martes, 20 de octubre de 2009

Argentina, Córdoba: El “temible” D2 y Menéndez al banquillo

Katy García (PRENSA RED)

Comienza el juicio denominado Menéndez II que juzgará a policías y militares que actuaron desde la estructura del Departamento de Informaciones (D2) y cuya autoridad máxima era Luciano Benjamín Menéndez. Es el primero contra el Estado provincial por crímenes de lesa humanidad.

La acumulación de las causas denominadas “Albareda”, “Campos” y “Morales” conforma el juicio Menéndez II. Es el segundo en Córdoba que debe enfrentar el titular del Tercer Cuerpo.

En diálogo con este medio, Manuel Nieva, uno de los testigos, realiza un viaje al pasado desde el mismo lugar donde ayer fue víctima hoy convertido en sitio de la memoria. Agustín Di Toffino opina sobre el acontecimiento y su significación social y política y María Elba Martínez analiza el funcionamiento del llamado “temible” D2, nominación que persiste aún hoy.

Las víctimas del accionar conjunto entre militares y policías suman diez. Ricardo Fermín Albareda, ingeniero, subcomisario de la fuerza y militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) fue asesinado brutalmente en el Centro Clandestino de Detención Casa Hidráulica, en cercanías al Lago San Roque.

En tanto, los sobrevivientes por aplicación de torturas y tormentos son Raúl Ernesto Morales, Carlos Jacinto Moyano, Delia Lidia del Carmen Torres de Nieva, Manuel Américo Nieva, Ramón Hugo Guevara, Isolina Tránsito Guevara, Carlos Hugo Antón, Manuel Reynoso y Rubén Gilli.

Familiares y la Agrupación Hijos, son querellantes en la causa por el homicidio de Albareda. Agustín Di Toffino, representante de esos Organismos considera que “este juicio constituye un avance en la lucha por la justicia y la verdad en relación a los crímenes de lesa humanidad en Córdoba. Es el primero afrontado por militares y policías bajo el mando del D2”, afirma. Además recapitula que “en el primer juicio se esclareció lo que ocurrió con cuatro compañeros asesinados (causa Brandalisis) y ahora se avanza en el esclarecimiento del caso de Ricardo Fermín Albareda y de los compañeros que recibieron torturas”.

Sobre lo ocurrido días atrás, esto es, el retraso en el inicio del juicio opina que “es muy importante que no haya más interrupciones, ni artilugios legales como ya ocurrió. Porque esto significaría seguir la estrategia de ellos que es evitar que se realicen, porque saben que las pruebas existen”.

Di Toffino, precisamente, trabaja en el D2. Sobre esa realidad reflexiona que desde lo afectivo “es fuerte y doloroso” pero a la vez destaca que desde lo político, lo social, lo cultural estos espacios se resignifican. “Los que ayer representaba el horror, hoy lo conquistó la ciudadanía para poder ejercer políticas de memoria, de verdad, políticas que ayuden a esclarecer al pasado reciente. Es un saldo cualitativo: que la sociedad pueda afrontar lo que pasó, la tragedia, lo que representó el genocidio desde un espacio de madurez, de reflexión, que nos permita tener una mirada hacia el futuro”, sostiene.

Sobreviviente y testigo

Manuel Nieva es una de las víctimas que testificará. “Éste es primer juicio que se le hace a la provincia donde está incluido personal responsable del D2, de las desapariciones y torturas y de llevarme a la cárcel”, explica.

Nieva, era empleado del Correo Argentino y militante sindical. Unos 30 trabajadores que desarrollaban actividades sindicales en el gremio del correo fueron detenidos en esa época. Entre ellos, Moyano.

Así recuerda el día en que empezó su calvario hasta quedar libre en los ochenta. “En enero de 1977, desembarcaron en mi casa y me esperaron cinco horas, junto a mi esposa y mis tres hijos”, cuenta. Lo llevaron con los ojos vendados- en la jerga de los represores: tabicado- y esposado. Al tiempo, dedujo que estaba en el D2 por el sonido de las campanas de la Catedral.

Su mujer, que fue a averiguar sobre su detención también fue detenida. Difícil de olvidar aquél día. “Estábamos en un silencio profundo, en el tranvía. Era un pasillo con dos bancos al costado. Un lugar fuerte para recordar y no es fácil ponerse en el lugar del torturado. Uno comienza a despedirse de la vida. Con un carraspeo, mi señora me indica que estaba allí. Entonces, uno de ellos se acerca y me dice: la tenemos a tu señora, si no colaborás la violamos delante tuyo”.

Fue torturado, pero prefiere no hablar de esos sufrimientos y si detenerse en el contexto político social argentino y latinoamericano que marcó la etapa. Sin embargo, pese al paso de los años, y la terapia, las secuelas son permanentes, desliza.

No debe ser sencillo trabajar en el lugar donde se vivió el terror. Y mucho menos asumir la responsabilidad de testificar. Mirar a la cara a los verdugos, reconocerlos. “Soy un militante. Estoy asumido. Siempre pensé que me llevarían preso, pero nunca imaginé que me iban a torturar. Creo que nadie. Yo a partir de esas convicciones, puedo manejar mejor el miedo. No es que no lo tenga, pero estoy tranquilo”, confiesa.

El testigo valora que se haya creado por Ley el Archivo y Comisión Provincial de la Memoria (ex D2) donde trabaja actualmente. Desde el área de redes sociales junto a otras personas realizan actividades vinculadas a los derechos humanos con otras organizaciones y –cuenta- están preparando el Encuentro Provincial de Derechos Humanos. Colabora además en las visitas guiadas que se realizan a diario por los pasillos, patios y calabozos señalando las huellas y testimonios que dan cuenta de un pasado cercano para construir memorias.

Morales

La abogada del Servicio Paz y Justicia (Serpaj), es querellante en la causa Morales. Sucintamente, explica que Raúl Morales por acción de la tortura perdió los dos riñones, entró en depresión y va por la tercera operación. “A los 26 años quedo marcado para siempre. Es una persona sencilla, un obrero de la construcción, con el primario incompleto. Pertenecía a la Juventud Peronista, donde también participaban familiares, algunos de ellos policías, que trabajaban en actividades comunitarias en Villa Incor, en Santa Rosa de Calamuchita”, detalla.

Sometido a consejo de guerra, fue sobreseído parcialmente y luego de manera definitiva pero después lo pusieron a disposición del PEN y lo derivaron a Sierra Chica. “Pasó años sin una pensión adecuada, su vida es un calvario. Soy un viejo, me dice y tiene 50años”, cuenta. “Recién en los ‘80 pudo ser trasplantado y ahora es atendido y tratado como un ser humano”, afirma.

El “temible” D2

Cada vez que alguien se refiere al Departamento de Informaciones (D2), invariablemente, lo adjetiva. También se lo nombra como “la D2”. Seguramente en el juicio se revelarán cuestiones que lo expliquen. De hecho hay referencias bibliográficas y testimoniales. Para María Elba Martínez, abogada del Servicio Paz y Justicia, querellante además en varias causas por violaciones a los Derechos Humanos, este lugar mantuvo rasgos que incluso perduraron en el tiempo y que ameritan tal nominación.
Durante el periodo de la represión este sitio funcionó en el Pasaje Santa Catalina pegado al Cabildo, sede de la Jefatura de Policía Provincial. En 1978 se trasladó a la casa ubicada en Mariano Moreno esquina Caseros.

“Por lo general el método de la tortura estaba dado especialmente en estos lugares de instrucción perversa. En el D2, justamente, a fines del 1975 y principios de 1976, se crea el Grupo de Interrogadores de Detenidos (GID) a cargo de Menéndez”, cuenta la abogada. “Estaba conformado por militares y miembros de las policías federal y provincial, se abre y asume con mucho gusto (Pedro Raúl) Telleldín (N. de la Fallecido). Esto hace que el D2 pase a ser una estructura de inteligencia, investigaciones y de persecución que aceptaba el método de la tortura”, agrega. En este centro se detenía, interrogaba y luego se distribuía a los prisioneros a centros clandestinos de detención policiales o militares.

Martínez afirma que el D2 también participó conjuntamente con las estructuras militares en la ejecución de secuestros y lancheos, modalidad que se reproduce en las cinco jurisdicciones del país. Asimismo, considera que centros como éste existían con idénticas funciones en los países bajo la órbita de la Operación Cóndor. “D2 hubo Chile, Uruguay, Bolivia, Perú, Guatemala y Argentina”, explica.

“Del secuestro de los llamados subversivos eran informados los jefes de informaciones y los cuadros más importantes, y si el procedimiento era especial los grandes jefes bajaban a esos lugares. Cuando Menéndez crea el GID, además de confiar en las decisiones de esos mandos, requiere ser informado inmediata y diariamente. De modo que era un centro nuclear”, asegura.

La fama de su metodología aplicada a presos políticos y reclusos comunes también alcanzaba a funcionarios de la justicia. “Al doctor Moreno, secretario del juzgado de novena instrucción, lo mataron a las 7 de la mañana, a una cuadra de la seccional primera de policía. Tenía en su poder expedientes con gente bajo sospecha de esos comandos”, asevera, María Elba Martínez.

Sobre la llamada “patota” o “mano de obra desocupada”, comenta que durante el periodo democrático ocupó altos cargos en la policía o como personal de seguridad de las instituciones democráticas. “Hubo varias personas, algunas muy formadas y preparadas como Yanicelli para actuar en el periodo democrático. Entiendo que estaban para direccionar la seguridad urbana. Lo que antes era seguridad nacional para eliminar subversivos, hoy lo es para eliminar a los pobres”.

Martínez analiza que el D2 que después se transforma en Comando Radioeléctrico era conocido como “tiro en la frente” o “tiro en la nuca” porque los delincuentes que supuestamente se escapaban aparecían con un tiro en esas zonas craneanas. "El D2 estaba completamente a la luz, con conocimiento de la Justicia Federal. Una parte de la policía sabía absolutamente lo que pasaba igual que en la UP1. Coexistieron campos clandestinos para el Poder Judicial. No son novedad para nadie aunque algunos sufren una gran amnesia histórica”, concluye.

Los represores acusados por los delitos de homicidio agravado; privación ilegítima de la libertad agravada; imposición de tormentos agravados y lesiones gravísimas son: Luciano Benjamín Menéndez, Rodolfo Aníbal Campos, César Armando Cejas, Hugo Cayetano Britos, Calixto Luis Flores y Miguel Ángel Gómez. El ex jefe de Policía Campos, seguirá el desarrollo del juicio por teleconferencia debido a que una enfermedad le impide concurrir.

El Tribunal está constituido por Jaime Díaz Gavier (Presidente) y los vocales Sergio Grimaux y Jorge Quiroga Uriburu. En nombre del Ministerio Público fiscal acusará el fiscal Carlos Gonella. Mientras que los querellantes particulares serán Claudio Orosz y Juan Martín Fresneda, abogados de Hijos, en representación de Fernando Albareda hijo de la víctima e integrante de la agrupación. La familia Morales será representada por los abogados María Elba Martínez y Hugo Vaca Narvaja.

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