INDYMEDIA
El jueves 17 de diciembre fue un día atípico no solamente por estar a pocos días de las fiestas y por la agitada dinámica del centro cordobés que esa fecha implica, sino porque el Concejo Deliberante venía teniendo sesiones maratónicas extraordinarias donde trató y decidió sobre temas trascendentales para la sociedad cordobesa.
Como es costumbre en los últimos años, los gobernantes esperan el cansancio y desorganización de fin de año para avanzar con medidas antipopulares. Allá por el año 2006 el festejo de año nuevo hizo sentir el trago amargo de la entrega (una vez más) del agua a Suez-Roggio, en manos de la Legislatura Unicameral y gracias a la represión policial, el 28 de diciembre de 2005 Tarifazo del Agua en Córdoba y en aquel diciembre con Juez como Intendente se aprobó el aumento del cospel. Para este fin de año el transporte fue el protagonista.
En los últimos años el aumento del boleto de transporte urbano fue exuberante, en 6 años aumentó casi un 300%, considerando la aprobación del día que permitirá que a partir del próximo martes viajar en ómnibus signifique desembolsar dos pesos –en vez de $1.50- por cada trayecto. Además, la sesión de los concejales aprobó la suba de la tarifa de taxis y remises.
18 concejales aprobaban la suba del cospel, y otros 12 se negaban a darla, afuera la cacería había comenzado. A mediados del año pasado, en el aumento del cospel, se había dado un accionar represivo similar: la sesión del Concejo se trasladó a la Legislatura y sus inmediaciones pintadas de azul y valladas. Este año redoblaron la apuesta: los detenidos serían tantos como para que quede grabado en la retina, sembraron tantos efectivos policiales que garantizaran tal medida.
Judicializar la protesta es el objetivo
Toda la situación indicaría que la orden de represión y detenciones a mansalva era un acuerdo previo, de las 33 personas detenidas (entre ellas 2 menores), al menos 10 fueron detenidas dispersas en las inmediaciones. También casi una decena fue extraída violentamente de las instalaciones del Sindicato Provincial de Obras Sanitarias (SIPOS), local que había receptado a quienes huían del garrote policial. “Este accionar policial está plagado de irregularidades, para empezar la manera en la que ingresaron a SIPOS”, declaró Sergio Job, uno de los abogados que intervinieron en la defensa de los detenidos. En el local sindical se encontraban algunas de sus autoridades, quienes intentaron evitar el abuso policial, y fueron detenidas también. En la historia de nuestra ciudad este proceder solamente es comparable con el de Lacabane en 1974.
A las 13 hs. eran 22 presos, luego 28, hasta llegar a contabilizar 33 personas detenidas; número que dejó atónito a todo oyente, televidente, familiar, que lo escuchó. Las historias fueron circulando de a poco y así comenzaron a aparecer más abusos: algunas de las mujeres detenidas fueron manoseadas, entre las personas que fueron detenidas “sueltas” figuraba un abogado del Movimiento Campesino de Córdoba. En el persistente accionar represivo uno de los abogados defensores fue detenido –ya en el precinto 1- por un par de minutos y luego liberado, 3 personas fuertemente golpeadas y sin atención médica. Además, Gustavo Valdez, otro de los abogados defensores, afirmó: “los policías intentaron meter en las mochilas de los detenidos piedras y bombas molotov, ahora están realizando las revisaciones de las pertenencias con testigos”; como otra de las perlas del modus operandi de los uniformados.
Las numerosas irregularidades del accionar policial, sostenidas durante toda la jornada, son muestra clara de que la violación de los derechos perdura, que la policía cordobesa avanza diariamente sobre ellos en cada paso que da, y que accionará con garrote y detenciones cada vez que el Gobierno requiera tomar medidas antipopulares que sean resistidas.
“Pan y circo”. Mientras se endulzan los oídos ansiosos por una libertad de medios que hará de la comunicación un derecho humano, a ser satisfecho por toda la sociedad; las instancias en las que es necesaria la libertad de expresión son violentadas, reprimidas, castigadas. Los medios que se ostentan desde el Estado o la Universidad, criminalizan a la protesta y desenmascaran su discurso de mano dura para quienes luchan. Por un lado la misma mano que aprueba la nueva ley de medios audiovisuales sostiene la ley antiterrorista. El mismo estado que habla de derechos humanos aumenta el número de personas asesinadas en manos de fuerzas del Estado.
Todos los que se llenan la boca hablando de libertad de expresión brillan por su ausencia ante estas realidades. ¿donde están los medios de comunicación y su tan defendida libertad de expresión y de prensa, cuando se reprime brutalmente a quienes expresan su repudio a una medida totalmente arbitraria y antipopular?
Correpi en su informe 2009 dice que en las gestiones del matrimonio Fernández- Kirchner se mataron a 1323 personas en este tipo de asesinatos, contra el promedio de 200 por mandato de los anteriores.
Pero algo digno y esperanzador de señalar es el aguante sostenido por cientos de militantes de distintos sectores políticos de nuestra ciudad que desfilaron por las intersecciones de Corrientes y Paraná, a metros de la Comisaría Primera, mostrando su solidaridad y exigencia de libertad a los presos. La presión mantenida desde afuera fue lo que en parte aceleró el proceso de liberación de los detenidos en menos de 24hs.
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