martes, 6 de octubre de 2009

Agua, minería, glaciares: Un país de rodillas

Magdalena Odarda (RIO NEGRO ON LINE)

El agua constituye un bien social y natural imprescindible para la vida y el desarrollo económico, social y cultural de los pueblos. Sin embargo, el sentido común y la conciencia de autopreservación no siempre caracterizan las decisiones de los gobiernos y de las empresas que, procurando el lucro ilimitado, parecen conducir a la humanidad a un suicidio que no hemos elegido.

El agua se encuentra hoy escasa en algunos lugares del planeta, por ello la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación reconoce que para el 2050, 1.800 millones de personas podrían vivir en zonas sin acceso al agua potable y prevé que más de dos tercios de la población mundial sufrirán problemas hídricos.

La contaminación y el uso abusivo del agua provocan la escasez en algunos países y esto se relaciona con la pobreza y el deterioro ambiental. La situación de vulnerabilidad, conflictos sociales, económicos, ecológicos y geopolíticos que emergen de esta condición preocupan a organismos internacionales y a algunos gobiernos del planeta.

Pero, por otro lado, algunos países como el nuestro no parecen ser conscientes de la importancia del agua por su valor estratégico en las actuales circunstancias de recalentamiento global y retraimiento de glaciares, pues se ofrece este recurso escaso con gratuidad a algunas empresas extractivas que la utilizan en forma descontrolada.

Agua y minería

Recientemente Chile anunció que buscaría importar agua desde la Argentina para abastecer zonas mineras, ya que ésta es una actividad industrial que demanda gran cantidad en todos los procesos.

Durante 1997, ambos países firmaron el Tratado de Complementación Minera entre Chile y Argentina, constituyendo un conjunto de normas para implementar el Acuerdo de Complementación Económica firmado en 1991, facilitando de esta forma a ambos lados de la cordillera todos los recursos naturales en forma irrestricta, incluyendo el agua, y protegiendo jurídicamente las inversiones de los capitales transnacionales.

A la luz de estos privilegios, la industria minera de Chile ya tiene un uso garantizado de este recurso junto con otras empresas del lado argentino, en detrimento de las poblaciones aguas abajo.

La minería metalífera contamina y el uso del agua en cantidades exorbitantes provoca daños irreversibles debido a la filtración, lixiviación, drenajes, la reducción de los niveles o del afloramiento de agua dulce. Si a lo largo de nuestra cordillera central las empresas utilizan aproximadamente 1.000 litros del agua por segundo, podemos deducir que esta dimensión afecta definitivamente la vida económica, social y cultural de los pueblos de esas regiones.

Sólo algunas muestras son suficientes para comprobar los daños. En Catamarca, el río Vis-Vis está contaminado como consecuencia de filtraciones del "dique de colas".

Minera Alumbrera fue denunciada por daño ambiental colectivo por la presunta contaminación del lago de las Termas de Río Hondo y la cuenca del río Dulce.

Glaciares y el veto presidencial

Los glaciares de la región patagónica están en retroceso de forma más acelerada que la prevista por los estudios científicos.

Los glaciares aumentan su masa con grandes nevadas y temperaturas frescas en verano, mientras que se achican cuando los años son secos y muy cálidos. En la región central de los Andes cordilleranos cuando los años vienen secos, los glaciares suministran hasta el 70% de los caudales de los ríos. Este cálculo demuestra el papel fundamental en la regulación del recurso hídrico que tienen las masas de hielo en los Andes centrales.

Esto nos permite derivar que cuando el calentamiento global y el derretimiento acelerado de los glaciares son una realidad y preocupación de científicos de la Argentina y del mundo, el Estado debe adoptar una actitud responsable para evitar catástrofes irreversibles.

Pero, paradójicamente, esto no es así en nuestro país y los recursos hidrológicos son entregados a intereses privados sin más recaudos.

Uno de los proyectos más representativos de la minería a gran escala es Pascua Lama de Barrick Gold Corp., compartido con Chile y Argentina que, pese a sus nefastos antecedentes y violaciones a los derechos humanos en varios lugares del planeta, se empeña -no sin apoyo de los gobiernos- en la remoción de glaciares para realizar la explotación de minerales que se encuentran debajo, situación que los científicos del mundo califican como una atrocidad.

El poder de lobbie de la transnacional pudo operar en favor del veto de la ley 26.148, conocida popularmente como la ley de Glaciares.

La ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial que fuera aprobada por el Congreso Nacional, fue vetada a fines del año pasado por la presidenta Cristina Fernández porque impedía la afectación de los glaciares y el ambiente periglacial de las cumbres cordilleranas con el fin de preservar el agua y garantizar, con fines estratégicos y geopolíticos, la provisión a futuro de este recurso, evitando el avance de las industrias extractivas sobre estos importantes reservorios de agua dulce.

El Poder Ejecutivo Nacional impulsó la formación de una comisión para su modificación -desairando las atribuciones del Parlamento nacional- en la que se planteó excluir al "ambiente periglacial" de la protección de la ley. Estas zonas fundamentales que regulan el régimen hídrico al congelarse y descongelarse son vitales en períodos de sequía para las economías.

Conclusión

La entrega de los recursos naturales ha sido una constante en los últimos años. En la década del 90 se sentaron, mayormente, las bases para la expoliación y saqueo de las riquezas de nuestro país en favor de las corporaciones transnacionales de la minería, el petróleo, las hidroeléctricas, las de la biotecnología -semillas y agroquímicos asociados-, entre tantas concesiones legitimadas a través de leyes que garantizan seguridad jurídica, regalías irrisorias y eliminación de gravámenes.

Los gobiernos justificaron la entrega en una mayor generación de empleo, desarrollo y riqueza, pero se equivocaron al no considerar -o no querer hacerlo- las gravísimas externalidades -contaminación de agua, suelo, aire- de todas esas actividades, el sometimiento, empobrecimiento y decaimiento de las economías regionales, la pérdida de la cultura y la calidad de vida de los pueblos.

El agua constituye para las industrias enumeradas un mero recurso, un insumo necesario desde una mirada mercantilizada. Para los pueblos, es un bien natural insustituible y vital, un derecho humano que conecta con la vida misma y la cultura de la tierra.

Nuestro país ha sido puesto de rodillas para priorizar intereses de capitales trasnacionales, concediendo todo, hasta el agua. Las limosnas que en forma habitual las empresas aportan a escuelas, hospitales y universidades -con el fin de que los pueblos olviden los enormes privilegios otorgados- son una humillación que no debemos permitir.

A través de la desprotección de los glaciares nuestro país sigue regalando los bienes naturales que son de todos, a costa de la dependencia, la contaminación, la exclusión y el hambre de miles de argentinos.

Magdalena odarda es Legisladora rionegrina del ARI.

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