jueves, 22 de octubre de 2009

Costa Rica: ¿Crisis fiscal?

Luis Paulino Vargas Solís (especial para ARGENPRESS.info)

Voy a compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el déficit fiscal. Pido disculpas ya que presentaré algunos números, cosa que, bien lo comprendo, a menudo resulta árida.

Está claro que el déficit fiscal reapareció y ha aumentado considerablemente. En lo que se refiere al Gobierno Central el faltante acumulado en el lapso enero-agosto de 2009 alcanza -291 miles de millones de colones, muy lejos del superávit de 151 miles de millones y 60 miles de millones de colones que se registraba en el mismo lapso en 2008 y 2007, respectivamente.

Ese resultado es la obvia consecuencia de dos movimientos contrapuestos: la reducción de ingresos (-8,4% respecto de agosto 2008) y el notable aumento (21,7% respecto agosto 2008) en los gastos, muy por encima de la inflación registrada durante ese mismo período anual (5,7%). Como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), es posible que este faltante del Gobierno Central represente, a fin de año, una proporción de entre 2 y 2,5%. Teniendo en cuenta lo anterior así como las tendencias observadas en años previos, el déficit total del sector público (que incluye otras instituciones y empresas públicas además del Gobierno Central) podría situarse entonces entre un 3 y 4% como proporción del PIB.

Es evidente que ese resultado deja muy insatisfecha a la usual ortodoxia económica (véase editorial de La Nación del pasado 5 de octubre), pero, la pura verdad, no es cosa del otro mundo. Si bien las condiciones son obviamente distintas, sin embargo resulta ilustrativo recordar que hoy día Estados Unidos está manejando niveles de déficit fiscal que sobrepasan cómodamente el 10% respecto de su PIB.

Este faltante fiscal de alguna forma constituye una política necesaria en el contexto actual de crisis mundial y recesión de la economía costarricense. Incluso, hay razones para creer que debió aplicarse una política fiscal aún más agresiva y, sobre todo, mejor direccionada a fin de compensar más eficazmente los efectos de la crisis. Aún así, acontece que los limitados datos disponibles sobre empleo –basados en los reportes de las planillas a la Caja del Seguro Social- sugieren que la pérdida de puestos de trabajo en el sector privado (cerca de 50 mil entre octubre 2008 y julio 2009) se ha visto compensada en parte por el aumento del empleo en el sector público (casi 30 mil empleos). El efecto neto es una cifra que se acerca a los 20 mil puestos de trabajo perdidos.

Sin embargo, es muy posible que esos números tan solo aporten una visión parcial del verdadero grado de deterioro que ha registrado el empleo. Recordemos, primero, que la fuerza de trabajo aumenta cada año en unos 40 a 50 mil trabajadores y trabajadoras. Está claro que la economía no está generando los empleos necesarios para absorber esta mano de obra nueva. En consecuencia, es posible que en este momento haya unas 60 a 70 mil personas más desempleadas de las que había hace un año. Ello implica un deterioro violento. Segundo, desconocemos en qué medida puedan estarse dando tanto reducciones de jornadas laborales como congelamiento salarial, pero podemos apostar que ello está ocurriendo en gran escala.

Siendo así las cosas, a uno le resulta sorprendente la enorme alharaca montada, tanto por el gobierno -al extremo de amenazar con no pagar aguinaldos- como por la usual prensa neoliberal.

La histérica sobrerreacción del gobierno de los Arias podría quizá explicarse considerando los compromisos firmados meses atrás con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Este acuerdo concedió un pequeño margen para la aplicación de una política fiscal activa, pero estableció ciertos límites a la magnitud del déficit fiscal (el del Gobierno Central como el del conjunto del sector público). Posiblemente las autoridades económicas temen no poder cumplir con los topes establecidos, cosa que parece ponerles los nervios de punta. La pretensión –sobre la cual insisten machaconamente- para que la Asamblea Legislativa les apruebe deuda externa que se dedicará a cubrir gastos corrientes (por ejemplo salarios y aguinaldos), da evidencia adicional en apoyo de esa tesis. La racionalidad económica que subyace a esta pretensión es harto cuestionable. Como también resulta excesivo el justificarla aduciendo que de por medio hay una crisis fiscal de grandes proporciones. Esto último es simplemente una exageración irresponsable o bien una afirmación ideológicamente motivada (en fin, este es un gobierno neoliberal). Sin duda, lo que más les interesa es quedar bien con el FMI.

Por su parte, los economistas y medios conservadores han sacado a relucir –como en las épocas de gloria del neoliberalismo- todos los fantasmas del apocalipsis macroeconómico. Advierten que podría haber más inflación, mayores desequilibrios en la balanza de pagos y elevación de las tasas de interés. La cosa es risible ya que los datos advierten que la realidad camina por otros rumbos: la economía está en recesión; el desempleo aumenta; la inflación está en sus niveles más bajos desde hace más de 30 años; los desequilibrios de la balanza de pagos se han atenuado considerablemente. Todo lo cual testimonia que, en efecto, la recesión se ha sentido fuerte. Y si las tasas de interés han alcanzado en meses recientes niveles elevados (muy elevados relativamente a la inflación registrada) no es por causa del déficit fiscal, sino que es consecuencia del tipo de política monetaria –muy restrictiva- aplicada por el Banco Central. Conviene enfatizar que esto último también es un compromiso asumido con el FMI.

El coro neoliberal seguramente querría un ajuste hacia la baja del déficit fiscal. Quizá recortar presupuestos de salud y educación, bonos de vivienda, los fondos de la educación superior. Y de seguro se sentirían muy cómodos promoviendo un aumento en el impuesto sobre las ventas. Probablemente el gobierno de los Arias se resistirá a hacerlo, no por un asunto de convicción sino de oportunismo, en vista de la coyuntura electoral y la ya cercana finalización de su período.

Estas medidas tendrían indudables costos sociales y humanos pero, además, resultarían una salida por completo desafortunada, dadas las actuales circunstancias económicas. En realidad, la economía de Costa Rica sigue moviéndose en terreno negativo y continúa manifestando mucha debilidad. Pero lo cierto es que, además, la presunta recuperación de la economía mundial –en especial la estadounidense- es, en el mejor de los casos, un globito que arriesga desinflarse en cualquier momento.

En ese contexto, la restricción fiscal nos podría hundir en una recesión aún más severa de la que hemos tenido durante el último año.

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