jueves, 12 de febrero de 2009

Chile: La Revista Punto Final pelea por el acceso de los medios independientes a la publicidad del Estado


Ernesto Carmona (especial para Argenpress.info)

La revista Punto Final (PF) libra una titánica batalla legal contra el Estado de Chile en favor del periodismo independiente. En febrero –mes que en Chile se conmemora el Día de la Prensa (13)–, la publicación sentó en el banquillo del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) a tres ministros de estado para que expliquen por qué los gastos de publicidad del gobierno en prensa escrita favorecen casi exclusivamente al duopolio que controla hasta el 95% de los diarios del país: la cadena El Mercurio, de Agustín Edwards Eastman, y Copesa-La Tercera, de Álvaro Saieh Bendeck.

El TLDC citó a declarar por oficio a los ministros de Hacienda, Andrés Velasco; Justicia, Carlos Maldonado; y Planificación, Paula Quintana, para que respondan a varias preguntas del abogado de PF, Alberto Espinoza Pino. La cuestión clave es por qué esos tres ministerios –al igual que el resto de la Administración Pública, las Fuerzas Armadas y Carabineros– contratan su publicidad preferentemente con los diarios de Edwards y Saieh.

Esta batalla por los derechos del periodismo independiente al avisaje estatal cobra bríos precisamente cuando recrudecen los despidos de periodistas en grandes medios de comunicación como los canales Televisión Nacional y La Red, y los diarios La Tercera y El Mercurio, entre otros. Los periodistas conmemoraron el Día de la Prensa con la consigna ¡No a los despidos!, en defensa de las fuentes de trabajo.

“Esta es la primera vez que una publicación demanda al Estado y lo acusa de discriminar a la prensa independiente en la distribución del avisaje fiscal, de vulnerar las normas de la libre competencia y de restringir las posibilidades de desarrollo del pluralismo informativo en la prensa nacional”, dijo Manuel Cabieses, director-fundador del quincenario desde su aparición en 1965.

Desde que el TDLC acogió la demanda –el 29 de julio de 2008– se han efectuado ocho audiencias públicas. Pero estos acontecimientos han sido ignorados en la cobertura de noticias de los grandes medios, excepto algunos periódicos electrónicos también independientes. Este juicio, sin precedentes en la democracia chilena, se desarrolla casi clandestino, aunque fue acogido unánimemente por todos los ministros del Tribunal: Eduardo Jara Miranda, presidente; Andrea Butelmann Peisajoff, Radoslav Depolo Razmilic, Tomás Menchaca Olivares y Julio Peña Torres.

“El acceso igualitario a los recursos fiscales provenientes de los avisos va a garantizar de manera real la libre competencia y con ello una información pluralista, como la garantizan la Constitución Política, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, todos ratificados por Chile”, afirmó la demanda de PF.

La publicidad privada en Chile está ideologizada. Los avisos de las grandes empresas sólo se publican en la gran prensa, pero los lectores de los medios independientes también son usuarios de los servicios públicos que se financian con dinero de los contribuyentes, quienes tienen derecho a informarse en medios distintos a El Mercurio y La Tercera. El artículo 19° Nº 12 de la Constitución garantiza a todas las personas la libertad de emitir opinión y de informar sin censura previa, en tanto el artículo 19 Nº 22 consagra el derecho a la no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica.

Asimismo, la Constitución establece la obligación del Estado de “contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible”, mientras el artículo 5° inciso 2 establece que el Estado debe “respetar y promover los derechos que emanan de la naturaleza humana” garantizados por la Constitución y los tratados internacionales ratificados por Chile.

Avances del juicio

La defensa de los intereses fiscales recae en Chile en el Consejo de Defensa del Estado (CDE), organismo actualmente presidido por Carlos Mackenney Urzúa, designado por la jefa del Estado. La importancia que otorga el CDE a la demanda de PF se mide por el equipo de abogados que designó para su defensa, encabezado por los juristas Gonzalo Velásquez y Ruth Israel, quienes tienen la tarea de impugnar las acusaciones de la revista.

En enero, declararon como “testigos” del CDE la abogada jefa de la división jurídica de la Dirección de Compras y Contratación Pública, María Trinidad Inostroza Castro, el abogado –de la misma repartición– Pablo Prüssing Fuchslocher y el abogado del Ministerio de Justicia Ciro Cornejo Lorca.

La demanda contra el Estado apunta a la Dirección de Compras y Contratación Pública, un servicio descentralizado del ministerio de Hacienda que dirige el funcionario Tomas Campero y que está sometido a la supervisión de la Presidencia de la República.

Como testigos de PF, en diciembre de 2008 declararon ante el Tribunal el presidente del Colegio de Periodistas de Chile, Abraham Santibáñez; los Premios Nacionales de Periodismo Faride Zerán y Juan Pablo Cárdenas; el diputado Marco Enríquez-Ominami y el periodista y académico Walter Krohne.

Duopolio El Mercurio/La Tercera

El control del El Mercurio y La Tercera sobre el mercado de diarios “lo podemos identificar como un duopolio que es en verdad un monopolio”, argumentó la demanda. “Ambas cadenas controlan entre un 85 y un 95 por ciento de la prensa escrita –diarios, periódicos, revistas, de circulación nacional, regional y comunal–, siendo ampliamente mayoritaria la de El Mercurio”, añadió. “Sin embargo, y a pesar de ser cadenas empresariales, en el hecho –y para los efectos de la libertad de expresión e información– constituyen un monopolio ideológico”.

Edwards posee dos diarios de circulación nacional que se editan en Santiago, El Mercurio y Las Últimas Noticias; más el vespertino La Segunda, que se publica en la capital pero circula en gran parte del país; y otros 20 diarios regionales: La Estrella de Arica, La Estrella de Iquique, El Mercurio Antofagasta, El Mercurio de Calama, La Estrella del Norte, La Prensa de Tocopilla, La Estrella de Loa, El Diario de Atacama, El Mercurio de Valparaíso, La Estrella de Valparaíso, El Lider de San Antonio, Crónica Chillán, El Sur de Concepción, Crónica de Concepción, El Renacer de Arauco, El Austral de Temuco, El Austral de Valdivia, El Austral de Osorno, El Llanquihue de Puerto Montt y La Estrella de Chiloé. Además, negocia La Prensa Austral y El Magallanes de Punta Arenas.

El Estado también le otorgó –y continúa asignándole– numerosas frecuencias radiales a El Mercurio. Su división Diarios Regionales opera Digital FM, red de música y noticias –locales y nacionales– presente en 38 ciudades a lo largo del país, con 11 jefaturas regionales de prensa en otras tantas urbes importantes. El concepto mercurial del “periodista multimedia” obliga al reportero de un diario regional a elaborar una misma noticia para el diario, la radio local y la edición nacional: tres trabajos por el mismo salario. La cadena tiene, además, Positiva FM, otra red de emisoras con presencia en 17 ciudades que anuncia la instalación de otras 11 frecuencias locales. Asimismo, El Mercurio opera portales juveniles como Mimix.cl y Team Miss Verano.

Saieh, quien se hizo millonario durante la dictadura, posee el Consorcio Periodístico de Chile, SA (Copesa), que controla los diarios de circulación nacional La Tercera, La Cuarta y el semanario Qué Pasa, además del matutino La Hora, de distribución gratuita en la capital. También comercializa los suplementos Mujer, Icarito, Deportes, Glamorama, Agenda Urbana, Club La Tercera, Mouse y Virus, a la vez que controla las radios FM Zero, Duna y Carolina. Entre otros negocios, posee también CorpBanca, con presencia en varios países, y la cadena de supermercados Almac, adquirida a D&S antes que ésta vendiera el resto de su red minorista –Líder y Ekono– a la estadounidense Wal Mart.

Las páginas del duopolio ideológico El Mercurio/Copesa cumplen el rol de caja de resonancia de la extrema derecha y suelen cuestionar ásperamente las moderadas políticas sociales de los gobiernos post dictadura, pese a que reciben una suerte de subsidio en publicidad del Estado. No funcionó la política comunicacional del gobierno que aspiraba a “seducir” a esos medios cómo si efectivamente fueran imparciales.

Ambas cadenas están comprometidas de manera fundamentalista con la ideología del neoliberalismo y no acogen visiones críticas, ni siquiera sobre la crisis mundial en desarrollo. Sus contenidos entregan a diario “propaganda informativa” en favor de las políticas neo-conservadoras, de los grandes grupos económicos y financieros, incluido el sistema privado de fondos de pensiones de cuyas pérdidas ascienden al 30%, por más de 30 mil millones de dólares.

La contienda legal de PF ocurre en un país que la propaganda de los grandes medios locales y mundiales convirtió en un ejemplo latinoamericano para la inversión extranjera y una suerte de “paraíso de la libre competencia”, que no existe para la prensa independiente, ni para las pequeñas y medianas empresas de cualquier naturaleza.

La noticia del juicio para hacer cumplir al Estado cumpla con los principios de “la libre competencia” no ha merecido la atención de los grandes medios, que a diario embriagan al público con la cultura consumista del neoliberalismo salvaje heredado de la dictadura militar de 17 años. La clase política que surgió de los escombros de la dictadura y ha conducido durante 19 años los cuatro gobiernos que sustituyeron al régimen castrense estimula con entusiasmo el fortalecimiento del modelo en crisis que sí ha beneficiado a los grandes grupos económicos y poder mediático. El Estado ha sido un facilitador de grandes negocios, como el salvataje de La Tercera-Copesa en quiebra, ocurrido bajo el gobierno de Patricio Aylwin, al comienzo de la “transición a la democracia”, cuando el Banco del Estado le saneó la deuda tóxica al diario.

El Estado prefiere a El Mercurio

Un estudio del Observatorio de Medios Fucatel, correspondiente a 2005 y citado por PF, reveló que El Mercurio se benefició con el 48% del gasto del Estado en publicidad en medios escritos, mientras Copesa absorbió el 29% de un total de 4.315 millones de pesos chilenos, equivalentes a 8 millones de dólares de la época, gastados por el gobierno central, municipalidades, servicios e instituciones del Estado, calculados al precio del valor agencia. Mientras el duopolio de Edwards y Saieh concentraba el 77% del total de esa inversión publicitaria, los diarios regionales, revistas y periódicos independientes percibieron apenas el 15%.

El gasto actual del Estado en publicidad en prensa escrita ascendería hoy a unos 9 millones de dólares, equivalentes al 25% de los 36 millones de dólares en que se estima el gasto publicitario total gubernamental. La televisión se lleva la mayor parte de los 27 millones de dólares restantes, en desmedro del medio radial. Los 9 millones que el Estado gasta en medios impresos representan el 1,3% del gasto público y privado en publicidad en Chile, estimado en 700 millones de dólares anuales, dato basado en informes de Megatime, que verifica la inversión publicitaria, y de otras empresas del rubro como Omnicom Media Group.

Según Fucatel, las carteras de Hacienda, Mideplán, Justicia y el Ministerio Público colocaron el 70% de su publicidad en El Mercurio, que recibió casi el 90% de los recursos publicitarios de Tesorería y cerca del 50% del avisaje de las corporaciones públicas de Fomento (Corfo) y Nacional Forestal (Conaf) y del estatal Fondo Nacional de Salud (Fonasa), cuyos afiliados pertenecen en su mayoría a estratos socioeconómicos medios y bajos, lejos del perfil de los lectores de El Mercurio.

Historia de un combate

La lucha de PF por la democratización del gasto estatal en publicidad comenzó en 2002, con una carta de Cabieses al presidente de la época –Ricardo Lagos–, pero tuvieron un hito importante el 13 de septiembre de 2006, cuando la revista recurrió al Fiscal Nacional Económico, Enrique Vergara Vial, contra el incumplimiento de los principios de la “libre competencia” por parte del Estado. El Fiscal Vergara se tomó más de un año para responder –el 26 de octubre de 2007– que a “la libre competencia” sólo la regula “la mano invisible del mercado”: “De hecho, en general, las entidades públicas contratan dicho avisaje en función de parámetros de mercado”, dijo.

“[…] No se han allegado antecedentes o indicios que permitan sostener la existencia de infracciones a la libre competencia por parte del Estado o sus organismos en la contratación de avisaje en medios escritos, ni tampoco que indiquen la existencia de conductas colusivas u otras anticompetitivas por parte de las empresas con mayores participaciones de mercado”, afirmó el Fiscal.

Cabieses dijo que el 12 de junio de 2002 le manifestó al presidente Lagos “que las motivaciones discriminatorias de la empresa privada –de naturaleza esencialmente ideológica– «no deberían ser válidas para la publicidad estatal» ya que «al gobierno que reconstruye la democracia debería interesarle fomentar el pluralismo informativo y la libertad de información y opinión, cuidando sostener los escasos medios independientes y críticos que en Chile intentan hacer efectiva la diversidad»”.

El 26 de julio de 2002, el entonces ministro Secretario General de Gobierno,
Heraldo Muñoz, recibió a representantes de los medios independientes y del Colegio de Periodistas para darles a conocer la voluntad presidencial de buscar una solución al problema. Señaló que –por instrucciones del presidente de la República– se había orientado a ministerios y servicios públicos a distribuir la publicidad con un sentido de mayor equidad en resguardo del pluralismo informativo.

Pero no pasó gran cosa, excepto dos avisos del Programa del Voluntariado de la Dirección de Obras Sanitarias que PF publicó en octubre y diciembre de ese año. Cabieses relató que “el ministro Heraldo Muñoz fue reemplazado por el señor Francisco Vidal, a quien escribí el 13 de marzo de 2003: «Han pasado casi ocho meses y la política que se nos anunció todavía no se materializa. Los medios independientes siguen siendo excluidos hasta de campañas publicitarias de vasto interés ciudadano sobre salud y educación que promueve el gobierno»”.

La distribución anómala de la publicidad estatal en nada cambió. Entretanto, la revista cultural Rocinante dijo adiós a sus lectores por falta de ingresos publicitarios, mientras la discriminación continúa afectando a radios, medios electrónicos, estaciones de televisión comunitaria y periódicos independientes.

El 27 de abril de 2006 Cabieses le escribió a la presidenta Michelle Bachelet: “La solución real es una ley que establezca la obligación del Estado de distribuir en forma equitativa su publicidad para garantizar el derecho ciudadano de información y opinión. Sin embargo, entretanto, se necesitan medidas administrativas que hagan posible mayor igualdad en el acceso a la publicidad del Estado y que impidan así la extinción de la prensa independiente de Chile”.

Tampoco pasó nada. Cabieses recordó en la demanda que el 14 de junio de 2006 el entonces ministro Secretario General de Gobierno Ricardo Lagos Weber –hijo del ex presidente–, “eludió pronunciarse sobre el fondo del asunto planteando y sostuvo que la contratación de publicidad se hace conforme el sistema de compra del Ministerio de Hacienda y que en los llamados a concursos y propuestas de clara identidad regional, provincial o comunal debía haber consideraciones especiales hacia los medios locales”.

Para PF, “se configura de manera muy clara, una infracción a la libre competencia, en la cual hay, sin duda, responsabilidades del Estado y también de las cadenas El Mercurio y Copesa en la distribución discriminatoria de la publicidad y avisaje estatal”. Añadió que esta situación “ha sido repetidamente denunciada por el Colegio de Periodistas, por medios independientes como Punto Final y por investigadores chilenos y extranjeros sobre la realidad de la prensa en Chile”.

Investigación del Congreso

La Cámara de Diputados también se interesó en la distribución asimétrica de la publicidad del Estado. El 17 de octubre de 2007 aprobó por unanimidad el informe de una Comisión Especial Investigadora del Avisaje del Estado, presidida por el diputado Marco Enríquez-Ominami. Su informe criticó la “discrecionalidad y concentración del gasto de la publicidad estatal” como fortalecedora del duopolio de los medios.

La Comisión, integrada por todos los sectores representados en el Parlamento y creada en junio de 2006, pidió una ley que regule la publicidad estatal y que el Estado asuma el deber de informar sobre las leyes que entran en vigencia, estableciendo mecanismos de apoyo a los medios locales o regionales.

"Así como el Estado debe asumir que la regulación de la publicidad oficial es una tarea esencial para asegurar la transparencia en la contratación de la difusión de las políticas públicas, también debe asumir que su falta de regulación favorece la concentración en la propiedad de los medios", concluyeron los 69 diputados que aprobaron el informe. Concluyeron que "la concentración del avisaje estatal en pocos medios de comunicación social y la excesiva arbitrariedad en su gasto es un obstáculo para hacer efectivas las garantías" constitucionales de pluralismo y diversidad social, cultural y política.

También descubrieron que el Estado no sabe con exactitud cuánto gasta en publicidad en todos sus organismos, ya que los municipios, por ejemplo, son autónomos en sus gastos de propaganda y la Cámara de Diputados no puede fiscalizarlos. Recordaron que el Banco del Estado concurrió a la Comisión pero se negó a entregar información alegando una supuesta protección legal. Aunque la Contraloría le aplicó multas al “banco de todos los chilenos”, los diputados registraron que las empresas públicas deciden a su arbitrio y sin mayor control los gastos y métodos que utilizan para su publicidad.

La Cámara concluyó que el gasto en publicidad del Estado "es marginal en relación a la empresa privada", situándolo en un 5 % de “la torta publicitaria” de 700 millones de dólares anuales, es decir, unos 35 millones de dólares. La televisión se lleva la mayor parte de esa torta, unos 27 millones de dólares.

Según información de la Dirección de Presupuesto, el ítem de Publicidad y Difusión de 2004 alcanzó a unos 21 millones de dólares (13.570 millones de pesos chilenos), 32 millones en 2005 (21.000 millones de pesos) y 15 millones de dólares hasta agosto de 2006 (10.000 millones de pesos). La comisión valoró que la publicidad estatal "puede ser significativa para los medios pequeños y regionales".

Los legisladores recomendaron una ley regulatoria de la publicidad oficial, que promueva transparencia y eficiencia en la contratación y selección de medios, recomendando un aumento de la inversión del Estado en avisaje en medios pequeños y regionales, para mejorar su calidad, y así favorecer el pluralismo y la libertad de expresión.

Los diputados subrayaron que los medios distintos a las cadenas El Mercurio y Copesa-La Tercera pueden verse afectados "por las condiciones de contratación vigentes en Chile y atendiendo a que los criterios que se utilizan para la selección de medios son los datos de circulación y precio, que actualmente no miden a dichos medios". Señalaron que el statu quo “atenta contra el pluralismo y favorece la concentración” de la propiedad de los medios.

Este informe de los diputados tuvo escasa o ninguna difusión1 en los grandes medios. Nunca más se oyó hablar del tema.

Un mecanismo poco claro

A raíz de una seguidilla de escándalos en los contratos del ministerio de Obras Públicas, el gobierno de Lagos creó en 2003 el portal de comercio electrónico ChileCompra.cl, para “transparentar” las licitaciones públicas, pero todavía “no existe claridad sobre la forma en que se distribuyen los recursos de inversión publicitaria de los servicios públicos”, alegó la demanda del director de PF.

“Si bien es cierto que existe el sistema Chile-Compra, en el cual PF y otros medios independientes se encuentran inscritos, la publicidad estatal se canaliza a los grandes medios por vías que no se corresponden con la igualdad de oportunidades y la libre competencia”, añadió. “Existe una verdadera política discriminatoria articulada desde el Estado que tiene una fuerte incidencia en el mercado de los medios de comunicación, favoreciendo ostensiblemente a unos en desmedro de otros, comprometiendo de esta forma la libre competencia. El mercado libre, en consecuencia es objeto de una intervención estatal, generándose entre servicios del Estado y los medios favorecidos por la política de avisajes verdaderas «trenzas» para controlar la publicidad estatal mediante tarifas y descuentos especiales, tratos y convenios directos con las empresas, porcentajes de comisiones que se reparten entre agentes de empresas publicitarias y funcionarios encargados de distribuir la publicidad fiscal, diversidad de obsequios y viajes para estos últimos, etc.”

También existe un marcado interés de ministros y autoridades por mantener las mejores relaciones con El Mercurio y La Tercera. “Es muy relevante en ese sentido la participación de ministros, parlamentario y dirigentes de partidos de gobierno en fundaciones creadas por El Mercurio, como Paz Ciudadana, y la presencia de los presidentes de la Republica y ministros de los gobiernos democráticos en las actividades sociales que organizan ambas empresas periodísticas”, argumentó la querella de PF.

Para adquirir "representación" y reivindicarse políticamente, después de haber solicitado directamente a Richard Nixon la intervención de EEUU contra Salvador Allende –sin excluir una invasión–, el ex vicepresidente mundial de la Pepsi Cola Agustín Edwards creó en 1992 la Fundación Paz Ciudadana, cuya misión es "contribuir a la disminución de la delincuencia a través de la colaboración técnica en la formulación de políticas", etc.2

La entidad terminó siendo designada por Lagos “asesora” gubernamental en diseño de políticas antidelincuencia. Hoy se jacta de su influencia en esa área, aunque nunca ha encargado un estudio que relacione delincuencia con exclusión social. El comerciante Edwards se las arregló para participar en las decisiones del gobierno de Chile sin que nadie lo eligiera.

En la cúpula de Paz Ciudadana figuran conspicuos miembros del gobierno y de los partidos que lo sustentan. Sergio Bitar, actual ministro de Obras Públicas, ex ministro de Educación y ex presidente del Partido por la Democracia (PPD) funge como vicepresidente y secretario. Uno de sus 6 directores es el ministro del Interior de Michelle Bachelet, Edmundo Pérez Yoma, responsable de las políticas gubernamentales anti-delincuencia y vicepresidente en ausencia de la jefa del Estado.

En la jefatura de este exclusivo club de Edwards se encuentra también Soledad Alvear Valenzuela, ex canciller, ex ministra de Justicia, ex aspirante presidencial y ex presidenta del partido Demócrata Cristiano. También José Joaquín Brünner Ried, ex ministro de Educación y ex ministro Secretario General de Gobierno, considerado un experto en educación pública, pero... con fines de lucro.

Los directores restantes son Paola Luksic Fontbona, de la familia más rica de Chile por su control del cobre y otros negocios; Alfredo Moreno Charmé, formado en la escuela de Economía de la Universidad de Chicago y ligado a los grupos económicos Del Río (Falabella-Sodimac) y Penta (Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano); y Jaime Orpis Bouchón, senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI), principal herencia política del pinochetismo

La demanda de PF ante el TDLC menciona una “trama de relaciones políticamente incestuosas” que “estaría infringiendo la igualdad de trato que el Estado debe mantener en sus compras conforme a la ley 19.886 (de base sobre contratos administrativos, de consumo y prestación de servicios)”. Esa ley, además, “no autoriza discriminación a favor de un agente determinado, a menos que se trate de un caso excepcional y debidamente fundado” y las excepciones no incluyen al avisaje ni los servicios de publicidad. La ley tampoco autoriza que tales servicios sean eximidos de concursabilidad.

La cuestión de fondo es la existencia de “una política estatal interventora de la libre competencia y no una cuestión circunstancial, señaló la acusación de PF. La demanda cita el libro Las dos caras de la libertad de expresión, del académico y periodista Walter Krohne, publicado por la Universidad Academia de Humanismo Cristiano en 2005. Existe también otro estudio de 2008, El precio del silencio3, que describe cómo se arreglan en Chile los contratos de publicidad del Estado “licitados” a través del portal ChileCompras.cl, rebautizado como MercadoPúblico.cl.

Si la batalla judicial nos prospera, una vez agotadas todas las instancias judiciales en Chile, sólo queda la posibilidad de reclamar justicia en la Corte Interamericana. Mientras avanza la regulación e intervención del Estado en el gran capitalismo mundial –EEUU, Inglaterra, Alemania, Francia, etc.–, una norma que regule la publicidad privada y meta mano en la concentración de la propiedad mediática aún suena a ciencia ficción en este país embriagado de ideología neoliberal.

Foto: Chile - Manuel Cabieses y Francisca Cabieses, director y subdirectora de Punto Final. / Autor: Ernesto Carmona


Notas:
1) Ver informe en http://www.camara.cl/pdf.aspx?prmid=28177&prmTipo=NOTICIAS&prmdoc=101
2) Ver http://www.pazciudadana.cl/fpc-mision.php).
3) El precio del silencio: abuso de publicidad oficial y otras formas de censura indirecta en América Latina, Asociación por los Derechos Civiles de Córboba, Argentina, 2008


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Colombia: El verdugo exige luz verde para silenciar a Hollman Morris


Dick Emanuelsson (especial para ARGENPRESS.info)

Uribe quiere que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) regule "las medidas cautelares del periodista Hollman Morris, para ajustarlas al deber de protección consagrado por la Corte Constitucional", según un comunicado emitido por la presidencia ayer, miércoles.

Esto no es nada más que una exigencia para que el verdugo tenga acceso libre para silenciar al valiente reportero Hollman Morris. El colega es corresponsal de Radio Francia Internacional, hace trabajos para Telesur, sobre todo a través su programa "CONTRAVÍA" pero tam
bién es conocido en Inglaterra por los reportajes que el ha hecho para la prestigiosa cadena de noticias BBC.

Según lo que informa el diario gubernamental El Tiempo, que cita el comunicado del presidente, Morris "ha roto sus compromisos" (1) por haber realizado lo que tiene que hacer, periodismo.

La obsesión de Uribe de no permitir a cualquier costo lo más mínimo de protagonismo político de la guerrilla, lleva a Uribe a tal extremo que comienza a arremeter contra todos y todas aquellos que hacen su trabajo, como en el caso de los periodistas nacionales e internacionales en Colombia. Uribe no tiene problema con 95 por ciento de los periodistas locales serviles y se cuida
de atacar a los corresponsales internacionales. Pero hay algunos que le irrita a tal grado que los acusa descontroladamente de hacer las tareas de la guerrilla de las FARC-EP.

Morris conoce el "Ojo del Huracán", Plan Patriota

Según el gobierno, Morris, "a pesar de alegar riesgo extraordinario para su vida, se sometió a riesgo extremo, sin informar al Estado", cuando el periodista colombiano cubrió la entrega
de cuatro prisioneros de guerra el 1 de febrero. Uribe y el ministro de defensa acusaron a Morris por haber recibido en mano las coordenadas de las FARC del lugar en donde la insurgencia iba a entregar sus prisioneros. La verdad, como el mismo Morris relató a una emisora local, es que Morris y su equipo se habían ingresado a la zona donde él sospechaba que los guerrilleros iban a entregar los cuatro uniformados.

Es la misma zona en donde fuimos unos 15 personas, periodistas, políticos y activistas de derechos humanos, en diciembre del 2004 (2). Partimos de Florencia y llegamos a Cartage
na de Chaírá, en el departamento de Caquetá. Como pudimos constatar, la región esta llena de guerrilla y a pesar los 20.000 unidades de la contraguerrilla, la Armada y las armadas de helicópteros de Black&Hawk y aviones de guerra, pues ahí esta la guerrilla que controla toda esa extensa región con excepción de algunos puntos como Peña Blanca, Remolino de Caguán y uno que otro retén por el río. Los 15, entre ellos estaba también Morris y su equipo más un corresponsal de El Tiempo, pudimos constatar, que el comandante del puesto del abandonado Peña Blanca, el capitán Carlos Álvarez, nos comentaba que cada noche la guerrilla les disparaban al puesto del otro lado del río. Pudimos constatar que no existía un solo habitante en el pueblo que, durante el control de la guerrilla de las FARC-EP, tenia más o menos 1500 habitantes. Esta zona es el "Ojo del Huracán" o mejor dicho; el centro del Plan Patriota, la operación militar más grande del conflicto social y armado de Colombia, dirigido y dibujado por los mejores asesores militares estadounidenses.

Dos retenes del ejército y dos de las FARC-EP

¿Qué pasó durante los cinco horas del trayecto al municipio de Remolino de Caguán (no equivocarse con San Vicente de Caguán, en donde fueron las negociaciones de paz 1999-2002), en donde se realizó una cumbre de 1500 campesinos que denunciaron a las FF.MM. por violar los derechos humanos flagrantemente en esta región?

Pues durante el viaje por el Río Caguán, pasamos por cuatro retenes fluviales en donde el ejército nos paraba dos veces y la guerrilla dos veces. Antes de llegar a Remolino de Caguán, nos "invitó" al corregimiento el comandante Mozquera, que el 1 de febrero de 2009 también estuvo presente en la entrega de los cuatro prisioneros de guerra a Piedad Córdoba. Nos explicó sobre la situación de la guerra, que esta guerra es una guerra principalmente contra la insurgencia y al campesinado.

Oficial violó derecho sagrado de periodismo


En el regreso pasamos por los mismos retenes y cuando llegamos al último, el mayor Espítia, el jefe del retén al frente del muelle de Cartagena de Chairá, exige a la practicante de periodismo de la Universidad de la Cooperativa en Bogotá, Diana Rojas de 18 años, que entregue toda su filmación de video durante dos días en Remolino de Caguán que contenía innumerables denuncias de los campesinos contra los militares. Protestamos y le dijimos, el corresponsal Álvaro Angarita del semanario Voz y yo, que "Usted está violando el derecho sagrado del periodismo, cuyos convenios internacionales el gobierno colombiano ha ratificado y que significa que no se pue
de revocar las fuentes periodísticas".

"Estamos en guerra", se defendía Juan Carlos Castillo, cabo segundo, justificando su actuación de la revisión de todo el material periodístico. Angarita subrayó que estaban cometiendo un grave error, violando el Artículo 57 de la misma constitución colombiana, artículo que también Morris ponía ante los militares el 1 de febrero cuando fue retenido durante siete horas por el ejército. Ante la presencia de un corresponsal internacional, el mayor no tenia otro remedio de soltar la joven periodista que llorando y asustado dejó el reten del ejercito.


"¿Y donde está Hollman Morris y sus dos acompañantes?"

Llegamos a Cartagena de Chairá y fuimos recibidos otra vez por los militares que no querían que regresáramos ese día a Florencia, capital de Caquetá. Comenzaron a chequear otra vez las
cédulas y de repente nos preguntó un capitán de la Policía, casi gritando: "¿Y donde está Hollman Morris y sus dos acompañantes?" Más tarde escribí en mi reportaje: "Nos tienen chequeados hasta el último colega".

Pero a mi me tocó otro abuso, porque llegando al municipio de Paujil ese día y un retén de la contraguerrilla nos ordenó de bajar con todo el equipaje y con la cédula en la mano. "Usted, ¿cómo se llama?", me preguntó un tipo grandote. Le mostré la cédula y me dice: "Venga conmigo, la Brigada nos ha comunicado". "¿Sobre qué?", le pregunté. "No sé, que se va a presentar no más en el Comando acá", y da la conversación por clausurada.

Un minuto más tarde apareció un oficial que me saludó y sólo preguntaba si era periodista. Fue una "mini detención" pero nada, sólo quería "verme" y que la Brigada les había comunicado. Pero no dijeron por qué. Así funciona la "protección del estado" a los periodistas.

"Permisivos cómplices del terrorismo"

¿Qué quiero decir con este relato?

Que Hollman Morris no necesita protegerse por la guerrilla, sino del otro lado. Las mismas declaraciones del mandatario confirma eso.

Uribe dijo el 3 de febrero que Botero y Morris "se escudan en su condición de periodistas para ser permisivos cómplices del terrorismo". Ataca cínicamente Morris hoy, 11 de febrero, que "a pesar de alegar riesgo extraordinario para su vida, se sometió a riesgo extremo, sin informar al Estado".


¿Informar a ellos que buscan a matarlo y cuyo máximo jefe, el presidente de la republica, lo tilda "guerrillero" sin pensar en las consecuencias físicas para el reportero que ha hecho reportajes durante los últimos 15 años como nadie en Colombia, visitando en cada rincón de los 1,25 millones de kilómetros cuadrados, transmitiendo la realidad de un Terrorismo de Estado qu
e ha declarado la guerra a su propio pueblo?

¿"TELEFARC"?


Hollman Morris no es un bobo, sabe muy bien quien quiere silenciar ese tipo de reportajes que casi semanalmente salen a la luz pública a través el canal de televisión Telesur, ahora rebautizado por Uribe a "TELEFARC". Ni siquiera las agencias continentales se escapan de ser estigmatizadas por el Jefe de 'la Casa de Nari' en Bogotá.

El señor Uribe no solamente ataca a Hollman Morris sino también a Jorge Enrique Botero por haber desenmascarado a los planes siniestros de Uribe&Santos de provocar a la guerrilla de abortar la entrega de los cuatro prisioneros de guerra y así da la culpa a la guerrilla por el fracaso de la operación encabezada por Piedad Córdoba. Esa es la conclusión que 99 por ciento de los periodistas serios hacemos hoy. Si no fuera por Botero&Morris y la insistencia de Córdoba para convencer a los comandantes de las FARC-EP de no dejarse a provocar, estoy seguro que los cuatro uniformados y Alan Jara y Sigfredo López habían pasado varios años más en la selva.


Lo imperdonable de Morris es que no haber avisado a Uribe en un papel autenticado al DAS, la policía política secreta que esta bajo el mando directo de Uribe, con el texto:

"AHORA ME VOY PARA LA SELVA PARA FILMAR LA ENTREGA DE LAS FARC-EP. ME QUEDARÉ EN LAS CERCANÍAS DE CARTAGENA DE CHAIRÁ EN DONDE VOY A AVISAR MI LLEGADA AL COMANDANTE DEL BATALLÓN 22 de la CONTRAGUERRILLA Y EL JEFE LOCAL DEL DAS. TENGO UNA SEMANA PARA ENCONTRAR LA GUERRILLA EN LAS TROCHAS QUE ESPERO ME PERMITE FILMAR LA ENTREGA. Cordialmente Hollman Morris".

Habla el otro Santos, presidente del SIP

Como este espectáculo en el más alto nivel fuera poco, el director de El Tiempo hasta pocos meses, Enrique Santos Calderón, hermano y primo a Francisco y Juan Manuel Santos, vicepresidente y mindefensa respectivamente, no tenia otro remedio sino criticar suavemente a Uribe por las declaraciones que las catalogan como "desmedidas". Santos Calderón ahora dirige la siniestra SIP, Sociedad Interamericana de Prensa, es decir, los dueños y los magnates de los grandes medios del continente americano, conocidos por su anticomunismo, su odio de clase hacia Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua y, por supuesto, ser unos explotadores a los propios periodistas.

Santos Calderón ahora es el presidente del SIP y un comunicado (3) emitido hoy, dice en su propio diario, El Tiempo, que "las fallas profesionales en que haya incurrido Morris en ningún caso justifican los desmedidos calificativos del Gobierno" y que mas allá de la conducta periodística de Morris se ha incentivado "un necesario debate entre los profesionales y la sociedad sobre el papel del periodismo en temas y contextos sensibles".

¡Así habla un perro ante el Patrón! Que Morris haya fallado en su profesión es un aval y respaldo a la acusación de Uribes&Santos contra Morris. Él estaba en el lugar exacto para la chiva. Eso no le importa a Uribe&Santos tanto sino fuera por el hecho de que Morris y Botero salvaron la operación de la entrega de los cuatro prisioneros de guerra y que Morris y Botero, ante un mundo entero que seguía minuto por minuto la operación, DESNUDABA AL RÉGIMEN DE URIBE POR SER UN RÉGIMEN DE GUERRA QUE NO QUERÍA EL ÉXITO DE LA OPERACIÓN.

¿Quiere el señor Santos Calderón "un necesario debate entre los profesionales y la sociedad sobre el papel del periodismo en temas y contextos sensibles"? pues, podría comenzar con la Revista Semana (cuyo dueño en parte es la familia Santos) y su total falta de ética y guerra contra gente civiles que son victimas por las sindicaciones peligrosísimas que hace esa revista.

SEMANA: Socialistas noruegos son guerrilleros

En su primer numero del año el 4 de enero, la revista repitió sus acusaciones del año pasado contra la Juventud Socialista de Noruega (SU), la organización juvenil del Partido Socialista que es parte del gobierno noruego. En su texto, "El mundo de las Farc" (4) dice que "SEMANA indagó qué ha pasado con él (el supuesto computador de Raúl Reyes) y halló nuevas revelaciones y sus sorprendentes efectos en cerca de 30 países a los que llegaron los tentáculos de la guerrilla."

Y bajo el subtitulo "NORUEGA" acusa:

«Varios correos demostraron los lazos entre las FARC y una organización conocida como Juventud Socialista Noruega (SU, por su sigla noruega). Varios de sus integrantes viajaron a Colombia a recibir adiestramiento político y militar en los campamentos de la guerrilla."

Es la segunda vez que la Revista Semana acusa a la SU de tener nexos con las FARC y cada vez han reclamado ellos el derecho a réplica pero ni siquiera han recibido respuesta de Semana.

Los jóvenes socialistas noruegos tienen un convenio con la JUCO (Juventud Comunista Colombiano) desde diez años y hay permanentemente varias personas del país nórdico en Colombia para estudios, entre las autoridades que han sido entrevistados se encuentra la misma vicepresidencia.

¿Qué significa eso?

Significa que la Revista Semana coloca una lápida en el frente de esos muchachos, da luz verde para que los maten ya que son tildados de "terroristas" por Semana.

¿Cuáles dos fuentes o derecho a réplica?

Entrevisté uno de los tres que han llegado a Bogotá para rechazar personalmente las acusaciones de Semana. Después de la entrevista llamé siete veces a Semana, presenté mi solicitud a varias personas de la redacción de Semana, entre ellas Mauricio Sáenz, editor del Mundo, responsable por la publicación del texto. Y solo decía:

"Bueno mire, el articulo fue escrito por uno de los periodistas (José Monsalve, nota del redactor), ¿si quiere puede llamarlo a él?

–No, yo quiero hablar contigo como responsable de la revista, por que corren peligro si ustedes publican semejante denuncia contra ellos, que ellos prácticamente son "terroristas" que reciben entrenamiento en los campamentos de la guerrilla. Hace un año enviaron ellos un correo electrónico a Semana, de donde saca ustedes. . .

"Como Usted sabe perfectamente, nosotros hacemos reserva de nuestras fuentes. Y si Usted quiere, nos puede mandar de nuevo una carta y con mucho gusto la contestamos."

–¿Pero cual es tu comentario de esto porque siempre dice lo mismo; envía una carta que nunca contestan?

"Es la respuesta que te puedo dar."

–¿Y la carta hace un año?

"Es la respuesta que te puedo dar, señor Emanuelsson, no le puedo dar más."

–¿Porque no les da el derecho a réplica?

"Le ruego que me da por escrito y aquí le contestaremos".

–Ellos están en Bogotá y preguntan si pueden tener una entrevista con Usted allá en la redacción de Semana. Yo le puedo pasar ese enlace si quiere.

"Mándeme una carta por favor y. . . .por escrito."

La fuente de Semana: La inteligencia militar

Y así funciona la ética de la Revista Semana&Santos. Acusan en base de un computador que ha sido cuestionado, no solamente por un mundo entero, sino por la misma Interpol que encontró 38.000 modificaciones en los discos duros entre el 1-3 de marzo del 2008, tres días cuando los supuestos laptops estaban en el poder de la fuente de la Revista Semana, la inteligencia militar.

Para Mauricio Saenz y los dueños de Semana no les importan nada si unos jóvenes extranjeros sean asesinados. No les importa hacer lo que todos los periodistas TIENEN QUE HACER, es decir, dar el derecho a la persona sindicada o acusada para que pueda dar su versión sobre el tema y la acusación, como en el caso de los noruegos. De no hacerlo, puede destruir la vida o ser asesinada, lo que es orden del día en Colombia.

No creo que los periodistas de Semana sean perezosos o cómodos, que no sean capaces de hacer una llamada o dirigirse a la persona a quien están poniendo una etiqueta de "terrorista". También sé que así no tratan a su presidente, no se atreven ignorar a los uribistas y ni hablar de los generales. Pero la revista así trata a personas inocentes y desarmadas hasta que sean comprobadas su culpabilidad.

La cobardía de la Semana

Lo que muestra y representa la Revista Semana es una cobardía y prostitución extraordinaria, porque si no son capaces de defender su publicación y dar un comentario por qué no enfrenta y confronta a la persona o la organización acusada, o porque tiene miedo de sentarse con tres jóvenes que han viajado del otro lado del planeta para limpiar su honra manchada por Semana, pues no podemos ver la Revista Semana como más que un simple medio del Terrorismo Mediático, un medio al servicio a la inteligencia militar y la guerra del régimen de Uribe.

Por supuesto, ningún reportero de Semana estaba en el lugar por los hechos el 1 de febrero junto a Hollman y Botero.

Foto 1: Colombia - FARC: María Teresa Cabrera, delegada de la gobernación de Caquetá y Marbel Vron, representatante de la ONG Cormujer, conversa con una guerrillera del Frente 14 en la vereda Kamelias. / Autor: Dick Emanuelsson
Foto 2: Colombia - FARC: Nicole Karsin, periodista radial de Estados Unidos conversa con Elder Mosquera, comandante del 14 Frente de las FARC en la región del Caguán, Caquetá. / Autor: Dick Emanuelsson
Foto 3: Colombia - Militares: Un soldado observando a los asistentes en el "Primer foro por los derechos humanos por una vida digna, el derecho al trabajo y una paz con justicia social" en Remolinos del Caguán. / Autor: Dick Emanuelsson
Foto 4: Colombia - Militares:El sargento Arroyave en acción, filmando los habitantes en el "Primer foro por los derechos humanos por una vida digna, el derecho al trabajo y una paz con justicia social"en Remolinos del Caguán. / Autor: Dick Emanuelsson
Foto 5: Colombia - Peñas Coloradas: El capitán Carlos Alvares trata de convencer que las FFMM son respetuosas a los DD.HH. en la vereda de Peñas Coloradas, ueblo fantasma por el Plan Patriota, el operativo más grande de los últimos 40 años. El pueblo fue bombardeado por la aviación. / Autor: Dick Emanuelsson

Notas:
1) Gobierno pide revisar protección a periodista que asistió a liberación de secuestrados de las Farc. El Tiempo, 2009-02-11.
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/gobierno-pide-revisar-proteccion-a-periodista-que-asistio-a-liberacion-de-secuestrados-de-las-farc_4808594-1
2) Un viaje al ojo del huracán del Plan Patriota. Dick Emanuelsson.
http://www.prensarural.org/emanuelsson20041221.htm
3) SIP critica acusaciones del Gobierno contra periodistas que participaron en liberación de rehenes. El Tiempo, 2009-02-11.
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/sip-critica-acusaciones-del-gobierno-contra-periodistas-que-participaron-en-liberacion-de-rehenes_4808710-1
4) El mundo de las Farc. Revista Semana, 4 de enero 2009.
http://www.semana.com/noticias-nacion/mundo-farc/119209.aspx


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Tartagal: Crónica de una tragedia anunciada

SERPAL

"Dicen que llueve mucho en las zonas altas". La frase encerraba la desconfianza de quienes ya padecieron las consecuencias de otras inundaciones. Pasaron las horas y pronto los recelos se transformaron en pánico. La creciente del río provocó desbordes, pero el agua llegó con troncos y diversos elementos arrastrados por la fuerza de la corriente. Y barro, mucho barro que convirtió calles e interiores de las viviendas en un lodazal. Al menos en las primeras horas, faltó de todo.

Desde una mínima coordinación de los servicios de apoyo, hasta las prestaciones urgentes que demandaba la tragedia. Como suele ocurrir en estos casos, la propia población fue la que hizo las primeras redes de auxilio. Así familiares y amigos recibieron a evacuados, en algunos casos familias enteras que lo habían perdido todo. No solo sus humildes viviendas, sino todo lo que había en ellas: enseres, ropa, muebles, realmente todo. Las primeras visitas de funcionarios estuvieron centradas en "gambetear" posibles responsabilidades. El ministro del Interior, Florencio Randazzo declaró que la tragedia del lunes "no podría haberse evitado". Eso lo convirtió en blanco no solo de los pobladores afectados, sino de representantes de la comunidad científica y de ambientalistas. El meteorólogo de las Naciones Unidas Osvaldo Canziani retrucó: "lo que pasa en Salta es producto de la deforestación". Y agregó: "es evidente que las ambiciones y ciertos intereses favorecieron este drama, que sin duda podría haberse evitado". Eduardo Piacentini, del Departamento de Cambio Global del Servicio Meteorológico Nacional, explicó que la tala de bosques indiscriminada y sin reforestación hace que el ambiente se modifique. El especialista añadió que la cantidad de agua caída en Salta "no es suficiente" para que se produzca una tragedia de estas características. Gabriel Seguezzo, director de la Fundación para el Desarrollo en Justicia y Paz, en medio de las tareas de rescate en Tartagal afirmó que existieron desmontes en la parte alta de la cuenca del río y que tienen relación con la magnitud que adquirió el desastre. Y el propio gobernador Manuel Urtubey, tras sobrevolar las zonas afectadas admitió que no podía descartarse que el desmonte fuera la principal causa de la tragedia.

Un alud devastador

El aluvión de agua, troncos y barro cruzó la ciudad que quedó sin luz e incomunicada. Dejó un saldo provisional de dos muertos y varios desaparecidos. Un espacio de unos 600 metros en cada una de las márgenes del río Tartagal quedó inundado, afectando entre otros a dos barrios humildes: Villa Saavedra y Santa María. Quedó cortada la ruta 34 que une la ciudad de Salta con Tartagal. Los vecinos afirman que los troncos bajaron de las zonas altas arrastrados por las correntadas y destrozaron casas, puentes y todo lo que encontraron en su camino. Un puente de hierro del ferrocarril de casi cien metros, fué arrancado y en parte arrastrado por las aguas.

Tras la tragedia, los pobladores recorrían los lugares de lo que antes habían sido sus viviendas, tratando de rescatar del barro alguna cosa que pudiera ser útil. Una tarea ingrata, dolorosa e interminable. Por todas partes se observaban trozos de muebles, ropas, electrodomésticos, siempre entremezclados en el lodo con las ramas y troncos. En algunos puntos de esos barrios, la gente se organizaba llevando a los lugares altos y menos embarrados lo que iban recogiendo, con la esperanza de que pudieran ser cosas recuperables una vez lavadas. Con el correr de las horas Defensa Civil, empleados municipales, bomberos y fuerzas de seguridad fueron aportando su tarea, mientras cientos de pobladores eran evacuados a complejos deportivos, hospitales o centros comunitarios. Se anunciaba que el corte de luz era preventivo, porque habían caído postes de alumbrado eléctrico y estaban en contacto con las aguas.

Denuncia Greenpeace

Greenpeace denunció que la zona cercana a Tartagal es una de las más afectadas por los desmontes para la ampliación de la frontera agrícola. Además, padecen los impactos de la explotación maderera sin control, que abre caminos en sus cerros en los que múltiples aserraderos ilegales irrumpen para robar madera y deteriorar sin pausa la estructura del bosque.

“La gran cantidad de desmontes para producir soja que se realizó en los últimos años en la provincia de Salta en la zona cercana a Tartagal es una de las principales causas de estas inundaciones. Las altas precipitaciones, sumado a la pérdida de cobertura vegetal, incluso casi a la vera de los ríos, generaron un verdadero cóctel destructivo”, señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace. "Lamentablemente, a pesar de las advertencias de 2006 (cuando tuvo lugar el mismo fenómeno), no hubo respuestas, y en el 2007 hubo un incremento en las autorizaciones de tala otorgadas por el entonces gobernador Romero, quien permitió que más de 400 mil hectáreas fueran desmontadas”.

Sin la vegetación propia del lugar, la estructura de las laderas se vuelve cada vez más inestable. Sin retención suficiente, se acelera el escurrimiento superficial. Con poca retención y excesivo escurrimiento, las crecidas no se regulan. Con grandes crecidas, no hay puente ni camino que resista. El ecosistema es dinámico y se repone, pero ante la explotación descontrolada muchas veces no tiene capacidad de cicatrización para mitigar el impacto de copiosas lluvias en tan escaso tiempo.

Visita presidencial

Al momento de cerrar esta crónica, la presidenta Cristina Fernández llegaba a Tartagal, a poco de su regreso al país tras la visita que realizó en España. Sus primeras expresiones no coincidieron con las que había formulado su ministro del interior. Dijo que "las catástrofes naturales muchas veces no se deben sólo a las fuerzas de la naturaleza, sino a la intervención del hombre, que termina provocando situaciones que culminan en catástrofes." Primero había sobrevolado la zona en un helicóptero, y más tarde inició un recorrido en un vehículo y también a pie. A la custodia presidencial le resultó difícil contener a los vecinos que pretendían acercarse a la presidenta para demandar ayuda que les permitiera reconstruir sus viviendas. Los últimos informes indicaban que la cifra de evacuados podría llegar al millar, y que un tercio de los 60.000 habitantes de Tartagal, habían resultado afectados por el aluvión.

El paso de los días permitirá medir con más precisión los alcances de la tragedia, pero las imágenes "amarronadas" de la destrucción material y la desolación de muchos vecinos, indican que será difícil reponer lo perdido. El suceso promueve el sentimiento de solidaridad que ya se manifiesta en diversas ayudas de movimientos sociales, de entidades y también de particulares. Pero también invita a la reflexión sobre las causas de la tragedia y de la necesidad de atender las denuncias y las movilizaciones que en diferentes regiones del interior, insisten en poner fin a la irresponsabilidad que suele acompañar a muchas actividades industriales, extractivas o incluso agropecuarias.

SERPAL: Servicio de Prensa Alternativa.


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Argentina: Tartagal, desastre y algo más

VECINOS AUTOCONVOCADOS

Lo que los medios no dicen.

1.- En el año 2007 la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo sustentable de Salta, con el aval del entonces gobernador Juan Carlos Romero, autorizó el desmonte de 400.000 hectáreas de bosques nativos, ante la inminente sanción de la Ley de Bosques.

2.- El 6/7/2007 el gobierno de Salta autorizó el desmonte de 1.670 has. declaradas reserva de biosfera de Las Yungas por la Unesco, a la firma "Los Dos Ríos S.A." en fincas Abra Grande y Abra Chica, cerca de Orán.

3.- El Intendente de Tartagal, Sergio Leavy, declara que los troncos que hicieron el embudo al río tenían una altura de 10 mts. y dice "no saber de donde salieron".

4.- El gobernador de Salta, Dr. Urtubey, atribuye el desastre a una causa natural, sin mencionar que las obras en el Río Tartagal iniciadas en el año 2006 no fueron terminadas.

5.- El alud no fue solo de barro sino de troncos secos bajados de los cerros que todos los ciudadanos observaron no habían sido arrancados por la fuerza de las lluvias sino cortados en la deforestación y apilados en la espera de que los aserraderos del lugar ( siendo uno de los mayores propiedad del intendente Leavy ) los retiraran para su usufructo. Probablemente "bajaban" también del desmonte del tamaño de la ciudad de Buenos Aires que está realizando la finca "Las Maravillas" en el departamento de San Martín.

6.- Dos muertos, 12 desaparecidos, 2.000 viviendas arrasadas, 1.000 evacuados, autos "tragados" por el río, cortes de luz, de agua, de teléfono.

7.- La ministra de desarrollo, Alicia Kirchner, el ministro Randazzo, el gobernador Urtubey se encuentran hoy en la zona, pero no estuvieron ayer, ni en el 2006 sus antecesores, como tampoco estarán cuando los troncos vuelvan a los aserraderos y la greda se limpie de las calles y casas de una ciudad en un 40% inundada por la indiferencia, el comercio vil de la naturaleza, la ineptitud, la falta de protección del medio ambiente y el absoluto cinismo de quienes gobiernan ante las cámaras de Televisión, mientras destruyen solapadamente nuestra riqueza biológica.

8.- Mientras tanto, esperamos que la Sra. Presidenta Cristina Fernández de Kirchner se decida a impulsar la reglamentación de la Ley de Bosques Nº 26331 del 28-11-2007, que duerme el sueño de los justos a la espera de la destrucción total de nuestros recursos naturales.

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Tartagal: Razones con fundamento / La cárcava

ACTIVIDAD SIGLO XXI

La cárcava es una estructura en el suelo que se forma, antes que nada, por la ausencia de cobertura - pastos, árboles - que protejan al mismo del golpe de las gotas de lluvia. Destruido y lavados así los primeros milímetros del suelo, el agua acumulada va concentrándose en la zona más baja y empieza a correr por allí, ayudando a socavar más profundamente.

Una vez quitada la primera capa, si se trata de un suelo mineral pobre en arcillas y en materia orgánica, el derrumbe de material es muy fácil y ocurre en cortes verticales. La cárcava es retrogradante, es decir, va zigzageando y creándose a sí misma. La caída de agua dentro de ella excava el material que le permite crecer y avanzar - y el aumento de tal trinchera aumenta el caudal que puede captar.

La diferencia entre un suelo desnudo atacado de cárcavas bajo la lluvia torrencial y un suelo protegido por el monte es, claro, lo que le ocurrió a Tartagal por segunda vez en tres años: un alud de lodo y agua que arrasa parte de la ciudad.

La causa de tales desmontes es el avance de la frontera agrícola en Salta, principalmente para la siembra de soja. Al respecto cabe recordar que cuando el conflicto por los niveles de retenciones a la oleaginosa se dijo que unas tasas altas desalentarían el desmonte... Quizás era sólo un argumento más al voleo pero conviene desarmarlo: no, el precio regalado de la tierra selvática en el Norte hace que convenga aún cuando deban afrontarse largos fletes y quitas de precio.

Las medidas económicas - ciertas o pretendidas - son demasiado difusas. Debe haber una política específica de protección de los montes, en particular en áreas sensibles como cuencas hídricas arriba de poblados humanos.

Al respecto se sancionó en 2007 una Ley Nacional de Bosques, de por sí un tanto ingenua en sus propósitos: mandar una moratoria total de talas hasta que cada provincia hiciera un inventario de bosques y regulara la actividad. Establecer un fondo para premiar el mantenimiento de las áreas boscosas y otras nobles intenciones. La reglamentación de dicha Ley aún está pendiente - cajoneada por el mismo lobby que antes demoró su sanción: los legisladores de las mismas provincias donde ocurren estos desastres.

Y es que los intereses económicos forestaleros y agrícolas son muy fuertes y no pocas veces están muy emparentados con la política local. Lo único que puede torcerles la intención es un grado alto de concientización pública por tanto hay que saber:

- Que no es simplemente por el "cambio climático" que pasan estas cosas, porque llueva más seguido o más intenso.

- Que el desmonte contribuye, si, al famoso "cambio climático" pero ése es un fenómeno global donde los autos de New York inciden mucho más que unas miles de hectáreas en Salta. O sea, incide marginalmente nuestro desmonte nacional - y si uno se equivoca en el argumento, le dirán eso: no hace la diferencia. Ojo, que al cambio climático como monstruo grande que pisa fuerte ya lo usaron para justificar la remoción de glaciares andinos (total se iban a derretir...)

- Pero el desmonte si contribuye centralmente a borrar la biodiversidad, perder la fertilidad del suelo, obturar los ríos naturales con sedimentos y aumentar mucho la magnitud de aludes y crecidas. Así como a aumentar los daños de las sequías en el ciclo opuesto. Y todo ese daño es local, ocurre donde ocurre el desmonte.

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La tragedia de Tartagal: Documento fotográfico de Greenpeace muestra la brutalidad de la tala


PRIMERA FUENTE

El alud que azotó a la ciudad del norte de Salta no fue obra de la naturaleza. Las explotaciones madereras y la desesperación por tierras aptas para el cultivo de la soja llevaron a destruir los bosques nativos.

Greenpeace realizó un relevamiento en el que documentó la relación entre las áreas afectadas por la deforestación y la gran cantidad de hectáreas desmontadas en la cuenca alta del río Tartagal. Las imágenes demuestran que la región padece, además, los impactos de la explotación maderera sin control, que abre caminos en sus cerros en los que múltiples aserraderos ilegales irrumpen para robar madera y deteriorar sin pausa la estructura del bosque.

"Sin la vegetación propia del lugar, la estructura de las laderas se vuelve cada vez más
inestable. Sin retención suficiente, se acelera el escurrimiento superficial. Con poca retención y excesivo escurrimiento, las crecidas no se regulan. Con grandes crecidas, no hay puente ni camino que resista. El ecosistema es dinámico y se repone, pero ante la explotación descontrolada muchas veces no tiene capacidad de cicatrización para mitigar el impacto de copiosas lluvias en tan escaso tiempo", explicó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.

Salta es una de las provincias con mayores niveles de deforestación del país. Según datos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, entre 1998 y 2002 la superficie deforestada en la provincia fue de 194.389 hectáreas, mientras que entre 2002 y 2006 se duplicó la superficie desmontada, alcanzando las 414.934 hectáreas.


Greenpeace ya había denunciado la incidencia de la deforestación en las inundaciones que sufrió Tartagal en el año 2006. A pesar de esto, los desmontes en la provincia aumentaron considerablemente: durante 2007, en plena discusión parlamentaria de la Ley de Bosques, la provincia de Salta autorizó el desmonte de más de cuatrocientas mil hectáreas. La situación en la provincia es tan grave que algunos de estos desmontes fueron suspendidos, en diciembre pasado, por la Corte Suprema de Justicia en de la Nación, tras un amparo presentado por comunidades indígenas.

"Además de concentrar más de la mitad de la biodiversidad del planeta, los bosques juegan un papel fundamental en la regulación climática, el mantenimiento de las fuentes y caudales de agua y la conservación de los suelos. Son nuestra esponja natural y paraguas protector. En ese sentido es urgente que el Poder Ejecutivo reglamente lo antes posible la Ley de Bosques, cuya aplicación conforme a su espíritu original es la única herramienta concreta para frenar la deforestación en nuestro país", afirmó Giardini.

Foto 1: La imagen no deja lugar a dudas sobre la deforestación en Tartagal. / Autor: Greenpeace
Foto 2: El río arrastró miles de árboles. / Autor: Greenpeace


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Argentina: El muerto se asusta del degollado


Daniel Klocker (PRENSARED)

Curiosamente, los mismos que sobractúan la defensa de Nelson Castro nada dijeron cuando se desafectó a Enrique Lacolla de La Voz del Interior por cuestionar a las patronales agropecuarias. Así, según sea la cara del cliente, el ataque a la libertad de expresión da para rasgarse las vestiduras o para hacer mutis por el foro.

La defensa corporativa que provocó el despido del periodista porteño Nelson Castro de Radio del Plata alcanzó importantes niveles de hipocresía porque el hecho claramente se enmarca dentro de las generales de la ley que impunemente ejercen los grandes monopolios de los medios de comunicación.

Está bien repudiar el despido de Castro porque se trata de un ataque a la libertad de expresión por parte de una empresa como Electroingenería, de dudosa reputación y con fuertes vínculos con el kirchnerismo, y que hizo negocios cuando en la provincia de Córdoba reinaba José Manuel de la Sota, pero es obvio que el muerto no se puede asustar del degollado.

La nota que habría causado un “profundo desagrado” y que provocó que los directivos de la firma cordobesa el 2 de febrero pasado decidieran unilateralmente la rescisión del contrato del periodista, que finalizaba en diciembre de este año, fue un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) en la que se hablaba de sobreprecios en el costo de las obras de tendidos de redes eléctricas en el sur del país y la empresa aludida en este caso era precisamente, Electroingeniería.

Hasta aquí claro está que la "víctima" es Nelson Castro y el "victimario" Electroingeniería, pero poniendo blanco sobre negro, no es la primera vez que ocurre un hecho de estas características y lamentablemente no será el último, más en un año electoral como lo es el 2009.

Nelson Castro no tiene más aire en Radio del Plata con "Puntos de vista", pero si pantalla con su programa “Juego limpio" por el canal “Todo Noticias” perteneciente al Grupo Clarín, que participa en forma directa en los agronegocios, y cuenta en su directorio con poderosos terratenientes y empresarios del sector agropecuario, y por si esto fuera poco, también escribe una columna de opinión en el diario La Nación.

En ese contexto planteado por el despido de Castro, se volvieron a escuchar las voces camaleónicas de siempre. ADEPA que se “preocupó por los solapados avances sobre la libertad de expresión”, la SIP que se “inquietó por el cese del contrato del periodista Nelson Castro” y FOPEA que se “preocupó” y además se “solidarizó” con Castro.

Sin embargo, estas entidades, que suelen enmascarar en la supuesta reivindicación de la libertad de prensa la libertad de empresa y el monopolio informativo, no se “preocuparon”, ni se “inquietaron” y ni se “solidarizaron”, cuando en el momento más crítico del conflicto agropecuario, La Voz del Interior (Grupo Clarín) rechazó un artículo sobre el tema (La sedición del “campo”) a su columnista y editorialista Enrique Lacolla y posteriormente, al tomar estado publico el tema, lo “desafectó” de la Redacción, perpetrando un doble acto de censura e intolerancia.

En esa ocasión, el mensaje fue muy claro: no hay lugar para el disenso ideológico en los grandes medios de comunicación. Y menos en momentos en que en un conflicto se dirimen intereses propios o de sus aliados.

Entonces, la pregunta es: ¿qué diferencia hay entre la “desafectación” de Enrique Lacolla y el “despido” de Nelson Castro? Ninguna porque todo pasa por un perverso juego de intereses de los poderosos que le ponen precio a la cabeza de quienes se atreven a "boicotear" sus negocios.

Referencias necesarias: ADEPA: Asociación de Entidades Periodísticas de Argentina, SIP: Sociedad Interamericana de Prensa y FOPEA: Foro de Periodismo de Argentina.

Foto: Argentina – Ernesto Lacolla y Nelson Castro.


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Argentina: Exigimos la Derogación del incremento de las tarifas eléctricas

La FeTERA junto a la CTA y las organizaciones de usuarios y consumidores, convocaron a un acto frente al ENRE para repudiar y decirle No a los Tarifazos. Una nutrida concurrencia integrada por organizaciones sociales, barriles y religiosas, exigió la derogación del último incremento de las tarifas del servicio eléctrico, y repudió al aumento de las tarifas de gas y otros servicios públicos.

El 12 de febrero en CTA Capital, a las 17:00hs, calle Independencia 766 se realizará una nueva reunión para discutir la organización de una gran jornada nacional contra el tarifazo.

Miles de personas, usuarios, jubilados, amas de casa, carenciados, asalariados, quienes cobran plan jefe y jefas de hogar, se hicieron escuchar. El enojo, la impotencia y la desesperación se podían ver a través de sus palabras, pero así también, la dignidad de estas personas por encima de todo obstáculo, los decidió a dar batalla y buscar la solución a tanto atropello.

En barrios carenciados, con poco o ningún desarrollo de infraestructura, las facturas ha pagar llegaron con incrementos del 400%, 800%. Grupos familiares de escasos ingresos que hacían uso de un solo medidor, con una facturación de $400, a la vigencia del ilegal incremento les tocaría pagar más de $3600, cosa imposible desde todo punto de vista. Si la pobreza les obligó a tener un solo medidor para evitar los adicionales de la facturación que elevan el monto a pagar, hoy se ven obligados a no vivir, a perder la posibilidad de comer, mucho menos pensar en mandar a sus hijos a la escuela u optar por el plan canje de "aire acondicionado", compra "auto cero kilómetros", "heladera".

El Ministro de Infraestructura De Vido, dijo que el incremento lo pagarían los de mayores ingresos, porque el mismo serviría para blanquear los servicios. Sin embargo, en la multitudinaria movilización, los reclamos vinieron de vecinos de Villa Malvinas Argentinas, Bajo Flores, Villa Fiorito, Barrio La Paloma de Tigre, Villa Diamante, Lanús Centro, La Vallol, Parque Chacabuco, Barrio La Toma de la Matanza, San Bernardo, Barrio Ricardo Rojas, Laguna Azul y decenas de localidades más.

Hay que generar conciencia

Pedro Bussetti, presidente de DEUCO, al iniciar el acto pidió que el mismo sirviera para "generar conciencia frente a estos dos entes que no nos defienden (ENRE y Energas), cuándo nos están afanando".

"Aprovechando la oportunidad de que están tantos medios de comunicación nacionales, es que, dado que el gobierno nacional no nos ha permitido participar en ninguna audiencia pública, porque no hubo audiencia pública cuando el Ministerio de Planificación Federal decretó el aumento de la energía eléctrica, de entre el 100 y el 600 por ciento. Cuando el Ministerio de Planificación Federal decretó el aumento del gas natural de entre el 100 y el 300 por ciento, no hubo respeto del marco normativo legal. No se respetó el marco regulatorio ni el eléctrico, ni el marco regulatorio del gas natural. No hubo audiencia pública. Fueron aumentos decretados a espalda del pueblo; por eso, el objetivo central de este acto es que el Gobierno a través de la radio, a través de la televisión, los escuche a ustedes, a nosotros que somos las víctimas del tarifazo. Por eso para dar comienzo a este acto vamos a hacer que la primera persona de cualquiera de los barrios que esté afectado por estos tarifazos suba aquí, a este escenario y le cuente al gobierno nacional como vive la realidad del tarifazo con un salario de 1200 ó de 1500 pesos."

Hablan los vecinos

"Van hablar compañeros que sufrieron los aumentos desproporcionados. Los usuarios y consumidores del servicio eléctrico exigieron unánimemente la derogación del tarifazo y se comprometieron a seguir luchando hasta conseguir que se revea esta decisión que afecta de manera directa en su calidad de vida."

Luis Antón del Barrio La Paloma del Partido de Tigre. "Pasamos por varias experiencias, la primera fue movilizarnos al municipio y creer al intendente del municipio cuando nos dijo que se suspendían los aumentos porque el había negociado con EDENOR. A las 24 horas Julio Zamora intendente de Tigre se fue de vacaciones y EDENOR dijo que no se había negociado nada. Luego fuimos a la Quinta de Olivos, nos movilizamos cortando la Ruta 202. …"Este es un plan del Gobierno junto con las empresas de servicios para hacernos pagar la crisis a nosotros.

Por eso, desde esta tribuna, quiero hacer el siguiente llamamiento; podemos negociar con cualquier funcionario del gobierno, podemos negociar con los diputados, los senadores, etc., pero no brindar confianza a ninguno de ellos porque ninguno de ellos abrió la boca en contra del Tarifazo, todos fueron cómplices. La única confianza es en nosotros mismos, en nuestra organización y en la movilización."

San José, Lomas Zamora: Horacio Laurino "el pueblo tiene derecho a vivir con dignidad, digamos no al Tarifazo".

El Pastor Néstor Mercado, de Don Torcuato, junto a una veintena de representantes de cientos de miles de vecinos del Gran Buenos Aires, fueron coincidiendo a lo largo de la jornada en lo injusto e indignante de estos tarifazos, en la necesidad de organizarse para evitar su ejecución y en llegar mucho más lejos en el reclamo, discutiendo la recuperación de las empresas y la estatización de los servicios públicos.

La CTA

Por la CTA Capital, Fabio Basteiro, en un vehemente discurso dijo: "El tarifazo, que se traslada a los usuarios no es más que la instalación de una política privatizadora y extranjerizante que lleva a que el 95% de la energía esté en manos de transnacionales y grupos concentrados que no pueden garantizar recursos genuinos en función de los intereses del pueblo." "El gobierno nacional, en complicidad con Sciolli y Macri, son socios con el tarifazo contra el pueblo, son socios para los negocios."

Convocó a reproducir en cada provincia, a lo largo y ancho del país, este tipo de concentración para rechazar el tarifazo y toda política contraria a la clase trabajadora.

Así también, envío "una fuerte solidaridad y un abrazo muy grande a los compañeros de Tartagal - Salta, que están sufriendo no solo una catástrofe natural, sino fundamentalmente una decisión política de la gobernación de Salta y el gobierno que permite el ingreso de empresas para extraer nuestras riquezas, nuestros minerales y nuestras aguas y los trabajadores y el pueblo de Tartagal pagan las consecuencias en este momento."

El tarifazo consolida las ganancias de las multinacionales

En nombre de la Federación de los trabajadores de la Energía, habló Gabriel Martínez: "venimos a confirmar que el tarifazo es un robo, no tiene nada que ver con el costo de la energía."

"La energía no la maneja ni el Estado, ni el pueblo Argentino, la manejan las transnacionales." El valor del petróleo bajó en el mundo y con estos incrementos garantizar sus ganancias en países como el nuestro donde pueden aumentar las tarifas, hasta el día de hoy.

Afirmó que "la energía eléctrica, el gas, el agua, los transportes son derechos humanos, por lo tanto no hay derecho a cortar los servicios sociales."

"El esfuerzo de la comunidad construye los servicios públicos, los trabajadores damos el servicio todos los días, las multinacionales se han llevado en los últimos 10 años fuera del país más que toda la deuda externa de la Argentina, más de USD 200.000."

Afirmó enfáticamente que "el tarifazo es el emergente del problema principal, el problema es la recuperación de las empresas, del petróleo y el gas de la decisión soberana sobre las políticas."

"CTA, FeTERA, Vecinos organizados, usuarios debe sumarse a la lucha contra los tarifazos por la recuperación de las empresas y seguir el camino de Evo Morales que está nacionalizando sus recursos."

La organización del acto contó con la participación de organizaciones sociales, entidades de consumidores, unión de usuarios y consumidores, Deuco, CTA Capital, FeTERA y la participación de los vecinos.

Un cierre triple

Las palabras de Osvaldo Bassano, Pedro Bussetti, Alfredo Cáceres, dieron cierre al acto.

"Evidentemente lo que hoy pasó aquí es que simplemente la gente dijo Basta. En el año 2002 las asociaciones de consumidores dijimos que no podían aumentar los servicios públicos. Lo dijimos a través de amparos, porque no podía la gente pagarlos. Desde el año 2000 al 2009 las empresas que más ganaron en la república Argentina fueron las empresas de servicios públicos: EDENOR, EDESUR, EDELAP, METROGAS, GASBAN, son empresas superavitarias."

"Las asociaciones detuvieron los aumentos en aquel momento, hoy hubo un gobierno que se autodenominó defensor de los derechos humanos, y ataca al principal derecho de los usuarios del pueblo en general, le mete la mano en el bolsillo y no le permite existir. Se quejan de la inseguridad y comienzan a degradar al pueblo a través de quitarles servicios elementales. Esos servicios, son los servicios públicos."

"El servicio de la luz y el gas no puede ser cercenado. Dos entes de control que están en esta cuadra deben respuestas a los usuarios y al pueblo en general. Esos entes mediante resoluciones contra la Constitución, contra las leyes y contra todo el sistema de participación de la audiencia pública, simple y llanamente se han callado y no defienden a los usuarios, permiten que las concesionarias hagan del bolsillo de los usuarios un pingüe negocio y nosotros pagamos. Basta¡ El servicio de energía eléctrica es un bien social."

"El movimiento que hoy está organizando este acto, se originó en los barrios. Como bien dijeron muchos, cansados de que nos metan las manos en los bolsillos. Pero, la bronca muchas veces se puede consumir en cada lugar sino somos capaces de poner en pie una fuerza social bien organizada, bien coordinada, capaz de golpear todos juntos para hacer que estos sirvientes de las empresas que están en la Casa Rosada vuelvan a atrás con este tarifazo y podamos derogar estas resoluciones que le dan origen".

"Hoy podemos decir que este acto es un éxito porque logramos instalar en la agenda nacional el problema del tarifazo. Este es un mérito de todos los que estamos acá, pero también tenemos que saber que en otros lugares del país como en Tucumán, son miles de personas los que marchan por la calle diciendo no al Tarifazo, y la semana que viene, tomando el ejemplo de otros pueblos la ciudadanía de Santa Fe, preparan el chancletazo para exigir contra del tarifazo".

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Argentina: Cuestionan la inflación oficial, porque ignoró el "tarifazo" de luz y gas

NA-MDZOL

Los aumentos de la luz no son reflejados por los datos del INDEC.

El titular de la Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores, Osvaldo Bassano, cuestionó hoy la cifra de inflación de enero anunciada ayer por el INDEC, al señalar que "tiene que haber sido mucho más" que el 0,5 por ciento informado, debido al fuerte incremento de los servicios públicos.

El titular de la Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores (Adduc), Osvaldo Bassano, cuestionó hoy la cifra de inflación de enero anunciada ayer por el INDEC, al señalar que "tiene que haber sido mucho más" que el 0,5 por ciento informado, debido al "tarifazo" de luz y gas.

Ayer, cerca de 500 usuarios de la Ciudad de Buenos Aires y del conurbano bonaerense se movilizaron hacia las oficinas del Ente Nacional Regulador de Energía Eléctrica (ENRE) en rechazo al aumento de las tarifas de energía eléctrica, y Adduc formó parte de esta marcha.

Esta movilización dividió las aguas entre las entidades defensoras de consumidores, dado que cinco de ellas respaldaron el nuevo cuadro tarifario de los servicios de luz y gas, por entender que "se trata de un régimen más justo, equilibrado y redistributivo que favorece a los sectores más vulnerables".

Se trató de una declaración conjunta de la Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la Argentina (Adecua), Consumidores Argentinos; Protección Consumidores del Mercado Común de Sur (Proconsumer); Protección a los Consumidores y Usuarios de la Argentina (Procurar), y Cruzada Cívica.

Pero para Bassano el cambio en los cuadros tarifarios "se trata de un tarifazo de luz y gas", que afecta a "gente que no cobra como para pagar estos aumentos".

"La inflación no es del 0,5 por ciento (como informó el INDEC)", enfatizó Bassano en diálogo con radio Rivadavia.

Según los cálculos de Adduc, los alimentos aumentaron "entre 3,4 a 5 por ciento" en enero pasado, por lo que la inflación final "tiene que haber sido mucho mas (que la oficial), si contamos el aumento de luz y gas".

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Libertad y democracia sindical. Despidos por causa gremial: No hay indemnización que valga

Carlos Saglul (ACTA)

Moisés Meik, abogado laboralista, vicepresidente de la Asociación de Abogados Laboralistas y miembro del Observatorio Jurídico de la Central de Trabajadores de la Argentina evaluó la trascendencia desde el punto de vista de la libertad sindical del inminente fallo de la Corte Suprema de Justicia en tres casos de despido por persecución gremial.

A continuación, reproducimos parte del diálogo mantenido con el abogado laboralista.

¿Qué agregan estas tres sentencias a la protección de los derechos de los trabajadores?

Estamos ante la perspectiva de un pronunciamiento muy importante de la Corte en la lucha contra la discriminación. De acuerdo a lo denunciado por la Organización Internacional del Trabajo, todos los días, en cada lugar de trabajo se produce un hecho de discriminación gremial. Es la triste realidad de miles de trabajadores anónimos. En la Argentina la mayor causa de discriminación es de índole gremial.

En estos fallos se han aplicado normas internacionales que tienen vigencia local a partir de la última reforma constitucional. De esta forma normas supralegales vienen a suplir la falta de legislación laboral interna que ampare al trabajador contra actos de discriminación. Las tres causas corresponden a las cámaras de la Capital Federal y Río Negro.

A partir de estos fallos, ya no va más el agravamiento de las indemnizaciones en caso de discriminación. La corriente doctrinal que se aplica ahora dice que debe cesar lo que dio origen a la discriminación, es decir el despido.

¿Qué antecedentes tiene el fallo?

En nuestro país es común que el trabajador que quiere establecer una comisión interna en su fábrica, armar un sindicato o simplemente movilizarse en defensa de sus derechos encuentre represalias por parte del patrón. Tal vez por eso los fallos que declaran nulo el despido discriminatorio no son pocos. Hay casos emblemáticos como el de Staforini contra el Anses, se verificaron varias causas ligadas a la libertad de expresión y casi siempre la Justicia se expidió a favor del trabajador.

La novedad es que ahora ya no se atiende lo que dice la Ley de Contrato de Trabajo que fija la monetarización de la indemnización, sino que se tienen en cuenta normas internacionales antidiscriminatorias que significan la reincorporación del trabajador

Los patrones pueden elegir a qué sindicato pertenecer mientras los trabajadores no.

Por eso, un reciente fallo de la Corte da respuesta a la situación señalando claramente que un trabajador puede participar de una elección sindical sin estar afiliado al gremio que tiene la personería. Cualquier sindicato simplemente inscripto puede representar y organizar a los trabajadores de su empresa.

Según algunos medios, la inminencia de estos fallos causó preocupación en la Confederación General el Trabajo ya que –se dice- cualquier trabajador, no sólo los delegados gremiales, estarían protegidos contra el despido. ¿De alguna manera se amplían los fueros?

Los dirigentes gremiales deberían estar contentos con este fallo. A la hora del conflicto muchas veces los costos más altos los pagan los trabajadores y no los dirigentes que están protegidos por sus fueros. Ahora, con este fallo, todos están mejor amparados para luchar por sus derechos. Eso debería alegrar a cualquier dirigente gremial, o no?.

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Argentina: ¡La ley, señor ministro!

Horacio Meguira (ACTA)

Los trabajadores de subterráneos han recurrido al plebiscito como forma de convalidación de la voluntad constitutiva de un sindicato de trabajadores de los subterráneos de Buenos Aires. Esa voluntad expresada primariamente en la asamblea constitutiva fue ratificada por un medio democrático, constitucional y estatutario.

Es verdad que muchos nos entusiasmamos con las representaciones directas, las consultas populares y lo que el ministro llama irónicamente "democracia ateniense". Justamente porque la representación en los trabajadores es esencial para generar contrapoder y lograr mejores condiciones de vida y de trabajo.

El plebiscito no está expresamente previsto en la letra de la ley sindical, pero no está prohibido. Muchos sindicatos lo tienen incorporado en sus estatutos registrados en el Ministerio de Trabajo (CTA, ATE, Suteba).

Forma parte de la autonomía de los trabajadores en cuanto a "constituir los sindicatos que crean convenientes", y de la libertad sindical de administración y de redactar sus propios estatutos.

El señor ministro de Trabajo está obligado a, cumplidos los trámites de "registro especial", proceder a la inscripción del sindicato: su objeto es lícito, las formas son las establecidas en la ley.

Los "papeles" están presentados; es más, tienen proyecto de resolución favorable. Lo que no tiene el ministro es voluntad política para reconocer lo que el colectivo de trabajadores ya resolvió, cediendo en aras de un pacto corporativo.

Tomada no está obligado sólo por la letra del último eslabón de la cadena legislativa. El derecho en la Argentina lo conforman las normas internacionales, (tratados, los convenios de la OIT 87, 98, 135), la Constitución y finalmente la ley formal.

La ley, señor ministro, no es manipulable en función de la coyuntura, no se adecua a los intereses de sectores, la ley es de todos los ciudadanos, y usted tiene la obligación de cumplirla. ¡Hágalo!

Horacio Meguira es Director del Departamento Jurídico de la CTA.


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"Vivo de lo que tu tiras"

Néstor Sappietro (APE)

A esta altura del partido, uno debiera estar al tanto de la desinhibición del poder a la hora de ultrajar el orgullo de los que menos tienen.

Sin embargo, siempre queda lugar para algún asombro.

La información que llega desde la provincia de Corrientes, se presenta como una "iniciativa que busca mejorar la calidad de vida de quienes recogen la basura", sin embargo es una postal del desprecio por la dignidad.

El plan fue ideado en la Subsecretaría de Trabajo correntina para las familias que viven en el último escalón de la subsistencia, juntando los desechos, resistiéndose a caer en el abismo del hambre. El nombre elegido para el programa lleva la marca de la humillación y el insulto: "Vivo de lo que tu tiras", que es lo mismo que decir: vivo de tus desechos, de tus desperdicios, de tus migajas, de tus sobras...

¿Quién habrá sido el autor de semejante frase?

Nadie niega que hay quienes viven de lo que otros tiran.

Alcanza con recorrer las calles para encontrarse a cualquier hora con la imagen desoladora de pibitos revolviendo la basura.

Nadie intenta negar lo obvio.

Estaríamos negando la desmesura de la desigualdad, la profundidad del abandono, la obstinación de los que insisten en vivir soñando con un día en que la cosa cambie.

Ahora bien, cuando desde una Subsecretaría de Trabajo se lanza un plan que lleva por nombre "Vivo de lo que tu tiras", se le está dando el rango de natural a una situación de marginalidad y exclusión que se debiera desterrar precisamente desde donde se impulsa el proyecto.

Empresarios, entidades no gubernamentales y el mismísimo arzobispado de Corrientes se comprometieron a seleccionar residuos; tal vez, considerando que de esta manera nadie podrá decir que no están preocupados por la pobreza.

En la presentación, la arquitecta Griselda Aquino, autora del proyecto "Vivo de lo que tu tiras" (no tenemos la certeza de que esta señora sea también autora de la frase), explicó que el programa "es un granito de arena, un aporte que se puede hacer para sensibilizar, concientizar y educar a la población en la idea que lo que a nosotros no nos sirve, a otros sí y bienvenido sean que todos puedan colaborar haciendo la selección de los residuos en las casas".

Aunque no asistimos a la presentación del programa suponemos los aplausos detrás de tan sentidas palabras.

Esta crónica no intenta discutir la redacción del proyecto que quizás contenga en algún lugar la tan necesaria inclusión laboral de los que quedaron afuera de todo. Tal vez también incluya algunas líneas que mencionan "la problemática del trabajo infantil"... pero con el "vivo de lo que tu tiras" encabezándolo empezamos mal e inevitablemente nos crece la desconfianza acerca de la sensibilidad de quienes lo promueven.

Vale aclarar que en la sospecha no se apoya una cuestión semántica.

La expresión "vivo de lo que tu tiras" contiene un bestial desprecio hacia la dignidad de los involucrados.

Alguien debiera acercarse a los creadores del proyecto para hacerles saber que nadie quiere vivir de lo que los otros tiran.

Alguien debiera decirles que la frase es desagradable, ofende, humilla y dibuja el rostro brutal de quienes naturalizan lo injusto.

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Argentina: Otro genocida muere impune en su casa. La muerte de un represor


Camilo Cagni (INDYMEDIA)

A la larga lista de represores que encuentran la muerte en la comodidad de sus hogares, se le suma un ex integrante de la policía bonaerense que comandó la represión en la provincia de Buenos Aires junto al también fallecido Ramón Camps (jefe de la fuerza entre 1976 y 1977) y el actual convicto Miguel Etchetcolatz.

Se trata de Rodolfo González Conti, que en la mañana del lunes 9 de febrero falleció como consecuencia de una serie de complicaciones en su estado de salud mientras atravesaba una post-operación.

González Conti llegó al techo de su carrera policial cuando en el año 1977, bajo el rango de Comisario General, fue nombrado como Director de Seguridad, cargo que ejerció hasta entrado el año '79. Es justamente en este período donde las fuerzas represivas comienzan a realizar el mayor genocidio jamás imaginado contra gran parte de la sociedad civil argentina, y donde su imagen comienza a mimetizarse con el horror mismo. Organismos de DD.HH lo responsabilizan en el secuestro y desaparición de más de 10.000 personas, dado que bajo su mando se encontraban una veintena de Centros Clandestinos de Detención como La Cacha, El Pozo de Quilmes, Arana, Sheraton, Pozo de Banfield, entre otros.

Desde el año 2005, el ex jerarca policial se encontraba detenido en su casa de calle 43 Nº 623 de la ciudad de La Plata, donde asiduamente violaba su prisión domiciliaria para poder manejar su Renault Megane color beige metalizado. Estos datos fueron aportados a la justicia por varios de sus vecinos y las denuncias quedaron asentadas en el Juzgado Federal N° 3 a cargo del Dr. Arnaldo Corazza, quien ya lo había detenido en la causa donde se investigan los crímenes cometidos en la Comisaría 5ª de La Plata.

En búsqueda de una condena social, la agrupación HIJOS le realizó varios escraches en la puerta de su domicilio. El último se hizo el 28 de Noviembre de 2006, y en aquella ocasión la policía reprimió al grueso de manifestantes que avanzaba para poder realizar el acto en el frente de su casa. Después de tirar gases y balas de goma, desde el Ministerio de Seguridad bonaerense se informó a los medios de comunicación que: "no hubo represión sino disuasión". Lo cierto es que el operativo continúo varias cuadras más del domicilio de Conti, dejando un tendal de heridos. A partir de ese momento y durante varias semanas, la casa del represor estuvo férreamente vigilada por personal policial.

En su largo paso por la policía provincial, el ya fallecido Comisario General se desempeñó como docente durante los años '90 en la escuela de formación policial "Juan Vucetich". En el libro Manual de Conducción Policial, editado en 1997 por Primo Editora y cuyos autores son el Comisario General Vicente Jorge Schoo y el Comisario Inspector Hugo Ignacio Silva, ambos retirados, el prólogo fue escrito por el mismo Gonzalez Conti. Pregonando principios autoritarios y antidemocráticos, este libro fue estudiado por los aspirantes a policías que ahora seguramente están en función.

A sus 77 años de edad, Conti supo edificar un buen pasar económico al reciclarse en el negocio de la seguridad privada. Gracias a los buenos contactos que supo cosechar en sus épocas de gloria dentro de la bonaerense, fundó estando en democracia varias agencias de seguridad privada que en estos últimos años transfirió a sus testaferros.

Solicitada de HIJOS La Plata

Reproducimos una solicitada de la agrupación HIJOS regional La Plata, que el diario El Día se negó a publicar:

Hace apenas tres días, murió en nuestra ciudad Rodolfo Gonzalez Conti quien fuera Director de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires desde enero de 1977 y hasta 1979, es decir durante la Jefatura de Camps.

Junto con Miguel Etchecolatz era quien comandaba la represión en la Provincia de Buenos Aires durante la pasada dictadura militar.

La responsabilidad de los crímenes cometidos bajo sus órdenes, nunca fue juzgada.

Al retornar la "democracia" fue uno de los cientos de represores beneficiados por la Ley de Obediencia Debida del alfonsinismo, siendo desprocesado en 1985.

La impunidad que le garantizaron los gobernantes durante los años posteriores, le permitió envejecer sin tener que rendirle cuentas a nadie.

25 años después de los delitos que cometiera (estaba imputado por cientos de desapariciones forzadas, asesinatos, secuestros y torturas) apenas fue decretara su prisión domiciliaria.

Cómodamente, en su casa de calle 43 entre 7 y 8, rodeado de su familia, murió sin que la justicia llegara a condenarlo.

Fue enterrado en el mismo cementerio local, donde todavía quedan los rastros de las de tumbas NN.

Consuela saber que las ratas, se pudren como ratas, en su propio ser.

Como dice Girondo:

"Que los ruidos te perforen los dientes, …
y la memoria se te llene de herrumbre,
de olores descompuestos y de palabras rotas.
Que te crezca, en cada uno de los poros,

una pata de araña"

El kirchenerismo se jacta de ser un gobierno que hizo bisagra en materia de derechos humanos. Nos preguntamos de que justicia se está hablando?

Quienes garantizaron su muerte, sin condena, son cómplices de una de las más profunda heridas que puede llevar sobre sí un pueblo; la impunidad.

QUE NO DESCANSE EN PAZ ESE ASESINO!!! (Q.E.P.NO.D.)

HIJOS regional La Plata

Aviso fúnebre

El Día también se negó a publicar este aviso fúnebre, enviado por una militante de Derechos Humanos:

Rodolfo Gonzalez Conti (Q.E.P.NO D.)

Falleció el 9-02-09. La familia de Lucía Swica y Jorge Caravelos nunca olvidarán la responsabilidad del Crio. Mayor en su secuestro y desaparición, como así tampoco la de cientos de personas secuestradas y asesinadas bajo su mando.

Nos llena de profundo pesar que no halla sido condenado, gracias a la impunidad que le garantizaron los gobernantes de la democracia. Será eterno nuestro reclamo de justicia para que asesinos como este reciban su condena. Que en paz no descanse.

Fuente imagen: INDYMEDIA


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