lunes, 30 de noviembre de 2009

Brasil: Exhiben la corrupción del gobierno en Brasilia

.
La difusión de videos que muestran la entrega ilegal de pagos mensuales a legisladores por parte del gobernador del Distrito Federal (Brasilia), José Roberta Arruda, desató este fin de semana un nuevo escándalo en Brasil.

La Policía Federal llevó a cabo el pasado viernes una inusual serie de registros en casas y oficinas de autoridades de Brasilia, en cumplimiento de órdenes judiciales.

La llamada "Operación Caja de Pandora" puso al descubierto el esquema de pagos mensuales a legisladores del Distrito Federal de Brasilia, a cambio de que dieran apoyo al gobierno del derechista Arruda, del partido opositor Demócratas (DEM).

Un "mensalao", ahora en beneficio de la derecha, muy semejante al que estremeció los cimientos del gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en 2005, cuando fue denunciado por uno de los más cercanos aliados del presidente.

La palabra "mensalao", que no existe en portugués, fue utilizada por el entonces diputado Roberto Jefferson para designar los cuantiosos pagos mensuales con que el gobierno retribuía la fidelidad de los diputados que apoyaban al gobierno del Partido de los Trabajadores (PT).

De acuerdo con la información difundida el pasado viernes por la Policía Federal, en la trama están involucrados el gobernador del Distrito Federal y su secretario de Relaciones Institucionales, Durval Barbosa Rodrigues, quien al mismo tiempo fungió como informante de la policía.

Además de Arruda y Barbosa, varios secretarios, diputados distritales y miembros del Tribunal de Cuentas de Brasilia son investigados por este caso.

Como coadyuvantes figuran varias empresas con contratos con el gobierno local que proporcionaban los fondos para los sobornos.

De acuerdo con los primeros datos disponibles, cada mes se efectuaban pagos ilegales por un total de 350.000 dólares a diversos políticos, además de que el gobernador retiraba para su propio uso unos 29.000 dólares mensuales.

Los fondos eran provistos por al menos cuatro empresas, que entregaban los recursos al secretario Barbosa, aparentemente en proporción a los créditos que obtenían con el gobierno.

Barbosa entregaba los recursos al jefe de la Casa Civil, José Geraldo Maciel, quien era el encargado de efectuar los pagos.

La investigación se inició en septiembre pasado cuando, al declarar ante dos fiscales del Ministerio Público Barbosa negoció un acuerdo de "delación premiada" para recibir penas reducidas a cambio de su colaboración.

Desde entonces, el secretario filmó videos y grabó conversaciones que pusieron al desnudo no sólo la trama, sino la naturalidad con que los involucrados utilizaban los recursos sacados de los cofres públicos de manera fraudulenta.

Entre otras formas de colaboración, Barbosa retuvo en octubre 233.000 dólares de esos fondos, los cuales fueron marcados por la Policía Federal para responsabilizar criminalmente a los receptores del soborno.

Según las declaraciones del secretario, Barbosa grabó conversaciones comprometedoras para protegerse de una "campaña difamatoria" en su contra, la cual, entre otras cosas, significó el fin de su matrimonio.

A partir de su acuerdo con las autoridades, las grabaciones se realizaron con equipos de mejor calidad proporcionados por la Policía Federal.

Uno de los aspectos que llaman la atención en este asunto es que al parecer el gobernador Arruda sabía que Barbosa grababa y filmaba algunas conversaciones.

De acuerdo con Barbosa, Arruda le pidió que le avisara con anticipación si algún día decidía divulgar esas imágenes, "para que yo decida si me voy del país, si me suicido o si te mato", agregó el gobernador.

Arruda ha evitado hasta ahora cualquier declaración pública desde el inicio del escándalo, sin embargo el sábado anunció la destitución de Barbosa, así como la separación de sus cargos de dos secretarios (Educación y Casa Civil), un asesor de prensa y su jefe de gabinete.

Entre tanto, la Orden (Colegio) de Abogados de Brasil (OAB) estudia la presentación de un pedido de juicio político contra el gobernador Arruda y los diputados distritales de la oposición hacen lo mismo.

La dirección nacional del DEM, partido del cual Arruda es el único gobernador entre los 27 estados brasileños, admitió la gravedad de las acusaciones y la posibilidad de que el gobernador de Brasilia sea expulsado del partido.

Arruda puede sin embargo estar tranquilo, al tomar en cuenta lo ocurrido con el "mensalao" que afectó al PT en 2005.

Casi cinco años después del escándalo que costó el mandato a una docena de diputados nacionales, muchos de ellos regresan a la vida política y de las cuatro decenas de procesados ni uno sólo ha estado preso.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.