jueves, 10 de diciembre de 2009

Ecuador inició hoy el debate parlamentario sobre la Ley de Comunicación

Ernesto Carmona

Ecuador inició hoy el debate de la Ley de Comunicación en la Asamblea Nacional. La discusión abordará dos informes, uno de mayoría, de quienes apoyan al gobierno de Fernando Correa, y otro de minoría, de la oposición de derecha.

Igual que en Argentina (Ley Audiovisual) y Venezuela (Ley Resorte) este debate está sometido a la presión de una intensa campaña mediática en contra, local e internacional, impulsada por los grandes intereses económicos que controlan los medios de comunicación y aseguran “defender la libertad de expresión”.

La nueva Constitución del Ecuador, promulgada en octubre de 2008, consagró en el artículo 16 el derecho humano a la comunicación, pero la disposición constitucional requiere de una ley orgánica que materialice ese derecho -sin precedentes en una carta magna latinoamericana-, y eso es, precisamente, lo que comenzó a discutirse hoy, jueves 10 de diciembre.

La campaña mediática busca conservar los privilegios de los dueños de grandes medios que preferirían que no exista ninguna ley de comunicación. Así de simple. Para este sector, la mejor ley regulatoria es la que no exista.

Por ejemplo, en Ecuador hay más de 1.500 frecuencias de radio concesionadas en 97% a privados, pero una reciente auditoría colectiva que investigó las concesiones descubrió que la tercera parte, 500, fueron otorgadas con vicios y violación de las leyes reguladores, al punto que un miembro del sector empresarial que integra el organismo contralor, CONATEL, se había adjudicado 57 frecuencias.

Teóricamente, en Ecuador cualquier individuo puede llegar a acumular hasta 96 frecuencias según la vieja legislación ecuatoriana que la Constitución ordenó revisar. Puede pedir una frecuencia de radio AM, otra FM, TV VHF y TV UHF en cada una de las 24 provincias del país. La conclusión de la comisión fue la “reversión” inmediata de las frecuencias mal otorgadas, es decir, que fueran devueltas al Estado, pero la Contraloría sustituyó el término “reversión” por “revisión” y este pequeño cambio semántico dejó todo igual: hasta hoy no ha pasado nada.

Francisco Ordóñez, periodista ecuatoriano, ex presidente del Colegio de la Orden y miembro de la comisión encargada de la auditoria, piensa, además, que el informe de mayoría, es decir, el de la Comisión Ocasional de la Comunicación de la Asamblea, de izquierda, todavía adolece “de desaciertos y errores políticos, conceptuales y metodológicos cometidos en su elaboración”.

Numerosas organizaciones de la sociedad civil, como el prestigioso centro de investigación comunicacional CIESPAL, propusieron 11 observaciones: la asignación de las frecuentes en tres partes iguales: sector público, privado y comunitario, que se prohíba la concentración de frecuencias y monopolios mediáticos, que se otorgue prioridad de la producción nacional y local desde la diversidad cultural y geográfica, y otras 8 propuestas. Hoy comenzó un debate inédito en la región, para lleva a la práctica una ley constitucional que garantice libertad de expresión real y genuina. Pero hay bastante oposición a legislar, no sólo de los grandes medios y de la SIP, sino incluso entre las filas del propio Presidente Correa.

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