viernes, 9 de octubre de 2009

Perú: Los conflictos socio ambientales implican pobreza

En Perú, a tenor de un informe de la Defensoría del Pueblo, hasta septiembre último se registran 132 conflictos socio ambientales, de los cuales 108 se mantienen "activos" y 24 están resueltos o en mesas de diálogo.

Un 68 por ciento de estos casos tiene que ver con el sector minero, no sólo con las empresas formalmente constituidas y que explotan grandes yacimientos, sino también con pequeñas empresas y otras que funcionan en la informalidad.

Según las cifras, 13 casos están vinculados al sector hidrocarburos, 11 a residuos sólidos y saneamiento, ocho a recursos energéticos, tres a recursos hídricos, dos a la instalación de antenas de telefonía celular y uno a la tala ilegal en una zona de reserva.

Empero, lo resaltante es que los principales y mayores conflictos de esta índole se dan en zonas con algún grado de pobreza o extrema pobreza o de exclusión social, lo que --coinciden los analistas--, vendría a ser la raíz de estos problemas, pues la población considera que no es beneficiaria de la explotación de los recursos en la zona donde viven.

Según la Defensoría del Pueblo, en 123 de las localidades donde se desarrollan los conflictos socio ambientales existen altos niveles de pobreza, analfabetismo (en especial en mujeres), mortalidad infantil, desnutrición crónica y falta de servicios básicos.

El analfabetismo se presenta con mayor agudeza en el 21 por ciento de los distritos donde se registran conflictos socio ambientales.

Este porcentaje general sube a 51 por ciento en poblaciones como Llusco y Chumbivilcas, en el departamento surandino de Cusco; 50 por ciento en Lastay y Concepción, departamento de Junín (centro); 40 por ciento en Corani, departamento de Puno (sureste); y 39 por ciento en localidades como Kañaris, en el departamento de Lambayeque (noroeste) y Chiara, en el departamento de Ayacucho (sur este).

De igual modo se sabe que los conflictos socio ambientales tienen regularmente más de una causa: La más recurrente es el "temor a posible afectación ambiental" que se presenta en 68 casos; le sigue la presunta "contaminación generada" en 41 casos.

Ambas situaciones tienen de común denominador, la falta de información, la deficiente educación que han recibido los pobladores y la poca o nula acción del Estado para resolver problemas ancestrales.

El 5 de junio, ocurrió el caso socio ambiental más dramático en este año, cuando un feroz enfrentamiento dejó 24 policías y 10 civiles muertos. Un alto oficial continúa desaparecido.

El suceso de violencia siguió a una huelga general de dos meses de unos 3.000 indígenas amazónicos que bloquearon una carretera en las inmediaciones de la ciudad de Bagua, departamento de Amazonas (norte).

Los nativos reclamaban la abrogación de leyes que a su juicio desestabilizarían la región amazónica y afectaban su hábitat natural, pues facilitaban la explotación irracional de yacimientos de petróleo y gas, así como la tala indiscriminada de bosques.

Finalmente, los Poderes Ejecutivo y Legislativo dieron "marcha atrás" en las normas jurídicas y se han formado mesas de diálogo con los nativos para buscar alternativas de solución.

En la región altiplánica, la minería informal ha diezmado grandes extensiones de bosques y contamina los ríos con descargas de relaves y la utilización indebida de productos químicos.

A la vez, hay constantes enfrentamientos entre los propios mineros artesanales, sumándose la explotación laboral, la prostitución infantil y el deterioro de la salud individual y colectiva.

La minera estadounidense Doe Run Perú (DRP), que cuenta con un complejo metalúrgico en el departamento central de Junín, es cuestionada por diversos sectores, incluso de la propia Sociedad Nacional de Minería.

Las partes señalan que la DRP incumple con el Programa de Adecuación Medio Ambiental (Pama) desde 1997. Según los expertos, altos índices de plomo afectan primordialmente a los niños de la ciudad de La Oroya.

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