José Mario Zavaleta (especial para ARGENPRESS.info)
El fin de semana pasado se aprobó en la Asamblea Legislativa la Reforma Fiscal que pretende incrementar los ingresos al Estado por más 200 millones de dólares, indispensables para sostener los programas sociales ya iniciados y otros por echarse andar; como ejemplo de ello, una de las realizaciones más hermosas y nunca vista en el campo de la educación, cuando por primera vez en la historia del país, más de 1 millón 300,000 estudiantes de centros escolares oficiales de primaria (que abarca del 1° al 9° años) recibirán dos uniformes, calzado y útiles escolares, consiguiendo de esta manera evitar esa angustia para la mayoría de los padres de familia salvadoreños que enfrentaban los inicios del año escolar. Además, se amplía y mejora la merienda escolar, que igualmente favorece el rendimiento y la asistencia de los estudiantes, tanto en el área urbana como la rural.
Es decir, esto se logra con el incremento de algunas tributaciones a productos suntuarios y de consumo riesgoso, como bebidas alcohólicas y tabaco, y en ningún momento a la canasta básica, todo a pesar de las resistencias de sectores empresariales e industriales, pero luego de muchas negociaciones se han aprobado parte de las modificaciones que el gobierno de Mauricio Funes propuso, quedando pendientes otras para inicios de año. Además se han lanzado otros programas de carácter social como los bonos de 100 dólares mensuales por un máximo de 6 en apoyo a personas sin trabajo, a cambio de trabajos comunitarios y a capacitación que luego les inserte al campo laboral. Este evento realizado el miércoles 23 de diciembre tuvo como escenario el parque Concordia de la ciudad de Ahuachapán a la que, al igual que la ciudad de San Martín en el departamento de San Salvador, se les agregarán 13 municipios más el próximo año, en un proyecto de alto contenido que favorece a los más desvalidos.
Pero por el contrario, en un aspecto más deplorable, la nota la ha dado el coronel retirado Sigifredo Ochoa Pérez, quien era el embajador de El Salvador en Honduras hasta que el gobierno lo retirara de Tegucigalpa, luego de la ruptura del orden constitucional por el golpe de estado contra el presidente José Manuel Zelaya. En un hecho inusitado y, - a todas luces provocador -, decide recibir la condecoración Francisco Morazán de parte del gobierno golpista, de manos del canciller ilegítimo Carlos López Contreras.
El canciller salvadoreño Hugo Martínez ha declarado que Ochoa Pérez ha violado la Constitución salvadoreña al recibir una condecoración sin la autorización de la Asamblea Legislativa, tal como así se manda; además ha podido incurrir en delito penal al hacer a un lado una orden precisa de sus superiores de no tener ningún vínculo con el gobierno espurio y usurpador, como además ha roto cualquier nivel de confianza aún a sabiendas que el 31 de diciembre cesaría en su cargo, cuestión para lo que había acuerdo mutuo.
Por su parte, el militar muy activo en el conflicto armado y ahora en retiro se defiende al aducir que ha hecho un favor al país al no rechazar el gesto de amistad de un país hermano – por lo que los salvadoreños debieran agradecerle, según él -, y que en todo caso ha sido objeto de persecución política y acoso al habérsele retirado el pasaporte diplomático a su reingreso al país por la frontera terrestre entre ambos países.
Por su lado, el Presidente Funes ha asegurado que Ochoa Pérez no es una persona de su confianza ni de su canciller; y si asume persecución política es una mentira, calificándolo además como muy poca cosa para perseguirlo políticamente.
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