viernes, 9 de octubre de 2009

Argentina, Mendoza: Castración química, el INADI advierte que se violarían tratados internacionales

MDZOL

Según el Instituto contra la Discriminación, "nuestro país adhirió con la reforma constitucional de 1994 a normas sobre Derechos Humanos, Sociales, Políticos y Civiles que se encuentran vigentes". Exige implementación de tareas preventivas y el cumplimiento de la Ley Nacional de Educación Sexual.

Consultada sobre la política de castración química impulsada por el gobernador de la provincia, Celso Jaque, para castigar a los responsables y condenados por delitos de índole sexual, la delegada en Mendoza de INADI, Karina Ferraris sostuvo que se desvía el foco de atención, ya que “mientras se está discutiendo sobre la castración química, tenemos tres nuevas víctimas de violación en la provincia”.

“Hay que fortalecer el trabajo de prevención y poner todos los recursos del Estado en políticas concretas para la erradicación de la violencia de género. En este sentido, quienes venimos trabajando comprometidamente estos temas, sabemos que las situaciones de abusos implican relaciones asimétricas de poder y de subordinación de las víctimas. Sabemos que el perfil patológico del violador está en relación con el sometimiento de la víctima, por lo tanto, habría que revisar, cabría la duda acerca de la utilidad certera de esta práctica de castración, en tanto que el goce de quien abusa no estaría en la penetración sino en el sometimiento, inhibiendo su genitalidad buscaría otros elementos para poder de todos maneras abusar y someter a la víctima”, analizó Ferraris.
 
Por otro lado, la responsable del Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y Racismo en nuestra provincia considera que “es importante que Mendoza de cumplimiento a la Ley Nacional de Educación Sexual en todos los establecimientos, la Ley Nacional de “Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres” y la Ley Nacional sobre “Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas”.

“En nuestro país, el castigo, es decir, la penalidad frente a los delitos, está establecido en el Código Penal. En un Estado de Derecho, la facultad para modificar el Código Penal está consignada al Congreso de la Nación”, afirmó la psicóloga.
 
A su vez, Ferraris se encargó de aclarar que “Argentina incorporó en la reforma de nuestra Constitución Nacional de 1994 tratados internacionales sobre Derechos Humanos, Sociales, Políticos y Civiles que rigen nuestra normativa vigente. Este tipo de penalidades atentaría contra las normas internacionales, son violatorias de estos tratados de Derecho que tienen rango constitucional”.

“Es fundamental la prevención de este tipo de delitos, haciendo énfasis en la asignación de recursos para políticas integrales de prevención, sanción y erradicación de la violencia de género”, finalizó.

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