viernes, 2 de octubre de 2009

El Salvador: Justicia, verdad y reparación, los desafíos del nuevo Fiscal

Beatriz Menjívar (COLATINO)

Justicia, verdad y reparación son los principales frutos que la Asociación ProBúsqueda de niñas y niños desaparecidos durante el conflicto armado y el Comité de Víctimas de violaciones a los Derechos Humanos «Marianella García Villas» (CODEFAM) esperan de Romeo Benjamín Barahona, recién nombrado Fiscal General de la República.

Ambas instituciones reúnen a familiares de víctimas de la desaparición forzada, una violación sistemática a los Derechos Humanos cometidos durante la época del conflicto armado, y que quieren esclarecer los hechos bajo los cuales más de 8 mil personas y 900 infantes desaparecieron.

Sin embargo, las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC) no han ofrecido frutos positivos, lejos de eso se ha dado el encubrimiento de responsables mediante la inactividad e ineficacia de las autoridades en casos emblemáticos, como el juicio de las Hermanas Serrano Cruz, señala Leonor Arteaga, Abogada de Pro-Búsqueda.

Pese a que Arteaga calificó de «positiva» la elección luego de seis meses de espera, se mostró preocupada porque el ahora Fiscal desempeñó el cargo de Fiscal Adjunto durante las administraciones de Belisario Artiga y Felix Garied Safie.

“Las anteriores administraciones estuvieron caracterizadas por impulsar políticas de encubrimiento e impunidad en numerosos casos de violaciones a los Derechos Humanos», señaló la abogada.

Arteaga dijo que esperan que con este nuevo nombramiento se rompa con ese ciclo de larga impunidad e innumerables encubrimientos de los responsables de los crímenes de desaparición forzada, que las investigaciones sean eficaces y profundicen los hechos para que los familiares que han esperado por más de 17 años a que “por fin tengan verdad, justicia y reparación en sus casos».

ProBúsqueda ha abanderado las investigaciones de diversas desapariciones forzadas de niños desde 1993, sin embargo, la retardación de justicia los ha obligado a acudir a instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos para desentrampar los casos.

Hechos que han concluido en sanciones al Estado salvadoreño, y que a juicio de Arteaga, han sucedido porque la Fiscalía, lejos de procurar indagar en los casos, ha realizado acciones que han obstaculizado las averiguaciones que lleguen a dar con los responsables.

Las desapariciones forzadas constituyeron una práctica sistemática por las que han sido señalados altos mandos de instituciones como el Ejército Nacional, y las extintas Policía de Hacienda y Guardia Nacional, hechos que aún no han sido esclarecidos por la justicia salvadoreña.

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