lunes, 16 de febrero de 2009

COLOMBIA: Gloria Cuartas entre sangre y mentiras militaristas (Parte III): El Caso Chiquita y la Triple Alianza en Urabá


Dick Emanuelsson (especial para ARGENPRESS.info)

GLORIA CUARTAS, ex alcaldesa, luchadora y líder de “Colombianos(as) por las Paz” habla en la tercera y última parte de la entrevista sobre el caso de Chiquita Brands Co y como las transnacionales llegaron a un acuerdo con el para-militarismo que en 1997 contaba con un factor fundamental para el éxito del Plan Retorno en Urabá; los desmovilizados guerrilleros de EPL.

Sin ellos no habría sido posible la “Pacificación de Urabá” que en realidad no es otra cosa que la guerra contra la población organizada, masacres, matanzas y asesinatos selectivos para aniquilar al movimiento sindical y popular en la entonces combativa región bananera dominada por la izquierda revolucionaría de la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano, PCC.

Los “Esperanzados” (partido Esperanza Paz y Libertad) sabían en que finca bananera donde se encontraban a los dirigentes sindicales que defendía su clase trabajadora y que no hacia el juego al enemigo de clase como los nuevos aliados del para-militarismo y la oligarquía.

– La guerrilla de EPL (tendencia maoísta) a través de sus desmovili
zados eran necesarios en la estructura que se estaban configurando en la zona. Por eso el para-militarismo tuvo un giro más fuerte porque contaban con hombres (Esperanzados) expertos en la guerra. Conocían la zona, las familias y los sindicalistas. Sabia todo que pasaba en el pueblo, dice Gloria en la entrevista.

Extraditar la gerencia de Chiquita a Colombia

Esa Triple Alianza, Ejercito-Paramilitares-Esperanzados, reordenó Urabá. El Sindicalismo se convirtió a un aliado al enemigo de clase, es decir a los dueños de las fincas bananeras en donde empresas conocidas mundialmente como DelMonte y Chiquita Brands Co mandaban. Lo
s máximos jefes paramilitares como ‘HH’, El Alemán, Salvatore Mancuso confesaron y relataron a la fiscalía como los dueños de TODAS las empresas bananeras pagaron su “cuota” a través de una empresa de vigilancia de fachada paramilitar liderada por Juan Diego Moreno, asesor político del gobernador entonces que es el actual presidente de la republica; Álvaro Uribe Vélez. Con el tiempo Moreno quedó mal ante Uribe y “falleció” en un accidente de su avioneta hace más de un año.

Gloria Cuartas esta en este momento en un proceso judicial contra Chiquita Brands Co en donde el prestigioso Colectivo de Abogados Alvear Restrepo, representando centenares de familiares de las víctimas por los escuadrones de muerte en Urabá que Chiquita&Cia financiaban, ha demandado a la empresa y exige que Estados Unidos extraditen la directiva de la empresa, unas diez personas, a Colombia para que sean juzgados por haber financiado a los paramilitares de las AUC que asesinaron miles de obreros y campesinos en Urabá.

“El Plan Retorno” neoliberal

– El acuerdo de reordenar el territorio (Urabá) y las fuerzas políticas lo que se llama “el Plan Retorno”, era como sacar
el sindicalismo de la región de Urabá, como transformar la seguridad social de la zona. Para eso se necesitaba una experiencia que mostraba otra forma de contratación laboral, otra forma de atención médica, otra forma de la redistribución de los ingresos en la zona que quedaba en las manos de las llamadas “Fundaciones”. Pero en el centro de todo estaba ¿cómo eliminar a Sintrainagro que era absolutamente fuerte?

– Entonces decían que había que asesinar a los miembros de la Unión Patriótica porque tenían influencia en las FARC. Y levantaron un mapa donde decían cuales fincas se suponía tenían presencia de las FARC y empezaron a asesinar trabajadores, sindicalistas, hasta que las estructuras organizativas sindicales como la Junta Directiva del sindicato de Sintrainagro quedó en manos totalmente de los Esperanzados. Hubo muertes también de esperanzados por acciones de la insurgencia complejas en la zona.

“Paz Social del Cementerio”

Ahí quedó abierto el camino para armar la estructura militarista y una “Paz Social del Cementerio” que permitió que el modelo neoliberal en Urabá entrara en función. Pero necesitaban como en Chile, un verdadero régimen de terror para erradicar físicamente la oposición política y sindical en Urabá, hecho que había sido imposible hasta que el movimiento popular se dividió por la traición de los Esperanzados.

– Lo que quiero firmar es que el gremio bananero (las empresas) no entregó dinero a las FARC. Chiquita Brands cumplió un papel pensado sistemático en el nuevo modelo en la apertura económica (por el ex presidente liberal Cesar Gaviria en el 1990), como colocaron un modelo de prosperidad de mayor ganancia, de mayor exención de impuestos, de mayor rentabilidad para el capital transnacional, mayor control del territorio, para eso habría que criminalizar al Sindicato. Porque el sindicato jugaba un papel permanente de exigibilidad de los derechos de la salud, educación, la vivienda, el cuidado ambiental.

El sindicato bananero clasista desapareció, subraya Gloria Cuartas, no físicamente porque el sindicato de Sintrainagro todavía existe pero esta en la manos de unos personajes “Esperanzados” que trabajan bajo el mando de un estado donde la fuerza para-militar mafiosa es la ley.

“Modelo para Colombia”

– Ese modelo ha sido dizque “Modelo para Colombia” de un sindicato que no confronta, que tiene una nueva relación con el patrón, en donde hay acuerdos con el patrón de rentabilidad y cogen a unos sectores especiales porque coparon al sindicalismo con una cúpula al servicio a los intereses de las multinacionales. Los Esperanzados crearon ese nuevo modelo de acuerdos entre obreros y empresarios para armonizar el nuevo modelo de desarrollo, resume Gloria.

En ese nuevo modelo las empresas no pagan seguro social porque crea una seguridad paralela que manejan los paramilitares a través lo que eran los EPS. Y crean una seguridad privada a través de la contratación. Con los Esperanzados en el frente fueron rotos toda la seguridad laboral, jurídica, la estabilidad laboral y el sindicalismo verdadero fue derrotado y reemplazado “por un sindicalismo del gran capital”, sostiene Gloria.



Ver también:
- Gloria Cuartas, entre sangre y mentiras militaristas (Parte II): El Carnicero del Urabá esta a punto de ser liberado
- Colombia: Entre sangre y mentiras militaristas (Parte I)

Foto 1: Colombia - Gloria Cuartas lidera un proceso judicial contra la empresa Chiquita Brands Co cuyos gerentes tienen que ser extraditados a Colombia y juzgados por haber financiados escuadrones de la muerte en la región de Urabá y Cienaga. / Autor: Dick Emanuelsson.
Foto 2: Colombia - Albeiro Bustamante, dirigente del Partido Comunista Colombiano en Apartadó y presidente del Consejo del Apartadó en donde Gloria Cuartas era alcaldesa. Bustamante fue apresado por la fiscalía pero liberado un año después. Tres semanas después de salir de la carcel fue asesinado por la Triple Alianza Ejercito-Paras-Esperanzados. / Autor: Dick Emanuelsson.
Foto 3: Colombia - Gloria Cuartas, ex alcaldesa de Apartadó, habla en las afueras de la embajada estadounidense en Bogota en contra el Plan Colombia. En este momento lidera un proceso judicial contra la empresa Chiquita Brands Co cuyos gerentes tienen que ser extraditados a Colombia y juzgados por haber financiados escuadrones de la muerte en la región de Urabá y Cienaga. / Autor: Dick Emanuelsson.
Foto 4: Colombia – Carlos Franco, asesor de derechos humanos en la vicepresidenca del gobierno de Álvaro uriba, pero también lider del Partido Esperanza, Paz y Libertad, aliado con los paramilitares de las AUC y la 17a Brigada del Ejército en la región de Urabá, una triple alianza que erradicó fisicamente a la izquierda consecuente en Urabá. / Autor: Dick Emanuelsson.
Foto 5: Colombia - José Guette, presidente seccional de los trabajadores bananeros en la región de Cienaga, fue asesinado justo en el momento cuando Sintrainagro estaba negociando el convenio colectivo con la transnacional Chiquita. / Autor: Dick Emanuelsson.
Foto 6: Colombia - Obreros bananeros en la finca bananera Honduras, victimas de una masacre del ejercito. / Autor: VOZ


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Paraguay: Golpistas revisan borradores


José Antonio Vera (especial para ARGENPRESS.info)

De las entrañas mismas de la derecha corrupta que, con la complicidad de buena parte de la oposición, gobernó confortablemente Paraguay desde 1947 hasta agosto último, están surgiendo signos inequívocos de abierta conspiración contra el Presidente Fernando Lugo, cuyo gobierno, vacilante e improvisado, estimula enemigos.

Conocidas figuras, militares y civiles, personajes de los medios de comunicación y del fangoso mundillo jurídico, andan acariciando algunos borradores de fracasados planes golpistas, inspirados por ideólogos de las catacumbas del Plan Cóndor y sus maestros de los servicios de infiltración de alguna de las grandes potencias occidentales.

Nostálgicos de las seis décadas de manejo del país como un latifundio propio, con los clásicos métodos verticalistas del Ejército y de la predominante Iglesia Católica, se están reencontrando en estos días en las salas de redacción de algunos medios, en fiestas familiares, citas deportivas y hasta en reuniones religiosas.

Los abrazos cavernícolas son más efusivos y las espaldas reciben palmetazos más sonoros entre quienes se han mantenido amigos y también entre estos y muchos de sus enemigos circunstanciales, amnésicos todos de sus trapisondas pasadas. Las damas, ese poder político oculto que no se pronuncia en público, explicitan sus planes en sordina.

La pasada semana, en la conmemoración del vigésimo año del derrocamiento del General Alfredo Strossner, por un grupo de jerarcas militares que se hicieron llamar Carlos, los de mayor gradación y Víctor, los subalternos, el exGeneral Lino Oviedo amenazó al actual Gobierno de “volver a repetir, cuando el país lo reclame”.

Ninguna reacción oficial mereció tamaña amenaza, aplaudida por los sectores más rancios de la política, de las finanzas, de la Fiscalía General y de la prensa venal, con el agravante de que avalaron el discurso varias personalidades del propio Ejecutivo, en particular el Vicepresidente, el liberal Federico Franco, presente en el acto.

La ausencia de respuesta a esa exhortación a otra asonada, continúa la inexplicable línea incomunicadora del nuevo Gobierno, que aparente indiferencia ante temas de singular importancia que sensibilizan e inquietan a sectores de la población, desairada y algo decepcionada con su sueño del cambio, pero enemiga de cualquier intentona golpista.

Descreída, ante el agravamiento de la miseria, la represión de los movimientos sociales y campesinos, y las rencillas internas en la gobernante Alianza Patriótica para el Cambio, la población es víctima doble de la metralla manipuladora de la prensa comercial y de la nebulosa del Ejecutivo, ese que el pueblo eligió el 20 de abril pasado, al derrotar al Partido Colorado, tras seis décadas de poder despótico.

Esa gesta cívica tradujo una inmensa esperanza popular, con gran apoyo internacional, para comenzar a reconstruir el país, ejemplo continental de desarrollo, justicia social y soberanía entre 1820 y 1865, cuando lo invadieron y destrozaron los Ejércitos de Brasil, Argentina y Uruguay, acatando órdenes del Imperio Británico y del Banco de Londres.

En seis meses, es cierto, es imposible cambiar un país con tanto atraso cultural y corrupción rampante en todas las instituciones públicas y privadas, civiles y uniformadas, comerciales y deportivas, escolares o universitarias, organizaciones no gubernamentales y cooperativas, pero el pueblo tiene derecho a conocer el pensar y el quehacer de un Gobierno que considera suyo.

La mayoría de los paraguayos, que se han invertido en una expectativa grande con Lugo, necesitan ver hechos y, si estos no existen, merecen saber el por qué, las razones por las cuales no se satisface sus demandas, alarmadas por el desempleo creciente y el encarecimiento del costo de vida, sin signos claros de rectificación.

Salvo que en las altas esferas del Ejecutivo se considere una innovación el Plan Anticrisis que anda publicitando el Ministro de Hacienda Dionisio Borda, diseñado con representantes de la patronal agroexportadora, sin la más mínima consulta con las organizaciones sociales y sindicales, cuyo rechazo ha provocado.

Enfrentar el problema económico con préstamos extranjeros, es el núcleo de la propuesta de Borda, a quien avala profesionalmente alguna pasantía por organismos uni (multi) laterales de crédito, en los tiempos del infame endeudamiento del tercer mundo. En el inicio del anterior gobierno colorado de Nicanor Duarte Frutos, también ocupó esa cartera, en la que impuso una filosofía impositiva detestada, que forzó su salida.

Paraguay es uno de los países del orbe con menor deuda externa, según el BID. Quizás la única herencia buena de Strossner, que lo dejó con menos de tres mil millones de dólares, casi la misma cantidad de las reservas del Banco Central. Nada justifica, entonces, el afán de Borda por endeudar al país.

En ciertos círculos se estima en más de cinco mil millones los capitales nacionales que han fugado a la banca extranjera y que, aprovechando el crédito de Lugo, podrían ser susceptibles de propuestas de repatriación, imitando el ejemplo de la presidencia argentina.

A nivel de pueblo pobre, el recurso y la ilusión de emigrar han desaparecido. El monto de las remesas enviadas por los trabajadores que se fueron al extranjero, unos 800 millones de dólares el año pasado, disminuye mes a mes y muchas familias no ocultan su angustia ante el inminente retorno de la mayoría, expulsados por la crisis y la negativa de los gobiernos de los países industrializados a legalizar su residencia.

Por el lado del equipo de Lugo, no aparecen medidas concretas a favor de la creación de empleos y para mejorar la situación de los diez o quince mil niños abandonados en las calles, o para combatir la pobreza de tres millones 300 mil personas, casi la mitad en situación extrema, según el último informe del PNUD, en el que se lee que el número de marginados sociales irá aumentando cerca del cinco por ciento anual.

Frente a ese caos, que ella dejó, y al rumiar sus planes contra el exObispo, a quien se afana por presentarlo como un hombre de izquierda, la derecha utiliza al máximo recursos de varias instituciones del Estado. Las residencias palaciegas, de algunas misiones diplomáticas extranjeras, también sirven de escenario para la tragicomedia.

El patriotismo y el chovinismo son azuzados por cinco de los seis canales de televisión, y algunas emisoras y radios, cuyos patrones se enriquecieron con la tiranía colorada y ahora gargantean con la democracia, fomentan festivales patronales y folklóricos de mal gusto, con el argumento del amor a la tradición heroica y sin par de Paraguay..

Presentador sagaz de esa búsqueda de recursos políticos para reunir las fuerzas golpistas es Oviedo, inmunizado por la corrupción jurídica reinante, sobre quien pesan fuertes sospechas de enriquecimiento ilícito y magnicidio.

Conspirador contumaz, acusado de una intentona en 1996, fue degradado y condenado a diez años, que no llegó a pagar por la complicidad de jueces, fiscales, empresarios y políticos amorales.

En marzo de 1999, en pleno centro de Asunción, fue asesinado el Vicepresidente de la República Luís María Argaña, un día antes de que un grupo de francotiradores, algunos conocidos colaboradores de Oviedo, acribillaran a nueve jóvenes en plena Plaza del Congreso, cuando denunciaban la inminencia de un Golpe de Estado cívico-militar.

De origen humilde y colorado, Oviedo creó, en la década pasada, el disidente Partido UNACE que en las elecciones últimas alcanzó el tercer puesto de bancas parlamentarias, lo cual lo sitúa en posición de árbitro para muchas ocasiones enredadas.

En ese papel, recibe ofertas de todos lados, incluso meses de coqueteo de altos personajes del actual Gobierno, que le han propuesto acuerdos en algunos planes políticos no muy santos, en la elección de las presidencias de ambas cámaras o en los equipos de administración paraguaya de las represas binacionales de Itaipú y Yaciretá.

El falaz militar se hace desear y, fiel a su conducta especuladora de siempre, pide alta cotización por su voto a varios interesados al mismo tiempo, como ocurre estos días con la conformación de la Corte de Justicia, sobre la base del cuoteo partidario, un pérfido engendro, enemigo de todo principio ético y de idoneidad profesional.

Foto: Paraguay - El presidente Fernando Lugo durante una conferencia de prensa en el Palacio de López. / Autor: Presidencia Paraguay


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La revolución y el momento de la oposición en Venezuela


Homar Garcés (especial para ARGENPRESS.info)

Es muy difícil creer que los grupos oposicionistas del país acepten alguna vez de buena gana la voluntad soberana de nuestro pueblo en mantenerse apoyando los diversos cambios políticos, económicos, sociales y culturales propiciados bajo la gestión del Presidente Chávez y ello por la sencilla razón de que su concepción clasista es, prácticamente, la misma que tenían sus antecesores de la época colonial, los mantuanos, quienes siempre le negaron los derechos fundamentales al pueblo que explotaban.

De ahí que no sea casualidad que se manifiesten sin pudor alguno discriminatorios, racistas y carentes de un mínimo de humanidad cristiana, como demostraron suficientemente durante el golpe de Estado del 11 de abril de 2002, lo mismo que cuando protagonizaron el sabotaje económico con el cual quisieron rendir de hambre al pueblo venezolano por su heroica decisión de cambiar los destinos de este país y, por último, con las diversas güarimbas que han fomentado para crear el caos y la violencia con las cuales persiguen desestabilizar al gobierno de Hugo Chávez.

Para la oposición, incluyendo a las individualidades más “democráticas” que pudiera albergar en su seno, no ha llegado aún la hora de ver la realidad venezolana tal como es, a pesar de los cambios evidentes habidos en esta última década de historia republicana. Continúan torpemente viéndola con los ojos del pasado, ya que este momento histórico que vivimos los venezolanos responde a un reclamo colectivo de justicia social postergada y que siempre se ignoró en beneficio de una minoría política y económica que, por largo tiempo, desde 1958, usurpó la voluntad popular, sin tener empacho alguno en violar descarada y reiteradamente los más elementales derechos humanos. Por lo mismo, será harto difícil que la misma llegue a comprender que está en marcha un amplio proyecto de nación soberana, nacionalista y democrática que se ajusta a las aspiraciones socio-económicas de las mayorías populares, teniendo en la democracia participativa y protagónica su más grande conquista y fundamento, sustituyéndose y ampliándose así el concepto secular y ya obsoleto de la democracia representativa.

Entretanto, a los diversos movimientos revolucionarios, tanto políticos como sociales, que aspiran a un cambio estructural definitivo, en especial aquellos dotados de unas herramientas teóricas basadas en el socialismo revolucionario, con una clara diferenciación ideológica de izquierda, les corresponde asumir un papel mucho más activo y decisivo en la promoción de una mayor conciencia revolucionaria y de una mayor organización y movilización popular. Ninguno debe limitarse a lo meramente electoral y esperar a ver qué sucede. Además, deben de ser vigilantes y críticos de la gestión gubernamental actual.

Lo cierto es que el accionar desestabilizador opositor debe prepararnos a todos los revolucionarios para acentuar el avance popular y definir objetivamente el carácter socialista del proceso revolucionario bolivariano, así como la lucha de clases implícita en éste, por lo que será preciso afrontar en lo inmediato las contradicciones existentes, las cuales, por ahora, se mantienen sin manifestarse abiertamente, pero que -tarde o temprano- arroparán a todo el país, buscando resolverlas. Esto no podrá eludirse bajo ningún concepto ni conveniencia, ya que de ello dependerá el perfil, la vitalidad y el dinamismo necesarios para que se consolide y mantenga en el tiempo este proceso revolucionario, haciéndose posible el socialismo en cada rincón de Venezuela.

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Eluana Englaro: La certeza de lo colectivo y la incertidumbre de lo individual


Juan Francisco Coloane (especial para ARGENPRESS.info)

Eluana Englaro, ahora en su descanso, provocó y seguirá provocando la atención internacional como pocos fenómenos de carácter personal lo hayan hecho en los últimos tiempos.

La tensión constitucional provocada en Italia en torno a su vida, ensombreció por un momento el debate económico en EEUU, en una situación descrita por Barack Obama como próxima a la catástrofe.

Por cierto, hacer vivir o dejar morir a una persona es profundamente filosófico. Plantea aquellos problemas que no están resueltos en el individuo y que por responsabilidad social acude al juicio del colectivo, que supuestamente está representado por los poderes del Estado, y en ocasiones incluyendo al poder de la Iglesia, en este caso la católica en Italia.

Ella con su situación, reforzó la discusión sobre lo público y lo privado, desnudando particularmente un hecho: Si existe algún renglón de la vida, en donde la globalización no ha podido uniformizar el pensamiento, es aquel precisamente de la concepción de la vida en sí misma. En esta amplia zona donde se cruzan cultura y religión, la visión es diferente planetariamente y sin embargo el funcionamiento se uniformiza en un punto clave: las directrices de la concepción -sobre la vida- válidas o que se deben respetar, provienen de un colectivo. La individualidad del ser que está inconsciente, la asume el familiar más directo, aunque igualmente depende de la convención del colectivo. Es la certeza de lo colectivo y la incertidumbre de lo individual.

Se hace difícil encontrar un caso similar de discusión pública y sufrimiento personal, que haya concitado el grado de enfrentamiento de poderes del Estado - incluyendo el Vaticano- como la desgarradora situación de Eluana Englaro en Italia. La otra situación es la de Tony Bland en Inglaterra en 1983, que no trascendió internacionalmente como la de Eluana.

Con Tony Bland el proceso fue más corto – de dos años- en donde los argumentos jurídico, médico y filosófico se fundieron en torno a lo que es la concepción de la vida. Igualmente se trataba la certeza colectiva frente a la incertidumbre individual. Con Eluana –un proceso de 17 años- la determinación de la prolongación de su vida también respondió a la de un colectivo en donde, a diferencia de Inglaterra, aparece la figura de la Iglesia en la práctica operando en un ambiente de estado teocrático, aunque no se reconozca técnicamente.

Las reacciones en los países que más difunden el pulso de la gente, que son los países – otra vez – con más ingerencia en los asuntos globales, han sido diversas. Pero la diversidad esta vez ha respondido al grado de tutelaje que las respectivas iglesias tienen en los países sobre los dictámenes morales de cómo conducir los asuntos públicos y privados.

Un día, hace precisamente 17 años cuando Eluana se accidenta, en un país de África Occidental, Aleixandre deja de venir a su trabajo. Pregunté a colegas y familiares qué sucedía, y nadie dio una respuesta coherente. Algo se ocultaba. Pasó una semana y nos acercarnos a la policía. Aleix, se había dirigido a una remota aldea. A los pocos días un familiar entrega una carta suya solicitando un permiso por varios meses. Se le concede y antes de cumplido el plazo regresa a trabajar. Lo notaba extraño, no tenía la chispa y la concentración de antes, cumplía pero estaba metido hacia adentro, como que una inmensa preocupación le comía el alma.

Pasó un año y un día un colega me dice: "Aleixandre estuvo cumpliendo un rito de su cultura intentando mejorar a su hijita de tres años de una dolencia incurable. Se van a vivir junto al mar y la colocan sobre la arena vendada de cabeza a los pies con telas blancas de algodón donde acaban las olas para que la sal se impregne en su cuerpo. Están varios días observando sus reacciones y al ver que no hay mejoría, vuelven a la aldea y dejan que Aleixandre se encargue de que el mar se lleve a su hijita".

Después del impacto reporté a la oficina central. La respuesta fue algo como: "mientras no haya una nota escrita de los involucrados, la información recibida no es un antecedente". Percibo la amplitud de la diversidad en el mundo, y que también estaba cambiando hacia un sentido y no me había dado cuenta.

Para Hanna Arendt, "lo personal era enfáticamente algo no político", como lo destaca Adam Kirsch en un artículo en The New Yorker del 12 de Enero de este año. El debate sobre Eluana confirma una profunda polarización ideológica más allá de las fronteras italianas. El discurso integrador y unitario de Barack Obama es un catalizador para observar un EEUU dividido por el absolutismo neoconservador establecido de hace décadas. Por eso remece más. Porque el mundo a pesar de los cambios en estructuras y tecnologías, continúa con problemas y preguntas no resueltas de hace miles y miles de años, con brechas de percepción, a veces gigantescas, por diferencias ideológicas marcadas por la supremacía de un sentido respecto a otro.

Si existe un concepto donde no se manifiesta uniformidad de nivel local como global, es aquel que corresponde a la vida. ¿Qué es la vida? ¿Cuáles son los límites de lo abstracto y lo concreto? ¿Existe la mezcla? ¿Quiénes la definen de una u otra forma? ¿Cuándo aparece el límite de la certeza de lo colectivo, donde comienza la incertidumbre de lo individual?.

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Argentina: ¿Pudo evitarse el desastre de Tartagal?


Pbro. Ponciano Acosta (COPENOA)

Atento a los hechos desgraciados sufridos en la localidad salteña de Tartagal el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) desea solidarizarse con los hermanos afectados y plantear algunas reflexiones en torno a la cuestión.

No deja de sorprendernos la ligereza de los dichos de nuestras autoridades políticas, desde la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner hasta el Gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey y sus funcionarios subalternos. Rechazan de plano y sin lugar a consideraciones la posibilidad de relacionar el alud y la crecida del Río Tartagal con las actividades extractivas madereras que se llevan adelante en la región. Existen serios estudios que demuestran cómo los desmontes, talas irracionales, apertura de picadas para actividades petrolíferas y otros aprovechamientos sin los debidos estudios de impacto ambiental y control público, han alterado significativamente el equilibrio ecológico de la zona. Desconocerlo implica un acto de necedad e irresponsabilidad política.

Nos preguntamos además:

¿Puede atribuirse toda la responsabilidad a fuerzas de la Naturaleza cuando desde hace años existían estudios de la Universidad Nacional de Salta, entre otros, que alertaban acerca de la posibilidad de derrumbes e inundaciones provocado por el deterioro de la cabecera de la cuenca del Río Tartagal?

¿Puede hablarse de hechos inevitables cuando los estudios científicos y hasta el sentido común demandaban la necesidad de encarar urgentes medidas que detengan o, por lo menos, controlen las acciones del Hombre? ¿Es posible eximir de responsabilidad a autoridades políticas que estuvieron ausentes, que no quisieron escuchar, que no previeron, que niegan la realidad?

Ante los hechos y las reacciones, es de esperar que nuevas catástrofes como la de Tartagal se repitan periódicamente. Como dato alarmante, basta recordar la recientemente aprobada Ley de ordenamiento de bosques nativos provincial que vulneró el proceso participativo previo y desconoció los criterios científicos, dejando abierta la posibilidad de desmontar alrededor de 4.000.000 de hectáreas, cuando los estudios señalan que perder más de 1.200.000 hectáreas en la provincia implica un inmenso peligro ambiental.

Celebramos el acierto y mesura de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, ante el justo reclamo de comunidades indígenas y campesinas, ordenó al Gobierno de Salta el 29 de Diciembre pasado la suspensión de los desmontes indiscriminados. Recordamos que el día 18 de Febrero se realizará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una Audiencia Pública ante la Corte Suprema en la cual dirigentes indígenas y campesinos expondrán ante los magistrados sobre la gravedad de la cuestión.

Por último, como organismo pastoral de la Iglesia Católica en Argentina, renovamos nuestro compromiso a continuar muy cercanos a los Pueblos Indígenas, acompañándolos en sus luchas, en sus reclamos y en sus esperanzas. Como dicen nuestros Obispos Latinoamericanos: "empeñar nuestros esfuerzos en la promulgación de políticas públicas y participaciones ciudadanas que garanticen la protección, conservación y restauración de la naturaleza." (Doc. de Aparecida 493.d).

Estamos convencidos que estos Pueblos tienen una enorme lección para darnos, en el cuidado y el respeto de la creación, regalo de Dios para toda la humanidad.- Formosa, 15 de febrero de 2009.-

Pbro. Ponciano Acosta. Coordinador Nacional ENDEPA

Foto: Argentina, Salta – El gobernador Juan Manuel Urtubey y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la Catedral de Salta el 25 de mayo de 2008. / Autor: Presidencia de la Nación


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Argentina: La crisis en Salta

Vuenaventura David (ACTA)

La naturaleza mostró en nuestra provincia de Salta las consecuencias de las políticas neoliberales que se aplicaron durante el gobierno de Menem-Romero y que todavía perduran.

En Tartagal, las privatizaciones de petróleo, gas, agua, permitió a los grupos económicos no sólo llevarse las riquezas de nuestro subsuelo, sino también dejar a nuestros vecinos sin fuentes de trabajo estable.

Muchos ya no viven, padecen con los planes sociales de 150 pesos llámese Plan Trabajar, Jefas de Hogar o PEC. Ya cuando construían los acueductos comenzaron con la tala de los árboles autóctonos, luego con la apertura del "boom" sojero se incrementó esta tala.

El Departamento San Martín es uno en el que más desmontes se autorizó y aún se siguen autorizando para esta actividad. Es una de las zonas que cuenta con mayor cantidad de comunidades de pueblos originarios de diferentes etnias, que son expulsados a las villas miseria de los municipios aledaños sin ningún tipo de servicios.

Las mineras también contribuyen en otras localidades de nuestra provincia a la destrucción ecológica. El año pasado fue el río Pilcomayo y el Bermejo en el Departamento de Rivadavia que sufrieron las inundaciones, mañana será el río Juramento en los departamentos de Metán y Rosario de la Frontera el que padecerá alguno de estos "fenómenos naturales" si no se hace nada para frenar la devastación de nuestros recursos naturales y la consecuente destrucción del medio ambiente.

En definitiva, Salta está amenazada por la irracionalidad de los grupos económicos acompañada por el poder político y judicial aún en los tiempos que corren.

En Salta todo sigue igual a pesar del cambio de gobierno.

El año se inició con el autoacuertelamiento de la policía por una recomposición salarial, conflicto medio resuelto con un aumento escalonado del 12 % hasta mayo.

Salud: El 18 de febrero habrá asamblea en los hospitales públicos en contra de la privatización del Hospital de Niños y en reclamo de un incremento salarial convocada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE-CTA) y la Asociación de Profesionales de la Salud de la Provincia de Salta (APSADES-CTA).

Educación: Ya se anunció el no inicio de las clases en marzo si antes no se incrementan los salarios.

Si bien el gobernador Urtubey salió anunciando que el aumento para los trabajadores estatales será del 12% , todos los sectores involucrados lo rechazaron por insuficiente.

Este hecho lamentable que puso a Salta en boca de todo el país y que costó vidas humanas, deja de manifiesto la crisis social que vivimos en la provincia, una realidad innegable y reconocida en sus dichos por la misma Presidenta de la Nación en su visita a Tartagal.

Una crisis que ya se venía expresando en los diferentes cortes de ruta en reclamo de fuentes de trabajo y mejor calidad de vida.

Vuenaventura David es Secretario General de la CTA de Salta.


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Funcionarios del gobierno de Salta, incluyendo a hermanos del gobernador, son dueños de las empresas de desmontes


COPENOA

Así lo afirmó el prestigioso periodista Jorge Lanata Director del Diario porteño Crítica. En su articulo LOS NOMBRES DEL ALUD Los negocios entre el barro.

"Cuando llueve, el terreno no tiene absorción porque faltan las raíces de los árboles extraídos, entonces el agua drena y recorre libremente. O sea, si el agua no es consumida por la vegetación, se inunda".

Eduardo Piacentini, del Departamento Cambio Global del Servicio Meteorológico Nacional.

Del tártago sale el aceite de ricino, llamado en el mundo "castor oil" (aceite de castor). Hace cuatro mil años lo usaban los egipcios como planta medicinal o combustible para sus lámparas, y sus hojas parecen una estrella dibujada por Miró, de puntas juguetonas y alargadas. Purgante y combustible, el tártago también se utiliza en cosmética para alargar las pestañas. Esta planta rústica y llena de estrellas sabe sobrevivir: se adapta con facilidad a distintos ambientes y tiene una gran resistencia a la sequía. Pero no sobrevivió a Tartagal. En Tartagal ya casi no quedan tártagos, y el equilibrio se rompió como una rama seca. Esta población de 56 mil habitantes vive sobresaltada desde su fundación en 1924: fue entonces cuando se descubrió petróleo, el 25% del total de la cuenca del país y alrededor del 16% de la producción de gas. Tartagal vivió entonces la quimera del oro hasta 1992, cuando Menem privatizó YPF y el 90% de la población de la ciudad quedó desocupada. En 1999, y en 2002, y en 2003, la rabia llegó a la calle y la ciudad se convirtió en un polvorín.

En 2006 el agua llegó a apagar el fuego, y Tartagal se hundió en el barro. Ya habían sido taladas 609.323 hectáreas, y todos se golpearon el pecho y dijeron que había que parar. Pero el entonces gobernador Romero, en su último año de gestión, mientras la Ley de Bosques se discutía en el Congreso, autorizó el desmonte de 478.204 hectáreas: una extensión similar a la de 23 (sí, veintitrés) veces la Capital Federal en un solo año. Muerte, grietas y barro después, la Presidenta reglamentó la Ley 26.331, sancionada el 28 de noviembre de 2007. El artículo 42 de la Ley de Bosques le otorga al Poder Ejecutivo noventa días para reglamentar la norma. Pasaron catorce meses hasta que Cristina se decidió a hacerlo. Ya era, claro, tarde. Pero el Gobierno insiste en que el hecho no debe vincularse con Tartagal.

Nunca lo hicimos (ni volveremos a hacerlo)

Entre 2004 y 2007 la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salta convocó a 211 audiencias públicas, de las cuales 195 correspondieron a proyectos de desmonte. De esos 195 pedidos fueron aprobados 191; dos no llegaron a serlo por falta de tiempo para elaborar un dictamen y otros dos quedaron postergados para 2008 y tal vez ahora se frenen con la Ley de Bosques, que en Salta comenzó jugando en desventaja: pierde su partido 191 a 2, en el mejor de los casos. Si se analiza la distribución de permisos de desmonte según la zona, el departamento San Martín (al que pertenece Tartagal) está en segundo lugar en el ranking.

Secretaría de Ambiente de la Nación durante la gestión de Romina Picolotti revela que con Juan Manuel Urtubey en el poder, aliado K, se desmontaron en 2008 136.000 hectáreas, la mayor parte en el departamento San Martín, en Jujuy, Santiago del Estero y Chaco.

"La deforestación registrada –señala el informe fechado en noviembre– indica que se trata de uno de los procesos de transformación de bosques nativos de mayores dimensiones en la historia del país, siendo el avance de la frontera agrícola la causa principal (…) el reemplazo de los bosques por la agricultura se realiza principalmente para el monocultivo de soja". El segundo cuadro ilustra esa pérdida.

Pocas tragedias han sido tan anunciadas como la de Tartagal: un informe elaborado por ingenieros de la Universidad Nacional de Salta en 2006, luego de la primera gran inundación, advertía sobre la inminencia de otras catástrofes. En su "Diagnóstico y evaluación de la cuenca del río Tartagal y área de influencia", Claudio Cabral y Gloria Plaza aseguraban que en la cuenca alta "la cobertura vegetal ha sido alterada y modificada", favoreciendo la erosión. "La vulnerabilidad de la cuenca del río Tartagal a nuevos eventos catastróficos es altamente probable que se repita", concluían Cabral y Plaza. El estudio fue elevado a la municipalidad de Tartagal.

–Las causas fundamentales del alud –comentó a este diario Osvaldo Canziani, doctor en Meteorología, miembro del Panel Intergubernamental de la ONU sobre Cambio Climático, en referencia al último evento– son las lluvias intensas, características de la época del año, y el mal uso del suelo. La deforestación es un flagelo que tiene un conjunto de implicaciones graves, las que, directa o indirectamente, han contribuido a generar los desastres de Tartagal, la pampa húmeda y las inundaciones de Santa Fe en 2004 y Cañada de Gómez en 2000.

–¿Hay puntos en común entre este alud y la inundación de 2006 en Tartagal?

–No sólo los hay sino que la primera inundación ha agravado las consecuencias de ésta y las que seguirán debido a la exacerbación de los eventos extremos, entre los cuales no deben descuidarse las sequías proyectadas para el Noroeste argentino en este siglo XXI.

Business are business

En Salta muchos políticos juegan en el bosque: mientras se debatía en Buenos Aires la demorada Ley de Bosques, en Salta, en la diagonal de la escena, los hermanos del gobernador kirchnerista Urtubey crearon una empresa dedicada al desmonte. Facundo Norberto (46 años, director de la Agencia de Promoción de Salta, esto es, funcionario) y José Antonio Urtubey (34 años) crearon la firma JOFA, que tiene entre sus objetos sociales el de "explotar o administrar bosques, forestación y reforestación de tierras". Facundo ya tenía cierta experiencia en el área: a poco de asumir su hermano gobernador formó con otros socios la empresa agropecuaria Unapala SRL. El senador justicialista Alfredo Olmedo llevó sus intereses al recinto: el bautizado Rey de la Soja presentó un proyecto de "ley de ordenamiento territorial" que contemplaba seguir desmontando en la provincia cerca de cinco millones de hectáreas. Olmedo tiene varias denuncias por desmonte irracional y fue favorecido por Romero con la entrega de 320 mil hectáreas de
tierras fiscales. Para no ser menos, el intendente de Tartagal, Sergio Napoleón Leavy, es, según confirmó a Crítica de la Argentina el secretario general de la CTA Tartagal, Diego Alcoba, "propietario de uno de los aserraderos más importantes de la región, y beneficiario directo de los desmontes masivos". Leavy aparece desde 2001 ante la AFIP declarando que su actividad principal es la de "extracción de productos forestales de bosques cultivados".

Los cruces entre política, soja y alud son inagotables: la familia Mochón, por ejemplo, desmontó 38.900 hectáreas y su "gestor" fue el ex diputado nacional, ex ministro de gobierno y conjuez de la Corte Suprema provincial Osvaldo Camisar. César Raúl Mochón es titular del Grupo Solanas y presidente de la Cámara Argentina de Tiempo Compartido, y el desmonte se autorizó en tierras para ganadería en la Estancia Ezrah, del departamento Rivadavia. Aníbal Caro, ex secretario de Empleo de la gobernación hasta 2007, preside la empresa Desafío del Chaco junto a Ernesto Pablo Casal: obtuvieron autorización para talar 10.420 hectáreas.

El gobierno salteño autorizó también el desmonte de 1.670 hectáreas a la firma Los Dos Ríos SA en los alrededores de Orán, que abarca parte de la selva de los yungas, una zona declarada Reserva Mundial de Biósfera por la UNESCO. Los Dos Ríos es de Mario Ernesto Gerala y el síndico es Julio César Loetayf, dos veces diputado nacional y hoy ministro de Desarrollo Económico de Urtubey. Gerala es un encanto: el pasado 22 de septiembre fue denunciado por reducir a la esclavitud a dieciocho peones de la etnia toba en la finca Abra Grande. Armani Agropecuaria tiene, por lo menos, un nombre elegante: pertenece a Silvio y Bruno Armani (no confundir con Giorgio ni con Exchange) y figura como aportante a la campaña de Cristina con tres donaciones de 15.000 pesos cada una, el 19 de octubre de 2007.

"Quería compartir con el conjunto de la Secretaría el logro institucional materializado en la fecha", comienza un mail enviado a toda su Secretaría por Homero Bibiloni a las 17.02 del 13 de febrero. "Hemos reparado una deuda ambiental", prosigue el ahora secretario de Ambiente, reemplazante de Picolotti. Bibiloni, el conmovido funcionario, es el funcionario que autorizó la mayor tasa de desmonte como subsecretario de Atilio Savino. Aunque, como se sabe, todo es siempre fruto de la casualidad.

Investigación: J L / Jésica Bossi.

Foto: Argentina, Salta – Juan Manuel Urtubey gobernador de la provincia.


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Argentina, Salta: Tartagal, identikit de los expertos en la generación de aludes

COPENOA

Empresa petroleras, madereras y funcionarios en la mira. Responsables del alud de Tartagal.

Es común en las sierras de Aguaragüe y Río Seco la costumbre de descabezar o "desmochar" algún cerro sobre el cual se decide la ubicación del pozo: a fuerza de voladuras con explosivos y con la ayuda de topadoras, el cerro elegido es "nivelado" para la construcción de una importante plataforma , sobre al cual aparte de las instalaciones de perforación, bombeo y de almacenamiento estarán también un helipuerto, una playa de maniobras y para maquinaria vial y los eventuales campamentos. Este "descabezado" de un cerro implica sencillamente rebajarle la cima en 20 0 40 metros, con la obvia remoción de miles de metros cúbicos de tierra, que generalmente son volcados sobre alguna quebrada de los alrededores.

Tartagal: crónica de una tragedia anunciada

Ante el desastroso alud que ensombreció la ciudad de Tartagal en la mañana del martes 9 de febrero, COPENOA entrevistó al ingeniero Martín Herran, docente e investigador de la Universidad Nacional de Salta, y con veinte años de militancia ecologista independiente, el cual consideró imperioso analizar las posibles causas de la tragedia, así como intentar aclarar responsabilidades.

Según Herran, resulta indignante para el ciudadano común, y especialmente para el sufrido pueblo tartagalense, leer y escuchar a los "expertos", quienes en los últimos días se han puesto de acuerdo en asegurar, categóricamente, que el aluvión de lodo y troncos, que sepultó a media ciudad y arruinó la vida de centenares de vecinos, no obedeció a ninguna actividad humana, sino que fue tan sólo la consecuencia de un fenómeno climático potenciado por las características geológicas de la zona.. Más o menos con esas palabras, funcionarios nacionales y provinciales, responsables técnicos de las áreas de ambiente y recursos hídricos y hasta el gobernador salteño, no dudaron un instante en fijar una posición que oculta las reales responsabilidades, escudándolas detrás del argumento fatalista el "desastre natural impredecible e inevitable".

Herrán quien durante muchos años recorrió las selvas del norte salteño y jujeño, cuando apoyaba la lucha de comunidades Kollas y Guaraníes en defensa de sus montes y tierras, sostiene que se está negando a la opinión pública el acceso a la información completa. Según su análisis , las causas y responsabilidades parecen evidentes:

Las empresas petroleras

Tartagal y las otras ciudades de la zona basaron su desarrollo en dos grandes ramas del sector primario; la extracción de hidrocarburos y la explotación maderera.

La actividad petrolera ha sido, y sigue siendo en el presente, una práctica con grandes impactos sobre el ambiente, al punto que existen en el mundo varias redes de resistencia a la misma.

En la etapa de prospección sísmica, que se realiza para conocer la ubicación y volumen de reservas de gas o petróleo, es imprescindible la cuadriculación del área asignada con una red de líneas de explosivos subterráneos; los mismos se entierran a diez metros bajo al superfiecie o menos, y las líneas de explosivos recorren la selva sin esquivar arroyos ni laderas empinadas. El objetivo es generar microsismos, para lo cual cada tiro genera presiones en el interior del suelo de 250 toneladas por centímetro cuadrado, con ondas expansivas que debilitan y fracturan los frágiles suelos de las laderas de cerros y quebradas. En la etapa de explotación es habitual la apertura de huellas para la circulación de equipos pesados, verdaderas rutas que atraviesan las serranías hasta llegar a la ubicación de los pozos. El tránsito de camiones y máquinas viales significa una fuente permanente de vibraciones, compactaciones y golpes sobre los suelos, fenómenos que suelen ocasionar derrumbes en los tramos más empinados.

Pero quizás la etapa más crítica en lo ambiental es la instalación de los campamentos y pozos de explotación; es común en las sierras de Aguaragüe y Río Seco la costumbre de descabezar o "desmochar" algún cerro sobre el cual se decide la ubicación del pozo: a fuerza de voladuras con explosivos y con la ayuda de topadoras, el cerro elegido es "nivelado" para la construcción de una importante plataforma , sobre al cual aparte de las instalaciones de perforación, bombeo y de almacenamiento estarán también un helipuerto, una playa de maniobras y para maquinaria vial y los eventuales campamentos. Este "descabezado" de un cerro implica sencillamente rebajarle la cima en 20 0 40 metros, con la obvia remoción de miles de metros cúbicos de tierra, que generalmente son volcados sobre alguna quebrada de los alrededores.

La madera, riqueza del norte

Las yungas han sido históricamente, junto a la selva misionera, el lugar de abastecimiento de maderas finas para todo el país. Aún hoy, incluso cuando los montes de San Martín y Orán están prácticamente agotados debido a las décadas de "explotación de tipo minera", es decir, hasta agotar los "yacimientos" de árboles, se sigue pensando en el Roble Salteño (en real peligro de extinción) o en el Cedro Orán, en cualquier punto de la Argentina, como las maderas más finas y vistosas para ebanistería y mueblería.

Sucede que los árboles de interés monetario para los aserraderos están hoy en lugares muy inaccesibles, en general sobre laderas y a veces en las cimas de las serranías. Las empresas madereras, entonces, deciden abrirse camino por pendientes y quebradas hasta donde se encuentran los ejemplares valiosos. En la actualidad , la extracción forestal en laderas selváticas es cotidiana, y al igual que con las huellas petroleras, sus consecuencias son graves, generando una multitud de pequeños derrumbes en el afán de llegar a los árboles de interés, estén donde estén.

Herrán aseguró a COPENOA que fue testigo de extracción forestal ilegal en tierras fiscales, y recorrió montado a caballo, en julio de 2008, varias huellas abiertas por las topadoras en las que debió bajar del animal para guardar el equilibrio. Este tipo de práctica maderera ha sido la causa de derrumbes muy importantes, aunque no tan difundidos por haber sucedido en zonas poco pobladas, como los aluviones de las Quebradas de Algarrobito y Volcán, en 2001 y 2004, y el de la Quebrada de Aujón en 2006, todas en el departamento San Martín. Incluso está en duda todavía la causa real de la segunda explosión del Gasoducto Norandino, en 2001, que se desencadenó luego del derrumbe de una ladera en la cornisa de Vado Hondo, Orán, y que aparentemente habría sido causada por la prospección sísmica que una petrolera había hecho poco antes sobre las laderas.

Herrán recuerda asimismo el caso de la explotación forestal en Finca San Andrés, con máquinas y camiones robando la madera de las comunidades Kollas en quebradas muy escarpadas y con derrumbes incluso durante la explotación; este acontecimiento mereció la intervención de la Secretaría de Ambiente de la Nación, y fue en esa oportunidad cuando la licenciada Victoria Lichstein visitó el lugar y exigió al gobierno provincial que se detuviera la explotación por los graves daños ambientales.

Lo más grave, indica el ambientalista, es que el marco jurídico provincial es muy endeble en ese aspecto, y tanto la Ley Provincial 5242 y las respectivas resoluciones y disposiciones reglamentarias son muy flexibles en lo concerniente a laderas: hay solamente una disposición vigente que establece que "Los bosques con relieve escarpado (pendientes superiores a 45% , o sea un ángulo de 22º ) no podrán ser incluidos como bosques productivos y serán clasificados como bosques protectores, cuyo aprovechamiento requiere normas especiales". Sin embargo, no dice absolutamente nada acerca de las vías de acceso o "vías de saca" de los troncos; es decir, si un empresario maderero descubre un grupo o rodal de cedros en la cima de un cerro, nadie le impide legalmente cortarlo, y no se regula el modo en que sus topadoras y camiones abrirán las huellas para llegar hasta arriba. Esto se repite durante toda la estación seca en la mayor parte de las yungas salteñas, y al comenzar cada año las lluvias, conocidas por su torrencialidad, producen una infinidad de micro y macro derrumbes, que naturalmente van confluyendo en los cauces de arroyos y ríos de la zona. Uno de ellos , casi seguramente, deber haber sido el Tartagal. Es así que, mientras la Nación y las provincias no regulen de manera muy seria y responsable las explotaciones madereras e hidrocarburíferas, aluviones como los del Río Tartagal seguirán apareciendo periódicamente, declaró el ecologista a COPENOA.

Por último, el ingeniero se mostró indignado al escuchar a técnicos universitarios que hoy están al frente de puestos ejecutivos clave en lo ambiental, asegurar , sin gran conocimiento de causa, que no existen causa antrópicas de este mortal aluvión. Causa vergüenza ajena , dice,, saber que profesionales que han asumido la función pública en representación de la universidad estatal estén siendo tan claramente funcionales a los intereses especulativos de siempre, y que no sean consecuentes con el juramento de graduación, en donde todos los egresados nos comprometemos a "poner el ejercicio de nuestras profesiones al servicio de la justicia social".

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Argentina, Mendoza: Jaque entregó un yacimiento petrolero a una empresa que le debe al Estado 30 millones


Jorge Fernández Rojas - MDZOL

El Gobierno concedió un área petrolera ubicada en Malargüe. La empresa es Petro Andina y mucho antes de la concesión ya había empezado a extraer crudo del lugar, y no pagó correctamente las regalías.

Una empresa petrolera que explota un yacimiento ubicado entre el departamento de Malargüe y la provincia de La Pampa logró la concesión sin que aún quede claro si pagó una deuda con el Estado mendocino que asciende a 30 millones de pesos.

La situación se conoció como una consecuencia del desplazamiento de Silvia Benítez del cargo de subdirectora de Regalías, ya que esta funcionaria advirtió y señaló que el Gobierno intentó un acuerdo con la empresa para compensar esas diferencias pero que violaba la ley de licitaciones públicas, y que luego por esa advertencia, fue dejado de lado.

El problema es que en diciembre pasado Celso Jaque oficializó esa concesión sin mencionar de qué manera la empresa iba a abonarle a la Provincia ese desfasaje por ganancias petroleras. Así lo evidencia el decreto 3214 publicado el 11 de diciembre de 2008, que concedió la explotación del área por el término de 25 años a partir del 16 de julio de 2008.

Desde el Sindicato de Trabajadores Autoconvocados del Estado (Sitea) tomaron nota de este caso para argumentar en contra del Gobierno y su supuesta ineficiencia para cobrarle a los grandes aportantes.

O lo que es peor, señalan los gremialistas, con esto se aumenta la sospecha de que a la hora de cumplir con las obligaciones fiscales los que más deben hacerlo -por poder económico y porque sacan grandes ganancias de la explotación de recursos no renovables, como es el petróleo-, son beneficiados por arreglos nunca del todo aclarados y motorizados por el mismo administrador del Estado.

La historia de Petro Andina en Malargüe

El asunto es que Petro Andina Resource –una compañía sustentada por capitales canadienses-, tiene el 50 por ciento de la exploración de este yacimiento en territorio mendocino, y otro 50 por ciento lo explota YPF.

El área petrolera en cuestión está identificada como CNQ-7A. El 14 de marzo de 2006 la petrolera declaró ante la Secretaría de Energía de la Nación la comercialización del lote "Jagüel Casa de Piedra" por lo que pidió la concesión de explotación sobre ese terreno.

Esa decisión quedó en manos del entonces Jefe de Gabinete Alberto Fernández. Una semana después YPF adhirió a la solicitud de Petro Andina.

Los dictámenes de los organismos nacionales fueron favorables a las presentaciones de las firmas petroleras, pero cuando esta postetad pasó a la Provincia finalmente fue Celso Jaque quien a través del mencionado decreto, otorgó el derecho para explotar la zona. Aunque, como se ha dicho, en el texto no se hace reserva de la deuda de la compañía en concepto de regalías mal liquidadas.

El reclamo de los 30 millones que no fue escuchado

A Benítez ya la reemplazaron en la repartición por otro contador afín a la conducción jaquista llamado Rodolfo Quiroga, pero antes de irse recordó, a pedido del sector gremial, qué había pasado con el caso Petro Andina.

Benítez fue desplazada por ser demasiado "celosa" en su función como fiscalizadora de la producción petrolera y los recaudos estatales de esa actividad. De hecho también denunció la creación de cuentas paralelas oficiales donde fueron a dar dineros de las petroleras por 3 millones de pesos.

En el caso de Petro Andina se expresó a través del expediente 27-S-2007-01138 donde reclamó la diferencias en la liquidación de regalías de empresa.

El reclamo de la diferencia de alícuota correspondía a que la petrolera pague el 15 por ciento hasta el otorgamiento de la concesión de explotación, ya que en realidad pagó el 12 por ciento como lo hacen las concecionarias de las explotaciones.

"Además de efectuar deducciones no autorizadas por la ley en la liquidación de regalías, y realizar ajustes de precio negativos no justificados lo que a la fecha a hace un monto aproximadamente 30 millones de pesos", remarca un informe de Sitea.

El expediente se encuentra desde el 25 de agosto del 2008 en la Asesoría Letrada del Ministerio de Hacienda que conduce Adrián Cerroni, después de haber recalado durante meses en la Subsecretaria de Hidrocarburos del Ministerio de Infraestructura, a cargo de Francisco Pérez (ambos funcionarios a la derecha).

En Hidrocarburos se quedó con ese expediente Osvaldo Musso (quien renunció cuando se conoció que había falseado el título de ingeniero).

Justamente fue el titular de Hacienda quien dio la versión gubernamental. "Es cierto que hay un a deuda y que es entre 15 a 20 millones de pesos, la empresa lo ha reconocido y va a pagar, se está terminando un acuerdo que lo están haciendo Walter Vázquez (subsecretario de Hidrocarburos) y Héctor Vega (jefe de gabinete de Hacienda)", señaló el ministro de las finanzas de Jaque.

Ahora bien, el área aparece en el decreto de Jaque como explotada por Petro Andina e YPF en partes iguales, los registros de la Subdirección de Regalías señalan que este lote ha sido explorado y actualmente explotada por "la unión transitoria de empresas formada entre Petroandina Resources Ltd. (70%) e YPF SA (30%)".

Y allí se observan las diferencias, YPF ha liquidado las regalías correspondientes en forma correcta, es decir aplicando la alícuota del 15 por ciento y sin deducciones ya que extrajo crudo sin la concesión de explotación.

Los técnicos especializados en regalías petrolíferas analizaron el decreto a pedido de MDZ donde de acuerdo a ese estudio puntualizaron que "no surge referencia ni reserva alguna sobre la deuda determinada y detallada precedentemente".

Además, "no se hace reserva por las diferencias de precio que surgen por mal considerar los derechos de retención a la exportación, previstos conforme a la ley nacional 25561 y que deben reclamarse según lo establece el decreto provincial Nº 435 de 2007".

Y por otro lado "no se exige que deben regularizar las deudas que registran conforme lo establece la ley provincial 7526".

La Pampa, otra provincia, otro trato

Como se sabe la cuenca petrolera, además del territorio del sur mendocino abarca el territorio pampeano.

Benítez averiguó con sus pares de aquella provincia y corroboró que La Pampa otorgó la explotación por la porción del área ubicada allí previa cancelación de todas las deudas que registraba.

Justamente entre esas deudas está la generada por mala liquidación de las regalías utilizando los mismos argumentos que esgrimió Benítez en su reclamo.

Esta consulta al gobierno pampeano también quedó registrada por nota 70-S-2008 remitida al Ministro de Hacienda, la cual se encuentra en la Secretaría Privada del Ministerio de Hacienda desde el 20 de noviembre del año pasado.

Sin licitación, casi un error, y un acuerdo que no fue

En octubre pasado estuvieron gestionando un acuerdo por el cual se compensaba la deuda que registraba Petroandina Resources y que Benítez había reclamado por escrito.

Los impulsores de este convenio fueron la Gobernación, el Ministerio de Infraestructura y el Ministerio de Hacienda.

Y aquí está el antecedente por el cual el Gobierno puja todavía en la Legislatura que es la ley que le permita adjudicar obras sin llamar a licitación pública.

En ese tratado que terminó trunco el compromiso que asumiría la empresa era realizar distintas obras como caminos de acceso al área de explotación (dicen quienes conocen el lugar que no son necesarios y son de uso se exclusivo de la misma empresa y sus proveedores).

También asumiría la construcción de una sala en el Hospital de Malargüe, una escuela en Malargüe, y un mini centro cívico en Malargüe además de 500 mil pesos para la Subsecretaría de Hidrocarburos.

Finalmente la Fiscalía de Estado le aconsejó a Jaque, informalmente, que previo debían lograr la pertinente autorización legislativa, porque implicaba una excepción a la Ley de Obra Pública (lo que exactamente está intentando ahora pero para cualquier obra pública), además de imprecisiones en cuanto a la cotización de las obras, y el cronograma de cumplimiento.

Foto: Silvia Benítez, la ex fiscalizadora de las regalías petroleras. / Autor: Pachy Reynoso - MDZOL


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Argentina: Lo que piensa hacer el gobierno para proteger el empleo es muy insuficiente

Emilio Marín (LA ARENA)

La crisis económica y financiera está provocando colosales pérdidas de empleos en el mundo. Y Argentina no escapa a ese fenómeno, que durará todo este año y quizás más. ¿Qué hacer para enfrentarlo?.

Mal de muchos, consuelo de tontos. En un mes en Estados Unidos se perdieron 500.000 empleos; en diciembre, en Brasil, similar suerte corrieron 655.000 trabajadores, que en enero sumaron otros 300.000. En España la caída de economía ha puesto el desempleo al tope, como en las peores épocas recesivas, y el paro ya abarca a 3 millones de personas.

En Argentina las poco confiables estadísticas del Indec siguen ubicando el desempleo en el 7,5 por ciento. Y aunque la desconfianza en ese índice es generalizada, los economistas en general se cuidan de hacer pronósticos catastrofistas, estilo Elisa Carrió.

Pero todos ellos, y el propio gobierno nacional, que no da a conocer sus proyecciones, coinciden en que el problema es serio también aquí. Y que, en consecuencia, la tasa de desocupación tenderá a subir. El debate es a cuánto. Algunos consultores piensan que ese índice puede subir a dos dígitos, al 11 ó 12 por ciento; otros, que ven la copa medio llena predicen que la trepada no llegará a tanto, arañará el 10 por ciento sin llegar a tanto.

De todos modos, la visión optimista da una pérdida de 150.000 puestos de trabajo, y la pesimista duplica esa cifra. Cualquiera implica un futuro inmediato lamentable para esa cantidad de familias trabajadoras y por extensión a la economía nacional, que verá restringido su crecimiento, consumo e inversión. Sobre todo, verá retroceder un aspecto clave como es la tasa de actividad y, ni qué hablar, de la ponderada y siempre distante redistribución del ingreso.

Las grandes patronales, nucleadas en la Unión Industrial Argentina, han adoptado un doble discurso frente a la crisis.

Por un lado sus dirigentes dicen que sería una locura o disparate discutir aumentos salariales, pese a que en marzo vencen muchas paritarias y los gremios esperan lograr una recomposición de haberes. Según Juan Carlos Lascurain, titular de la UIA, lo máximo que sus cámaras pueden hacer es mantener el empleo. Y punto.

Pero por otro lado, esas grandes compañías no están manteniendo el empleo sino destruyéndolo, o amenazan con hacerlo hasta que logran alguna concesión del gremio respectivo y del gobierno, que termina con una parte del personal afuera o suspendida.

Paolo Rocca, dueño del grupo Techint, lo grafica perfectamente. En octubre pasado, apenas comenzada la crisis de Wall Street, informó la paralización de las obras de ampliación de un alto horno de Siderar. Implicaba la cesantía de la mayoría de los 2.400 operarios afectados a esa tarea, entre metalúrgicos y obreros de la construcción. Luego de arduas discusiones en el ministerio de Trabajo, que incluyeron 30 días de conciliación obligatoria, se llegó a un acuerdo que lesiona a la parte laboral, pues se dejan sin efecto por ahora los despidos pero el personal trabajará sólo dos semanas al mes y perderá el 22 por ciento del salario. Rocca y Luis Betnaza, ambos de Techint, son directivos de UIA, y Lascurain, opera allí como hombre del pulpo siderúrgico. ¿Dónde quedó la promesa de estos caballeros de defender la plantilla para no discutir salarios?

Profecía autocumplida

Como la política se basa en hechos, lo rubricado en el caso Siderar por el ministro Carlos Tomada es una "luz verde" para que muchos otros empresarios fuercen acuerdos similares, que implican suspensiones y poda de salarios. Techint es el principal emporio industrial, con una facturación multinacional de varios miles de millones de dólares al año. El año pasado ocupaba, detrás de Repsol, el segundo lugar en el ranking nacional de exportadores.

Si a pesos pesados como ese se le permite suspender y recortar salarios, está claro que al resto de la patronal no le podrán oponer argumentos oficiales para que no haga lo mismo. Los peticionantes dirán a Tomada que tienen menos "espalda financiera" que Rocca, y lo peor es que tendrán razón en esa comparación.

La crisis desnuda los comportamientos políticos y empresarios. Las automotrices tuvieron un gran año en 2008, llegando al récord de 628.000 vehículos vendidos. Esto pulverizó la marca del "boom automotriz" de Carlos Menem y Domingo Cavallo, en 1994, de los 400.000 autos.

Sin embargo, a pesar de esa performance, apenas se desató la crisis en EE UU, los directivos de las multinacionales del automotor tomaron decisiones antiobreras (en rigor aplicaron las disposiciones de las casas matrices en Detroit, París, Turín, Wolfsburgo, etc.).

Hubo centenares de despidos y suspensiones en Renault, Fiat, Iveco, General Motors, Volkswagen y otras terminales, ya en noviembre, apenas comenzado el temporal en el Primer Mundo. Estornudaban allá y se resfriaban acá. Detroit decidía el achique y lo sufría la planta de cercanías de Rosario. Los franchutes del rombo tomaban las medidas y 600 fatídicos telegramas llegaban a los que marcan tarjeta en el barrio de Santa Isabel, Córdoba.

Hace unos días se supo que en enero la producción de autos había caído estrepitosamente, el 54,6 por ciento, en la comparación con mismo lapso del año anterior. ¿Acaso los directivos de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa), quieren presentar ese desbarranque como síntoma de que su achique fue previsor y correcto? Si esa es la intención de la cámara presidida por el francés Dominique Maciet (Renault), el planteo no tiene la menor lógica. Es al revés.

Es la profecía autocumplida. Si el personal estuvo suspendido varias semanas, luego fue licenciado por vacaciones y al volver de éstas continuó suspendido, con jornadas laborales de sólo dos días (caso Fiat) o trabajó sólo una semana en febrero (Iveco), ¿cómo no iba a caer la producción a la mitad o menos?

¿Parches o soluciones?

Si los principales establecimientos privados despiden o suspenden a mansalva, como se vio en los ejemplos de la siderurgia y de las terminales, cabe suponer que las firmas menos concentradas estarán tentadas a seguir ese camino. Por lo pronto 100 empresas radicadas en Córdoba, un número similar en Santa Fe y otras 80 en Buenos Aires, han comenzado los trámites del "procedimiento preventivo de crisis" ante los respectivos ministerios. Es la seria advertencia de que se aprestan a reducir sus plantillas o suspender, abonando indemnizaciones inferiores a las marcadas por la ley.

Esas gestiones aparecen como la punta del iceberg, visible, mientras muchos otros establecimientos están pensando medidas similares pero aún no las han formalizado.

Los anuncios de Cristina Fernández pueden ser paliativos pero no van a servir para conjurar la crisis laboral, por sus limitaciones políticas, presupuestarias, ideológicas y compromisos personales (esto último viene a cuento de que en setiembre de 2007 fue con Néstor Kirchner a la inauguración del alto horno de Siderar, del brazo de Rocca). ¿Cosas superadas por la vida? No parece, teniendo en cuenta que el 22 de enero último estuvo en Caracas y pidió a Hugo Chávez que le pague cuanto antes la indemnización a Techint por la expropiación de Sidor.

Está muy bien que la presidenta recupere Aerolíneas y Austral, proteja los 9.000 empleos y otorgue un aumento salarial de 19,5 por ciento. Es una parte de lo que habría que hacer globalmente, recuperando las privatizadas y los servicios esenciales como la explotación petrolera, gasífera, energética, los ferrocarriles y la siderúrgica (los altos hornos privatizados en San Nicolás, hasta la década del ´90, eran de Somisa).

Tener el control de las palancas fundamentales de la economía, incluyendo la nacionalización del comercio exterior y del sistema bancario, sería la manera de asegurar no sólo el empleo sino también la producción y la soberanía nacional. Lamentablemente el gobierno está lejos de adoptar una política de ese tipo, como lo revela el sentido del viaje presidencial a Madrid y los acuerdos con los popes de Repsol, Banco Santander, Telefónica, Gas Natural y Avertis.

La insuperable limitación de los acuerdos con esta gente se advierte en lo expresado por el banquero Francisco Luzón luego de la entrevista. "Le he destacado a la presidenta -dijo- que el Santander Banco Río está muy comprometido con Argentina. En cinco años hemos incrementado el personal en trescientas personas".

¿Trescientas? Con eso no tenemos ni para empezar.

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Argentina: Advierten que un 11% de aumento para jubilados sería insuficiente


NA - MDZOL

El defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, sostuvo que el incremento previsto para jubilados y pensionados que dará a conocer la presidenta esta semana, no alcanzaría para cubrir una canasta de necesidades básicas. Al respecto, indicó que "la jubilación mínima se estaría yendo a los 770 pesos, pero cerrando una encuesta de necesidades no básicas, porque no se trata solo de comida y medicamentos, el dinero necesario pasa los 1.240 pesos".

El Gobierno daría a conocer esta semana el primer reajuste de haberes para jubilados y pensionados de este año, que rondaría el 11 por ciento, cifra que según el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, no alcanzará para cubrir una canasta de necesidades básicas.

Así lo cuestionó el ombudsman (defensor), quien señaló que con un aumento del 18 por ciento en todo el año, la jubilación mínima ascendería a 770 pesos, cuando una canasta que incluya no solo comida y medicamentos rondaría 1240 pesos.

"Se vendría un aumento a los jubilados; sería un aumento de alrededor de un 11 por ciento y para todo el año sería un aumento del 18 por ciento", estimó Semino en diálogo con radio Rivadavia.

Al respecto, indicó que "la jubilación mínima se estaría yendo a los 770 pesos, pero cerrando una encuesta de necesidades no básicas, porque no se trata solo de comida y medicamentos, el dinero necesario pasa los 1.240 pesos".

El reajuste de haberes que los jubilados y pensionados recibirán en marzo, en virtud a la ley de movilidad previsional que establece dos ajustes por año, sería anunciado esta semana por el titular de la ANSeS, Amado Boudou.

De acuerdo con lo aprobado por el Congreso el año pasado, las jubilaciones serán aumentadas en marzo y septiembre todos los años, según una base de cálculo establecido por la ANSeS.

Autor foto: Nacho Gaffuri - MDZOL


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Argentina: La CTERA reclama "urgente convocatoria a paritarias"

DYN - RIO NEGRO ON LINE

La secretaria de Educación del sindicato, Estela Maldonado, no anticipó los índices de incremento que solicitarán al gobierno aunque recordó que pidió ya una actualización del "25 por ciento" en los sueldos.

La CTERA pedía esta mañana en conferencia de prensa la "urgente convocatoria a paritarias" para el sector docente, aunque no anticipó los índices de incremento que solicitarán.

Así lo precisó la secretaria de Educación del sindicato, Estela Maldonado, quien sin embargo recordó que la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), a la que están agremiados, pidió ya una actualización del "25 por ciento" en los sueldos de todos los trabajadores.

Maldonado, en declaraciones a radio América, consideró "imprescindible que se convoque con urgencia" a las paritarias del sector por la complejidad de las escalas profesionales y salariales, en lo que podría constituirse como una negociación "testigo" para el restos de los sindicatos.

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Argentina, Chaco: Dengue: Salud decretó el alerta sanitario en la provincia

EL DIARIO DE LA REGION - CHACO DIA POR DIA

Rige desde este domingo y busca intensificar las medidas de prevención, ante los miles de casos detectados en Bolivia y otros cientos registrados en Salta. Por otra parte, en Campo Largo hay ocho casos en estudio.

El Ministerio de Salud Pública de la Provincia decretó este domingo un alerta sanitario que busca extremar las medidas de prevención de la enfermedad del dengue en todo el territorio provincial, debido al rebrote registrado en Bolivia y en Salta, y por ser Chaco una zona de alto riesgo.

Un factor que suma riesgo a la situación es que Chaco cuenta con una importante población que viaja a menudo a Bolivia para realizar compras y cuya migración se realiza sin ningún tipo de control.

A esto, debe sumarse que en los últimos días se han detectado casos con sintomatologías similares a la del dengue en la localidad de Campo Largo. Son ocho casos no confirmados que continúan en estudio. En un rápido accionar, el gobernador Jorge Capitanich y el subsecretario de Salud, Marcelo Slimel, visitaron la localidad para interiorizarse de la situación.

Tras la visita, Slimel dialogó con eIDIARIO de la Región y aseguró que "no hay casos confirmados de dengue en la localidad de Campo Largo. Sí hay ocho casos en estudio, con síntomas parecidos", indicó el funcionario. "Lo que ha hecho el Ministerio de Salud es decretar el alerta sanitario, en virtud de que es una zona de alto riesgo y por dos cuestiones que tienen que ver con los miles de casos detectados en Bolivia y poco más de 100 en la provincia de Salta. El otro factor es la población migrante que a diario viaja a Bolivia para realizar compras. Se estima que por día, unas 1.000 personas ingresan a Bolivia, desde Argentina", explicó Slimel.

En otro segmento del diálogo con este medio, el funcionario desmintió las versiones periodísticas que alertaban de un colapso en el nosocomio de Campo Largo, producto de los supuestos casos de dengue. "Desmiento totalmente esa versión. De hecho, de la capacidad total del hospital de la localidad sólo esta ocupada el 35%. Quiero llevar tranquilidad a la población, ya que estamos
extremando todas las medidas de prevención. De todas formas, esos casos aún no confirmados siguen en estudio. Además, estamos en constante comunicación con el Ministerio de Salud de la Nación", advirtió el funcionario de Salud.

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Argentina, Santa Cruz: Muere un piquetero en un confuso episodio policial

INDYMEDIA

Jaime Vargas estaba participando de un reclamo por trabajo en las puertas de petrolera.

En un confuso episodio policial, el 13 de enero, murió Jaime Vargas alias "Popeye" mientras participaba de un piquete en la puerta de la petrolera Repsol-YPF.

Vargas, participaba juntos con otras personas desocupadas, de un reclamo por puestos de trabajo en la puerta de la empresa petrolera, cuando se acerca un móvil policial a los efectos de realizar una diligencia procesal dispuesta por el juez de instrucción en una causa por robo, a la que Vargas accede sin mostrar resistencia y se dirige con los agentes a su domicilio. Según el informe policial unos minutos después, Vargas, cambia de actitud y comienza a "increpar violentamente" a la policía. Según el parte oficial se produjo un enfrentamiento donde Vargas no fue herido de gravedad: "se efectúa un disparo a zona no vital… a larga distancia, el que impacta en parte delantera de su pierna izquierda", sin embargo ingresa al hospital con paro cardiorrespiratorio y 30 minutos después fallece.

Un trabajador desocupado que compartía el piquete con Vargas expresó: "Tenemos ahora el problema que hay un muerto más en Las Heras…Es un piquetero, un trabajador, alguien que reclamaba trabajo…no sabemos el motivo por la cual lo sacan del piquete y a los veinte minutos escuchamos balazos, ruidos de ambulancias y patrulleros y nos traen la denuncia que Popeye había muerto". Una de las referentes del reclamo manifestó: "El mediodía llegó el patrullero donde estamos protestando. Lo llamaron a Popeye y le dijeron que lo iban a llevar porque tenían un oficio. El aceptó ir a pesar que nosotros no queríamos. Quédense tranquilos, nos dijo. Voy a ir y luego vuelvo". Sus compañeros y compañeras dijeron que a Vargas, la policía, nunca le mostró la orden de allanamiento, además era analfabeto y que murió porque no recibió inmediata atención médica.

Dos días después de la muerte de Vargas, tras 8 días de piquete, la medida de fuerza fue levantada porque los trabajadores y trabajadoras, lograron que la empresa Repsol-YPF se comprometiera en otorgarles los puestos de trabajo, a las más de 40 personas que se encontraban participando del reclamo. Luego de sucedida la muerte de Vargas, los medios locales parecieron justificar su muerte, haciendo hincapié en el "frondoso" prontuario que tenía: "Más allá de lo ocurrido la fatídica tarde del pasado martes 13 y los sucesos que desencadenaron en la balacera en la que finalmente cayó muerto, lo cierto es que si bien hay quienes lo desconocían, o lo niegan, Popeye Vargas era un delincuente de frondoso prontuario" (Tiempo Sur). Vargas, había sido procesado, en dos oportunidades, por hurto (robó dos bicicletas y una amoladora) y tenencia ilegal de arma de uso civil.

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Argentina, Tucumán: El agua en el barrio Las Acacias no es apta para el consumo


PRIMERA FUENTE

Los vecinos realizaron una denuncia pública por temor a contaminación ambiental por la fumigación en una plantación de soja a metros de la zona urbana. En tanto el Siprosa determinó que el agua que se suministra no está en condiciones para consumo. Aunque el informe ambiental sostiene que el laboratorio no cuenta con elementos para realizar análisis de plaguicidas.

Si bien el informe que suministró el Departamento de Saneamiento Básico de la Dirección General de Salud Ambiental del Siprosa asegura que el agua que se bebe en el barrio de Las Acacias, en Yerba Buena, no es apta, también señala que el laboratorio no cuenta con los elementos necesarios para realizar análisis de plaguicidas en el liquido y determinar si el agua que se extrae de la bomba central está contaminada por los químicos que arrojan a través de las fumigaciones que se hacen en la zona urbana.

"Las muestras abajo identificadas no son aptas para el consumo humano por encontrarse bacterias en número superior al permitido para agua potable por el código alimentario argentino", manifiesta el informe que realizó la inspección realizada el pasado 3 de febrero. Cabe recordar que el jueves los vecinos del barrio de Yerba Buena denunciaron posible casos de contaminación por la fumigación de una plantación de soja cercana.

La toma de las muestras del líquido se recogieron en las salidas del CAPS Santa Clara, que se encuentra a menos de 50 metros de donde está ubicada la bomba central y a menos de 20 metros de donde llega la plantación de soja.

En tanto, los vecinos insisten en que los propietarios de esta plantación fumigan con productos tóxicos en el área urbana por la madrugadas cundo todos duermen. Denunciaron ante primerafuente que de acuerdo a las leyes ambientales está prohibido realizar este tipo de acciones a menos de 2.500 metros, de donde se encuentre residiendo la población.

Foto: Más de 380 familias residen en los barrios Las Acacias y Las Marías. / Autor: PRIMERA FUENTE


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Argentina, Tucumán: La resistencia ciudadana contra el tarifazo recién empieza


PRIMERA FUENTE

A medida que pasan los días y las facturas del consumo de energía que emite Edet llega a las viviendas de los tucumanos, el fastidio, también invade estos hogares en la cual los vecinos esperan expectantes que las medidas no se concreten. El viernes se llevó adelante la tercera marcha de usuarios de autoconvocados que exigieron el cese de estos aumentos. Por lo menos estas agrupaciones sociales aseguran que no bajarán los brazos y pelearán para que los usuarios no tengan que abonar estos incrementos injustos.

Los usuarios y organizaciones sociales, a quienes se sumaron las gremiales y políticas, se han agrupado en un solo reclamo como consecuencia de los incrementos tarifarios registrados y aprobados recientemente. Ahora han decidido en forma conjunta y mancomunada tomar intervención en repudio de la medida. Las entidades evaluaron entablar una denuncia cuestionando la validez, oportunidad y conveniencia de los incrementos registrados en dicho cuadro tarifario emitido por la autoridad de aplicación como es el Ente Regulador de Energía (EPRET), respecto a la determinación de las tarifas remunerativas del servicio de distribución de energía eléctrica.

Se cuestiona la razonabilidad de las tarifas, tanto en el ámbito provincial como nacional, remarcando que las tarifas por los servicios suministrados por distribuidores que deben ser ofrecidos a precios justos y razonables y asegurar el mínimo costo razonable para los usuarios compatible con la seguridad del abastecimiento.

También se fundamenta que si bien, las tarifas deben posibilitar una razonable tasa de rentabilidad, dicha tasa debe guardar relación con el grado de eficiencia y eficacia operativa de la empresa. La principal motivación de la denuncia que fueron presentadas en el fuero federal, encuentra su fundamento en los principios establecidos por el marco regulatorio eléctrico que expresamente consagran: Que se les facturen sus consumos de energía eléctrica en base a valores realmente medidos, a intervalos de tiempo regulares y a precios no superiores a los que surgen de aplicar a dichos consumos.

Con rezongar no alcanza

Aunque parezca mentira el tarifazo eléctrico provocó el enojo de las organizaciones sociales y sobre todo en las de defensa al consumidor que de a poco siguen sumando adeptos. El malestar invadió a la ciudadanía en general, pero la reacción para reclamar y hacer sentir claramente el injusto y abultado incremento por ahora no fue suficiente ya que la sensibilidad de la poderosa empresa de energía EDET sigue presionando el bolsillo de los trabajadores.

Hace varias semanas que se producen marchas, sentadas, escraches, acciones judiciales y propuestas legales para frenar los pasos del gigantesco monstruo que mientras avanza genera persecución, discriminación y fraude laboral. Todas estas acciones no detienen las pretensiones de la empresa.

Quizás la fuerza no es suficiente, quizás la reacción es débil y este monstruo aprovecha esos tiempos para generar ese miedo de que podría ser peor si no se cumple con la obligación. La población está informada porque recibe sus abultadas boletas impactando fuertemente el bolsillo. Se enojan, buscan responsables, pero inmediatamente y lamentablemente se entretienen con otras cosas. "La sensación es la de que en la actualidad, los trabajadores seguimos desorganizados, desunidos y por ello permitimos que siga el mundo del avasallamiento de nuestros derechos", expresaron las organizaciones de usuarios mediante un comunicado.

Foto: Los manifestantes siguen sus planes de lucha en la calle y en el ámbito judicial. / Autor: PRIMERA FUENTE


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Los trabajadores no vamos a pagar la crisis del capitalismo. El 30 y 31 de marzo deliberará el 9º Congreso Nacional de Delegados de la CTA

ACTA

La Comisión Ejecutiva Nacional de la Central de Trabajadores de la Argentina dispuso ayer que el Noveno Congreso Nacional de Delegados de la CTA se lleve a cabo en la ciudad de Buenos Aires los días 30 y 31 de marzo. Cronograma de los congresos provinciales.

Este congreso, que se realizará en la Capital Federal el 30 y 31 de marzo, será el segundo con delegados electos de manera directa por los afiliados, de acuerdo con el nuevo Estatuto Social, en los comicios del 9 de noviembre del 2006.

Participarán 502 congresales electos que evaluarán políticamente el desarrollo de las iniciativas aprobadas en la última edición realizada en el Hotel Bauen de la Capital Federal el 4 y 5 de diciembre de 2007.

En la oportunidad, la máxima instancia deliberativa de la Central pasará revista a la situación política, económica y social del país y la región, después de un año donde el conjunto de la militancia de la CTA y de otros sectores del campo popular protagonizaran trascendentes hechos masivos.

Tal fue el caso del Encuentro Nacional hacia una Constituyente Social que se realizó en Jujuy el 24 y 25 de octubre del que participaron alrededor de 30 mil militantes populares, y la Marcha Nacional del 12 de diciembre que colmó con 50 mil personas la histórica Plaza de Mayo para denunciar que el hambre es un crimen y reclamar la Asignación Universal por Hijo.

Tampoco pasará desapercibido en el debate la potencialidad que implica para el surgimiento de organizaciones de trabajadores de nuevo tipo el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación consagrando los principios de libertad y democracia sindical.

En el Congreso también se pondrá a consideración la elevación del Departamento de Discapacidad al rango de Secretaría de Discapacidad, un justificado reconocimiento a la tarea que por la integración y los derechos de los trabajadores discapacitados viene llevando adelante el área liderada por Carlos Ferreres.

Distribución de la riqueza

El reciente Foro Social Mundial realizado en Belén, Brasil, también ha significado un salto cualitativo expresado en la presencia activa de cinco presidentes que reafirmaron su compromiso en buscar una salida a la crisis provocada por el capitalismo internacional que no signifique más de lo mismo, sino que suponga una oportunidad para que no sean los pobres los que terminen pagando la cuenta del banquete de los ricos.

En ese sentido, la CTA viene pregonando la necesidad de que cesen por 180 días las suspensiones y despidos, ha reclamado un piso de incremento del 25 % para la discusión salarial que se avecina y que el Gobierno, en lugar de seguir subsidiando a las empresas, ponga dinero en los bolsillos de los trabajadores a través de políticas universales para mantener el nivel de actividad en el mercado interno. En este punto la Central ha sido terminante en rechazar el chantaje de las patronales que pretenden canjear salarios por la preservación de puestos de trabajo.

Los presidentes de Brasil, Lula Da Silva; de Bolivia, Evo Morales; de Venezuela, Hugo Chávez; de Ecuador, Rafael Correa y de Paraguay, Fernando Lugo, se encargaron de remarcar en Belén la importancia de los movimientos sociales y las organizaciones populares para sustentar el proceso de transformación política, económica, social y cultural que viene despuntando desde hace más de un lustro en esta parte del Continente.

Trabajadores de la actividad pública y privada, activos y jubilados, formales, precarios, cuentapropistas, enrolados en organizaciones sindicales con personería gremial o simplemente inscriptas; militantes de organizaciones barriales, comunitarias, juveniles, de discapacitados, migrantes y todos aquellos que integran las federaciones de trabajadores de la Energía, de la Industria, de Jubilados, de la Salud, de Cultura y Comunicación, etcétera, serán protagonistas del próximo Congreso Nacional de la CTA.

La voluntad de reafirmar los ejes fundantes de la Central: identidad de clase, autonomía y pluralismo, garantizan el fortalecimiento y crecimiento de esta herramienta colectiva de encuentro y realización de la clase trabajadora.

Somos Pueblo. Somos Trabajadores. Somos CTA. He allí la síntesis que proclama la convocatoria al próximo Congreso Nacional que sesionará a fines de marzo en Buenos Aires.

Cronograma en las provincias

De acuerdo a lo informado ayer por el Bloque Organizativo-Gremial de la CTA, el cronograma de los congresos provinciales confirmados hasta el momento es el siguiente:

13 de marzo
* Entre Ríos

14 de marzo
* Neuquén; Misiones; Corrientes; San Luis; La Pampa; Chubut y Santa Cruz.

19 de marzo
* Santiago del Estero

20 de marzo
* Capital Federal; Buenos Aires y San Juan.

21 de marzo
* Córdoba; Salta; Chaco; Río Negro y Tierra del Fuego.

Todavía no han confirmado fecha de realización de sus respectivos congresos provinciales las conducciones de la CTA de Jujuy, Tucumán, Catamarca, Formosa, Santa Fe y Mendoza. Cabe consignar que, por no encontrarse normalizada, no se realiza Congreso Provincial en la provincia de La Rioja.

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