martes, 13 de octubre de 2009

Ecuador: Renovación y tarifas. A propósito de la Ley de Comunicación (II)

Guillermo Navarro Jiménez (especial para ARGENPRESS.info)

En la entrega anterior referida al tema, señalábamos que los grandes medios de información del Ecuador manifiestan reservas respecto registro de los medios de comunicación que contiene el Proyecto de Ley de Comunicación propuesto por el Asambleísta Panchana. Reservas que se concretaban incluso en el pedido de que las concesiones de radio y televisión se renueven automáticamente. Igualmente, señalábamos que sobre la base de esas reservas planteaban reparos al artículo 28 que propone que sea el Consejo Nacional de Comunicación e Información, el que establezca el valor del pago anual del registro de funcionamiento de los medios de comunicación.

Una vez comentadas las razones para nuestra oposición al registro en los términos planteados en el referido proyecto de ley por ser claramente violatorio de normas internacionales, en la presente entrega nos referiremos al pedido de renovación automática de las concesiones de frecuencias y el pago de tarifas por su utilización.

La Ley de Radio y Televisión de 1995 disponía en el artículo 9, que las concesiones otorgadas por 10 años, serán renovables “sucesivamente con el o los mismos canales y por períodos iguales, sin otro requisitos que la comprobación por la Superintendencia de Telecomunicaciones, en base a los controles técnicos y administrativos regulares que lleve, de que la estación realiza sus actividades con observancia de la Ley y los reglamentos. Para esta renovación no será necesaria, la celebración de nuevo contrato”. A lo que agregaba en el quinto inciso que en el caso de las concesiones que tienen cobertura nacional “se verificará técnicamente que llegue a todos los sectores del país”.

En el artículo 36 determinaba que los concesionarios, sin excepción, deben pagar tarifas. En el artículo 37 disponía: “El Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión fijará las tarifas tomando en cuenta, la potencia de los equipos, las frecuencias asignadas, el número de repetidoras y el área cubierta y otros aspectos técnicos”.

Citas de la Ley que son relevantes para nuestra reflexión, puesto que permiten reconocer que:

- La renovación automática contradice la legislación ecuatoriana vigente;

- El lapso para el cual se concesiona la frecuencia es superior a la de otras legislaciones que norman la misma materia en otros países; y,

- El método para fijar el nivel tarifario se relaciona únicamente con las condiciones técnicas de la concesión y de manera alguna con la programación como se contempla en otras legislaciones.

Renovación automática

Si se considera que el espectro radioeléctrico es de propiedad de la sociedad en su conjunto, la renovación automática implica, de hecho, la transferencia de un bien de propiedad social a concesionarios privados, procedimiento que legalizaría la privatización de los bienes de propiedad social, en clara violación de los establecido en el artículo 408 de la Constitución vigente, el cual señala que el espectro radioeléctrico es de propiedad inalienables, imprescriptible e inembargable del Estado. En consecuencia, este globo de ensayo de los directivos de los grandes medios de información es inaceptable y debe ser rechazada de plano.

Plazo para la renovación y método tarifario

En la legislación ecuatoriana, como quedó dicho, los niveles tarifarios se determinan sobre la base de la potencia, número de frecuencias, número de repetidoras y cobertura geográfica. En otras legislaciones, como es el caso de la de los Estados Unidos el uso del espectro es gratuito, a cambio de lo cual las estaciones están obligadas a trasmitir programas educativos, culturales y de artes, informar adecuadamente a la ciudadanía.

La diferencia metodológica antes anotada es de especial importancia, puesto que en tanto la modalidad adoptada en el país responde a criterios puramente económicos, la legislación de los Estados Unidos pone énfasis en el cumplimiento de las condiciones de servicio público que corresponde a los usuarios del espacio radioeléctrico.

Debe agregarse que el modelo ecuatoriano establece una relación financiera de dependencia del organismo regulador respecto a los medios, puesto que éste financia sus actividades con esos recursos. Situación que explica, aunque no justifica, las violaciones a la Ley que puntualiza el Informe de la Comisión de Auditoría de las Concesiones de Frecuencias de Radio y Televisión. Violación que consiste en conceder ilegalmente prorrogas de plazos a los concesionarios que no han pagado las tarifas durante seis meses consecutivos. Falta grave que se sanciona con la terminación de la concesión (artículo 67, literal i). Penalización que nunca se aplicó en claro abuso de poder por parte de las autoridades del CONARTEL que concedieron esos plazos adicionales. Igualmente, debe recordarse que un plazo de 10 años para renovar la concesión sobre la base de informes técnicos resulta por lo menos tragicómico, ya que en ese lapso pueden haber ocurrido cualquier cambio técnico, sin que se lo registre adecuadamente, como lo comprueba, por ejemplo, los cambios de repetidora a matriz y viceversa, práctica ilegal que igualmente denuncia el Informe de la Comisión.

Igualmente, debe puntualizarse que la modalidad adoptada por los Estados Unidos tiene por objetivo enfrentar uno de los problemas cruciales que se constata actualmente en la actividad de los medios de comunicación, principalmente en la televisión: la banalización, trivialización, el mimetismo, el sensacionalismo, la puesta en escena de falsedades como verdades, agendas que ocultan eventos históricos importantes, la descontextualización de la información , etc. Por ello y ante la posibilidad de que los medios incumplan con su rol de servicio público, las renovaciones inicialmente se producían cada 3 años, posteriormente en los años 80 se ampliaron a 8 años. Hoy la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos se plantea retornar a 3 años, puesto que considera que 8 años en un plazo demasiado largo para constatar si los medios cumplen o no con las obligaciones de un servicio público. La reducción del plazo para las renovaciones también obedece a la necesidad de evitar que los medios de comunicación que incumplen con el compromiso asumido durante la concesión, traten de evadir su responsabilidad con alegatos como el expuesto por UNIVISION, cuando la FCC le impuso una multa de 24 millones de dólares.

A todo lo dicho debe agregarse que en la etapa actual del desarrollo tecnológico, no es posible determinar iguales condiciones para la radio y televisión, respecto a las empresas de telefonía móvil, las que, sobre la base de la convergencia tecnológica, se han convertido ya en enormes multimedios. Tengamos en cuenta las palabras de Jean-Marie Messier presidente de General de Eaux, cuando respecto a lo antes expresado afirmaba: “Pronto existirá en cada casa un único punto de entrada para la imagen, la voz, el multimedia y el acceso a internet. Esta evolución está ya en camino: en un período de entre doce y dieciocho años, será una realidad comercial”. Predicción que es hoy ya una realidad.

En consecuencia, el problema de establecer plazos y metodología tarifaria exige una más amplia y profunda reflexión que la contenida en el proyecto de Ley presentado por el Asambleísta Panchana. Exige que los y las Asambleístas consideren que es ineludible incluir en una sola norma legal a la comunicación, a los instrumentos tecnológicos que posibilitan la transmisión y a la telefonía. No existe otra posibilidad si se trata de elaborar un cuerpo normativo que aprecie las condiciones del desarrollo contemporáneo en el que predomina la convergencia. En segundo lugar es indispensable privilegiar la condición de servicio público, de orden público de la comunicación sobre lo financiero. Esto es de especial importancia si queremos por lo menos paliar el deterioro que impone la televisión, el medio entre los medios. Opción que nos obliga, concomitantemente a reducir a 1 año el plazo de renovación si se considera el irrespeto a las normas legales que se registra en el sector, como lo develo el informe de la Comisión de Auditoría de las Concesiones de Frecuencias de Radio y Televisión. En tercer lugar, hemos de considerar establecer tarifas diferenciadas para la telefonía móvil, servicio para el cual deberíamos considerar la participación del Estado establecida en el artículo 408, segundo inciso de la Constitución vigente.

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