martes, 8 de septiembre de 2009

Puerto Rico: Reto a un antiguo veto del Congreso de Estados Unidos

Jesús Dávila (NCM, especial para ARGENPRESS.info)

Pese a las advertencias del Gobernador Luis Fortuño, el Senado aprobó convocar un referéndum para establecer el derecho constitucional a la salud, lo que retaría un veto expreso del Congreso de Estados Unidos que impidió que el mismo fuese incluido en la constitución autonómica de 1952.

La acción legislativa, tomada bajo el liderato del presidente del Senado Thomas Rivera Schatz con el concurso de la mayoría del Partido Nuevo Progresista y de la minoría del Partido Popular Democrático, levanta otra vez la división del oficialismo anexionista entre el bando del Gobernador Fortuño y el inspirado por el ex gobernador Pedro Rosselló.

“Esto va contra los ricos”, dijo Rivera Schatz en su turno de cierre del debate, en el que explicó que los opositores a la medida lo que quieren es proteger “negocios para los ricos” mientras se le niega al pueblo “un derecho fundamental que le permita exigir” porque “hay gente que no conoce las carencias del pueblo porque nunca las han vivido”. El fogoso jefe de la cámara alta se refirió de manera explícita al Gobernador Fortuño y la presidenta de la Cámara, Jennifer González, e indicó que “la mezquindad, la ignorancia y la soberbia a veces afectan el compromiso y el carácter” y que si tienen “algún problema” con la convocatoria al referéndum, “el pueblo los evaluará”.

Los discursos sobre ricos y pobres están cobrando fuerza en Puerto Rico, donde la crisis económica galopante y las agendas neoliberales empresariales se combinan de manera cada vez más explosiva con la crisis política de la condición colonial. En el mismo debate, el senador autonomista Juan Eugenio Hernández Mayoral aseguró que se sabe que en referéndum a llevarse a cabo en el 2010 habrá que incluir también “el tema del status” del país.

Las palabras del hijo del ex gobernador autonomista Rafael Hernández Colón fueron en referencia al proyecto ante Congreso de EEUU para convocar un proceso no vinculante a fin de que los puertorriqueños expresen su preferencia para resolver el problema de la condición política de esta nación caribeña y colonia estadounidense desde 1898.

Aunque la medida sobre la salud no está predicada como un reto a EEUU, en la propia exposición de motivos de la resolución se consigna que se trata de un derecho que fue incluido por los puertorriqueños en la constitución de 1952 y vetado por el Congreso, ante lo cual entonces se plegó la legislatura boricua. Es incierto si el régimen autonómico denominado Estado Libre Asociado tiene la facultad legal de anular un veto expreso del Congreso de EEUU –aunque hayan pasado tantos años- o si, al menos, los nuevos vientos de reforma en Washington permitirán tal liberalidad. 

Pero con todo lo dramático de la escena, no fue la única instancia en la que a la vez se expresaban palabras de confrontación.

El Frente Amplio de Solidaridad y Lucha anunció la próxima celebración de una asamblea de delegados de todas las uniones obreras para comenzar a discutir la propuesta de convocar un paro general porque “lo que realmente se está haciendo es que se está vendiendo el país”, según dijo su portavoz Luis Pedraza Leduc. El dirigente sindical reconoció que se trata de un proceso todavía en ciernes y que se intentará “desencadenar una fuerza, una fuerza que hoy no existe organizada”.

Otro ámbito en el que surgió a la vez el tema fue en la inauguración del edificio de la fundación de la ex gobernadora autonomista Sila María Calderón, que deberá servir de centro para el diálogo entre grupos comunales e instituciones de la sociedad civil. En la actividad, el activista comunal Wilfredo López Montañez formuló denuncias contra el Gobernador Fortuño y afirmó que hay una agenda contra las comunidades pobres, cosa que sin embargo no fue avalada por la ex mandataria, quien dijo que se puede señalar la acción de personas en específico pero no sería responsable hablar de acción concertada por parte del Estado.

Todos esos discursos se producen en el marco de choques esporádicos que han comenzado a cobrar saldos de heridos y lesionados entre policías y grupos comunales o estudiantiles, así como marchas y protestas obreras. También ocurren una y otra vez declaraciones de funcionarios públicos de alto nivel que han expresado lealtad a los privilegios para los ricos y las empresas, al punto de que el propio Gobernador Fortuño tuvo que destituir a uno de ellos ante la condena iracunda en el país.

Uno de los temas más explosivos es precisamente el de la salud y recientemente el Colegio de Médicos informó que ya en Puerto Rico cerca del diez por ciento de la población carece de plan médico en una tendencia que se ahonda mientras el país tiene el presupuesto de salubridad más costoso e ineficiente del mundo. Al mismo ritmo que progresa la descapitalización del país, aumentan las enfermedades a una tasa mucho más grave que en EEUU.

Ante ese cuadro de deterioro, la propuesta aprobada en el Senado sometería a votación una enmienda para que la Constitución estipule que “toda persona tiene derecho al mejor cuidado de salud posible, mediante igual acceso a servicios de cuidado de la salud, protección de la salud y prevención de las enfermedades. El Estado procurará garantizar de manera razonable y justa este derecho fundamental”.

En general, la propuesta podría terminar siendo positiva para las ganancias de las propias empresas de la industria de la salud y el ex gobernador Rosselló ha dicho que Puerto Rico podría lograr hasta 1,200 millones de dólares anuales más de donativos del gobierno federal de EEUU. Además argumenta que con la enmienda se podría hacer compulsorio a los ciudadanos tener un plan médico, sea privado o del Estado.

Esa última parte, sin embargo, no aparece expresa en la enmienda.

Por su parte, el Gobernador Fortuño insiste que no hay que enmendar la Constitución sino avanzar de manera práctica hacia conseguir “un mismo fin”.

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