miércoles, 25 de febrero de 2009

América Latina frente a la crisis global (Parte II)


Claudio Katz (especial para ARGENPRESS.info)

El impacto de la crisis mundial sobre América Latina suscita tres tipos de discusiones: la incidencia económica inmediata, los efectos políticos de largo plazo y las medidas sociales requeridas para enfrentar el descalabro financiero.

¿Declinación inexorable?

Ciertos analistas atribuyen el futuro desahogo latinoamericano a una declinación estructural e inevitable de Estados Unidos. Las versiones más vulgares de este enfoque son habitualmente recogidas por los medios de comunicación. Han sido enunciadas por futurólogos de instituciones próximas al Departamento de Estado y auguran el liderazgo de Europa o Asia y el ascenso de nuevas potencias (China, Rusia, India). Luego del fracaso neoconservador de Bush, algunos le han puesto fecha al fin de la primacía norteamericana (año 2025). (17)

Esos pronósticos contrastan con el deslumbramiento pro-norteamericano que prevalecía en la década anterior y también con la euforia mediática que rodeó al ascenso de Obama. Los mismos medios –que teorizan la agonía de Estados Unidos- resaltaron los atributos del nuevo presidente para restaurar el sueño americano. En este sube y baja, el fin del imperio y su resurrección se alternan con sorprendente velocidad. (18)

Otros teóricos de la decadencia ponderan esta regresión. Estiman que permitirá superar las desventajas de la dominación global en el terreno económico (menor productividad) y político (creciente desprestigio). Con esta visión transmiten una idílica imagen de renuncia estadounidense a sus prerrogativas. (19)

Pero es bastante absurdo presentar al imperialismo norteamericano como víctima de una supremacía indeseada. El Pentágono y el Departamento de Estado ejercen un rol mundial opresivo a favor de empresas norteamericanas y custodian los grandes lucros que genera esa dominación.

Desde una óptica muy diferente, los analistas serios han buscado aplicar la tesis de la declinación norteamericana a Latinoamérica. Presentan datos significativos del retroceso tecnológico y productivo de la primera potencia y evidencias de su debilitamiento para ejercer la hegemonía frente a sus rivales. (20)

Pero este enfoque contiene un reconocimiento problemático: el dominio militar estadounidense persiste sin rivales a la vista y es aceptado por sus competidores. Esta ausencia de reemplazante bélico (europeo o asiático) es particularmente decisiva, en el esquema de la escuela sistémica. Esta corriente asocia cada etapa de la historia contemporánea con la existencia de una potencia dominante o en curso de ejercer esa supremacía. (21)

Como los candidatos a ocupar ese liderazgo no pasaron la prueba de las últimas décadas (Alemania en los 70, Japón en los 80, Unión Europa en los 90), habría que ser más cauteloso con los pronósticos sobre China.

La supremacía norteamericana atraviesa por una crisis, cuyo desemboque final es una incógnita. No está escrito en ningún lado que concluirá con el ascenso de un contrincante o con el reciclaje del propio liderazgo. Resulta imposible determinar, por el momento, si Estados Unidos atraviesa un retroceso acotado o definitivo.

Pero el trasfondo teórico de este problema es la controvertida noción de auge y decadencia de los imperios. Esta tesis de reemplazos cíclicos de la supremacía mundial presupone una filosofía de etapas predeterminadas de la historia. Es un enfoque con razonamientos fatalistas, que choca con la asignación de protagonismo a los sujetos sociales. La interpretación de la historia como un devenir de la lucha de clases -en un marco de condiciones objetivas- es incompatible con la regla de la dominación imperial sustitutiva.

El nuevo perfil de Brasil

La actual discusión sobre la regresión estadounidense contrasta también con la imagen de una superpotencia imponiendo sus prioridades a Latinoamérica, que acompañó al debut del neoliberalismo. Este cambio indica una crisis del viejo rol pretoriano del Pentágono, protegiendo a clases dominantes frágiles, estados inestables y elites poco autónomas. Especialmente en Sudamérica no se verifica actualmente el tipo de sujeción neo-colonial, que rige por ejemplo en varias regiones de África.

Es incorrecto observar a las principales clases dominantes locales como títeres de un imperio. Actúan como grupos de explotadores con intereses y estrategias propias, en un escenario que difiere sustancialmente del marco semicolonial. Este cambio de contexto es soslayado por muchos teóricos de la recolonización, que sólo resaltan la reinserción subalterna de la región en el mercado mundial o la reaparición de formas de sujeción prenacionales. (22)

Con esta visión se pierde de vista no solo el retroceso de la dominación norteamericana, sino también la nueva gravitación de Brasil. No se registra que este país es el gran candidato a comandar una multipolaridad opresiva en Sudamérica.

A pesar del bajo crecimiento de últimos años, las empresas transnacionales de ese origen se han consolidado en toda la región. Se apoderaron del 50% de la principal actividad económica uruguaya (industria de la carne), comprando tierras y controlando un tercio de la faena. Capturaron varias firmas estratégicas de Argentina (especialmente Pecom y Loma Negra) y ya manejan el 95% de la soja exportada desde Paraguay.

A principios de la década, Petrobrás se apropió del 45% del gas, el 39% del petrolero y de toda refinación de Bolivia. En Perú dos conglomerados brasileños controlan el grueso de las minas de zinc y fosfato. En Ecuador gestionan varios yacimientos estratégicos y administran los principales proyectos de obra pública.

La expansión sudamericana de las multinacionales brasileñas se ha sostenido en la financiación oficial (BNDES). Esos créditos han crecido más que los fondos aportados a la región por el FMI o el Banco Mundial. Las compañías de Brasil sustraen materias primas, dominan fuentes de energía y abastecen mercados de consumo. Su principal núcleo -Petrobrás, Gerdau, VM, Oderbrecht, Friboi, Marfrig, Vale- opera con elevados niveles de internacionalización. (23)

El principal proyecto de estas firmas es un conjunto de autopistas e hidrovías programados en el IIRSA (Infraestructura regional sudamericana). Este plan involucra a todos los países vecinos y se localiza prioritariamente en la Amazonia. Apunta a explotar los gigantescos recursos naturales de esa región. (24)

La expansión multinacional brasileña se apoya también en la agresiva diplomacia de negocios que desarrolla Itamaraty. Esta política ha provocado numerosos conflictos. Petrobrás se opuso a las nacionalizaciones dispuestas por Evo Morales y Lula buscó imponer términos leoninos a las indemnizaciones en juego. También en Ecuador, Brasilia llamó inmediatamente a consultas a su embajador ante los cuestionamientos oficiales que recibió la empresa Oderbrecht, por represas construidas con fallas estructurales.

Es probable que el próximo conflicto involucre a Itaipú, ya que Paraguay tiene vedado el manejo soberano de sus recursos hidroeléctricos. Debe vender la energía excedente a una tarifa inferior al precio de mercado, para solventar una deuda odiosa con el acreedor brasileño. (25)

Geopolítica de dominación

Para sostener la política de las corporaciones, Brasil se militariza con tecnología francesa. Se construyen submarinos, aviones y helicópteros destinados a custodiar los intereses de esas compañías, en las vastas regiones inexploradas del subcontinente.

Este correlato militar de la expansión multinacional no se limita al radio fronterizo. Desde el 2004 Brasil lidera las fuerzas de ocupación que reemplazaron a los marines en Haití. Garantiza allí una política neoliberal, que agrava la tragedia de hambre, pobreza y emigración, utilizando los métodos policiales que ensayó en las favelas. Esas acciones han facilitado el ingreso de las firmas brasileñas al Caribe.

La estrategia geopolítica en curso apunta a lograr desde UNASUR, el ambicionado asiento brasileño en el Consejo de Seguridad. Con este objetivo Itamaraty amplía el radio de alianzas (ahora con México) y estimula el ingreso de Cuba a Grupo Río.

Lula repite la política de lobby que desarrolló Felipe González, para posicionar a las empresas españolas en América latina. Como busca garantizar la estabilidad de negocios arbitrados por la diplomacia brasileña, rechaza las pretensiones separatistas de la extrema derecha sudamericana (Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija en Bolivia, Zulia en Venezuela, Guayas en Ecuador).

Brasil subordina incluso la continuidad del MERCOSUR a su liderazgo. Demorará la moneda común y el parlamento regional hasta que tenga asegurada esa conducción. Tampoco renuncia a estrategias unilaterales. En la última reunión de la OMC abandonó a sus aliados del G 20, para buscar un compromiso directo con los países desarrollados.

Pero la dirección del bloque sudamericano requiere neutralizar políticamente a Venezuela (dentro o fuera del MERCOSUR) y resolver los conflictos comerciales con Argentina. Sólo fuertes beneficios geopolíticos pueden atenuar las constantes quejas de los industriales de Sao Paulo hacia el vecino del Sur.

Todo indica, por lo tanto, que Brasil busca ocupar los espacios creados por la crisis de dominación estadounidense. Pero aspira a cumplir este rol sin chocar con la primera potencia. Tratará de saltar un escalón dentro de la coordinación hegemónica que ha prevalecido desde la posguerra. Las clases dominantes brasileñas pretenden jugar un rol más visible, pero al mismo tiempo más integrado al imperialismo colectivo.

¿Cómo responderá Estados Unidos? Hasta ahora predomina la indefinición. En el 2007 Bush suscribió un acuerdo estratégico con Lula para desenvolver una política común de agro-combustibles. El abaratamiento del crudo y las disputas aduaneras en torno al etanol amenazan ese convenio. Pero muchos opinan que Obama podría retomar ese tratado, para asociar al principal país sudamericano a la dominación global. (26)

Semiperiferia y subimperialismo

En su nuevo rol dominante Brasil tiende a jugar un rol subimperialista. Este papel se está gestando bajo la cobertura de intereses regionales compartidos y no resultará menos adverso para los pueblos, que la opresión tradicional ejercida por el imperialismo estadounidense o europeo.

El término de subimperialismo surgió en los años 60 para retratar una expansión de Brasil conectada a las prioridades del Departamento de Estado. Con el prefijo “sub”, Ruy Mauro Marini indicaba el carácter tardío y periférico de la nueva potencia y su asociación subordinada con Estados Unidos. (27)

La denominación distinguía una acción imperial emergente (Brasil) de una función ya dominante (Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia). También aludía a diferencias con imperialismos menores (Suiza, Bélgica, España), extinguidos (otomano, austro-húngaro) o fallidos (Rusia, Japón).

La palabra subimperialismo podría erróneamente sugerir una delegación del poder central a servidores de la periferia. Pero en el caso brasileño siempre apuntó a resaltar el proceso opuesto de mayor autonomía de las clases dominantes locales. La aplicación de ese concepto para la región difiere, por ejemplo, de su uso para el caso de Israel (que actúa por mandato del Pentágono) o de sub-potencias como Australia y Canadá, que actuaron siempre adheridas al eje anglo-norteamericano. Una analogía más próxima a Brasil sería el rol jugado por Sudáfrica, en la región austral del continente negro.

Hace cuarenta años el sub-imperialismo brasileño debutaba como gendarme anticomunista, en acciones de una dictadura comprometida con la guerra fría. En la actualidad, Brasil sostiene el orden capitalista por cuenta propia (ocupación de Haití), se abastece con pertrechos de Francia y pone serios límites a la plataforma de los marines en Colombia.

El acierto más perdurable de los primeros teóricos del subimperialismo fue captar la transformación de las viejas burguesías nacionales (promotoras del mercado interno), en burguesías locales (que priorizan la exportación y la asociación con empresas transnacionales). Marini denominó “cooperación antagónica” al proceso de internacionalización del capital local y polemizó con los autores que presentaban ese viraje, como un acontecimiento favorable al desarrollo del país. (28)

Este giro multinacional de las clases dominantes se ha consolidado en las últimas dos décadas y se plasma actualmente en la expansión de las firmas brasileñas hacia los países vecinos. Marini atribuía este despliegue foráneo a la estrechez de un mercado interno, afectado por la fragilidad del poder adquisitivo. Estimaba, además, que los grandes capitalistas brasileños acentuaban la compresión del poder de compra, recurriendo a formas de superexplotación de los trabajadores.

Los seguidores de esta tesis han resaltado el agravamiento contemporáneo de estos desequilibrios, en ausencia de un consumo de masas equiparable al fordismo de las economías avanzadas (29). Estas carencias impulsan a las multinacionales a invertir en el exterior, los capitales sobrantes que genera la restrictiva acumulación interna.

Como resultado de esta contradicción Brasil adopta conductas subimperiales, antes de haber alcanzado el poderío que tuvieron las principales economías centrales en los siglos XIX y XX. Esta asimetría ilustra las modalidades contemporáneas que adopta el desarrollo desigual y combinado.

La noción de sub-imperialismo contribuye a superar el simplificado esquema de centro-periferia e indica la variedad de relaciones que genera la polarización del mercado mundial. Retrata la existencia de formaciones intermedias, que algunos pensadores han teorizado con el concepto de semi-periferia.

Este término alude a frecuentes situaciones intermedias de la historia del capitalismo. Indica el surgimiento de potencias desafiantes que alcanzaron liderazgos (EEUU, Japón, Alemania) o fallaron en el logro de esa meta (Italia, España, Rusia). (30)

Las semi-periferias han sido subimperialismos (o imperialismos) potenciales que prosperaron o abortaron. En Sudamérica esta evolución se frustró en Argentina durante la primera mitad del siglo XX, pero continúa abierta para Brasil. Múltiples razones económicas, políticas y sociales explican esta evolución divergente.

Las nociones de semiperfiera y subimperialismo permiten captar el dinamismo contradictorio del capitalismo. Este sistema periódicamente transforma las relaciones de fuerza en el mercado mundial. Una fotografía congelada del centro y la periferia impide registrar estos cambios. No permite captar, por ejemplo, mutaciones históricas tan sorprendentes como el salto procesado por China en las últimas décadas.

Los dos conceptos intermedios también chocan con la estrecha clasificación de los países latinoamericanos en colonias, semicolonias y capitalistas dependientes. Este modelo es particularmente insuficiente para una región –que a diferencia del resto de la periferia- logró una emancipación temprana del yugo colonial. Por soslayar situaciones semi-coloniales durante gran parte del siglo XX, Brasil tiende a saltar hacia un estadio subimperial.

Ver también:
- http://www.argenpress.info/2009/02/america-latina-frente-la-crisis-global.html

Notas:
17) Fukuyama Francis. “Nuevos desafíos geopolíticos” Clarín, 29-9-08. Gray John, ¿Fin del liderazgo estadounidense?”, Clarín, 1-10-08. Diament Mario, “Adiós a la era de EEUU”, La Nación, 17-5-08.
18) Con la Obamania recuperaron terreno los que apuestan a un resurgimiento basado en la capacidad norteamericana para absorber inmigrantes. Oppenheimer Andrés, “EEUU y la era post-Bush” La Nación, 25-11-08.
19) Roubini Nouriel. “La decadencia del imperio americano” Global EconomMonitor, 9-08.
20) Guillén Arturo. “La declinación de la hegemonía estadounidense y sus implicaciones para América Latina”. Ponencia al Segundo Coloquio de la SEPLA, Caracas, 14-16 noviembre de 2007.
21) Es el enfoque de Wallerstein Immanuel, Capitalismo histórico y movimientos anti-sistémicos: un análisis de sistemas – mundo, 2004, Akal, Madrid, (cap 28).
22) Estos enfoques remarcan también la subordinación de las elites locales al capital foráneo y la restauración de formas primitivas de acumulación basadas en la depredación. Un debate sobre estos temas plantea por Sorans Miguel, “¿Hay una recolonización mundial?”, Correspondencia Internacional n 26, octubre- diciembre 2008. Ver también: Salinas Figueredo Darío. “Las coordenadas de la política estadounidense”. Crisis de hegemonía de Estados Unidos. Siglo XXI, México, 2007.
23) La proporción de las ventas externas en comparación a las internas es muy significativo en todas estas compañías. Un completo análisis de estas empresas presenta: Luce Mathias, “La expansión del subimperialismo brasileño”, Patria Grande, n 9, diciembre 2008.
24) Son 514 proyectos de energía, transporte y comunicaciones a desarrollar diagramados concebidos para el período 2005-2010. Verdum Ricardo, “Financiamento a megaproyectos: novos desaíos”, Contra Corriente, Janeiro 2009. Tautz Carlos “A Amazonia como alvo principal”, Contra Corriente, Janeiro 2009.
25) Lamarque Cecile, “El tratado entre Paraguay y Brasil: un escándalo que duró demasiado”, www.cadtm.org/spip.php, 25-12-08.
26) Oppenheimer Andrés, “Una decisiva alianza energética”, La Nación, 20-1-09.
27) Pagni Carlos, “La estrategia latinoamericana de Barack Obama”, La Nación, 18-1-09
28) Marini Ruy Mauro. “La dialéctica del desarrollo capitalista en Brasil”. Subdesarrollo y revolución, Siglo XXI, 1985. Marini Ruy Mauro. Dialéctica de la dependencia, ERA, México, 1985.
29) Marini Ruy Mauro. “Razones del neo-desarrollismo”. Revista Mexicana de Sociología año XL, vol. XL, 1978.
30) Osorio Jaime. “Una cartografía para redescubrir América Latina”. Oikos, n 18, 2 do semestre 2004.


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Crisis de los ricos, vía crucis de los pobres


Jorge Majfud (especial para ARGENPRESS.info)

Las teorías de la evolución después de Darwin asumen una dinámica de divergencias. Dos especies pueden derivar de una en común; cada tanto, estas variaciones pueden desaparecer de forma gradual o abrupta, pero nunca dos especies terminan confluyendo en una. No existe mestizaje sino dentro de la misma especie. A la larga, una gallina y un hombre son parientes lejanos, descendientes de algún reptil y cada uno significa una respuesta exitosa de la vida en su lucha por la sobrevivencia.

Es decir, la diversidad es la forma en que la vida se expande y se adapta a los diversos medios y condiciones. Diversidad y vida son sinónimos para la biósfera. Los procesos vitales tienden a la diversidad pero al mismo tiempo son la expresión de una unidad, la biósfera, Gaia, la exuberancia de la vida en lucha permanente por sobrevivir a su propio milagro en ambientes hostiles.

Por la misma razón la diversidad cultural es una condición para la vida de la humanidad. Es decir, y aunque podría ser una razón suficiente, la diversidad no se limita sólo a evitarnos el aburrimiento de la monotonía sino que, además, es parte de nuestra sobrevivencia vital como humanidad.

No obstante, hemos sido los humanos la única especie que ha sustituido la natural y discreta pérdida de especies por una artificial y amenazante exterminación, por la depredación industrial y por la contaminación del consumismo. Aquellos que sostenemos un posible aunque no inevitable “progreso de la historia” basado en el conocimiento y el ejercicio de la igual-libertad, podemos ver que la humanidad, tantas veces puesta en peligro de extinción por sí misma, ha logrado algunos avances que le ha permitido sobrevivir y convivir con su creciente fuerza muscular. Y aún así, nada bueno hemos agregado al resto de la naturaleza. En muchos aspectos, quizás en ese natural proceso de prueba y error, hemos retrocedido o nuestros errores se han vuelto exponencialmente peligrosos.

El consumismo es uno de esos errores. Ese apetito insaciable nada o poco tiene que ver con el progreso hacia una posible y todavía improbable era sin-hambre, post-escasez, sino con la más primitiva era de la gula y la codicia. No digamos con un instinto animal, porque ni los leones monopolizan la sabana ni practican el exterminio sistemático de sus victimas, y porque hasta los cerdos se sacian alguna vez.

La cultura del consumismo ha errado en varios aspectos. Primero, ha contradicho la condición antes señalada, pasando por encima de las diversidades culturales, sustituyéndolas por sus baratijas universales o creando una pseudo diversidad donde un obrero japonés o una oficinista alemana pueden disfrutar dos días de una artesanía peruana hecha en China o cinco días de las más hermosas cortinas venecianas importadas de Taiwán antes que se rompan por el uso. Segundo, porque también ha amenazado el equilibrio ecológico con sus extracciones ilimitadas y sus devoluciones en forma de basuras inmortales.

Ejemplos concretos podemos observarlos a nuestro alrededor. Podríamos decir que es una suerte que un obrero pueda disfrutar de las comodidades que antes les estaban reservadas sólo a las clases altas, las clases improductivas, las clases consumidoras. No obstante, ese consumo —inducido por la presión cultural e ideológica— se ha convertido muchas veces en la finalidad del trabajador y en un instrumento de la economía. Lo que por lógica significa que el individuo-herramienta se ha convertido en un medio de la economía como individuo-consumidor.

En casi todos los países desarrollados o en vías de ese “modelo de desarrollo”, los muebles que invaden los mercados están pensados para durar pocos años. O pocos meses. Son bonitos, tienen buena vista como casi todo en la cultura del consumo, pero si los miramos fijamente se rayan, pierden un tornillo o quedan en falsa escuadra. Ahora resulta un exotismo aquella preocupación de mi familia de carpinteros por mejorar el diseño de una silla para que durase cien años. Pero los nuevos muebles descartables no nos preocupan mayormente porque sabemos que han costado poco dinero y que, en dos o tres años vamos a comprar otros nuevos, lo que de paso da más interés y variación en la decoración de nuestras casas y oficinas y sobre todo estimulan la economía del mundo. Según la teoría en curso, lo que tiramos aquí ayuda al desarrollo industrial en algún país pobre. Por eso somos buenos, porque somos consumidores.

No obstante, esos muebles, aún los más baratos, han consumido árboles, han quemado combustible en su largo viaje desde China o desde Malasia. La lógica de “tírelo después de usar”, que es lo más razonable para una jeringa de plástico, se convierte en una ley necesaria para estimular la economía y mantener el PBI en perpetuo crecimiento, con sus respectivas crisis y fobias cuando su caída provoca una recesión del dos por ciento. Para salir de ella hay que aumentar la droga. Sólo Estados Unidos, por ejemplo, destina billones de dólares para que sus habitantes vuelvan a consumir, a gastar, para salir de la locura de la recesión y así el mundo pueda seguir girando, consumiendo y desechando.

Pero esos desechos, por baratos que sean —el consumismo está basado en mercaderías baratas, desechables, que hace casi inaccesible el reciclaje de productos duraderos— poseen trozos de madera, plástico, baterías, caños de hierro, tornillos, vidrio y más plástico. En Estados Unidos todo eso y algo más va a la basura —aún en este tiempo llamado “de gran crisis” por razones equívocas— y en los países pobres, los pobres van en busca de esa basura. A la larga, quien termina consumiendo toda la basura es la naturaleza mientras la humanidad sigue poniendo en suspenso sus cambios de hábitos para salir de la recesión primero y para sostener el crecimiento de la economía después.

Pero ¿qué significa “crecimiento de la economía”, ese dos o tres por ciento que obsesiona al mundo entero, de Norte a Sur y de Este a Oeste?

El mundo está convencido de que se encuentra en una terrible crisis. Pero el mundo siempre estuvo en crisis. Ahora es definida como crisis mundial porque (1) procede y afecta la economía de los más ricos; (2) el paradigma simplificado del desarrollo ha irradiado su histeria al resto del mundo, restándole legitimidad. Pero en Estados Unidos las personas siguen inundando las tiendas y los restaurantes y sus recortes no llegan nunca al hambre, aun en la gravedad de millones de trabajadores sin trabajo. En nuestros países periféricos una crisis significa niños en la calle pidiendo limosna. En Estados Unidos suele significar consumidores consumiendo un poco menos mientras esperan el próximo cheque del gobierno.

Para salir de esa “crisis”, los especialistas se exprimen el cerebro y la solución es siempre la misma: aumentar el consumo. Irónicamente, aumentar el consumo prestándole a la gente común su propio dinero a través de los grandes bancos privados que reciben la ayuda salvadora del gobierno. No se trata solo de salvar algunos bancos, sino, sobre todo, de salvar una ideología y una cultura que no sobreviven por sí solas sino en base a frecuentes inyecciones ad hoc: estímulos financieros, guerras que impulsan la industria y controlan la participación popular, drogas y diversiones que estimulan, tranquilizan y anestesian en nombre del bien común.

¿Realmente habremos salido de la crisis cuando el mundo retome un crecimiento del cinco por ciento mediante el estímulo del consumo en los países ricos? No estaremos preparando la próxima crisis, una crisis real —humana y ecológica— y no una crisis artificial como la que tenemos hoy? ¿Realmente nos daremos cuenta que ésta no es realmente una crisis sino sólo una advertencia, es decir, una oportunidad para cambiar nuestros hábitos?

Cada día es una crisis porque cada día elegimos un camino. Pero hay crisis que son una larga una via crusis y otras que son críticas porque, tanto para oprimidos como para opresores significa una doble posibilidad: la confirmación de un sistema o su aniquilación. Hasta ahora ha sido lo primero por faltas de alternativas a lo segundo. Pero nunca hay que subestimar a la historia. Nadie hubiese previsto jamás una alternativa al feudalismo medieval o al sistema de esclavitud. O casi nadie. La historia de los últimos milenios demuestra que los utópicos solían preverlo con exagerada precisión. Pero como hoy, los utópicos siempre han tenido mala fama. Porque es la burla y el desprestigio la forma que cada sistema dominante ha tenido siempre para evitar la proliferación de gente con demasiada imaginación.

Autor imagen: TRIBUNA HISPANA


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El Estado colombiano se desmorona en manos del Presidente Uribe Vélez


Apolinar Díaz – Callejas (especial para ARGENPRESS.info)

En la revista Semana, edición número 1.399 de febrero 23 a marzo 2 del corriente año, se destapó el escándalo del DAS, el más alto organismo de seguridad del Estado colombiano, que opera bajo el mando del Presidente de la República. En la carátula de primera página dice la revista Semana: “El DAS está fuera de control. Graba ilegalmente a magistrados, periodistas y políticos y se ha puesto al servicio de narcos, paras y guerrilleros. Investigación de SEMANA”.

En el texto de esta investigación la revista semana señala que “Entre el 19 y el 21 de ENERO pasados gran parte de los “secretos” de muchos personajes de Colombia fueron destruidos en el piso 11 de la sede principal del DAS. Dice que: “Recibimos la orden de recoger todo lo que teníamos en varias oficinas del edificio, en las sedes externas y llevarlo a la oficina de Contrainteligencia. Durante dos días se recolectaron discos duros extraíbles, se cambiaron discos duros de los computadores, se recolectaron CD, archivos de voces y documentos confidenciales. Sólo yo, sin contar mis compañeros, llevé dos cajas llenas con esas cosas”, le dijo a SEMANA, uno de los detectives del DAS que participó en la particular recolección. “De todas las cajas que se llevaron a Contrainteligencia, con documentos, grabaciones y demás, sólo quedó una, que fue sacada del piso 11 el miércoles 21 al final de la tarde. No sé qué dejaron en esa, ni para donde se la llevaron. Solo sé que lo demás fue destruido”, afirma.

La sospechosa misión de recuperar y destruir información se adelantó por parte de un reducido grupo de funcionarios y, aunque se trató de hacerlo de la manera más discreta, fue inevitable que unos pocos integrantes del DAS se percataran de los inusuales movimientos durante esos días. ¿Pero qué era lo que estaban destruyendo con tanto afán? Gran parte de los archivos que hoy ya no existen eran, entre otros, grabaciones, documentos secretos y análisis de inteligencia que contenían información sobre una gran variedad de personajes que estaban en la mira del DAS.

“Magistrados de la Corte Suprema, periodistas, políticos de oposición, generales de la República, fiscales, y hasta algunos miembros del alto gobierno hacían parte del grupo que desde hace algunos meses estaba siendo monitoreado por el organismo de seguridad”. Fueron dos las razones básicas que llevaron a los funcionarios del DAS a tratar de deshacerse de ese valioso material entre el 19 y el 21 de enero. El 16 de ese mes, tres días antes de dar la orden para recoger grabaciones y documentos comprometedores, el gobierno anunció la designación de Felipe Muñoz como nuevo director del DAS. La llegada de un nuevo Director implica, entre otras cosas, la probabilidad de que este lleve personas de su confianza para puestos claves, lo cual abre la posibilidad que “la nueva administración” descubra alguna irregularidad. Muñoz se posesionó el 22 de enero, un día después de que terminó la destrucción de documentos.

La segunda razón es que los funcionarios sabían que era cuestión de poco tiempo para que sus actividades non sanctas salieran a la luz pública. Desde hace mas de seis meses SEMANA comenzó una investigación sobre una serie de irregularidades en el DAS. A lo largo de ese tiempo se recolectaron documentos, audios e informes confidenciales y secretos que dejan en evidencia graves anomalías. Más de 30 declaraciones de testigos y protagonistas directos de los hechos, también hacen parte del material en poder de esta revista.

Este escándalo del DAS arrancó en octubre de 2005, en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, “cuando terminó envuelto por un escándalo a raíz de la infiltración paramilitar que condujo a la salida y posterior encarcelamiento del director de esa época Jorge Noguera”. Semana señala que dentro del DAS hay un poderoso sector al servicio de “los paramilitares, la guerrilla y de oscuros intereses políticos”.

La revista Semana agrega en el informe las denuncias de detectives que trabajan en el DAS, bajo el criterio de que “cualquier persona o entidad que represente un eventual peligro para el gobierno debe ser vigilada por el DAS. Por eso desde hace más de un año se empezó a considerar y tratar como un blanco legítimo las actividades de la Corte Suprema de Justicia y algunos de sus miembros”.

La información de Semana da cuenta de las revelaciones de uno de los informes sobre el Magistrado auxiliar Iván Velázquez, jefe de la investigación de la parapolìtica a quien el Presidente Álvaro Uribe acusó de fabricar testimonios en su contra, lo cual, según SEMANA “terminó siendo un montaje”.

Colombia toda recibió con indignación el descubrimiento sobre las anomalías del DAS y las acciones de represión y agravios contra personalidades políticas, periodistas, sindicalistas y otros activistas de las luchas sociales en Colombia.

Todo el país reaccionó enérgicamente por esa desviación de poder del gobierno actual colombiano del Presidente Álvaro Uribe Vélez. Esta situación ha llevado al crecimiento de la oposición al gobierno actual y por el incremento de los asesinatos, políticos, especialmente en las zonas rurales de Colombia. Es manifiesta la preocupación gubernamental porque el país se le está saliendo de las manos al Presidente Uribe Vélez, a la vez que crece la violencia.

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Reclamo rural


Néstor Sappietro (APE)

Es probable que el título de la nota de lugar a alguna confusión.

De un año a esta parte, uno escucha “reclamo rural”, y enseguida se le amontonan palabras que entraron a su vida sin pedir permiso...

Retenciones, mesa de enlace, la 125, trigo, soja, sequía, crédito, propuesta...

Uno lee “reclamo rural” y presiente palabras que aparecerán otra vez incluidas en algún discurso. Palabras amenazantes, insistentes, reiteradas...

Entonces, es posible que el lector fastidiado de asistir a la mezquina lucha de intereses que dejan afuera a las mayorías, haya decidido pasar de largo esta crónica.

Sin embargo, aunque no ocupe la agenda informativa, aunque no esté instalado como un tema que decidirá el futuro del país; existe otro reclamo rural.

Un reclamo impostergable que no tiene tiempo para buscar acuerdos.

El informe sobre la desnutrición en las escuelas rurales argentinas dado a conocer por la Asociación Civil de Padrinos de Alumnos de Escuelas Rurales (APAER) no admite negociaciones, sencillamente, porque lo que está en juego es la vida de los pibes.

"Alimentación en las escuelas rurales" es el título del informe que recoge estudios realizados por la fundación. En él se concluye que el norte de Córdoba y Santa Fe, Misiones, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Salta y Jujuy son las provincias "más comprometidas", con índices de desnutrición de 20 por ciento de los alumnos de colegios rurales, y además, con un "alto grado de subalimentación".

Los problemas más graves de desnutrición y subalimentación corresponden a las provincias de Misiones y Chaco, en donde el Estado aporta entre 29 y 50 centavos por alumno para su alimentación. Mendoza está en "alerta rojo nutricional".

"La gran mayoría de los niños de zonas rurales no están recibiendo la alimentación adecuada en la etapa del desarrollo y esto llega a producir trastornos importantes en su evolución, muchos niños discapacitados mentales tienen su origen en esta desnutrición en la edad temprana", dijo la asociación.

La titular de APAER, Noemí Delellis de Arbetman, reclamó al ombudsman Eduardo Mondino que inste a las autoridades a ampliar el envío de dinero y alimentos a alumnos, tal como lo hizo con los gobiernos chaqueño y nacional por la muerte de veinte personas en Chaco por desnutrición.

Los chicos faltan a la escuela porque se enferman con facilidad.

Los que pueden ir, difícilmente logren alcanzar los conocimientos, porque el hambre les empuja los ojos. El cansancio y el sueño le ganan la pulseada a la necesidad de aprender a leer y escribir, a sumar y restar.

El diagnóstico es conocido, la desidia estatal y la indiferencia de quienes solo aspiran a seguir acumulando riquezas, condenan a nuestros pibes a un retraso en el crecimiento, a daños que son irreversibles en su desarrollo físico e intelectual y a contentarse si logran sobrevivir.

Hay otro reclamo rural.

Un reclamo de voces olvidadas.

Un reclamo que transita otras palabras.

Hambre... desnutrición... discapacidad... soledades... futuro...

Palabras que no encuentran espacio en las agendas y, finalmente, terminan sepultadas en el abandono más feroz.

Hay palabras que reclaman ganancias y otras que reclaman comida...

El problema, como siempre, es la vara que mide las urgencias.

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Movilidad Jubilatoria: “Equidad distributiva y limosna, no son la misma cosa”

Carlos Saglul (ACTA)

“Desde la Central de Trabajadores de la Argentina, habíamos advertido que pretendíamos un verdadero incremento, no migajas. Esto es un bochorno, una nueva burla a los jubilados”, opinaron Lidia Meza, secretaria de Previsión Social de la CTA y Elias Moure, secetario general de la Federación de Trabajadores Jubilados y Pensionados (Fetrajub-CTA).

Según anunció el Gobierno, alrededor de 6 millones de jubilados y pensionados recibirán un aumento del 11,69 por ciento a partir del primero de marzo próximo y hasta el 30 de agosto, y de esa manera, el haber mínimo se elevará de 690 a 770 pesos el haber jubilatorio mínimo.

Este aumento corresponde a la aplicación de la Ley de Movilidad Jubilatoria aprobada por el Congreso el año pasado y que prevé dos ajustes, uno en marzo y otro en septiembre.

Para Meza y Moure “el Gobierno tiene fondos para pagar una jubilación diga sin embargo continúa manejando en forma discrecional los fondos del ANSES eludiendo los propios controles que establece la Ley. La prioridad con que se maneja la plata de los jubilados no es pagarles dignamente sino resolver problemas financieros del Estado. Es lo de siempre”.

Y agregaron a dúo: "No tienen vergüenza, andan financiando calefones y heladeras con nuestros fondos como si con eso se pudiera enfrentar la crisis y el desempleo. ¿Qué heladera nos vamos a comprar los jubilados con lo que ganamos?. Además, si vamos a sacar un crédito nos dicen que somos demasiado viejos”.

Moure acota que la única forma de enfrentar la crisis es fortificando el mercado interno, la capacidad de consumo de los sectores más sumergidos económicamente como los jubilados. Recuerda que “nosotros lo que cobramos lo gastamos, no nos queda otra”.

Ambos dirigentes opinan que estos anuncios “no dejan otro camino que continuar con la lucha por una jubilación digna de 1.600 pesos, el reestablecimiento de las escalas jubilatorias y el 82 por ciento móvil”.

En cuanto al administración de los Fondos del ANSES, Meza y Moure insisten en que deben ser administrados por los propios jubilados junto al Estado. Al mismo tiempo, señalan que “estas migajas que nos dieron” sólo pueden ser pagadas al antojo de “una Ley de Movilidad trucha que da la espalda a los justos reclamos de los jubilados”.

Meza recuerda que “se había generado la expectativa de que el aumento sería del 18 por ciento. Después dieron marcha atrás. Lo que hacen, ni siquiera es inteligente porque crean malestar entre la gente. Gobernar para la equidad distributiva y repartir limosna no son la misma cosa”, concluyeron.

Rechazo en Paraná

La Central de los Trabajadores de la Argentina Paraná y el Centro de Jubilados de la CTA Paraná expresan su más enérgico rechazo al aumento anunciado por el gobierno nacional para los jubilados y pensionados nacionales, del 11.69%.

"El anuncio no hace más que descargar la perversidad de una Ley de Movilidad que fuera recientemente sancionada contra la clase más vulnerada y desprotegida de la sociedad. Y pone en controversia al gobierno ante los anuncios oficiales en cuánto a la inclusión social y políticas redistributivas", indica un comunicado gremial.

"Hoy los Jubilados y Pensionados Nacionales pasarán a cobrar setecientos setenta pesos el haber mínimo jubilatorio y no tendrán posibilidad de incremento hasta Septiembre del corriente año. Mientras la ANSES en forma discrecional presta el dinero de todos los jubilados a una tasa del 8% anual. Para resolver los problemas financieros del Estado Nacional", agrega la nota.

"Mientras en la Argentina condenemos a la pobreza e indigencia a nuestros mayores resulta paradójico hablar de justicia social y distribución equitativa de la riqueza", finaliza la declaración.

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Argentina: Críticas al ANSES, el IPS objeta “forma” de aumento nacional de jubilaciones

MOMARANDU

El interventor del Instituto de Previsión Social, Ramón Simón, y el gerente general de la entidad, Sergio Claps, criticaron este martes el aumento de las jubilaciones mínimas dictado ayer por Nación. “Es financiado con dinero de las provincias”, dijeron y reiteraron que un eventual incremento en Corrientes se condiciona a la cancelación de los fondos que debe ANSES al IPS.

Los funcionarios mostraron su beneplácito por el aumento nacional, pero criticaron sus forma, pues consideran que “ese acto, además de mantener en la pobreza a miles de abuelos de todo el país” y acusaron a Nación de “financiar el incremento con dinero de las provincias”.

Para Simón, “el aumento otorgado por la Nación es posible gracias a los incumplimientos propios de esa administración con el resto de los distritos, y porque utiliza dinero coparticipable de otra época que jamás retornó a las provincias pese al cambio de sistema”

“La Nación utiliza el dinero de las provincias, nuestro dinero, para financiar un aumento y luego nos traslada problemas porque nuestros jubilados están en condiciones legítimas de reclamar también un incremento”, criticó el funcionario.

“Nos deben más de 87 millones de pesos por la deuda que se han comprometido a pagar a través del Compromiso Federal, pero además nunca nos devolvieron los fondos equivalentes al 15 por ciento de la coparticipación con los cuales el país sustentó el régimen jubilatorio vigente hasta el año pasado”, dijo.

El funcionario acusó al Anses de “financiarse” con “recursos de los aportantes pero también con impuestos”, mientras que “el Estado incumple la Ley 25.235, de Compromiso Federal”. “El Anses utiliza dinero que no le corresponde para poder pagar el aumento otorgado”, concluyó.

En ese punto, el gerente general del IPS, Sergio Claps, sostuvo que “de cumplir la Nación sólo con el pago de la deuda que mantiene con el Instituto, que es de 87.200.000, Corrientes estaría en condiciones de pagar retroactivos por 30 millones de pesos y asegurar un mínimo de 770 pesos por cinco años sin generar un sólo peso de déficit para la Provincia”.

“Corrientes tiene 23 mil jubilados de cuales solo 7 mil estarían en condiciones de recibir el beneficio del mínimo, lo que representa alrededor del 30 por ciento de ese total. La Nación, en cambio, mantiene al 70 por ciento de los jubilados con el salario mínimo”, dijo.

Los funcionarios acusaron a la administración nacional de ponderar sobre sus decisiones “cuestiones políticias” que “postergan a los pasivos correntinos”.

La jubilación mínima de los pasivos provinciales es de 634 pesos. Desde marzo la mínima nacional será de 770 pesos, ya que los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) recibirán un aumento del 11,69% a partir de los haberes de marzo, que comenzarán a percibirse la próxima semana.

El porcentaje de la suba fue anunciado ayer por el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y el director ejecutivo de la Anses, Amado Boudou, en la residencia de Olivos y tras una reunión con la presidenta Cristina Kirchner. El ajuste, que implica un gasto anual adicional de 6.050 millones de pesos.

Es el primero que surge de la aplicación de la ley de movilidad previsional, que establece que habrá dos alzas por año: una en marzo y otra en septiembre. Esa norma fue impulsada por el Poder Ejecutivo dos años después de que la Corte Suprema ordenara la aprobación de una ley que garantizara subas periódicas siguiendo la evolución de un índice.

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Rige la pena de muerte en Argentina

CORREPI

Cuando aún no finaliza febrero, otros cinco jóvenes ejecutados en Burzaco, Temperley, Quilmes, Corrientes y Puerto Madryn se suman a los muchos fusilamientos policiales de los que ya dimos cuenta en el mes de enero.

En casi todos los casos, se los ha justificado bajo la versión del enfrentamiento tras supuestos intentos de robo. Descartando que los policías argentinos tengan la mejor puntería del mundo y que siempre resulten ilesos en los "intercambios de disparos", estos cinco casos ratifican cómo el estado protege el gatillo fácil y promueve su accionar, desde el momento mismo del fusilamiento, alterando el lugar con armas plantadas y testigos puestos por sus compañeros de fuerza, hasta ser juzgados por homicidio en legítima defensa por el poder judicial.

Basta observar el parte médico, que hacia el final de las notas de los diarios, luego de detallar el historial de robos a la propiedad informado por la misma versión policial que pretende encubrir el fusilamiento, nos ilustra, por ejemplo, en el Diario de Madryn: "una persona, en su apreciación, menor de edad, que estaba muerto en el interior de una propiedad (...) tenía una herida de bala cuyo ingreso era de atrás hacia delante, con salida a la altura de la axila". Luego, habla de "un hombre con una bala que ingresó a la altura de la segunda dorsal de su columna, en su recorrido el proyectil atravesó de forma transversal el cuerpo y tras romper la clavícula salió por el hombro izquierdo". No hace falta ser especialista para darse cuenta que los policías los ejecutaron por la espalda y que por mucha versión de enfrentamiento, los perseguidos no disparan con la región posterior de sus cuerpos.

En tanto, en Virrey del Pino, Maximiliano Sosa (18) fue fusilado por tres policías, al menos dos de la federal, cuando junto a dos de sus amigos, fue detenido luego de salir de bailar. Los redujeron y torturaron en el piso, hasta que Maximiliano recibió un disparo de arma calibre 9 mm de parte de un cabo de la división de defraudaciones y estafas de la Policía Federal. Los familiares de la víctima, los sobrevivientes representados por abogados de CORREPI y el barrio entero, se encuentran movilizados, reclamando por la detención de los tres homicidas y denunciando la política de gatillo fácil para los jóvenes de las barriadas pobres.

Mientras una integrante de la corte suprema, la misma que niega que la tortura exista en nuestro país, le pide al sector de la sociedad dominado por el discurso sobre la inseguridad, que "bajen un cambio" en cuanto sus pedidos de pena de muerte, estos crímenes de estado se multiplican.

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Argentina, Santa Fe: Mujeres, aborto y muerte

Alicia Gutiérrez (TMO)

Esta mañana leemos en los matutinos que hay abortos a la vuelta de la esquina. Nos confrontamos entonces con el dolor, con el vacío jurídico y con la falta de decisión en el campo de la política a debatir y generar leyes que protejan las decisiones de las mujeres que no desean ser madres.

Sólo las muertes de nuestras hermanas parecen ser el campo propicio que se nos otorga para hablar de nuestros cuerpos, de nuestras decisiones. Debates en los que prima el recato, la hipocresía, los silencios de los profesionales, la falta de números y estadísticas, y allí por supuesto, los nombres y apellidos de nuestras víctimas. ¿Desde dónde hablar, si no es desde el enojo, la rabia y de la lucha?

¿Desde dónde acompañar la soledad de aquella mujer que ya no puede seguir más?

¿Desde dónde pedir comprensión a quienes pudieron tomar decisiones con las herramientas que dan el conocimiento y la contención?

¿Desde dónde ponerle un nombre a “éstos casos frecuentes de mujeres desesperadas que recurren a cualquier lado y que mayoritariamente son humildes?” (palabras del Director médico del Hospital Provincial de Rosario).

Las mujeres argentinas que mueren víctimas de abortos inseguros y de la violencia de género destapan la hipocresía de creer que en el país hay crisis más importantes que tratar y más urgentes que resolver tanto en el Congreso nacional como en otros ámbitos. Nuestros cuerpos de mujeres son atravesados, señalados y martirizados por leyes que doblemente victimizan nuestros actos. ¿Y cuándo es nuestro tiempo? ¿Cuándo el momento político? ¿Después de las elecciones, después de la 125, después de las heladeras y las cocinas?

Que no sea después de más muertes, desde mi lugar elijo siempre el hoy.

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Argentina: La Corte Suprema le dio un alcance general a fallos sobre derechos colectivos

PRIMERA FUENTE

En un fallo sin precedes, la Corte Suprema de Justicia de la Nación avaló la acción colectiva, por lo que a partir de ahora no hará falta iniciar juicios en los casos en los que una sola causa pueda afectar los derechos de varias personas.

Por primera vez una sentencia tendrá efectos para todos los ciudadanos sin necesidad de tener que iniciar un proceso a fin de “evitar la multiplicidad de juicios”, y el fallo tiene un alcance amplio para cualquier tipo de litigio que no implique una cuestión patrimonial, según explicaron funcionarios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación creó así la acción de clase para proteger derechos homogéneos, en el marco de una causa en la que se analizó la inconstitucionalidad de las normas que autorizan la intervención de comunicaciones telefónicas y por Internet.

La decisión del Máximo Tribunal permite que una sentencia tenga efectos para todos los ciudadanos que padecen un mismo problema, sin necesidad de tener que iniciar un juicio.

Un comunicado oficial de la Corte explicó que hay tres categorías de derechos: individuales, de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos, y de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos.

La regla general es que cada persona puede reclamar por sus propios derechos. Pero hay casos en que por una sola causa se afectan los derechos de numerosas personas, y en los que resulta muy difícil para cada uno de los afectados promover una acción judicial. En estos supuestos resulta afectado el acceso a la justicia.

Ahora la Corte indica que cuando hay una clara afectación del acceso a la justicia, no se justifica que cada uno de los posibles afectados de la clase de sujetos involucrados deba promover una nueva demanda peticionando la inconstitucionalidad de la norma.

La Corte formuló algunas precisiones dirigidas a los jueces que traten este tipo de acciones:

Se debe resguardar el derecho de la defensa en juicio, de modo de evitar que alguien pueda verse afectado por una sentencia dictada en un proceso en el que no ha tenido la posibilidad efectiva de participar.

Se debe verificar la precisa identificación del grupo o colectivo afectado, la idoneidad de quien pretenda asumir su representación y la existencia de un planteo que involucre, por sobre los aspectos individuales, cuestiones de hecho y de derecho que sean comunes y homogéneas a todo el colectivo.

Se debe arbitrar un procedimiento apto para garantizar la adecuada notificación de todos aquellas personas que pudieran tener un interés en el resultado del litigio, de manera de asegurarles tanto la alternativa de optar por quedar fuera del pleito como la de comparecer en él como parte o contraparte.

Se deben implementar adecuadas medidas de publicidad orientadas a evitar la multiplicación o superposición de procesos colectivos con un mismo objeto a fin de aventar el peligro de que se dicten sentencias disímiles o contradictorias sobre idénticos puntos.

El fallo dictado por la Corte, que por primera vez no solo afecta al caso concreto, sino que tiene un alcance amplio, se inició por la demanda de un abogado, en la que pidió se declare la inconstitucionalidad de la ley 25.873 (ley espía)y de su decreto reglamentario (1563/04), porque consideró que, al disponer la intervención de las comunicaciones sin determinar en qué casos y con qué justificativos, violan el derecho a la privacidad, en su condición de consumidor, y el derecho a la confidencialidad, en su condición de abogado.

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Argentina, Córdoba: Derechos humanos y justicia pendiente

Luis Miguel Baronetto (PRENSA RED)

El Director de Derechos Humanos municipal, Luis Baronetto reflexiona a propósito del reciente fallo del juez Alejandro Sánchez Freytes que sobreseyó a ex magistrados y funcionarios contra quienes se promovió acción penal por complicidad con el terrorismo de Estado. En ese marco, el funcionario municipal solicitó la remoción del actual juez Carlos Otero Álvarez.

Que varios sectores de poder fueron cómplices con la ejecución del terrorismo de estado por parte de las fuerzas armadas ya es bastante conocido. Instituciones y asociaciones empresariales, judiciales, eclesiásticas, políticas, culturales, mediáticas…Todo está guardado no sólo en la memoria. También en los archivos que cada día lo certifican con nueva documentación, aunque algunos -en Córdoba- sigan ocultos en manos de los represores.

En realidad militares y policías no podrían haber consumado el genocidio en 1976 sin esa abierta o encubierta complicidad. Y por cierto también con el consenso de buena parte de la sociedad que intentó exculparse en el cobarde y anodino “por algo habrá sido”, como si alguien pudiese salirse de la foto para refugiarse en una suerte de “limbo de los justos” existente sólo en alguna literatura fantástica.

Vencidos ya los obstáculos legales que impidieron la investigación y el juzgamiento de los responsables del genocidio argentino, buena parte del poder judicial comenzó a ponerse a tono. El cambio político del 2003 abrió espacios para avanzar en el reclamo de verdad y justicia, que tanto esfuerzo implicó para quienes resistieron en el auge del neoliberalismo que apañó la impunidad.

Pero no todos avanzaron al mismo ritmo, ni las viejas corporaciones modificaron su conducta. La justicia de Córdoba, federal y provincial, tiene en esto una gran deuda social. Desde tramados sociales y familiares se gestó una suerte de malla protectora para impedir la penetración de los reclamos de Justicia sobre la misma Justicia, encarnada en sus funcionarios de ayer cómplices con la dictadura: los que archivaron los recursos de habeas corpus, los que no investigaron las denuncias de torturas, secuestros o muertes en supuestos enfrentamientos, los que apuraron adopciones de bebés nacidos en cautiverio o de niños depositados en la Casa Cuna, los que abrieron el oído a bandos militares, traicionando la ley constitucional.

Como las generalizaciones no son buenas, debe valorarse a los que en esta etapa actúan con responsabilidad y han posibilitado avances importantísimos. Esto sin dejar de señalar las debilidades que impiden mayor celeridad en las causas pendientes. Y evidencian parcialidad al persistir en exculpar a funcionarios (jueces, fiscales, defensores oficiales y secretarios), conniventes al terrorismo de estado, o peor aún encubridores de delitos de lesa humanidad. Actitud manifestada por las trabas al ejercicio de una justicia rápida, transparente, no condicionada por las influencias familiares, las presiones políticas o las relaciones sociales.

La ética y la ley

Esta reflexión quiere trascender lo legal y no restringirse a lo jurídico, porque los efectos de aquella complicidad siguen afectando gravemente al conjunto social. Pretendemos ahondar en las razones más profundas. Porque la recuperación de la credibilidad en la justicia exige colocar en primer lugar los valores y principios. Una axiología que en si misma explica la razón de ser de la necesidad de la Justicia como institución. Y es este fundamento ético el que debe atravesar conductas, funciones, leyes, instituciones, etc.

Así lo afirmamos ante el Consejo de la Magistratura de la Nación: “En efecto, las leyes y las normas que establecen los procedimientos y delimitan las funciones están asentadas en valores que la sociedad asume como paradigmas. Estos constituyen la base de sustentabilidad de la convivencia social. Sobre ellos se asienta el derecho y la justicia, con sus componentes antropológicos y éticos fundamentales. Y es desde esta perspectiva fundamental y fundacional que debe evaluarse la conducta de un funcionario judicial.

Los derechos humanos, en su acepción más amplia, se han constituido en un nuevo paradigma, estableciendo un cambio de época en la vida social, cultural y política de los argentinos. Por eso su valoración hoy es ineludible y determinante a la hora de evaluar las conductas reñidas con los derechos humanos de funcionarios judiciales, como en este caso, que han sido funcionales y han mostrado actitudes complacientes con los usurpadores del poder constitucional e instauradores del terrorismo de estado en nuestro país.(Expte.148/08 Baronetto, Luis Miguel c/ Otero Álvarez, Carlos).

El cambio de época reclama cambio de protagonistas porque en el escenario van ingresando actores animados de nuevas ideas con convicciones que priorizan la vida por sobre la muerte, la solidaridad por sobre el individualismo, el contenido por sobre la forma. Y este desplazamiento resulta no sólo saludable a la nación y sus instituciones sino fundamentalmente a la calidad de vida de los argentinos.

Ética de responsabilidad social

“El funcionario judicial es un funcionario público. – dijimos en la presentación del 14 de abril del 2008 - Y como tal tiene la obligación de ejercer el poder que la sociedad le asigna en la preservación de la convivencia social, de las leyes y de las instituciones democráticas. Si así no lo hace se torna cómplice del autoritarismo y del ejercicio de la ilegalidad, desnaturalizando la legitimidad de las leyes. Por eso, el análisis de las conductas de los funcionarios judiciales durante la vigencia del terrorismo de estado, como funcionarios públicos, debe indicar la capacidad ética para juzgar hoy a los ejecutores de los delitos cometidos entonces. Ello porque el funcionario público- y por lo tanto funcionario judicial- debe ser hoy también protagonista en la consolidación de las instituciones democráticas, contribuyendo a restablecer la credibilidad social de ellas. Mal podrá hacerlo quien haya actuado,… en desmedro de la misma institución judicial al avalar hechos reñidos con la ley. La ética de responsabilidad social establece al funcionario público, como primer criterio para su actuación: preservar, restablecer, garantizar el bien social como bien supremo de la democracia. Y esta conducta ética debe ser transparente y sin mácula alguna para que el conjunto social se reconcilie con sus instituciones rectoras y fortalezca la confianza en el ordenamiento social e institucional que lo contiene.”

Vale la pena insistir porque “los doctores de la ley” - igual que hace 2000 años - se escudan en la legalidad para declarar inocente al culpable, como si pudiera sostenerse la letra sin el espíritu que la vivifica en cada tiempo y lugar. Por eso los incapaces morales aunque gocen de la pulcritud formal constituyen un grave peligro social: corrompen el sentido institucional, vacían de eticidad las acciones, niegan la posibilidad de una justicia real, enseñorean el valor de la mentira, el oportunismo y la mediocridad. Quitan, en definitiva, sustancia vital para la necesaria credibilidad en la que debe basarse el crecimiento de la sociedad y sus nuevas generaciones. Son aquellos sepulcros blanqueados – templos de la hipocresía – que seguirán guardando la podredumbre hasta convertirla en cenizas.

Juicios demorados

Recientes resoluciones judiciales, en este mes de febrero, como la que ha sobreseído a ex magistrados y ex funcionarios federales de Córdoba, han abonado este lamentable camino en actitudes corporativas de corto alcance aunque de enorme riesgo por la permanencia de la impunidad. Así se explican las demoras en el juicio y condena a los responsables de los fusilamientos, entre mayo y octubre de 1976, de los 28 presos políticos de la UP1 (Penitenciaria de San Martín). Este será el único juicio en el que se ventilará el cobarde asesinato de presos que estaban legalizados, con procesos judiciales, bajo la responsabilidad de jueces o a disposición del PEN (Poder Ejecutivo Nacional) por la vigencia del estado de sitio. A diferencia de otras causas, no se trata de secuestrados o detenidos en campos de concentración clandestinos.

En el expediente de la UP1 no puede soslayarse la complicidad de la Justicia Federal de entonces, que autorizó en ocho ocasiones los traslados que terminaron con el fusilamiento de los 28 presos políticos. Lo hizo la primera vez con destino al D2 donde fue muerto en la tortura Eduardo Daniel Bártoli el 30 de abril. Se repitió 17 días después cuando personal del D2 retiró a los seis presos que acribillaron cerca del puente Santa Fe.

Tanto el juez federal Zamboni Ledesma , el secretario Otero Álvarez, el juez Miguel Ángel Puga y otros funcionarios supieron enseguida que no se trataba de intentos de fuga o de rescate como informaba el comandante Luciano Benjamín Menéndez, del Tercer Cuerpo de Ejercito, sino que fueron cobardes fusilamientos, asesinatos a sangre fría. Y resulta burdo y una vil patraña que los funcionarios judiciales afirmaran que se enteraron por “noticias periodísticas”, cuando eran ellos los que autorizaban los traslados y debían velar por las condiciones de detención y la vida de los presos.

Siendo benévolos concedamos que la primera vez hayan sido sorprendidos en su buena fe y engañados por la criminalidad de los militares y policías que actuaron. Pero… ¿y las siete restantes? A pesar de esta abierta ilegalidad en la ejecución de estos crímenes los funcionarios judiciales siguieron autorizando los traslados que solicitaban el general Sasiaín o el comisario Telleldín para asesinar a presos que retiraban encapuchados y maniatados de pies y manos.

Pero más aún, la omisión en sus deberes de funcionarios se extendió al punto de no promover la investigación de ninguno de estos crímenes, dejando en la impunidad a los militares que solicitaron o firmaron el retiro de los presos, según constancias carcelarias incorporadas al expediente judicial. Tampoco ordenaron la autopsia de los cadáveres. Y revelaron el extremo de su cobardía al no comunicarles lo sucedido a los familiares, al punto que en algún caso sigue oculto hasta hoy el enterramiento clandestino. Esto, en síntesis, hicieron los funcionarios judiciales, algunos ya jubilados y otros pretendiendo lavarse ante la sociedad al firmar ahora la sentencia de condena al decrépito general que ayer les ordenaba – y le obedecían - impedir el ingreso a las cárceles a los abogados defensores que pretendían ejercer sus funciones como establece la ley.

La estrecha connivencia entre funcionarios judiciales y militares represores terminó por considerar “normales” hechos abiertamente reñidos con la ley, como fue la violación a derechos tan fundamentales como la vida o la integridad física y síquica de las personas detenidas. Y así es como estos hechos “normales” llegaron a normatizarse en disposiciones seudolegales que funcionarios judiciales consolidaron y legitimaron al extremo de servir hoy para justificar con la ley la ilegalidad en la que actuaron ayer.

¿Debían acaso estos funcionarios constituirse en voceros de la orden militar que restringía el derecho constitucional de defensa en juicio? Al no diligenciar medidas tendientes a esclarecer las causas y los responsables de la muerte violenta de 28 presos políticos, ¿no incurrieron en incumplimiento de deberes de funcionario público?

Y, más allá de la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, si se hubiese operado legalmente alguna prescripción penal, se anula acaso la existencia e ilegalidad del delito? La hora de la Justicia debe llegar también para los funcionarios que ayer corrieron la venda y admitieron la arbitrariedad, el crimen y el reinado de la ilegalidad apañados en una formalidad jurídica violatoria de principios éticos fundamentales.

Luis Miguel Baronetto es Director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba. Ex detenido en la UP1.


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Argentina: Masacre de Margarita Belén. Elevan la causa a juicio oral

EL DIARIO DE LA REGION - CHACO DIA POR DIA

Así, lo dispuso ayer el juez Carlos Skidelsky. Ahora, quedará radicada en el Tribunal Oral Federal, a la espera de la designación de jueces y la fijación de una fecha.

El juzgamiento a parte de los responsables de la Masacre de Margarita Belén está cada vez más cerca. Ayer, el juez federal Carlos Skidelsky elevó a juicio oral y público la causa "Larrateguy, Jorge Alcides y otros s/ homicidio agravado y desaparición forzada de personas", Expediente Nº 306, más conocida como la Masacre de Margarita Belén. Si bien el juicio a los genocidas ya no comenzará en febrero, como se preveía originalmente, lo seguro es que los represores que sembraron el horror en la provincia estarán sentados en el banquillo de los acusados durante 2009.

Ahora, la causa quedará radicada en el Tribunal Oral Federal. En esta instancia, se deberán designar los jueces que intervendrán en el juicio y se deberá fijar plazo para el comienzo del debate oral. El Tribunal Oral Federal está integrado por los jueces Mirta Yunes, Ana Order y Norberto Giménez, pero este medio pudo averiguar que Order no podrá intervenir en el juicio, ya que actuó como jueza en la Cámara Federal de Apelaciones, en una instancia anterior del proceso.

El auto de elevación presentado por Skidelsky, es coincidente con lo requerido por el fiscal, Gustavo Corregido. De esta manera, durante la etapa de debate oral se resolverá el pedido de los querellantes, quienes entienden que Alfredo Chas, el policía imputado, no es partícipe secundario en los delitos que se atribuyen a los genocidas, sino coautor.

Asimismo, también quedará por resolverse en el juicio oral, el pedido la Liga Argentina por los Derechos del Hombre de juzgar a los represores por genocidio.

Los acusados

Los genocidas, detenidos y acusados por la Masacre de Margarita Belén son: Horacio Losito, condenado a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad que cometió en Corrientes en el Regimiento de Infantería 9, detenido en la Prisión del Norte (más conocida como U 7) y que sería defendido por Gonzalo Molina; Jorge Carnero Sabol, detenido en la Prisión de Campo de Mayo.

La lista de militares continúa con Athos Gustavo Renes, Ricardo Reyes, Aldo Martínez Segón, Germán Emilio Riquelme, Ernesto Simoni y Luis Patetta, todos detenidos en Campo de Mayo.

A esa lista se debe sumar el también militar Alejandro Tozzo, quien recientemente fue encontrado en Río de Janeiro (Brasil), donde vivía escondido de la Justicia argentina hasta que la INTERPOL lo atrapó y ahora espera por su extradición. En tanto, el único policía acusado, como partícipe secundario de los delitos que se le atribuyen a los otros represores, es Alfredo Chas.

Las víctimas

Las víctimas de la Masacre fueron: Luis Ángel Barco, Mario Cueva, Luis Arturo Franzen, Manuel Parodi Ocampo, Néstor Carlos Salas, Patricio Blas Tierno, Carlos Alberto Duarte, Julio Andrés Pereira, Alberto Díaz, Roberto Horacio Yedro, Reinaldo Amalio Zapata, Carlos Alberto Zamudio y Fernando Piérola.

A este traslado a la muerte se sumaron otras personas que estaban detenidas en situación de clandestinidad, como es el caso de Ema Beatriz Cabral, Alcides Bosch (el último en ser encontrado y cuyos restos fueron rescatados del cementerio de Resistencia e identificados por forenses), Carlos Tereszecuk, Delicia González, Raúl Caire y otras personas cuya identidad se busca aun establecer.

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Chile y su necesidad de unirse a la Corte Penal Internacional

XINHUA

La presidencia de Chile ha llamado a parlamentarios de la oposición de derecha e independientes a ratificar cuanto antes la adhesión de Chile a la Corte Penal Internacional (CPI), tras la demanda que Perú presentó ante la Corte de la Haya por el tema de la delimitación marítima.

El ministro de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, dijo que era necesario que su país se una a la CPI porque si ambos países están litigando ante La Haya no se vería bien que sólo uno de ellos, Perú, se haya adherido a ese tribunal.

Por eso, señaló que, por la coyuntura actual, es fundamental y urgente que Chile se adhiera a ese organismo, pero al no tener el gobierno los votos necesarios en el Senado hay pocas posibilidades para que se ratifique el convenio.

A juicio del ministro Viera Gallo, la no adhesión de Chile podría ser un factor en su contra en el litigio con Perú.

Estas declaraciones se produjeron luego de que el ex secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el peruano Javier Pérez de Cuellar, dijera el pasado domingo que confía en que la corte dará la razón a Perú en el caso de los límites marítimos.

Perú demandó a Chile en La Haya en enero de 2008, argumentando en su reclamo que no está definido el límite en el océano Pacífico, zona rica en recursos pesqueros, cuya extensión es de aproximadamente unos 35.000 kilómetros cuadrados.

El gobierno chileno respondió de inmediato subrayando que su vecino desconoce los tratados vigentes de 1952 y 1954 y que su reclamo incluye espacios que "se encuentran incuestionablemente bajo soberanía y jurisdicción chilenas".

Lima argumenta que esos convenios fueron para establecer normas pesqueras. Desde hace años, en el parlamento hay un proyecto de ley que ratifica la adhesión de Chile a la CPI, pero su aprobación ha sido bloqueada por la oposición de derecha.

Perú dice que hay "nerviosismo" en Chile

Por su parte, el embajador Hugo de Zela,miembro de la comisión consultiva ad hoc de la Cancillería de Perú, indicó que la eventual adhesión de Chile a la CPI, ante la demanda de delimitación marítima de su país, revelaría su"temor y falta de argumentos" ante la demanda.

Dijo que "frente a la argumentación peruana, que es reforzada por sentencias vinculantes en casos similares de delimitación marítima, están los chilenos, revelando un cierto temor y una cierta falta de argumentos sólidos para contrarrestar la solidez de los argumentos peruanos".

De Zela consideró que el "nerviosismo" mostrado por los voceros políticos chilenos surge al conocerse las sentencias vinculantes en temas de delimitación marítima de Ucrania y Rumania, así como las anteriores de Nicaragua y Colombia, que no respaldan la postura de Chile.

La posición de la derecha chilena

Al rechazar los argumentos del ministro Viera-Gallo, el senador de la derechista Unión Demócrata Independiente (UDI), Hernán Larraín, aseguró que la ratificación del CPI "tiene un valor en sí mismo", pero no incide en cómo La Haya resuelva la demanda marítima.

El senador Sergio Romero, de Renovación Nacional, el otro partido de derecha, recalcó que la apreciación de Viera-Gallo es "equivocada" .

En los debates en el parlamento sobre el Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional, aprobado el 17 de julio de 1998, los parlamentarios de la derecha chilena han intentado condicionar su aprobación mediante una "declaración interpretativa", que en la práctica significan "reservas encubiertas".

Estas interpretaciones buscan desconocer la facultad que el Estatuto de Roma entrega a la CPI para analizar casos, cuando el Estado en que se cometieron los crímenes no esté dispuesto o se encuentre imposibilitado para hacer justicia.

También sustraen a Chile de la obligación que se impone a los Estados de detenery entregar a los acusados que se encuentren en Chile, si la CPI lo solicita en conformidad a ciertos requisitos.

Por último, intentan excluir al país de la obligación de adecuar la legislación interna para poder dar cumplimiento a las obligaciones de cooperación, investigación y enjuiciamiento de crímenes de competencia del tribunal internacional.

Los congresistas oficialistas han rechazado estas pretensiones argumentando la necesidad de que Chile se adhiera a ese tribunal precisamente para que crímenes contra la humanidad jamás se vuelvan a producir en su territorio.

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El Salvador: Problemas de sistema electoral resta credibilidad al proceso

Gloria Silvia Orellana (COLATINO)

La aseveración que los problemas del Sistema Electoral salvadoreño son estructurales y tan graves que podrían "inclinar la balanza a favor del partido de gobierno (ARENA)", se desprende del informe presentado por un grupo de académicos estadounidenses, que han dado seguimiento al proceso electoral en el país.

El trabajo de estos académicos inició en septiembre de 2008, con un primer diagnóstico sobre la realidad nacional, que fue presentado para su aval, a una consulta con diversos sectores sociales, académicos y políticos de la vida nacional.

Miguel Tinker Salas, Profesor de Historia de Pomona Collage L.A , California, Estados Unidos, afirmó que de ese primer reporte, señalaron su preocupación por la injerencia extranjera en el proceso electoral, el aumento de la violencia social y la impunidad en ciertas reformas electorales que podrían dar pie a un fraude.

"Ese documento lo avalaron más de 200 académicos, quienes consideraron que eran válidas nuestras preocupaciones", dijo y agregó que "el caso de la Canciller Marisol Argueta de Barillas, que solicitó la intervención del gobierno de los Estados Unidos, para impedir una victoria del partido FMLN, es preocupante".

Asimismo, señaló que mientras existan intereses partidarios en el Tribunal Supremo Electoral, esto le restará transparencia al proceso, y consideró que el informe de las misiones oficiales de la Unión Europea e Interamericana de la OEA, habían reiterado fallas que no permitieron un ejercicio electoral confiable plenamente.

"Si uno ve el reporte de la Unión Europea, en relación a las elecciones del 18 de enero, recalcan que todavía existen tremendas fallas, porque no está al alcance de las normas internacionales, incluso la página de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos describe un desbalance en la igualdad", acotó.

Por su parte, Héctor Perla Jr de la Unviersity of California expresó que de persistir esta falta de transparencia en el sistema electoral, podría generar a futuro, un problemas de gobernabilidad en una sociedad polarizada como se encuentra el país.

"Estamos viendo campañas sucias contra un partido de forma paralela, a la publicidad de otro partido, que utiliza los colores del contendiente, a pesar de estar prohibido en la ley; aquí no se acredita o investiga de dónde provienen los fondos para estas campañas; este no es el mejor ambiente para crear una sociedad democrática", opinó

El informe será presentado a funcionarios del Tribunal Supremo Electoral, la PDDH, y partidos políticos, con la propuesta de una profunda reforma electoral. "Vamos a solicitarle al TSE una transmisión ágil de resultados el próximo 15 de marzo y a la población les exhortamos ir masivamente a votar", concluyó.

OEA dará recomendaciones finales al concluir proceso electoral

El Jefe de la Misión de Observación Electoral en El Salvador, Gustavo Fernández, anunció que las recomendaciones finales al sistema electoral salvadoreño serán presentadas hasta conocer los resultados oficiales de la contienda del 15 de marzo.

Fernández reiteró que la Misión de la OEA se basa en la colaboración con las autoridades gubernamentales, electorales y ciudadanía salvadoreña para crear una atmósfera de confianza pública y transparencia .

No obstante, los señalamientos a diversas irregularidades como el voto de extranjeros en el país; la compra de votos y la ausencia de la Fiscalía General de la República, el funcionario interamericano consideró que fueron hechos aislados.

"Al término de la misión, nosotros vamos a dar una evaluación general del proceso y del sistema, hasta ese momento les daremos las recomendaciones para mejorar el sistema electoral salvadoreño; no quisiera adelantar esa opinión, no quiero hacerla, primero tengo que discutirla con el equipo y luego, presentarla al Secretario General (de la OEA José Miguel Insulza)", puntualizó.

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México: El gobierno de Felipe Calderón afronta duro trance

Salomón Cuenca Sánchez - Miguel Gallardo Rodríguez (XINHUA)

El presidente de México, Felipe Calderón, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su gobierno debido al narcotráfico que lo acecha y una economía que se deteriora a causa de la desaceleración global.

Aunque la mayoría de los sectores aplauden al mandatario por encarar con firmeza los desafíos que más apremian al país --a decir el hampa y la recesión--, los acontecimientos más recientes no alientan el optimismo.

La escalada de violencia vinculada al narcotráfico y que es ajena a las atribulaciones económicas en la nación ha dejado en lo que va del año al menos 1.000 muertos, incluidos militares y policías. El año pasado, las muertes totalizaron 6.000.

En el ámbito económico, el producto interno bruto se achica por la recesión; el peso se deprecia frente al dólar; hay volatilidad bursátil, y aumentan los despidos y las carestías que afectan a las familias en el país..

El jefe de estado está conciente que las dificultades económicas y de seguridad que atribulan a los mexicanos pasarán la factura a su Partido Acción Nacional (PAN, de derecha) en los comicios de medio término del 5 de julio.

Diversos políticos de todas las corrientes aseguran que México siempre ha superado otras crisis, pero coinciden en que la actual tiene circunstancias peligrosas como la recesión y un narcotráfico desafiante que amenaza la seguridad nacional.

El momento histórico de México no sólo es de la mayor preocupación e interés para el mandatario en lo particular sino para cada habitante del país en lo general, a decir de los expertos.

Calderón dijo este 24 de febrero que "la república y el gobierno han tomado la determinación de poner punto final" a la violencia "y fortalecer la autoridad del estado" en particular en las zonas más asoladas por los asesinatos y ataques a autoridades.

En una velada crítica a sus predecesores, el jefe de estado reiteró que el narcotráfico y el crimen organizado en general crecieron en México al amparo de años de impunidad y complicidad de autoridades.

El mandatario dispuso una depuración de las fuerzas del orden debido a que la implicación de policías y autoridades civiles con el hampa resta eficacia a las acciones contra el narcotráfico en el país.

La magnitud de los desafíos que afronta Calderón empequeñecen el conflicto que jamás pudo zanjar con un sector de la izquierda dura que lo desconoce como mandatario tras su controversial victoria en los comicios presidenciales de 2006.

El prestigioso analista político Raimundo Riva Palacio dijo que el gobierno exhibe nerviosismo por la cercanía de las elecciones legislativas y las dificultades económicas y de seguridad en el país.

Optimistas y "catastrofistas"

México se haya dividido en "optimistas" y "catastrofistas" tras una colisión entre los pronósticos opuestos sobre el devenir nacional que ha hecho el gobierno, por un lado, y empresarios y expertos, por el otro.

El término "catastrofistas" (agoreros del desastre) lo inventó la prensa para realzar las insólitas críticas del mandatario al segundo hombre más rico del mundo, el mexicano Carlos Slim, quién había hecho un sombrío panorama económico global y local.

Felipe Calderón aseguró que la economía nacional se reactivará antes de fin de año y censuró que expertos y algunos grandes empresarios crean más en la crisis que en la recuperación.

Analistas independientes consideraron muy optimista el pronóstico del mandatario y afirmaron que la recesión del país se prolongará al menos hasta mediados de 2010.

El jefe de estado, del Partido Acción Nacional (PAN, conservador), es neoliberalista y conservador. Dio inicio el 1 de diciembre a su tercer año en la presidencia y le restan otros tres en el cargo que se ven muy largos y sinuosos.

Los augurios y las estadísticas actuales no favorecen la promesa de Calderón cuando era candidato de que sería "el presidente del empleo" en México, la segunda mayor economía de América Latina después de Brasil.

El sector industrial de México cerró 2008 con una contracción de 1,3 por ciento respecto de 2007 y en diciembre registró la peor caída del año de 6,7 por ciento en comparación con igual mes del año anterior.

Fuga de capitales, la no aplicación inmediata de medidas internas contra la crisis y la falta de reactivación en Estados Unidos han comenzado a escarbar la recesión en México, cuya economía se achicará este año entre 0,8 y 1,8 por ciento.

En enero, hubo al menos 150.000 despidos y el desempleo alcanzó su nivel más alto de 5 por ciento; el peso se ha depreciado al menos 32 por ciento frente al dólar desde finales de agosto de 2008 y la inflación avanzó 0,17 por ciento en febrero.

Una interrogante es los efectos adicionales que tendrán en la economía de México las intenciones del mandatario de Estados Unidos, Barack Obama, de cambiar algunas reglas del tratado de libre comercio entre ambas naciones.

Además de lo que haga por él mismo para su reactivación, México es altamente dependiente de la recuperación en Estados Unidos, su mayor socio comercial y con el que sostiene el 85 por ciento de su intercambio exterior.

Ofensiva gobierno-narcos

Desde el inicio de su gobierno en diciembre de 2006, Calderón movilizó 40.000 soldados a la lucha antinarcóticos en el país, pero el narcotráfico también paso a la ofensiva con ataques selectivos cada vez más frecuentes contra las autoridades.

El 2 de febrero, un general y dos militares (asesores locales de seguridad) fueron asesinados a tiros en el estado de Quintana Roo, en el sureste de México.

El 22 de este mes, un grupo armado atacó a tiros una caravana de vehículos en la que viajaba el gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, quien resulto ileso. En el intercambio de disparos pereció un guardia y un agresor fue herido y capturado.

En el estado de Guerrero, sur de México, el 21 de febrero un grupo de individuos atacó con granadas una estación policial con resultado de seis heridos en la localidad turística de Zihuatanejo.

Para diversos analistas, la promesa del gobierno de derrotar al narcotráfico en el país es una ilusión, pues esa actividad ilícita es inderrotable, sólo es combatible, minuto a minuto y día tras día.

Los expertos censuran que Estados Unidos apoya la lucha contra el narcotráfico con recursos en México pero no combate el tráfico ilegal de armas hacia territorio mexicano para las bandas del crimen organizado.

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Estados Unidos: Barack Obama intenta reconfortar a la población con un discurso más optimista


El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, prometió el martes que su país saldrá más fuerte de la actual crisis económica, una medida poco habitual que pretende reconfortar al pueblo estadounidense, preocupado por la recesión.

En su primer discurso en una sesión plenaria del Congreso, Obama afirmó que el peso de la actual crisis "no determinará el destino de este país."

"Aunque nuestra economía puede estar debilitada y nuestra confianza ha disminuido, y aunque estamos pasando por momentos difíciles e inseguros, quiero que todos los estadounidenses sepan hoy esto: 'Reconstruiremos, nos recuperaremos'", expresó.

"Y los Estados Unidos de América resurgirán más fuertes que antes", aseguró.

El discurso se produjo una semana después de que Obama firmase la ley del paquete de estímulos de la economía valorado en 787.000 millones de dólares, y dos días antes de que el Congreso reciba el borrador de su presupuesto para el año fiscal 2010.

El discurso no dedicó mucho tiempo a la política exterior, por lo que Obama pudo así centrarse principalmente en la crisis económica y fiscal del país, según funcionarios de la Casa Blanca.

Obama pidió a los estadounidenses que "se unan" y "asuman responsabilidades para el futuro", asegurando que es el momento de comenzar a crear empleo, de reanudar los préstamos y de invertir en áreas como la energía, la sanidad y la educación. "Esto es para lo que mi agenda económica está diseñada, y esto es de lo que les quiero hablar esta noche", añadió.

Obama mostró un tono más optimista del que ha mostrado en los últimos días mientras presentaba su plan para superar la crisis financiera.

Las acciones de Wall Street se hundieron el lunes, con los principales índices cayendo a mínimos en 12 años por temores sobre las pobres perspectivas económicas.

Pero el mercado se recuperó el martes después de que el presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, señalara que la nacionalización de los principales bancos no está cerca.

Al contrario que los discursos sobre el estado de la nación, usualmente más serios, Obama no entró en detalles sobre cuestiones como si los principales bancos serán o no nacionalizados, centrándose en alentar a los estadounidenses pidiéndoles que se unan para luchar juntos contra las adversidades, aseverando que "las respuestas a nuestros problemas no están fuera de nuestro alcance."

En su discurso, Obama destacó que su administración está trabajando rápida y agresivamente para romper este ciclo destructivo en los mercados crediticios, restaurar la confianza y reanudar el otorgamiento de préstamos.

El presidente se centró en la necesidad de recuperar la confianza crediticia. Afirmó que el país ha creado un nuevo fondo de préstamos centrado en la compra de vehículos, la financiación de estudios y las pequeñas empresas, "para los particulares y empresas que hacen que avance esta economía."

También se prestará especial atención al sector de las hipotecas, con un fondo de 275.000 millones de dólares destinados a este fin.

En otro esfuerzo por reasegurar la confianza del pueblo, prometió no dedicar "ni un céntimo" a recompensar a los ejecutivos de Wall Street, sino ayudar a los pequeños negocios que no puedan pagar a sus empleados o a las familias que hayan ahorrado mucho pero no puedan pagar sus hipotecas.

A pesar de todo, el presidente reconoció que los billones de dólares reservados ya para el plan de recuperación no serán suficientes para sacar al país de la crisis. Por ello, pidió al Congreso que realice adelantos rápidamente en las legislaciones para eliminar las obsoletas normativas del sistema regulador de los mercados financieros.

Pero mientras Obama inyecta grandes cantidades de dinero a la economía para intentar salir de la crisis, también tiene que tomar duras decisiones para evitar que los números rojos impidan una futura recuperación.

Obama afirmó que reducirá el déficit, que se sitúa actualmente en unos 1,3 billones de dólares, a la mitad para cuando termine su mandato en 2013.

Para ello, el presidente anunció que comenzará a eliminar programas caros e inefectivos del presupuesto federal.

Obama, que asumió su cargo el 20 de enero, debe presentar el próximo jueves su borrador de presupuesto para el año fiscal 2010, que comienza el 1 de octubre de este año, y se espera que el presupuesto incluya un gran aumento en el gasto fiscal en obras públicas.

El déficit del presupuesto federal se disparó hasta los 569.000 millones de dólares en los primeros cuatro meses del actual año fiscal, según el Departamento del Tesoro, un máximo histórico para este periodo.

Lo que es más, la oficina de presupuesto del Congreso predice que el déficit presupuestario saltará hasta un máximo histórico en este año fiscal, aunque los analistas privados prevén que la cifra de déficit será aún más alta.

Para reducir este déficit, Obama prometió recortar gastos poniendo fin a la guerra en Irak y eliminando varios de los recortes de impuestos que el anterior presidente Bush implantó para los más adinerados.

"Reformaremos nuestro sistema de defensa para no pagar por sistemas de armas de la Guerra Fría que no estamos utilizando", destacó.

El presidente concluyó afirmando que todos, independientemente del partido que sean, tendrán que sacrificar ciertas prioridades para las que no hay dinero, incluido él mismo.

Foto: Estados Unidos - El presidente barack Obama durante su discurso en la sesión plenaria del Congreso. / Autor: Pete Souza - White House


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Gran Bretaña: Acusan a Londres de vender armas a Israel

Un grupo de 30 familias palestinas demandó hoy al gobierno de Gran Bretaña en la Corte Suprema de Londres, por haber violado de forma flagrante la ley internacional al no suspender la venta de armas a Israel.

En la que se cree es la primera batalla judicial surgida de la reciente ofensiva israelí en la Franja de Gaza, los abogados de las 30 familias palestinas acusaron al ministro de Exterior británico, David Miliband, junto a los ministros de Defensa, John Hutton, y de Negocios, Peter Mandelson, por haber actuado ilegalmente al negarse a suspender la venta de armas y ayuda al gobierno de Tel Aviv, en respuesta a las supuestas violaciones de derechos humanos cometidas por Israel.

Los juristas del grupo de caridad palestino Al-Haq indicaron que la demanda será la primera de una serie de causas contra el gobierno israelí, a medida que se descubre el costo humano y económico de la ofensiva en Gaza.

Por su parte, la Cancillería británica (Foreign Office) afirmó en un comunicado que la demanda "es totalmente inepta" para una resolución en las cortes de Gran Bretaña, e insistió en que el gobierno de Londres "continúa trabajando duro en sus esfuerzos para alcanzar la paz en Oriente Medio".

"Gran Bretaña cuenta con una de las regulaciones más estrictas del mundo en materia de ventas de armas. El gobierno monitorea con cuidado la situación en Israel a la hora de considerar licencias de exportación de armas", agregó.

La demanda por la suspensión inmediata de venta de armas a Israel, valuada en unos 115 millones de dólares durante los últimos cinco años, se presentó días después que el grupo Amnistía Internacional (AI) denunció a Israel por crímenes de guerra en Gaza, entre otros, por el uso de fósforo blanco contra la población civil palestina.

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Irán: Rusia da por concluida la construcción de la primera planta iraní de energía nuclear

RIA NOVOSTI

Rusia completó la construcción de la primera central iraní de energía nuclear en la ciudad de Bushehr, informó este miércoles Serguei Kirienko, jefe de la corporación rusa Rosatom.

"Podemos dar por concluidas las principales obras de construcción y montaje en esta planta y proceder a las tareas de ajuste para el lanzamiento", declaró el funcionario ruso en el transcurso de una reunión celebrada hoy en Bushehr.

Kirienko exhortó a técnicos rusos e iraníes a que sean "atentos" y "responsables" en esta nueva etapa, así como en la fase de ensayos.

De acuerdo con el contrato, recordó, serán los técnicos rusos quienes deberán explotar la primera unidad generadora en Bushehr, por lo cual "se plantea la tarea de formar una plantilla cualificada".

Fueron las empresas alemanas las que empezaron a construir la planta nuclear de Bushehr en 1975 pero el proyecto quedó paralizado a raíz de la revolución islámica en Irán. En 1995, Rusia asumió el compromiso de relanzar esta obra cuya puesta en marcha se pospuso en varias ocasiones.

Se firmará un contrato para suministrar combustible nuclear al menos durante diez años

Rusia se prepara a firmar un contrato con Irán para suministrarle combustible nuclear al menos durante diez años, comunicó hoy el jefe de la Corporación Nuclear Rusa (Rosatom), Serguei Kirienko.

Rusia dio hoy por concluida la construcción de la primera central atómica iraní en Busher y anunció el inicio de la fase de pruebas.

"Partiendo de los resultados de las recientes conversaciones con la parte iraní, la Corporación Nuclear Rusa se prepara a firmar un contrato para suministrar combustible nuclear a Irán al menos durante diez años", informó Kirienko.

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Rusia: Instructores rusos confirman el genocidio de osetas en agosto de 2008

RIA NOVOSTI

El Comité de Investigación anexo a la Fiscalía de Rusia confirmó este miércoles que hubo genocidio de osetas durante la agresión georgiana de agosto pasado contra Osetia del Sur.

"Las pruebas que hemos recogido confirman totalmente que hubo genocidio en relación con la etnia oseta", manifestó Alexander Bastrikin, jefe de dicho Comité.

El funcionario agregó que "la investigación de estos hechos entró en la fase final".

Las autoridades surosetas sostienen que la ofensiva militar georgiana causó más de 1.500 víctimas en agosto de 2008 pero los instructores rusos confirmaron oficialmente la muerte de 162 personas.

Rusia reconoció la independencia de Osetia del Sur y Abjasia a finales de agosto pasado. Georgia respondió con la ruptura de las relaciones diplomáticas con Moscú y proclamó a ambas repúblicas territorios ocupados.

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