miércoles, 18 de marzo de 2009

América Latina va, pero los pueblos piden acelerar el paso


Pedro Echeverría (especial para ARGENPRESS.info)

1. El triunfo electoral de Mauricio Funes, del Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) de El Salvador, representa enormes esperanzas para los pueblos de América Latina. El candidato de la derecha y de los EEUU, Rodrigo Ávila, de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), había sido conocido como un destacado partidario de la represión y los asesinatos del pueblo.

Por esos motivos el pueblo salvadoreño espera mucho de Funes y del FMLN que se transformó de guerrilla radical a partido con claras definiciones socialdemócratas para poder ser aceptado por el Estado en el proceso electoral.

2. La socialdemocracia de los viejos Bernstein y Kaustky, que logró una gran fuerza al caer la Primera Internacional por los años 1876 y a la muerte de Marx en 1883, tuvo como características esenciales las luchas por reformas pacíficas y evolutivas en el interior del sistema capitalista usando el parlamento, el sistema electoral burgués y la gestión de cargos dentro del gobierno. En tanto Marx y Engels, junto a los anarquistas liderados por Bakunin, buscaban cambios revolucionarios radicales con la conquista del poder o la autogestión por la clase obrera y el pueblo explotado, los berstenianos luchaban por simples reformas que pudieran “mejorar” al sistema capitalista.

3. Funes, el presidente electo en El Salvador el pasado domingo, no fue guerrillero pero como destacado periodista fue siempre simpatizante del FMLN. Él escogió la vía electoral y parlamentaria para llegar al gobierno y lo ha logrado, por eso quizá no pueda exigírsele más de lo que puede dar. Pero los problemas económicos del pueblo salvadoreño: miseria, desempleo, migración, falta de inversiones, tendrán que obligarlo ha “hacer posible lo imposible”. Por eso las dos tareas básicas ineludibles de Funes tendrán que ser: 1. lograr cambios constitucionales profundos y 2. Estrechar alianzas con Venezuela, Bolivia y Ecuador.

4. Sin embargo en su discurso de triunfo electoral Funes dijo: “Lo repito, mi gobierno estará animado por el espíritu de la unidad nacional que exige dejar de lado ya, en este mismo instante, la confrontación y el revanchismo”; luego planteó: “Gracias al mandato que me ha otorgado el pueblo salvadoreño me convierto, sin lugar a dudas en el presidente electo de todos los salvadoreños”. Por su política exterior dijo “Fortaleceré las relaciones internacionales e implementaré una política exterior independiente, basada en la protección y fomento de los intereses nacionales. La integración centroamericana y el fortalecimiento de las relaciones con Estados Unidos serán aspectos prioritarios en nuestra agenda de política exterior”.

5. Para crear la economía más dinámica de América Latina dijo: “Construiré una economía eficiente y competitiva y promoveré la creación de una amplia base empresarial; por eso “invito a todos los empresarios medianos, grandes y pequeños, a que contribuyan a la construcción de un nuevo país”. Subrayó: “El régimen económico establecido por la Constitución de la República es la propiedad privada, ésta y la seguridad jurídica tendrán el mayor respeto y serán objeto de atención especial. La estabilidad macroeconómica y el ejercicio fiscal responsable serán objetivos que se realizarán con transparencia y fieles a las instituciones democráticas”.

6. La declaraciones anteriores, analizadas estrictamente, hacen pensar que nada importante cambiará en El Salvador; sin embargo todavía hay que esperar algunas semanas para poder adelantar un juicio válido. Obama, por un lado y Chávez/Lula por otro, son importantes fuerzas de atracción política para este país centroamericano con un sin número de broncas, principalmente de pobreza y de miseria de más de la mitad de su población. Seguirá estando en la mesa de análisis y de reflexión la estrategia guerrillera, luego electoral de FMLN, sobre todo en estos años en que el imperialismo norteamericano busca comerse a las socialdemocracias como Chile y Brasil.

7. En la presente década los problemas de Latinoamérica se resumen en el papel que ha venido manteniendo el bloque de América de Sur encabezado por Chávez/Lula frente a los poderosos intereses de los EEUU en la zona. Con excepción del gobierno cubano, que tuvo como origen su revolución armada en 1959, los demás presidentes ahora antimperialistas, han asumido el gobierno a partir de procesos electorales. ¿Quiere decir esto que la vía más aceptada por las izquierdas en los últimos 15 años es la electoral? Lo que sucede es que todavía no termina el ciclo para poder evaluar esta nueva realidad porque el imperio aún no se rinde y las políticas socialdemócratas o populares no terminan de desarrollarse.

8. Los grandes negocios internacionales y yanquis siguen interviniendo en la región (con Obama lo harán con mayor insistencia) ofreciendo inversiones y asociaciones con el fin mediatizar a países y hacer buenos negocios con los gobiernos socialdemócratas de Brasil, Uruguay, Chile, Argentina y Paraguay. Los EEUU no dejan de intervenir en la zona buscando romper la unidad que se va aglutinando alrededor de Chávez/Lula que, por cierto, han buscado diversificar mercados para sus productos encontrando en el chino y el europeo otras alternativas comerciales diferentes al mercado yanqui. Lo cual demuestra que nada es fácil en esta coyuntura en que los mercados y la política de bloques están presentes.

9. Los EEUU continuarán usando a los gobiernos de Calderón (México), Uribe (Colombia), García (Perú) y a los pequeños países de Centroamérica como punta de lanza de sus políticas en América Latina. Son gobiernos de derecha, militaristas y enemigos de los movimientos sociales; pero encajaron muy bien en el gobierno de Bush y buscan congraciarse con el gobierno de Obama. Lo que todavía no puede adelantarse es cómo responderá Obama a esas políticas que parecen haber alejado más a los EEUU de los países sudamericanos. No es porque se hayan despertado esperanzas de los pueblos de América hacia el nuevo gobierno yanqui de Obama; sin embargo hay que esperar el rumbo de su política en América.

10. Obama ha seguido una política muy parecida a la de Bush en Afganistán, Irak y Palestina, pero en América todavía no decide nada sobre la suspensión del bloqueo económico hacia Cuba instalado en 1962 y acerca de su posición frente a Venezuela, Bolivia u otros países que buscan romper la dominación estadounidense en la región. De todas maneras hay que aplaudir y apoyar el triunfo electoral del FMLN, pero de ninguna manera debemos dejar de observar, en primer lugar esa rica experiencia que va de la guerrilla a lo electoral y en segundo lugar lo que sucede con los gobiernos socialdemócratas que caminan de la izquierda a la centroizquierda para luego convertirse en un aparato de poder al servicio del capital. ¡Qué cosas!

Foto: El Salvador - Partidarios de Mauricio Funes, candidato por el FMLN, durante las celebraciones de la victoria en las elecciones presidenciales en El Salvador. / Autor: David de la Paz - XINHUA


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Crisis: Imposible tapar el sol con un dedo


Vicky Pelaez (EL DIARIO NY, especial para ARGENPRESS.info)

El color de la verdad es gris (André Gide, 1869-1951)

En la percepción de los políticos estadounidenses, el color de la vida siempre difiere con la mayoría del pueblo. En plena recesión económica cuando miles de familias pierden sus casas, cuando diariamente 23,000 quedan desempleados, y el hambre les obliga a acudir a los refugios, están surgiendo voces que tratan de ocultar o disminuir esta inmensa verdad, como la del principal asesor económico del gobierno Lawrence H. Summers, quien dijo que “ya estamos viendo modestamente optimistas, signos de éxito del programa de recuperación económica del presidente Obama y el país va a salir de esta crisis, más próspero, más fuerte y más sabio”..

Como de costumbre los medios de comunicación masiva ni se atrevieron a cuestionar este optimismo prematuro. Y si lo hubieran querido hacer no habrían podido hacerlo porque el neoliberalismo globalizado prácticamente anuló el periodismo de investigación en los EE.UU.. Solamente en los últimos 18 meses, de acuerdo a la Sociedad Americana de Periodistas (ASJ), 20,000 hombres de prensa fueron despedidos y en especial los más experimentados en el área de la investigación.

El público norteamericano, a merced de la información superflua y cómoda para los poderosos del planeta, quedó satisfecho con la explicación simplista que dio Summers sobre las causas de la crisis. Dijo que en los últimos años ‘hemos gozado de mucha gula y poco miedo; mucho gasto y poco miedo; mucho crédito y poca preocupación. Ahora tenemos mucho miedo y poca gula”. Parece que Summers insinúa que para salir de la crisis se necesita el retorno a la gula, pero esta vez en forma de un “espíritu emprendedor y búsqueda de nuevas oportunidades”.

Los especialistas dicen que la situación actual es mucho más complicada de la que sufrió Norteamérica durante la Depresión Larga (1873-1896) y durante la Gran Depresión (1929-1940). La crisis actual no es solo financiera, sino abarca a todos los sectores de la economía mundial, afectando no solamente a los países desarrollados sino a las naciones amarradas a los centros del poder por los Tratados de Libre Comercio (TLC). Resulta que el único país inmune a la crisis es Corea del Norte que vive en su propio mundo socialista aparte del globalizado en que se mueve el resto del planeta.

Lo que tratan de acallar también los políticos es que la economía capitalista se mueve, de acuerdo al científico soviético Nicolai Kondratieff (1892-1938) en ciclos económicos de larga duración de una longitud aproximada de 45 a 55 años, alternando períodos de prosperidad y recesión-depresión. Se llaman “Ciclos de Kondratieff”. Este economista definió los ciclos económicos ascendentes y descendentes de 1780 hasta 1936. Posteriormente el economista ruso Andrei Kobyakov proyectó estos ciclos hasta 2045 llegando a la conclusión que a partir del siglo XX la duración de “ondas largas” se redujo en 10 años aproximadamente debido a la aceleración del progreso científico-tecnológico.

Las conclusiones de Kondratieff resumidas en su ensayo: “Las Ondas Largas en la Economía” publicado en 1935, fueron basadas en el análisis de 21 variables que incluían desde índices de precios hasta tipo de interés, niveles de salario, de producción, consumo exportación, importación etc. El primer “largo ciclo” comenzó de acuerdo a Kondratieff en 1780-1790 en dirección ascendente debido a la revolución industrial empezando su descenso en 1810-1817 hasta 1844-1851 cuando comenzó el segundo ciclo con la aparición de máquinas a vapor y ferrocarril. En 1890-1896 inició su ascenso el tercer ciclo con el descubrimiento del petróleo y construcción del automóvil. Duró hasta 1914-1920 empezando a descender hasta 1936-1940 arrancando otra vez su marcha hacia arriba como el cuarto ciclo con el avance de telecomunicaciones y la ciencia espacial. Se agotó en 1966-1971 descendiendo hasta 1980-1985.

En aquel período arrancó el quinto ciclo que nos tocó vivir bautizado como ciclo ascendente de la información e internet llegando a su cúmulo en 2000-2007 y de allí comenzó su descenso en forma trágica debido a la especulación financiera desmesurada que transformó la economía mundial en una pirámide de naipes. Para Kobyakov, esta crisis económica duraría hasta 2015-2020.

Desde esta perspectiva nos tocará vivir lo que el mismo presidente Barack Obama dijo recientemente: “una o dos décadas perdidas” con todas sus consecuencias, dificultades y tragedias. La consigna capitalista “sálvese quien pueda” no funcionará esta vez sin solidaridad humana debido a la magnitud de la crisis.

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El rechazo zapatista a las reformas constitucionales y la construcción de la autonomía


Juan José Carrillo Nieto (especial para ARGENPRESS.info)

I. Introducción

La autonomía de los pueblos indígenas como fenómeno social, político, económico y jurídico es un debate que cobra auge en América Latina a partir de la década de los 90 del siglo XX. El ascenso de esta temática en los análisis de los fenómenos sociales ha sido impulsado por la irrupción del movimiento indígena en la región, en donde la insurgencia indígena ha logrado derrumbar gobiernos (es el caso de Bolivia y Ecuador), evitar privatizaciones de los recursos naturales (de nuevo Bolivia), impedir y/o rechazar proyectos hegemónicos nacionales que le son poco benéficos, en incluso cuestionar las bases jurídicas en las que se fundamenta el Estado- nación (son relevantes los casos de México y Bolivia).

El levantamiento zapatista en México, acompañado de la lucha de otras organizaciones indígenas nacionales ha logrado modificar el máximo ordenamiento jurídico de un país con más de 100 millones de habitantes, de entre los cuales alrededor del 12 por ciento pertenece a algún pueblo o comunidad indígena (1). No obstante, frente a las modificaciones aprobadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las respectivas constituciones estatales, el movimiento indígena nacional ha mostrado su rechazo y en algunos casos ha decidido establecer la autonomía de facto. El presente artículo pretende indagar la constitucionalidad de dichas autonomías a la luz del sistema jurídico vigente a partir de agosto de 2001, tras la publicación de dichas reformas.

II. Cronología

1. A los pocos días de iniciada la ofensiva militar (01 de enero de 1994) y gracias a las presiones de la comunidad nacional e internacional, la Comandancia Zapatista y el Gobierno Federal aceptaron “dialogar” para alcanzar la paz en Chiapas.

2. En marzo de 1995 el Congreso de la Unión aprueba la Ley para el Dialogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, publicada días después por el entonces presidente Ernesto Zedillo. La aprobación y promulgación de dicha ley dieron la pauta para establecer formalmente mesas de diálogo y discusión y poder acordar los términos para el reestablecimiento de la paz en la entidad. De las seis mesas propuestas, sólo pudo llevarse a cabo la mesa uno denominada Derecho y Cultura Indígena. En esta mesa, el Gobierno Federal se comprometió, entre otras cosas, a reconocer a los pueblos indígenas en la Constitución General lo que implicaba “la edificación de un nuevo marco jurídico nacional y en las entidades federativas” (2) que incluyerá:

“a) Legislar sobre la autonomía de las comunidades y pueblos indígenas para incluir el reconocimiento de las comunidades como entidades de derecho público; el derecho de asociarse libremente en municipios con población mayoritariamente indígena; así como el derecho de varios municipios para asociarse a fin de coordinar sus acciones como pueblos indígenas;

b) Legislar para que se "garantice la protección a la integridad de las tierras de los grupos indígenas", tomando en consideración las especificidades de los pueblos indígenas y las comunidades, en el concepto de integridad territorial contenido en el Convenio 169 de la OIT, así como el establecimiento de procedimientos y mecanismos para la regularización de las formas de la propiedad indígena y de fomento a la cohesión cultural;

c) En materia de recursos naturales, reglamentar un orden de preferencia que privilegie a las comunidades indígenas en el otorgamiento de concesiones para obtener los beneficios de la explotación y aprovechamiento de los recursos naturales;

d) Legislar sobre los derechos de los indígenas, hombres y mujeres, a tener representantes en las instancias legislativas, particularmente en el Congreso de la Unión y en los congresos locales; incorporando nuevos criterios para la delimitación de los distritos electorales que correspondan a las comunidades y pueblos indígenas y permitan la celebración de elecciones conforme a la legislación de la materia;

e) Legislar sobre los derechos de los pueblos indígenas a elegir a sus autoridades y ejercer la autoridad de acuerdo a sus propias normas en el interior de sus ámbitos de autonomía, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de equidad;

f) En el contenido de la legislación, tomar en consideración la pluriculturalidad de la Nación Mexicana que refleje el diálogo intercultural, con normas comunes para todos los mexicanos y respeto a los sistemas normativos internos de los pueblos indígenas;

g) En la Carta Magna, asegurar la obligación de no discriminar por origen racial o étnico, lengua, sexo, creencia o condición social, posibilitando con ello la tipificación de la discriminación como delito.

Deberá también asegurarse el derecho de los pueblos indígenas a la protección de sus sitios sagrados y centros ceremoniales, y al uso de plantas y animales considerados sagrados de uso estrictamente ritual;

h) Legislar para que no se ejerza ninguna forma de coacción en contra de las garantías individuales y los derechos y libertades específicas de los pueblos indígenas;

Legislar sobre los i derechos de los pueblos indígenas al libre ejercicio y desarrollo de sus culturas y su acceso a los medios de comunicación” (3)

A los compromisos establecidos en esta mesa se le conocen como Acuerdos de San Andrés, los cuales incluyen modificaciones a la estructura legal nacional. La parte específica de los Acuerdos de San Andrés que señala las modificaciones legales que deben realizarse, es conocida como Ley COCOPA. El nuevo marco jurídico que se comprometieron establecer, debía incluir la reforma a los artículos 4, 18, 26, 53, 73, 115 y 116 constitucionales. Para efectos de éste análisis es importante destacar que en el documento Ley COCOPA se define el concepto de territorio como:

“Todo pueblo indígena se asienta en un territorio que cubre la totalidad del hábitat que los pueblos indígenas ocupan o utilizan de alguna manera. El territorio es la base material de su reproducción como pueblo y expresa la unidad indisoluble hombre-tierra- naturaleza” (4)

Las temáticas centrales de los Acuerdos de San Andrés son la “autonomía indígena” y la “libre determinación de los pueblos”. Cabe señalar que la “autonomía indígena” como categoría jurídica no era señalada en ningún apartado de la Constitución Política vigente hasta ese momento, y que la “libre autodeterminación de los pueblos” únicamente se encontraba señalada como facultad y obligación del Presidente de la República en la conducción de la política exterior nacional. (5)

3. El dialogo entre el Gobierno Federal y el EZLN se interrumpió indefinidamente a fines de 1996 ante la renuencia del Gobierno Federal de cumplir con los Acuerdos de San Andrés y el impulso de grupos paramilitares y acciones de contrainsurgecia promovidos por los gobiernos federal y local. (6)

4. En 1998 el Gobierno Federal presentó una nueva propuesta que no fue aceptada por los rebeldes, principalmente porque no garantizaba el cumplimiento de las demandas zapatistas, pero también porque el clima hostil no proporcionaba ningún tipo de garantía ni condiciones para garantizar seguridad durante el desarrollo de las negociaciones. De esta manera, el sexenio de Ernesto Zedillo terminó con una escalada violenta en las zonas de influencia zapatista y sin las condiciones mínimas requeridas para reiniciar el diálogo.

5. Al tomar protesta como presidente del país, Vicente Fox Quesada, en uno de sus primeros actos de gobierno designa a Luis H. Álvarez como Comisionado para el diálogo en Chiapas, y días después envía para su aprobación la Ley COCOPA al Congreso de la Unión, en calidad de iniciativa presidencial. El EZLN saluda la designación y para reiniciar el diálogo pide lo que llamó Tres señales mínimas de buena volutad, que son:

i. El cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés y la transformación en ley de la iniciativa de la COCOPA.

ii. La liberación de todos los zapatistas presos en las cárceles de Chiapas y en otros estados, y

iii. El retiro de siete puestos del ejercito federal “de los 259 que instaló en Chiapas después del 01 de enero de 1994”

6. En febrero de 2001 partió de las comunidades zapatistas una caravana de líderes indígenas (denominada Marcha del color de la Tierra), con la que los integrantes del EZLN recorrieron parte importante del territorio nacional, llegando en marzo a utilizar la tribuna del Congreso de la Unión.

7. El 25 de abril de 2001, el Senado de la República modificó la iniciativa enviada, y por unanimidad aprueba la reforma constitucional en materia indígena, modificando los artículos 2º y 115 constitucionales y la envía a la Cámara de Diputados, la cual en su calidad de cámara revisora (7) aprueba la minuta enviada por el Senado. (8)

8. El 30 de abril de 2001 el EZLN desconoce la reforma constitucional aprobada por el Congreso de la Unión porque “no responde en absoluto a las demandas de los pueblos indios de México, del Congreso Nacional Indígena, del EZLN”, porque “traiciona los Acuerdos de San Andrés en lo general y, en lo particular, la llamada “iniciativa de Ley de la COCOPA en los puntos sustanciales: autonomía y libre determinación, los pueblos indios como sujetos de derecho público, tierras y territorios, uso y disfrute de los recursos naturales, elección de autoridades municipales y derecho de asociación regional, entre otros, y porque impide “el ejercicio de los derechos indígenas”. (9)

9. Para realizar adiciones o reformas constitucionales, la propia Constitución Política señala que después de aprobadas por el Congreso de la Unión, deben ser aprobadas por “la mayoría de las legislaturas de los Estados” (10). Lo que significaba el inicio del proceso legislativo de las cámaras de diputados estatales. El 24 de mayo del mismo año, el Congreso de Veracruz se convierte en la primera legislatura en aprobar el dictamen de reforma constitucional y en las próximas semanas diversas legislaturas continuarán el procedimiento, siendo el Congreso de Michoacán el que cumplimenta el requisito constitucional el día 12 de julio. (11)

10. El 18 de julio de 2001 la Comisión Permanente del Congreso de la Unión declara consumada la reforma. De acuerdo a lo señalado por la abogada Magda Gómez, la aprobación se realiza con diversas irregularidades realizadas por el Congreso de la Unión y los congresos estatales, violándose los artículos 133, 16, 4, 14, 115, 128 y 135 Constitucionales. (12)

11. El 14 de agosto de 2001, el presidente Fox promulga y publica en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional, ello lo hace sin considerar las reacciones de organizaciones civiles, de derechos humanos, y del EZLN, desaprovechando la posibilidad de utilizar el llamado derecho a veto establecido en el artículo 72 constitucional. (13)

12. De acuerdo a los señalado por el Centro de Derechos Humanos Míguel Agustín Pro Juárez, como reacción a la llamada contrarreforma indígena se presentaron tres tipos de recursos: 272 controversias constitucionales (interpuestas por municipios de Chiapas, Veracruz, Guerrero, Puebla, Morelos y Oaxaca), 2 acciones de incosntitucionalidad (interpuestas por los Congresos de Tabasco y Tlaxcala) y 14 amparos interpuestas por comunidades indígenas (del Distrito Federal, Estado de México, Chihuahua, Jalisco y Chiapas). Este procedimiento duró alrededor de un año, y el 7 de septiembre de 2002 la Suprema Corte de Justicia de la Nación se declaró incompetente para conocer de las materias impugnadas.

13. Como respuesta, durante el mes de julio del año 2003 el EZLN convoca a sus simpatizantes a reunirse durante el mes de agosto del mismo año para que conozcan de la creación las Juntas de Buen Gobierno, lo que implica ejercer la autonomía de facto. A partir de esa fecha el EZLN rinde informes anualmente sobre sus ejercicios de gobierno.

14. Sorprendido ante el anuncio de la creación de las Juntas de Buen Gobierno, el Gobierno Federal consideró “positiva” esta nueva forma de organización. Cabe señalar que la decisión del EZLN de constituirse en gobierno autónomo se debe a las respuestas obtenidas en los tres poderes de gobierno federal, en los poderes estatales así como en los municipales, en donde la mayoría de las respuestas fueron negativas.

III. Implicaciones jurídicas de la contrarreforma.

Como ya se ha señalado, el EZLN desconoció las reformas constitucionales en virtud de que la iniciativa de ley fue modificada por el Senado. Ante ello es necesario conocer qué tan sustanciosas o superficiales son las modificaciones hechas a la llamada Ley COCOPA. Con base en el comunicado del Comité Clandestino Revolucionario Indígena- Comandancia General del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional del 29 de abril de 2001, pueden observarse las siguientes modificaciones relevantes:

1. El sujeto: ¿Entidades de derecho público o entidades de interés público?

La reforma constitucional aprobada conceptualiza a las comunidades y pueblos indígenas como “entidades de interés público”, frente a la propuesta COCOPA que las cataloga como “entidades de derecho público”. Si bien a primera vista parece una modificación de poca importancia, en términos jurídicos las diferencia es muy amplia: ser una “entidad de interés público” implica una tutela e incluso un financiamiento, lo que estructura una relación jurídica horizontal en dirección descendiente(14), en cambio, ser “entidad de derecho público” implica el reconocimiento de las comunidades y pueblos indígenas como titulares de derechos políticos.

2. EL ámbito de validez y el derecho de terceros: territorio y especulación.

La propuesta de la Ley COCOPA plantea el acceso colectivo al uso y disfrute de los recursos naturales de tierras y territorios. La propuesta aprobada señala:

“Acceder con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades” (15)

Como puede observarse, en el texto aprobado desaparece la palabra territorio, la cual ya se había definido en los Acuerdos de San Andrés. De la misma manera, en el párrafo aprobado hay líneas que contienen modificaciones de mayor sustancialidad como lo es la limitante del “respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra… así como a los derechos adquiridos por terceros… al uso y disfrute preferente de los recursos naturales…” (16) Las líneas citadas implican, en primer lugar, el respeto a la propiedad privada de los medios de producción, pero también implican el trato de la tierra como mercancía, sobre todo si se analiza a la luz de la llamada contrarreforma agraria de 1992, y no como parte de la misma comunidad, lo que lleva al sometimiento de la tierra a la especulación comercial. En el miso sentido se establece constitucionalmente el derecho de terceros al uso y disfrute de los recursos naturales, lo que implica la posibilidad de una explotación comercial indiscriminada por parte de quienes cuenten con los recursos económicos para realizarla, lo que en estos tiempos significa la explotación comercial de las empresas trasnacionales.

3. La libre asociación

La ley COCOPA establecía en su propuesta de modificación del artículo 115 constitucional el derecho de los pueblos y comunidades indígenas para asociarse libremente para coordinar sus acciones. En la reforma aprobada se limita ese derecho de asociación “para los efectos que prevenga esta ley”, la cual es de contenido nacional y no regional, lo que cancela la posibilidad de asociarse para resolver problemáticas concretas y para cuestiones no legisladas.

4. El ejercicio político

La Ley COCOPA señala el deber de tomar en cuenta la ubicación de los pueblos indígenas para establecer la demarcación territorial de distritos uninominales y circunscripciones plurinominales en Chiapas, lo que implicaba una reorganización territorial que hace efectivo el ejercicio de los derechos políticos de las comunidades y pueblos indígenas. La reforma aprobada elimina la idea de la reorganización de las circunscripciones plurinominales y limita la reorganización de los distritos uninominales al insertarle previamente un “cuando sea posible”. En términos reales, la reforma indica que la imposibilidad puede ser ocasionada por “n” factores: políticos, económicos, sociales, culturales, burocráticos, e incluso por razones de estado, evitándose así el ejercicio de los derechos políticos de los comunidades y pueblos indígenas.

También fueron eliminadas las propuestas que señalaban que el Gobierno Federal debía asumir el compromiso de crear un nuevo pacto federal “que modifique de raíz las relaciones sociales, políticas, económicas y culturales con los pueblos indígenas” Dicho pacto debería erradicar “las formas cotidianas y de vida pública que generan y reproducen la subordinación, desigualdad y discriminación…y privilegiar a las comunidades indígenas … la explotación y aprovechamiento de los recursos naturales”. (17)

IV. Legislación y relaciones económicas

La reforma constitucional aprobada acepta nominalmente la autonomía indígena y la libre determinación de sus pueblos, pero al mismo tiempo les restringe el ámbito espacial en donde puede ejercerse dicha autonomía, limita la libre determinación y el uso y disfrute de los recursos naturales, intenta impedir la libre asociación de los pueblos y comunidades y de la misma forma pretende obstruir el ejercicio de los derechos políticos de los pueblos y comunidades indígenas al atomizarlos como individuos. Por lo tanto, si se analizan conjuntamente el artículo 2º constitucional, la reforma aplicada al artículo 115, la contrarreforma del artículo 27 constitucional de 1992 y el derecho a la libre asociación señalado en el artículo 9º, se generan tal contradicción jurídica que se anula la posibilidad de una verdadera autonomía y libre determinación reconocida constitucionalmente, quedando sin efectos el párrafo introductoria del apartado “A” del artículo 2º que señala:

Artículo 2… A. “Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía”

A través de dicho análisis puede observarse con mayor claridad que la legislación constitucional y las reformas aprobadas en el 2001 permiten que terceros (nacionales o extranjeros, personas físicas o morales) que cuenten con los recursos necesarios para explotar los recursos naturales de tierras y territorios (léase empresas trasnacionales) tengan convalidado constitucionalmente su derecho a explotarlos irracionalmente y especular con ellos.

Finalmente, es importante señalar las implicaciones que tendría la aprobación de la llamada Ley COCOPA. En palabras del jurista Jorge Fuentes Morua, la propuesta contiene aspectos de carácter estructural que “cuestionan las características de la organización de la producción capitalista” (18), por lo que el cumplimiento de estos acuerdos “modificaría las relaciones jurídicas, creando las condiciones para una distribución menos inequitativa, al dotar a los pueblos indígenas de espacios jurídicos capaces de crear nuevos titulares, facultados de nuevos derechos, para defender la autogestión de sus recursos y la autogestión administrativa de sus municipios y de sus territorios”. (19)

IV. Conclusión: Las Juntas de Buen Gobierno y su constitucionalidad

Como respuesta al desconocimiento de las necesidades que en materia constitucional requerían las comunidades y pueblos indígenas por parte de los tres poderes de la federación y tras la consulta de sus bases, las comunidades y pueblos zapatistas decidieron ejercer la autonomía de facto. Dichas juntas, anualmente rinden informes de gobierno, realizan actividades sociales y administrativas y rotan a los integrantes de gobierno. Ante dichas acciones, es necesario cuestionar la constitucionalidad de tales actividades para comprender los alcances de la respuesta de las comunidades indígenas a la reforma aprobada, sobre todo ante las tendencias a rechazar todo lo estatal, para lo cual deben ser considerados los siguientes puntos:

1. Una máxima del derecho privado señala que todo lo que no está prohibido está permitido, por lo que la organización de personas para fines lícitos y colectivos no está prohibida, salvo que se tratase de la ejecución de algún tipo de delito, en este caso, específicamente contra la seguridad nacional, es decir, que su acción cuadrase en la tipología correspondiente a los de traición a la patria, espionaje, sedición, motín, rebelión, terrorismo, sabotaje y conspiración. Tras un análisis jurídico de estos tipos penales en el Código Penal Federal se observa que no se concreta ninguno de ellos en la creación y funcionamiento de las Juntas de Buen Gobierno.

2. Las Juntas de Buen Gobierno son un acto de soberanía popular y como tal, más que un derecho se trata de un acto de ejercicio de poder popular realizado en beneficio de las comunidades y pueblos indìgenas que han decidido organizarse de esta manera. En este sentido, también implica el ejercicio del “inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”, derecho garantizado en el artículo 39 constitucional. (20)

3. Si bien el ejercicio de la autonomía se encuentra altamente maniatado en la legislación aprobada, ésta se encuentra nominada en la Constitución Política y la creación de las Juntas de Bueno Gobierno implican una correspondencia legal con los párrafos aprobados.

4. La reforma constitucional aprobada es tan ambigua y contradictoria con otros imperativos también constitucionales que permite que se den autonomías de hecho a pesar del poco entendimiento que puede existir entre las finalidades de ambas autonomías.

Considerando los puntos anteriores puede observarse que la reforma constitucional aprobada no responde a las demandas de quienes impulsaron dicha reforma y que al mismo tiempo la creación de las Juntas de Buen Gobierno no implica ruptura alguna con el orden constitucional mexicano, que dicho sea de paso, protege la propiedad privada de los medios de producción y contienen al mismo tiempo, suficientes ambigüedades para permitir un cuestionamiento real a las relaciones económicas del modo de producción sin algún rompimiento del orden jurídico constitucional.

Juan José Carrillo Nieto es estudiante del posgrado en Estudios Latinoamericanos, Universidad Nacional Autónoma de México, docente de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco.

Notas:
1) De acuerdo a cifras de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, México posee una población de alrededor de 12 millones de indígenas con alrededor de 60 idiomas distintos al español.
2) Mesa 1, punto V. reformas constitucionales y legales, Acuerdos de San Andrés.
3) Mesa 1, Punto V, reformas constitucionales, Acuerdos de San Andrés, las cursivas son mías.
4) Mesa 1, Punto V, reformas constitucionales, Acuerdos de San Andrés, pág. 18, las cursivas son mías.
5) El artículo 89 fracción X de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que es obligación del presidente: “Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos;…”
6) La matanza de Acteal, auspiciada por caciques locales y paramilitares el 22 de diciembre de 1997 es un momento crítico en el desenvolvimiento del conflicto.
7) De acuerdo a lo señalado por el artículo 72 Constitucional, el cual señala la forma en que debe llevarse un procedimiento legislativo.
8) En este caso el Senado jugo el papel de Cámara de origen.
9) Comunicado del Comité Clandestino revolucionario Indígena- Comandancia General del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, 29 de abril de 2001
10) El artículo 135 constitucional señala: La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerde las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el computo de los votos de las Legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas”.
11) Los Congresos que votaron a favor de la reforma son: Aguascalientes, Campeche, Colima, Guanajuato, Puebla, Querétaro, Veracruz, Tlaxcala, Coahuila, Durango, Jalisco, Quintana Roo, Sonora, Baja California, Chihuahua, Nayarit, Nuevo León, Tabasco y Michoacán.
12) Para mayor detalle consúltese: Gómez Magda, Los recursos jurídicos presentados en contra de la Reforma Constitucional en Materia Indígena, en: http://www.centroprodh.org.mx/especiales/cronologia_indigena/Recursos%20legales%20presentados%20en%20contra%20de%20la%20reforma%20_13.pdf (fecha de consulta: 06 de abril de 2006).
13) El llamado veto presidencial se encuentra señalado en el apartado B del artículo 72 constitucional, el cual señala que: “Se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo, todo proyecto no devuelto con observaciones a la Cámara de su origen, dentro de diez días útiles; a no ser que, corriendo este término hubiere el Congreso cerrado o suspendido sus acciones, en cuyo caso la devolución deberá hacerse el primer día útil en que el Congreso esté reunido.
14) De esta forma se encuentran definidos los partidos políticos en la Constitución Política: “Art. 41. I. Los partidos políticos son entidades de interés público…”, las cursivas son mías.
15) Mesa 1, Punto V, reformas constitucionales, Acuerdos de San Andrés.
16) Artículo Segundo, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente desde agosto de 2001
17) Mesa 1, Punto V, reformas constitucionales, Acuerdos de San Andrés.
18) Fuentes Morúa Jorge, Acuerdos de San Andrés, en, en Fuentes, Michel y Arroyo (coordinadores) “Chia-paz 7 años: recuento, balance y perspectivas: Memoria del quinto coloquio Reforma del Estado”, Pág. 187
19) Ibíd., pág. 190
20) El artículo 39 constitucional señala que: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar su forma de gobierno” las cursivas son mías.

Bibliografía:
• Carbonell Miguel, Derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Legislación básica, Editorial Porrúa, México, 2004.
• Ceceña Ana Esther, El reconocimiento de derechos y cultura indígenas y la incompetencia del sistema político mexicano, en “Bajo el Volcán. Revista del Posgrado de Sociología” Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, año 2, número 5, Segundo semestre de 2002.
• Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juarez A.C. y SERAPAZ, Cuadro comparativo entre los derechos del Convenio 169 de la OIT, la iniciativa COCOPA, los Acuerdos de San Andrés y el dictamen de reforma constitucional aprobado por el Senado de la república el 25 de abril de 2001 en http://www.centroprodh.org.mx
• Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juarez A.C. y SERAPAZ, Los pueblos indígenas ante la Suprema Corte, EN http://www.centroprodh.org.mx
• Comité Clandestino Revolucionario Indígena- Comandancia General del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, Comunicado del 29 de abril de 2001. Documento disponible en línea: http://ezlnaldf.org/comunica/01043002.htm (fecha de consulta: 25 de marzo de 2006).
• Fuentes Morua Jorge, Acuerdos de San Andrés, en Morua, Michel y Arroyo (coordinadores) “Chia-paz 7 años: recuento, balance y perspectivas: Memoria del quinto coloquio Reforma del Estado”, Universidad Autonoma Metropolitana, México, 2000.
• Gobierno Federal- EZLN, Acuerdos de San Andrés, México, 1996. Disponibles en línea: http://www.ezln.org/san_andres/acuerdos.htm (fecha de consulta: 25 de marzo de 2006).
• Gómez Magda, Los recursos jurídicos presentados en contra de la Reforma Constitucional en materia indígena, en http://www.centroprodh.org.mx.
• Gómez Magdalena, La autonomía en la antesala: la paz inconclusa (el caso mexicano 1995- 2003), en Escárzaga y Gutiérrez (coordinadoras) “Movimiento indígena en América Latina resistencia y proyecto alternativo”, Casa Juan Pablos- Gobierno del Distrito Federal- BUAP- UNAM- UACM, México, 2005.
• México, Constitución Política de los Estados Unidos de 1917, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 05 de febrero de 1917 (última reforma 8 de noviembre de 2005).
• Rodríguez Lascano Sergio, La propuesta de Ley indígena aprobada por el Senado: Un paso adelante, dos pasos atrás, en Diario La Jornada, 27 de abril de 2001, sección opinión.


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Entrevista con Javier Giraldo, sacerdote perseguido y estigmatizado: “El gobierno de uribe dio estatus político al narcotráfico y al paramilitarismo”


Fernando Arellano Ortiz (CRONICON, especial para ARGENPRESS.info)

Su voz de denuncia y sus acciones categóricas en defensa de los derechos humanos y de los sectores marginados de la población le han valido la persecución de los sectores de derecha en Colombia. Sus afirmaciones son contundentes.

En esta entrevista, es enfático en señalar que el gobierno de Álvaro Uribe Vélez ha sido condescendiente con el narcoparamilitarismo, hasta el punto que le dio “estatus político”, habida cuenta que la gran mayoría de los congresistas que hacen parte de su bancada parlamentaria se encuentran en la cárcel o son procesados judicialmente por el fenómeno que se conoce como la “parapolítica”.

Las represalias por atreverse a opinar abiertamente no se han hecho esperar. Los sectores militaristas y el propio gobierno de Uribe han desplegado una serie de acciones políticas y de persecución judicial en contra del sacerdote jesuita y sociólogo Javier Giraldo Moreno SJ. En la actualidad cursan en su contra tres procesos judiciales que buscan, por una parte, vincularlo con grupos armados al margen de la ley, y por otra, silenciar sus denuncias acusándolo de cometer injuria, calumnia y falsa denuncia, y de esta manera, estigmatizarlo ante la opinión pública nacional e internacional.

En uno de los procesos judiciales se ha ordenado vincular a este sacerdote a la investigación penal mediante indagatoria por parte de la Fiscalía 216 seccional. Giraldo Moreno es vicepresidente de la Liga Internacional por los Derechos y la Liberación de los Pueblos, una organización con estatuto consultivo ante Naciones Unidas; además, es coordinador del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep).

Con una trayectoria como activista de derechos humanos de más de 30 años, acompaña varias comunidades víctimas del terrorismo de Estado y es reconocido a nivel nacional e internacional por sus denuncias, reflexiones e inquietudes.

Inquietante denuncia

Es inquietante y a la vez sorprendente que el proceso penal que se ha iniciado en su contra se sustente en una denuncia presentada por el teniente coronel del Ejército Néstor Iván Duque, oficial que ejercía el mando operacional de las tropas que ejecutaron el 21 de febrero de 2005, la masacre en contra de ocho personas de la Comunidad de Paz de en la población San José de Apartado, en el departamento de Antioquia.

Duque en múltiples oportunidades ha sido señalado por el padre Giraldo como uno de los responsables de ese atroz delito. Por eso es que las organizaciones de derechos humanos han señalado que es más que preocupante que la Fiscalía otorgue credibilidad al citado oficial, quien solicito permiso de los paramilitares, según relato de Hebert Veloza, alias “H.H.”, uno de los líderes de las autodefensas, para asesinar a uno de los testigos de la masacre.

La denuncia del teniente coronel se presentó coincidentemente, 40 días después de ejecutado este crimen en contra de la comunidad.

Masacre planificada

El padre Giraldo en diálogo con este Observatorio Latinoamericano, señala en forma enfática que esta fue una masacre del Ejército perpetrada conjuntamente con paramilitares que estaban comandados por alias don Berna. Además, agrega, “fue planificada y obedecía a la Operación Táctica Feroz, dentro de un operativo más amplio que se denominaba Fénix, comandado por el coronel Néstor Iván Duque, acusado por torturas contra miembros de la comunidad”.

“Dentro de esa masacre se descuartizó a un niño de 18 meses, y a sus dos hermanitos: de de cinco y diez años de edad”, denuncia Giraldo, pero lo más grave es que “la línea de investigación estaba trazada por el Ejército” para tapar los móviles de tamaño delito y acusar de su autoría a la guerrilla de las Farc.

“Gracias a la Procuraduría y la presión internacional se logró esclarecer el caso. Esa presión llevó a la Fiscalía a actuar como debía actuar porque durante dos años no quiso hacerlo”, afirma el sacerdote jesuita.

Institucionalización del paramilitarismo

- ¿El paramilitarismo se ha acabado en Colombia como afirma el gobierno del presidente Álvaro Uribe?

- De ninguna manera. El paramilitarismo hay que analizarlo a lo largo de toda su trayectoria que tiene diversas fases y etapas, para resumir considero que la etapa en que nos encontramos ahora es la de su legalización e institucionalización porque todas las desmovilizaciones que ha habido de paramilitares son ficticias. Los paramilitares han regresado a su accionar, no han sido tocados por la justicia. La Ley de Justicia y Paz aún no da frutos y se ha quedado muy corta frente a las confesiones que muchos de ellos han hecho, pero lo peor es que la gente que fue indultada por la Ley 782, alrededor de 20 mil que nunca utilizaron su propio nombre porque ese era una de las condiciones, acudieron a nombres ficticios, por lo tanto nunca van a ser investigados por la justicia.

- Usted ha manifestado que en el gobierno de Uribe se le ha dado estatus político al narcotráfico. ¿En qué sustenta esta afirmación?

- Es muy conocido el hecho de que la inmensa mayoría de los líderes paramilitares que se acogieron a la Ley de Justicia y Paz están ligados con el narcotráfico. El mismo Carlos Castaño dice que esa fue su principal contradicción con el resto de los jefes paramilitares y por eso seguramente lo mataron. Es que la mayoría de los comandantes eran capos del narcotráfico y muchos de ellos compraron las comandancias por miles de millones de dólares para poder aprovechar los beneficios de la Ley de Justicia y Paz. Además, una de las fuentes de su financiación más importantes fue el narcotráfico y todos sabemos que Castaño y varios de sus compañeros lucharon mucho porque se le diera estatus político al paramilitarismo y Uribe se lo concedió, por eso yo afirmo eso.

- También ha señalado usted que Colombia vive un “proceso de neofascismo” ¿A qué atribuye ese fenómeno?

- El modelo que estamos viviendo actualmente en el de un excesivo gasto militar que ha permitido que el pie de fuerza se haya multiplicado como lo demuestran algunos estudios como el del rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, José Fernando Isaza. Más del 80% de los puestos públicos es para fuerza armada y si a eso le sumamos la fuerza del paramilitarismo y una fuerza que ha creado el gobierno del presidente Uribe que es un paramilitarismo ‘más decente’, por llamarlo de alguna manera, como las redes de informantes y de cooperantes, y el nuevo estatuto para las compañías de seguridad privada que agrupan centenares de miles de personas, podemos decir que todo este componente hoy día controla a la población civil en Colombia. Al mismo tiempo no se permite el accionar de los movimientos sociales sino que sutilmente se los está deslegitimando, estigmatizando y exterminando ya sea por la vía del asesinato o por otras vías. Yo he seguido muy de cerca la historia de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó a la que le han asesinado cerca de 200 líderes y ahora el Estado quiere destruirla por otras vías: por la vía jurídica o la económica, sobornando a cantidad de campesinos con el propósito de que se salgan de la Comunidad para lo cual el Gobierno les da millones de pesos para que reactiven sus fincas; en fin, son muchas las maneras que tiene para el control de la población civil.

- ¿Y a qué atribuye el alto nivel de popularidad de Álvaro Uribe?

- El Presidente ha sabido manejar bien al hombre-masa, las masas y la sicología de las masas. Pero, además, ha tenido una buena relación con poderes mundiales, como por ejemplo haber logrado una importante interlocución con el anterior gobierno norteamericano; y uno de los factores más importante de su popularidad es el manejo que ha tenido de los medios masivos de comunicación. Realmente el problema tanto de la información como de la comunicación se ha vuelto neurálgico para una democracia y en el caso colombiano existe una democratización mínima de los medios, los cuales son muy controlados.

- ¿Usted se siente estigmatizado por la labor de defensa de los derechos humanos que realiza en Colombia?

- He sido tan estigmatizado que en más de una oportunidad me he visto obligado a salir del país.

Foto: Colombia - Sacerdote Javier Giraldo SJ. / Autor: Jesús Abad Colorado - IPS


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FCC (Famosos Contra el Crimen)

Oscar Taffetani (APE)

“Me crucifican y yo debo ser la cruz y los clavos”, escribe Borges en uno de sus últimos poemas. Tal vez hay allí un eco de su admirado Sandburg, que en la dura Chicago de los ’20 se detuvo a mirar el rostro -bifronte- del pueblo. “Dos Cristos hubo en el Gólgota, -escribió el norteamericano- / uno bebió el vinagre, el otro lo miraba / Uno estaba en la cruz, el otro en la muchedumbre”. (Caray con los poetas, siempre poniendo el dedo en la llaga).

En el Coliseo romano, hoy convertido en atracción turística de la Eterna, se sacrificaba a esclavos-jinetes y esclavos-gladiadores sólo para divertir a la plebe (pan y circo era la probada fórmula de los tiranos). También, en las últimas épocas, se llegó a echar a prisioneros cristianos a los leones, para entretener (y al mismo tiempo atemorizar) al soberano.

¿Qué queda del circo romano? Sin exagerar, creemos que queda lo esencial, es decir, la posibilidad de usar a la gente como “cruz” y como “clavos” de su propia crucifixión. La posibilidad de organizar la diversión (entertainments, en la jerga de Hollywood) como una forma de alienar al pueblo y evitar que saque (peligrosas) conclusiones sobre su vida o su circunstancia.

En el plano formal, la pista circular del Coliseo (circus) ha sido reemplazada por la pantalla de la TV. Sin embargo, las víctimas y verdugos empleados en el sacrificio, tanto como el público que aplaude, vocifera o llora, siguen siendo, más o menos, los mismos.

La política de Tinelli

Hace unos días, cuando decidió sumarse al coro de famosos y famosas que impulsan la instauración de la pena de muerte en el país y el incremento de las penas y castigos a los delincuentes como medio para acabar con la inseguridad, el productor y animador televisivo Marcelo Tinelli (Bolívar, 1960), expresó que no se siente en absoluto responsable de lo que pasa. "Nosotros -dijo- no tenemos que encargarnos de esto (...) damos trabajo a la gente, entretenemos. ¿Por qué tenemos que estar controlando la cuadra, la casa, el barrio? Pagamos los impuestos para que alguien vele por nosotros". A nuestro entender, Tinelli es una de las figuras del Coliseo moderno, en versión argentina. Y como tal, es responsable o co-responsable de lo que pasa.

Cuando llegó, en los ’90, a ser productor y dueño de sus espacios televisivos, Marcelo Tinelli usó y abusó del blooper y de la cámara oculta, ridiculizando o poniendo en aprietos a gente común, para solaz y esparcimiento de otra gente común. ¿No era ésa una forma circense, nos preguntamos, de hacer política?

Una década después, en un programa que batió récords de audiencia (Bailando por un Sueño), llegó a poner en cueros, haciendo el baile del caño, a la piquetera Nina Peloso, quien aceptó el reto con inocencia proletaria. ¿No fue ésa otra forma humillante, lamentable, de hacer política?

En sociedad con Daniel Hadad (empresario periodístico también lanzado de lleno a la campaña por la pena de muerte) y un ex juez federal, Tinelli recibió a mediados de los ’90, de manos del jefe de gobierno porteño Fernando de la Rúa, la mejor frecuencia de onda radial del país, que pertenecía a Radio Municipal. A partir de ese momento, la emisora pública porteña cayó en alcance y en audiencia, y la flamante “Radio 10” comenzó a crecer.

Pero aquel regalo que le había hecho De la Rúa (coronando una privatización comenzada por Menem) no alcanzó para que Tinelli lo respetara pocos años después, cuando decidió hacerlo blanco de chistes y parodias, ignorando su investidura presidencial y minando su credibilidad ante la opinión pública. ¿No fue ésa otra forma -esta vez secreta- de hacer política?

Con Carlos Menem (a quien llegó a entrevistar en exclusiva, para todo el país, horas antes de las elecciones de 1995); con Eduardo Duhalde (de quien obtuvo una condonación y pesificación de deudas de su productora, en 2002) y hasta con los Kirchner (a quienes entrevistó en 2003 para que el Tesoro Nacional, mediante los nefastos ATN, financiara la construcción de un polideportivo en Bolívar), Tinelli mostró que hace política todo el tiempo, aunque utilice para ello la inofensiva máscara del “entretenimiento”.

Una cuenta sencilla

Año 1995. Los niños suicidas, los niños asesinos, los terribles y desatados hijos del paco, ésos que hoy “te matan por el pancho y la Coca” (Tinelli dixit) estaban naciendo, abriendo sus ojos a la luz, en algún rancho, algún tugurio, alguna grieta de la patria, mientras Marcelo Tinelli festejaba y mimaba en su programa Videomatch a Carlos Menem, mascarón de proa de un proceso privatizador que arrasaba con lo poco que había quedado del Estado de Bienestar argentino.

Sí, es una cuenta sencilla, sin posible error: esos menores que hoy “te matan por el pancho y la Coca” son hijos directos, trasparentes, puros, del país de Videomatch, de ese circo a canal abierto en donde unos mueren y otros ríen (y a veces mueren y ríen por turno).

¿Son inocentes, entonces, los tinellis y las susanas, los divos y divas del Entertainment, de la masacre social (y educativa y cultural) que se consumó en los últimos quince años? ¿Es menor de edad la masacre? ¿Podremos penalizarla algún día?

La totalidad de los Pibes, de los niños argentinos hijos de la pobreza, son producto de ese genocidio consumado a plena luz del día, enmascarado de mil maneras por los artistas del circo mediático.

De ellos, sólo unos pocos, arrojados al paco, al robo y al torbellino de violencia, son los que tienen espacio en los noticieros televisivos. Unos pocos, entre millones, merecen el miedo, el dolor o el comentario irritado de los famosos. Del resto, de la gran mayoría, de los que mueren en silencio y los que salen a robar el pan (porque nadie les ha explicado que tienen derecho al pan), los tinellis y susanas de esta triste época argentina ni se acuerdan. Tan sólo los registran cuando llaman por teléfono a un 0600; o cuando apuestan; o cuando aplauden.

La abogada Ruth Morris (1933-2001), hija de cuáqueros canadienses que llegó a ser Directora de Educación de Rittenhouse, supo trasmitir en sus obras prácticas y en sus libros un pensamiento utópico y radicalmente diferente sobre el sistema penal y carcelario. Dejemos que sea ella quien cierre esta nota, con palabras luminosas:

“Algún día construirán una cárcel y no habrá nadie en ella. No habrá nadie porque ustedes y yo habremos abierto nuestros corazones, nuestros hogares y nuestras comunidades, y habremos encontrado formas de tomar en cuenta a todos aquellos a quienes ahora consideramos personas muy problemáticas. De esto se trata cuando hablamos del sueño de abolir la cárcel”.

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La “moda” de la pena de muerte, la justicia por mano propia y los linchamientos

Javier Garin

La conductora televisiva que, afectada por un crimen, proclama que “los que matan deben morir”, pide la pena de muerte y deplora los derechos humanos, no incurre en un simple exabrupto. Reproduce un discurso represivo sistemático, sostenido desde algunos sectores de nuestra sociedad, cuyos ejes son el descreimiento en la ley, el proceso legal presentado como “un escollo”, la nostalgia por las ejecuciones sumarias y la legitimidad de la venganza y la muerte.

La diatriba contra los derechos humanos es de vieja data. Baste recordar al relator de fútbol a sueldo de la Armada que en plena dictadura convocaba a las hinchadas a manifestarse contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos bajo el lema seudo nacionalista “los argentinos somos derechos y humanos”. Ya en democracia, los comisarios de la “maldita policía”, para evitar denuncias por “gatillo fácil”, inventaron el argumento de que los derechos humanos les impedían brindar seguridad a la población.

Tal vez Susana no ignore que, si bien la pena de muerte fue suprimida de nuestra legislación, siempre ha existido la “pena de muerte extralegal”, es decir: las desapariciones forzadas, las ejecuciones clandestinas, el “gatillo fácil” y últimamente los “ajusticiamientos”. ¿A cuál de estas variantes se habrá referido en su reclamo?

La machaca sobre la inseguridad prepara y facilita el terreno para el florecimiento represivo, magnificada mediáticamente con imágenes de cadáveres y con reportajes morbosos a las victimas en estado de shock. Así se instala un clima de terror generalizado, incluso en sectores no afectados por el problema. Al dar una charla en Jujuy, en el 60 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, me encontré con gente espantada por “la inseguridad” –drama casi inexistente en esa tranquila provincia-, reproduciendo la paranoia transmitida por los medios de Buenos Aires.

La legitimación social de las vías de hecho es una consecuencia. Noticieros sensacionalistas muestran a vecinos indignados incendiando casas o intentando linchar a algún presunto criminal. Podría referir decenas de casos en que tomé conocimiento directo o indirecto de venganzas privadas y tentativas de linchamiento, que hoy proliferan, fogoneadas por los profetas mediáticos de la muerte vindicativa. Siempre terminan mal, a veces con el asesinato de un inocente, como el adolescente “ajusticiado” por error hace poco en Misiones, al confundirlo los “justicieros” con el asesino de otro chico.

La insistencia autoritaria impuso clisés: “la inseguridad es el principal problema del país”, “las leyes son blandas”, “los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra”, “ la Justicia no sirve”, “los derechos humanos defienden a los delincuentes”, “el delito no se debe a causas sociales sino a malas leyes”. En conversaciones privadas (no queda bien proclamarlo en los medios) se agrega como corolario: “hay que matarlos a todos”, aludiendo con racismo a “los negros”, “los villeros”, es decir: los pobres, cuya sola cercanía aumenta en el medio pelo la “sensación de inseguridad”.

Algunos fomentan este discurso por motivos electorales: el miedo inclina a la gente a abrazar a cualquier demagogo que les prometa soluciones mágicas. Otros, porque responden al lobby de la mafia policial que ambiciona las manos libres para mantener o recuperar negocios sucios. Otros, porque quieren reivindicar indirectamente la represión ilegal de los años setenta y desacreditar a las organizaciones de derechos humanos.

Parece que la inseguridad no se debiera a factores tales como el déficit en las condiciones económicas, sociales y educativas o la capacidad multiplicadora de delitos del narcotráfico, sino a la maligna intervención de esos “enemigos de la tranquilidad pública” que somos los militantes de derechos humanos. Cuando recorro el país dando cursos de formación, o en los reportajes concedidos a medios locales, nunca falta quien nos acuse de “defender a los delincuentes”. Pacientemente explico que lo que defendemos es el Estado de Derecho, la ley y la Constitución ; que las tan denostadas “garantías” deben respetarse, no por simpatía con los culpables, sino para preservar a los inocentes de una condenación injusta; y que cuando nos oponemos a la tortura, el gatillo fácil, las ejecuciones sumarias y otras barbaries no lo hacemos por solidaridad con los criminales sino para impedir que la sociedad en su conjunto quede sometida a estas prácticas cavernarias y al arbitrio despótico de unos pocos supuestos “justicieros” que terminan siendo los criminales más peligrosos.

Los pregoneros de la mano dura añoran la tortura, método de investigación inhumano y perversamente ineficiente, que permite la impunidad del culpable capaz de resistir al dolor y la condenación del inocente que confiesa para evitar un sufrimiento insoportable. Estar en contra de esta aberración equivale para algunos a “defender a los delincuentes”. ¿Acaso también defendían a los delincuentes los Padres de la Patria –Belgrano, Moreno y San Martín- al introducir los derechos humanos en estas tierras, o la Asamblea del Año XIII al quemar los instrumentos de tortura, o los Constituyentes de 1853 al proscribir los tormentos, la pena de muerte y los azotes, declarando inviolable la defensa en juicio de las personas y sus derechos? Por no respetar estos derechos fue que nuestro país sufrió un oprobioso terrorismo de Estado.

En una charla del Foro Nacional de Derechos Humanos, Laura Bonaparte produjo uno de los mejores argumentos que escuché contra la pena de muerte. Dijo: “Nunca las Madres de Plaza de Mayo pedimos la pena de muerte para los que asesinaron a nuestros hijos. Si alguien tenía motivos para pedir una pena como ésa éramos nosotras. Pero no lo hicimos porque no creemos en la muerte. Creemos en la Justicia. Hubo mucha muerte en Argentina, una cultura de la muerte, que sólo puede ser combatida mediante una contracultura de la vida. Como defensoras de la vida, no estuvimos ni estaremos a favor de la pena de muerte.”

Frente a tanto discurso autoritario con sed de venganza y linchamientos, seria bueno que refresquemos en la memoria el ejemplo de nuestras queridas Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, que nunca reclamaron ni practicaron la venganza y sí solamente la Justicia.

Javier Garin esescritor y abogado. Autor del “Manual Popular de Derechos Humanos”. Vicepresidente del Foro Nacional de Derechos Humanos y Acción Humanitaria. Formador de promotores populares de DDHH).


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Argentina: Frente a la impunidad el reclamo toma distintas formas

Gabriela Barcaglioni (ARTEMISA)

Marchas del silencio, cruces, zapatos, documentales, novelas, murales. Son algunas de las formas que adquiere la denuncia pública cuando de violencia contra las mujeres se trata; modalidades que surgen fundamentalmente ante la falta de Justicia, pero también de un Estado que no asume con acciones sostenidas en el tiempo una realidad cotidiana para más de la mitad de la población. Analizamos en esta nota algunos de los casos más resonantes.

El femicidio de Sandra Gamboa, la joven peruana de 22 años asesinada en La Plata lleva dos años de impunidad.

Tras una semana de haber desaparecido de la pensión donde residía su cuerpo fue encontrado en el Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires.

Había llegado a La Plata convencida por su novio Augusto Menaye, a quien conoció en el mes de octubre de 2006 en Perú, que podría estudiar Medicina en la capital bonaerense y trabajar para mejorar su situación económica.

El 22 de febrero de 2007 Walter Silva, quien vivía en el mismo lugar que Sandra, le propone ir a ver a una persona que, según dice, necesitaba una chica para cuidar a sus hijos.

Silva, declara además que no conoce al hombre con el que Sandra se encuentra, manifiesta que lo vió una sola vez en un negocio dónde escuchó que ofrecía un trabajo y solo se lo comentó a la joven asesinada.

La cámara de un banco registra el paso de Sandra, Silva y otro hombre- quien podría ser el falso empleador- circulando por el centro de la ciudad de La Plata el día de su desaparición; es la última imagen que se tiene de Sandra con vida.

El relato de Silva señala que la acompañó a encontrarse con el hombre y los dejó en la puerta del lugar donde luego aparece violada y asesinada, el archivo de Rentas -hoy ARBA- ubicado sobre la avenida 7 entre 45 y 46, pleno centro comercial y administrativo de la capital bonaerense.

Sobre este punto trabajaron las organizaciones que acompañan en el reclamo de Justicia a Nélida Gamboa Guillén, la madre de Sandra que llegó al país unos días después de su desaparición.

El asesinato de Sandra Ayala Gamboa es un femicidio, no obstante tiene la particularidad de que su cuerpo es encontrado seis días después de haber desaparecido en un área del Estado que debió protegerla y velar por su seguridad, pero además esclarecer el hecho.

Un colectivo de organizaciones feministas, sociales, de derechos humanos y sindicales organizaron una acción para denunciar este hecho, centraron el discurso en la inacción de Estado tomando la publicidad de ARBA -ente autárquico, creado en diciembre de 2007 para administrar la política tributaria en toda la provincia de Buenos Aires- hoy responsable del espacio físico donde apareció el cuerpo de Sandra Gamboa.

El titular de ARBA, Santiago Montoya, es reconocido-porque así se forjó su imagen mediática- por perseguir a los evasores impositivos en barrios privados, zonas de veraneo, clubes náuticos pero no mostró la misma determinación para encontrar a quién o quienes violaron y asesinaron a Sandra.

"Un Estado presente para una sociedad mas justa", repiten las publicidades radiales, gráficas y televisivas de ARBA, consigna que repitieron las organizaciones durante el acto que se realizó frente a la casona ubicada en avenida 7 entre 45 y 46 y luego acompañaron la marcha que recorrió las nueve cuadras que la separan de la Casa del gobierno Bonaerense.

"Estamos buscando a los responsables de la muerte de Sandra Gamboa, asesinada en las oficinas de ARBA. Para que cada vez haya menos violaciones impunes", declamaba un audio que se escuchó durante la protesta pero que también transmitieron radios locales apoyando el reclamo.

La difusión del femicidio también incluyó la elaboración de un volante con el diseño de las boletas del impuesto inmobiliario que recauda ARBA con datos sobre la causa judicial que en dos años lo logró determinar quién o quienes violaron y asesinaron a Sandra Gamboa y la convocatoria a la actividad que se realizó para recordar el femicidio.

Integrantes de las organizaciones convocantes fueron quienes se dividieron la ciudad en zonas y se responsabilizaron de la distribución de diez mil volantes, una forma de marcar responsabilidades e informar a la comunidad sobre el femicidio.

"¿Tanto te preocupa una intimación de ARBA? El caso de Sandra ya lleva dos años de lucha. Basta de impunidad, ni un femicidio mas, es justo para todos", interpelaba la boleta diseñada por el grupo "Sien Volando", jóvenes artistas que ponen su creatividad en marcha para denunciar la violación de los derechos humanos en la ciudad.

El colectivo también fue el responsable del mural que el año pasado se colocó, al cumplirse un año del femicidio de Sandra Gamboa, en las ventanas del archivo del ministerio de Economía (ARBA) y que fue destruido tiempo después. Por eso este año otro cartel indica que en ese lugar se asesinó y se violó a Sandra.

La movida permitió poner en la calle nuevamente el reclamo y hace presente la solidaridad de muchas organizaciones, de muchas personas que aportan desde lo que saben hacer, con ideas, con tiempo, con dinero, al esclarecimiento.

Las palabras de Nelly Ayala Guillén describen mejor que nadie la importancia de la suma de voluntades para que los femicidios no queden impunes: "Quiero agradecerles a cada uno de ustedes de todo corazón, porque ustedes me dan esa fuerza que yo necesito. Estoy aquí buscando justicia. Le digo al señor fiscal Tomás Morán que voy a luchar hasta encerrar a todos esos culpables que han hecho llorar a mi hija y le arrancaron la vida. Para que no se vuelva a repetir. Que no haya otra Sandra, ni otra Nelly, sin ningún techo, sin ningún trabajo."

El lugar de la impunidad se resignificó en un espacio para la memoria y el reclamo. La imagen de Sandra cubrió el frente del edificio público ubicado en el centro platense y los colores de las banderas argentina y peruana se entrelazaron en la puerta.

Otras voces, el mismo reclamo

El femicidio es "el resultado final de un continuum de terror", la cara fatal del maltrato, la humillación, la subordinación y el desprecio.

En 1990, Ada Morales convirtió el silencio en un grito desesperado de Justicia y no solo denunció el femicidio de su hija sino la corrupción del poder político de Catamarca que lo encubría.

El asesinato de Soledad movilizó a toda una comunidad que diecises años después volvió sobre el mismo reclamo ante el femicidio de Rocío Ubilla, otra joven catamarqueña asesinada por Manuel Páez –condenado a la pena de prisión perpetua-.

La ciudad mexicana de Juárez se convirtió en paradigma de los femicidios.

La imagen de las cruces rosadas con los nombres de las miles de mujeres desaparecidas y asesinadas en la frontera con Estados Unidos recorren el mundo simbolizando la impunidad.

"Que hay varias miles de muertas, en panteones clandestinos, muchas desaparecidas, que me resisto a creer, es el reclamo del pueblo, que lo averigüe la ley", denuncian Los Tigres del Norte, en una canción que fue prohibida en el estado de Chihuahua, donde está ubicada Ciudad Juarez que entre otras cosas tomó dimensión mundial con la denuncia de los cientos de femicidios ocurridos en su territorio.

Con el imperativo "Ponte en tus zapatos" la Red Chilena en contra de la Violencia Doméstica y Sexual levantó un memorial con zapatos de mujer para visibilizar los femicidios cometidos en ese país.

La muestra itinerante recorrió distintas localidades chilenas promoviendo el debate y la reflexión sobre el problema, poniendo en alerta a las autoridades sobre la necesidad de revertir la situación en forma urgente.

La impunidad motoriza las distintas formas de protesta, la violencia se muestra en distintos soportes y adquiere una fuerza de denuncia que además permite crear lazos entre quienes la organizan y sostienen.

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La supremacía de lo táctico


Alberto Medina Méndez

Argentina vuelve a dar la nota. Con un argumento muy pobre desde lo intelectual, se anunció que se adelantarán las elecciones legislativas previstas para este año 2009. Para ello, el oficialismo recurre al procedimiento de enviar un proyecto de ley al Congreso de la Nación, que habilite esa posibilidad. Hoy es inviable, por que está vigente otra norma, que establece parámetros tradicionales para las fechas comiciales.

No hay dudas de que la decisión responde a intereses meramente electorales. Se ajusta a concretas necesidades tácticas. No responde a las prioridades del país, mucho menos a la institucionalidad. Ningún país del mundo, ni los más, ni los menos afectados por la crisis internacional, modificaron sus fechas eleccionarias con semejante argumento.

La institucionalidad debería seguir su camino. Las reglas que rigen a una Nación y a su funcionamiento, no pueden estar sujetas a los caprichos del poder. Mucho menos caer en la tentación de tomar como rehén al acto eleccionario para manipular su resultado.

En esto no asusta la actitud del poder. El que puede hacer uso discrecional de las decisiones, está claro que por estas latitudes, invariablemente abusa de ellas, y sobre todo, si tiene poco respeto por las instituciones republicanas y democráticas.

Para ellos la democracia es solo un medio, un simple formalismo que cumplir para lograr sus propios fines. No se trata de convicciones, ni de principios, solo de reglas que pueden ser modificadas según convenga en cada coyuntura.

Puede no sorprender la actitud del oficialismo, pero ciertos sectores que se dicen detractores del poder, que se ofrecen como alternativa y que cuestionan la ausencia de institucionalidad y de respeto por ciertos valores, han caído en el mismo juego.

Con declaraciones ambiguas, han abierto la puerta para hacer exactamente lo mismo. Ellos son especuladores del poder. Creen que la democracia es una herramienta y no un fin en si mismo. Entienden que lo de “las formas” es una cuestión irrelevante. Lo importante es su vocación por el poder, su ambición por apropiarse de todo aquello que les permite hacer prevalecer su voluntad. La República está a su merced. En tanto y en cuanto puedan manejar los hilos de un sistema cada vez más manoseado, podrán seguir haciendo lo que deseen, los que le venga mejor, y siempre encontrarán el argumento adecuado para justificar lo que precisan, sin que siquiera les produzca vergüenza alguna.

El oficialismo tuvo una actitud inmoral, con un alto grado de desprecio por las instituciones, pero que en definitiva está alineada con su estilo de hacer las cosas. Ya no sorprende, ellos no tienen esos valores. Cualquier cosa que les permita seguir en el poder, resulta valido. Guardan ciertas formas, pero apelarán a todo lo que dispongan para hacer lo que desean. Sus caprichos son más importantes que cualquier institución.

En un país plagado de mañas, uno esperaba que la oposición reaccionara con inteligencia, pero por sobre todo con principios, con convicciones. Eso paso solo parcialmente. Un sector de la oposición reaccionó rápido y en el sentido de las instituciones. Se privó de especular con sus eventuales conveniencias. Pero otro sector, declarado como opositor, tuvo una actitud timorata, dubitativa, especulativa. Lo van a pensar, lo van a considerar y seguramente analizarán las cosas, no desde lo institucional, sino desde la conveniencia circunstancial, viendo como sacarle provecho a la situación.

Razonan de idéntica forma que nuestros gobernantes. Funcionan de modo similar. La prioridad no la tiene el país, menos aún las instituciones. Lo primordial es lo táctico, el modo de lograr el resultado esperado. Lo otro, es menor para ellos. Las normas están solo para respetarlas si convienen. Si no convienen, las reglas son parte de la negociación, pueden ser eliminadas o modificadas. No son importantes, son secundarias. Una Nación que no es capaz de sostenerse sobre sus instituciones no tiene futuro. Sus decisiones siempre estarán sujetas a los vaivenes del poder.

La crisis pone en jaque a todo el planeta. La Argentina sigue discutiendo banalidades. Los problemas domésticos nos consumen y las decisiones políticas de estas horas, lo único que hacen, es mostrar el lado mas mezquino de una clase dirigente alejada de la realidad. La sociedad se debate en torno a su creciente preocupación vinculada a la inseguridad, la inflación y el desempleo. La política ya puso en claro cuales son sus preocupaciones. Lo electoral ha tomado la delantera. Lo otro deberá esperar.

El Congreso tendrá un maratónico esfuerzo para darle lugar a los apetitos electorales del poder. Tendrá para ello, que dejar de lado el tratamiento de importantes leyes que esperaban ser consideradas. También quedarán de lado las preocupaciones de la gente. Los temas que aparecen en las encuestas como aquellos que mas angustian a la sociedad, tendrán nuevamente que esperar.

Tampoco serán parte de la agenda, cuando finalice el tratamiento de esta ley. Después de eso, se ocuparán los dirigentes de tejer alianzas, conformar listas de candidatos, reunirse para establecer estrategias, buscar consensos sectoriales y territoriales. Mucha tarea política queda por delante. La gente, nuevamente tendrá que esperar.

Alguna vez seremos prioridad. Esta vez no. Estarán todos muy ocupados en lo táctico. Lo importante será pulsear, mostrar quien es más fuerte. La política se llevará el máximo de la atención de los medios de comunicación y todos estaremos presenciando el circo y el folklore local que rodea a cada compulsa electoral.

Mudarse de domicilio para ser candidato por otro distrito, postularse para un cargo que se sabe de antemano no se pretende asumir, y mucho menos concluir su mandato, renunciar a un cargo electivo actual para postularse a otro. Todo eso será parte del mismo escenario. La viveza criolla puesta al servicio de la vocación de poder. La creatividad aplicada al máximo, para saltear las normas de un sistema cada vez menos transparente. La creatividad solo se aplica para burlar normas, modificar reglas y fundamentalmente sacar el máximo provecho frente al adversario de turno.

Ese mismo ingenio no se aplica para resolver los estructurales problemas que aquejan a esta Nación desde hace décadas. Se agota la creatividad en cada esfuerzo electoral.

Pero todo esto no es privativo del oficialismo. También lo hacen con idéntico descaro la inmensa mayoría del arco político. No se precisa estar en el poder para apelar a estas patéticas argucias que no hacen más que confirmar la deteriorada imagen que la gente percibe de la política. Este escenario se vivirá también en las provincias. Allí la agenda de la gente, igualmente tendrá que esperar.

En definitiva, se vienen instancias en las que lo importante será lo electoral. Después de todo, esto solo confirma algo que se podía presumir. Vivimos en una sociedad que está gobernada por la supremacía de lo táctico.

Foto: Argentina - El ex presidente Néstor Kirchner, acompañó en su visita a Chubut a la presidenta Cristina Fernández, es saludado por el gobernador local y otros funcionarios nacionales y provinciales. / Autor: Presidencia de la Nación


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Argentina: el progreso si no es con salud no es progreso

Raquel Schrott - Ezequiel Miodownik (BIODIVERSIDADLA)

Cuatro años atrás, al finalizar el verano de 2005, la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el Traslado de la Subestación Rigolleau de la ciudad de Berazategui comenzaban a resistir la instalación de una subestación transformadora que sería puesta en funcionamiento por la multinacional de la distribución de energía EDESUR.

La empresa, propiedad de ENDESA de España y Petrobras de Brasil tiene un área de concesión de 3.309 km2 que abarcan la zona sur de la Capital Federal y doce partidos de la provincia de Buenos Aires.

El 2 de marzo de este año, en una marcha que recorrió las calles de Berazategui, los vecinos continuaban deteniendo las obras, pidiendo el traslado definitivo de la subestación a las afueras del casco urbano. Durante la actividad, fuerzas de seguridad filmaron y fotografiaron a quienes se encontraban manifestando y algunos de ellos fueron seguidos hasta sus casas recibiendo luego llamadas telefónicas intimidatorias.

La Agencia de Noticias Biodiversidadla conversó con Isabel, una de las vecinas que en asamblea se enfrenta a un proyecto que en nada beneficiaría a los habitantes de la zona, pero si sería la fuente energética de la cual dependen numerosas inversiones y proyectos inmobiliarios privados.

- ¿Cómo se enteran de la instalación de la subestación?, ¿cuándo comienzan a organizarse como asamblea?

El tema comenzó en 2005, cuando había obreros poceando las veredas de los vecinos en un predio que era de SEGBA (Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires), y en ese predio había transformadores que no se usaban. Se tapa todo con maderas y cartel de obra, y se le dice a los vecinos que es para poner internet, para fibra óptica. En algún momento la gente se entera que eso era para un cableado de alta tensión de 132.000 voltios, para hacer en esa esquina que estaba tapiada una subestación similar a la de Sobral de Ezpeleta.

Con el caso de Ezpeleta, que todos conocemos porque ha sido noticia nacional, estamos hablando de 133 muertos y 110 ó 112 enfermos de cáncer en esa subestación, un número que excede cualquier estadística. Cuando esto se produce los vecinos comienzan a manifestarse, tal es así que se hace la primer presentación de recurso de amparo, se gestiona ante todos los organismos provinciales, nacionales y municipales posibles.

No hay respuesta, y ante la presión de la gente el intendente que había aprobado la obra en su momento, saca un decreto anulando y frenando la continuidad de las obras, del cableado. Se basa en un estudio de medicina de la Universidad de La Plata, donde dice que no puede asegurar que a mediano y largo plazo esto sea inocuo, en eso se fundamenta el intendente en época electoral para frenar la obra que él mismo había autorizado. EDESUR lo demanda, pierde el municipio. El juzgado autoriza la continuación de las obras y en 2006 aparece nuevamente EDESUR y se produce represión. Los vecinos somos reprimidos por oponernos a esta obra. En esa fecha, 5 de mayo de 2006, el presidente estaba en Gualeguaychú declarando al medio ambiente política de Estado.

Esto se hace público, la represión que había en Berazategui, y viene la gente de "Protección Ambiental" para enterarse que el estudio de impacto ambiental con que se aprobó la obra, tanto en el municipio como en el ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad) era escaso. De todas maneras el estudio que hace la provincia dice que "es una zona apta desde lo técnico para la subestación". No se tiene en cuenta que en la calle 21 hay un gasoducto, no se tiene en cuenta que es una zona altamente urbanizada, no se tiene en cuenta que hay 7 colegios alrededor de la subestación. De todas maneras ellos hablan desde lo técnico, y queda pendiente un estudio epidemiológico.

- ¿Dónde está ubicado el proyecto?, ¿ha avanzado la instalación ó han podido frenar las obras?

Esto queda en 145 y 21, que vendría a ser donde termina la fábrica Rigolleau. Todo Berazategui está fundado alrededor de la fábrica, y esto es en una esquina. Termina siendo en el corazón de la ciudad, porque tendría un radio de incidencia de 10 a 13 cuadras a la redonda, implicaría a todo el centro de Berazategui. Se ha podido frenar por la lucha de los vecinos, que hemos estado en la calle cada vez que EDESUR se hace presente con infantería, con gendarmería, con carros hidrantes, con perros, con grúas.

Ha sido una lucha desigual porque esto lo avala la justicia, esto lo avala Provincia, y esto lo avala Nación. Ahora, la justicia lo avala desde un estudio puramente estadístico, porque el estudio epidemiológico que se tendría que haber hecho no se hizo. Ningún médico se acercó, ningún funcionario hizo ningún tipo de relevamiento sobre el medio ambiente, no se revisó a ningún paciente. No se hizo absolutamente nada, así que nadie sabe de dónde sale el estudio de medicina que dice que los muertos y enfermos de Sobral nada tienen que ver con la subestación. Entonces esto crea más dudas sobre la verdadera incidencia del electromagnetismo en la salud humana.

El pasado 26, 27 de enero, quizo EDESUR avanzar y los vecinos parándonos en los pozos con baldes de agua, con magueras, habíamos impedido que continuaran. El 2 de febrero vinieron con 150 efectivos de gendarmería, con perros, hidrantes, grúas, ambulancias, y a pesar de eso la actitud pacífica de los vecinos hizo que se retiraran. El 17 de febrero vuelve EDESUR con 400 efectivos de toda la provincia de Buenos Aires para tomar 3 cuadras y trabajar sobre las 3 cuadras tratando de remendar lo que estaba mal hecho. No lo pudieron arreglar porque hay caños de agua, hay caños de gas. No pueden ni siquiera ellos mismos respetar las medidas que dicen que van a respetar.

La obra está mal hecha, no tiene supervisión del ENRE, no tiene supervisión de ninguna autoridad competente, se trabajó de noche bajo la lluvia, así que nadie sabe qué se hizo ahí, y la parte que nosotros sí vimos está mal hecha. Faltan 3 cuadras para llegar a la subestación, y son las 3 cuadras que los vecinos no vamos a permitir que sigan trabajando.

- ¿Y la reacción del gobierno local ha sido avalar la posición de la empresa?

Exacto. En época electoral, cuando la gente trató de impedir la obra salió este decreto, que es el decreto 758 que dice que no se puede asegurar que esto sea o no conveniente a largo plazo. Fijate vos la contradicción, por un lado la Cámara de Apelaciones le sostiene el decreto al intendente, o sea que encuentra una fundamentación para sostenerlo, y por otro lado el juez autoriza la obra, entonces queda al final en manos del intendente. Si el intendente sostenía el decreto la obra se mantenía suspendida. El intendente anula su propio decreto, vuelve a autorizar la obra y sale a decir que para todo aquel que se oponga va a haber procesamiento, cárcel, demandas.

- Para los vecinos que se resistan a la instalación.

Exactamente. Hay una gran campaña de difamación diciendo de que "hay grupos violentos" dentro de los vecinos, que nos oponemos al progreso, que nos pagan por esto, que no los dejamos gobernar. Todo periodista que se acercó a la zona, todas las fuerzas de seguridad que convivieron una semana con nosotros, y la propia policía de Berazategui que nos custodia constantemente, porque nos custodian paso a paso, se han dado cuenta y pueden certificar que es una asamblea puramente vecinal que se maneja con medios propios y que no participa de ninguna política partidaria. Esto posiblemente es lo que más molesta a las autoridades, que la gente de pronto empiece a pensar por sí misma, que elija como quiere vivir y luche por ello.

- ¿Ustedes tienen articulación con otras luchas semejantes?

Los vecinos de Sobral con el tema de la subestación, los vecinos Wilde que tienen un cableado subterráneo que está tan mal hecho como esto y por eso ha producido numerosos fallecidos y enfermos de cáncer, la gente de Ituzaingó que está luchando para que no se instalen, pero lamentablemente allí también y en todos estos lugares, está avalado por las autoridades.

Lo que nosotros reclamamos es que EDESUR haga las inversiones que sean necesarias para la correcta prestación del servicio sin comprometer la salud de la población.

EDESUR tiene espacios no poblados para poner esta subestación. Además, esta subestación no es para el centro de Berazategui. Esta electricidad es para emprendimientos inmobiliarios de la costa, hay un proyecto de 22 barrios privados, para el polo industrial, para el parque maderero, bueno, que la subestación vaya allí donde no contamine ni comprometa la salud de los operarios, la salud de la población.

En algunos medios locales se dice "los vecinos se oponen a pesar de que hay un fallo judicial". Yo creo que lo que acá habría que plantear es cómo es que hay un fallo judicial habiendo dudas sobre la salud. Una justicia que ha demostrado que se equivoca, que deja libre a los violadores, que deja libre a los represores. Aquí a lo que hay que cuestionar es a la justicia que ha hecho un fallo sin un estudio epidemiológico sobre Sobral, y una justicia que no tiene en cuenta la salud de la población y de alguna manera favorece los intereses de la empresa y los intereses de todo un sector por cuestiones económicas particulares y no sociales.

- ¿Hay algo que quisieras agregar?

Queremos tratar de llegar a los vecinos, que podamos entender que el medio ambiente es responsabilidad de todos y esto es a nivel mundial, de lo particular a lo general, como individuos, como padres, como ciudadanos. Por eso convocamos a todos los sectores a unirse a esta lucha, que es una lucha de todos. La contaminación hoy te toca a vos, mañana me toca a mí, pasado le toca al otro, sea el agua, el aire, la tierra, y la tierra es de todos y es prestada, porque es patrimonio de todas las generaciones que vendrán en el futuro.

Es un compromiso. Nosotros entendemos que es lo correcto y redoblamos la convocatoria a participar en esta lucha. El progreso si no es con salud no es progreso.

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Argentina, La Pampa: Un juego peligroso

LA ARENA

El adelantamiento de los comicios, además de degradar el voto popular frente a las maquinaciones electoralistas, dejó al descubierto el doble discurso y la hipocresía de la gran parte de la clase política argentina.

Como se sabe, comenzó el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, quien siempre se había manifestado en contra de estas maniobras más por razones económicas ("un gasto público innecesario", según afirmaba) que políticas. Hoy cambió de opinión por la coyuntura y sólo recogió un débil rechazo inicial de algunos legisladores kirchneristas.

Semanas atrás, el ex presidente y jefe del Partido Justicialista fustigó al gobernador catamarqueño por haber adelantado las elecciones de su provincia. Sólo días más tarde, su esposa y Presidenta de la Nación anunció el envío al Congreso de un proyecto a fin de adelantar las elecciones nacionales para el 28 de junio. En estas horas está en plena discusión.

Casi todo el arco opositor tuvo una reacción esquizofrénica: dijo poco y nada del cambio de fecha establecido en la ciudad de Buenos Aires pero puso el grito en el cielo en contra de igual medida en el plano nacional. Los grandes medios de comunicación porteños, encolumnados en su conocida cruzada antikirchnerista reforzada desde que el gobierno relanzó su proyecto de reforma a la ley de radiodifusión, amplificaron esas voces hasta el hartazgo.

Los argumentos esgrimidos tanto por el gobierno nacional como por el porteño son endebles por donde se los mire a pesar de que se use a la crisis económica como bandera. Manipular de tal modo la fecha de las elecciones desnaturaliza el mandato popular. Ni siquiera se miden los riesgos. Cómo van a gobernar, si son derrotados en las urnas, los cinco largos meses que median entre el 28 de junio y el 10 de diciembre. Muchos de los miembros de las cámaras de Diputados y Senadores de la Nación y de la Legislatura porteña quedarán deslegitimados por sus reemplazantes surgidos en las urnas y ambos gobiernos, en la eventualidad de una derrota, se verán obligados a suspender por casi medio año sus iniciativas legislativas a la espera de que se conformen las nuevas legislaturas bajo pena de ser acusados de desconocer "la voluntad ciudadana". ¿En esas condiciones el PEN piensa enviar al Congreso el proyecto de Ley de Radiodifusión?

Pretextar la crisis es absurdo. Las autoridades actuales tienen toda la legalidad y legitimidad que surge del voto democrático y nadie, ni siquiera el más acérrimo opositor, puede desconocer tal mandato popular. La única razón que justificaría un acto eleccionario un día distinto al cuarto domingo de octubre sería -como aquí en Santa Rosa- una intervención o una renuncia en masa de gobernantes, opciones inimaginables en la actualidad.

Jugar con las fechas de las elecciones es jugar con la ciudadanía. Los ciudadanos, cada dos años expresan su opinión en las urnas. Trastocar esa regularidad es caer en un juego peligroso que desnaturaliza la consulta pública que es un comicio.

Es evidente que Macri apostó a sacar un rédito electoral inmediato con su decisión. Pocas horas después hizo lo mismo el gobierno nacional, casi empujado por el jefe porteño. La oposición hizo su juego de siempre. Sus figuras, casi estrellas fijas en el firmamento de la televisión "nacional", repitió la letanía de siempre.

Estos manoseos debieran terminarse para siempre con una ley del Congreso que establezca una fecha del año para las elecciones en todo el territorio nacional, y cierre la posibilidad de cambios arbitrarios sujetos a los vaivenes de intereses electoralistas subalternos.

Los pampeanos podemos decir que hemos dado un buen ejemplo al resto del país. En esta capital, a causa de la intervención a su comuna, se votó en agosto pasado para elegir autoridades municipales, pero quedó claramente establecido que el mandato surgido de las urnas caducará en 2011 y que el próximo comicio coincidirá con el calendario electoral general. Ante este desmadre nacional, cumplir con la ley y el sentido común parece cosa extravagante.

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Argentina, Salta: Alertan por la “grave situación sanitaria” en Orán

COPENOA

El obispado de Orán difundió un comunicado con motivo de “la grave situación sanitaria” que vive el norte de Salta, en el que invita “a todos los sectores de la sociedad a trabajar y luchar unidos y de manera eficaz contra la epidemia de dengue que nos aqueja”.

El texto, que lleva la firma del administrador diocesano, monseñor Andrés Buttu, califica de “indispensable y apremiante” que la zona “cuente con un centro de investigación de enfermedades tropicales, con los técnicos y recursos necesarios para atender a la salud de la población”. Por otra parte, reclama a toda la sociedad “un cambio de mentalidad que implique un compromiso ciudadano para trabajar por el bien común, asumiendo solidariamente las tareas que están al alcance de sus manos”.

Por otra parte, al afirmar que “toda la población debe promover la lucha contra el dengue”, reclama “un cambio de mentalidad que implique un compromiso ciudadano para trabajar por el bien común, asumiendo solidariamente las tareas que están al alcance de sus manos”.

Trabajar y luchar unidos

Asumamos nuestro compromiso cristiano y ciudadano “Frente a la grave situación sanitaria que en nuestro norte de Salta nos toca vivir en estos días, como Iglesia diocesana nos urge invitar a todos los sectores de la sociedad a trabajar y luchar unidos y de manera eficaz contra la epidemia de dengue que nos aqueja”.

“No podemos negar el esfuerzo realizado hasta este momento para erradicar este flagelo por parte de las autoridades provinciales y municipales; desde el hospital zonal, los centros de salud barriales, A.P.S., personal de salud pública y municipal, sin embargo, vemos con preocupación que los resultados siguen siendo insuficientes; no se trata de alarmar a la sociedad, sino de que todos tomemos conciencia de que debemos asumir nuestra cuota de responsabilidad en la prevención y en la erradicación de todas las causas que la provocan”.

“Al dengue clásico se suman los brotes de dengue hemorrágico, con una perspectiva preocupante, si no se adopta de manera urgente y eficaz un plan adecuado y transparente de contención de esta enfermedad. Es indispensable y apremiante que nuestra zona cuente con un centro de investigación de enfermedades tropicales, con los técnicos y recursos necesarios para atender a la salud de la población; asimismo, procurándose las acciones necesarias para que repelentes, espirales, insecticidas, etc., estén al alcance de todos. Llegar tarde y de manera inadecuada, es una grave irresponsabilidad”.

“Toda la población debe promover la lucha contra el Dengue, que podría controlarse con su activa participación. Es necesario un cambio de mentalidad que implique un compromiso ciudadano para trabajar por el bien común, asumiendo solidariamente las tareas que están al alcance de sus manos, como la limpieza de sus casas y de sus barrios para eliminar los criaderos del mosquito transmisor de esta enfermedad. Con nuestra actitud podemos prevenir las enfermedades y salvar vidas humanas. Esta es una exigencia de la caridad cristiana. No hacerlo, es un grave pecado de omisión”.

“En este tiempo de cuaresma, asumamos nuestro compromiso cristiano y ciudadano con la salud y con la vida, pues ese es el ayuno que agrada al Señor”.

San Ramón de la Nueva Orán, 11 de marzo de 2009 Mons. Andrés Buttu Administrador diocesano de Orán Y los presbíteros de la diócesis de Orán

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