miércoles, 9 de diciembre de 2009

Discapacidad: La historia de una postergación

Prof. Juan Carlos Sánchez (especial para ARGENPRESS.info)

En la nota "3 de diciembre: Sin inclusión, ni ilusión" aludíamos a la prórroga de la implementación de la Ley de la Ciudad Nº 1502, que reglamenta el Art. 43 de la Constitución de la Ciudad con respecto al cupo laboral del 5% reservado para las personas con discapacidad, mediante una ley sancionada por la Legislatura porteña, la que hoy celebra su última sesión antes de la obligada renovación con los diputados electos en las últimas elecciones.

Dicha norma se originó en el Expediente 2310 - D - 09, promovido por el Diputado Enzo Pagani y la Diputada Victoria Morales Gorleri; ambos, de la bancada PRO (macrismo), cuyos fundamentos expresan "... cabe destacar lo dispuesto mediante Decreto Nº 2388/92 que establece el congelamiento de vacantes para el ingreso de personal para la Planta Permanente de la Administración Pública de la Ciudad, y en el mismo orden de ideas, el Decreto Nº 493 / GCBA / 2009 ordena suspender "durante el presente ejercicio presupuestario toda nueva contratación bajo los regímenes de Locación de obra y servicios" por lo que resulta inviable la aplicación de la Cláusula Transitoria de la Ley 1502" "Asimismo se realiza una introducción que permite dotar de una herramienta más eficiente, obligando a notificar las búsquedas laborales de todas las Jurisdicciones del Sector Publico de la Ciudad a la COPINE, lo que garantiza el efectivo cumplimiento de los derechos emanados de la presente" "Es importante destacar que el Ejecutivo Porteño, a través del Organismo encargado de ejecutar las políticas de integración y plena participación y ejercicio de los derechos de las personas con necesidades especiales, la COPINE, ha realizado notables esfuerzos en pos de lograr cumplir con la normativa vigente en los plazos establecidos originariamente" "En relación a lo antes dicho, de acuerdo a información suministrada desde el Ejecutivo de la Ciudad, al momento de asumir funciones la actual administración el grado de cumplimiento de la Ley 1502 se encontraba en un 0,36 % en relación al 3% que debía haberse cumplido. Al día de hoy el grado de cumplimiento de la normativa vigente asciende al 2,2%" "Asimismo este organismo ha realizado acciones tendientes a garantizar el efectivo cumplimiento de la normativa vigente, puesto en evidencia a través de la creación del Programa de Becas de Capacitación Laboral, la realización de cursos de capacitación de mas de 1500 agentes de la Ciudad con el fin de concientizarlos respecto de la inclusión laboral de personas con discapacidad, entre otras acciones" "A la fecha se encuentran inscriptas 4638 personas en el registro de personas con discapacidad que buscan ser incorporadas en un empleo público, y a la fecha han sido incorporadas 200 personas".

Lo que no se animó a proponer el Jefe de Gobierno, Ing. Mauricio Macri, a la Legislatura porteña, lo hicieron ambos representantes del "pueblo" bajo una serie de mentiras o, por lo menos, una tergiversación de la verdadera historia de una prórroga que lleva cerca de 25 años por cuanto el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es sucesora de la ex - Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, también incumplidora, en su momento, del cupo laboral del 4% que se estableció en la Ley Nacional Nº 22.431.

En 1992, se estableció el congelamiento de vacantes pero la cantidad de personal se fue incrementando con los contratos basura en el GCBA; algunos de los cuales, fueron asignados a personas con discapacidad, ya sea para satisfacer las necesidades de los punteros partidarios del menemismo o del ibarrismo como también como forma de acallar voces que reclamaban su inclusión por el cupo laboral. Hoy vemos la inclusión de asesores con sueldos de $ 7.000, como puede verse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y entonces, nos preguntamos: ¿dónde está el congelamiento mencionado?.

Si nos ponemos a analizar la labor de la COPINE, hoy COPIDIS, no cabe duda que sus incumplimientos son notorios por cuanto nunca relevó la cantidad de vacantes existentes en el ámbito de la Administración Pública y ni siquiera recomendó la incorporación de personas con discapacidad, salvo el jugoso contrato que uniera al GCBA con el Departamento de Discapacidad de la AMIA para la incorporación de personal en la ex-Guardia Urbana del ibarrismo. En la actualidad, promueve la Responsabilidad Social Empresaria, paradigma necesario para justificar el traslado de la empleabilidad de las personas con discapacidad al sector privado en aras de evadir las obligaciones emanadas de la Constitución de la Ciudad. Lo mismo ocurre con las vacantes en el sector educativo y sanitario de la Ciudad, en donde este organismo debiera intervenir y no lo hace, acentuando aún más la desarticulación jurídica con los Estatutos particulares de ambos sectores.

Si realmente han cumplido con el 2, 2%, seguramente ello se debió a que han privilegiado intereses partidarios, lo cual es harto repudiable. Por otra parte, las incorporaciones en el sector educativo y sanitario han sido mínimas, las que se produjeron porque no había otras y otros candidatos a las horas o cargos ofrecidos o bien, porque los fallos judiciales obligaron a cubrirlos con personas con discapacidad. De todas formas, lo cierto es que el incumplimiento, que no es patrimonio de la actual gestión, es notorio pese a las promesas de campaña del mismo Ing. Macri, tal como acierta el Diputado Di Filippo en su discurso insertado en la versión taquigráfica de la sesión del 15/10/09 donde esta Ley que lleva el Nº 3230 fuese sancionada.

Los mismos fundamentos reconocen que se han otorgado becas, lo que no se dice es su monto, que es de $ 200, el cual resulta insuficiente para cualquier capacitación que, desde luego, no garantiza ninguna salida laboral y que está en manos de organizaciones no gubernamentales con fuertes relaciones con la actual gestión. Otro engaño más para un colectivo sistemáticamente postergado e ignorado por la sociedad y el Estado. Por otra parte, se expresa la incorporación de 200 personas y que están inscriptas otras 4638 en el Registro de Aspirantes de Personas con Discapacidad, lo cual nos lleva a la siguiente pregunta: ¿dónde están incorporadas y cual es el origen de su incorporación?; si hay cerca de 100.000 empleados en la Administración Pública, luego de las jubilaciones compulsivas, ¿porqué no se levanta el congelamiento y se incorporan, al menos, a 3000 personas con discapacidad?.

Las respuestas son simples: las incorporaciones, en su gran mayoría, fueron por relaciones personales y compromisos partidarios, sin contar con las que se produjeron por la ausencia de candidatos para la ocupación de las horas o cargos y las becas, sin dudas, constituyen el instrumento para ejecutar el paradigma que hemos mencionado en la búsqueda del autoempleo que seguramente llevará al fracaso de quienes lo intenten y sin contar con las omisiones de inclusión educativa que lleva a cabo desde hace tiempo el sistema educativo porteño, gracias a los paradigmas y prejuicios existentes.

No es nueva esta postergación, pero la realizada el pasado 15 de octubre y publicada en el Boletín Oficial en su edición del 3 de diciembre, resulta un verdadero indicio de las intenciones de la actual gestión pese a las promesas de la campaña electoral del 2007.

Y la complicidad de varios diputados también es evidente. No es casual el voto de Aníbal Ibarra, como tampoco el de Verónica Gómez por el socialismo, viejo aliado del ibarrismo pero sí llama la atención el voto favorable de Juan Cabandié, recuperado de las garras de la dictadura, cuyo pensamiento sobre los Derechos Humanos debería ser otro...

Un nuevo capítulo se abrirá con las presentaciones judiciales para solicitar la evidente inconstitucionalidad de esta norma, que hace tabla rasa con el Art. 43 de la Constitución de la Ciudad y que vuelve a postergar el derecho al trabajo por otros 5 años a un colectivo que lo necesita imperiosamente.

Tal vez, la intención es someterlo a la miseria absoluta para las elecciones del 2011 y esperar también que muchas y muchos de los inscriptos fallezcan en el camino. Porque no hay dudas que esta prórroga es una literal sentencia de muerte para quienes no pueden esperar y eso ya pasó con el registro implementado por el Decreto Nº 3649/88...

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