jueves, 29 de octubre de 2009

Discapacidad: Una política de estado es posible

Prof. Juan Carlos Sánchez (especial para ARGENPRESS.info)

El pasado 17 de septiembre, la Legislatura porteña sancionó la Ley Nº 3.187 por la cual se modificó la denominación de COPINE (Comisión para la Plena Participación e Integración de las Personas con Necesidades Especiales) a COPIDIS (Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad), en consonancia con la 3.116, modificatoria del Art. 1º de la Ley de la Ciudad Nº 22, sancionada el 09 del mismo mes, con la finalidad de reconocer la personalidad de las personas con algún tipo de discapacidad e indicar, en apariencia, un cambio de paradigma en la materia.

Lo cierto es que ambas normas constituyen una adecuación jurídica, teniendo en cuenta la ratificación a nivel nacional de la Convención Internacional sobre Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, aunque la gestión actual dista mucho de cumplir con la profusa normativa existente con respecto a las personas que integran un colectivo tan diverso, debido a los distintos tipos de discapacidad, como particular en sí mismo debido a los innumerables obstáculos sociales y estatales que deben enfrentar.

Sin dudas, es un cambio cosmético tendiente a mejorar una alicaída imagen acerca de la actividad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sin que ello implique, desde luego, una sustancial y profunda reforma de la política actual que continúa haciendo inaccesible, por acción u omisión estatal y social, el ejercicio de los derechos por parte de quienes integran este importante colectivo social.

Políticamente, y más allá de cierto aire humanístico, nos encontramos ante un vulgar gatopardismo: cambiar algo para que nada cambie… Si realmente estuviésemos ante una modificación del actual rumbo de la política socioeconómica destinada a mejorar la situación de estas personas, seguramente no tendríamos nada que decir pero la realidad que nos rodea, sin dudas, nos obliga a reflexionar sobre esta cuestión.

La actual gestión heredó de la anterior una vieja pretensión del colectivo: la descentralización de la expedición del Certificado de Discapacidad. Sin embargo, si nos ponemos a pensar en la accesibilidad al reconocimiento de esta condición, para el ejercicio de sus derechos conforme a la normativa en vigor, en quienes habitan en la zona sur de Buenos Aires, es posible que debamos reconocer que dicha “mejora” no ha contribuido sustancialmente a ello.

Solamente seis Hospitales de la Ciudad (de Rehabilitación “Manuel Rocca”, “Parmenio Piñero”, “José María Penna”, “Santa Lucía”, “Torcuato de Alvear” y el Instituto de Rehabilitación Psicofísica) junto al Servicio Nacional de Rehabilitación son los lugares habilitados para la expedición de un documento vital como el que nos referimos. Si a la distancia importante que existe entre estas instituciones y los habitantes de la zona sur, le sumamos la falta de medios económicos para llegar a ellos, podemos afirmar que el acceso al derecho del reconocimiento de su condición de persona con discapacidad es, cuanto menos, de considerable dificultad y sin contar con las demoras en los turnos y en la expedición de la certificación correspondiente.

Pensar en los que habitan en Villa Lugano, Villa Soldati, Barracas, La Boca o el Bajo Flores, sin olvidarnos de la Villa 31 de Retiro, significa ver cuan difícil resulta dar el primer paso hacia el reconocimiento de sus derechos.

Por otro lado, la ausencia de información en los mismos Hospitales Generales de Agudos, pese a los Informes de Gestión de la misma ex – COPINE, que ayude a la orientación de dicha población coadyuva al desconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad que, de por sí, constituye otra de las problemáticas sustantivas en la Ciudad de Buenos Aires, al igual que en el resto de nuestro país.

Lejanía de los centros asistenciales, demoras en los turnos y en la expedición del ansiado certificado y el desconocimiento de los derechos constituyen un eje principal que, aún hoy, no ha sido motivo de acción estatal específica pues estas problemáticas continúan siendo resueltas merced a la buena voluntad de los asistentes sociales junto a los médicos de los CESAC.

Si este primer paso ya ha sido transformado en realidad, el segundo no es menos dificultoso: obtener las prestaciones sociales y sanitarias que están establecidas por la Ley Nacional Nº 24.901, dentro del sistema establecido por la Ley Nacional Nº 22.431 y cuya prestación está a cargo de las Obras Sociales, el PROFE y el Estado, ya sea en el ámbito nacional como de la Ciudad de Buenos Aires.

Volvemos a pensar en la zona sur, con una población pauperizada y sin empleo formal o con un empleo sin registración, lo cual nos lleva a concluir que aquellos que nada tienen es posible que vean la cobertura de sus patologías como una ilusión óptica…

Desde hace tiempo, la cobertura sanitaria en nuestra Ciudad no alcanza a satisfacer los requerimientos de un colectivo cuyas patologías suelen ser complejas y cuya solución demanda ingentes recursos, sin contar con la conocida irrelevancia estatal en la materia que lleva a estas personas a la búsqueda de solidaridad para obtener lo que les corresponde por derecho. En rigor de verdad, la accesibilidad al derecho a la Salud resulta un sueño casi imposible.

Lo mismo ocurre con lo educativo, donde la inclusión educativa ha sido motivo de numerosos actos académicos organizados por la actual COPIDIS pero que no se refleja en la realidad de las escuelas de la Ciudad. Aún hoy, directivos y docentes de la escuela común siguen retaceando la oportunidad a quienes pueden y deben concurrir a ella, inclusive con discapacidades, siendo esto una clara señal de una política tendiente a sesgar la autonomía de las personas con discapacidad, impidiendo la adquisición de las habilidades y de las herramientas necesarias acordes con su propia deficiencia para desempeñar roles laborales. Inclusive, se continúa retaceando un lugar para los docentes con discapacidad pues ellos, y nadie mejor con seguridad, serían los mejores agentes para una progresiva y continua concientización a nuestros niños, jóvenes y adultos acerca de la necesidad de incluir antes que excluir. Sin dudas, debemos concluir en la inaccesibilidad al Derecho a la Educación por parte de las personas con discapacidad, pese a las promesas y a los discursos oficiales, como también la ausencia de una política educativa tendiente a la formación de profesionales de la salud y de la educación en la materia, con la finalidad de construir una red socio – sanitaria para atender los requerimientos del colectivo.

Luego de analizar brevemente estas tres clases de inaccesibilidad que, por supuesto, continúa con el derecho al trabajo, por el incumplimiento del cupo establecido en el Art. 43 de la Constitución de la Ciudad, reglamentado por la Ley de la Ciudad Nº 1.502, sistemáticamente señalado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y con el derecho al transporte gratuito, establecido por la Ley Nacional Nº 25.635, reglamentado por el Decreto Nº 38/04, cuyo incumplimiento es sistemático en los viajes de media y larga distancia, que muchas veces tienen la finalidad del necesario reencuentro familiar, podemos concluir que resulta necesaria una verdadera Política de Estado tendiente a resolver todas y cada una de ellas.

Y más allá de lo discursivo, es posible solucionar la actual inaccesibilidad a los derechos porque no solamente está constituida por el ambiente físico, como se intenta mostrar en forma superlativa, sino también por el ejercicio del derecho a la Salud, a la Educación, al Trabajo y al Transporte, entre otros.

La eliminación de las barreras actuales requiere de una adecuada planificación de mecanismos tendientes a facilitar el acceso a un colectivo sistemáticamente postergado. Desde la expedición del Certificado de Discapacidad a través de delegaciones en todos y cada uno de los CESAC de la zona sur, a la búsqueda de alternativas sociales tendientes a garantizar el Derecho a la Salud y a la Educación, a través de médicos especialistas itinerantes como ocurre en la implementación de la Operación Milagro y de la construcción de escuelas en las zonas más desfavorecidas, en las cuales hace más de 30 años que no se construye una sola…

Se puede. Basta con la reasignación de recursos que hoy se destinan a meras rampas, que son necesarias y ello no cabe duda, a obras viales en calles y avenidas como también a subsidios destinados a entidades educativas, cuyas necesidades son solventadas por los generosos aranceles que perciben de las familias de los sectores medios y altos.

Se puede. Con un verdadero censo que refleje la realidad de la discapacidad en toda su dimensión para saber quienes son y que tipo de patología tienen. Con estos datos, seguramente se podrá planificar una acción estatal destinada a contribuir a la necesaria autonomía de personas que no eligieron tener una discapacidad pues nacieron con ella o simplemente la adquirieron como producto de la falta de políticas preventivas en materia sanitaria y social.

Se puede. Hay mucho por hacer entre todas y todos. Basta la voluntad de querer mejorar la situación de todo un colectivo que espera ese día, desde el Estado y desde nuestra sociedad; en suma, desde nosotros mismos…

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