martes, 10 de noviembre de 2009

Argentina, Córdoba: Hacete amigo del juez...

Enrique Ponsati (HOY DIA - PRENSA RED)

Partidos políticos, gobierno, justicia, sindicalistas, aparecen habitualmente entre los menos confiables en un país en el que la sospecha no deja a salvo a nadie por alta que sea su posición o extraordinaria la cantidad de dinero que haya acumulado.

Una de las cosas que andan mal en este país –de las tantas que hay de pésimo funcionamiento- es la Justicia. Claro que si las cosas no se hacen bien en los estrados judiciales es mucho más grave que la ausencia de avisos comerciales en Fútbol para Todos. Al menos así nos parece.

Que aquella mujer de los ojos vendados y la balanza equilibrada carece de la confianza social necesaria para ser creíble, nos enteramos de vez en cuando al leer las conclusiones de algún observatorio especializado en medir el grado de credibilidad de las instituciones.

Partidos políticos, Gobierno, Justicia, sindicalistas, aparecen habitualmente entre los menos confiables en un país en el que la sospecha no deja a salvo a nadie, por alta que sea su posición o extraordinaria la cantidad de dinero que haya acumulado.

Pero la Justicia requiere mayor atención, un cuidado especial, pues es, entre las instituciones de la República, la que supuestamente debe garantizar al ciudadano que le asisten las mismas garantías que a la Presidenta o al Gobernador o al más rico de sus compatriotas.

Pero casi a diario se encuentran indicios de que no es así, o por lo menos no lo es totalmente. Que hay reflejos y actitudes que desmienten total o parcialmente el concepto de Justicia como un valor igual para todos los argentinos. Y, como decía el cantante inglés Sting, allí donde haya un derecho humano ignorado, no existen los derechos humanos.

La semana pasada, sin ir más lejos, la Corte Suprema de Santa Fe anuló un fallo que fijaba una indemnización mínima para los padres de un joven fallecido en un accidente. La víctima murió a los 19 años en un accidente de tránsito en 2001, tras lo cual su familia entabló una demanda para reclamar a la compañía de seguros una indemnización, considerando que el joven fallecido era "el futuro sostén económico y afectivo".

El fallo en primera instancia determinó una indemnización mínima de alrededor de 8.000 pesos, argumentando que, dada la humilde condición social de la víctima, era una "utopía" pensar en él como el futuro sostén económico de la familia.

Sentencia cruel, clasista y retrógrada, que sugiere que el pobre solamente hallará una justicia de segunda categoría y que, además, el tribunal inferior prejuzgó que la infortunada víctima iba a ser pobre de por vida, y tan miserablemente pobre que no alcanzaría a ahorrar más de 8.000 pesos en toda su vida laboral. Magistrados con ese tipo de pensamiento son legión en los tribunales argentinos.

También días atrás, el titular de un juzgado de quiebras cordobés viajó a México para “conocer” un club de fútbol de ese país, ya que aquí se tramita la quiebra de otro club de fútbol, y el magistrado debía hacer una observación in situ. El caso es que los gastos del viaje –y acaso de algunas extras- fueron solventados por una de las partes interesadas, cosa que nos llena de perplejidad y de dudas sobre la corrección del procedimiento.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha ordenado una investigación, hasta ahora (1). Quizás se tome su tiempo antes de evaluar el problema, si es que lo hay. Pero no confiemos demasiado en la severidad del más alto cuerpo judicial de la Provincia, pues uno de sus miembros, la doctora Aída Tarditti, percibe mensualmente más de 20.000 pesos en salario familiar por hijos que están a su cargo, en una situación desde todo punto de vista irregular.

La jueza Tarditti ha “adoptado” a los chicos de una institución benéfica, que fuera de toda norma y a través de ese procedimiento indirecto viene a recibir un subsidio del Estado provincial, o mejor dicho de la Justicia. El caso tomó estado público meses atrás, y la doctora Tarditti arguyó que ella no disponía de la suma indicada y que la transfería directamente a la institución beneficiada de manera tan particular.

El TSJ no tomó ninguna medida, pero los miembros restantes reaccionaron en bloque y consideraron “una obligación ética hacer público su mayor respaldo y el merecido reconocimiento a su labor como Magistrado (sic) y como persona de bien. La situación que se denuncia, efectuada en forma maliciosa por unos y como instrumento de lucha gremial por otros, nunca ha sido ocultada ni cuestionada en su legalidad y legitimidad.

Nos consta su vocación por la obra que realiza, brindando su tiempo, su capacidad y su afecto, para su sostenimiento económico y sobre todo para que los destinatarios de tales esfuerzos, se conviertan en su vida futura en hombres y mujeres de bien, o en su caso, sean

sostenidos dignamente en sus incapacidades. Nos agravian a todos las ofensas que a ella se dirigen, dado que lo que debe ser un ejemplo a seguir en su tarea como Juez (sic) y como mujer, aparece mancillado con propósitos espúreos”.

Nos parece, sin faltar por ello el respeto al TSJ, que existe al menos una interpretación “extensiva” y acomodaticia de lo que es el salario familiar, y presumimos que este detalle no puede escapar al tribunal más alto de la Provincia. Este curioso detalle nos hace suponer además que puede haber parecida buena voluntad con el magistrado del viaje a México (2).

Empero, basta volver sobra las noticias de la semana pasada para encontrar más perlitas judiciales. En efecto, el jueves último, la jueza de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Elena Highton de Nolasco, lanzó una dura admonición a los magistrados menores que entienden en cuestiones penales.

La ministra pidió que los jueces penales investiguen la problemática de la violencia doméstica, al hacer un balance del primer año de funcionamiento de la oficina creada para recibir ese tipo de denuncias. Highton precisó que el 89 por ciento de las denuncias presentadas en el fuero penal fueron archivadas o se dictaron sobreseimientos, mientras que sólo tres causas tuvieron una sentencia condenatoria.

La magistrada, una profesional de bajo perfil mediático, aclaró que no impulsaba el dictado de procesamientos o condenas "pero sí que se investigue la problemática de la violencia doméstica". Según datos dados a conocer por la magistrada, desde septiembre de 2008 hasta el 30 de octubre pasado la OVD recibió 6.746 denuncias con 8.354 personas que sufrieron maltratos, de las cuales el 82 por ciento eran mujeres.

De esas denuncias, 3.382 fueron derivadas a la justicia penal (instrucción, correccional y contravencional y de faltas de la ciudad) y solo en tres casos hubo condenas. En cambio, destacó que de las 4.907 causas que fueron a la justicia civil sólo se archivó el 2 por ciento. En ese fuero se dictaron en el último año 3.425 prohibiciones de acercamiento; 1.036 evaluaciones del grupo familiar; 540 exclusiones del hogar de la persona agresora, 302 guardas provisorias y 200 casos de cuotas de alimentos, entre otras medidas.

Prejuicios clasistas, actitudes irregulares entre los magistrados de distintas instancias, pago de sumas en negro para empleados judiciales, fueros cuya escasa efectividad merecen la reconvención superior, lentitud, son los males que se destacan en el funcionamiento de la Justicia en todo el país. Y actualizan los versos del Martín Fierro…

1) Hoy lunes la Cámara Tercera decidió el alejamiento del juez que manejaba la quiebra de Talleres. La ex gerenciadora Ateliers lo había recusado por su polémico viaje a México.

2) El viaje del magistrado tuvo las siguientes estaciones: Ezeiza-Miami; Miami-Panamá; Panamá-México; México-Santiago, Chile; Santiago-Ezeiza. Todo en primera clase y en uso de carpeta médica.

Enrique Ponsati es Director periodístico Hoy Día Córdoba.

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