martes, 15 de diciembre de 2009

Estrategia desestabilizadora con antecedentes. Maniobras K para que Scioli renuncie

PRENSA DE FRENTE

El gobierno nacional reaccionó ante las palabras de Biolcati, que pidió el “descabezamiento” de la gestión bonaerense. Sin embargo, con precisión quirúrgica y menos torpeza, parece ser desde las entrañas del propio entorno de Néstor Kirchner desde donde se empezaría a impulsar un clima “destituyente” en la provincia que incluya el aliento a protestas violentas que jaqueen al vapuleado gobernador. Los roles de Aníbal Fernández y Sergio Berni, el “monje negro” del Ministerio de Desarrollo Social.

El dirigente de la Sociedad Rural, agregando torpeza a su ímpetu golpista, habló de “descabezar” al gobierno de la provincia de Buenos Aires, y ni lerdos ni perezosos, en el oficialismo se le fueron al humo, tal vez con la intención premeditada de tapar las propias maniobras que se vienen aprestando para hacerle pagar al sumiso e inepto de Scioli la parte enorme de la crisis que se circunscribe a su provincia.

¿Pero un ataque a la gestión de Scioli no sería una maniobra que se le volvería en contra al propio gobierno nacional? No si, en un hipotético escenario de desgobierno provincial, Scioli renunciara y quedara a cargo del ejecutivo Alberto Balestrini, su vice y hombre caracterizado por los Kirchner como más ducho en esto de manejar situaciones de conflictividad, una condición necesaria si se quiere llegar al 2011 con la provincia alineada en su campaña electoral.

En la semana que pasó, el ministro de Salud renunció salpicado por la mafia de los medicamentos, y en el Ministerio de Seguridad las cosas están más graves aún. Pero el problema de fondo en la provincia es económico. La gestión Scioli arrastra un déficit fiscal previsto para el 2010 de más de 5 mil millones de pesos, situación que el gobierno nacional viene cubriendo con refinanciamientos y ampliación de partidas presupuestarias, más en defensa propia que del propio gobernador. La caja es una de las principales herramientas de sujeción y condicionamiento al gobierno provincial, pero no es la única.

En las últimas semanas, la fuerte indignación social por la inoperancia policial en el caso Pomar sumó nuevas certezas a la idea extendida de que la policía además de corrupta es inepta, y que además el gobernador es el principal cómplice de esa ineptitud. En sintonía, habituales voceros del entorno más directo de Néstor Kirchner empezaron a deslizar caracterizaciones de una dureza inusitada. En forma pública Horacio Verbitsky, después de sugerir que al ministro bonaerense Stornelli le podría corresponder prisión por abandono de persona en el caso Pomar, caracterizó que Scioli ya es “un inquietante pasivo para el gobierno nacional”. Aníbal Fernández, por su parte, desplegó la faz discursiva del ataque en ciernes: "La situación en la provincia de Buenos Aires no es una responsabilidad nuestra”, habló en nombre del Ejecutivo Nacional del que es su más locuaz vocero, buscando atajarse de los seguros conflictos por venir.

Aún así, estas declaraciones quedarían en la anécdota si no fuera porque, además, operadores K se están encargando de alentar la conflictividad social en la provincia.

La gestión de “Cacho” Álvarez al frente del Ministerio de Desarrollo Humano bonaerense está siendo la encargada de avanzar con un drástico recorte presupuestario en el área social, que afecta desde a Cáritas y el Movimiento de los Chicos del Pueblo, hasta a los grupos territoriales más combativos. Durante estos meses, gran parte de las organizaciones barriales del conurbano concentraron su atención en la lucha por el ingreso de sus bases sociales al Programa de trabajo en Cooperativas que impulsa el Gobierno Nacional, protagonizando piquetes, bloqueos de puentes, marchas y acampes dirigidos al gobierno nacional o a los municipios más hostiles, priorizando esta búsqueda de trabajo mientras veían cómo la gestión de Cacho Álvarez recortaba mes a mes becas juveniles, subsidios comunitarios y abastecimiento alimentario para los comedores comunitarios. Transcurridos los meses, el gobierno nacional en algo cedió para calmar la demanda al ministerio que conduce la cuñada de la Presidenta, aunque el Programa Argentina Trabaja sigue siendo conflictivo en su implementación. Parte de la estrategia de descompresión social, entonces, desde el propio ministerio de Alicia Kirchner, está siendo patear la conflictividad al territorio bonaerense, logrando el doble objetivo de sacarse un problema de encima, y forzar a que todos los problemas posibles recaigan en el ya definitivamente desgastado gobernador bonaerense.

Para esta estrategia, el gobierno nacional cuenta con los servicios del Coronel Sergio Berni, Subsecretario de Abordaje Territorial, hombre de confianza de Néstor y Alicia K.

Mientras el periodista de Página/12, Martín Piqué, le preguntaba al propio Scioli si no había escuchado "rumores de saqueos" en el conurbano, Berni dedicó las últimas semanas a convencer a grupos barriales marginales del conurbano para que apunten sus protestas a la provincia de Buenos Aires, y para ello negoció algunas incorporaciones en el Plan de Cooperativas (que no dirige personalmente, pero sobre el que tiene más manejo que el propio Subsecretario de Asistencia Crítica a cargo del programa, el integrante del Movimiento Evita Ernesto “Indio” Paillalef). Diversos grupos poco conocidos o prácticamente inexistentes, de dudosa legitimidad barrial y más afines a la lógica punteril del PJ que a la identificación con los movimientos sociales, se sumaron a la ola del reclamo genuino por cooperativas de trabajo. Sergio Berni es especialista en el manejo de estos grupos, que se caracterizan por el interés económico de sus demandas, en relación inversa a la solidez ideológica o incluso ética de sus modales.

Esta estrategia de “soplar el fuego para el lado de la gobernación de Scioli” tiene antecedentes. Tiempo atrás, un grupo marginal y poco conocido apañado por el gobierno nacional, el MP-29, realizó una toma violenta del Ministerio de Desarrollo Humano bonaerense. El hecho sucedió hace exactamente dos años, en un conflictivo diciembre de 2007, cuando el gobierno nacional buscaba marcarle la cancha a un Daniel Scioli que todavía pretendía vuelo propio. Quien comandaba el grupo, Daniel Rodríguez, fue condenado a prisión; durante la investigación se allanó el domicilio de un asesor del gobierno nacional, y en la casa de Rodríguez y su madre, en Quilmes y Berazategui, se secuestraron fusiles Mauser; escopetas Itaka de 12,70 mm., y otras armas.

Para los movimientos de desocupados de larga trayectoria y serio trabajo de base, estas estrategias y maniobras internas del poder no hacen otra cosa que complicar su labor y embarrar la cancha de las luchas populares. Sin ir mas lejos, la objetiva situación de ajuste sobre las políticas sociales generará, hoy martes 15, justificadas protestas de las organizaciones que protagonizaron, hace un mes, el acampe de desocupados en la Capital Federal. La provocación policial, como sucedió en varias de las últimas protestas, es otra variable de las maniobras a que pueden apelar uno u otro bando del poder para enrarecer el clima de la lucha popular.

Refiriéndose a los hechos de violencia de aquel diciembre de 2007, Gustavo Muñizaga, referente del Movimiento 29 de Mayo de similar denominación al grupo de Rodríguez que protagonizó la toma violenta del Ministerio de la Provincia cuando el gobierno nacional le quiso dar señales claras al gobernador Scioli, al ser consultado sobre la acción, no dejó dudas y orientó el señalamiento en una clara dirección: "¡Pregúntenle al ex casco azul Sergio Berni si conoce al MP-29!", declaró.

Foto: Argentina - Daniel Scioli, gobernador de la Provincia de Buenos Aires. / Autor: Gobernación de la Provincia de Buenos Aires.

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