lunes, 7 de septiembre de 2009

México: Se les apareció el diablo

Teodoro Rentería Arróyave (especial para ARGENPRESS.info)

Los grupos vulnerables, como es el caso del gremio periodístico, debemos de estar convencido en no bajar la guardia ante la impunidad vergonzante que nos atosiga, puesto que ha quedado nuevamente comprobado que la persistencia en la demanda de justicia rinde frutos a pesar de la banalidad de numerosos jueces y magistrados.

Tal aseveración quedó comprobada con el muy emblemático caso de la indígena Francisca Marcial, acusada por la Procuraduría General de la República de haber secuestrado a seis hombrones, para no calificarlos de otra manera, agentes judiciales y tres casos de desacato que pusieron en “peligro” sus puestos, de Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa y de Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrad Casaubón.

No cabe la menor duda de que los vericuetos para torcer la justicia son infinitos, pero el hecho mismo de que de vez en cuando se “les aparezca el diablo”, como apunta el refrán, y se recomponga la administración de justicia, nos reconcilia con esas autoridades como instituciones y renueva la confianza.

Esta más que claro, que no deberían de ocurrir estos “garbanzos de a libra” y que la administración de justicia, como lo ordena nuestra Constitución y las leyes que de ella emana, debería ser rápida y expedita, desgraciadamente nuestra realidad es otra porque ha sido sumida en la degradación y la ignominia por la corrupción persistente.

Una campaña valiente y constante de grupos y personas empeñadas en el trabajo social y en los derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, tomaron la defensa de la indígena otomí, Jacinta Francisca Marcial, “presa de conciencia”; ante ello la PGR reconoció que existe “duda razonable” sobre la culpabilidad de la procesada por el secuestro de seis agentes de la desaparecida Agencia Federal de Investigación, por lo que decidió presentar conclusiones no acusatorias, en forma incongruente la misma no aplica a las coacusadas: Alberta Alcántara y Teresa González

Cuando, en una decisión inédita en la historia del país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se disponía a discutir diferentes asuntos de desacato que vislumbraban la posibilidad de separar de sus cargos y de consignarlos ante un juez federal al Presidente Calderón y al jefe de Gobierno Ebrard, así como a funcionarios de sus respectivos gabinetes, llegaron las pruebas de que se habían cumplido los ordenamientos, eso sí después de años de: “me doy por enterado, no cumplo con lo ordenado y háganle como puedan”.

Casos insólitos, son en verdad estos en los que se “les apareció el diablo” al Presidente de la República y al Jefe de gobierno capitalino por culpa de miembros de sus respectivos gabinetes que creyeron que por sus altos puestos podrían burlar la ley; si, son garbanzos de a libra, sin embargo renuevan la esperanza de revertir el vergonzoso drama de la impunidad imperante.

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