lunes, 7 de septiembre de 2009

Tarifas: Ni justas ni razonables

Hugo Palamidessi (MORENO)

La suspensión transitoria del cobro de aumentos en las facturas de los consumidores residenciales de gas y luz, ha sido un triunfo de la movilización de usuarios y vecinos, respaldados por el Movimiento contra el Tarifazo.

En él jugaron un papel determinante la Federación de Trabajadores de Energía (FeTERA), las asociaciones de defensa del consumidor -como Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO), el Centro de Educación del Consumidor (CEC) y otras – e innumerables organizaciones gremiales y vecinales. También contribuyeron a hacer retroceder al tarifazo, una cantidad de pronunciamientos judiciales de amparo que, respondiendo a los recursos interpuestos por esas organizaciones y Defensores del Pueblo que, en determinadas jurisdicciones, obligaron a suspender el cobro y prohibieron el corte del suministro por falta de pago.

Claro que el retroceso ha sido ´táctico´: el gobierno se ha apresurado en argumentar que los aumentos desmedidos son el resultado de ´errores´ inducidos por mala información originada en las empresas, y que sólo se vería afectado por los aumentos un porcentaje pequeño de los consumidores. Y también se anunció que se confeccionarán nuevas facturas y que los cargos especiales -por el PUREE en las facturas de electricidad, y para financiar la importación de gas- serán subsidiados por el Estado (pero sólo en este bimestre un 100%, y en el de setiembre-octubre en un 70%, todo a un costo aproximado de 500 millones de pesos).

O sea que en octubre estaríamos nuevamente frente al tarifazo pleno. Y sería, en este sector de los servicios públicos, una nueva vuelta de tuerca en la política de preservar los intereses de las grandes empresas. Esto se refleja en que, en el conjunto de la economía, los subsidios anuales del Tesoro han crecido desde unos $3.300 millones hasta $31.000 millones, entre 2005 y 2008. El Gobierno Nacional –enfrentado a crecientes dificultades financieras este año– no quiere ya sostener los subsidios, y pretende ahora transferir de golpe a los consumidores de gas y luz parte de esa carga que, en el sector energético, creció de unos $1.900 millones (2005) hasta $16.000 millones (2008)

Desde los comienzos del proceso de privatización -con la sanción de los Marcos Regulatorios: leyes 24.076 (1992) para el gas, y 24.065 (1991) para la electricidad- las tarifas de esos servicios fueron arbitrariamente distorsionadas, característica que luego fue acentuada por los incumplimientos y violaciones de leyes y cláusulas de los contratos, con la anuencia de las autoridades nacionales .

Como el transporte y la distribución de gas por redes y de la electricidad se consagraron como “servicios públicos”, los marcos regulatorios –y las numerosas resoluciones que los complementan y modifican- fueron fijando las pautas y cuadros tarifarios En el caso del gas, se trasladan directamente a la tarifa los aumentos del precio del gas ´en boca de pozo´(originalmente fijado por ENARGAS, fue librado a la oferta y demanda a partir de 1994), a los que se suman los cargos por el transporte y la distribución. Para la electricidad, las tarifas resultan del precio mayorista desregulado que pagan las distribuidoras en el Mercado Eléctrico Mayorista, sumado al peaje por el transporte -en alta tensión y la distribución troncal- y a los costos de la distribución.

Antes del traspaso de las empresas estatales al capital privado, los valores tope que se establecieron para las tarifas fueron aumentados significativamente (en el caso gas, un 30% en promedio entre marzo de 1991 y enero de 1993). Los valores fijados al principio fueron luego reajustados periódicamente a través de renegociaciones contractuales, violando lo establecido por la Ley de Convertibilidad y tomando como índices precios de EEUU que, por entonces, experimentaban una inflación muy superior a la de Argentina (En el lapso 1995-2001, el Indice de Precios al consumidor fue de –1,1% en Argentina y del 18,4% en EEUU).

Al mismo tiempo la reglamentación vigente fijaba que dichos valores tope debían ser reajustados cada cinco años para trasladar –en beneficio del consumidor– los aumentos de productividad que experimentaran las empresas. Pero en la evaluación hecha en 1998 para las tarifas del gas (no se hizo entonces para la electricidad) se escatimó esa compensación, ya que el Enargas estimó el índice de productividad de las empresas distribuidoras, en el quinquenio 1993-1997, en un 0,9% anual aproximadamente, mientras que las tasas promedio de rentabilidad de las mismas eran del orden del 11%; para las transportistas el índice estimado fue del 5 al 6% anual, mientras la tasa de rentabilidad había sido cercana al 40%. Además las empresas se beneficiaban con deducciones a las contribuciones patronales, a la seguridad social, y con la supresión de diversos impuestos y aranceles.

Si los marcos regulatorios manifestaban querer establecer “razonabilidad tarifaria” y “riesgo empresario”, los resultados estaban a la vista: por un lado teníamos sectores empresariales cada vez más concentrados, rentabilidades ´garantizadas´ -muy superiores al promedio del resto de las empresas nacionales- prórroga de concesiones, condonación de multas por incumplimientos de inversiones. Por el otro, cuadros tarifarios regresivos –en los que las tarifas residenciales de bajo consumo eran mucho más altas que las de alto consumo y aumentaban más que las industriales– indexaciones ilegales, todo en pago de servicios de calidad cada vez más deficiente.

A fines de 2001, como consecuencia de la crisis y el cambio de gobierno, se dictó la Ley de Emergencia Económica y Reforma del Régimen Cambiario (Ley 25.561) que, además de terminar con la convertibilidad peso-dólar, estableció la derogación –con efecto a partir de abril
de 1991– del ajuste periódico de tarifas, en función de la inflación de EEUU o cualquier otro índice. La ley también sentó las bases para que se decretara, meses después, la realización de un proceso de renegociación de los contratos y la creación de una Comisión ad-hoc, y la autorización al Poder Ejecutivo para “...regular, transitoriamente, los precios de insumos, bienes y servicios críticos, a fin de proteger los derechos de los usuarios y consumidores...” (art.13).

La norma apuntaba a la recomposición tarifaria, teniendo en cuenta “ 1) el impacto de las tarifas en la competitividad de la economía y en la distribución de los ingresos; 2) la calidad de los servicios y los planes de inversión, cuando ellos estuviesen previstos contractualmente; 3) el interés de los usuarios y la accesibilidad de los servicios; 4) la seguridad de los sistemas comprendidos; y 5) la rentabilidad de las empresas.” (art 9).

Pero en la realidad, el poder del lobby de las empresas concesionarias impulsó diversos mecanismos para conseguir retrasar y desvirtuar el proceso de renegociación, a la par que sus beneficios eran aumentados por fuera del marco legal original: prórrogas sucesivas del plazo otorgado a la Comisión de Renegociación (a través de varios decretos y de la ley 25.790); ´adecuaciones transitorias´ del régimen tarifario (en contra de la legislación vigente, a cuenta de las futuras renegociaciones y tomando como índices los precios internos, en una etapa de alta inflación), obstáculos a la operatoria negociadora (se creó la Uniren, ente específico para las renegociaciones pero se dificultó el accionar de las audiencias públicas que promovían la participación de los usuarios: su aporte fue ignorado, y finalmente se abandonaron).

Como ejemplo particular en el caso del gas y la electricidad, en abril de 2002, poco después que el Ministerio de Economía dictara una resolución estableciendo que ningún organismo estatal podía adoptar decisiones que afectaran los precios y tarifas de los servicios públicos, otra resolución del mismo ministerio exceptuó al ENRE y al ENARGAS de lo establecido en la anterior, permitiendo los ajustes estacionales de precios mayoristas de gas y la luz. Y pocos días después la Secretaría de Energía autorizaba un aumento de las tarifas eléctricas a las distribuidoras Edesur, Edenor y Edelap.

Ya a partir del año 2004, cuando ya se hizo inocultable la llegada de la crisis y se aceleró el deterioro de los servicios –llegaron pronto los cortes de luz y las restricciones en el uso de gas– el Gobierno congeló las tarifas residenciales, buscando la tranquilidad de los usuarios, pero siguió incrementando las tarifas industriales.

Durante todo este período la presión del lobby empresario –para aumentar las tarifas y recuperar las rentabilidades de la década de los ´90 –llegó a proferir amenazas (en algunos casos cumplidas): de declararse en quiebra algunas empresas; de abandonar la concesión; de incumplir (aun más!) las inversiones; de denunciar ante el CIADI incumplimientos por parte del Gobierno; de impulsar la intermediación –léase presión– de gobiernos extranjeros y de los organismos internacionales de crédito (FMI, Banco Mundial).

Estas son apenas algunas muestras –tomadas sólo alrededor de la evolución de los marcos tarifarios– del proceso de consolidación del poder del oligopolio de las grandes empresas extractoras de hidrocarburos y las prestadoras de los servicios públicos, de las cuales participan ahora –como socios o testaferros– capitalistas argentinos, funcionales para las estrategias de lobby.

La connivencia y las debilidades de todos los gobiernos que se sucedieron en las últimas dos décadas, allanaron el camino hacia la crisis actual, que se expresa en que: las empresas ya no quieren seguir si no recuperan los márgenes más amplios de utilidades de que gozaron en años anteriores, a su vez el Gobierno no puede sostener el nivel de subsidios con el que ha venido apuntalando este llamado “modelo”, y, ante todo, la mayoría de los ciudadanos-usuarios no queremos –ni podemos– asumir el pago de tarifas injustas e irrazonables para ayudar a resolver la controvertida situación.

¿Para qué evocar toda esta historia de maniobras de las grandes empresas y de las acciones de gobierno que han sostenido sus privilegios a costa del erario público? ¿La cuestión urgente no es impedir que sean los ciudadanos, especialmente los más pobres, quienes paguen la cuenta de la política subsidiadora? Sí, y el primer paso fue frenar el tarifazo, y si eso ya se logró transitoriamente con la suspensión de los recargos, evidentemente habrá que impedir que se repongan, el PUREE –que es un aumento encubierto, puesto que ya está comprobado que es ineficaz en promover el ahorro de energía– y el cargo para fondear la importación de gas, incluído inconstitucionalmente en las tarifas. Y si tenemos que discutir una adecuación de las tarifas –y tendrá que ser con la participación activa de los ciudadanos– la razón indica que para hacerlo responsablemente debemos conocer las cifras reales de los costos de producción de las empresas prestadoras, y de sus beneficios, y la justicia indica que las tarifas deben resultar accesibles a los usuarios pobres, o que sean ellos los que resulten debidamente subsidiados a través de una ‘tarifa social’.

Pero es necesario recapitular todas las irregularidades con las que se ha ido emparchando el modelo privatizador, que ha terminado por convertirse en un perverso aparato subsidiador de los capitales, sin ninguna de las ‘ventajas’ que una vez prometió el ”modelo”. Creemos que enfrentar esas medidas ilegales para revertirlas e impedir que se repitan o se reciclen, puede ser el mejor comienzo para llegar a reformular a fondo la estructura de los servicios públicos, y a recuperar el patrimonio nacional de los recursos energéticos.

Hugo Palamidessi es Director del INFOMORENO.

Notas: 
1) C.Lozano – “El costo de los regímenes de promoción económica en la Argentina actual”. IDEF-CTA, 2009.
2) Las consideraciones sobre la evolución de las tarifas están basadas en Daniel Aspiazu- “Las Privatizaciones en la Argentina”- OSDE,CIEPP,Miño y Dávila edit. 2003, y en diversos trabajos publicados por ese autor y otros investigadores del Area de Economía y Tecnología de FLACSO-Sede Argentina.
3) Al día de hoy la ley 24065 ha sufrido 256 modificaciones y la ley 24076, 419. (www.infoleg.gov.ar)
4) Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S. A. (CAMMESA), "Informe de Riesgos, de Mediano y Largo Plazo (2004/07)", Buenos Aires, enero de 2004. La administradora enumeraba las dificultades que ya enfrentaba el sector eléctrico, señalando su dependencia de la oferta de gas. Ver comentarios en INFOMORENO Nº 34, 24-02-2004.

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