jueves, 10 de diciembre de 2009

La globalización y los derechos humanos

Alberto Moncada (especial para ARGENPRESS.info)

El reconocimiento, protección y defensa de los derechos humanos proclamados por la Declaración universal del 10 de diciembre de 1948 tenía hasta ahora un ámbito de vigencia básicamente nacional. Quiere esto decir que había Estados que los reconocían y protegían, otros que no lo hacían y bastantes que eran, y aún son, negligentes al respecto.

El derecho a la vida y a la libertad, la condena de la esclavitud y de la pena de muerte están bastante reconocidos por las legislaciones nacionales aunque algunos países conservan la pena capital. También los derechos a la igualdad jurídica de las personas con independencia de su sexo, raza y clase social. En los años sesenta el voto de la mujer o de los negros en países de mayoría blanca empezaron a ser reconocidos. Lo derechos humanos económicos son de más difícil reconocimiento y protección. El derecho a la salud, a la educación, a la vivienda están condicionados en los países más capitalistas por la ideología del mercado que exige a sus ciudadanos hacerse cargo de todo o parte de su coste. El ejemplo más obvio es el derecho a la salud en los Estados Unidos donde casi cincuenta millones de americanos no tienen derecho a atención sanitaria o lo tienen muy reducido porque el sistema es privado, está a cargo de compañías aseguradoras y depende de la naturaleza del contrato de trabajo de cada uno. Una de las primeras iniciativas del presidente Obama es modificar tal estado de cosas.

Pero la globalización está cambiando el escenario. Por lo pronto, dos Tribunales supranacionales hacen posible controlar la actuación de los Estados. El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo tiene competencia para resolver conflictos entre individuos y Estados europeos en relación a la violación de derechos humanos.

La Corte Internacional de Justicia persigue los delitos de genocidio y abusos de poder a escala internacional, aunque algunos países, como Estados Unidos, no aceptan su competencia cuando trata de encausar a sus militares.

El caso Pinochet puso de relieve otro procedimiento de justicia internacional y fue la declaración de la Audiencia Nacional española de declararse competente para perseguir la conducta criminal de los dictadores aún en su propio territorio. La situación actual restringe esa competencia a los casos en los que las víctimas hayan sido españolas como fue el asesinato del jesuita español Ellacuría y sus compañeros perpetrado por el Ejército salvadoreño con la connivencia del norteamericano. La justicia salvadoreña no castigó a los autores y para corregir esta injusticia funciona este procedimiento de justicia universal.

La globalización está permitiendo limitar la impunidad en las violaciones de los derechos humanos e incluso hacer más efectiva su protección. Uno de los terrenos más conflictivos es el derecho a la emigración contenido en la Declaración universal. La emigración ha sido generalmente respetada pero la crisis económica actual está produciendo que los Estados, incluyendo el español, limiten la entrada de extranjeros y la condicionen a que éstos tengan un contrato de trabajo. Ello produce el incremento de los refugiados, millones de personas que viven en circunstancias a veces inhumanas, escapados de la guerra, los abusos o la miseria de sus países.

La globalización está teniendo efectos psicológicos pues a medida que los medios de comunicación nos presentan los casos de pobreza, violencia e injusticia los espectadores nos sentimos más solidarios con personas que viven en el otro extremo del mundo. La globalización está favoreciendo así una conciencia más universal de la necesidad de que los derechos humanos sean efectivamente protegidos a escala global.

Pero la crisis económica se ha llevado por delante avances ya conseguidos. Hay países que vuelven a sentir hambre, millones de niños mueren de miseria y la prioridad asistencial ha dejado de serlo.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.