por los que circulan las señales de radio y televisión, y poco más. Lo único rescatable de esa norma es que ratifica el protagonismo del Estado en la materia.

El éter pertenece al Estado y por lo tanto es el Estado quien determina cómo se emplea y a quien se da en concesión y mediante qué condiciones. Allí incluía, esa ley, una arbitrariedad aberrante: establecía que radios y canales sólo podían ser explotados por empresas con fines de lucro. No podían ser titulares las cooperativas, por ejemplo, o un sindicato o una fundación dedicada a la defensa del ambiente.

Ese planteo discriminatorio fue rechazado por lo menos tres veces en procesos judiciales que llegaron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero sigue vigente para los sectores que han sido beneficiados por la ley de la dictadura y por gobiernos democráticos que le siguieron, en particular el de Carlos Menem, quien adjudicó un conjunto de medios del Estado en un proceso que favoreció principalmente al Grupo Clarín y motivó la airada reacción de Julio Ramos -el fallecido propietario de Ámbito Financiero-, que quería su tajada.

Como consecuencia de ese manejo tortuoso y plagado de episodios de escasa transparencia cuando no de evidente opacidad, la situación actual es que existen varios grupos oligopólicos que pelean entre sí por avanzar hacia la categoría de monopolio en un cruzamiento laberíntico inentendible.

Tenemos ante nosotros el mapa de alianzas de las comunicaciones actualizado a julio de 2007 -bastante viejo, lo admitimos- y es infernal. Recoge la composición accionaria de prácticamente todos los grupos que existían hace dos años en satélites, diarios, inversores financieros, cine, TV, revistas, Radios AM y FM, consultorías, software y un largo etcétera.

Para brindar una idea, el Grupo Clarín tiene participación en Cablevisión, Teledigital Cable, Multicanal, Supercanal, Canal 13, Todo Noticias, Volver, TyC Sports, TyC Max, Canal Rural, más canales en Bariloche, Córdoba, Bahía Blanca y General Roca, además, de muchos otros emprendimientos como radios AM y FM; en total, más de 200 licencias. Otro actor importante, el Grupo Vila-Manzano, controla 30 licencias. Y hay mucho más, demasiado para el espacio de esta nota.

Son miles de millones de pesos anuales, y por lo tanto el enojo de los operadores es grande, al igual que el de quienes los representan en el Congreso. Porque el proyecto de ley es objeto de un debate enconado que supera el ámbito parlamentario, espacio donde se lo quiere frenar con el objeto de dejar las cosas como están.

La Iglesia, aunque no de manera orgánica, ha intervenido a través de dos de sus prelados, que coincidieron con la oposición política en que hay que dejar la discusión para después del 10 de diciembre, cuando la nueva composición de las cámaras haga más difíciles las cosas para el Gobierno. Puso en práctica aquello de "ni quito ni pongo rey, pero ayudo a mi señor"; claro que habrá que buscar mucho para hallar un señor en esa asamblea de empresarios inescrupulosos.

Aducen los legisladores opositores que el oficialismo intenta forzar la discusión de un texto que no han tenido tiempo de consultar. Sabemos, porque lo hemos leído, que el proyecto es extenso y complicado, pero está a disposición de todos desde marzo. Si los legisladores y sus asesores no han podido estudiarlo en cuatro meses, es por pura desidia.

La situación actual, la que se quiere imponer desde la oposición, habla de un avanzado proceso de concentración en la propiedad de los medios de comunicación: muy pocas personas manejan la información y la opinión que reciben millones de ciudadanos, de tal modo que una alianza entre los principales holdings periodísticos permitiría imponer un candidato presidencial o, lo que sería más grave, voltear a un presidente. Algo de eso hubo en la Argentina de los años 60, cuando el periodismo llevó adelante una campaña infame para minar la imagen del presidente Arturo U. Illia, finalmente derribado por un golpe militar.

Y también en la España de 1995, cuando los principales grupos mediáticos, convencidos de que doce años de gobierno del PSOE eran demasiado, convinieron aplicar sobre Felipe González una estrategia de "acoso y derribo", lo que dio como resultado el ascenso al poder de José María Aznar (y hay más ejemplos).

Ignacio Ramonet, en su libro La Tiranía de los Medios, retrata con claridad los efectos de la concentración en la propiedad de estos factores clave en la vida de la sociedad actual, y de la aparición de grupos financieros e industriales concentrados como titulares de grandes conglomerados mediáticos.

La consecuencia es fácilmente advertible: la prensa abandona su papel de control sobre el poder para convertirse en el poder mismo. ¿Está la Argentina muy lejos de ese estadio? En nuestra modesta opinión, no. Y la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual sería el marco adecuado para salvar la instancia, porque apunta a que las voces (las opiniones, la información, los actores) se multipliquen y favorezcan la libre circulación de las ideas, lo que, ya lo hemos dicho, es esencial a la democracia. La diversidad contribuirá además el diálogo, y en el diálogo empezaremos a comprender y a respetar al otro, algo que parece tan lejano en este estado de crispación colectiva actual.

A ese respecto, hay que decir que a los puntos del articulado que garantizan la pluralidad de ideas y contenidos, la protección a las expresiones de la cultura nacional, la adjudicación de un tercio de los espacios para entidades sin fines de lucro, la extensión de las facultades de las universidades, la atención puesta sobre la defensa de principios modernos en materia de competencia y de control sobre oligopolios y monopolios y otra serie de novedades -que lo son en la Argentina pero que ya se aplican en países desarrollados como Canadá, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y otros que nada tienen que ver con ese "complejo chavista" que tanto horroriza a sectores bienpensantes y mal informados-, habrá que añadir otros temas.

Habrá que pensar en una menor incidencia del sector político y una mayor representación en aquellos organismos creados por el proyecto de ley para la sociedad civil, en especial de los usuarios de estos servicios y, en el caso de los medios públicos, de las entidades sindicales relacionadas con la información.

En síntesis, este proyecto debe avanzar aunque sea con muletas. Tiempo habrá para introducirle mejoras si no cumple con los anhelos de perfección que deben animar a tantos argentinos concientes de su importancia en orden a perfeccionar la democracia, librándola de algunos de los vicios que le impiden desarrollarse plenamente. Limitar la capacidad de control de la información y de formación de pulpos mediáticos capaces de manipular la opinión de la ciudadanía, es una de las formas de lograrlo.

Ernesto Ponsati es Periodista. Fue colaborador de prensa de Agustín Tosco entre 1964 y 1974. Ex integrante de la conducción del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren-CTA), actualmente es Director periodístico de Hoy Día Córdoba.

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