martes, 17 de febrero de 2009

El “efecto Podlech” hace de Chile, Argentina y Uruguay una gran prisión de “extraditables”

Ernesto Carmona (Especial para Argenpress.info)

Un tribunal italiano negó de nuevo el 6 de febrero la libertad solicitada por la defensa del ex fiscal militar de la provincia de Cautín, llamado “El Pinochet chico de Temuco”, ciudad que está 700 km al sur de Santiago. El abogado Podlech vivía en Chile en impunidad e incluso era una autoridad local por ser miembro del Tribunal Calificador de Elecciones de Temuco, el sistema del Estado que garantiza las elecciones democráticas. Llevaba una vida “normal”, como una “persona respetable”, pero rehusó pasar sus vacaciones en algún lugar de Chile, sino que eligió ir a Europa, sin saber que ya estaba encargado, el mismo error que cometió Augusto Pinochet cuando se fue de paseo a Londres en 1998.

Quienes cometieron asesinatos o desapariciones en Chile y otros países de Sur América no podrán seguir desplazándose a su antojo por el mundo porque les podría guardar el mismo destino que al ex fiscal militar chileno Alfonso Podlech Michaud, detenido el 27 de julio 2008 en el aeropuerto madrileño de Barajas, mientras disfrutaba vacaciones en Europa. En vez de alojarse en un hotel de lujo, Podlech fue extraditado a Italia el 13 de agosto 2007 y ahora está tras las rejas, procesado por el fiscal Giancarlo Capaldo por homicidio y secuestro como responsable de la desaparición del ex sacerdote ítalo-chileno Omar Venturelli Leonelli, visto por última vez en Temuco en octubre de 1973.

Ése transmitió desde Roma medio ciento de activistas chilenos de derechos humanos provenientes de su país y de naciones en que residen –Italia, España, Suiza, Italia, Alemania, Francia, Reino Unido, Bélgica y Canadá–, tras participar el 7 de febrero en el encuentro “Juicio y Castigo a Podlech”, convocado en la capital italiana por Jeremías Levinao, Ruth Kries y Fresia Cea, familiares de asesinados o desaparecidos por la dictadura en el sur de Chile en 1973, informó el periodista Marcelo Henríquez Kries, hijo de otra víctima de Podlech, el médico Hernán Henríquez Aravena, cuya esposa –Ruth Kríes1– lo vio por última vez cuando se lo llevaron por segunda vez del hogar, el 24 de septiembre de 1973.

Podlech cayó preso en España porque su nombre apareció entre 140 órdenes de arresto y extradición emitidas por la justicia de Italia en 2007, por la desaparición en Sur América de 25 ciudadanos de origen italiano. La justicia que jamás se impartió en Chile respecto a este sujeto actuó esta vez en España e Italia. Las 140 órdenes configuran una suerte de lista de criminales de la “Operación Cóndor” impunes de Chile, Argentina y Uruguay, parecida a la nómina de 39 “extraditables” chilenos que por decisión del juez español Baltasar Garzón no pueden abandonar el país desde hace 10 años por su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad. Podlech ha sido el único apresado entre los 140 de la lista, debido a la escasa cooperación de los países sudamericanos con los tribunales italianos.

Casos de ítalo-descendientes

El fiscal Capaldo investiga también otras desapariciones y muertes de italianos en los años 70 y 80 en Sur América. Entre otros casos, instruye juicios por la desaparición en Chile de Juan Bosco Maino Canales, Juan José Montiglio Murúa y Jaime Patricio Donato Avendaño. Y concluyó otros procesos contra militares argentinos condenados en rebeldía por no presentarse.

El fiscal comenzó a indagar las desapariciones de ítalo-descendientes a fines de los años 90, cuando los nuevos gobiernos de los países que habían sufrido dictaduras impusieron leyes de amnistía, obediencia debida y punto final. Desde 1999 conoció los casos de los ítalo-uruguayos Daniel Banfi, asesinado en 1974; Bernardo Arnone, Gerardo Gatti y Juan Pablo Recagno, desaparecidos en 1976; y Andrés Bellizzi, desaparecido en 1977. Capaldo viajó a Argentina y Uruguay en 2002, pero no obtuvo apoyo de los gobiernos.

El ex comandante en jefe de la marina argentina Emilio Massera también está en la mira del Fiscal, pero lo protege una pretendida mala salud mental similar a "demencia subcortical" de Pinochet. Sometido a nuevas pericias por el médico italiano Piero Rocchini, el ex almirante fue declarado “plenamente en condiciones de ser sometido a juicio”, según el diario Página/12 del 3 de febrero. El Cuerpo Médico Forense argentino sostiene que el dictador es insano e inimputable. Los procesos en su contra se suspendieron en Argentina en 2005, después que una junta médica dictaminó “involución mental” por efecto de un derrame cerebral en diciembre de 2002. La jueza María Servini de Cubría lo declaró “insano” y la Corte Suprema avaló que es “incapaz” de enfrentar un proceso penal.

Los tribunales italianos esperan también la extradición del ex militar uruguayo Antranig Ohannessian, detenido en marzo 2008 en el aeropuerto de Buenos Aires, acusado del secuestro y asesinato de cuatro ciudadanos italianos, pero el fiscal Capaldo explicó que aún no ha recibido respuesta de las autoridades argentinas.

Encuentro chileno en Roma

La justicia italiana rechazó en dos ocasiones la excarcelación de Podlech, quien permanece en la prisión romana de Rebbibia. Durante una reunión con los familiares de las víctimas, el abogado querellante Giancarlo Maniga, explicó que si Podlech apela para obstruir de nuevo el juicio que debió comenzar en enero, estaría prolongando un proceso judicial que en Italia puede tener larga duración.

Maniga explicó que el homicidio agravado es un delito que en Italia no prescribe y amerita cadena perpetua. Jurídicamente, Podlech está en "custodia cautelar" por un delito grave que requiere una condena definitiva. Tiene aún posibilidad de apelar ante el tribunal superior de Casazione, pero si su custodia es confirmada su caso sería separado de los 140 indagados de la Operación Cóndor y sometido de inmediato a juicio, explicó Maniga. Los familiares aplaudieron al jurista y expresaron su satisfacción, relató el periodista Henríquez.

La defensa de Podlech puede pedir un "juicio abreviado", sobre la base de los documentos ya presentados en el caso, bloqueando la llegada de más pruebas. También sus abogados podrían inventar una enfermedad grave para liberarlo, solicitando arresto domiciliario o en un hospital, pero tiene que someterse al juicio, sea abreviado o no.

Cuando le preguntaron al abogado Maniga ¿cómo apoyar el proceso? respondió que dándolo a conocer a la opinión pública y presentando nuevos testimonios ante el fiscal. Desde que se cerró el sumario con los testimonios del caso de Venturelli el 9 de febrero, en adelante la justicia puede abrir un nuevo cuaderno con testimonios sobre otros asesinatos de la Araucanía sometida a la jurisdicción de Podlech.

“Nosotros ya no somos víctimas y no tenemos miedo”, dijo Ricardo Parvex, de la Asociación de ex Presos Políticos en Francia, al sintetizar el sentimiento del grupo. “Ahora son ellos quienes tienen miedo de enfrentarse a su pasado a la hora de rendir cuentas ante la justicia. Por eso han perdido las ganas de salir de vacaciones al exterior. En vez de un confortable hotel cinco estrellas, les podría estar aguardando una solitaria celda en alguna cárcel. Chile mismo es ahora una gran prisión para varias decenas de criminales, cuyas responsabilidades están siendo investigadas por la justicia en Francia, España e Italia”, añadió.

El juicio a Podlech fue sólo uno de los objetivos del encuentro de familiares en Roma, aunque tal vez el más urgente, dijo Henríquez. Los fallos definitivos dictados en los últimos tres años por la Corte Suprema de Chile han garantizado la impunidad al rebajar sustancialmente las condenas de primera y segunda instancia a criminales, como ocurrió el 4 de febrero en el caso del dirigente del MIR Jécar Antonio Neghme Cristi, asesinado en Santiago el 4 de septiembre de 1989, la misma noche en que se proclamó la candidatura presidencial de Patricio Aylwin. El máximo tribunal chileno rebajó por unanimidad las condenas de sus asesinos otorgándoles libertad inmediata.

Los ministros Nibaldo Segura, Rubén Ballesteros, Carlos Künsemüller y los abogados integrantes Juan Carlos Cárcamo y Oscar Herrera condenaron a 5 años de "libertad vigilada" al brigadier Enrique Leddy Araneda y a "penas remitidas" de 3 años al coronel Pedro Javier Guzmán Olivares y al capitán Luis Arturo Sanhueza Ross; a la misma "pena", pero por 2 años, al coronel Jaime Eduardo Norambuena Aguilar y al capitán Silvio Corsini Escárate, y por 541días al mayor Manuel Allende Tello, en tanto el general Gustavo Abarzúa Rivadeneira quedó exento de condena. (Los “supremos” Segura y Ballesteros fueron designados por el gobierno del socialista Ricardo Lagos y suelen dejar en libertad a los asesinos invocando como “atenuante” su pertenencia a las Fuerzas Armadas).

El caso Neghme y otros

También concurrió al encuentro de Roma la abogada de derechos humanos Farah Neghme Cristi, hermana de Jécar e hija de Jécar Neghme Cornejo, dirigente socialista de la salud asesinado el 26 de octubre de 1973 por militares del regimiento Tucapel de Temuco. La abogada “hibernó” un juicio que tiene en Chile contra Podlech, a quien responsabiliza de la muerte de su padre, para impedir que esta causa sea invocada por los abogados italianos del ex fiscal militar como pretexto para enviarlo a Chile, donde tendría garantizada la impunidad. La desaparición de Neghme ocurrió simultáneamente con la del Dr. Hernán Henríquez y Alejandro Flores. También viajaron a prestar testimonio desde Temuco Víctor Gavilán y Germán Carrasco. Tampoco se ha hecho justicia en las desapariciones de Arturo Hillens y Jaime Eltit Spidman, abogado de Tucapel, donde también ejercía su poder Podlech.

Los familiares de las víctimas también cuestionan la política de derechos humanos de la Concertación por la Democracia. Estiman que en 19 años de gobierno, esa coalición ha fortalecido la impunidad en Chile. “Ni siquiera tuvo voluntad política de eliminar los beneficios que otorga la Ley de Amnistía a los criminales de la dictadura cuando tuvo mayoría en ambas cámaras del parlamento, al comienzo del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet”, dijo Henríquez. “Debemos luchar contra el esfuerzo sistemático de las autoridades para que nos olvidemos y por tanto no se haga nada para juzgar a los culpables”, dijo José Venturelli, hijo del ex sacerdote italiano.

Las familias de las víctimas de Podlech que residen en el exterior desean revertir la entristecedora realidad respecto a sus seres queridos, pues sienten que también tienen un puesto de trabajo en esa tarea. Fresia Cea, viuda del desaparecido ex sacerdote Venturelli, apeló a la memoria afectiva de los familiares, amigos y compañeros políticos de las víctimas, exhortándoles a que aporten sus testimonios y contribuyan así al avance de los juicios, informó Henríquez.

En la llamada región de la Araucanía todavía existe colusión entre la oligarquía y los uniformados locales. Ésta fue una de las zonas del país que más sufrió la represión militarizada sistémica que impuso la dictadura, un hecho que suele pasar desapercibido en Chile. El concubinato regional oligárquico-castrense actuó violentamente contra las organizaciones mapuches y campesinas que fueron beneficiadas por la reforma agraria del gobierno de Salvador Allende, que devolvió a sus comunidades miles de hectáreas que habían sido usurpadas durante décadas por los latifundistas de la región. “En ese contexto de venganza apareció el abogado Podlech para ofrecer sus servicios a los militares y coordinar las acciones de la Fiscalía Militar de Cautín y revestir de carácter "legal" la política de exterminio de dirigentes sociales y políticos del movimiento popular regional”, explicó Henríquez.

Acciones llamativas por la “visibilidad”

Roberto Vásquez, chileno residente en el Reino Unido y participante del proyecto www.MemoriaViva.com, que recopila testimonios sobre la dictadura, destacó la importancia de ganarse a la opinión pública, tal como ocurrió cuando Pinochet estuvo preso en Londres, dijo Henríquez. “Vásquez está convencido de que al dictador lo habrían dejado marchar a las poca semanas si no hubiesen existido los piquetes frente al palacio de justicia y todas las demás acciones que se idearon en aquellos históricos días”, añadió. “Del mismo modo que hace 10 años lo que cambió la balanza y permitió mantener detenido al genocida durante 531 días fueron las manifestaciones de exiliados chilenos en la capital inglesa, que se extendieron a todo el Reino Unido y al resto de Europa, así también hoy es necesario mantener despierta la memoria sobre los crímenes que recaen sobre el ex fiscal Alfonso Podlech Michaud”.

Los participantes del encuentro se proponen realizar más actividades contra la desmemoria, como una reciente acción en la plaza San Pedro del Vaticano, en que chilenos exhibieron fotos del represor Podlech mostrando carteles con reclamos de justicia en italiano. Aunque la demostración terminó a los pocos minutos con la intervención de la policía italiana y la detención de los manifestantes, la iniciativa tuvo una importante cobertura mediática, relató Henríquez. Un testigo de esta acción relató que "los policías italianos tardaron como 10 minutos en tomar acción..., no inmediatamente..., lo que es mucho tiempo para San Pedro. Lo que queríamos era dar a conocer que Alfonso Podlech está preso en Roma por matar a un ex sacerdote llamado Omar Venturelli".

Para la familia Henríquez-Kries, estas iniciativas demuestran que los crímenes de la dictadura siguen concitando la atención de la prensa europea, en particular en Italia y contribuyen a remover las conciencias de la gente. Ante la masiva concurrencia que acató la convocatoria del encuentro en Roma, Ruth Kries, la viuda del Dr. Henríquez Aravena, destacó que los participantes se comprometieron a iniciar acciones en sus países de residencia y coordinar la lucha contra la impunidad con las agrupaciones de derechos humanos en Chile. El abogado Maniga representaría legalmente a Ruth Kries para intentar otro proceso contra Podlech, esta vez por el asesinato de su marido, el Dr. Henríquez, desaparecido igual que Venturelli y considerado delito de homicidio con secuestro en virtud del tiempo transcurrido.

Foto: El ex fiscal militar chileno Alfredo Podlech preso en Roma. / Autor: CANAL 13 - Chile

Notas:
1) Ver http://www.argenpress.info/2008/12/el-criminal-ex-fiscal-militar-chileno.html

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La ruleta rusa del partido republicano en Estados Unidos

Juan Francisco Coloane (especial para ARGENPRESS.info)

El plan de estímulo de recuperación económica de 787 mil millones de dólares fue aprobado por las dos cámaras en EEUU y comienza a ser ley esta semana con la firma del presidente Barack Obama.

Se anticipa que en 18 meses, más del 70% del presupuesto del plan esté implementándose en proyectos de educación, salud, infraestructura pública de servicios, energía y medio ambiente, ciencia y tecnología, insertos en un marco de apoyo económico a los grupos más vulnerables con reducción de impuestos beneficiando a los ingresos más bajos. El plan contempla generar o salvar 3 millones 500 mil empleos.

El monto representa cerca del 5.5% del PIB, mientras que el déficit fiscal se empina sobre el 10 % del PIB. A pesar de ser la mayor inversión fiscal en la historia de EEUU para un período corto, algunos analistas consideran que los fondos son insuficientes considerando la severidad de la crisis y otros indicadores macroeconómicos.

Es una victoria para la nueva administración, con una tenaz oposición del partido republicano para su aprobación, haciéndose la disputa más intensa. En la cámara de representantes ningún republicano apoyó el plan y en el senado sólo tres senadores le dieron su voto favorable. John A. Boehner, el líder congresista republicano de mayor notoriedad, arrojó al piso el documento –un volumen de más de 1000 páginas- con una agresividad inusual. La abrupta renuncia del senador republicano Chuck Gregg a ocupar un puesto en la administración, después de haber aceptado a ocupar el cargo revela el concepto de la supremacía indicando que el estalinismo es una forma extendida de hacer política.

El reclamo republicano apunta al gasto fiscal desproporcionado, acudiendo al argumento de que solo reducción de impuestos produce el crecimiento económico que genera los empleos. El premio Nobel Paul Krugman sostiene que la reducción impuestos contribuyó largamente a producir el déficit de dos trillones de dólares y el desempleo.

Las diferencias en las dos posturas para salvar la economía revelan dos visiones por ahora irreconciliables. Es tal el antagonismo republicano a la intervención del Gobierno en la economía que les imposibilita concebir desde el Estado una política pública para enfrentar la crisis.

Refugiados en la esquina cínica del posmodernismo, "de que la mejor política pública en economía es que no haya política pública", los republicanos expresan a cabalidad la política del perro del hortelano, y es válido preguntar: ¿Para qué persiguen gobernar desde el estado? ¿Para continuar produciendo crisis como la actual?

Sin embargo hay sagacidad y lógica en la postura de negarse al plan. No se sabe si es por una carencia de estrategia, o por una acción deliberada para crear (¿o reafirmar?) la desconfianza de las personas y desestabilizar el gobierno. Es una típica situación de Catch 22. Al apelar al argumento sicológico, dependen que se produzca un clima de desconfianza hacia el gobierno (esta vez el de Obama) que ellos mismos generaron, para su recuperación política como partido.

La posibilidad de una ruleta rusa por la popularidad de Barack Obama está abierta. Con la oposición de un sector que ha estado en el poder por casi 30 años desde 1969, se decanta un proceso con implicancias no solo en EEUU, sino también internacionales. Pocas veces la acción doméstica de un partido, podría tener la repercusión global como en este caso de la negativa republicana de apoyar el plan.

Bajo un contexto de aguda crisis, se comienza a comprometer la estabilidad en un país con profundas divisiones. No en vano en el discurso conmemorando el natalicio de Abrahan Lincoln el 12 de febrero, Barack Obama haya enfatizado el tema de la unidad de la nación y de las "cosas que solo el gobierno puede hacer". Claramente, la cohesión en el país, si la había, se mantuvo en las últimas dos administraciones bajo la égida de la amenaza terrorista externa, mientras se construía una de las peores crisis económicas de los últimos 70 años a nivel mundial.

Siendo EEUU el país central por antonomasia de la actual globalización, sus problemas económicos y políticos impactan en el planeta en una dimensión que no se palpaba hasta conocer la expansión de la actual crisis.

La visión de un clima de estabilidad amenazada, se ve reforzada por el informe de las 16 agencias de inteligencia de EEUU al Congreso de la semana pasada señalando que "la crisis global financiera y económica y la recesión representan la mayor amenaza a la seguridad".

"Tiempo es la mayor amenaza en esta crisis", y que mientras más tiempo se emplea para resolverla, más crece la amenaza a los intereses estratégicos de EEUU", concluye el informe. Las protestas anti gobierno han aumentado en todos los continentes debido a la crisis económica de acuerdo a Dennis Blair el coordinador de la inteligencia estadounidense que presentó el informe al Congreso.

Las ya frágiles reglas del juego de la globalización se distorsionan todavía más en cuanto a que los países toman medidas desesperadas en un clima de tensión en cuanto a proteccionismo, devaluaciones, imposición de regulaciones, y otras medidas que disminuyen la flexibilidad del flujo de mercancías.

El mensaje de este informe es abierto y no sería prudente eximir a EEUU del enfoque. El estrecho vínculo entre seguridad y finanzas continúa siendo el eje que condiciona la administración de un sistema con evidentes síntomas de fatiga económica y política desde hace varias décadas, especialmente a partir de los ajustes fiscales de los años 80.

El partido republicano niega este diagnóstico porque precisamente es parte del problema por su rigidez ideológica y propagar que la única forma de sustentar el sistema es mediante el esquema de finanzas y seguridad. O en otros términos, una economía política basada en un libre mercado exacerbado sin regulación, y aplicando la coerción, la forma más directa y eficaz de ejercer poder.

Foto: Estados Unidos – El presidente Barack Obama conversa con diputados demócratas en el Salón Oval de la Casa Blanca. / Autor: Pete Souza – White House


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Las tierras y el pueblo


Carlos del Frade (APE)

Hay riqueza en Misiones.

En su tierra exuberante y en su pueblo.

Pero la tierra está en pocas manos y el pueblo no toma el destino entre las suyas.

Misiones fue una de las últimas provincias constituidas como tales en el siglo veinte.

Cuando recién asomaba el 1800, en este suelo colorado afloró uno de los primeros proyectos colectivos comunitarios del territorio americano, el estado de Paracuara.

Jesuitas y guaraníes lo llevaron adelante.

Fueron conscientes de las dos riquezas, la de la tierra y del pueblo, y comenzaron a producir para satisfacer sus propias necesidades sin depender de nadie ni ninguno.

Investigadores alemanes sostienen que llegaron a acumular la mitad del producto bruto interno de España y Portugal, coronas que se disputaban estos arrabales del mundo.

Semejante demostración de soberanía económica y política debía abortarse.

Una película de los años noventa graficó algo de la sangre derramada entonces, la película se llamó "La Misión" y más allá de sus desmesurados recortes individuales, el contexto resume aquella codicia ante semejante construcción colectiva.

Hay riqueza en Misiones.

En su tierra exuberante y en su pueblo.

Pero la tierra está en pocas manos y el pueblo no toma el destino entre las suyas como a finales del siglo dieciocho.

Las consecuencias están en las condiciones de sobrevivencia de las mayorías de Oberá, por ejemplo, fragmento de aquella parte del territorio argentino.

"Un promedio de dos familias se instalan por día sobre terrenos de la Municipalidad de Oberá en el barrio San Miguel, un verdadero microcosmos de necesidades, pobreza y asistencialismo permanente. Según datos de la comuna, actualmente residen unas 600 familias en el lugar, aunque referentes barriales elevaron la cifra a mil. Por ello, teniendo en cuenta que cada grupo familiar está compuesto en promedio por seis integrantes, la población del barrio ascendería a 6.000 personas", dicen las noticias que vienen desde Oberá.

Pero la pobreza impuesta también trae como consecuencia el arrebato de lo mejor del ser humano, la venta de chicos al mejor postor.

"No es casual que en el barrio operen bandas dedicadas a la venta de bebés y trata de personas, ya que las necesidades más básicas están a la orden del día y el hambre cala hondo en los cuerpos maltrechos", sostiene la crónica que apenas puede leerse por la dimensión del drama que describe.

Desde el municipio se distribuyen 70 mil litros de agua potable entre los tanques públicos, mientras funcionan tres comedores comunitarios que intentan saciar el hambre de medio millar de personas.

"La mayoría de la gente se instala en San Miguel y después viene a solicitar el permiso. Actualmente tenemos un promedio diario de dos familias nuevas en el barrio... Mucha gente viene de las colonias y también hay un movimiento interno en el barrio, porque hay que tener en cuenta que muchas chicas a los catorce años ya tienen un concubino y se van a vivir con él", señaló Silvia Ganduglia, directora de Acción Social.

Allí en Oberá, provincia de Misiones, una vez más queda demostrado que la riqueza exuberante de la tierra y el pueblo hace rato que no está en manos de las mayorías.

Autor foto: APE


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Argentina, Córdoba: Hecha la ley, hecho el desmonte


Daniel Díaz Romero (PRENSA RED)

En la provincia de Córdoba, ya no quedan bosques en buen estado de conservación, a excepción de la Reserva Provincial Chancaní de 5.000 hectáreas, lo que representa apenas el 0.03 % de la superficie provincial. La ley de "protección" incrementó el desmonte. "Hay grandes agricultores que realizan desmontes clandestinos", afirmó la investigadora Alicia Barchuk.

El dramático panorama es expuesto por un grupo de técnicos, científicos y organizaciones campesinas que apuntan a la Ley 9212, propiciada por la entonces Agencia Córdoba Ambiente: en el noroeste provincial, a partir de su aplicación, la proporción de territorio desmontado incrementó un 14 %.

Hace poco más de 4 años el gobierno de José Manuel de la Sota concebía la ley 9219 de desmonte selectivo que -según los argumentos esgrimidos por entonces- ayudaría a detener la tala indiscriminada de los bosques provinciales. Sin embargo, los resultados de la normativa parecen justificar las múltiples críticas que generaron por entonces, fundamentalmente que la normativa agravaría la situación porque daba vía libre a los grandes productores agropecuarios de la provincia para desmontar.

Para algunos especialistas lo que hizo en realidad esta ley -disfrazada de conservacionista- fue legalizar el desmonte: "la ley 9212, fue aprobada de la mano de las Sociedades Rurales de Córdoba", señala la ingeniera agrónoma Alicia Barchuk, de la cátedra de Ecología Agrícola de la UNC, quien agrega que "en la Llanura Occidental de la provincia existen bosques con distintos grados de degradación que apenas alcanzan una superficie de 786.000 has y representan sólo el 5 % del total provincial.

En la Llanura Oriental los bosques de quebracho colorado y quebracho blanco, están en extinción y lo que queda es un total de 231.400 has de vegetación degradada en un mar del área cultivada, es decir representan sólo un 1,4 % de la provincia. A esta realidad, hay que agregarle que ya se encuentra en vías de extinción el bosque serrano, empobrecido por los incendios de las sierras de los últimos años y que el algarrobal del Espinal está hace tiempo extinguido.

El Caldenal, único en el mundo, en Córdoba ocupaba un 20% del territorio provincial, mientras que hoy no supera el 0,3%." Las cifras de este informe de Organizaciones No Gubernamentales, científicos y técnicos universitarios, encuentran respaldo en el último informe de la propia Secretaría de Ambiente de la provincia, la cual señala que en apenas un 6 % del territorio provincial, sobreviven bosques nativos".

Bosques Falsos

Barchuk le dijo a PRENSA RED que lo más grave es que "la mayoría de los campos, son infractores de la ley provincial; las imágenes satelitales no mienten y por ellas sabemos que hay grandes agricultores que realizan desmontes clandestinos -afirma la investigadora y agrega que- la Secretaria de Ambiente tiene claro el grave estado en que está la provincia."

Como muestra de lo que sucede, pobladores de Serrezuela cuentan que cuando los técnicos de Ambiente van a verificar si hay desmontes miran la periferia del campo y observan un bosque tupido y bien conservado, pero claro, dejan una franja ancha en los bordes de los lotes y en el interior del campo está todo desmontado: "aparentan monte donde no dejaron nada", señalan los habitantes del norte cordobés.

Hace 100 años, sobre 16.500.000 de hectáreas había 70% de bosque y hoy sólo tenemos un 5 % de bosques en la provincia. Para el campesino el desmonte significa pérdida de vida, exclusión de sus tierras y de su capacidad productiva. Pérdidas de bosques significa, dejar de producir cabras, leña, agricultura, carbón, entre otros.

Pero también significa disfrutar de la sombra y de la fauna nativa en el lugar donde viven. "Hay gente que todos los días se ve obligada a pararse frente a una topadora que, a veces, le arrastra hasta la casa", testimonia Barchuk.

Sojización

Para la investigadora universitaria la explicación de este acelerado deterioro ambiental está relacionado con la"sojización" que genera el avance de la frontera agropecuaria, "generando no sólo desertificación si no que también niega el acceso a los recursos naturales al resto de la sociedad en el mediano y largo plazo" y agrega que "no alcanza el dinero recaudado todos estos años para recuperar los recursos que se han perdido y cuando los empresarios sojeros agoten el suelo aquí se irán a otro lugar, a Bolivia, como lo están haciendo hoy y aquí sólo quedará pobreza y desertificación", advierte la especialista.

Para Barchuk, "los beneficios no quedan en las regiones que explotan porque esta producción no genera empleo ya que si analizamos la superficie desmontada en el noroeste de Córdoba, en un territorio de 12000 has, por ejemplo, pueden vivir 500 familias pero solamente se emplean 0,08 personas para trabajar en toda esa superficie, por eso hay que mirar la incidencia social que esto tiene".

La agrónoma opina que "la apetencia de los productores de soja genera expulsión de las personas: en Sebastián Elcano, por ejemplo, ha decrecido dramáticamente la cantidad de habitantes porque el crecimiento que plantean es sólo para un grupo reducido de población que capitaliza todos esos bienes naturales: no hay mayor equidad en el acceso a los recursos, a las tierras, al agua ni a la biodiversidad. Todavía no tomamos dimensión de la gravedad de lo que está pasando en el campo porque el común de la gente desconoce todo esto", dispara Barchuk.

Foto: Con ley o sin ella, los desmonten continúan. / Autor: PRENSA RED


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Argentina: Pueblos fumigados, matar por encargo

Raquel Schrott - Ezequiel Miodownik (BIODIVERSIDADLA)

Los pueblos afectados por la fumigación con agrotóxicos se esparcen por el mapa de Córdoba, tanto como las manos de cordobeses y cordobesas que desde hace un año decidieron conformar un colectivo para sumar las inquietudes y esfuerzos que se hallaban dispersos en la provincia, luchando y proyectándose contra una realidad rociada de veneno, corrupción, egoísmo y muerte.

La agencia de noticias BIODIVERSIDADLA conversó esta semana con Gerardo, del Colectivo Paren de Fumigar, quienes han tomado la palabra para denunciar los efectos de la sojización y detener un nuevo genocidio que está siendo sembrado en el país.

- ¿Cómo y cuándo surge el Colectivo Paren de Fumigar Córdoba?

Hará unos cinco años, el Grupo de Reflexión Rural (GRR) junto con las Madres de Ituzaingó, y el Centro de Protección de la Naturaleza (CeProNat) de Santa Fé, eran las tres organizaciones que más fuertemente venían planteando las consecuencias de las fumigaciones. Las Madres de Ituzaingó fueron las primeras que iniciaron acciones legales que intentan hacer que se cumpla la 'ley de agroquímicos' a nivel de la provincia, para poder brindar soluciones al flagelo que ellas tenían, de un caso de patología relacionada a las fumigaciones por casa[1].

El Barrio Ituzaingó es como una especie de barrio peninsular que entra en toda la zona sojera de Córdoba, en la periferia. Están todas las casas rodeadas de campos de soja. Las madres empiezan a darse cuenta que había cáncer, lupo, espina bífida, que se estaba empezando a demostrar que podía llegar a haber correlación con el tema de la fumigación. Entonces, se juntan con el GRR y CeProNat y empieza esta campaña 'Paren de Fumigar'. Va pasando el tiempo y, mediáticamente, cada vez que había un caso de intoxicación se las referenciaba a las madres y se empezaba a tomar contacto con ellas para ver cuáles eran los últimos movimientos que habían tenido. Paralelamente, muchos de las otros pueblos del interior de Córdoba, de la zona de Jesús María, de Oncativo, Laguna Larga, de toda la parte de la 'Pampa gringa' cordobesa, empiezan a manifestar la misma problemática. Cuando organizaciones sociales y vecinos autoconvocados empiezan a ver cuál era el historial de lucha, se dan cuenta de que las que habían sido las primeras en denunciar esto son las madres.

Lamentablemente, muchas veces para que un pueblo tome conciencia es necesario vivir en carne propia las consecuencias de este modelo productivista. Hasta tanto a nadie le pase, nadie se va a andar preocupando de esto. Va pasando el tiempo y nos empezamos a dar cuenta de que había muchas organizaciones dispersadas que tenían actividades individuales desde su organización social o desde su pueblo individual como vecinos autoconvocados. Entonces dijimos 'bueno, entre todos tenemos que hacer algo'. Si la campaña es por ahí la que nos unifica, la que toma la problemática, que es la misma para todos, tenemos que hacer algo para ser más fuertes. Entonces, el 13 de septiembre del año pasado, decidimos juntarnos por primera vez en Colonia Caroya y ahí surge la 'Declaración Caroya'[2], que es la génesis del Colectivo Paren de Fumigar Córdoba. ¿Por qué colectivo?, porque cuando nos juntamos en Colonia Caroya, primero no teníamos la intención de conformar un colectivo, pero de repente vimos que habían muchos que venían de organizaciones sociales de cada uno de los pueblos.

En Oncativo estaba la 'Cooperativa de Trabajo La Minga', que venía denunciando no solamente esta problemática social, sino otras como la explotación en el ámbito laboral y otras cuestiones por las cuales históricamente siempre fueron señalados dentro del pueblo. En la zona de Villa Ciudad Parque Los Rearte, estaban los chicos de 'Semillas del Sur', una cooperativa de artesanos, que también trabajan en el campo de lo social generando talleres culturales. En la zona de Jesús María estaba el 'Grupo 9 de Julio', que es un grupo ecologista. En la ciudad de Córdoba estaba 'Peperina Rebelde', una especie de asamblea ambientalista que participa dentro de la UAC, la Unión de Asambleas Ciudadanas. Incluso, anteriormente a este encuentro en Colonia Caroya, 'Paren de Fumigar' participaba dentro de la UAC, pero nunca se llegaba a consolidar nada fuerte, porque el problema de las fumigaciones era contemplado como una problemática más ambiental entre tantas otras, entre la minería, entre el tema de las papeleras, entre las industrias que no tienen ni freno ni control del Estado, entonces no lográbamos consolidar una lucha constante en el tiempo.

- ¿Cuál es la situación particular que están viviendo en Córdoba respecto a las fumigaciones?, ¿qué es la 'ley de agroquímicos' que mencionabas al principio?

La ley de agroquímicos no está del todo completa. A nivel ambiental, Córdoba tiene la mejor legislación vigente, que a diferencia de otras provincias, nos permite hacer frente y utilizar esa ley para poder intentar frenar un poco. Esta realidad no está en otras provincias. La ley establece que los cultivos de soja tienen que estar sí ó sí a 500 metros si se aplican agroquímicos por 'mosquito' y a 1500 metros si se aplica con 'avioneta fumigadora'. Esa ley no se cumplía por ningún productor. El problema de la ley es que no contempla la cuestión penal. Para cada prodcutor, fumigar con 'mosquito' ó 'avioneta', por más que estuviera su campo de soja pegado a las viviendas, le significaba fumigar y pasar la multa como si fuera un impuesto más. En la balanza de costos de lo que le deja la soja, era irrisorio el pago. Entonces, muchos productores no se preocupaban por violar la ley, hasta que las Madres de Ituzaingó inician un juicio a un productor con el apoyo de la OPS. Después que la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, declara que Ituzaingó es un barrio contaminado y que está en una situación de emergencia, con la declaración y un fiscal, se inician las acciones para culpar legalmente a este productor. Logran que esté cinco días en la cárcel, pero ahí nomás lo liberan. Digamos que nunca se logró meter 'en cana' a un productor por haber violado la ley, porque la ley, como te decía, no contempla a las fumigaciones como un delito penal.

Una de las jurisprudencias que estamos tomando en cuenta es la del Fiscal Gómez de Tucumán, que tomó el caso de contaminación por minería (de Minera Alumbrera) como delito penal y se ha logrado culpar penalmente a empresas por haber contaminado napas de río, napas de agua potable y afluentes de agua potable. Tomando que la contaminación es un delito penal estamos viendo e instrumentándonos para poder proyectarnos al día de mañana, de acá a unos años, y que se consideren las fumigaciones como un delito penal, las fumigaciones incontroladas. Nosotros presentamos un informe y una denuncia ante (los tribunales) Comodoro Py, que estuvo a cargo de Jorge Rulli y el GRR, donde se culpa no solamente al productor sino a toda la cadena de responsabilidades que están por encima de él. Muchas veces se plantea que la más barata sería buscar un chivo expiatorio, que sería el fumigador, cuando en realidad el fumigador es una víctima más, no es un victimario.

El victimario es, por un lado, el productor, pero arriba del productor está el ingeniero agrónomo que ordenó la receta fitosanitaria[3]. Nos hemos encontrado muchas veces con recetas fitosanitarias que ponen 'aplicar tantas dosis de glifosato' y le ponen 'no tóxico'. En una receta fitosanitaria están considerando al glifosato como 'no tóxico', cuando la OMS (Organización Mundial de la Salud) ya lo declaró de grado de toxicidad 2. Creo que ese agrónomo debería tener el cuidado y la precaución al momento de dar su receta. Del mismo modo que un médico al hacer una mala praxis se lo puede juzgar legalmente, el ingeniero agrónomo al dar una receta fitosanitaria está poniendo en riesgo la vida de las personas. Y por encima del ingeniero agrónomo, están las universidades públicas que tienen los laboratorios de investigación, que son los que preparan a estos ingenieros. Las universidades públicas se han convertido más en serviles a empresas privadas que en formar ingenieros al servicio de la sociedad. Vemos que los programas universitarios están direccionados a generar futuros empresarios y no un ingeniero preparado integralmente para determinar si un pesticida está haciendo daño o no. Después, por encima de las universidades, la idea es ir contra el SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria), la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, y el Ministerio de Salud. Son los tres órganos que más poder de policía podrían llegar a tener al momento de establecer las pautas de la fumigación, de cómo hacer una fumigación.

Morir de nueva muerte

- ¿Crees que estas fumigaciones se pueden parar, no sólo en Córdoba sino en el resto del país?

Yo creo que el problema es complejo. El problema principalmente radica en una política de Estado y nosotros lo que vemos es que hay una cuestión muy hipócrita, porque desde el Estado se mandó un equipo de investigación del Ministerio de Salud que se dice que se conformó para investigar y destinar fondos al caso del Barrio Ituzaingó en Córdoba. El equipo de salud no está conformado. Hablamos con Susana García, presidenta de la Asociación de Toxicología Argentina y nos comentó que el equipo no estaba conformado, pero que de acá a unos años ellos iban a ser los posibles integrantes de ese equipo. El Estado se hizo eco de esta problemática que ellos mismos generaron a través del modelo sojero.
No vale de nada tratar de frenar las fumigaciones desde el Ministerio de Salud, si desde el Estado no se plantea una reforma agraria ó un cambio en la política agropecuaria. ¿Por qué? Porque uno puede agarrar y ofrecer todo un sistema sanitario que proteja a las víctimas, pero van a seguir habiendo nuevas víctimas a medida que el modelo productivista vaya encontrando los vericuetos por donde seguir actuando.

Se pueden frenar las fumigaciones, pero conversando en muchas de las asambleas nos damos cuenta que el problema, más allá del Estado, es la idiosincracia del productor. Si al productor se le ofrece otro tipo de subsidio para fomentar cultivos orgánicos que se pueden instalar en el mercado mundial y que dejan suficiente ingreso, mucho más alto que la soja, entonces ahí sí. ¿Por qué? Porque lamentablemente cuando uno habla con un productor tiene que hablar en términos económicos, no en términos de salud. Te digo esto porque la idiosincracia clásica del productor es que no le importa. Con esto no quiero hacer una generalidad, porque hay muchos productores que sí les interesa.

Nos ha tocado entrevistar a un productor al que le había nacido un hijo sin un bracito y le preguntamos: '¿Usted es conciente que su hijo le puede haber nacido sin un brazo por el tema de las fumigaciones?', y el productor nos respondía: 'Sí, yo sé que es por eso, pero bueno, mi hijo no tendrá un brazo pero va a tener dos palos verdes cuando sea ingeniero'. Esa idiosincracia lamentablemente es la que está instalada en muchos de los productores nuestros, donde lo único que les interesa es acrecentar su bolsillo.

- Esto no terminaría con el problema de la concentración de la tierra. Hemos conversado en muchísimas ocasiones con campesinos que resisten a diario los atropellos y desalojos de los productores y empresarios sojeros.

El Estado analiza la problemática de las fumigaciones desde un punto de vista muy reduccionista. Esto va más allá de la fumigación. Lo que estamos denunciando nosotros es el modelo agropecuario que estamos teniendo. Un modelo que desplaza, desaloja campesinos, a una persona que históricamente tenía su huerta ó que tenía una producción integral, naturalmente rotativa. Me refiero a que había campesinos que tenían su cabrita, sus vacas, maíz, girasol, trigo, huerta, frutales, y que con eso comía no solamente su familia, podía intercambiar el sobrante ó el remanente con otras comunidades. Eso históricamente se hizo pero nunca fue reconocido por ninguno de los estados, desde los períodos de facto hasta esta pseudo-democracia que estamos teniendo ahora.

La problemática de las fumigaciones no la podemos analizar desde un punto de vista muy conductista, como que: 'Ah, se está fumigando, tenemos que frenar las fumigaciones'. El problema radica en plantear otro tipo de agricultura que es viable, porque desde el Colectivo Paren de Fumigar no es que decimos 'hay que parar las fumigaciones, no se puede fumigar más', y los productores vienen y nos plantean 'y bueno, dennos la solución'. Dentro del Colectivo Paren de Fumigar hay muchos profesionales agrónomos y biólogos que hace rato vienen peleando por una alternativa productiva.

El Estado no solamente debería considerar un equipo de salud para analizar las víctimas del modelo de las fumigaciones, sino que debería enviar un equipo para investigar los desalojos de campesinos. Las actitudes corruptas que hay entre municipios feudales y productores agropecuarios conniventemente dan vía libre al desalojo de campesinos. Debería contemplar también un equipo de alternativas en producción agropecuaria. Debería contemplar un equipo que vele por la soberanía alimentaria, y no tener un INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) que sigue desarrollando el modelo biotecnológico. El INTA, uno de los mayores responsables. En la época de Menem tuvo que tranzar con Monsanto, para no quebrar tuvo que darle el germoplasma, y Monsanto, a través del Convenio de Vinculación Tecnológica, es el que estuvo bancando al INTA.

Ahora el INTA rompió lazos con Monsanto, pero seguimos desarrollando el modelo productivista de soja transgénica. Entonces, si tampoco hay una intención desde el Estado de desarrollar una soberanía alimentaria genuina y de que nuestras semillas vuelvan a ser lo que eran antes, no experimentos genéticos, hasta que no se contemplen todos estos factores y además los factores sociales, la necesidad de que haya un reparto equitativo de las tierras, hasta que no se considere todo esto, el problema no se va a solucionar. Sin embargo, nosotros desde 'Paren de Fumigar' creemos que la cuestión de detener las fumigaciones es urgente, porque está en juego la vida de personas, porque están muriendo ya las personas.
Ahora se está juzgando a los asesinos de la 'época del proceso'. Yo creo que de acá a diez años, como se viene avanzando, vamos a empezar a procesar a los asesinos de estos nuevos muertos, porque es otro tipo de genocidio y ecocidio.

En cierta forma nosotros tenemos esperanza y es por eso que también estamos en la lucha.

Notas :
1] A fines de 2001, una madre del Barrio Ituzaingó, a 7 km de la capital cordobesa, se preguntó por qué había tantos chicos con cáncer y decidieron realizar un relevamiento casa por casa: encontraron 60 enfermos de cáncer, casi un 50% por encima de la media nacional. Durante años los vecinos habían estado expuestos a un cóctel de contaminantes: el PCB de transformadores, el arsénico y los metales pesados del agua y la tierra, los campos magnéticos de los cables de media tensión y los plaguicidas que se aplican a los cultivos de soja que llegan al borde del barrio. Pueblos fumigados. Informe sobre la problemática del uso de plaguicidas en las principales provincias sojeras. GRR, abril 2006.
2] En Colonia Caroya el 13 de setiembre de 2008, pueblos fumigados de Córdoba y la Campaña Paren de Fumigar se reunieron en asamblea para denunciar los procesos de sojización, monocultivo, siembra directa, agricultura intensiva y desarrollo de biocombustibles que amparados por el modelo neoliberal y la ausencia del Estado, han devenido en una fuerte crisis socioambiental y sanitaria en los pueblos rurales, periurbanos, y barrios periféricos, debido a las fumigaciones por mosquito o avioneta, al acopio de granos en silos, la carga y descarga de camiones cerealeros, y al almacenamiento y transporte de agroquímicos. Ver aquí
3] La Receta Fitosanitaria es un documento de uso obligatorio para la aplicación de agroquímicos de acuerdo a lo determinado en la Ley 9164. La utilización de la Receta Fitosanitaria garantiza la preservación del medio ambiente, el cuidado de la salud humana y las condiciones de producción. Por ello es fundamental el asesoramiento de un profesional habilitado. Colegio de Agrónomos de la Provincia de Córdoba.


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Consecuencias económicas de la soja transgénica argentina (1996-2006)

Javier Rodríguez (REDACCION ROSARIO - TMO)

La utilización de semillas transgénicas para la producción agraria en Argentina lleva ya más de diez años. Desde su difusión continúan teniendo lugar numerosas controversias acerca de un diagnóstico sobre las consecuencias que generan. Pese a ello, el debate podría caracterizarse como tardío, en tanto se comenzó a extender y enriquecer con considerable posterioridad a la difusión del uso masivo de los transgénicos en el país.

El autor de este trabajo es profesor e investigador de la UBA, y del Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino (Cenda). El estudio lo divulgó la Red por una América Latina libre de transgénicos (Rallt) y aquí lo reproducimos. La polémica acerca de los transgénicos se ha dado en diversos planos: sin pretender ser exhaustivos, ese debate se observa en el campo de la biología, de la agronomía, de la salud, de los derechos de propiedad, en la esfera sociológica, política y económica. Ahora bien, en el trabajo sobre el cual aquí se presenta este breve resumen, se haabordado esencialmente la discusión sobre las implicancias económicas de la utilización de semillas transgénicas. Ello no significa ignorar los debates antes mencionados; por el contrario, han sido incorporados aquéllos que guardan directo vínculo con las cuestiones aquí planteadas. El debate económico que nos ha ocupado también incluye diversos planos de análisis, que han sido mayormente abordados en este trabajo. A fin de acotar nuestro objeto de estudio, hemos evaluado el impacto económico de la difusión de semillas genéticamente modificadas (GM) de soja en Argentina. Ello significa que no se han considerado los otros transgénicos, que tienen en el país una incidencia muchísimo menor. Un balance de las consecuencias económicas de los cultivos genéticamente modificados sólo puede ser realista si logra captar, cuando existan, tanto los resultados positivos como los negativos. Precisamente es ello lo que aquí se ha procurado hacer.

No obstante, este sencillo fin contrasta con una abundante bibliografía que sólo observa los efectos positivos del cambio tecnológico en cuestión. Entendemos que la imposibilidad de detectar las repercusiones negativas se origina en el método utilizado. Por ello, en primer lugar se desarrolló una discusión teórica acerca de la metodología que debe seguirse en una evaluación que propone determinar las consecuencias económicas de ambos signos. Antes de analizar los resultados propiamente dichos del cambio tecnológico adoptado, resulta conveniente hacer una breve presentación del sector agropecuario argentino. Es usual hablar del sector agropecuario como un todo; sin embargo, debe quedar claro que al hacerlo se aglutinan actividades sumamente diferentes. En particular, debe distinguirse la región pampeana del resto de las regiones. La rica zona pampeana concentra la producción y exportación de cereales, oleaginosas y ganado bovino. En la actualidad acapara más del 85% de la producción argentina de cereales y oleaginosas. Se ha caracterizado históricamente por producciones sumamente extensivas, con escasa mano de obra por hectárea.

El tamaño promedio de la propiedad rural en dicha zona supera las 500 hectáreas. Las zonas extrapampeanas se han caracterizado por no contar con condiciones naturales tan propicias para la producción agropecuaria. Entre las actividades más importantes de las zonas extrapampeanas, cabe mencionar la caña de azúcar en el Noroeste, cultivos como el del algodón, el tabaco y la yerba mate en el Noreste, la producción de lana en la Patagonia, la vid en Cuyo, la fruticultura en el Alto Valle del Río Negro y la actividad hortícola en los alrededores de las grandes ciudades. Excepto por la región patagónica, en el resto el tamaño promedio de la explotación agropecuaria es históricamente y en la actualidad considerablemente más reducido que en la región pampeana. Adicionalmente, se caracteriza por tener producciones más intensivas en mano de obra por hectárea. Como resultado del estudio realizado, se ha observado que el cambio tecnológico de la incorporación de semillas de soja GM en las condiciones en que se dio en la Argentina tuvo diversas consecuencias económicas.

Una de las primeras apreciaciones sobre el impacto de la difusión de las semillas de soja GM fue la aceleración del proceso de sojización. Esta aceleración de un proceso que ya venía dándose previamente con fuerte intensidad dio lugar a incrementos de magnitudes impensables en la superficie destinada a soja. A partir de la difusión de las semillas GM el área con soja aumentó en varias campañas –de un año a otro- en más de un millón de hectáreas, superando la tendencia previa. Sin embargo, un resultado esencial de este trabajo es haber mostrado que sin las semillas GM Argentina igual tendría como principal producción agropecuaria, por lejos, a la soja. Si las semillas transgénicas de soja no se hubieran difundido en el país, de todas formas habría más de 10 millones de hectáreas dedicadas a esa oleaginosa. Es decir que la superficie con soja hubiera duplicado a la del segundo cultivo en importancia. El proceso de sojización hubiera continuado, si bien a un ritmo menor, sustituyendo a otras producciones. Detractores y defensores de las semillas genéticamente modificadas han sobreestimado o exagerado las consecuencias de dichas semillas sobre la producción de soja. Se tendió a confundir los incrementos de superficie adjudicables al proceso de sojización propiamente dicho, de los debidos a la difusión de la soja GM. Algunos apologistas de la soja GM han llegado al extremo de dar a entender que de no ser por dichas semillas, en Argentina no se hubiera dado el auge exportador de la soja. Sin embargo, esa posición es equivocada por múltiples factores, entre los que deben mencionarse que el inicio del proceso de sojización es muy previo a la difusión de las semillas GM, y que se encuentra motorizado por el incremento de la rentabilidad relativa de dicho cultivo. Es decir, que no es correcto plantear que Argentina hubiera perdido su inserción exportadora, de no ser por las semillas GM. Adentrándonos en las modificaciones que implicó el uso de semillas de soja genéticamente modificadas, debemos mencionar que se trata de un cambio tecnológico que en forma generalizada no incrementa el valor del producto por hectárea con respecto a la soja no GM. Esta característica, sin embargo, para la región pampeana es modificada parcialmente debido a la sustitución de producciones. Comparada con otros cultivos típicamente pampeanos, como el trigo, el maíz y el girasol, la soja (sea o no GM) tiende a dar lugar a una producción de mayor valor por hectárea. Desde ya, esto tiene que ver por un lado con los rendimientos de cada cultivo, y por otra parte con los precios internacionales relativos entre los cultivos. El mismo efecto de incremento del valor de la producción por hectárea se produce cuando se sustituye ganadería por soja. La sustitución de diversas producciones por soja, ha dado lugar así a una intensificación de la producción principalmente en la región pampeana en tanto y en cuanto se incrementa el valor del producto por hectárea. Esta intensificación real, sin embargo, ha sido sobreestimada en numerosos trabajos. En alguno de ellos se planteó que la causa de la intensificación es que toda la producción de soja por sobre la tendencia preexistente se hizo mediante la doble cosecha anual. Los datos presentados aquí, sin embargo, indican que si bien se incrementó la superficie dedicada a soja como segundo cultivo anual, la misma no lo ha hecho en una proporción tan significativa. Contribuye a ello la altísima rentabilidad que se obtiene con la soja cuando se la desarrolla como único cultivo anual. Como contraparte, frente a otras producciones no granarias –típicamente de las zonas extrapampenas, hacia donde también avanzó la producción de soja GM- la expansión de la soja GM ha implicado un menor producto por hectárea. Considerado el total país, sin embargo, este efecto es más que compensado debido al alto peso específico de los cuatro cultivos principales en la región pampeana y la producción ganadera. Toda esta situación ha determinado que debido a la difusión de las semillas de soja GM, en Argentina –considerada como un todo- se produjera una mayor masa de riqueza.

Sin embargo, es claro que no todo el análisis puede reposar en si se ha generado o no más riqueza. Un componente esencial de la evaluación económica del cambio tecnológico lo constituye la variación de la masa salarial requerida. La mayor producción de riqueza contrasta notablemente con la reducción en términos absolutos de la masa salarial requerida en la nueva producción. Los estudios aquí presentados indican que con el cambio tecnológico de la soja GM, en todos los diferentes casos analizados, la masa salarial total ha disminuido en términos absolutos. Mientras que podría ser esperable como tendencia general del cambio tecnológico que el mismo reduzca en términos relativos la masa salarial (por ejemplo, en relación con el valor total del producto), lo que aquí observamos es por lejos mucho más drástico: el cambio tecnológico ha dado lugar a un menor requerimiento en términos absolutos de trabajadores en el agro. Si bien algunos estudios tienden a analizar el pago de salarios solamente como un costo de la producción, es claro que se trata de los ingresos de una parte de la población. Un mayor desempleo, la emigración del campo, son en este sentido fenómenos vinculados con la difusión de la soja GM. Motivados en ciertos prejuicios algunos autores han afirmado que el incremento de la producción y las ganancias implicaría un incremento de la masa salarial. La evidencia empírica, sin embargo, señala exactamente lo contrario. La reducción de los requerimientos de trabajo a partir de los cambios en los procesos productivos que implica el uso de las semillas de soja GM es un resultado innegable de la difusión de estas últimas, si se analizan los datos disponibles más allá de prejuicios. La reducción de la masa salarial requerida y el incremento del valor de la producción redunda en una mayor masa de ganancias, incluyendo en ella la renta. Es por ello que el aumento de la ganancia y la renta de los productores es una consecuencia también de las semillas GM. De esta manera, la difusión de las semillas GM ha tenido consecuencias distributivas categóricas.

Por un lado ha reducido la masa salarial, por el otro ha incrementado las ganancias y rentas. Este incremento de la renta originada a partir de la difusión de las semillas GM ha tenido sin embargo consecuencias diferenciales sobre los productores agropecuarios. Si bien es claro que aquellos de mayor tamaño han logrado consolidar crecientes ganancias y rentas agrarias, la situación varía cuando nos referimos a los de menor tamaño. La tecnología aplicada incrementa las escalas óptimas de producción, dando lugar a un importante proceso de concentración productiva. El uso de las semillas de soja GM no es conveniente para extensiones relativamente pequeñas, esencialmente debido al escaso trabajo que requiere por hectárea, y la disponibilidad del mismo con que suelen contar las pequeñas explotaciones. En otro orden de cosas, la introducción de las semillas GM ha dado lugar a la apropiación de una parte de la renta agraria por parte de la empresa proveedora de las semillas.

El mecanismo utilizado es el denominado de regalía extendida, que consiste en contratos firmados privadamente, en los que los productores renuncian a su derecho a reproducir las semillas. Todo ello es posible debido a que la empresa que tenía las licencias sobre la semilla de soja GM monopolizó el mercado de semillas de soja, siendo ésta el principal cultivo de la región pampeana. El proceso de sojización, y su aceleración por medio de la difusión de las semillas GM, ha dado lugar a una detracción en las superficies destinadas a la producción de ciertos alimentos, entre los cuales sin duda sobresale la carne vacuna. El encarecimiento de algunos de estos alimentos ha determinado una caída del poder adquisitivo de la población. Los estudios de caso han permitido profundizar sobre el tema y observar algunas especificidades regionales importantes. En el caso del sur de la provincia de Córdoba (en la región pampeana) el avance de la producción de soja GM ha sido arrollador. En este caso específico se observan similitudes con el total país.

La ampliación de la superficie con soja GM no implicó un incremento significativo de la superficie total destinada a la producción agropecuaria, aunque sí un avance de la superficie dedicada a la agricultura. La fuerte sustitución de producciones ha implicado un incremento del valor agregado y del valor bruto de la producción agropecuaria, esencialmente por las características de la producción de soja, que tiene un mayor valor por hectárea. Pese a ello, se presenta una disminución de la masa salarial requerida. En una ciudad y un departamento relativamente pequeño en cuanto a su población, y con una producción agropecuaria importante, la persistencia del desempleo muestra las dificultades de esta última para dar lugar a la ampliación de los puestos de trabajo. La situación en la provincia de Chaco (zona extrapampeana), tomada en este trabajo como otro caso específico de estudio, es particularmente aguda en cuanto a que la incorporación de soja GM ha implicado una menor producción por hectárea en aquellas regiones donde previamente se producía algodón.

Ello significó una caída del valor agregado y del valor bruto de la producción en la etapa primaria. Paralelamente ha implicado una enorme disminución de la masa salarial y del empleo en el sector agrario. Analizando la industria vinculada a cada producción, el procesamiento de la soja requiere mucha menos mano de obra que las distintas etapas de procesamiento del algodón. Como si ello fuera poco, mientras que el algodón se desmota en la provincia y se lo procesa parcialmente en algunas hilanderías, nada de la soja es procesada allí: toda se la destina a su procesamiento extraprovincial. Como puede apreciarse, los resultados aquí obtenidos son sustancialmente diferentes a los alcanzados para el total país. Efectuada esta breve síntesis acerca de los resultados obtenidos en este trabajo, es esencial enfatizar que la evaluación realizada se refiere a los efectos del cambio tecnológico dada la regulación que el mismo tuvo. Bajo otro tipo de regulación, los resultados podrían haber sido diferentes. Es por ello que resulta esencial poder dar cuenta de los efectos positivos y negativos de la difusión de las semillas de soja GM. Las semillas de soja GM se difundieron en el país en la segunda mitad de los años noventa, cuando las políticas implementadas desde el Estado respondían a la doctrina neoliberal. En consonancia con ello, en el campo de los OGM el Estado asumió la posición de que cualquier tipo de regulación que pasara por fuera del mercado era inconveniente. Sin embargo, en vistas de los resultados positivos y negativos de la difusión de las semillas GM debe pensarse en la implementación de políticas públicas que permitan potenciar los efectos positivos, a la vez que reducir o eliminar los efectos negativos. Como hemos mencionado, la expansión de la producción con soja tiende a encarecer los alimentos destinados a la población nacional. El proceso de sojización y su aceleración por medio de la difusión de las semillas GM obliga a complejizar las herramientas de política tendientes a sostener relativamente bajos los precios de los alimentos.

La soja sustituye producciones como la carne, la leche, y en algunos lugares hasta el trigo. La instauración de un impuesto a las exportaciones de soja con una alícuota superior a la que pagan otras producciones agrarias o agroindustriales debiera ser una respuesta a ello. Pero la regulación no se debiera limitar a una cuestión impositiva. Paradójicamente, el mayor debate acerca de la legislación existente en Argentina con respecto a las semillas GM se centró sobre los derechos de propiedad vinculados a las semillas, cuando dicho tema estaba claramente reglado desde 1973, por medio de la Ley 20.247 (que garantiza el derecho de los productores a sembrar las semillas obtenidas en su producción). Sin embargo, resulta casi inexistente el debate sobre otros aspectos. Hemos observado que en algunas producciones regionales la difusión de las semillas GM amplió una producción extensiva en detrimento de producciones más intensivas. Ello implicó caída del valor bruto de la producción, del valor agregado, de los salarios pagados. En vistas de estos resultados en algunas zonas donde este fenómeno podría reiterarse puede resultar hasta económicamente más productivo restringir (total o parcialmente) el uso de la soja GM. Dadas las grandes diferencias agronómicas de la Argentina no sería errado que alguna zona definiera una política sobre los GM distinta de la adoptada en la región pampeana. Esto permitiría que se aproveche el incremento en la producción de riqueza que motorizó la soja GM en la región pampeana, a la par que se eviten las disminuciones que podría implicar su avance sobre producciones más intensivas. Para determinados desarrollos regionales que tienen hoy consolidados ciertas producciones agropecuarias relativamente intensivas, la soja GM aparece como una posible amenaza, y no como un factor que impulse la producción. A ello se agrega que con la restricción explícita se lograría evitar -ante ciertos cambios por ahora latentes en la demanda mundial en detrimento de las semillas GM- que la zona en cuestión y su producción se vean negativamente afectadas.

Se ha señalado como una de las consecuencias de la difusión de las semillas GM el incremento de los desmontes. La disminución de los bosques nativos puede convertirse en un problema dependiendo del ritmo que adquiera, y por tanto de las consecuencias a que dé lugar, que se potencian al incrementarse la velocidad del desmonte. Ante esa situación, debe haber cierta normativa acerca de los criterios y los procedimientos que se deben respetarse para desmontar, que evidentemente no puede guiarse por la elección individual de cada productor, sino que debe tener un criterio en pos del interés general. Esta normativa, que en la actualidad queda bajo la órbita de cada provincia, no tiene sin embargo ciertos criterios mínimos a respetarse en todo el país. Hemos indicado adicionalmente una serie de problemas que hemos calificado como de índole agronómica, entre los cuales ubicamos la falta de reposición de nutrientes, la tendencia al monocultivo, la rápida aparición de malezas resistencias al glifosato. Si bien la tendencia al monocultivo, específicamente, puede ser contrarrestada por medio de un impuesto a las exportaciones con alícuota diferencial, todos los problemas mencionados tienen un denominador común: refieren al cuidado que se le presta al recurso suelo. Entendemos aquí que éste es un tema que cobra mayor relevancia como consecuencia de la intensificación de la producción –aun cuando la misma no lo es en la medida señalada por otros estudios- así como del incremento del uso de agroquímicos. Este último factor tiende a asemejar, en ese aspecto, la producción agropecuaria con ciertas producciones industriales. Pero mientras que con respecto a estas últimas existe toda una serie de normas acerca del manejo de los insumos y de los desechos, en el caso de la producción agropecuaria casi nada de ello está normado. Se ha dejado como única regulación a los mecanismos de mercado, cuando es claro que en lo referido al cuidado del suelo los mismos son insuficientes. En cambio, deben pensarse mecanismos de incentivos o de fomento especiales, que se complementen a su vez con determinados controles y ordenamientos.

Estas propuestas delineadas a gruesos trazos muestran las amplias posibilidades de encarar políticas activas desde el Estado para tender a afianzar los efectos positivos del cambio tecnológico estudiado, así como evitar, disminuir o revertir sus impactos negativos. Se trata, en definitiva, de discutir el rol que asume la sociedad frente al cambio tecnológico en cuestión, y la forma en que, mediante los mecanismos correspondientes, lo regula para propender a la mejora de las condiciones de vida de toda la población.

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Trata de personas: Delito que se transforma

Alejandra Waigant (ARTEMISA)

Desde que en abril de 2008 fue aprobada en nuestro país la Ley de Trata, fueron rescatadas 157 víctimas de este delito: el 80 por ciento había sido reclutada para explotación sexual. La vigencia de esta norma y la intervención de la nueva Oficina de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata, obligó a las organizaciones criminales a revisar sus prácticas y a operar en un contexto de menor impunidad. La funcionaria Zaida Gatti nos cuenta cómo se trabaja desde el Gobierno para frenar este crimen.

Durante el 2008, fueron liberadas en nuestro país 157 víctimas de trata. Muchas venían de Paraguay, y todas retornaron a sus lugares de origen, excepto unos pocos casos en que las damnificadas fueron instaladas en nuevas ciudades junto con sus familias por razones de seguridad. Las víctimas habían sido reclutadas sobre todo de las provincias de Misiones, Santiago del Estero, Formosa y Salta, para ser explotadas en grandes centros urbanos (Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires y Córdoba) y en ciudades más chicas como Santa Cruz y Ushuaia.

Los datos surgen de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata, creada luego de que se sancionara y federalizara este delito el 29 de abril de 2008. El organismo depende de la Jefatura de Gabinete y está dirigido por la abogada Silvina Zabala.

La supervisora del equipo técnico Zaida Gatti dialogó con Artemisa Noticias y brindó detalles del organismo en su trabajo contra el crimen.

- ¿Cuántos casos tuvieron desde que se aprobó la Ley de Trata?

- Hasta diciembre de 2008, se allanaron 129 lugares y se detuvieron 145 personas, que tienen presión preventiva hasta que se realicen los juicios, ya que en cada caso hubo agravantes: resistencia a la autoridad, presencia de menores, etcétera, constituyéndose penas no excarcelables. En cuanto al número de víctimas, se rescataron 56 menores de edad y 101 mayores de edad.

- ¿Cómo se interviene concretamente?

- En Argentina las redes mafiosas tienen más de un prostíbulo para rotar a sus víctimas, por eso a través de tareas de inteligencia se establece el número de locales nocturnos de una misma red, y el número probable de víctimas. Luego se realizan allanamientos simultáneos. Las fuerzas de seguridad irrumpen y ubican en una habitación a los presuntos dueños o encargados, en otra a los clientes, y en un tercer espacio a las probables víctimas. Tras estas medidas de seguridad, ingresan diferentes equipos, el de Oficina de Rescate, el de la Dirección Nacional de migraciones si hay víctimas extranjeras, y funcionarios porteños si la irrupción al local se produjo en la Ciudad de Buenos Aires. Las profesionales de la Oficina de Rescate entrevistamos por separado a cada una de las víctimas. Todas tienen un discurso idéntico, dicen que están allí porque quieren, que las tratan bien, que les pagan, que duermen las horas necesarias y se alimentan adecuadamente. El equipo entiende igualmente que están amenazadas y no hablan porque sienten terror.

- Si las víctimas mayores de edad aseguran que trabajan en el prostíbulo, wiskería o club nocturno en forma voluntaria, ¿cómo logran rescatarlas?

- Nuestro equipo pide al/la juez/a que igualmente las cite a declarar porque pueden estar bajo amenaza. Además el delito de trata se puede demostrar más allá de la voluntad de la víctima, según la Ley éste se configura por ejemplo si la persona es engañada, y eso ocurre cuando viaja para trabajar en el servicio doméstico y terminan en un prostíbulo, inclusive cuando viene a ejercer la prostitución pero es engañada en cuanto a las condiciones. Para nosotros este último es un caso de trata de personas.

- ¿Las víctimas se presentan a declarar en los juzgados?

- En general sí y detectamos que es importante la primera entrevista realizada por el equipo de la Oficina de Rescate. Hacemos preguntas que son difíciles de responder y hacen reflexionar a las víctimas: ''¿Desde cuándo estás en este lugar? Hace seis meses ¿Cuántas veces saliste? Y salí dos veces. ¿Por qué saliste poco? Porque me cobraban una multa de 200 pesos cuando demoraba''. Como están en situación de vulnerabilidad, ellas no sienten que el sistema de multas constituya una amenaza, inclusive llegan a creer que tienen una deuda. Les cobran multas de 100 y 200 pesos si se niegan a un pedido del cliente y deben pagar el plato de alimento, que además consumen sólo una vez al día. Muchas veces hacemos cuentas junto con las víctimas: ''¿Cuánto dijeron que te iban a pagar y cuánto cobraste?. Y 100 pesos. Pero tendrías que haber cobrado 5000''. Les explicamos que el proxeneta no tenía intención de pagarle, incluso les mostramos las libretas de cuentas que obtenemos en los allanamientos. Hace poco encontramos una en la que figuraba que en una semana el proxeneta había ganado 7350 pesos y la víctima 200. Al final insistimos en que deben presentarse a declarar porque sus testimonios son importantes para condenar al tratante. Su testimonio es grabado con cámara gesell para que se pueda realizar el juicio.

- ¿La Oficina tiene participación a nivel nacional?

- Sí, es una de las ventajas logradas con la Ley de Trata

- ¿Hasta dónde llega el acompañamiento de la Oficina de Rescate?

- La Ley de Trata establece que la víctima tiene derecho a tener asistencia psicológica, médica y legal gratuita. La Oficina de Rescate cuenta con psicólogos, trabajadores sociales y abogados, y acompañamos a la víctima hasta el momento de realizar la declaración testimonial. Hay jueces y fiscales que no tienen capacitación respecto de este tema, entienden que existe trata cuando la mujer está encadenada y tras las rejas. En las indagatorias suelen preguntar si la dejaron salir y cuando responden que sí, no profundizan. Entonces intervienen los profesionales de la Oficina para mostrar que efectivamente pueden salir, pero lo hacen en lugares desconocidos, sin documentos ni dinero y por ello vuelven. Después pasan a depender del Ministerio de Desarrollo Social, que se encarga de la asistencia y reinserción de las personas damnificadas.

- ¿Se conoce el nivel de ingresos que las organizaciones criminales obtienen con este ilícito?

- No, pero personalmente creo que ya no es el tercer delito que más genera ingresos, creo que ha sobrepasado al negocio de las drogas. Por ejemplo la cocaína se vende y se consume, en cambio a las víctimas de trata se compran y se venden hasta que mueren o ya no pueden ser explotadas.

Respecto del primer caso de trata que atendió la Oficina (en junio de 2008) la madre de la víctima denunció el delito en un juzgado paraguayo, porque supo lo ocurrido con su hija a través de otra joven que había sido esclavizada en la wiskería (ubicada en la Ciudad de La Plata), y logró escapar. Actuó INTERPOL y un juez federal argentino ordenó el allanamiento. Resultó que el dueño de la wiskería, más conocido como ''El Tano'', se encontraba preso por tráfico de personas. Fue arrestado tres meses antes por un agente de Prefectura, cuando intentaba cruzar en canoa con cinco jóvenes un paso fronterizo entre Paraguay y Argentina. Así se descubrió que ''El Tano'' era pariente de las personas encargadas de la wiskería bonaerense y también fueron detenidas. La reacción de esta madre constituye un caso particular, ya que las familias de las víctimas de trata, que suelen ser pobres y tienen bajos niveles de educación, tienden a naturalizar las desapariciones de las chicas esclavizadas.

- ¿Por qué se creó la Oficina de Rescate, si el Programa Las Víctimas contra Las Violencias podía intervenir?

- Porque la Oficina de Rescate tiene un objetivo específico, trabajar con personas damnificadas por el delito de trata. Además intervienen la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, con lo cual es necesaria la ingerencia de la Jefatura de Gabinete. Esas áreas trabajan en forma interdisciplinaria con un equipo de psicólogas, trabajadoras sociales y abogados. Hoy somos 11 profesionales, pero aspiramos a ser 30. Aunque si sigue aumentando el número de casos vamos a tener que incrementar el equipo.

Las nuevas características del delito

A través de los operativos realizados por la Oficina de Rescate, se logró confirmar por un lado que los y las tratantes integran organizaciones delictivas importantes, asociadas al narcotráfico, pero por otro lado se descubrió que la federalización del delito obligó a las redes mafiosas a introducir cambios en sus modalidades.

- Los y las tratantes tienen más dificultades para trasladar personas de una provincia a otra y para cruzarlas de un país a otro.

- Buscan nuevos rutas para rotar a las víctimas, de manera que no establezcan lazos afectivos entre ellas, ni intimen con los clientes y tampoco reconozcan a sus tratantes.

- Las fuerzas de seguridad están siendo capacitadas y pueden identificar más fácilmente este crimen.

- Según testimonios de personas involucradas en la actividad delictiva, l@s reclutador@s, principalmente mujeres pobres, se resisten más a participar: sólo reciben 100 pesos por cada víctima, que suelen ser parientas suyas o viven en el mismo barrio.

- También está cambiando la situación con los documentos: la falta de ellos configuraba rápidamente el delito, pero las víctimas tienen sus DNI cuando se producen allanamientos o éstos están escondidos en alguna parte del local.

''El país es un territorio fértil para el crimen organizado''

La legisladora Fernanda Gil Lozano denunció que las organizaciones criminales se manejan con "una impunidad que llama la atención. En Argentina sacan e introducen gente con una facilidad asombrosa. Además estamos muy atrasados. Mientras un tratante demora unas dos horas para sacar a una persona del país, el Estado tarda alrededor de 48 horas para cerrar la frontera. El país es un territorio fértil para el crimen organizado''.

En provincia de Chaco, contó la diputada, un grupo de hombres tiene una agencia de trabajo y asegura a las familias de escasos recursos que las hijas viajan a Buenos Aires para trabajar en el servicio doméstico. Los tres primeros meses, esos hombres envían unos 500 pesos a las familias, pero después suspenden el pago. Cuando éstas reclaman, les dicen que las mujeres ya no están trabajando para ellos porque conocen a otros hombres y se van a vivir con ellos. ''Es mentira, pero las familias aceptan esto'', señaló.

La legisladora nacional recordó que Argentina no tiene protocolos específicos en la materia y cuando desaparecen personas ''no sabemos qué hacer''. Criticó asimismo la falta de producción de estadísticas respecto del delito de trata: ''Estamos en un país donde no se sabe cuánta gente tenés desaparecida, ni hablar de niños''.

Gil Lozano denunció también que ''no hay un programa de asistencia a las víctimas y este es uno de los problemas más graves. Las rescatamos y tratamos de ayudar como podemos, vamos resolviendo dónde puede dormir o dónde puede comer, pero esta no es la mejor forma de contener a una víctima de trata. Aquí hay un Estado ausente''.

Sobre la Ley de Trata, la diputada de la CC aseguró que ''es un guiño al delito'', porque establece que las víctimas mayores de 18 años deben demostrar que fueron forzadas a ejercer la prostitución o a realizar trabajos en contra de su voluntad. ''Deben demostrar que fueron secuestradas, violadas y obligadas a ejercer la prostitución. En comparación es terrible la libertad con que se maneja el tratante. La víctima ve que está libre, que es impune y se calla'', agregó.

Gil Lozano se involucró en la lucha contra la trata debido a su especialización en derechos humanos de las mujeres y a partir de esa experiencia afirmó que se necesita un cambio cultural. ''En los últimos 15 años se ha instalado un discurso sobre la libertad y la posibilidad de vender todo. Mujeres y varones debemos replantearnos que tipo de sociedad queremos. También tenemos que entender que no hay libertad, hay explotación y que las víctimas de trata se encuentran desparecidas''.

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El Estado debe garantizar el empleo y la producción

Julio Ortellado (ACTA)

El Estado debe regular la totalidad de los mecanismos de la economía, evitando que se privilegie la tasa de ganancias de las empresas a costa de la pérdida de empleos y la recuperación del poder adquisitivo del salario.

La alarmante proliferación de suspensiones y despidos de trabajadores en diversas actividades productivas y de servicios, dan cuenta del riesgo cierto de que las limitadas medidas de reactivación del mercado interno resulten insuficientes, y dejen al sector privado del trabajo librado a meras ecuaciones económico financieras despojadas de la responsabilidad social inherente al ineludible papel social de la empresa.

Sin contar que se trata de un año electoral, el 2009 es un año complejo para la vida económica, política y social de la Argentina: hay una notoria desaceleración de la actividad económica, se expanden los déficit provinciales, la fuga de capitales suma casi 32 mil millones de dólares en los últimos dos años, y el cuadro macroeconómico se completa con una mayúsculo debilitamiento del comercio exterior.

Ese es el marco de nuestra propia crisis, a la que se suma ahora la crisis internacional, y no al revés, porque el agudo desmejoramiento de la situación social arranca a principios del 2007, comienzo de un proceso inflacionario que el gobierno pretendió esconder detrás de falsas estadísticas.

Y hoy la estrategia antiinflacionaria se completa con el intento de establecer pautas para la negociación salarial que convalidan la pérdida del poder adquisitivo que los trabajadores tuvieron en los últimos dos años y que definen que la distribución del ingreso vuelve a profundizar su regresividad.

El Gobierno nacional carece de políticas públicas que transfieran ingresos hacia la mayor parte de una fuerza laboral que, como es sabido, transita por fuera del circuito formal y de los convenios colectivos.

En suma, este grado de deterioro social es la resultante del mantenimiento de criterios y procedimientos económicos neoliberales a los que el gobierno prefirió dar continuidad, en lugar de cambiar la matriz económica y modificar el modelo productivo.

La reacción del Gobierno ante el avance de la ola recesiva mundial es tibia y, significativamente, ni siquiera intentó capitalizar la crisis mundial que, probablemente, le hubiese permitido intentar una reprogramación de los pagos (sin recargo de intereses), y destinar así cuantiosos recursos a la solución estructural de la cuestión social.

La referencia comparativa es tentadora: mientras Ecuador intenta ese camino pensando globalmente en la deuda latinoamericana (y ordenando investigar su propia deuda), la Argentina afronta el riesgo del default anunciando que pagará todo lo que le debe al Club de París.

El Gobierno debe actuar de modo que, en ésta instancia de crisis generalizada, el Estado sea el garante confiable del mantenimiento de las fuentes de trabajo, regule sin fallas el cumplimiento de las leyes laborales y ejerza con rigor su papel de policía para evitar desviaciones y manejos arbitrarios de los subsidios, un tema que le ha valido a este Gobierno muchos cuestionamientos al momento de privilegiar los acuerdos con las privatizadas que fueran hechos en los años noventas.

Resguardar el debido equilibrio en la defensa del empleo y la producción es un reto a la capacidad de gestión del Gobierno, e implica que serán trascendentales las acciones y definiciones de la clase trabajadora, para darle un sentido soberano al debate sobre la distribución de la riqueza en el país.

Julio Ortellado es secretario de Organización de la CTA de la Provincia de Buenos Aires.

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En Córdoba, la lógica de los '90, goza de muy buena salud

Lázaro Llorens (PRENSA RED)

La semana pasada, el gobernador Juan Schiaretti, en base a un informe de la Universidad Nacional de Córdoba -UNC-, por decreto, estableció un aumento unilateral de los peajes de Red de Acceso a Córdoba -RAC-, que están a cargo de la empresa Caminos de la Sierras, propiedad del poderoso grupo italiano Impregilo.

Por esa disposición, los automovilistas que transiten por las llamadas "rutas turísticas" sufrirían un aumentó de hasta un 100 por ciento el año próximo. Mientras que los que transiten por las "rutas de la producción" padecerán un incremento del 122 por ciento.

Desde el gobierno afirman que este sustancial aumento fue para garantizar el funcionamiento operativo de la empresa concesionaria. Sin embargo, los directores del Ente Regulador de Servicios Públicos –Ersep-, Alberto Zapiola y Rubén Borello, mediante un detallado dictamen, cuestiona el informe elaborado por la UNC y el incrementó de las tarifas, al que definen como "un despropósito y un dislate jurídico".

"El aumento de los peajes de la RAC fue totalmente tirado de los pelos" disparó ante Veintitrés el Ingeniero Borello, director del Ersep por el Frente Cívico. Y agregó, "fue muy grave el rol de la UNC. El Ersep quedó totalmente relegado. Solo se limitó a llamar a audiencia pública. Todo fue establecido entre la UNC y el gobernador."

Cuestionando

Como primer punto, los directores del Ersep advierten, que estos incrementos en los peajes se hicieron de manera unilateral, sin renegociar el contrato, lo cual implicará un gran perjuicio contra los usuarios. Argumentan que hace ocho años que Caminos de la Sierras no invierte un centavo en las once rutas que tiene a su cargo. Según el informe de la UNC, la empresa le adeuda a la provincia 256 millones de pesos, por obras que debía hace por contrato y nunca hizo. Ni siquiera hace el mantenimiento mínimo de los caminos –cortar yuyos, arreglar las luces, tapar los baches-.

Frente a esta situación, apunta el Dr. Zapiola a Veintitrés, "no haber renegociado el contrato significa que a pesar de haberle otorgado a Caminos de la Sierras, un gran incremento en las tarifas, el gobernador no comprometió a la empresa a que realice el mantenimiento de las rutas; ni mucho meno a que ejecute las millonarias inversiones que la empresa debía hacer y nunca hizo".

Si bien en del decreto que firmó Schiaretti se estipuló que Caminos de la Sierras debe "completar la iluminación de la circunvalación, y colocar las barandas metálicas", estos irrisorios trabajos nunca se concretarán. Según Zapiola "antes de realizarse la audiencia pública, con el cual la provincia comunicó a la sociedad el aumento de los peajes, la empresa concesionaria presentó una nota ante el ESREP, advirtiendo expresamente que no iba a cumplir, ni aceptar, nada de lo estipulado en el proyecto oficial que finalmente Schiaretti convalidó". Es decir, ni de esas obras, que el propio ministro de Obras y Servicios Públicos Hugo Testa definió como "no muy grandes", podrán gozar los usuarios.

Concursando

Además de haber aumentado más de un 100% los peajes a cambio de nada, el dictamen firmado por Zapiola y Borello da cuenta de otro grave hecho. Apenas unos días antes que Schiaretti firmara el decreto dando luz verde al aumento, Caminos de la Sierras, se presentó ante la justicia de Cordoba, y solicitó el concurso preventivo. Esto significa que la empresa estaría en estado de insolvencia frente a sus acreedores.

Lo grave, recalcan los directores del Ersep, es que por este hecho Schiaretti le debería haber quitado la concesión a la empresa. Explican que, el contrato de concesión firmado en 1997 expresamente dice "la presentación del concesionario en concurso preventivo será causal de la extinción de la concesión por culpa del Concesionario (Caminos de la Sierras)". Sin embargo, el gobernado Schiaretti, jamás evaluó esta alternativa. Y como si nada hubiese pasado, luego le otorgó el aumento a la empresa de Impregilo.

La cosa no acaba allí. Según información que Caminos de la Sierras suministró a la justicia, la empresa tiene un pasivo de 261 millones de pesos. Aseguran que esa deuda se debe principalmente a la no readecuación de las tarifas, por parte de La Provincia. Sin embargo, para Zapiola y Borello, nada de lo que sostiene la empresa es cierto. En su dictamen dan cuenta que según información del Banco Central, Caminos de la Sierras, se encuentra en "una buena situación financiera y de rentabilidad". Solo registra una deuda mínima con el Banco Galicia.

En concreto, la supuesta insolvencia de la empresa no sería cierta. Algunos señalan incluso que su pedido de concurso preventivo a la justicia, sería una maniobra de Caminos de la Sierras para eludir deudas con proveedores, y otros pasivos, como juicios laborales o de accidentes. A todo esto se le suma otro sugestivo hecho. La causa con el concurso preventivo, recaló en las manos del Juez Carlos Tale. Un polémico magistrado que recientemente fue imputado por los delitos de "falsedad ideológica" y "administración fraudulenta" debido a su accionar durante la quiebra del Club Atlético Talleres.

Dibujando

Por último, en su escrito, los directores del Ersep objetan, con reparos de presentarse anta la justicia para que investigue, el papel que desempeñaron los profesionales contratados de la UNC, encabezados por los ingenieros Francisco Delgadino y Sebastián Albrisi. Concretamente exponen, con pruebas contundentes, que el Estudio Técnico que estos profesionales de la UNC elaboraron, no se ajusta ni a los "hechos ni al derecho". (Ver recuadro UNC o Unidad…)

Como primer punto, Zapiola y Borello denuncian que el supuesto desequilibrio operativo de la empresa Caminos de la Sierras, sobre el cual el gobierno provincial justificó el aumento de los peajes, no es real. En base a los propios balances de la empresa, demuestran que en el 2006, la empresa concesionaria tuvo beneficios por 55 millones de pesos. Mientras que en el 2007, sin bien, la empresa tuvo perdías por 31 millones de pesos, estás pérdidas se originaron por vencimiento de una deuda de 38 millones de pesos que la empresa tomó en moneda extranjera y pagando altísimos intereses, y cuyo acreedor es nada más y nada menos que… ¡Impregilo!

"Analizando los balances de la RAC, encontramos que Caminos de la Sierras, en el 2007 tuvo superávit. Las pérdidas de su último ejercicio, están dadas por una mala administración financiara", comenta, casi indignado, el Dr. Zapiola a Veintitrés. Y explica: "Caminos de la Sierras no solo se endeuda con moneda extranjera, sino que al mismo tiempo se endeuda con intereses casi usurarios. Pero lo más llamativo es que su principal acreedor es Impregilo. O sea su propia empresa contratante, por un monto de 180 millones de pesos".

En segundo orden, los directores del Ersep niegan terminantemente que el capital invertido de Caminos de la Sierras sea de 416 millones de pesos, como lo estableció en el Estudio de la UNC. Sostienen que esa cifra está inflada. Y exponen como prueba que en los balances de Impregilo del año 2007, la empresa estimó el "capital neto invertido" de Caminos de la Sierras en 17 millones de euros, -unos 76 millones de pesos-. No se explican como la UNC lo estableció en 416 millones.

"Es muy grave. No solo por que mediante esa valuación inflada se justificó un aumento que no correspondía. Sino por que la UNC está dejando un antecedente muy peligroso. A partir de ahora, Impregilo puede iniciarle una demanda a La Provincia reclamándole los 416 millones de pesos que la UNC, contratada por la Provincia, le reconoce que invirtió", explica ante Veintitrés el ingeniero Borello.

Como conclusión, el dictamen de los directores del Ersep, señala "el Estudio Técnico Económico de la Concesión de la Red de Acceso a Cordoba (RAC) realizado por el grupo profesionales contratados no estima el beneficio económico del usuario ni su relación con el peaje que debe abonar, por lo que en él subyace un capitalismo salvaje que desprecia el interés del usuario y defiende la rentabilidad de la empresa."

¿UNC o Unidad Negocios Córdoba?

El informe de la UNC se titula "Estudio Técnico Económico de la Concesión, Red de Acceso a Cordoba". Lo elaboraron profesionales del Instituto de Investigación de Servicios Públicos e Infraestructura, que depende de la UNC. Fueron contratados por el gobierno provincial. Sus máximos responsable fueron los ingenieros Fráncico Delgadino y Sebastián Albrisi. Los mismos profesionales que en el 2006, reconociendo más intereses que capital, determinaron que la municipalidad le debía a la empresa Cliba, del grupo Roggio, 36 millones de pesos, que aun se están pagando.

Delgadino y Albrisi tienen directos vínculos con las grandes empresas. Incluso con Caminos de la Sierra. Delgadino, quien se negó a hablar con Veintitrés, tuvo a su cargo la "Fundación Incubadoras de Empresas" que tenía como socios a la Cámara de Comercio Exterior y la Unión Industrial de Córdoba. Su esposa, Ana Maria Armesto, es contadora de la empresa Aguas Cordobesas, propiedad del grupo Roggio, que tiene como socio menor al Banco Galicia. Roggio es socio de Impregilo en el "Puente Victoria" de Rosario. Por su parte el Banco Galicia, fue hasta el 2004 accionista de Caminos de la Sierras, y hoy es uno de sus principales acreedores.

Esta evidente falta de ética de los profesionales de UNC sigue. Albrisi, quien ante esta revista defendió el Estudio Técnico elaborado por la UNC, es uno de los propietarios de Telemercado, una empresa que brinda servicios de Call Center a grandes firmas. Entre uno de sus clientes figuran Tarjeta Naranja, propiedad del Banco Galicia, acreedor y ex socio de Caminos de la Sierras. Además, Albrisi, habría trabajado para la empresa Delta, actual accionista minoritario de Caminos de la Sierras. De hecho, su tesis para Magíster en Dirección de Empresas que cursó en la Universidad Católica, se tituló "Análisis y mejoramiento del desempeño de los recursos humanos: en la empresa constructora Delta S.A."

Impregilo & Kissinger

Impregilo, propietaria de Caminos de la Sierra, es la empresa constructora más poderosa de Italia. Estuvo bajo la lupa de la justicia italiana, por aparentemente "arreglar" una multimillonaria licitación para construir el faraónico puente colgante Messina, que se está construyendo en la ciudad de Sicilia, donde la camorra manda.

En argentina, Impregilo, fue uno de los principales contratistas de la represa de Yaciretá. Rebautizada luego como "un monumento a la corrupción". Saltó a la escena pública en 1998 bajo el gobierno de Carlos Menem. Ese año, la constructora italiana, contrató los servicios de Henry Kissinger, para poder resolver un litigio que tenía con el estado argentino, por una supuesta deuda de 1.500 millones de dólares por la obra de Yaciretá. Por ese asunto, el ex secretario de Estado norteamericano, vino a la Argentina, y se reunió con Menem en Anillaco.

Los litigios entre Impregilo y el gobierno nacional, continúan hasta la fecha. En el 2007, la empresa demandó a la Argentina en los tribunales internacionales del CIADI, por la estatización que el ex-presidente Néstor Kirchner hizo de la empresa Aguas Argentinas, donde Impregilo tenía el 43% de las acciones.

Historia Cordobesa de la Infamia

En Córdoba, Impregilo, llegó en 1997 de la mano del ex gobernador Ramón Mestre, y con el guiño de Menem, ya que gran parte de las rutas que se le adjudicaron a eran nacionales. Mestre le dio a Caminos de la Sierras, por 25 años, y con una tarifa de 1,80 pesos-dólares, la concesión de todos los accesos a Córdoba, que abarcan unos 400 kilómetros.

En el 2000, cuando De la Sota llegó al poder, renegoció el contrato. Rebajó los peajes de 1,80 a 1 peso solo en algunas las rutas, y a cambio le permitió a la empresa concesionaria, instalar una cabina de peaje en el camino a La Calera, pegado al Country Las Delicia; Instalar cabinas de peaje en tres rutas alternativa; algo que estaba prohibido por contrato; e instalar varias cabinas de peaje sobre la circunvalación.

Sólo esto último Caminos de la Sierra no pudo cumplir. Su proyecto de poner peajes en la circunvalación levantó una gran polvareda. Aun así, la empresa concesionaria, aprovechó al vuelo esa negativa, interrumpió el contrato, y desde esa fecha no invirtió un centavo más en los accesos a Córdoba.

Incluso aun hoy, las medias que tomó el ex gobernador De la Sota, tiene secuelas. Cuando decidió permitir la instalación de peajes en las rutas alternativas, el municipio de Villa Allende se opuso. Luego de una larga discusión, la empresa y el municipio llegaron a un acuerdo. Este último permitió que se instale la casillas de peaje en la ruta alternativa, a cambio de que la empresa Caminos de la Sierra efectuase ciertas obras sobre la Av. Lúchese.

Firmaron un contrato, pero los trabajos nunca se ejecutaron. En el 2007, Villa Allende demandó ante la justicia a Caminos de la Sierras, por la no concreción de los trabajos, que ahora los está por hacer La Provincia. La empresa desconoció ese convenio. Y sugestivamente, la copia del acuerdo que quedó en manos del municipio de Villa Allende, desapareció.

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