martes, 24 de noviembre de 2009

La represión como política de Estado

Zula Lucero (INDYMEDIA)

El viernes 20 de noviembre la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), presento el archivo de casos 2009, donde denuncia que el Estado Argentino -a manos de las fuerzas de seguridad- ha asesinado a 2.826 personas, desde el año 1983 hasta la actualidad.

Más de 2.000 personas de diferentes organizaciones sociales, de derechos humanos, sindicales y políticas estuvieron presentes en Plaza de Mayo, acompañando a los familiares de los jóvenes asesinados por la policía.

Hace 14 años que la CORREPI realiza esta presentación de archivos de casos, el objetivo no sólo es una denuncia del accionar represivo del Estado sino que es un aporte para el análisis político de la sistematización de la represión como forma de control social: “El objetivo de este Archivo, de su permanente actualización y de su presentación pública cada año, no es, entonces, contribuir a un simple lamento por la creciente cantidad de pibes muertos. Nuestro fin es aportar al análisis de la situación que vive nuestro país, contribuyendo a formar conciencia popular sobre la represión cotidiana como política de estado. Porque, adopte la forma que adopte, la represión es siempre de clase, y tiene la finalidad de perpetuar y profundizar la explotación, que requiere, obviamente, opresión.”

En la gestión Kirchner- Fernández, fueron asesinadas 1.323 personas, 928 corresponden al mandato de Néstor Kirchner y 325 en el de Cristina Kirchner.

Sobre el total de los casos el 51% las muertes fueron producto del gatillo fácil y el 33% son muertes en cárceles, comisarías o bajo custodia la mayoría producto de torturas. Las muertes de jóvenes y pobres es una constante, el archivo muestra que el 66% de los asesinados tenías más de 21 años y el 30% menos de 21 años. El rango de edades donde se concentran estas muertes es entre jóvenes de 14 a 25 años, que representan casi el 50%. Los tres primeros de cantidad de personas asesinadas por las fuerzas represivas, según la cantidad de habitantes, la ocupan: Tierra del Fuego, Santa Fe y Buenos Aires.

Los familiares de los cientos de pibes asesinados leyeron un documento donde expresaron el motivo de su lucha. “empezamos a luchar por justicia para nuestros familiares pronto entendimos que ninguno murió por casualidad o porque tuvo mala suerte. Los que asesinaron a nuestros hijos o hermanos, a nuestros esposos o padres no son loquitos sueltos son los ejecutores de una política de estado…los que tiene la tarea de mantener la paz social…”.

También se refirieron a los reclamos de algunos sectores de mano dura: “Nos hablan de inseguridad piden mano dura y condenas más altas, cada tanto insisten con la pena de muerte ahí están nuestros familiares…para probar que la pena de muerte en la Argentina existe si sos joven y pobre. Nos dicen que los delincuentes que los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra mientras no matan un pibe por día y nos siguen explotando…”.

Además se denuncio el aumento de la represión a los sectores organizados como respuesta, del estado y las clases dominantes, a los reclamos laborales y sociales.

El día de la presentación de los archivos en Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires, varias organizaciones sociales que reclaman la inclusión en le programa “Argentina Trabaja” frente a la municipalidad de Monte Grande fueron reprimidas, dejando como saldo 15 personas detenidas y varios heridos/as.

Unos días ante, el 14 de noviembre, la Policía Federal reprimía brutalmente en el recital de Viejas Locas, dejando a un joven, Rubén Carballo de 17 años, en coma 4. Ese mismo día Daniel Scioli, y Carlos Stornelli, presentaron el nuevo Código Contravencional de la Provincia que le da aún más poder a la policía. En un medio masivo expreso: "La seguridad la hacemos entre todos, con la participación de todos los sectores, quienes estamos en funciones ejecutivas nos ponemos al frente, pero necesitamos la participación de todos, necesitamos la participación ciudadana, necesitamos el acompañamiento de los medios de comunicación para generar conciencia". El código intenta implementar la figura del merodeo, la detención de menores de 14 años sin orden judicial. Además de criminalizar la protesta social: "se busca dar respuestas cuando vemos rostros tapados, gente con palos y situaciones de merodeo realmente amenazantes". Y mencionó que se busca castigar "a los que exigen dádivas y a los que porten cualquier tipo de arma, no sólo las de fuego".

Mientras tanto actrices, vedettes y conductores, enriquecidos en la década del 90 mientras se cerraban fábricas y se acrecentaba la desigualdad social, exigen mano dura y más represión. Los medios repiten en cadena marchas exigiendo seguridad. Al mismo tiempo las muertes de jóvenes pobres a manos de las policías de todo el país crecen. De las estadísticas realizadas por CORREPI surge, que el estado mata una persona -a manos de sus fuerzas de seguridad- cada 28 horas y 20 por mes. Aunque estas cifras no se acercan a la realidad porque innumerables muertes, en las circunstancias denunciadas en estos archivos, ni siquiera son denunciadas.





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