jueves, 26 de febrero de 2009

América Latina frente a la crisis global (Parte III - Final)


Claudio Katz (especial para ARGENPRESS.info)

El impacto de la crisis mundial sobre América Latina suscita tres tipos de discusiones: la incidencia económica inmediata, los efectos políticos de largo plazo y las medidas sociales requeridas para enfrentar el descalabro financiero.

Estatismo para los poderosos

Mientras que el margen de autonomía, la reacción estadounidense y el rol multipolar de Brasil son incógnitas abiertas, el severo impacto inmediato de la crisis ya está a la vista. La preocupación central de toda la región es actuar frente a un tsunami que augura desempleo y pobreza.

Las medidas que se están adoptando en las tres principales economías de la región socorren a los capitalistas, con los recursos públicos que necesitan los desamparados. En México se dilapidan reservas para contrarrestar una corrida contra la moneda nacional, que podría frenarse instaurando un severo control de cambios. En Brasil, el Tesoro puso a disposición de los banqueros 50.000 millones de dólares y los bancos públicos ya anunciaron que absorberán las pérdidas de las entidades privadas. En Argentina se decretó una moratoria de los capitales fugados que perdona la evasión impositiva.

La misma consideración oficial reciben los grandes industriales. En México fueron incorporados a un mega-plan de inversiones públicas. En Brasil obtuvieron reducciones de gravámenes y planes para sostener la reactivación de las ventas. En Argentina son particularmente agraciados los empresarios de la construcción y los productores de bienes durables. Este mismo auxilio al capital se verifica en Chile y en Colombia.

Estas orientaciones apuestan a una reacción positiva de los poderosos. Suponen que los flujos gubernamentales de dinero inducirán a los capitalistas a mantener el nivel de actividad. Pero olvidan que esa decisión depende de la dudosa preservación de la rentabilidad. Los planes buscan sostener también el consumo, pero sin medidas de redistribución del ingreso. Sólo intentan incentivar el gasto de la alta clase media, induciendo compras que disuadan el ahorro en divisas.

Por ese camino se agrava la emergencia social, que ya generan las suspensiones, los despidos y la desaceleración productiva. Como no se introduce un ingreso mínimo equivalente a la canasta familiar, la crisis tiende a golpear frontalmente el bolsillo popular.

La protección del grueso de la población requería destinar los fondos públicos a preservar salarios, ampliar el seguro al desempleo o incrementar los gastos en salud, educación pública y vivienda. Pero el intervencionismo actual favorece a las clases dominantes.

En la instrumentación de ese estatismo, actualmente convergen los keynesianos y con los neoliberales. Especialmente los cultores de la privatización han procesado un vertiginoso giro pragmático. Ahora cuestionan la sabiduría del mercado y aplauden el gasto público.

El viraje estatista igualmente preserva la variedad de matices social-liberales (Tabaré, Lula) y neo-desarrollistas (Cristina Kirchner), que ha prevalecido en los últimos años. La nacionalización de los fondos de pensión que se dispuso en Argentina -para prevenir el colapso de las jubilaciones y recaudar fondos para la reactivación- es un ejemplo de estas diferencias. Las singularidades nacionales del intervencionismo obedecen especialmente a la intensidad de la lucha social o al deterioro económico-social precedente.

Pero la tónica dominante es hacia una convergencia de políticas económicas, que no implica coordinación. Hasta ahora cada gobierno actúa por su cuenta, especialmente en el plano comercial. La política de salvarse a costa del vecino es muy visible en las devaluaciones competitivas y en los aumentos de aranceles. Si este tipo de reacciones ha puesto en peligro la continuidad de la Unión Europea, también puede conducir al naufragio de la integración sudamericana.

Experiencias y alternativas

En cualquier escenario próximo los pueblos sufrirán duros embates, si no logran afianzar su resistencia al capital. Esta conclusión es la principal lección de los colapsos financieros que padeció la región durante la década pasada. Esas debacles desencadenaron rebeliones que permitieron acumular importantes experiencias políticas y sociales.

Los alzamientos revirtieron en Bolivia un largo ciclo derechista, tumbaron en Ecuador a varios presidentes neoliberales, suscitaron en Venezuela una acentuada polarización y condujeron en Argentina al histórico levantamiento del 2001. También generalizaron la batalla por anular privatizaciones, nacionalizar recursos naturales y democratizar la vida política. (31)

Los oprimidos de América Latina conocen las dramáticas consecuencias del salvataje a los capitalistas y deben prepararse para enfrentar la agresión social que acompañará al nuevo socorro de los banqueros.

Frente a este escenario los movimientos sociales, las organizaciones políticas comprometidas con la lucha y los economistas radicales ya debaten propuestas alternativas. En varios encuentros se han fijado las bases de esta plataforma (Caracas, Buenos Aires, Pekín, Belem). (32)

Estos programas rechazan las medidas de regulación y control estatal que socializan las pérdidas capitalistas. Llaman a la movilización para supervisar cómo se utilizan los recursos públicos y denuncian las amenazas que afectan a los derechos populares.

Los planteos que se han esbozado priorizan el mantenimiento del empleo, la prohibición del despido, el reparto de las horas de trabajo sin modificar el salario y la nacionalización de las fábricas que cierren o despidan. Estas medidas son necesarias frente a la complicidad gubernamental con los recortes empresarios de puestos de trabajo. La intermediación estatal en negociaciones, para reducir salarios a cambio de preservar el empleo, es otra cara del atropello social en curso.

Tres medidas en debate son particularmente acuciantes. En primer lugar, la nacionalización sin ningún tipo de indemnización de los sistemas financieros, para asegurar el control oficial del crédito en la explosiva coyuntura actual. El rescate de los banqueros debe ser reemplazado por la expropiación de sus bienes. Los estados deben recuperar el costo de mantener en funcionamiento los bancos, absorbiendo las propiedades de sus accionistas y administradores. La nueva Constitución de Ecuador –que prohíbe estatizar las deudas privadas- brinda un fundamento para esta acción.

Mientras se realiza un catastro de las grandes fortunas hay que prevenir la fuga de capitales, mediante estrictos controles de cambio y cierres de las sucursales off shore. La apertura de los libros contables es también indispensable para conocer la situación de cada entidad. Hay que anticiparse al agravamiento del colapso, asegurando el funcionamiento del sector que articula toda la actividad económica.

La segunda medida impostergable es la suspensión, revisión y anulación de las deudas públicas externas e internas. Mientras que la crisis borra pasivos multimillonarios en las economías centrales, América Latina continúa pagando. Las cláusulas de riesgo sistémico que se utilizan en Estados Unidos para retasar el monto y los plazos de obligaciones, no se instrumentan en la región.

Es el momento de seguir el camino que inició Ecuador, al poner en marcha una auditoria integral tendiente a deslindar los fraudes de los pasivos reales. La Comisión que revisó los títulos emitidos entre 1976 a 2006, encontró un escandaloso incremento del endeudamiento (de 240 millones de dólares en 1970 a 17.400 millones en el 2007). También descubrió ausencia de registros y renegociaciones fraudulentas, que condujeron a pagar sumas superiores a lo recibido. (33)

Si se implementa en forma consecuente, esa suspensión del pago de la deuda ilegal tendrá un enorme impacto sobre la región. Sustituirá el repetido default, por una decisión soberana de colocar a los acreedores en el banquillo de acusados.

La tercera medida que impone la crisis es la nacionalización del petróleo, el gas y la minería. Permitiría preservar los recursos que América Latina necesita para protegerse del temblor global. Este camino ya ha sido iniciado por Venezuela y Bolivia. Evo decidió recientemente nacionalizar una petrolera (Chaco), que había incumplido con el traspaso de acciones al estado dispuesto por el gobierno. Al denunciar el “carácter electoralista” de esta iniciativa, la derecha transparenta la popularidad que tiene este tipo de medidas.

Pero las nacionalizaciones se adoptan con muchas vacilaciones y recurriendo a erróneos pagos de indemnizaciones. En plena caída de los precios de las materias primas estas erogaciones pueden resultar fatales. (34)

El contexto político

La crisis global modifica la percepción general que habitualmente existe de las medidas drásticas. En medio de un colapso que ha resquebrajado la ideología neoliberal, nadie se asusta con llamados a nacionalizar, estatizar o suspender pagos de la deuda. Es el momento de aprovechar este contexto para resguardar a la población latinoamericana, adoptando decisiones contundentes. ¿Pero hay condiciones para implementar un viraje radical?

Ciertos analistas estiman que el contexto político se ha tornado desfavorable desde que la derecha recuperó terreno electoral (Chile, México), afianzó un régimen criminal (Colombia), obtuvo victorias sectoriales (agro-sojeros de Argentina) y sepultó los atisbos reformistas de varios gobiernos (Brasil, Uruguay).

Ciertamente la derecha prepara contraofensivas en todos los países. Pero hasta ahora ha perdido las grandes batallas. Fracasó con el golpe de estado en Bolivia, falló con la provocación de Colombia sobre Ecuador y no pudo consumar ningún ensayo de separatismo regional. Tampoco ha podido restaurar la unanimidad derechista de los años 90, en un marco de continuada gravitación de los avances logrados en la conciencia antiliberal y antiimperialista. (35)

Pero existen, además, varios gobiernos nacionalistas radicales (Venezuela, Bolivia, Ecuador), que podrían tomar en sus manos la implementación del programa popular frente a la crisis. Estos procesos se distinguen de las administraciones centroizquierdistas (Tabaré, Cristina, Lula, Bachelet) en tres planos: recurren a la movilización, chocan con el imperialismo y las clases dominantes e intentan medidas de redistribución del ingreso.

La singularidad progresiva de estos gobiernos volvió a corroborarse frente a la masacre de Gaza. Evo y Chávez adoptaron una actitud ejemplar de ruptura con Israel, que contrastó con la neutralidad diplomática de sus colegas sudamericanos. Su postura se diferenció también de la criminal complicidad que caracterizó a casi todos los gobiernos árabes.

En Ecuador, Bolivia y Venezuela se han consagrado, además, importantes avances democráticos a través de nuevas Constituciones, aprobadas al cabo de fuertes disputas electorales con la derecha. En el Altiplano, por ejemplo, se reconoció el estado plurinacional, la separación de la Iglesia del estado y la prohibición de bases militares extranjeras.

Pero los gobiernos nacionalistas radicales enfrentan grandes disyuntivas. Mantienen el apoyo popular, pero las concesiones al capital y la ausencia de medidas radicales tienden a generar fatiga. La crisis global abre una oportunidad para superar ese desgaste con nuevos impulsos. La prioridad es neutralizar el golpismo de la derecha e impedir el retorno de los conservadores. Pero también es indispensable evitar un congelamiento de las transformaciones sociales, que estabilice la capa de opresores que germina dentro de los procesos populares.

En Bolivia se han ganado nuevamente las elecciones con más del 60% de los votos, pero la derecha mantiene su fuerza en las regiones adversas. En lugar de aprovechar la derrota del putch secesionista, se optó por incorporar a la Constitución varias demandas de la oligarquía (especialmente el carácter no retroactivo de los límites a la propiedad agraria).

En Venezuela persiste el vigor de los programas sociales y se ha obtenido un contundente triunfo electoral, que revierte los resultados más adversos de comicios anteriores. Pero al mismo tiempo se afianza la “boliburguesía” asociada con el gobierno, que recicla la desigualdad social y recrea la repudiada corrupción.

También en Ecuador se consolida la soberanía política, pero han aparecido fuertes tensiones entre el gobierno y el movimiento indigenista, que legítimamente protesta contra la entrega de áreas mineras a la explotación transnacional.

Es el momento de superar estas dificultades radicalizando los procesos nacionalistas, reforzando un eje político-regional con Cuba y revitalizando el ALBA. Esta asociación introdujo principios de intercambio solidario, reafirmó criterios de acción antiimperialista y planteó reformas sociales. En los últimos meses incentivó la implementación de un sistema de compensación monetaria y multiplicó los acuerdos con la zona del Caribe. Pero muchas medidas dependen de un financiamiento petrolero amenazado por la crisis.

El ALBA podría cumplir un papel más significativo en el nuevo contexto, como ámbito de formulación y ensayo de las respuestas populares al tsunami económico. Una decisión clave es el retiro del CIADI, que ya inicio Bolivia. Es vital también la campaña por abandonar el FMI y el Banco Mundial, para sentar las bases de nuevos organismos de cooperación y solidaridad.

El ALBA ha buscado contrarrestar el estancamiento que impuso Brasil al proyecto de Banco Sur y al sistema monetario latinoamericano (SUCRE). Se han discutido mucho las normas de funcionamiento de esa entidad (voto por país o proporcional al capital aportado), así como el volumen o el destino de los fondos.

Pero mientras persista la tendencia de las clases dominantes a protegerse individualmente del colapso financiero, estas iniciativas no prosperarán. Sólo los oprimidos -que actúan sin la compulsión del beneficio y la competencia- pueden garantizar la unidad regional. La crisis global crea nuevas condiciones para avanzar hacia esa meta.

Un proyecto anticapitalista

América Latina cumplió un papel de vanguardia en la resistencia contra el neoliberalismo, pero la crisis actual plantea otro desafío: ocupar un rol de avanzada en la batalla contra el capitalismo. Este sistema es el responsable de los descalabros actuales y su continuidad exigirá mayores sufrimientos populares.

Sólo un camino erradicación de la explotación, el desperdicio y la desigualdad vigentes permitirá contrarrestar la miseria y el paro que augura la debacle en curso. Este sendero exige adoptar medidas antiliberales y anticapitalistas.

Las respuestas serán efectivas si facilitan una transición al socialismo, opuesta a todos los proyectos de regular el capitalismo. El estatismo en boga tiende a recrear las crisis, al cabo de penosos salvatajes solventados por la población.

Dos perspectivas históricas diferentes están en juego en todos los debates del movimiento social. El Banco del Sur, por ejemplo, puede concebirse en ambos sentidos. Mientras que un rumbo socialista exigiría utilizar los fondos de esa entidad para financiar la reforma agraria, las mejoras populares y las cooperativas, el modelo capitalista induciría a respaldar las empresas locales, que disputan mercados con sus rivales extra-regionales.

La misma disyuntiva determina lineamientos diferentes para el Fondo Regional del Sur (sistema monetario de compensación de pagos). Podría facilitar la redistribución del ingreso o emular los mecanismos capitalistas de estabilización, que rigen en Asia o la Unión Europea. El camino socialista requiere el retiro del FMI y del Banco Mundial, mientras que el sendero capitalista apuntala la ilusión de democratizar esos organismos.

Sólo la perspectiva socialista permitirá organizar una economía al servicio de las necesidades populares, con formas de planificación democrática que atenúen (y eliminen posteriormente), las traumáticas turbulencias del ciclo capitalista. El socialismo del futuro no guardará ninguna conexión con las fracasadas experiencias de totalitarismo burocrático del siglo XX. Pondrá en marcha la autogestión colectiva que se necesita para forjar una sociedad igualitaria.

Ver también:
- América Latina frente a la crisis global (Parte II)
- América Latina frente a la crisis global (Parte I)

Notas:
31) Wallerstein Immanuel Capitalismo histórico y movimientos anti-sistémicos: un análisis de sistemas – mundo, 2004, Akal, Madrid.(cap 5)
32) Hemos analizado estas rebeliones en Katz Claudio, Las disyuntivas de la izquierda en América Latina. Ediciones Luxemburg, Buenos Aires, 2008, (cap 1)
- Conferencia Internacional de Economía Política: Respuestas del Sur a la crisis económica mundial, Declaración Final, Caracas, 11-10 2008
- “Salvar a los pueblos, no a los bancos”, Declaración de la Sociedad de Economía Política y Pensamiento Crítico, Buenos Aires, 24, octubre 2008.
- The global economic crisis: An historic opportunity for transformation, Pekín, October 2008, http://www.cadtm.org/IMG/article
- “We won’t pay for the crisis. The rich have to pay for it”, Declaration of the assembly of social movements at the world social forum, Belem, January 2009.
33) Tamayo Eduardo. “Las deudas se pagan, las estafas no”, ALAI, 20-11-08.
34) La compra de acciones de la siderúrgica Sidor –perteneciente al grupo argentino Techint- en Venezuela por 1650 millones de dólares es un ejemplo de estos desaciertos. Actuando como representante directo de los capitalistas, el gobierno de Cristina Kirchner presionó por acelerar esos pagos.
35) Las periódicas encuestas de Latin-barómetro indican fuerte apoyo popular a las movilizaciones, crítica a las desigualdades sociales y cuestionamientos del mercado, La Nación, 17-12-08.

Bibliografía adicional:
-Acosta Alberto “Una propuesta múltiple desde la utopía”, enero 2008.
-Arruda Sampaio Jr Plinio. “Ofensiva neoliberal e reversao neocolonial na América Latina. Pensamiento y acción por el socialismo. FISIP-CLASO, Buenos Aires, 2006.
-Boron Atilio. “Prólogo”, Crisis de hegemonía de Estados Unidos. Siglo XXI, México, 2007
-Cockcroft James. América Latina y Estados Unidos. Historia y política, Siglo XXI, 2001, México, conclusión.
-Fiori José Luis. “Entrevista”. La Onda Digital, www.laondadigital.com, 16-10-08.
-Gandásegui h Marco. “Obama, crisis y América Latina”, ALAI, 9-12-08
-Guerrero Modesto, “Señales de un continente en movimiento”, Página 12,8-11-08
-Maringoni Gilberto, “America Latina em 2009”, Revista do Enlace
-Martins Carlos Eduardo. “Los impasses de la hegemonía de Estados Unidos”. Crisis de hegemonía de Estados Unidos. Siglo XXI, México, 2007
-Montecino Jorge, “Obama y la región”, ALAI, 13-11-08
-Petras James, “Repensar el desarrollo de América Latina”, Memoria n 224, noviembre 2007.
-Sader Emir. “América Latino no século XXI”. Revista de Osal n 9, enero 2003.
-Salama Pierre “Argentine, Bresil, Méxique, face a la crise internacional” socio13.wordpress.com/ 16-12-2008
-Toussaint Eric. “¿Qué crisis? ¿Qué respuestas puede dar el Sur? www.rebelion.org/noticia. 4-12-2008
-Weisbrot Mark. “La recesión se puede evitar” Página 12, 16-11-08.


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La rebelión popular del 27 de febrero


Homar Garcés (especial para ARGENPRESS.info)

El 27 de febrero de 1989 se inicia en Guarenas, primeramente, y en Caracas, posteriormente, un amplio movimiento de rebelión popular que se manifiesta en contra del aumento desproporcionado de los pasajes de transporte público y de los precios de la gasolina, lo cual formaba parte del paquete de medidas económicas neoliberales recomendadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y anunciado al país el 16 de ese mismo mes por el entonces Presidente Carlos Andrés Pérez.

Sin embargo, las causas de este estallido social espontáneo habría que rastrearlas en una multiplicidad de factores: políticos, sociales, económicos y culturales que, por sí solos, no serían determinantes o únicos a la hora de explicarlo, como lo han pretendido (y siguen pretendiendo) algunos estudiosos del tema. Hay sí una manifestación de rebeldía colectiva, contenida y reprimida durante un largo período por el sistema dominante, desde la caída de la última dictadura militar el 23 de enero de 1958, que terminó por deslegitimar el modelo pol

ítico-económico de democracia representativa-populista, envuelto en una crisis de credibilidad y de apoyo popular desde hacía décadas, gracias a la deuda externa y a la corrupción impune, al igual que su modelo de capitalismo rentista. Así, pues, la democracia petrolizada, cuyos inmediatos beneficiarios siempre las elites empresariales, sindicales, partidistas, militares y eclesiásticas, venía arrastrando una enorme y creciente abstención electoral que la dejó, prácticamente, sin un fundamento social real, con una alta cifra de excluidos social y económicamente que aparentemente no existía para ningún gobierno, pero que era lícito maltratar, reprimir y asesinar en nombre de un orden democrático sólo existente en discursos sin conexión alguna con la realidad del país.

Según Manuel caballero, durante ese 27 de febrero, “como en 1936, como en 1945, como en 1958, dos actores se hicieron presentes en el escenario: la calle y el ejército. Apenas el año pasado (1988), nos era posible proponer la caracterización del actual sistema venezolano como un sistema político producto de un equilibrio entre el ejército y la calle, esta última a través, representada, por la mediación de los partidos políticos. En los sucesos del 27/2 esa mediación estaba ausente: de nuevo fueron dueños de la escena el pueblo (llámese como se quiera: la calle, la anarquía, la democracia) y el ejército”. Un punto de vista muy interesante que podría arrojar otras conclusiones igualmente interesantes e inquietantes sobre lo que ha sido la historia contemporánea de Venezuela, lo cual induce a este historiador a plantearse que “el 27 de febrero fue un 23 de enero social”, orientado a desahogar las frustraciones y las humillaciones que fueran acumulándose a través del tiempo mientras las capas dominantes se regodeaban en su burbuja de cristal, con sus privilegios y negocios, producto de la corrupción administrativa y de la impunidad que los amparaba sin recato alguno. Esta fecha evidencia el abismo que separaba a éstas del pueblo.

En palabras de Douglas Bravo, dirigente del PRV-Tercer Camino y ex guerrillero venezolano, “la revuelta de febrero impulsó las viejas contradicciones de la sociedad venezolana y, sin detenerse allí, creó otras; al mismo tiempo es el primer acontecimiento de carácter nacional de la nueva era de las luchas sociales con indudable alcance hacia el siglo XXI; hizo estallar fuerzas acumuladas en 31 años para dejar establecidos hechos, cuyas bases constituyen cambios sociales, militares, políticos, jurídicos, culturales y espirituales”. Sin duda, tal acontecimiento removió profundamente los cimientos de las estructuras montadas por el Pacto de Punto Fijo, marcando el comienzo de su fin, y le devolvió a las masas ese protagonismo y papel constituyente que le fuera usurpado tras el 23 de enero; cuestión que todavía no ha culminado, manteniéndose en un proceso de definiciones y avances que anuncia una revolución popular inédita, pero definitiva. Sin marcas del pasado.

Foto: Venezuela – Caracazo: Estallido social del 27 de febrero de 1989 contra las medidas neoliberales del gobierno encabezado por Carlos Andrés Pérez. / Autor: INSURGENTE


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Un beso de despedida al bloqueo


Manuel E. Yepe (especial para ARGENPRESS.info)

“Aunque el bloqueo a Cuba durante 50 años puede haber sido una política apropiada de respuesta a la revolución cubana en medio de la Guerra Fría, la realidad del Siglo XXI reclama su abolición”.

Con la firma del Coronel Glenn Alex Crowther, un artículo titulado “Kiss the Embargo Goodbye”, así lo afirma en el boletín oficial del Instituto de Estudios Estratégicos (ISS, por sus siglas en inglés) de la Universidad del Ejército de los EEUU (U.S. Army College) subordinada al Departamento de Defensa del Gobierno de los Estados Unidos.

“Es hora de darle el beso de despedida al embargo, aunque manteniendo firmemente la posición de que la democracia es la única forma de gobierno aceptable en el Hemisferio Occidental”, señala el artículo, reafirmando con ello un supuesto derecho de Estados Unidos a determinar la forma de gobierno que deben tener sus vecinos, que nadie le reconoce.

Según la interpretación de la historia de Cuba que hace el Coronel Crowther, luego de varias victorias de los insurgentes, el dictador Batista, aislado tanto del pueblo cubano como del gobierno de los EEUU a causa de sus políticas represivas, huyó al exilio el primero de enero de 1959 y Fidel Castro llegó a La Habana el 8 de enero de 1959 en medio de un gran vacío de gobierno.

Dice Crowther que, inicialmente, EEUU actuó de manera conciliatoria, pero la mutua antipatía impidió el encuentro. Entonces Washington respondió apoyando la invasión de Bahía de Cochinos en 1961 y Cuba permitió a la Unión Soviética emplazar misiles nucleares en la isla. Luego Fidel inició una política de exportación de la revolución al resto del Hemisferio Occidental y a algunos países de África y su lugarteniente Che Guevara prometió dos, tres, “cien” Vietnams.

Más tarde vendría, según Crowther, el triunfo de los sandinistas contra el dictador Somoza, única confirmación de la teoría cubana del foco guerrillero que, sin embargo, en Nicaragua fracasó gracias a que EEUU intervino hasta derrotar a los revolucionarios y lo siguió haciendo en toda América Latina contra todas las revoluciones de inspiración fidelista.

En este contexto, “no fue sorprendente que Estados Unidos se propusiera castigar al gobierno cubano y que, entre otras medidas, declarara el siete de febrero de 1962 el embargo comercial, económico y financiero. Su justificación inmediata era la expropiación de propiedades de corporaciones y ciudadanos estadounidenses; sin embargo, su fin realmente era desestabilizar a Cuba y provocar el cambio de su gobierno”.

Afirma el autor que fue gracias al apoyo que la Unión Soviética le brindó a Cuba que el bloqueo no pudo derrumbar a la revolución, pero sí logró hacerles mucho daño a los cubanos, impidiéndoles así brindar mayor apoyo a otras revoluciones en todo el mundo. Durante la Guerra Fría, la necesidad de ayudar a Cuba fue una de las tácticas utilizadas por Estados Unidos para desgastar a la URSS y uno de los motivos por los que la necesidad del embargo ha disminuido con el fin de la Guerra Fría.

Las únicas razones que justifican hoy mantener el bloqueo son, a juicio de Crowther: (1) forzar a Cuba a una reforma y (2) consentir a los reclamos de la comunidad cubana de Miami. Fueron ellas las que argumentaron en 1992 la Ley Torricelli (Cuban Democracy Act) y, en 1996, las Leyes Helms-Burton (Cuban Liberty and Democracy Solidarity Act) destinadas a reforzar el bloqueo.

La primera razón, la necesidad de mantener la presión para obligar a Cuba a reformarse, ha fracasado manifiestamente. “No solo ha fracasado el embargo sino que no está en línea con nuestra política de relaciones con otros regímenes comunistas que eran nuestros oponentes durante la Guerra Fría”, dice el artículo y menciona los ejemplos de China, Vietnam y Corea Popular.

La segunda razón, el reclamo de los cubanos de Miami de mantener el embargo, ha ido desapareciendo tan lentamente como la Guerra Fría, escribe Crowther y refiere cómo han ido variando en la diáspora cubana las posiciones sobre los vínculos con el país de origen.

Agrega, cual si fuera un gran descubrimiento, que el bloqueo concita la movilización del pueblo cubano contra la intromisión de EEUU en sus asuntos internos, aunque esto último lo justifica con las viejas mentiras que presentan las acciones cubanas de defensa como “actos tiránicos del régimen comunista”.

El levantamiento del bloqueo –advierte- presentaría a EEUU ante la comunidad internacional como magnánimo y abierto. “No hacerlo nos muestra ante el resto del mundo vengativos y mezquinos”.

El articulista, profesor investigador de asuntos de seguridad nacional en el Instituto de Estudios Estratégicos (SSI) del Ejercito de Estados Unidos, arguye que “no podemos convencer a nadie de que Cuba es una amenaza para EEUU, ni afirmar que más de lo mismo tendría un impacto positivo. En cambio, levantar el bloqueo indicaría que estamos buscando una nueva vía de lograr el cambio.”

Crowther supone así mismo que levantar el bloqueo es abrir el mercado a las mercancías y servicios norteamericanos, y sueña con una sociedad cubana aburguesada y consumista, ávida, cuando termine el bloqueo, de los efectos electrodomésticos y chucherías norteamericanas, “como en el Irak de 2003”.

Es indignante que haya quienes aboguen por levantar el bloqueo, no por el injustificable crimen cometido contra el pueblo cubano durante medio siglo, sino por su inutilidad para lograr los malsanos propósitos que lo generaron.

Imagen: No al bloqueo


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A seis años de la detención de Romina Tejerina: “es una presa política”


INDYMEDIA

Esa fue la definición que dio su hermana Mirta, quien junto a su madre participó de la marcha y acto que se realizaron en la ciudad por este nuevo aniversario. La actividad fue convocada por la Multisectorial de Mujeres de Rosario y logró la unidad de numerosas organizaciones políticas, sindicales y sociales.

La movilización partió cerca de las 19 horas de la Plaza San Martín y se dirigió a la Pringles, donde se realizó un acto. Allí tomaron la palabra varias representantes de las agrupaciones presentes y finalizó con un encendido y emotivo discurso de Mirta Tejerina.

La convocatoria exigió la libertad de la joven, cárcel a los violadores y el lema "educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal, seguro y gratuito para no morir".

Firmaban la misma: TUPAC- Tendencia Universitaria 29 de mayo; PRML- Partido Revolucionario Marxista Leninista, Convergencia de Izquierda, Asociación Civil Amas de Casa. CCC - Corriente Clasista Combativa, ALDE - Agrupación de Lucha por los Derechos de los Estudiantes- Escuela de Psicología Social de Rosario Dr. Enrique Pichón Riviere, JCR -Juventud Comunista Revolucionaria-,Juventud Guevarista de Rosario, Opinión Socialista, Multisectorial de mujeres , ATE - Asociación de Trabajadores del Estado-, Secretaria de la Mujer del Centro de Estudiantes de Cs. Médicas, Pan y Rosas, AMMAR, Frente de Unidad Docente, y siguen las firmas.

Hacia el cierre de la actividad, estaba pautada una comunicación telefónica con Tejerina desde la Unidad Carcelaria N° 2 de San Salvador de Jujuy. Luego de intentar varias veces, la llamada pudo hacerse. Pero la mujer que atendió, integrante del Servicio Penitenciario, luego de unos instantes informó que era el momento del recuento, que Romina no podía atender el teléfono y que se debía esperar unos 40 minutos para poder hacerlo. No aflojó ante la insistencia ni ante la explicación de que la estaban esperando cientos de personas en un acto en Rosario.

Luego del acto, hablamos con Mirta, la hermana de Romina.

INDYMEDIA Rosario: Se cumplen 6 años de la detención de Romina ¿Cómo lo están viviendo ustedes y cómo lo está viviendo Romina?

Mirta Tejerina: Son 6 años que siguen doliendo, donde la herida sigue sangrando. Son 6 años que marcan una lucha, un camino que se hizo tratando de romper con estos muros que se han construido y que tienen toda una historia. Que marcan la presencia de un estado infame, que abandona a las víctimas, con ausencia de políticas claras que contengan a las víctimas en lo que hace a la salud, a la justicia, que está viciada de irregularidades. Porque lamentablemente las mujeres, las niñas y todas las personas que son objeto de violencia son puestas en duda, son revictimizadas. Eso es parte de todo un proceso en el cual no solamente son violadas en el orden sexual, en el orden físico, sino también en el orden institucional. Sin duda todo esto tiene que ver con razones políticas y que para nada tienen que ver con la realidad de la mujer que sufre, con la realidad del abandono en el cual la mujer está sumida. Duele mucho esta situación, son 6 años de mucho trabajo, pero en este caso, con la hermandad que se ha constituido alrededor de Romina, con esta gran familia que tenemos se ha logrado bastante. Se ha logrado poner en el tapete el tema, empezar a discutir, empezar a hacer caer los velos de la hipocresía, empezar a interpelar a aquellos sectores políticos, religiosos, de la justicia, de la seguridad, de la salud, que nada hacen por preservar los derechos de las mujeres, que nada hacen por prevenir que este tipo de situaciones no vuelvan a repetirse. En todo caso dan lugar a que, por ejemplo, como ha pasado en Jujuy, que los violadores sigan siendo impunes, que sigan circulando por la calle como si nada hubieran hecho. A que los derechos de las mujeres sigan siendo atropellados por un sistema infame de justicia, como sucedió en Jujuy tanto de parte de la Sala que la condenó y en toda la etapa procesal como así también desde el Superior Tribunal y al llegar a la instancia de la Corte Suprema de Justicia, con las idas y venidas, con los tiempos de las personas que están privadas de la libertad que nada tienen que ver con los tiempos que se toma la justicia. Son muchas cosas que hoy duelen, son muchas cosas que hoy nos siguen haciendo sangrar a todos nosotros. Esta situación de no permitirle que ella pueda conectarse cuando ella no está ni siquiera incomunicada. Muchas veces vemos un sistema carcelario que todavía revela la presencia de un estilo totalmente alejado de estos tiempos de cambio donde tenés las cárceles como modelo de prisión y de castigo, donde los derechos humanos para nada se consideran porque simplemente son presos. Si no era por la denuncia y la presencia de todos ustedes hoy la historia de Romina hubiera sido totalmente diferente. Esta fecha tiene un gran significado para Romina, para la lucha de todas las mujeres, para nosotros como familia en particular. Hay mucha emoción en este caso porque Rosario en el 2003 nos abrió la puerta, nos abrió el corazón, la contuvo a Romina, la abrazó y la protegió. Hoy, a seis años, Romina sigue estando acá. La tendrán privada de la libertad, la privarán de poder conectarse con nosotros. Pero hay algo que no pudieron evitar: Romina está entre nosotros. Cada una de las compañeras y de los compañeros se la llevan consigo, es de ustedes. Ustedes la ayudaron y le dieron una nueva oportunidad, que creo que todas las personas se merecen.

IR: Hay dos temas que se presentaron entre fines del año pasado y principios de este. En primer lugar, ¿qué pasó con la rebaja que esperaba Romina? ¿A qué le adjudicás que no haya llegado esa rebaja?

MT: Para mí son decisiones políticas, en donde la señora presidenta, por más que ella quiera decir que no tiene nada que ver, que la cuestión de la independencia de poderes y la cuestión de cada uno de los espacios de decisión, eso es un verso, yo no lo creo. Esta ha sido una decisión política, en donde tuvo una fuerte injerencia ella. En donde el gobernador, que es un lacayo de la señora presidenta, (Walter) Barrionuevo, es el fiel cumplidor. Según me decían ellos, Jujuy es una de las pocas provincias que otorga rebajas, ese era el argumento que ellos daban, y que en este caso fueron sólo 36 personas beneficiadas, de las cuales 2 mujeres pudieron recibir el beneficio de la rebaja. Romina, como muchas otras personas que están privadas de su libertad, no pudo tener ese beneficio, a pesar de estar en la etapa de prueba, que es prácticamente la antesala para la libertad; a pesar de estar la sentencia firme y de tener una muy buena conducta. Romina tenía mucha expectativa, creía que el señor gobernador y que todo el conjunto, porque esta no es una decisión solamente de él, se iban a humanizar. Sin duda son sectores que no le perdonan haberse enfrentado al sistema desde su situación existencial, desde todo lo que le pasó. Fue privada de la posibilidad de que este año pudiera salir con la laboral y con visitas transitorias que le permitan aproximarse un poco más hacia su libertad. Esa ha sido una decisión sin dudas política, por eso estoy más que convencida que Romina es una presa política.

IR: El otro tema es el del estudio de Romina. ¿Cuáles son las imposibilidades que se están presentando ahora?

MT: Romina después de cinco largos años terminó su secundaria, pero porque tampoco el estado garantiza que los chicos puedan seguir estudiando. Le quedan dos materias por rendir, materias que nunca tuvo: física y química. Mañana iba a rendir, pero ni idea, nunca tuvo el profe. Logramos conseguir que esto pase para el mes de marzo. Esto nos abre la puerta para que ella pueda iniciar estudios universitarios. Ella lo manifiesta en su carta: quiero estudiar abogacía. Ella es muy categórica en esto y me parece que es parte de este mandato social que el conjunto de mujeres y las miles de organizaciones le asignaron, y ella lo asume como tal. Pero nos encontramos con que en Jujuy las únicas universidades que tienen esta carrera son las dos privadas: la UCSE de Santiago del Estero, que es católica, y la UNAS, la católica de Salta. No obstante le pregunté cuál sería la otra opción, y dijo comunicación social. Antes de venir hice todos los trámites, moví cielo y tierra, presenté la documentación ante el servicio penitenciario. Supongo que el juez se dignará en resolver, sino lo vamos a denunciar, es el juez de ejecución Dr. (Antonio) Llermanos, que es el que presidió el juicio. Tememos que esta vez también sea otra bofetada. Eso sería un escándalo, sin duda, porque es privarla a ella de la posibilidad de hacer, de estudiar, de proyectar, de construir su proyecto, reconstruirlo, donde el estado tiene responsabilidad. Tenemos que estar atentos. Y tendrá que pagar un precio bastante caro este juez porque sería una muestra más del ensañamiento.

IR: ¿Cómo está Romina por estos días?

MT: La expectativa puesta en que iba a tener una rebaja, esa ilusión se apaga, se derrumba y obviamente le significa la continuidad de la angustia. Eso ha sido muy fuerte. El 23 de febrero es una fecha que marca mucho su vida. Ella sabía que su mamá venía, que nosotros íbamos a abrazarnos a ustedes, que nos iba a dar el impulso para seguir adelante. Nos espera seguramente ansiosa para tener todas las novedades mañana. Y vuelvo a insistir con esta idea: Romina está de pie, Romina está sostenida por ese continente afectivo que ustedes crearon, que ustedes dieron inicio y que fue propagándose. Más allá de que la tengan encerrada, Romina está acá, Romina una vez más volvió a Rosario. Sueño con que ese día llegue, que Romina en libertad pueda encontrarse y abrazarse a todas ustedes. Las convoco a que sigan en esta lucha por la libertad inmediata de Romina, por la libertad inmediata de todas las Rominas de la sociedad, para que la historia de Romina nunca más se repita. Me solidarizo con los familiares de las compañeras que fallecieron, para que esta hipocresía en la que está montado este gobierno caiga y que tomen decisiones que le permitan a las personas tomar decisiones, ser libres y tener la contención de un estado. Por otro lado también estas máscaras de los feudos, donde Jujuy no es la excepción, yo creo que con el tiempo y con toda esta lucha se fueron debilitando. Hoy muchas mujeres, muchas historias de otras Rominas tuvieron una resolución diferente. A veces Romi me dice "¿y por qué conmigo?" y le digo "vos sos la rehén del sistema". La historia de Eli fue diferente, la historia de una chica de acá de Rosario fue diferente, la historia de una chica de Mendoza fue diferente. Entonces más allá de que nos una un vínculo directo de sangre con nuestra hermana uno ve que gracias a Romina estos temas empezaron a hablarse, que Eli y otras chicas tuvieron otro tipo de historias. Se va a dar el encuentro de las víctimas del dolor, muy próximamente se va a generar el encuentro de Eli con Romina. Va a ser muy fuerte porque son dos víctimas de un sistema que las condenó, pero que tuvieron resoluciones diferentes, con una sociedad que se unió, que la protegió, que la rodeó en el caso de Córdoba. Pero con consecuencias que han significado que estos temas los hablemos, que nos animemos a denunciar, que basta de miedo, que basta de opresión. Nos vamos enteras, fuertes, llevando la alegría, la juventud, todo lo que ustedes me brindaron aquella vez, y ahora doble porque se va con mi mamá también. Y los esperamos en Jujuy para el gran día.

Foto: Argentina - En el centro de la imagen Mirta Tejerina, madre de Romina Tejerina. / Autor: INDYMEDIA


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A esta hora exactamente hay un parto en la calle...


Alfredo Grande (APE)

“la historia tiene dos parteras: la violencia y el amor”
(aforismo implicado)

La familia vivía en Florencio Varela. Hace un par de años se les prendió fuego la casilla que habitaban y se vinieron hacia aquí. "Habíamos perdido todo. Hasta la ropa de los chicos", recuerda la señora. Por más que su historia es trágica por los cuatro costados, cuando habla no se lamenta. Tampoco busca generar compasión.
Sandra Guaianone, una chaqueña pecosa y de pelo castaño tirando a pelirrojo, reside en Puerto Madero, el barrio más caro de Buenos Aires, a metros nomás de departamentos que valen hasta 6.000 dólares el metro cuadrado. Pero su hogar no despierta envidia sino pena: vive en una trapera -imposible denominarla de otra manera- que armó con bolsas plásticas y cartón debajo de un pino en la calle. Allí, ayer temprano, parió a su quinto hijo, una beba deliciosa y de 3,400 kilos a la que llamó Brisa Nicole.
“¿Qué espero para Brisa? Ya nació sanita, así que no espero nada más", contesta Sandra. Sólo dice, y a insistencia de Clarín, que le harían falta pañales, leche y ropa para la beba. Y con dignidad insiste en que nada más necesita, aunque es obvio que miente.
(Diario Clarín 20/02/09)

(APE).- Cuánto tiempo pasó desde que nos indignamos al escuchar cantar a Víctor Heredia “a esta hora exactamente, hay un niño en la calle”? Posteriormente, fue “de la calle”, más tarde “en situación de calle” o algún otro eufemismo. Pero el significante duro “calle” se mantuvo. La calle era el espacio de lo público, por donde todos pasaban, pero nadie se quedaba. Era la franja del nomadismo ciudadano. Cruzarla, caminarla, esquivarla, mirarla desde su prima hermana la vereda. Pero nunca quedarse. Porque estar de patitas en la calle era, y lo sigue siendo, la marca del desamparo. Al descubierto, sin abrigo, sin consuelo. Linyera, croto, el loco del barrio, el borracho perdido que siempre alguien encontraba, los viejos sin pasado, los náufragos de la tierra. La calle podía ser el peor de los cementerios, el más execrable de los hospitales, pero nunca podía pensarse en que fuera una maternidad. Que un niño llegara a este mundo y que este mundo le ofreciera el siniestro lobby de la calle. Porque tampoco es la condición transitoria de la calle. Un parto en tránsito, del departamento en Palermo chico a la clínica 5 estrellas del convenio de la multi con la prepaga. No se adelantó y lo agarró callejeando. No es el parto callejero por derecho propio, como cantaría el gran Alberto Cortez, modificando apenas la canción tributo a ese perro que nunca tuvo dueño. Es un parto en la calle, porque la madre, el padre, toda esa familia está en la calle. Hace dos años. Y seguramente más. La nota con esa mezcla de hipocresía y cinismo dice que residen en puerto madero. Hubiera faltado decir en el primer mundo. Y agrega, para los que estamos poco advertidos, que el metro cuadrado vale 6.000 dólares. Si lo único cuadrado fueran los metros, otro gallo cantaría. Para la subjetividad consumista al cuadrado confunde, y no ingenuamente, un asentamiento individual-familiar, con una residencia. No residen en puerto madero, naturalmente. Es una familia pequeña, pequeña, en estado de indefensión absoluta, quizá ni siquiera sean monotributistas, que armó un solitario campamento de refugiados, sin estar avalados ni siquiera por una ong y con certeza ni siquiera se hayan enterado que buenos aires hace. Puerto Madero es el monumento a Roca que el menemismo construyó. Lejos los anhelos de transformar el sheraton hotel en un hospital de niños, queda en esa ciudad dentro de la ciudad, la cicatriz del vaciamiento económico, político y cultural de un pueblo. El cronista avanza más diciendo que nadie envidia la caverna de plástico en la que viven. Ni envidia, pero tampoco pena... La pena de muerte en estos tiempos donde no hay cólera, excepto por cuestiones de caja, es la indiferencia global. Por eso apenas son noticia por ese aullido de la vida, ese nacimiento en un cementerio de esperanzas, en esa calle ofendida como san francisco en el vaticano, y que encima tiene la audacia de nacer sanita. Enferma terminal es la sociedad que la recibió, o, para hablar con la propiedad que el capitalismo serio nos exige, que la asienta. Quizá por un tiempo despierte la misma ternura que un koala salvado del incendio. Cuando ya todos hablemos de otra cosa, la beba deliciosa, apenas será una brisa. Ojalá que una luz cegadora transformara esa brisa en un viento huracanado. Un tsunami libertario donde puerto madero pase a formar parte de las realizaciones del socialismo del siglo XXI. El cronista señala: la madre no pide nada más. ¿Cómo pedir algo cuando se necesita todo? La madre hizo y lo hizo más que bien, su función de partera de otra historia. La cuidó en su vientre, la parió sana y salva, y recién en el hospital el cordón que marca el lazo biológico y amoroso fue cortado. Los 3 kilos y monedas casi son una afrenta a las clases medias. Después dicen que hay hambre en la argentina... El cronista señala: la madre no pide nada más, aunque es obvio que miente. La madre no miente: no tiene que pedir por sus derechos. Quizá no pueda luchar para defenderlos, porque el tiempo de criar 5 hijos en un asentamiento precario no aumenta necesariamente el horizonte de lo posible. Pero mentir no miente. O acaso la marcha de los Chicos del Pueblo fue para pedir al sistema predador algunas libras de carne que escapen a la cuota Milton? Sólo saben los que luchan, y una forma de luchar es también apropiarse de lo que nos ha sido robado. O acaso alguien cree que se pagan 6000 dólares el metro cuadrado con dinero ganado con el sudor de la propia frente? Con los aires acondicionados a full, no hay sudor, y mucho menos en la frente. Hay una gran mentira, que de tan gran mentira es una colosal estafa. La padecemos todos los días y todas las noches. Algunos llaman a esa estafa... ”burbujas”. En este año, estarán en primer plano las electorales, y esa delirante burbuja de la web que se denomina “mapa de la inseguridad” con la imagen de un sonriente pensador que mucho tiene que ver con la inseguridad diaria y nocturna de Brisa y su familia.

Que no sea una brisa. El evangelio dice que los que siembran la discordia en casa del hermano, heredarán el viento. Y hay demasiada discordia sembrada, con el glifosato del brutal saqueo al pueblo. Los vientos de las historias emancipadoras tomarán cada vez más fuerza. No habrá que pedir nada, pero habrá que exigir todo. Para que más temprano que tarde podamos decir que a esta hora exactamente, no hay más partos en la calle.

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Argentina, Salta: Damnificados por el alud llevan 16 días viviendo a la intemperie

COPENOA

Desde el gobierno provincial y municipal no les solucionan la falta de viviendas las que perdieron al ser arrasadas por el alud del 9 de febrero. Los pobladores del Barrio Ferroviario junto a los de Santa María manifestaron a COPENOA sus reclamos.

“Las ratas proliferan por el barrio, los mosquitos se multiplican, hay dengue hay víboras, los niños tiene la cabeza con granos por los focos de contaminación” Afirmo con gran preocupación Graciela Torres Presidenta del Barrio Ferroviario.

Agregando “NO les alquilaron ni una habitación a mis vecinos que se quedaron sin nada, nosotros estamos tratando de darles una mano, pero desde el gobierno hasta ahora son solo promesas” Mientras desde Gobierno municipal y provincial afirman que la situación sanitaria esta controlada. Y que el calendario escolar no tendrá modificaciones en la ciudad de Tartagal.

Los casos sospechosos de dengue superan las dos mil personas solo en consultas hospitalarias en el Departamento San Martín, son contabilizar las personas que sufrieron síntomas de dengue pero que no acudieron a la consulta médica.

El Hospital Juan Domingo Perón, principal nosocomio del Norte de la provincia de Salta se encuentra desbordado ante el brote de dengue y otras enfermedades ya endémicas en la zona, fuertemente alentadas por la pobreza en el lugar.

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Argentina, Salta: Se debe declarar la emergencia sanitaria. Aclaro Zottos

COPENOA

La adopción de medidas urgentes que permitan enfrentar correctamente la situación derivada del brote de dengue en Tartagal, pidió el vicegobernador, Andrés Zottos, al cabo de la recorrida llevada adelante a lo largo de todo el fin de semana por esa ciudad del norte provincial.

En primer término, el mandatario sostuvo la necesidad de declarar la emergencia sanitaria en la zona en forma urgente, para permitir una mayor coordinación de las acciones que ejecutan los diferentes equipos sanitarios que operan en el lugar y una mayor inyección de fondos para paliar las complicaciones derivadas del alud, tales como falta de agua o colapso en las cloacas.

Además, Zottos afirmó que es imprescindible postergar el inicio del ciclo lectivo en Tartagal, hasta tanto se pueda controlar el brote de dengue. Se avance con las tareas de desmalezado, deschatarrización y fumigación y también hasta que las familias que aún continúan evacuadas en las escuelas puedan ser reubicadas en casas alquiladas a la espera de la construcción de las nuevas viviendas.

"El alud no es el culpable del dengue y no debemos esperar a actuar o tomar decisiones cuando se multipliquen los casos" afirmó el vicegobernador, quien dijo que "no es cuestión de tapar el sol con las manos porque sabemos lo que está ocurriendo con la enfermedad en Bolivia y en distintas localidades del norte provincial y no se trata de generar alarma en la gente sino de actuar con responsabilidad".

Zottos también consideró tras su visita a Tartagal que se observa falta de coordinación y organización entre los distintos actores que intervienen en la parte sanitaria y reiteró que "me puse a disposición del intendente de Tartagal" (Sergio Leavy), para ayudar en las tareas que sean necesarias.

Finalmente, Zottos reiteró su agradecimiento por el envío de ayuda solidaria desde todo el país y agregó que lo que ahora se necesita es una fuerte inyección de dinero para ejecutar las obras de infraestructura que desde hace tiempo viene reclamando para la región.

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Argentina: Alerta por la aparición de casos autóctonos de dengue


PRIMERA FUENTE

En Salta, Jujuy y Catamarca se analizan muestran que hace presumir que los mosquitos de la zona se encuentran infectados por el virus. Hasta el momento en Tucumán los estudios realizados indican que en todos los casos que se dieron a conocer los pacientes se contagiaron en países o provincias vecinas. El Ministerio de Salud de la Nación activó todos los mecanismos de emergencia.

En lo que va de 2009, la propagación del mosquito transmisor del dengue no cede y las cifras empezaron a alarmar. Los ministerios de salud de diversas provincias alteran día a día su conteo que, por el momento, esboza 37 casos confirmados en Salta, 23 en Chaco, 10 en Catamarca y 8 en Jujuy.

Otras provincias, como Buenos Aires, Santiago del Estero, Mendoza, Tucumán y Córdoba notificaron alrededor de 48 casos de dengue por la picadura de la hembra Aedes Aegypti, aunque en estos casos el virus fue importado de países limítrofes como Bolivia, Paraguay y Brasil, y no por mosquitos de circulación autóctona.

“Hay que hacer la distinción”, informa el Director Nacional de Prevención de Enfermedades y Riesgos, Hugo Fernández al diario Crítica de Argentina en su edición digital. “El caso autóctono es aquel donde el contagio se produce en el área mientras el importado es aquel contagio que proviene de otro lugar”.

En el caso de la provincia de Salta, donde el Ministerio de Salud ya confirmó 37 casos positivos, todos los contagios fueron por circulación autóctona de los cuales 7 son de Tartagal, actual caldo de cultivo por las recientes inundaciones, 5 de Salvador Mazza y 25 de Orán. Todos de dengue clásico y con evolución favorable, salvo un caso de dengue hemorrágico, el más grave, en Tartagal, pero que ya se encuentra estable.

En Chaco, Catamarca y Jujuy hay crecientes sospechas de que las transmisiones habrían sido de mosquitos de circulación autóctona, aunque por el momento resta confirmarlo. Esto es lo que más suele temerse en épocas de brote epidémico, por tratarse de mosquitos adultos que se reproducen en cepas sólo combatibles a través de costosas fumigaciones.

“Es por esto que es fundamental la ayuda de la población con la prevención”, advierte el director. “Cuando hay brote, hay que eliminar a los mosquitos para evitar la formación de los adultos que se reproduzcan en cepas”, explica e insistió con la importancia de “evitar acumular agua en cacharros, o cualquier recipiente doméstico, hábitat ideal para el Aedes Aegypti porque buscan generalmente agua limpia”.

Alerta por Bolivia

Sin embargo, a pesar de la colaboración que la población pueda llegar a brindar, “el alerta proviene por lo casos en los países limítrofes en Bolivia, Paraguay y Brasil”, países que se encuentran en emergencia sanitaria por el acecho del mosquito, señala Fernández.

El Gobierno de Bolivia confirmó un aumento de 30.000 casos de dengue, que ya se cobró la vida de 13 personas y que tiene un promedio de 500 nuevos contagios diarios.

Salta

Se estima que el brote en Bolivia habría tenido incidencia 240 casos por 'nexo epidemiológico' en la provincia de Salta, que significa que son pacientes que presentaron sintomatología de dengue y que estuvieron vinculados o relacionados con pacientes a quienes se les confirmó por laboratorio la enfermedad.

"La confirmación de casos por nexo epidemiológico permite monitoreos y estimar la magnitud de los brotes de dengue que se presentan en distintos núcleos urbanos del norte de la provincia", detalló un funcionario del Ministerio de Salud salteño.

Consciente de la cifra de casos y de la cercanía con esas cepas superpobladas, el Ministerio de Salud comenzó en el mes de enero “una campaña de capacitación” en los centros de salud. “Los médicos fueron notificados” sobre la posibilidad de recibir “pacientes que puedan tener dengue”, informa Fernández.

Córdoba

Otro caso que confirma lo que sería un año atípico en la propagación del virus es el caso de la provincia de Córdoba. Allí, el Ministerio de Salud de la provincia detectó ocho casos de personas infectadas con el virus del dengue durante enero de este año, casi el mismo número de afectados en los nueve años anteriores.

Además, Los Ministerios de Salud y Ambiente de la provincia y la Universidad Nacional de Córdoba relevaron 577 viviendas y encontraron que en el 95 por ciento de ellas se encontraba el insecto que provoca el virus. Los hogares en los que se encuentra el insecto "corren riesgo potencial de infección", se advirtió oficialmente.

Catamarca y La Rioja

La confirmación de diez casos de dengue en la provincia de Catamarca hizo que su vecina, La Rioja, anunciara a través de la directora de Epidemiología, Virgina Córdoba, que el distrito se encuentra “en alerta”.

Explicó además que la medida se tomó en forma preventiva para que todos los centros de salud de la provincia “estén atentos” a la aparición de los primeros síntomas, que son parecidos a la gripe.

Síntomas y medidas de prevención

El dóctor Hugo Fernández advierte entre los primeros síntomas “fiebre-siempre, porque es una enfermedad febril-, cefalea, dolor detrás de los ojos, dolor muscular, nauseas y erupción cutánea”, aunque especifica que éstos se aplican a la infección del dengue clásico, ya que existe también el hemorrágico.

“El diagnóstico por dengue hemorrágico emerge cuando el paciente fue picado por dos mosquitos con distintos serotipos-vectores del virus-“, explica Fernández y detalla que “existen tres serotipos en la Argentina”. “Si el paciente es picado más de una vez por el mismo no pasa nada, porque ya está inmunizado”, sostiene e indica que “el problema sucede cuando es picado por dos serotipos distintos” ya que “ahí pasa a contraer el dengue hemorrágico que requiere de cuidados intensivos”.

El dengue hemorrágico tiene una mortalidad del 30-50% si no es tratado con los cuidados clínicos necesarios.

En este marco de incontrolable incremento de casos por dengue, el Ministerio de Salud Pública recuerda a la comunidad la necesidad de aplicar y poner en práctica las medidas de prevención de esta enfermedad y la importancia de que todas las personas con fiebre no se automediquen y concurran de inmediato al servicio de salud para su atención médica.

Suprimir o disponer adecuadamente envases y recipientes que acumulen agua y por lo tanto puedan servir como criadero de mosquitos; cambiar el agua cada 3 días y lavar con esponja los bebederos de animales; mantener limpias, con cloro, o vacías las piletas de natación fuera de la temporada, mantener los patios desmalezados y destapados los desagües de lluvia de los techos; aplicar repelente contra insectos en la piel expuesta, rociar su ropa con repelentes ya que los mosquitos pueden picar a través de la ropa de tela fina; usar camisas de manga larga y pantalones largos; usar mosquiteros en las camas si su habitación no tiene aire acondicionado; realizar la consulta médica en caso de presentarse fiebre repentina sin causa aparente.

Autor imagen: PRIMERA FUENTE


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Argentina: Largo proceso de defraudación, engaño y marginación social

Héctor Jorge Colás (RIO NEGRO ON LINE)

Si el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional no transparentan y actualizan con el 82% los deprimidos salarios de los jubilados, los incrementos por la nueva ley de movilidad de marzo y setiembre de este año se convertirán en un mero paliativo que difícilmente pueda superar los efectos perniciosos de los índices inflacionarios que se registran en el país.

La presidenta Cristina Fernández anunció días atrás el porcentaje del primer aumento salarial que recibirán los jubilados y pensionados por la nueva ley de movilidad. El titular de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), Amado Boudou, estimó que el incremento -del 11,69%- será aplicado a partir de marzo próximo. El segundo previsto para setiembre se fijará en un 7%.

Nadie puede desconocer que el gobierno incluyó en la agenda nacional el tema de la seguridad social y, fundamentalmente, lo relacionado con el sistema de jubilaciones y pensiones.

Con mucho retraso al pedido de la Corte Suprema de Justicia, en setiembre pasado, el Congreso Nacional aprobó la ley 26.417 que contempla la movilidad de las prestaciones previsionales.

El nuevo régimen presenta numerosas dudas. El ajuste previsto no es retroactivo, por lo que los aumentos se harían sobre una base deprimida, impidiendo una rápida y real recuperación del poder adquisitivo de los jubilados.

Cuando se evaluaban las bondades y defectos de la aplicación de esta importante ley, la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, anunció el 21 de octubre pasado la elevación al Congreso de un proyecto de ley que elimina el sistema privado de capitalización que controlan las Administradoras de Fondos de Jubilación y Pensión (AFJP).

Se calcula que 15.000 millones de pesos por año ingresarán a la Anses en concepto de aportes del régimen privado y que un total de 97.000 millones de pesos conforman el patrimonio completo de las inversiones que sostendrán el funcionamiento del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Con la sanción de estas leyes también renacía la esperanza de los jubilados, que confiaban en sus representantes en el Congreso. Se destacaba el contenido social del nuevo régimen y se estimaba que se tomaría en cuenta el clamoroso pedido de justicia y equidad en el que desde hace muchos años insisten, sin ser escuchados, los pasivos argentinos.

Pero lamentablemente los aumentos semestrales que se aplicarán a los jubilados a partir del 1 de marzo del 2009, en consonancia con la ley de movilidad aprobada por el Parlamento, se liquidarán sobre una falsa realidad. Los pasivos argentinos perciben sus ingresos sin equivalencias con la fundamental referencia constitucional que determina y establece la existencia de una relación del 82% entre los sueldos del jubilado y el trabajador activo en su misma función o cargo.

Puede servir como ejemplo el conocido fallo "Badaro, Adolfo Valentín c/Anses s/reajustes varios". En esa sentencia el máximo tribunal señaló que se había verificado una lesión a la garantía prevista en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, ya que la prestación no había sido reforzada a medida que perdía la razonable relación con los ingresos del activo.

La Suprema Corte de la Nación declaró en este fallo "la inconstitucionalidad de la ley 24.463" y dispuso que la prestación se abonara según las variaciones anuales del índice de salarios, nivel general, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

Por esta decisión judicial, según fuentes periodísticas, Badaro, que percibía 1.200 pesos de jubilación, pasó a cobrar 6.724 pesos mensuales, un ingreso que tiene más relación con los 8.000 pesos mensuales que recibe un capitán de barcos fluviales en actividad.

Si Badaro no hubiera iniciado un proceso judicial reclamando la recomposición de sus ingresos, el próximo 1 de marzo habría recibido un ajuste por la ley de movilidad de sus haberes jubilatorios que habría tomado como base de cálculo el porcentaje de un ingreso mensual de 1.200 pesos.

Ésta es la distorsión imperante en el sistema. Es una injusticia que los diputados y senadores deben reparar y solucionar con urgencia.

Si el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional no transparentan y actualizan con el 82% los deprimidos salarios de los jubilados, los incrementos por la ley de movilidad de marzo y setiembre del año próximo se convertirán en un mero paliativo que difícilmente podrá superar los efectos perniciosos de los índices inflacionarios que se registran en el país.

La Anses, con la transformación del sistema unificado previsional, recibe una importante masa de dinero. Esos fondos deben servir para saldar y subsanar una antigua deuda social interna.

El sistema tiene los fondos necesarios y los pasivos reclaman del gobierno y del Congreso nacional un gesto de reconocimiento que ponga fin a un penoso y largo ciclo de postergación.

Si esta justa premisa no se contempla en la modificación integral del sistema previsional argentino, el largo proceso de defraudación, engaño y marginación social seguirá vigente.

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Argentina: Derechos humanos y justicia pendiente

Luis Miguel Baronetto (ACTA)

Que varios sectores de poder fueron cómplices con la ejecución del terrorismo de estado por parte de las fuerzas armadas ya es bastante conocido. Instituciones y asociaciones empresariales, judiciales, eclesiásticas, políticas, culturales, mediáticas.

Todo está guardado no sólo en la memoria. También en los archivos que cada día lo certifican con nueva documentación, aunque algunos -en Córdoba- sigan ocultos en manos de los represores.

En realidad militares y policías no podrían haber consumado el genocidio en 1976 sin esa abierta o encubierta complicidad. Y por cierto también con el consenso de buena parte de la sociedad que intentó exculparse en el cobarde y anodino “por algo habrá sido”, como si alguien pudiese salirse de la foto para refugiarse en una suerte de “limbo de los justos” existente sólo en alguna literatura fantástica.

Vencidos ya los obstáculos legales que impidieron la investigación y el juzgamiento de los responsables del genocidio argentino, buena parte del poder judicial comenzó a ponerse a tono. El cambio político del 2003 abrió espacios para avanzar en el reclamo de verdad y justicia, que tanto esfuerzo implicó para quienes resistieron en el auge del neoliberalismo que apañó la impunidad.

Pero no todos avanzaron al mismo ritmo, ni las viejas corporaciones modificaron su conducta. La justicia de Córdoba, federal y provincial, tiene en esto una gran deuda social.

Desde tramados sociales y familiares se gestó una suerte de malla protectora para impedir la penetración de los reclamos de Justicia sobre la misma Justicia, encarnada en sus funcionarios de ayer cómplices con la dictadura: los que archivaron los recursos de habeas corpus, los que no investigaron las denuncias de torturas, secuestros o muertes en supuestos enfrentamientos, los que apuraron adopciones de bebés nacidos en cautiverio o de niños depositados en la Casa Cuna, los que abrieron el oído a bandos militares, traicionando la ley constitucional.

Como las generalizaciones no son buenas, debe valorarse a los que en esta etapa actúan con responsabilidad y han posibilitado avances importantísimos. Esto sin dejar de señalar las debilidades que impiden mayor celeridad en las causas pendientes. Y evidencian parcialidad al persistir en exculpar a funcionarios (jueces, fiscales, defensores oficiales y secretarios), conniventes al terrorismo de estado, o peor aún encubridores de delitos de lesa humanidad.

Actitud manifestada por las trabas al ejercicio de una justicia rápida, transparente, no condicionada por las influencias familiares, las presiones políticas o las relaciones sociales.

La ética y la ley

Esta reflexión quiere trascender lo legal y no restringirse a lo jurídico, porque los efectos de aquella complicidad siguen afectando gravemente al conjunto social. Pretendemos ahondar en las razones más profundas. Porque la recuperación de la credibilidad en la justicia exige colocar en primer lugar los valores y principios. Una axiología que en si misma explica la razón de ser de la necesidad de la Justicia como institución. Y es este fundamento ético el que debe atravesar conductas, funciones, leyes, instituciones, etc.

Así lo afirmamos ante el Consejo de la Magistratura de la Nación: “En efecto, las leyes y las normas que establecen los procedimientos y delimitan las funciones están asentadas en valores que la sociedad asume como paradigmas. Estos constituyen la base de sustentabilidad de la convivencia social. Sobre ellos se asienta el derecho y la justicia, con sus componentes antropológicos y éticos fundamentales. Y es desde esta perspectiva fundamental y fundacional que debe evaluarse la conducta de un funcionario judicial.

Los derechos humanos, en su acepción más amplia, se han constituido en un nuevo paradigma, estableciendo un cambio de época en la vida social, cultural y política de los argentinos. Por eso su valoración hoy es ineludible y determinante a la hora de evaluar las conductas reñidas con los derechos humanos de funcionarios judiciales, como en este caso, que han sido funcionales y han mostrado actitudes complacientes con los usurpadores del poder constitucional e instauradores del terrorismo de estado en nuestro país.(Expte.148/08 Baronetto, Luis Miguel c/ Otero Álvarez, Carlos).

El cambio de época reclama cambio de protagonistas porque en el escenario van ingresando actores animados de nuevas ideas con convicciones que priorizan la vida por sobre la muerte, la solidaridad por sobre el individualismo, el contenido por sobre la forma. Y este desplazamiento resulta no sólo saludable a la nación y sus instituciones sino fundamentalmente a la calidad de vida de los argentinos.

Ética de responsabilidad social

“El funcionario judicial es un funcionario público. – dijimos en la presentación del 14 de abril del 2008 - Y como tal tiene la obligación de ejercer el poder que la sociedad le asigna en la preservación de la convivencia social, de las leyes y de las instituciones democráticas. Si así no lo hace se torna cómplice del autoritarismo y del ejercicio de la ilegalidad, desnaturalizando la legitimidad de las leyes. Por eso, el análisis de las conductas de los funcionarios judiciales durante la vigencia del terrorismo de estado, como funcionarios públicos, debe indicar la capacidad ética para juzgar hoy a los ejecutores de los delitos cometidos entonces. Ello porque el funcionario público- y por lo tanto funcionario judicial- debe ser hoy también protagonista en la consolidación de las instituciones democráticas, contribuyendo a restablecer la credibilidad social de ellas. Mal podrá hacerlo quien haya actuado,… en desmedro de la misma institución judicial al avalar hechos reñidos con la ley. La ética de responsabilidad social establece al funcionario público, como primer criterio para su actuación: preservar, restablecer, garantizar el bien social como bien supremo de la democracia. Y esta conducta ética debe ser transparente y sin mácula alguna para que el conjunto social se reconcilie con sus instituciones rectoras y fortalezca la confianza en el ordenamiento social e institucional que lo contiene.”

Vale la pena insistir porque “los doctores de la ley” - igual que hace 2000 años - se escudan en la legalidad para declarar inocente al culpable, como si pudiera sostenerse la letra sin el espíritu que la vivifica en cada tiempo y lugar. Por eso los incapaces morales aunque gocen de la pulcritud formal constituyen un grave peligro social: corrompen el sentido institucional, vacían de eticidad las acciones, niegan la posibilidad de una justicia real, enseñorean el valor de la mentira, el oportunismo y la mediocridad. Quitan, en definitiva, sustancia vital para la necesaria credibilidad en la que debe basarse el crecimiento de la sociedad y sus nuevas generaciones. Son aquellos sepulcros blanqueados – templos de la hipocresía – que seguirán guardando la podredumbre hasta convertirla en cenizas.

Juicios demorados

Recientes resoluciones judiciales, en este mes de febrero, como la que ha sobreseído a ex magistrados y ex funcionarios federales de Córdoba, han abonado este lamentable camino en actitudes corporativas de corto alcance aunque de enorme riesgo por la permanencia de la impunidad. Así se explican las demoras en el juicio y condena a los responsables de los fusilamientos, entre mayo y octubre de 1976, de los 28 presos políticos de la UP1 (Penitenciaria de San Martín). Este será el único juicio en el que se ventilará el cobarde asesinato de presos que estaban legalizados, con procesos judiciales, bajo la responsabilidad de jueces o a disposición del PEN (Poder Ejecutivo Nacional) por la vigencia del estado de sitio. A diferencia de otras causas, no se trata de secuestrados o detenidos en campos de concentración clandestinos.

En el expediente de la UP1 no puede soslayarse la complicidad de la Justicia Federal de entonces, que autorizó en ocho ocasiones los traslados que terminaron con el fusilamiento de los 28 presos políticos. Lo hizo la primera vez con destino al D2 donde fue muerto en la tortura Eduardo Daniel Bártoli el 30 de abril. Se repitió 17 días después cuando personal del D2 retiró a los seis presos que acribillaron cerca del puente Santa Fe.

Tanto el juez federal Zamboni Ledesma , el secretario Otero Álvarez, el juez Miguel Ángel Puga y otros funcionarios supieron enseguida que no se trataba de intentos de fuga o de rescate como informaba el comandante Luciano Benjamín Menéndez, del Tercer Cuerpo de Ejercito, sino que fueron cobardes fusilamientos, asesinatos a sangre fría. Y resulta burdo y una vil patraña que los funcionarios judiciales afirmaran que se enteraron por “noticias periodísticas”, cuando eran ellos los que autorizaban los traslados y debían velar por las condiciones de detención y la vida de los presos.

Siendo benévolos concedamos que la primera vez hayan sido sorprendidos en su buena fe y engañados por la criminalidad de los militares y policías que actuaron. Pero… ¿y las siete restantes? A pesar de esta abierta ilegalidad en la ejecución de estos crímenes los funcionarios judiciales siguieron autorizando los traslados que solicitaban el general Sasiaín o el comisario Telleldín para asesinar a presos que retiraban encapuchados y maniatados de pies y manos.

Pero más aún, la omisión en sus deberes de funcionarios se extendió al punto de no promover la investigación de ninguno de estos crímenes, dejando en la impunidad a los militares que solicitaron o firmaron el retiro de los presos, según constancias carcelarias incorporadas al expediente judicial. Tampoco ordenaron la autopsia de los cadáveres. Y revelaron el extremo de su cobardía al no comunicarles lo sucedido a los familiares, al punto que en algún caso sigue oculto hasta hoy el enterramiento clandestino. Esto, en síntesis, hicieron los funcionarios judiciales, algunos ya jubilados y otros pretendiendo lavarse ante la sociedad al firmar ahora la sentencia de condena al decrépito general que ayer les ordenaba – y le obedecían - impedir el ingreso a las cárceles a los abogados defensores que pretendían ejercer sus funciones como establece la ley.

La estrecha connivencia entre funcionarios judiciales y militares represores terminó por considerar “normales” hechos abiertamente reñidos con la ley, como fue la violación a derechos tan fundamentales como la vida o la integridad física y síquica de las personas detenidas. Y así es como estos hechos “normales” llegaron a normatizarse en disposiciones seudolegales que funcionarios judiciales consolidaron y legitimaron al extremo de servir hoy para justificar con la ley la ilegalidad en la que actuaron ayer.

¿Debían acaso estos funcionarios constituirse en voceros de la orden militar que restringía el derecho constitucional de defensa en juicio? Al no diligenciar medidas tendientes a esclarecer las causas y los responsables de la muerte violenta de 28 presos políticos, ¿no incurrieron en incumplimiento de deberes de funcionario público?

Y, más allá de la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, si se hubiese operado legalmente alguna prescripción penal, se anula acaso la existencia e ilegalidad del delito? La hora de la Justicia debe llegar también para los funcionarios que ayer corrieron la venda y admitieron la arbitrariedad, el crimen y el reinado de la ilegalidad apañados en una formalidad jurídica violatoria de principios éticos fundamentales.

Luis Miguel Baronetto es Secretario Adjunto de la CTA Córdoba y Director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba.


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Anticooperativismo

LA ARENA

De aquella firmeza de ayer a esta tibieza de hoy. Así puede definirse la política del gobierno nacional en materia de radiodifusión. La reciente resolución del Comfer que reglamenta el acceso a licencias para brindar el servicio de televisión por cable es otro cachetazo en pleno rostro del movimiento cooperativo argentino.

Hace menos de un año, el Ejecutivo nacional parecía estar dispuesto a avanzar con una reforma a fondo de la Ley de Radiodifusión, una norma que fue elaborada y aprobada por la última dictadura militar y que ningún gobierno democrático, desde 1983 hasta hoy, se atrevió a cambiar o a modificar en un sentido de dotarla de mayor contenido pluralista y democrático. Por el contrario, los cambios en algunos de sus artículos fueron para profundizar un proceso de concentración de medios en pocas manos y para seguir relegando a las cooperativas.

El resultado está hoy a la vista. Enormes corporaciones económicas se apropian de frecuencias de radios de AM y FM y de canales de televisión de aire y de cable, disputando entre ellos a los codazos como si se tratara de un mero negocio, un territorio puramente mercantil y no de un servicio público que debiera ser regulado por el Estado en un sentido de beneficiar a la sociedad y protegerla de la gran concentración y la competencia desleal. Entre esos poderosos operadores no faltan grandes empresas extranjeras que, con el argumento de que vienen al país a realizar "inversiones", se les abren generosas puertas para hacer aquí lo que no pueden en ningún país serio y regulado del llamado "primer mundo".

Esa pasmosa -y sospechosa- facilidad que beneficia a más de una empresa extranjera contrasta con las dificultades que tienen las cooperativas para poder acceder, por ejemplo, a la televisión por cable. Aunque sean empresas locales o regionales, sin fines de lucro, gestionadas por los propios usuarios democráticamente organizados y con fuerte raigambre popular, las cooperativas son tratadas en materia de radiodifusión como si fueran las parias del sistema.

Irrita sobremanera que esta nueva decisión del Comfer continúe considerando a las cooperativas de servicios públicos como subsidiarias del sistema, y que las empresas privadas lucrativas, que en su inmensa mayoría y salvo contadas excepciones, son filiales de grandes cadenas nacionales y extranjeras tengan tratamiento prioritario. El gobierno ni siquiera permite que las cooperativas de servicios públicos puedan competir con los operadores privados. Directamente las excluye y sólo acepta su ingreso en aquellas contadas poblaciones en donde no existe el servicio.

A este bochorno hay que sumarle otro: las continuas trabas que encuentran en su camino las cooperativas que están tratando de ingresar al servicio de la telefonía móvil, que en gran parte también está en manos de grandes grupos extranjeros. Es inexplicable que bajo un gobierno que se dice democrático y popular continúe este maltrato a las cooperativas telefónicas argentinas. Es tan injusta y arbitraria esta situación que es imposible pensar bien y no adjudicar a un inmenso y turbio juego de intereses este estado de cosas.

El gobierno nacional sufrió en carne propia el accionar de las empresas propietarias de los grandes medios de comunicación del país durante su enfrentamiento con las entidades ruralistas. Allí muchos argentinos pudieron percatarse del juego de intereses que unían a estos grandes operadores mediáticos con los mayores inversionistas sojeros. Fue entonces cuando se impulsó desde el propio gobierno una campaña en favor de sancionar una nueva ley de radiodifusión más democrática y que terminara con la concentración.

Pocos meses después, esta resolución del Comfer viene a borrar con el codo lo que se escribió con la mano durante aquellos agitados días y a convalidar un injusto estado de cosas.

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Argentina, Tucumán: Poco informado. Recién ahora Manzur se enteró de la crisis internacional


PRIMERA FUENTE

El vicegobernador anuló el escandaloso aumento de 50 por ciento del cual gozaban los legisladores desde noviembre del año pasado, cuando todo el mundo sabía que el sistema financiero se caía a pedazos. El también presidente de la Legislatura tuvo que dar explicaciones de manera pública para intentar justificar una medida que causó indignación y se conoció el mismo día en el cual el Gobierno anunció con bombos y platillos un aumento de 500 pesos, en negro y mediante tres cuotas, para todos los empleados públicos.

El vicegobernador Juan Manzur recién ayer se dio cuenta de la magnitud de la crisis financiera que se vive a nivel mundial, así que decidió dejar sin efecto el aumento de 50 por ciento del cual los legisladores disfrutaron desde noviembre del año pasado. Con la suba, que se conoció el mismo día que el Gobierno provincial decidió otorgarle 500 pesos en negro a los trabajadores estatales (además en tres cuotas), había llevado la dieta de los parlamentarios a 7.500 pesos mensuales.

Bastante fastidiado, Manzur acompañó al gobernador en la mañana de ayer su recorrida y luego atendió a la prensa, luego de que el propio José Alperovich le dijera a los periodistas que el presidente de la Legislatura daría las explicaciones del caso. “La situación a nivel internacional y en el país es conocida por todos. Lo pudimos ver en el reciente a viaje a Estados Unidos. Esto comenzó a afectar al país”, argumentó Manzur, quien el martes mantuvo una reunión a solas con Alperovich.

Ante tan crítico panorama, que no es muy distinto al que se vivía en noviembre de 2008, Manzur dijo para justificar el retroceso: “No podíamos estar ajenos y compartiendo la política que se lleva adelante desde el Gobierno de priorizar otras acciones”. También dijo que en dos meses ingresaron 60 millones de pesos a la provincia en materia de coparticipación federal.

Manzur insistió que la crisis se incrementó desde que tomó la polémica decisión de aumentar los ingresos de los parlamentarios a pesar de que en el resto de los poderes del Estado los trabajadores sobreviven con sumas mucho menos significativas y encima en negro. “La situación es más crítica y uno observa los esfuerzos del gobierno nacional”, explicó y agregó que la medida de ninguna manera fue secreta. “Todas las acciones son públicas, el aumento está registrado porque todo está bancarizado, acá se tomó una decisión política en el marco de la estrategia del gobierno provincial para afrontar la crisis”.

Foto: Un poco Manzur se enteró que se vive una crisis económica. / Autor: PRIMERA FUENTE


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Argentina: Ateos de Mendoza y de todo el país renunciarán a sus bautismos


MDZOL

Desde la semana que viene, personas que recibieron su bautismo religioso, pero que reniegan de la religión renunciarán colectivamente a tal condición. Será en una jornada denominada de "apostasía colectiva". Buscan que la Iglesia no reciba más subsidios del Estado en su nombre. Mendoza tendrá su capítulo el próximo martes.

La semana próxima, la primera del mes de Marzo, los ateos de todo el país realizarán una presentación colectiva ante la sede eclesiástica en la que harán llegar sus cartas de apostasía.

Se trata de la renuncia colectiva a su condición de bautizados católicos.

El anuncio formal indica que el acto es promovido por "agrupaciones y movimientos de derechos humanos, movimientos sociales, movimientos de trabajadoras/es, movimientos de mujeres, activistas de movimientos de diversidad sexual, feministas, ateas y ateos, personas que trabajamos, militamos".

"¡No en mi nombre!" es la consigna que los une, la frase será repetida también en Mendoza. Aquí, la reunión organizadora del acto de apostasía se realizará en la sede de radio Libertador, en Rioja casi Entre Ríos de Ciudad, el martes 3 de Marzo por la tarde. Las cartas de renuncia al bautismo serán remitidas al arzobispo José María Arancibia.

La asociación civil de Ateos en Argentina informó que "la apostasía colectiva es un acto de repudio público a la manipulación ideológica y material de la Iglesia Católica en la vida ciudadana. Es una forma de manifestar el desacuerdo con su política social, sexual y económica dejando en claro que no nos representa ni queremos que reciba, del Presupuesto del Estado Nacional, subsidios ni privilegios en nuestro nombre".

El acto que tendrá su capítulo local estará amparado -indicaron sus organizadores- en la ley de Habeas Data (Ley 25.326 de Protección de Datos Personales de la República Argentina). "Exigimos la rectificación y/o supresión de nuestros datos personales de sus registros, invocando el art. 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el art. 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que garantizan la libertad de conciencia y de religión", señalaron los impulsores de la inédita iniciativa.

Los ateos en la Argentina

Una encuesta del diario Perfil dio cuenta que "los ateos siguen en alza y ya son la segunda ´religión´". Reveló que "al menos 2,5 millones de argentinos no creen en Dios y que muchos de ellos hacen de esa cuestión el eje de sus vidas".

En Mendoza, recientemente se presentó el primer libro elaborado a nivel local sobre el ateismo. Precisamente ése es el título del volumen (ver notas relacionadas) escrito por el ex rector de la Universidad Nacional de Cuyo, Luis Triviño.

Una de las presentadoras fue la dramaturga Susana Tampieri quien es reconocida a nivel nacional e internacional como una de las principales impulsoras de la apostasía.

La presentación se dio en una sala colmada de personas interesadas en el asunto, lo que predice que el acto de la próxima semana tendrá repercusión a nivel local.

Foto: Chile - Apostasía masiva en Santiago de Chile. / Autor: Juan Pedro Catepillán


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Costa Rica: Cierra embajadas para enfrentar la crisis económica mundial

EL Ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Bruno Stagno, explicó hoy los motivos por los cuales Costa Rica realizó recientemente el cierre de algunas embajadas y consulados como medida de ahorro ante la crisis económica mundial.

Stagno difundió un artículo en el que aclara que antes de iniciar la crisis, su ministerio había iniciado un proceso de evaluación sobre el costo-beneficio que producía cada una de las embajadas y consulados costarricenses.

"Ordenamos el cierre de tres embajadas (Barbados, Jamaica, Polonia) y cinco consulados (Estambul, Guayaquil, Montreal, Nueva Orleans, Sao Paulo). Estos cierres nos permitieron redireccionar o subejecutar más de 1.267 millones de colones anuales (dos millones de dólares), lo que equivale a un 6.5 % del presupuesto de la Cancillería", explica Stagno en el comunicado.

Stagno mencionó que se tomaron otras medidas con la utilización de telefonía IP (por internet), desconexión de líneas telefónicas subutilizadas, eliminación de suscripciones a servicios obsoletos y reducción en gastos de representación.

Respecto a los cierres de embajadas recientemente anunciados (en Bolivia, Paraguay y República Checa), Stagno manifestó que estos permitirán un ahorro cerca no a los 700 mil dólares.

También destacó que la Cancillería es fuente de ingresos para el gobierno por concepto de aranceles consulares, y entregó al Ministerio de Hacienda un total de 5.300 millones de colones (9,5 millones de dólares) por concepto de estos impuestos.

Stagno informó que la Cancillería cerró y liquidó una fundación privada usada en gobiernos anteriores como "caja chica", denominada "Asociación para el Desarrollo de la Política Exterior".

Toda esta información fue revelada por el canciller luego de que la Sala Constitucional resolviera varios recursos de amparo en su contra por no develar información pública referente a su ministerio.

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El Salvador: Sectores sociales fijan su respaldo a Mauricio Funes

Jasmín Alvarez - Néstor Ríos (COLATINO)

La crisis económica es una etapa que refleja la incompetencia del gobierno salvadoreño para actuar a favor de los más pobres, declaró ayer la Coordinación Bloque Popular Social (CBPS), que al mismo tiempo respaldó la fórmula presidencial del FMLN.

El movimiento popular, dirigido por la diputada suplente Guadalupe Erazo, sostiene que el alto costo de la vida repercute en las familias que no tienen un ingreso salarial seguro, y que por lo tanto, pide que los precios de las canasta básicas y medicinas sean reducidos. Para que esto sea posible, Erazo sugirió que la anulación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en los productos que forma parte de la dieta diaria y la inyección de crédito al sector agrícola, son iniciativas fundamentales para minimizar el impacto económico en el bolsillo de los salvadoreños.

La congruencia de estas ideas, de acuerdo al CBPS, han sido analizadas con las propuestas de gobierno de ambas fórmulas presidenciales (ARENA y FMLN). Sin embargo, la que responde a las necesidades de las comunidades, agrega, es la del candidato Mauricio Funes.

Por esa razón, Erazo, quien es Coordinadora del CBPS, recalcó que el respaldo que como movimiento social dan al FMLN, es porque consideran que es la única forma para “mejorar la calidad de vida, y por eso “estamos decididos a trabajar por el cambio.”

“Ante esta realidad que vivimos la mayoría de salvadoreños y salvadoreñas, tenemos la esperanza este 15 de marzo, donde tendremos la oportunidad de un cambio de gobierno con Mauricio Funes presidente y Salvador Sánchez Cerén, vicepresidente, quienes son capaces y conscientes de las necesidades de los más pobres”, manifestó la representante de las comunidades que viven en las líneas férreas, Esperanza Hernández.

Para el representante de la Mesa Nacional de Panificadores de El Salvador (MENAPES), Juan Alberto Azucena, las experiencias vividas durante la actual administración del presidente Elías Antonio Saca, son muestras suficientes para “unirnos al cambio con Mauricio Funes y Sánchez Cerén y construir un nuevo El Salvador, para el beneficio de los panificadores artesanales”.

“Nos manifestamos de diferentes formas. Realizamos dos marchas, distintas concentraciones, hicimos un llamado a la Defensoría de Protección al Consumidor y hemos tuvimos reuniones con el Ministerio de Economía y hasta la fecha no hemos tenido respuesta alguna a la problemática del sector panificador”, sostuvo Azucena, que acompañaba a otros representantes sociales en la sede del Centro Coordinador de Comunidades.

Por su parte, Marcial Meléndez, representante del Sector Agropecuario, señaló que las consecuencias de un desmontaje y abandono del sector agrícola, es lo que agudiza más la problemática en El Salvador y “hoy, andan con coyotes buscando mil 200 manzanas, para usufructuarlas y dejar que las ganancias se vayan del país.”

Con la presencia de trabajadores campesinos, del sector maquila, comunidades marginales, cooperativas, profesionales y pequeños comerciantes, el 27 de febrero, frente al mercado de San Martín, los representantes de esos sectores prometieron sostener una serie actividades de concertación, y especialmente en esa fecha, sería con el candidato farabundista.

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Guatemala: Recuerdan a víctimas del conflicto armado interno

CERIGUA

Cerca de 18 mil sobrevivientes del conflicto armado interno conmemoraron el Día Nacional de las Víctimas, acto en el cual el presidente Álvaro Colom pidió perdón por las atrocidades cometidas por el Estado durante los 36 años que duró la guerra.

En el evento, realizado en la Plaza de la Constitución, Colom aceptó que existió el genocidio y el etnocidio durante el enfrentamiento armado, en el que también se eliminó sistemáticamente a líderes religiosos, políticos y universitarios.

El presidente anunció a las víctimas provenientes de diversas regiones del país que finalmente el Ministerio de la Defensa entregó este martes, a un juez competente, los archivos militares solicitados por sobrevivientes y organizaciones de derechos humanos.

El mandatario se había comprometido el año pasado a hacer efectiva la entrega de los documentos militares Victoria 82, Firmeza 83, Sofía y Operación Ixil, que podrían esclarecer algunas de las 663 masacres que se cometieron en la guerra interna.

Miguel Itzep, representante del Movimiento Nacional de las Victimas, manifestó el malestar de los sobrevivientes por las debilidades que presenta el Programa Nacional de Resarcimiento (PNR), ya que en 4 años de funcionamiento apenas benefició a 13 mil afectados.

Itzep señaló que durante el primer año de gobierno de Colom se logró agilizar los trámites, lo que consideró un signo de buena voluntad, así como la entrega de 5 mil expedientes al Ministerio Público por parte del PNR, a fin de investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas en esa época.

El Día Nacional de las Víctimas se conmemora el 25 de febrero para dignificar la memoria de los 200 mil muertos y 45 mil desaparecidos que dejó el conflicto armado interno, así como el millón y medio de desplazados que dejó la guerra.

El 25 de febrero también se conmemora el 10 aniversario de la entrega del informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), auspiciada por la ONU que documentó las atrocidades cometidas por el ejército y otros grupos contra la población civil, principalmente de origen maya.

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