lunes, 7 de septiembre de 2009

Perú: Zona de combate

Gustavo Espinoza (NUESTRA BANDERA, especial para ARGENPRESS.info)

En 1986, cuando ocurrió en el Perú el denominado “Motín de los Penales” que dejara una secuela de casi 300 muertos, el gobierno del Presidente García ideó una fórmula que le ayudó a actuar con descarada impunidad.

El Decreto Supremo que ordenó la intervención de los Infantes de Marina en El Frontón y otros destacamentos de la Fuerza Armada en el CRAS de San Pedro de Lurigancho, dispuso considerar a esos territorios como “zona militar restringida”. Expresión formal, sin duda, que expropió a la autoridad civil de cualquier capacidad de gestión. 

Al ser consideradas las áreas penitenciarias como “zona militar restringida” quedó claro que solamente podían actuar en ellas los uniformados portando sus armas de reglamento y ejecutando los operativos dispuestos por el Comando. En otras palabras, que la guerra se había instaurado en perímetro pequeño en el que la máxima autoridad era un Jefe Político- Militar entorchado. 

Pues eso mismo -un poco ampliado- se propone hoy con relación al VRAE, es decir a la extensa zona conocida como el Valle de los ríos Apurímac y Ene donde -se asegura- operan los narco traficantes y donde, también, han ocurrido recientes muertes de uniformados. 

Curiosamente el vice almirante Luis Giampietri estuvo al frente de esa idea en el pasado y hoy es el portador de la misma para los efectos de la confrontación en el VRAE. 

Hoy el protagonista de la iniciativa no es poca cosa. Ostenta el título de Congresista de la República, es prominente miembro de la Comisión de Defensa del Parlamento Nacional, pero también es Primer Vicepresidente de la República y el más calificado “experto” que la derecha tiene en materia de lucha “contra el terrorismo”. 

Es otras palabras, es el mayor vocero en estos temas, al extremo que alguien ha tenido la peregrina y huachafísima idea de sugerirle al gobierno lo designe “El Zar del VRAE” . 

La propuesta no ha sido bien recibida por todos. La ha aplaudido a rabiar el cómplice del marino en diversas tareas, el ministro Rafael Rey -prominente vocero del OPUS DEI-, pero la han criticado incluso parlamentarios apristas algunos de los cuales también mostraron sus reservas cuando ocurrieron los hechos de 1986. 

A ellos los asustó la idea de que, en efecto, de pronto a cualquier caudillo militar se le ocurriera disponer que la Plaza de Armas de Lima fuera declarada “zona militar restringida” y bajo ese dispositivo un comando tomara por asalto el palacio de Gobierno y extrajera por la fuerza al señor García. Se “comieron el sapo” en ese entonces -como se dice- pero ahora parecen estar dispuestos a hablar. 

Declarar una región del país como “zona de combate” tiene diversa implicancias. 

Por lo pronto, ya se está discutiendo una: desplazar del territorio a todos “la población civil” -unas 300,000 personas- para que “no se vean afectados por la guerra”. 

Pero además se ha propuesto con enfermiza iniciativa “que se bombardee con el eficiente y barato napalm los perímetros de las bases del ejército en el VRAE”. Para tal propósito, se ha dicho “lo efectivo es detectar al emisor del fuego, calcular sus coordenadas, trazar su posible área máxima de movimiento de escape y luego bombardearlo desde el aire, o cañonearlo desde tierra con artillería”. La guerra en toda la extensión de la palabra. 

Se alienta hacer, sin duda, lo mismo que acaba de ocurrir en Afganistán, en las cercanías de Kabul en la región de Kunduz cuando decenas de vecinos buscaban extraer combustible de dos camiones cisterna que fueron bombardeados desde el aire. 90 muertos fue el saldo de ese operativo que hoy se busca importar a nuestro suelo donde los muertos tampoco importarán porque, después de todo, serán simplemente “nativos” o, tal vez, “sembradores de hoja de coca”. 

Los peruanos no necesitamos, ni queremos la guerra ni en esa, ni en ninguna extensión. Y si hay quienes la provocan, debieran ser ellos los primeros en ir al VRAE, y no enviar soldados de veinte años con tres meses en el servicio y sin preparación alguna para que sean víctimas de cualquier fuego. 

Los responsables de la política “anterrorista” del gobierno aseguran que es “Sendero Luminoso” el que ejecuta las muertes de los uniformados que se denuncian. Pero no aportan prueba alguna de sus afirmaciones. Aceptarlas, sin embargo, implicaría admitir que la estructura terrorista posee un arsenal militar muy vasto que incluye bazzokas, lanza granadas y otras armas de corto y largo alcance que habitualmente sólo están en poder de la institución armada y que sirven incluso para abatir helicópteros blindados. 

Podría decirse, para contrarrestar esa tesis, que eso no es así, que fueron también militares los que obraron en esa circunstancia causando la muerte de sus pares, en procura de crear un clima de terror y de violencia generalizados que justifique un régimen de corte fascista. Pero tampoco habrían pruebas para aseverarlo. 

Si algo sensato se puede hacer, es investigar realmente los hechos. La Oposición no podrá seguir esa ruta por falta de criterio, pero también por carecer de los instrumentos indispensables para tal efecto. Y el gobierno, por no tener la voluntad de actuar en tal sentido. En el medio, entonces, dirimiendo el tema, estarán “los medios de comunicación” al servicio de la clase dominante. Ellos dirán, sin duda, que fue “la subversión” la culpable de todas las muertes. 

El escenario es sugerente. Coincide, en efecto, con la ubicación de 7 bases militares norteamericanas en el extenso territorio colombiano, gracias al gobierno de Uribe y a un acuerdo secreto que no se ha informado siquiera a los órganos de Poder de ese país. 

De esas bases, precisamente la número 7, ubicada en el Frente Militar “Larandia”, y que sirve como base de operaciones terrestres y helitácticas con pista de aterrizaje para bombarderos B 52, es la más cercana a nuestra frontera, por la zona del Putumayo. Pero no es la única. Próximas están también las Base Aérea Nº 5 “Luis Fernando Gómez Niño”, y la base 6 de “Tolemaida” ubicada en las cercanías de Tolima.. 

Esas bases constituyen ciertamente las principales amenazas terroristas que se ciernen sobre nuestro pueblo y que afectan también a otros países hermanos. Ellas se orientan a aplicar la política norteamericana en la región que, como se sabe, ha incrementado el cultivo de coca, el narco tráfico y la violencia. 

La reciente visita a nuestro país de la parlamentaria venezolana Marelys Pérez Marcado ha permitido hacer más luz en esta materia, y ha servido también para apreciar mejor la naturaleza de la lucha de nuestro pueblos, que nada tiene en común con la política de guerra del Imperio. 

Para los habitantes de América Latina, no hacen falta “zonas de guerra”, sino tierra de paz. En esa lucha hay que empeñarse a fondo.

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