martes, 6 de octubre de 2009

Ecuador: La derecha golpista conspira tras una “izquierda” oportunista (I)

Alberto Maldonado (especial para ARGENPRESS.info)
 
Que la derecha ultrista quisiera derrocar a Rafael Correa Delgado, no es novedad alguna en Ecuador. Es más, esa ultraderecha, que en Ecuador se identifica con el apelativo de “pelucona” habría deseado que Correa jamás llegue a la Presidencia de la República con su Alianza País y su revolución ciudadana; es un “sueño de perros” que por suerte ya no podrá darse nunca.

Pero la derecha golpista jamás ha perdido la esperanza de un derrocamiento, un magnicidio o “alguna medida similar” ya que no puede tolerar que siga en el gobierno alguien que promete revolución en paz, que llevó al país a una nueva y más avanzada Constitución, que enfrente a la gran prensa ecuatoriana en su propio terreno, que haya roto relaciones con el gobierno fascista de Álvaro Uribe, por el criminal ataque de Angostura, y muchas otras conquistas más.
 
Por ello, esa derecha cavernaria goza, en silencio, los problemas políticos que están minando al Gobierno de la revolución ciudadana, Desde la izquierda. Bueno, es probable que nos equivoquemos si decimos desde la izquierda; pero, a través de los años, los grupos que hoy enfrentan al Presidente Correa no solo que se han proclamado de izquierda revolucionaria sino que han actuado con esa orientación cuando se enfrentaron a gobiernos ciertamente reaccionarios y oligárquicos. ¿O fueron ensayos teatrales?
 
Para que se nos entienda, trataremos de resumir los aciertos y los equívocos que han ido marcando este proceso, a la inversa.
 
Comencemos por los jubilados.
 
¿Origen del problema? Las pensiones, ciertamente de hambre, que reconoce el Seguro Social Obligatorio (IESS) a sus afiliados. Por ello, desde distintos sectores, inclusive el privado, empleados y trabajadores lucharon por mejorar estas pensiones mediante jubilaciones patronales o complementarias. El sector privado evadió esta responsabilidad mediante muchos recursos legales o legalistas, hasta que prácticamente volvió anticuado este derecho. 
 
Los sindicalistas públicos, en cambio, exageraron no solamente las jubilaciones sino que privilegiaron su propia “militancia sindical” hasta extremos ciertamente criticables (indemnizaciones millonarias, por despido o renuncia voluntaria, de suerte que los interesados se palanqueaban porque les despidan o les acepten la “renuncia voluntaria”) el derecho a ganar una remuneración sin trabajar, permisos para muchas “emergencias”, viáticos. Y más, mucho más (empleos hereditarios, por ejemplo) Pero lo que francamente irritó al Gobierno fue el descubrir que en no pocas entidades autónomas, había una suerte de jubilaciones de oro (sobre los tres mil dólares mensuales, cuando un trabajador no gana trabajando más de 250 dólares al mes) inclusive para funcionarios que, por edad y tiempo de servicio, no podían haberse jubilado. ¿Qué hicieron? Pues pagaron “por adelantado” tiempos de servicio y se “se allanaron” a tamaño “sacrificio”.
 
Podríamos asegurar que una gran mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas comprendíamos el problema y estábamos de acuerdo con el Gobierno Correa, respecto de poner coto a estas y otras linduras. Los jefes militares y policiales, que pasaban a retiro (jubilación reglamentaria) por ejemplo, gozaban de una jubilación indexada y, si reentraban al servicio civil público, seguían gozando de su retiro. El Presidente Correa, vía Asamblea Nacional, logró unas reformas legales a fin de regular este tipo de prebendas, que en décadas pasadas, cualquier jubilado o retirado, que volvía al servicio público o privado, automáticamente dejaba de percibir su pensión jubilar. 
 
Es decir era razonable la preocupación gubernamental por este fenómeno; pero, no supo o no quiso explicar a la opinión pública, apropiadamente, la intención de su reforma. A esta falencia, habría que agregarse el que los textos de las reformas fueron elaboradas por mandos medios burocráticos del propio Estado (Ministerios de Economía, de Coordinación Económica, del Trabajo, de Inclusión Social, del propio IESS, etc.) y, desde luego, estaban llenos de trampas o leguleyadas que los asambleístas no supieron procesar debidamente.
 
Cito un caso concreto: el de los jubilados de las universidades y politécnicas del Estado. Mediante una ley que data de 1953 y vista la pobreza (con frecuencia la ridiculez) de las jubilaciones del Seguro Obligatorio, se crearon lo que se llaman las jubilaciones complementarias (o patronales) con cargo, desde luego, a los propios presupuestos autónomos. De esta manera, al servidor universitario se le garantizaba que, después de 30 o 40 años de servicio, reciba la jubilación del IESS y la complementaria, de suerte que a la vejez tenga una renta mensual que le permita vivir sin angustias. Ya que entre las dos no se hacía una jubilación privilegiada.
 
Pues bien, para no alargar la torpeza con que actuaron esos mandos medios ministeriales y presidenciales,, señalaré que, por este asunto, le “hicieron firmar” al Presidente cinco decretos ejecutivos, cual más cual menos, incongruentes, arbitrarios, inconstitucionales, para terminar aceptando que, por lo menos para los profesores universitarios, las jubilaciones complementarias eran jurídicamente legales. Pero, para la mayor parte de jubilados, que provenían del sector administrativo, pues, hasta la fecha no se les paga sino el 70% de sus pensiones; unas pensiones que no llegan, en promedio, a los 250 dólares mensuales. Mientras, se seguían pagando las jubilaciones doradas, en organismos como el Banco Central, la propia Contraloría General del Estado, la Superintendencia de Bancos, mediante el artificio de declarar que esas pensiones se pagaban con un “fondo privado” que llegaba a varios millones de dólares. Un fondo que, desde luego, había sido acumulado con dineros del Estado. Que se sepa, ni ha sido identificado ni despedido el equipo técnico que le llevó al Gobierno a esta situación antipopular.
 
El resultado político final fue que, gran parte de los jubilados del país, entre los cuales hubo gran simpatía por el Presidente Correa y su revolución ciudadana, dejó de serlo y se declaró en franca oposición. Y con ellos, muchas gentes dependientes o simpatizantes ya que decían que no podía ser un gobierno revolucionario aquel que trataba de afectar a uno de los sectores más sensibles e indefensos de la sociedad; los y las personas de la tercera edad.
 
La culpa de unos las pagan todos
 
En el caso del sindicalismo público, de igual manera, no se dieron explicaciones claras respecto de los privilegios existentes en los contratos colectivos firmados en administraciones pasadas y se procedió contra toda la burocracia, con auténticos palos de ciego. No se les reconoció a todos, elementales derechos ya adquiridos y tampoco se les reconoció opciones a fin de mejorar el servicio público.
 
¿Resultado?: gran parte de la burocracia ecuatoriana, de una actitud “correista” (por lo menos de simpatía personal) se pasó a una abierta posición “anticorreista” y llegó a calificar al líder de la “revolución ciudadana” como un “presidente neoliberal, que estaba atentando contra la clase obrera, para servir a los banqueros y pelucones”.
 
Sin ser ni estudiosos de temas socio políticos ni adivinos, estos primeras escarceos de un gobierno que por lo menos quiere introducir cambios y transformaciones en paz pero que está pagando el piso o la novatada, ha determinado que en estos sectores sociales empiece a revelarse una actitud “yoista”: yo estoy con este gobierno mientras no me toque “mis derechos”; pero si atenta contra ellos, pues “mi vocación” será la de un enemigo mortal e irreconciliable. Y si a esta hoguera se añade el carbón de los incompetentes, de esos mandos medios que todo lo confunden, de buena o de mala fe, pues rápidamente un gobierno que recién empieza un nuevo período constitucional, para el que fue elegido por mayoría de votos en la primera vuelta, comienza su deterioro; ese deterioro que tanto añora la derecha pelucona que, por el momento, ha sido reducida a casi nada. Pero que está atenta a toda posibilidad de recuperación, no importa si tiene que hacerlo sobre la base de sectores de los que antes despotricó. Ellos empiezan a tener voz y voto en los grandes medios de comunicación, que para eso están.

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