jueves, 19 de marzo de 2009

¿Qué pasaría si ya no estuviera Chávez en Venezuela?


Marcelo Colussi (especial para ARGENPRESS.info)

Una verdadera crisis histórica ocurre cuando hay algo que
está muriendo pero no termina de morir y al mismo tiempo
hay algo que está naciendo pero tampoco termina de nacer.
Antonio Gramsci

"Chávez, tú no debes hacer de alcalde de todo el país", cuenta Hugo Chávez que le dijo alguna vez Fidel Castro de visita en Venezuela luego de ver cómo atendía cada uno de los asuntos puntuales de la política doméstica: un pedido de pavimentación de una calle aquí, un conflicto laboral allá, una madre soltera solicitando apoyo por un lado y la vacunación antirrábica en una comunidad más tarde. Eso que apuntaba Fidel –según relato del propio Chávez– define a cabalidad la dinámica instalada en Venezuela: no es tanto una revolución socialista sino "chavista".

La figura de Hugo Chávez como presidente, como hombre político, como líder de un proceso revolucionario, está lejos de discusión. Sin lugar a dudas ya es hoy uno de los grandes referentes de la política de fines del siglo XX y comienzos del XXI. Con todo el amor o el odio que despierta en propios y extraños –jamás resulta indiferente–, su presencia es incuestionable. Pero ahí radica justamente el tema a considerar: la revolución bolivariana asienta enteramente sobre sus espaldas, lo cual torna al proceso algo muy frágil.

Tanto la teoría como la experiencia de numerosos procesos revolucionarios, todo indica que es imprescindible una dirección política, una vanguardia en condiciones de conducir esas complejas coyunturas con claridad ideológica y con firmeza. La experiencia también enseña que todas las revoluciones del siglo XX contaron, además del partido revolucionario, con un conductor, una figura fuerte y aglutinadora que funcionó en todos los casos como resguardo de los procesos en juego, como su garantía ética. Muy probablemente ninguna de las construcciones socialistas se hubieran hecho sin esas figuras, legendarias ya hoy: Lenin, Mao Tse Tung, Ho Chi Ming, Castro o el Che Guevara. Quizá –valga esto como hipótesis– la magnitud del cambio en juego en una revolución socialista es tan grande que necesita del empuje de uno de estos titanes; no sólo de una estructura política como el partido revolucionario que juega de vanguardia sino también, quizá inexorablemente, de un conductor con estas características casi mesiánicas. No tengamos miedo a usar esa palabra: intentar transformar la historia, revolucionar la sociedad de clases con el peso fabuloso que ello tiene dado los milenios de historia que juegan en contra –"es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio"–, es una tarea descomunal. No se trata de maquillar algo, de un pequeño cambio en las formas: se trata de una transformación de raíz, monumental, y probablemente eso no puede desligarse de figuras monumentales. Sabemos que la historia no la hacen los sujetos individuales, pero las individualidades cuentan. Y en algunos casos: mucho. Para cambios enormes, conductores enormes, a la altura de esos proyectos.

En Venezuela está intentando consolidarse un cambio de proporciones enormes; e igualmente enorme es la figura del conductor de ese proceso. Pero el tamaño del líder, por más enorme que sea, no basta para asegurar la obra transformadora. Eso, seguramente, es lo que puede convertirse en un factor de preocupación en la Revolución Bolivariana: por más grande que sea la figura del líder, Hugo Chávez para el caso, si no hay genuina participación popular, si no hay verdaderamente poder popular, nada está asegurado. Es importante aclarar que participación popular no equivale a la asistencia a un acto masivo en la plaza: es participar en la toma de decisiones de las cosas que suceden en una sociedad, incluso no sólo con el voto, o quizá aún, para nada con el voto que se deposita cada tantos años, sino con la práctica del día a día.

El proceso que vive Venezuela no tiene parangón. Hoy, luego de décadas de desesperanza tras el avance de un capitalismo salvaje que barrió triunfal toda la faz del planeta tras la caída del muro de Berlín, haber vuelto a hablar de socialismo y levantar propuestas de cambio social que parecían condenadas al olvido, es un paso adelante para la causa de los oprimidos. En cierta forma, eso es lo que representa Hugo Chávez: una luz de esperanza luego de oscuros años de utraliberalismo, donde había "pasado de moda" hablar de revolución. Pero al volver a poner sobre el tapete el tema, y al intentar darle forma nuevamente a uno de esos procesos tan heroicos –y al mismo tiempo tan complejos– de hacer parir una nueva sociedad, empiezan los problemas. ¿Cómo construir algo nuevo?

Hace ya una década que la sociedad venezolana se mueve en torno a esa pregunta, con avances y retrocesos, con desgarrones, con respuestas vacilantes. De lo que no hay ninguna duda, es que se mueve. Y tanto se mueve que las fuerzas de la derecha, casi del inicio mismo de ese movimiento lo olfatearon peligroso, y hacia él enfilaron todas sus baterías. La Revolución Bolivariana es un mal ejemplo para las otras sociedades latinoamericanas, por eso no paran de intentar frenarla.

Visto desde el campo popular, no podemos menos que defender entonces lo que está sucediendo en Venezuela. Levantar la voz contra el imperialismo estadounidense, retomar las banderas del socialismo y perder el miedo a integrarse en Latinoamérica como proyecto contrahegemónico, son todos avances hacia mayores niveles de justicia. Pero si vemos el proceso bolivariano desde un punto de vista autocrítico, no con ojos de la derecha reaccionaria que intenta cortarlo de raíz sino convencidos que lo que allí se juega es de enorme importancia para la causa de los oprimidos de todo el mundo, no podemos menos que retomar esas palabras que Fidel le pronunciaba a Chávez: "no puedes ser el alcalde del país". Y no podemos silenciar esa autocrítica porque justamente ahí radica la debilidad principal de la Revolución Bolivariana. ¿Qué pasaría si ya no estuviera Chávez?

Sin ánimo de hacer futurología (disciplina más cercana a la magia y la adivinación que a la política) podemos aventurarnos a decir que, sin Hugo Chávez, el panorama no se ve de lo mejor. La pregunta vale no como ejercicio de divertimento intelectual sino como valoración política por el bien mismo de la revolución.

En Cuba el comandante Fidel Castro ya hace algún tiempo que salió de la escena pública. Y contrariamente a lo que vaticinaba –y esperaba desesperadamente– toda la derecha internacional, el rumbo socialista siguió adelante sin ninguna turbulencia. El razonamiento en juego era que todo dependía de su figura rectora; "muerto el perro se acabaría la rabia". Pero con o sin Fidel en el ejercicio directo del poder político, la revolución se mantiene inalterable. Se podría decir que ello es posible porque ya va medio siglo de proceso socialista en la isla, lo cual ya dio como resultado más de una generación nacida y criada en nuevos valores. En Venezuela, con apenas diez años de construcción de socialismo del siglo XXI (que no se sabe bien cuándo comenzó, que nunca ha terminado de definirse exactamente), la figura señera de Hugo Chávez sigue siendo aún una garantía vital de la marcha del proceso. Pero ahí está el punto vital: ¿se mantendrá la revolución si desaparece de escena el líder?

La pregunta no es ociosa sino que apunta a ver la dinámica última de todo lo que se está construyendo, en definitiva, para solidificarlo, para impedir que la derecha –venezolana o internacional– pueda revertirlo. Mal o bien, con todas las críticas que se le puedan hacer a este balbuceante socialismo del siglo XXI, sigue siendo una fuente de esperanza y una garantía para seguir juntando fuerzas en el campo popular en las distintas experiencias latinoamericanas que van despertando. Si el golpe de Estado del 2002 dado por los sectores más reaccionarios de la sociedad venezolana en confabulación con Washington hubiera triunfado, hoy ni siquiera podríamos plantearnos esto. Es por eso que la consigna sigue siendo defender esta revolución, con todas sus debilidades y flaquezas, pero justamente se debe abrir la crítica para que esas flaquezas no terminen siendo el talón de Aquiles donde seguirá golpeando la contrarrevolución hasta terminar venciendo.

Si todo un proceso político depende de la figura de una persona, eso es una gran debilidad. ¿Qué pasa si Chávez, por ejemplo, muere hoy de un paro cardíaco? ¿Hay realmente un proyecto revolucionario sólido que puede seguir adelante con una vanguardia igualmente sólida y con claridad ideológica que lo dirija? ¿Existe ya una organización popular de base capaz de mantener viva la revolución en todos los rincones del país? Pareciera que no. Chávez sigue siendo la única garantía. Lo cual vuelve el proceso algo muy peligroso, por frágil.

La derecha apunta a neutralizar la revolución en todos sus espacios, en la organización popular y en la toma de conciencia de las grandes mayorías, que son los soportes fundamentales del crecimiento político-ideológico; pero básicamente apunta destruir al líder, sin dudas porque tiene visualizado que aún el proceso depende mucho, demasiado quizá, de esa figura.

¿Por qué decir todo esto en un escrito ahora? Porque es necesario abrir el debate sobre las cosas que se están desarrollando, no para invalidarlas, sino para intentar fortalecerlas. ¿Cómo construir una revolución popular donde la población organizada es vital en la real conducción del proceso, en articulación con su vanguardia, si se depende en tal alta proporción de un "alcalde del país" que todo lo resuelve, en buena medida en base a su carisma y su talento personal? Eso, más que una fortaleza, es una debilidad que tarde o temprano puede revertirse.

Más allá de la ridícula crítica de la derecha en torno al mecanismo que permite la reelección presidencial continua (nadie de los que levantaron la voz contra el "dictador" Chávez critica a la realeza europea, o la de algunos países árabes, que se autoperpetúan en el poder sin que se le ose tachar de "tirana vitalicia"), el hecho de necesitar tan imperiosamente la presencia de Chávez en la casa de gobierno como lo evidenció lo que acaba de suceder en Venezuela con la enmienda constitucional, aunque no se diga en voz alta, indica una debilidad estructural. ¿Por qué la estructura política chavista no batalla con igual fiereza, por ejemplo, la reforma agraria, o el control obrero de las fábricas recuperadas? ¿Por qué no se pone igual énfasis en la lucha frontal contra la corrupción?

Tener a Chávez como garantía de la revolución puede ser una muy buena táctica para todo el proceso, como paraguas bajo cuya sombra se cobijan distintas expresiones políticas mientras se van acomodando los procesos de transformación en una primera fase de la lucha política, mientras se avanza con paso calmo. Pero si eso se transforma en la estrategia de fondo, si todo el proceso revolucionario se agota en asegurar la presencia del líder por sobre todas las cosas, eso habla de una debilidad intrínseca que, tarde o temprano, se puede revertir contra la misma revolución. Una revolución necesita de líderes, pero una revolución no se puede agotar en sus líderes.

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Torpezas y crímenes en el gobierno del presidente Uribe afectan las relaciones con Estados Unidos


Apolinar Díaz – Callejas (especial para ARGENPRESS.info)

El presidente colombiano, Álvaro Uribe Vélez, se destacó como el más abyecto al régimen del republicano Bush y trata de tapar el desmonte de la nueva política gringa para Colombia. Uribe Vélez se hace el bobo para que los colombianos piensen que todo va a marchar muy bien en las relaciones con el nuevo gobierno demócrata que dirige a la nación americana. Esto está llevando a que Uribe habla como si no hubiera pasado nada en la política de Estados Unidos y que él ha sido su mejor aliado y lo seguirá siendo.

Pero las cosas marchan aceleradamente hacia cambios radicales en el tratamiento del gobierno de Barack Obama y del Partido Demócrata en sus relaciones con Colombia.

Uno de los casos de confrontación aguda del gobierno de Uribe Vélez con la nueva administración norteamericana y con el Partido Demócrata gobernante es el caso escandaloso de los llamados “Falsos Positivos”, que es el nombre dado por todos los medios de comunicación y el propio gobierno actual colombiano a una ola de asesinatos de la fuerzas militares y de policía de Colombia de personas, especialmente jóvenes, en los alrededores de Bogotá y otras ciudades y regiones del país, en que los cadáveres de las víctimas son llevados a miles de kilómetros del lugar del crimen para que aparezcan en tumbas colectivas y despojados de sus ropas.

Los periódicos publicados en Colombia, especialmente el diario de la ultraderecha española, El Tiempo, editado en Bogotá, dice hoy, 18 de marzo que Estados Unidos condiciona su ayuda a Colombia hasta cuando sean despejados los escándalos de los “Falso Positivos”. Informa el periódico que el Senador Demócrata Patrick Leahy,” uno de los más influyentes en el Congreso de Estados Unidos, amarró la entrega de 72 millones de dólares, que están congelados por problemas de Derechos Humanos y a que haya resultados concretos de las investigaciones por los escándalos de los “Falsos Positivos”. “El Senador Leahy uno de los líderes más fuertes del Partido Demócrata, y Presidente del Comité de Apropiaciones del Senado, cuestiona al General Mario Montoya y puso en entredicho la designación del general Óscar González como su sucesor en el Comando del Ejército”. El General Montoya tuvo que renunciar por las presiones que se desataron en Colombia, bajo el gobierno actual de Uribe Vélez, por el escándalo de los “Falsos positivos” y fue “castigado”, como ocurre demasiadas veces en Colombia, nombrándolo como embajador en algún país. Dice la información norteamericana que el senador Leahy “asegura que aunque hubo voces que alertaron sobre los operativos criminales de la Fuerza Pública sólo cuando estos se convirtieron en un escándalo de prensa que el gobierno de Uribe Vélez expulsó del ejército al General Montoya, quien fue comandante de la cuarta brigada en Antioquia, que es donde hay los peores índices de ejecuciones extrajudiciales”.

Agrega el senador Leahy, que muy poco se ha hecho en Colombia por su gobierno actual para encausar y castigar a los responsables.

Agrega la información que fue el senador Leahy quien congeló 72 millones de dólares de ayuda directa al ejército colombiano, agregando que “la entrega o no de esos fondos dependerá en parte, de cómo el gobierno colombiano maneje el problema de los “Falsos Positivos” o si continúan los ataques contra aquellos que tuvieron el coraje de revelarlo”.

Este conflicto por los crímenes cometidos con los “Falsos Positivos” han generado una tremenda reacción contra el gobierno de Uribe a lo largo y ancho del país y en la relaciones con el nuevo gobierno norteamericano de Barack Obama.

Foto: Colombia - Alvaro Uribe Vélez. / Autor: Miguel Angel Solano Salgado - SNE


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La SIP ya debe redactar otro discurso


Alberto Maldonado (especial para ARGENPRESS.info)

Desde Asunción (Paraguay) la SIP (Sociedad Interamericana de Prensa) vuelve a revelarnos a los ecuatorianos que el Presidente Rafael Correa “es hostil” a los medios de comunicación del sistema imperial. Y hasta han encontrado dos “víctimas” de esta hostilidad en dos periodistas de provincia que han sido sentenciados a meses de cárcel, por jueces de lo penal, pero no por sus expresiones o ideas sino por calumniadores.

Textualmente, el diario capitalino El Comercio, dice que “El informe sobre libertad de prensa en Ecuador, presentado ayer (le faltó decir “por nuestro subdirector Marco Arauz” – marzo 14/2009) por la SIP critica las continuas amenazas e insultos por parte del Gobierno a los periodistas y denuncia medio centenar de ataques durante los últimos seis meses”

Que se haya escuchado o leído, los ecuatorianos no tenemos memoria que el Presidente Correa haya amenazado o insultado a los periodistas. Revisemos los significados de estos dos términos, según el Diccionario de la Lengua Española:

Amenazar: dar a entender con actos o palabras que se quiere hacer algún mal a alguien.

Insultar: Ofender a alguien provocándolo o irritándolo con palabras o acciones.

Que se recuerde, el Presidente Correa ni sus Ministros ni los asambleistas de Alianza País (el partido de gobierno) han “dado a entender” con palabras o actos que quieren hacer algún mal a alguien. Tampoco se ha escuchado que hayan “provocado o irritado con palabras o acciones” a algún opositor; ni siquiera a esos recalcitrantes ultristas que le dicen al Jefe de Estado “samba canuta” y lo repiten cuantas veces les viene en gana.

Tampoco los y las ecuatorianas hemos asistido al medio centenar de ataques que según la SIP – Ecuador ha acometido el Gobierno Correa contra periodistas o medios. Si nos atenemos a una de las definiciones del diccionario citado, no hemos visto, ni siquiera oído que el Presidente Correa haya “acometido, embestido a nadie con el ánimo de causarle daño”.

Con la ligereza que caracteriza a medios y periodistas del sistema, probablemente (pienso yo) tales actores de nuestro drama cotidiano estiman que son intocables, que ellos si pueden decir lo que les viene en gana, inclusive mentir o inventarse supuestas tramas, pero que los aludidos (en este caso el Presidente Rafael Correa y su equipo de gobierno) no pueden desmentirlos, no pueden criticarlos, no pueden denunciarlos porque entonces están cometiendo “un crimen de lesa libertad de expresión” Más o menos como el viejo cuento del “tigre amarrado” frente al valentísimo cazador.

Para muchos ecuatorianos y ecuatorianas, Correa y sus colaboradores han demostrado exceso de tolerancia, exceso de pasividad, frente a lo que le dicen e inventan no solamente periodistas sino pelucones de la politiquería doméstica, de la vieja y corrompida partidocracia a la que sin duda Correa y su Alianza País han logrado desarticular, aun cuando sus geriátricos mandos pretenden demostrar que siguen vivos, ahora que estamos en período electoral. Y lo están haciendo con toda la escasa facundia que les caracteriza.

Viéndolo bien, quizá Correa y sus cuadros hayan descubierto que la mejor manera de responder a estos provocadores es desenmascarándolos públicamente pero sin llegar a nada que suene a persecución, amenazas o agravios personales. Ni tan siquiera han llegado a esas expresiones, célebres e históricas, del Dr. Velasco Ibarra cuando, con vehemencia, denunciaba a esos “periodistas sin conciencia, de mente ratonil” que lo acosaban permanentemente a través de los medios impresos de esos tiempos. Desde luego, no debemos olvidar que el Dr. Velasco clausuró periódicos y atentó contra periodistas opositores por lo que, de las 5 veces que fue Presidente, cuatro fue derrocado. Pero el Presidente Correa y sus ministros, en más de dos años de ejercicio del poder y a pesar de las intensas e injuriosas campañas mediáticas que se han desarrollado (y que se desarrollan) en su contra, jamás ha desatado una persecución o ha lanzado una amenaza contra ninguno de sus detractores. Lo más duro a lo que ha llegado es a tratar a los periodistas pelucones de “bestias salvajes” repitiendo una frase de Tonny Blair (el ex Primer Ministro de Gran Bretaña) o de decirle a una antipática compañerita “gordita horrorosa” y calificar a medios y periodistas de corruptos y/o mediocres (lo cual, en gran medida es verdad)

Sin embargo, la vieja celestina de la SIP, sin saltarse ninguna de sus sesiones de medio año, como suelen llamarlas, encuentra a Correa “hostil” a la prensa, un “autócrata” peligroso para la que ellos consideran la libertad de expresión; alguien que ha cometido “el delito” de crear medios públicos para tratar de contrarrestar el periodismo basura que ellos practican. Y esos “delitos” no se perdonan a pesar de que el único canal público que funciona, aún no opera en un canal de señal abierta, sino en UHF; la radio nacional recién reinició sus funciones en FM (esta radio siempre ha existido sino que los últimos tiempos ha estado en silencio) y el diario El Telégrafo, a más de ser casi clandestino (no se lo encuentra con facilidad) mantiene una línea política más hacia el centro derecha que hacia el socialismo siglo 21, que es como se define el Presidente Correa.

Así que las condenas contra Chávez, Evo, Correa son casi parte del ceremonial de las reuniones sipianas. Han incorporado a la lista negra a Ortega de Nicaragua, a la casi cándida Cristina (Presidenta de Argentina) y muy pronto le tendremos en el tablero sipiano a Mauricio Funes, de El Salvador, que acaba de ganar limpiamente las elecciones a los trogloditas de Arena. Si solamente revisamos esta nómina de supuestos enemigos de la libertad de expresión, según los cánones de la SIP, vemos con claridad que son todos los gobiernos latinoamericanos que, habiendo sido elegidos muy democráticamente (a través de las urnas) pues tratan de llevar adelante algunos cambios, algunos adelantos, de contrarrestar las sociedades corruptas e inequitativas, que nos han legado los grupos que hasta hace poco mandaban en nuestros países.

Pero estos gobiernos, mediante un ejercicio de contención de muchas ganas de reaccionar como se debe ante tanta infamia, tienen como política el no llegar a “victimizarlos” (ni de palabra, peor fisicamente) ya que de esa manera evitan que desde los mass medios del sistema, hagan tremendo escándalo y justifiquen el que esas fuerzas neofascistas que están tras los sectores retardatarios del sistema, pretendan derrocarlos o asesinarlos. Si en Venezuela, hasta hoy, por no haberle renovado la licencia de operación al canal golpìsta RCTV, hacen tanto escándalo la SIP y todos sus muchachos, ¿qué sería si alguno fuera motivo de amenazas o de agresión?

Para la SIP, en cambio, es motivo de honda satisfacción que en la Colombia del para presidente Álvaro Uribe Vélez no se hayan presentado hechos o amenazas contra la libertad de expresión, en los dos últimos años. Olvidan que el periodista Hollman Morris tuvo que pedir asilo urgentemente, ya que el propio Jefe de Estado le calificó de “cómplice del terrorismo” (léase de las FARC) solo porque en un programa audiovisual, este compañero tuvo “la audacia” de citar que Uribe y familia han sido reiteradamente denunciados como “enrolados” en lo que se llama la para política y el narcotráfico, inclusive según registros de la DEA norteamericana. Pero para la SIP, es muy positivo que en Colombia ya no maten o persigan periodistas ya que no debe quedar uno que corra el riesgo de vida de enfrentar o denunciar al para Presidente Uribe.

Para los sipianos, no tiene importancia alguna que los medios de comunicación del sistema hayan producido y difundido en el Ecuador la trama que se ha dado en llamar el “Caso Chauvín” y supuestas vinculaciones del Gobierno Correa con las “odiadas” FARC colombianas y con un supuesto también esquema de nexos con traficantes de drogas hacia el inmejorable mercado yanqui, “pero por cuenta del Bloque Sur de las FARC”.

En pocas líneas, es imposible desbaratar esta trama mediática (que se ha inspirado en personajes reales y supuestos, en hechos reales y supuestos) pero esta tragicomedia ya está sirviendo, en la política interior ecuatoriana, para que unos cuantos politiqueros que aspiran a una recuperación en las elecciones de abril 26/2009, empiecen a hablar de la “narco política” en el Ecuador, den por hecho que ha existido y existe una conexión del Gobierno Correa con las FARC y que inclusive el rompimiento de relaciones con Colombia, a raíz del ataque contra un campamento de esta guerrilla, en territorio ecuatoriano, fue un hecho por el que Correa, en lugar de romper relaciones con el agresivo vecino del norte, debió darle las gracias por “haberle dado aniquilando” un campamento de las FARC.

En fin, lo único que demuestra la SIP con este tipo de informes y censuras es que nunca tuvo a su cargo el papel de fiscal de la libertad de expresión en el continente y que hoy en día (desde hace décadas) es un instrumento del imperio al servicio de los peores intereses de nuestros pueblos. No hay que olvidar que periódicos tan “democráticos” como el Mercurio de Chile o La Nación y Clarín de Argentina estuvieron muy cercanos y comprensivos con las feroces dictaduras de Pinochet o la Junta Militar de Gobierno. Tampoco podemos perder de vista que la llamada gran prensa venezolana, desde hace 10 años, sigue alineada con los sectores golpistas y corruptos de ese país.

Y que en Ecuador, desde que Rafael Correa y su Movimiento País, lograron triunfar en elecciones y se han mantenido en un discurso renovador, pues los principales diarios de alcance nacional (El Comercio de Quito, el Universo de Guayaquil y otros) no han cejado en sus empeños por encontrarle todos los peros habidos y por haber. Solo que, según dan a entender los resultados electorales en Venezuela, en Argentina, en Ecuador, en Bolivia, en Nicaragua y ahora en El Salvador la gran prensa sipiana como que va perdiendo credibilidad, como que ya no tiene la influencia decisoria de otros tiempos.

Por supuesto, esta tendencia, muy positiva, no debe tomarse como triunfos contundentes o que ya la gran prensa sipiana está por los suelos. Tienen muchos recursos económicos y técnicos; tienen centrales desde donde se orientan políticas muchas de ellas perversas y tienen prácticos monopolios, en la televisión, que les permite seguir y seguir con sus políticas manipuladoras, mentirosas, confundidoras. Hará falta que desde los grupos sociales se ahonde en políticas comunicacionales populares, públicas, a ver si al fin hay un gran triunfo de la democracia versus la mentira impresa y audiovisual.

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Bolivia: ¿Por qué dialogar?

Rafael Bautista (especial para ARGENPRESS.info)

La objeción al diálogo no es un simple cálculo político. Se trata, más bien, de la negación de la política. Porque, después de la política, ¿qué viene? Sólo el enfrentamiento. La lección de la masacre de Pando ya no es lección para aquel que no sabe aprender algo elemental: si no hay diálogo hay guerra. El reacio a dialogar es aquel que no sabe sino imponer, por eso el diálogo es, según este, perder tiempo. Su único tiempo posible es el tiempo de los business.

El tiempo humano del diálogo (nada fácil y, por ello mismo, sumamente humano) no le atrae. Su lógica consiste exclusivamente en ganar; pero en el enfrentamiento, a la larga, nadie sale ganando. Es precisamente esto lo que no puede percibir, pues en su mentalidad sólo hay lugar para lo inmediato, para la ganancia inmediata. Pero la política no se mide por lo inmediato, porque en la política lo que se juega son vidas humanas y la vida humana no se mide por el beneficio inmediato de la ganancia particular (donde uno gana si otro pierde) sino en aquello que se denomina bien común. La política sólo tiene sentido en esos términos, por eso le es consustancial la democratización de las decisiones. Mientras más se recorte el espacio de las decisiones más se recorta la política. Por eso un dialogo verdadero es un dialogo democrático. Lo otro es la imposición fácil pero fatal de las armas. Ese es el estado que añora el que rehuye el diálogo: mientras menos diálogo mayor posibilidad de imposición.

La lógica de la imposición surge cuando se devalúa absolutamente al oponente; cuando éste queda reducido al desprecio total, queda a merced exclusivo del odio. Allí, por supuesto, no hay posibilidad de diálogo; pero la imposibilidad no proviene del reducido sino del que reduce. La negación del diálogo es, en última instancia, la asunción de la confrontación como irreconciliable: el otro queda reducido a enemigo, su libertad es amenaza de mi libertad, su felicidad es peligro para mi felicidad. La instrumentalización de las relaciones conduce a este callejón sin salida: una mentalidad que provoca oposiciones sin reconciliación posible.

La negativa al diálogo no es producto de un cálculo sino la consecuencia de una racionalidad irracional. Porque la negativa no es una negativa ilógica. La lógica que despliega es una lógica del encubrimiento; es toda una estrategia instrumental, que hace de la razón un instrumento de la guerra, por eso se hace irracional, porque, en definitiva, al proponer sólo el enfrentamiento, acaba también con la razón. Por eso no dialoga, porque se concibe absoluta, cuyo único criterio de verdad radica en ella misma; es tautológica, auto-referente. Por ello el diálogo es lo que menos persigue sino algo que más bien evita. No sale nunca de sí misma, ni pone nunca en duda sus propias certidumbres (irracionales, como el racismo); así se amputa toda posibilidad, ya no sólo de aceptar otra palabra, sino de escuchar siquiera lo que tiene que decir el otro.

Por eso ya no juega dentro de los márgenes de la política. Su campo es el campo de la guerra. La política es sólo el pretexto para sus imposiciones. Esta mentalidad es el prototipo del despotismo, y es adonde se devuelve aquel que nunca ha tenido ni tendrá pretensión honesta de verdad. Por eso no dialoga. Quien dialoga es quien está dispuesto a escuchar, incluso a poner en duda sus propias certidumbres. Pues acepta el diálogo aquel que reconoce la dignidad del adversario; en este reconocimiento se hace posible la paz y la fraternidad; la política es posible, porque lo que se pone en consideración son argumentos, de modo que la verdad, como búsqueda común, reafirma la comunidad, porque la verdad no es propiedad de nadie sino asunto de todos. La honestidad y la sinceridad, componentes irrenunciables en todo diálogo, son sólo posibles en ese escenario (donde hasta la discusión reúne, pues la falta de ésta provoca los malentendidos). La separación y la división y el consiguiente aniquilamiento, provienen más bien de la negación del uso argumentativo de la razón. Lo que viene es el tiempo de la guerra. La razón de guerra ya no produce comunidad sino la destruye. Ya no hay pretensión de verdad, la pretensión es ahora de dominio; todo discurso es pura retórica instrumental: no busca la comunicación sino la imposición, es decir, no busca comunicar la verdad (que es intersubjetiva) sino imponer por la violencia el pensamiento único.

Aparece el maniqueísmo. No hay lugar para la reconciliación. Se trata de una confrontación absoluta que se asume como lucha de vida o muerte. Es la lógica del asesino, que concibe su vida como la muerte de los demás; que prefiere terminar con todo antes de perder algo. Esa es la lógica de quien no quiere el diálogo; que muestra su intransigencia a toda escala. Por ejemplo, los dirigentes del transporte: justifican la subida de las tarifas en la subida de precios. Pero una subida de las tarifas repercute inmediatamente en una nueva alza de los precios. De modo que se produce una espiral nefasta que nunca acaba, y que no la pagan precisamente los responsables de ello sino siempre los pobres, los afectados reales de este tipo de intransigencias. La solución está siempre en escuchar a todas las partes, en democratizar las alternativas, en abrirse a otras opciones. Pero la intransigencia no escucha razones, sólo busca imponer, descargar en otro las desgracias que provocan mis beneficios inmediatos.

La misma ceguera proviene de los prefectos. Queriendo destruir al gobierno lo que logran a la larga es su propia destrucción. Asesinato es suicidio. No hay uso impune de la violencia. La guerra no genera nunca legitimidad sino que destruye toda legitimidad. Ahora las autonomías les resulta despreciable a los autonomistas, porque nacieron con rostro indio y con la generosidad del occidente colla. Ahora sí es posible esta conjunción: Estado plurinacional y autonomías. Para ello, era preciso desmontar la bandera autonomista de la oligarquía y llevarla al laberinto en que se encuentra hoy; era necesario mostrar su carácter separatista, racista y antinacional, para ahora resemantizar la autonomía (en plural) como lo que originalmente constituyó una real democratización del poder: descentralización político-administrativa. La cual tenía que ser atravesada, para una real democratización, por el contenido indígena de la autonomía. Ahora que la oligarquía ya no puede escudar en la autonomía sus pretensiones, entonces optan por la negativa, y se rehúsan a aceptar la realidad de las autonomías. Porque para la mentalidad feudal de los patrones del oriente, aceptar una real democratización del poder significa compartir el poder con sus siervos, es más, en el largo plazo, significará merecer el poder, ya no asaltarlo.

Por eso dicen no en su chantaje. La imposición es obvia. Sólo aseguran su presencia si todo el país se somete a sus estatutos (copiados entre cuatro paredes, demostrando su incapacidad centenaria, sin consultar nunca a los afectados); pero si aceptamos aquello entonces no hay siquiera razón para nada. Aceptar sus estatutos es desconocer el gobierno legítimamente establecido, la unidad del país y el sentido de nación. Entonces, ¿qué sentido tienen dialogar? Decía bien el canciller Choquehuanca: ceder es entender. Pero el que no quiere entender nunca cede. Es aquel que permanece atrapado en la decrepitud de un sistema que se desmorona, económica, política y moralmente, por eso su respuesta es irascible, porque en ella se expresa la ceguera y la sordera del que no comprende el acontecimiento creador que sucede y, por ello mismo, busca sólo destruirlo. Es esa lógica, la que desencadena esa suerte de aporías que nos conducen al enfrentamiento absoluto. La mentalidad que generó la masacre de Pando es la misma que ahora se resiste al único modo racional de superar las contradicciones: democráticamente.

¿Dónde se evidencia esta lógica que penetra, no sólo la política, sino todas las relaciones humanas? Se trata del nuevo poder que emerge en la era de la ciencia y la tecnología, la era del desarrollo y del progreso incuestionable, pero la era también del mayor atropello a la humanidad y al planeta. Los costos de aquel desarrollo y aquel progreso, son la evidencia empírica de un modelo irracional que contamina ahora la subjetividad humana. Esta última contaminación la realizan los medios de comunicación. Se trata de una basura tóxica que contamina, ya no el hábitat humano sino nuestras propias conciencias.

Las basuras tóxicas no pueden reciclarse. Algo similar puede decirse de la telebasura, pero con un aditamento: no sólo produce contaminación sino adicción. La contaminación es moral, porque se trata de un rapto de la verdad. La primera constatación de ese rapto es la mercantilización de la verdad: cuando todos los ámbitos de la vida se mercantilizan, hasta la verdad se vende. La adquisición la mide el dinero, de modo que sólo los ricos poseen la verdad; por eso acaparan medios y, en nombre de la libertad de expresión, se otorgan un derecho que priva de derecho a los demás. Se trata del derecho que otorga el dinero. Derecho que se transforma en poder: el dueño de la verdad decide qué hacer con ella. Poseer la verdad tiene entonces una última finalidad: ganar más. El propósito de la verdad no es entonces la verdad sino la ganancia: el incremento de dinero y de poder.

Pero el poder no es una ganancia cualquiera sino aquello que asegura la ganancia. Es cuando la telebasura se vuelve mediocracia. La basura se vende, y muy caro; pero lo más caro es limpiar esa basura, porque es una basura (al modo de los alimentos tóxicos) que deforma nuestra conciencia. Cuando se rapta la verdad se rapta el derecho a la verdad. Pero esto, que podría producir lógicamente su negación, es aplacada por la toxicomanía mediática que se produce: se adormece la conciencia y se la hace dependiente de los sentidos que produce la telebasura. Se democratiza un enviciamiento que genera dependencia crónica: los medios no sólo regulan los gustos sino la opinión. Por eso, la mediocracia no sólo consiste en el poder económico de los medios sino en el poder de generar y controlar la opinión pública. Esto es poder político. La opinión pública es opinión fabricada. La potestad la tienen los medios; si ellos pueden hacer y deshacer la realidad, también pueden hacer y deshacer la verdad. Frente a este poder, la sociedad se halla indefensa. Los medios pueden atropellar todos los derechos posibles, en nombre del derecho que asumen, de modo unilateral, como dueños de la verdad.

En nombre de la verdad mienten, en nombre de la libertad someten todas las libertades, en nombre de la comunicación se busca efectos premeditados. Si hubiese legislación sobre crímenes morales, los medios estarían en el ojo de la tormenta. Pero la misma moralidad se halla comprometida en esta deformación social producto del poder de los medios. Se podría argüir que todo es cuestión de elección, pero ¿qué elección puede existir cuando la misma posibilidad de elegir se anula? La opinión pública encuentra en la telebasura la razón de sus opciones, aunque fuera de ella no tiene opción alguna. La supuesta libertad es negación de libertad, pues el control de la opinión es control de la libertad misma.

La libertad es siempre opción, pero en razón no de la libertad por la libertad sino en razón de la responsabilidad que significa ser libre. Toda pretensión de dominio es irresponsable de principio, no porque no calcule sus actos sino por no querer rendir cuentas de sus actos. Por eso encubre lo que hace: “muda sus actos en lo oscuro porque tiene culpas que esconder”. Con la aparición de las ciencias de la comunicación (que debieran llamarse ciencias de la manipulación), el encubrimiento se hace de modo estético: la mentira se hace bella, de modo que seduce. El discurso de la dominación se ha estetizado. Es una belleza que seduce y conquista (por eso, tal vez, se dice que el diablo no es feo sino sumamente bello).

Los medios se transforman en operadores políticos. La verdadera oposición es mediática, es decir, es virtual, no es real. Porque cuando se rapta la verdad se rapta también la realidad. Por eso el oponente es cínico: clama justicia el injusto, miente mientras asesina. Pilatos ya no necesita lavarse las manos. La telebasura no limpia nada pero tapa e inventa todo. Pero esto no puede hacerlo por siempre. Por eso hay esperanza, porque el control nunca es absoluto; porque siempre hay un resto que despierta. El mito de la caverna del Platón se ha hecho realidad con los medios: vivimos encadenados a un mundo de sombras. Las sombras nunca dialogan, porque son sólo eso: sombras. En un mundo de sombras no hay calor, porque no hay solidaridad, es decir, comunidad, sólo hay un mundo sombrío. Eso queda cuando desparece el diálogo de nuestras vidas y se impone el monólogo hueco de los sordos. Esa es la situación que producen los medios y que se manifiesta en la política: la imposibilidad de la comunicación. Cosa paradójica: en la era de la comunicación, esta ya no es posible. La imposibilidad de escuchar la razón del otro (que no soy yo) proviene de un solipsismo de la razón, cuyas figuras elocuentes son los promocionados por los medios: el ideal que se vende es un individuo ego-ista, que no sabe sino escuchar sólo la confirmación de sus certezas. El encierro nunca es solución sino la apertura. La comunicación humana tiene que refundarse a partir de una razón comunicativa. Lo cual significa operar una revolución en la racionalidad imperante. El tiempo de los especialistas ha entrado en crisis junto a la crisis económica global; las decisiones ya no pueden expropiarse sino, más bien, democratizarse. Por eso hay que adelantarse al cínico. Si no acepta la invitación al diálogo, hay que invitar a los demás que sí están dispuestos a dialogar, a superar los conflictos de modo racional, escuchándonos los unos a los otros.

Rafael Bautista es autor de “OCTUBRE: EL LADO OSCURO DE LA LUNA” y “LA MEMORIA OBSTINADA”.


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Argentina: Una nueva conquista en la lucha contra la violencia

Alejandra Waigandt (ARTEMISA)

Argentina ya tiene ley contra la violencia de género. De ese modo el país se colocó a la vanguardia de las naciones latinoamericanas en esta materia, lugar que comparte con México y Colombia. Especialistas en violencia comparan las legislaciones vigentes en la región, destacan los avances en la norma argentina, pero también advierten sobre aspectos que pueden limitar la posibilidad de garantizar una vida libre de violencia para las mujeres.

El Congreso argentino sancionó el 11 de marzo pasado la ley para combatir la violencia de género, colocando al país a la par de las naciones latinoamericanas que avanzaron en este sentido. No obstante muchas leyes en la región continúan circunscriptas a la violencia intrafamiliar o doméstica. Es el caso de Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Venezuela, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guyana, Puerto Rico, Belice, Trinidad y Tobago y Barbados, aunque en algunos de estos países también legislaron el acoso sexual o laboral.

La norma argentina mejora la Ley 24.417 de protección contra la violencia familiar, ubicando este crimen en el ámbito del hogar, pero también fuera de él, es decir, en la empresa, el club, el sindicato, el partido político, el Estado.

Esta nueva ley se titula "de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales." Sus 148 artículos por un lado caracterizan los distintos tipos de violencia (física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, y simbólica), y definen las formas en que ésta se manifiesta: doméstica, institucional, laboral, obstétrica, contra la libertad reproductiva y mediática, mientras que por otro lado habilitan mecanismos de ayuda a las víctimas.

Sin embargo fue México uno de los primeros países en tener esta clase de normativa. En febrero 2007 el Senado mexicano aprobó la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, obligando al Estado a intervenir directamente para evitar cualquier tipo de agresión contra mujeres y niñas. Esta legislación estableció competencias y obligaciones para los tres poderes del Estado, y los gobiernos provinciales y municipales, con el objetivo de garantizar la seguridad e integridad de las víctimas de este flagelo, según informó Monique Altschul, presidenta de la Fundación Mujeres en Igualdad (MEI).

Cecilia Lipszyc, socióloga y presidenta de la Asociación de Especialistas Universitarias en Estudios de la Mujer (ADEUEM), dijo que la nueva ley argentina incorpora un mandato similar a la disposición mexicana, ya que las políticas públicas en torno a la misma deberán implementarse en forma articulada entre ministerios, secretarías del Poder Ejecutivo, administraciones provinciales y municipales, universidades y organizaciones especializadas en violencia.

Ambas leyes coinciden en la definición de las modalidades de violencia de género, no obstante "en nuestro país no se dejan explícitas algunas de las formas más cruentas de violencia hacia las mujeres como el proxenetismo y la prostitución, lo cual limita la amplitud anunciada en el título", precisó Silvia Chejter, socióloga y directora del Centro de Encuentros Cultura y Mujer (CECYM).

En Colombia la Ley de Violencias contra las Mujeres se aprobó en diciembre del año pasado. Esta iniciativa no sólo estableció pautas para prevenir y sancionar cada una de las violencias, sino que también incluyó reformas al Código Penal. Brasil cuenta asimismo, desde septiembre de 2006, con la Ley Maria da Penha para prevenir y erradicar la violencia doméstica y familiar. Sobre todo se endurecieron las penas por delitos de violencia contra las mujeres y se establecieron medidas de prevención contra la reincidencia. En cambio a la ley que aprobó el Congreso argentino "le faltan penalidades para combatir este crimen", según el bloque opositor de la Coalición Cívica (ver nota "La ley no tiene sanciones ni medidas de prevención para todas las violencias")

Guatemala fue otro de los países en unirse al grupo de naciones que progresaron en la lucha contra la violencia machista. En abril de 2008 se aprobó la Ley contra el Feminicidio, sin embargo ese mismo año hubo 722 casos y durante los primeros 16 días de 2009 murieron asesinadas 26 mujeres.

Esta tragedia también azota a nuestro país. En 2008 perdieron la vida 110 mujeres a manos de su esposo, ex pareja, concubino, novio, ex novio u otro integrante de su familia, según un monitoreo de Amnistía Internacional Argentina. Mientras que en febrero de 2009 se registraron 7 femicidios, siendo 24 las víctimas de la violencia machista en lo que va del año, de acuerdo al registro de femicidios publicados en medios de comunicación que lleva adelante Artemisa Noticias.

Debido a esta realidad, la socióloga Silvia Chejter afirmó que "la sanción de una ley que se propone enmarcar las políticas públicas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres es un avance con relación a leyes anteriores." Y su colega Cecilia Lipszyc aclaró que "por primera vez la legislación nacional reconoce que la gran mayoría de las destinatarias de las agresiones son mujeres."

Por esas razones el movimiento de mujeres celebró la decisión de la Cámara de Diputados de acompañar la iniciativa con media sanción del Senado, convirtiéndola en ley durante la primera sesión parlamentaria de 2009. Pero si bien algunas de sus referentas reconocen que "es difícil" enmarcar en una única legislación las especificidades de las diversas modalidades de violencia, prefieren dejar explicitados aquellos aspectos que limitan la posibilidad de garantizar una vida libre de violencia a las mujeres.

Cecilia Lipszyc confesó estar preocupada por la partida presupuestaria y el organismo encargado de implementar la norma. "Temo que no haya dinero para aplicar la ley", aseguró tras lamentar que el Consejo Nacional de la Mujer (CNM) esté a cargo de instrumentar el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres previsto en la ley.

"El Consejo Nacional de la Mujer con su presidencia actual no puede hacerlo. Es presidido por una persona que no es competente y desconoce esta problemática. En la reunión de la Reunión Especializada de la Mujer (REM), en Brasilia, a la que asistimos regularmente las organizaciones de la sociedad civil, no hizo ningún aporte y se excusó diciendo que había asumido recientemente, pero en realidad estaba en el cargo desde hacía dos meses. Esta mujer dejó Argentina en un lugar pésimo", criticó la socióloga de ADEUEM, en referencia a Lidia Mondelo.

Sobre la implementación de este plan y otras acciones gubernamentales, Lipszyc explicó que la ley argentina "sigue bastante" a la Ley Integral contra la Violencia de Género de España, aunque en ese caso "se había consignado la partida presupuestaria previamente, y el presidente José Luis Rodríguez Zapatero no dudó en otorgarla."

En un análisis más general Silvia Chejter advirtió que "si bien el encuadre de la ley es de la violencia hacia las mujeres, en los distintos artículos las referencias concretas remiten permanentemente a la violencia doméstica. En el capítulo en que se establecen los lineamientos para las políticas estatales, esos deslices son reiterados. Y esto se relaciona con la dificultad de reconocer la violencia sexual, entre ellas, una de las formas mas naturalizadas e institucionalizadas como lo es la prostitución."

La especialista de CECYM agregó en ese orden que las medidas propuestas en materia de violencia sexual para los diferentes ámbitos institucionales "están pensadas especialmente para la violencia doméstica. Se reconoce la violencia sexual dentro de la pareja, pero no se nombra la violación marital o de pareja en forma explícita, lo que hubiera sido un avance simbólico y legal. Además los deslices hacia la violencia doméstica se reiteran cuando por ejemplo se dice evitar la judicialización innecesaria; si se tratara de violaciones, proxenetismo, trata para la explotación sexual, la judicialización sería obligatoria."

En cuanto al abordaje de las modalidades de violencias, Cecilia Lipszyc añadió que "es insuficiente el tratamiento de violencia laboral." La norma menciona la segregación ocupacional en detrimento de las mujeres, sin embargo para la socióloga "en este tema se necesita una ley específica."

De todas maneras, con esta nueva ley, Argentina pasó a integrar la flamante lista de países de América Latina y el Caribe que avanzaron en la protección de las mujeres, a través de leyes contra la violencia de género, la trata de mujeres y niñas o la violencia sexual. Ahora resta observar si las autoridades de este país también son cuestionadas por una escasa voluntad para aplicarla, tal como ocurre en toda la región.

"La ley no tiene sanciones ni medidas de prevención para todas las violencias"

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la ley contra la violencia de género. Tanto el oficialismo como la oposición, excepto el bloque de la Coalición Cívica (CC), votaron a favor del proyecto que unifica múltiples iniciativas reclamadas por el movimiento de mujeres. Aquí el por qué de la abstención.

La diputada nacional por la Coalición Cívica (CC) Marcela Rodríguez se abstuvo en el recinto de votar la ley contra la violencia de género, pese a que es una de las principales impulsoras de iniciativas vinculadas al problema de la violencia machista. Según la diputada nacional la nueva ley tiene avances en relación a la normativa vigente, pero el contenido no es coherente con la pretendida integralidad enunciada en el título. "Están faltando medidas de prevención, procedimientos para la erradicación de las violencias, y también sanciones para casos de incumplimientos" dijo.

Según el equipo de asesor@s de Rodríguez, "el proyecto prácticamente no tiene sanciones ni medidas de prevención para la totalidad de las modalidades de violencia. Por ejemplo define la violencia obstétrica, pero no incorpora sanciones para quienes la cometen, ni procedimientos internos dentro de los establecimientos de salud. Ocurre algo similar con la violencia sexual; se incluyen la prostitución forzada, la explotación, la esclavitud, el acoso, el abuso sexual y la trata de mujeres, pero no se consigna ninguna medida de prevención ni de asistencia y protección a las víctimas. Tampoco tiene medidas específicas para combatir la violencia laboral."

En cuanto a la definición de la violencia, la norma dice que "es toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, así como también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes."

Concretamente se objeta que se haya incluido "basada en una relación desigual de poder", primero porque "es innecesario", esta premisa está prevista en la Convención de Belem do Para, que es uno de los instrumentos internacionales recogidos en la nueva norma, y segundo porque "se le da una puerta de escape al agresor, quien exigirá que se demuestre esa relación desigual, y al mismo tiempo, cargamos a la víctima con una nueva prueba, y probar en cada caso esa relación desigual es muy difícil."

Sobre las violencias perpetradas por el Estado o sus agentes, según los y las expertas, falta agregar las toleradas por el Estado. "Esta incorporación es ineludible y fue demostrado en el caso de la brasileña María da Penha Maia, que obtuvo un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el cual se estableció que la tolerancia del Estado configura una violación a la obligación de sancionar y también prevenir e investigar la violencia contra la mujer", argumentaron.

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Etiología

Néstor Sappietro (APE)

La etiología, en el campo de la medicina, refiere al estudio de las causas de las enfermedades.

¿Qué le pasa?, ¿Desde cuándo?, ¿A qué lo adjudica?... Esas son las preguntas que según cuentan las enciclopedias hacen los médicos a sus pacientes desde los tiempos de Hipócrates.

Recién cuando se conoce la causa de una enfermedad es posible iniciar un tratamiento para curarla.

Todo esto que sucede en el campo de la medicina se nos ocurre pensarlo al leer la carátula del parte policial referida a la muerte de un pibe de 14 años que señala: “Muerte de etiología dudosa”.

La información señala que Maximiliano, el pibe de 14 años, “murió tras recibir un balazo de goma por parte de la policía y caer del techo de su vivienda en el barrio San Ignacio, de la ciudad de Córdoba. Su familia había llamado a la policía porque el adolescente estaba descontrolado, presumiblemente bajo el efecto de estupefacientes, y los había amenazado con un hierro y un tenedor”.

Hasta ese punto las versiones coinciden.

Es cierto que los padres del chico llamaron a la policía porque no podían contenerlo. Es cierto que estaba bajo la acción de estupefacientes. También es cierto que subió al techo con una varilla de hierro y un tenedor...

Los relatos toman distinto rumbo cuando la policía argumenta que “ante la negativa del adolescente de descender del techo y desistir de su actitud descontrolada, se efectuaron disparos al aire con postas de goma y algunas impactaron en la región abdominal”.

En cambio, la madre de Maximiliano cuenta la otra historia, la que habla del desprecio por la vida... “No trataron de hablar. Primero hicieron un tiro al aire, entonces Maxi se asustó, dejó el hierro e intentó bajar. Pero en ese momento le pegaron un tiro para matarlo. No hizo nada desde arriba y en el piso le dieron una patada para darlo vuelta. Además se lo llevaron esposado”.

El comisario Ángel Domínguez intenta salvaguardar el “buen nombre de la fuerza” declarando que “el menor amagaba atacar a los policías con el hierro, se efectúan disparos para que deje de hacerlo y cae con algunos perdigones en el abdomen”.

Sin embargo, los testimonios insisten en que el chico se había asustado después del tiro al aire, había soltado el hierro e intentaba bajar.

El ardid policial del “enfrentamiento”, en este caso resulta más inverosímil que de costumbre. Cuesta imaginar lo amenazante que puede resultar un chico de 14 años, bajo los efectos de estupefacientes, con un tenedor en la mano; cuando del otro lado hay balas esperándolo.

Maxi entró a la guardia ya muerto con una herida grave en la región del tórax y del abdomen.

La madre está segura que cuando se entregaba fue fusilado con un disparo a corta distancia. Está segura que tiraron a matar.

La carátula policial habla de muerte de etiología dudosa.

La etiología... la causa de una enfermedad.

¿Qué le pasa?, ¿Desde cuándo?, ¿A qué lo adjudica?...

Las fuerzas de seguridad en nuestro país están enfermas de intolerancia y arbitrariedad.

Los síntomas vienen desde hace tiempo, pero se agudizaron hace algo más de treinta años.

Podría adjudicarse a la impunidad, al encubrimiento, a la complicidad política...

La historia clínica está saturada de datos escritos con sangre. El diagnóstico lo confirman cada uno de los pibes que caen fusilados y cada una de las madres que en medio de la bronca, la impotencia y el dolor andan por las calles reclamando justicia.

Alguna buena vez habrá que iniciar el tratamiento.

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Argentina, Chaco: Cuestionan ausencia de la ministra de Salud. “Es una vergüenza que nadie sepa donde está”, dijo Siri

CHACO DIA POR DIA

El titular del bloque legislativo de la Alianza insistió en que “hay más de 5 mil casos de dengue y nadie sabe dónde está la ministra, si está de licencia, por cuánto tiempo y quién la reemplaza”, disparó.

Eduardo Siri también criticó que el ministro de Gobierno, Domingo Peppo, esté al frente del comité de crisis dispuesto por Estado provincial. “Para enfrentar una epidemia de dengue ponen un ingeniero al frente de un comité de crisis”, cuestionó.

“No pueden seguir hiriendo la susceptibilidad y la inteligencia de la gente mintiendo. Es una vergüenza que no haya ministro de Salud. No estamos hablando de algo sin importancia, estamos hablando de una epidemia de dengue; de 900 consultas en 12 horas en algunas localidades”, añadió.

En contacto con Radio Génesis, el titular de la bancada aliancista dijo que no es deseo de la oposición tomar este tema como un tema político o sacar réditos “pero pedimos por favor que le dejen de tomar el pelo a todos los chaqueños. Pedimos que el Gobierno recapacite y haga las cosas como corresponden”, sostuvo.

Mencionó que las personas que se infectan de dengue, si se vuelven a contagiar, en una segunda instancia, adquirirían el dengue hemorrágico que lleva a la muerte y que por ello es prioritario que “por lo menos pongan un médico al frente de esta organización, pongan una persona que entienda sobre el tema.

“Yo soy abogado, tengo conocimiento sobre la enfermedad, pero debo ser absolutamente sincero, no me animaría, no tendría cara para encabezar un organismo de esta naturaleza simplemente porque no es adecuada mi profesión para ese tipo de situaciones”, indicó.

“Yo quisiera que se interrogue a algún funcionario y le pregunte donde está la ministra de Salud, donde se fue, si está en Buenos Aires, en el Chaco, en el exterior. Si han puesto a alguien en su cargo”, dijo y advirtió que un ministro “no puede ausentarse cuando quiere y porque quiere y menos aun en el marco de una epidemia con más de 5000 personas infectadas de dengue”.

Confirmó que los funcionarios de la cartera de Salud que faltaron a la cita de la Legislatura serán nuevamente convocados para dar explicaciones y revelar las estadísticas.

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Argentina, Corrientes: Conmina a la refacturación. Jueza avala recurso de Asociación de Usuarios contra aumento de energía

MOMARANDU

El Juzgado Civil y Comercial N 8 a cargo de la doctora Anahí González Davis - subrogante- ha dado lugar este miércoles a una medida cautelar presentada contra el aumento energético por la Asociación de Usuarios y Consumidores y que obligaría a la Dirección Provincial de Energía a retrotraer las facturas enviadas a sus usuarios a los montos anteriores al reajuste, según informó el titular de esa entidad, Nelson Veas.

La organización defensora de los consumidores anticipó que pedirá extender el alcance de la resolución a las facturas del próximo bimestre.

La Asociación de Usuarios y Consumidores de Corrientes presentó la acción judicial -expediente 32226/09- contra la Dpec y el estado provincial luego de que se produjera un reajuste en las tarifas de energía considerado "abusivo" y no sujeto a derecho

La administración provincial decretó el incremento luego de que Nación retirara los subsidios a las transportadoras del fluido y de que estas reajustaran sus facturaciones a la provincias.

El asunto ha dado lugar a reclamos tanto judiciales como políticos e incluso cámaras empresarias del Nea en forma conjunta dirigieron sus reclamos a la Nación para que revisara la quita de los subsidios y re categorizara el servicio. De hecho también esta pendiente una acción de amparo de la misma Asociación de Usuarios pero contra el Estado nacional, pidiendo la revisión del aumento.

Sin embargo distintos planteos judiciales realizados en forma colectiva no habían prosperado hasta ahora. La jueza tuvo en cuenta en este caso, el carácter "legítimo" del demandante , una entidad civil que asume la representación de los usuarios y consumidores y que como tal es asimilada a una figura con garantías constitucionales.

Ayer mismo el Superior Tribunal de Justicia había rechazado una acción judicial planteada desde la Comisión de Defensa del Consumidor del Senado, por carecer de "representatividad".

De acuerdo con el fallo de la jueza la Dpec debe refacturar a sus usuarios a tarifas del quinto bimestre, al mismo tiempo que abstenerse de "cortar el servicio " a los que no hubieran pagado con el reajuste y considerar como parte de pago en próximas facturas a los que si lo hubieren efectivizado.

Veas dijo que la jueza hizo lugar "parcialmente a la media cautelar de no innovar y en consecuencia otorgó a la Dpec un plazo de 10 días, desde que fuera notificada fehacientemente, para que proceda a una nueva facturación de los períodos 6 del 08 y 1 del 09 conforme a los valores tarifarios y segmentación de acuerdo al consumo, anterior a la vigencia de la resolución numero 1049 (aumento de tarifas)"

La Asociación de Usuarios adelantó que pediría al juzgado una extensión de la resolución a las facturas del bimestre venidero que deben haber sido confeccionadas a valores del aumento.

Veas dijo que "consolida" a la Asociación que preside como la entidad legalmente representativa de los usuarios y consumidores.

Informó que en la presentación judicial los asesores legales de la Asociación en un escrito de 30 hojas tuvieron en cuenta el incumplimiento por parte del Estado de preceptos constitucionales, entre ellos la no convocatoria a una audiencia pública previa al aumento, como asimismo lo "desmesurado" del aumento comparativamente con cuadros tarifarios de la Capital Federal y Gran Buenos Aires.

Veas dijo que en realidad los usuarios había sido sometidos a un "doble" incremento porque el reajuste tarifario representó también un incremento en los gravámenes, como el IVA.

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Argentina, Salta: El gobierno no da explicaciones sobre la compra millonaria de un avión utilizado por Urtubey

COPENOA

La compre del Jet de última generación sobrepasaría los 25 millones de pesos. La operación según denuncian medios de comunicación de esta provincia no se publico en el Boletín Oficial y el gobierno no informo sobre la operación y el monto real de la misma.

El avión Jet sanitario es utilizado para trasladar pacientes de urgencia a la ciudad de Buenos Aires, pero también trasporta en viajes oficiales al gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey, quien habría duplicado según la prensa local las horas de vuelo del déspota y extravagante ex gobernador peronista Juan Carlos Romero.

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Argentina, Santa Fe: EPE, vaciamiento y “silencio stampa”

Mariano Martínez (TMO)

Las tercerizaciones de servicios, históricamente han sido utilizadas como instrumentos de vaciamiento de las empresas de servicios públicos en nuestro país. En nuestra provincia, la EPE es todavía hoy una de las víctimas de esta operatoria, por ejemplo a través de las concesiones del Estado a ENSEL.

Esta situación ha merecido un pedido de informes en la Cámara de Diputados, que si bien ha sido ignorado por el Ejecutivo, y van…, con el correr de los meses no ha despertado ningún tipo de iniciativa por parte de la corporación política, más afecta a los silencios que a las “medidas de acción directa”

“Silencio Stampa”: expresión que hace alusión “al silencio manifiesto que vale mas que mil palabras”

Pedido de Informe del Diputado y Secretario General de la CGT, Alberto Cejas, octubre de 2008

“La EPE no puede dejar en manos de terceros la vinculación primaria con sus clientes”

El Diputado Provincial del Frente para la Victoria, Alberto Cejas, ingresó este jueves en la Honorable Cámara de Diputados, un pedido de informe en referencia a los llamados a licitaciones publicas de la Empresa Provincial de la Energía.

“Estos llamados a licitación inobservan el fundamental hecho de que la EPE no puede dejar en manos de terceros la vinculación económica primaria con sus clientes, como los son la conexión, el mantenimiento de sus medidores, la toma de lecturas, la atención de sus usuarios o el manejo administrativo, entre otras actividades primarias. De la misma manera las Licitaciones Públicas antes mencionadas ponen en manos de terceros actividades y operatorias empresariales básicas y propias de la empresa” afirmó el diputado

Por otro lado es necesario tener en cuenta que lo más perjudicial de la tercerización se manifiesta afectando potencialmente de gravedad a los mismos trabajadores ya que los subcontratados no cuentan ni con la capacitación ni con la experiencia de los que trabajan en la empresa. La tercerización decanta en el incremento de los accidentes laborales ya que los trabajos de alto riesgo, sobre todo, deben ser llevados a cabo por personal especialmente capacitado y experimentado.

Pedido de informe

La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del organismo correspondiente y en relación con los llamados a Licitaciones Públicas de la EPE publicados en fecha Lunes 21 de julio de 2008 en el Diario La Capital de Rosario y en fecha Viernes 8 de agosto en Diario Uno de Santa Fe, informe lo siguiente:

Si dentro de la EPE se cuenta con personal capacitado para las tareas para las cuales se lanzan los llamados a licitación.

Si el punto anterior resultara afirmativo; ¿por qué el personal propio de la EPE no desarrolla las tareas de referencia?

Si el punto 1 resultara negativo; ¿por qué no se capacita al personal con el fin de dotar a la EPE con recursos humanos propio y necesario para las tareas primarias e indelegables?

Cuáles son las empresas capaces de proveer a la EPE de personal técnicamente capacitado y formado para las tareas requeridas.

Si se ha pensado en el hecho de que este proceso de tercerización de actividades básicas de la EPE puede tornarse confuso a la hora de establecer si la EPE es o no una empresa del Estado o si éste sigue conservando su poder de policía en la misma.

Fundamentos

Sr. Presidente;

En el Diario rosarino La Capital de fecha 21 de julio del corriente se publicaron tres licitaciones públicas: La Nº 2247, contratación de Conexiones de Baja Tensión; la Nº 2248, Contratación de Servicio de Toma de Lectura Medidores y la Nº 2249 para ‘Contratación de Horas Hombre para Diferentes tareas.

De la misma manera, en el diario Uno de Santa Fe y con fecha del 8 de agosto de corriente se publicaron los siguientes llamados: Contratación Servicio de Mantenimiento Laboratorio Convencional, Lic. Púb. Nº2262 en el ámbito de distribución de Santa Fe y Lic. Púb. Nº 2263 en el ámbito de la Suc. Reconquista. Asimismo en idéntica fecha y medio se publican los siguientes llamados: Lic. Púb. Nº 2258, Contratación Mano de Obra especializada Verificación Técnica de Medidores y Conexiones en BT, Villa Constitución, Rosario y San Lorenzo; Lic. Púb. Nº 2259 Contratación de Mano de Obra Especializada Verificación atención a de clientes y tareas administrativas, Villa Constitución, Rosario y San Lorenzo; Lic. Púb. Nº 2264, Contratación de Servicios de Mantenimiento de Laboratorio Convencional en Sucursal Oeste; Lic. Púb. Nº 2265 Contratación de Servicios de Mantenimiento de Laboratorio Convencional en Sucursal Villa Constitución.

Estos llamados a licitación inobservan el fundamental hecho de que la EPE no puede dejar en manos de terceros la vinculación económica primaria con sus clientes, como los son la conexión, el mantenimiento de sus medidores, la toma de lecturas, la atención de sus usuarios o el manejo administrativo, entre otras actividades primarias. De la misma manera las Licitaciones Públicas antes mencionadas ponen en manos de terceros actividades y operatorias empresariales básicas y propias de la empresa.

Sr. Presidente, es deber del Estado resguardar la viabilidad técnica y económica de la Empresa en función de que es propiedad del conjunto de los santafesinos. Sobrados ejemplos demuestran el daño que las políticas neoliberales dejan a su paso. Basta con mirar a los trenes, YPF, Gas del Estado o las empresas de energía eléctrica de la mayoría de las Provincias argentinas. Las empresas provinciales de Santa Fe y Córdoba siguen en manos estatales gracias a una decidida acción de los sindicatos lucifuercistas de las respectivas provincias. Sin embargo, se llama a Licitación Pública y se contrata mano de obra para tareas esenciales, primarias e indelegables de la empresa en vez de reponer las plantas de personal y llevar adelante un plan serio de desarrollo empresarial e inversión en recursos humanos y tecnológicos.

Por otro lado es necesario tener en cuenta que lo más perjudicial de la tercerización se manifiesta afectando potencialmente de gravedad a los mismo trabajadores ya que los subcontratados no cuentan ni con la capacitación ni con la experiencia de los que trabajan en la empresa. La tercerización decanta en el incremento de los accidentes laborales ya que los trabajos de alto riesgo, sobre todo, deben ser llevados a cabo por personal especialmente capacitado y experimentado.

El presente pedido de informes se fundamenta en la profunda convicción de que se debe actuar de manera muy cautelosa en el sentido de que la EPE es una empresa que es patrimonio del pueblo de la provincia de Santa Fe. Debe actuarse con responsabilidad y a plena conciencia de que lo que está en juego es el futuro desarrollo de la Provincia y la inmensa responsabilidad social que conlleva manejar una empresa que en definitiva es de los santafesinos. Esta responsabilidad es clara y no debe eludirse adoptando soluciones coyunturales que sólo disfrazan la situación actual y agravan paulatinamente el estado general de la empresa. Si esta situación continúa avanzando, tanto el deterioro mayor de la EPE como la inviabilidad de mantenerla en manos del Estado están asegurados.

En virtud de los argumentos expuestos precedentemente, solicito a mis pares acompañen el presente pedido de informes.

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Argentina: Alarmante precarización laboral, cerca de la mitad de los asalariados del Gran Tucumán está en negro

PRIMERA FUENTE

El NOA es la región con mayor grado de informalidad, con un 45,3% de empleo no registrado. En el Gran Tucumán, el 44,8% de los asalariados trabaja sin cobertura médica, aportes jubilatorios y red de seguridad social, mientras que Santiago del Estero tiene el peor índice: el 49%. A nivel país, afecta a unas 4,3 millones de personas al alcanzar el 37,8% en el cuarto trimestre del año pasado, una cifra menor a la de igual período de 2007, cuando llegó al 39,3%; pero mayor a la del tercer trimestre último.

Mientras crece el fantasma del desempleo por el avance de la recesión, el trabajo informal tampoco cede. En el país, unas 4,3 millones de personas aún trabajan sin cobertura médica, aportes jubilatorios y red de seguridad social. Esto representa un índice del 37,8% registrado durante el último trimestre del año pasado, que si bien representa una cifra inferior a igual período de 2007, cuando se ubicó en el 39,3%, es mayor si se lo compara con el porcentaje del tercer trimestre de 2008: un 36%.

Los datos, que fueron difundidos el martes por el cuestionado Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC), también develan que el NOA es la zona con mayor grado de informalidad, con un 45,3%. El peor índice es el de Santiago del Estero, donde casi la mitad (el 49%) de los asalariados no cuenta con cobertura social, mientras que en la zona del Gran Tucumán-Tafí Viejo alcanza al 44,8% de los trabajadores activos que suman en total unos 229.300 asalariados.

En el otro extremo se ubica la Patagonia, donde la informalidad afecta al 23,5% de los empleados. Ahí las ciudades con menos trabajadores informales son Ushuaia (14,9%) y Río Gallegos (15,8%). En la Capital es de 29% y de 40,6% en el conurbano, de acuerdo a los datos del organismo oficial.

Si bien a nivel nacional la cifra representa una leve baja con respecto al año pasado, es superior a la del momento de asunción de Néstor Kirchner, cuando el ‘negreo’ afectaba a 4 millones de asalariados.

El organismo también difundió una nueva serie de datos obtenidos a través de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), que confirma que la desocupación cerró 2008 en el 7,3%.

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Argentina: Los glaciares y la minería

Tomás Buch (RIO NEGRO ON LINE)

El 22 de octubre de 2008, el Congreso Nacional votó la ley 24.618 que establece condiciones mínimas para la protección de los glaciares en todo el territorio nacional. Dispone hacer un inventario y regula muy estrictamente cualquier instalación en un glaciar o en sus inmediaciones, y prohíbe expresamente la dispersión de sustancias contaminantes (lo que es obvio, pero lo que abunda no daña), la instalación de industrias y -muy específicamente- la exploración y explotación minera o petrolífera.

El 10 de noviembre, el Poder Ejecutivo la "observó" es decir, la vetó, mediante el decreto 1.837/08. Sus principales argumentos fueron: 1) se restringe las posibilidades de desarrollo de las provincias andinas. Sí, es imprescindible restringir esas posibilidades, si por una explotación minera se ponen en riesgo las fuentes de la vida misma: el agua. Reemplazar la ley -votada por unanimidad en ambas cámaras- por un "acuerdo" entre las provincias andinas, es hacer de cuenta que no tenemos un país ni un Congreso. 2) Que es redundante: sí, lo es en algunos aspectos; pero las otras disposiciones de protección -especialmente las provinciales- se cumplen mal o no se cumplen. Tampoco habría garantías de que la ley 24.618 fuese cumplida, pero una vez más: las prohibiciones sobre petróleo y minería son taxativas, y permitirían aquellas acciones judiciales que probablemente se trata de evitar.

La ley no tiene en cuenta que muchos de los glaciares que se pretende proteger están en la frontera con Chile y tienen vertientes hacia ambos lados. Eso es un defecto de la ley, pero no es mencionado ni "observado" en el decreto. Es un hecho: el monte Tronador, aquí al lado nuestro, o el Lanín, están en la frontera; no valdría de nada que nosotros protejamos nuestra mitad si los chilenos destruyen la suya, o viceversa. Es una consecuencia de los acuerdos de límites. La ley debería contener por lo menos una invitación a nuestros vecinos de tener el mismo cuidado con sus glaciares que el que nosotros quisiéramos tener con los nuestros. La misma polémica se ha desatado en Chile, porque al pie de los glaciares de Pascua Lama (San Juan) está el valle de Huasco, de producción agropecuaria, entre cuyos habitantes también se debate el asunto. No sabemos que haya acciones comunes, aunque el problema es el mismo, y entre los países existe un debate acerca de la repartición de los impuestos eventualmente devengados, en vez de un acuerdo sobre cómo cuidar mejor los ecosistemas comunes.

La ley reconoce que los glaciares y "ambientes periglaciares" son fuentes fundamentales de agua dulce, un material que, según todos los expertos advierten, se está rápidamente convirtiendo en un recurso estratégico. Sin embargo, la actividad minera requiere millones de metros cúbicos de agua para transportar y lixiviar el mineral, agua que se quitará de los usos humanos o llegará allí contaminada. Se sabe que sólo el 3% de la abundante agua de la Tierra es dulce y los glaciares forman parte de esta reserva. Los glaciares, tanto los continentales como el Hielo Continental argentino-chileno, como Groenlandia, los hielos marinos y la Antártida misma, están disminuyendo rápidamente de volumen. Basta ver fotografías de cualquier masa glaciar -el glaciar Viedma, en el lago homónimo al pie del macizo de los cerros Fitz Roy-Torre son un buen ejemplo- para observar su alarmante retroceso, que no sólo implica la pérdida de belleza paisajística (un detalle no menor en un país en el que el turismo es una actividad cada vez más importante) sino una grave pérdida de agua potable, uno de los insumos más importantes de la minería a cielo abierto.

Cuidar esa agua es una necesidad urgente. Ya se ha dado el caso de que barcos de ultramar, con el pretexto de buscar lastre para su viaje de retorno, han llenado sus bodegas con 70.000 toneladas de agua del Paraná, que luego vendieron por millones de dólares en países privados de ese recurso. Esto significa, sencillamente, robo de un recurso estratégico. Como realmente representa un delito novedoso, oportunista e ingenioso, no existe, seguramente, legislación alguna al respecto. Ojalá ya haya legisladores trabajando sobre este tema, antes de que robar agua dulce para venderlo en otro continente se transforme en un "derecho adquirido". Y ojalá que el proyecto que ellos elaboren no sea "cajoneado" como tantos otros u "observado".

Pero retornemos a los glaciares. No son estructuras muy robustas: reconocido el hecho de que no sólo son un obstáculo al tránsito, un objetivo de escaladores ni una belleza escénica, no hay que permitir que sus aledaños se vean maltratados. Su estabilidad depende de la temperatura ambiente y de las precipitaciones níveas, por supuesto, pero también de otros factores: por ejemplo, que sobre ellos no se depositen polvos que aumentan la absorción solar y aceleran el derretimiento en forma vertiginosa; que se los perfore o se establezcan sobre ellos edificaciones, que se los someta a vibraciones excesivas, que se realicen obras de cierta envergadura sobre ellos o en su vecindad inmediata, etc. Ni qué hablar que se vuelen pedazos o se construyan túneles que los atraviesen. Todas esas amenazas se ciernen sobre Pascua Lama, aunque la Barrick Gold jure lo contrario.

Yo mismo he visto desaparecer en dos días de pleno invierno toda la nieve del cerro Catedral, por la caída de ceniza volcánica. Éste es el tipo de fenómenos que no se pueden controlar ni evitar; pero la explotación minera, sí. En otra oportunidad he hablado de la minería, una de las actividades más importantes de la civilización desde sus orígenes. Pero hay diversas clases de minería. En la Argentina, que -a diferencia del vecino Chile- nunca fue un país minero, había existencias de oro en muchas ubicaciones. Pocos gramos por tonelada, hace unos años, no justificaban la explotación, porque resultaba más caro extraerlo de lo que valía el producto. En la crisis de los ´30, por ejemplo, el precio se fijó en 35 u$s la onza trío (unos 30 gramos), que es la unidad tradicional en que se expresa el valor del oro. Con algunos altibajos, el valor se mantuvo en esa zona hasta el comienzo de los ´70. Desde entonces, el mismo se duplicó en pocos años y, al margen de algunos altibajos, no bajó nunca más, aun teniendo en cuenta la desvalorización del dólar. En la actualidad, en cinco años se triplicó y hace poco rozó los 1.000 u$s/oz. Este tremendo aumento de precio es mucho mayor que el de los costos de explotación, de modo que ahora hay yacimientos rentables que antes no lo eran. A esto se añade una legislación absolutamente leonina proveniente de la época menemista, que absurdamente fija un máximo de 3% a las regalías que pueden cobrar las provincias, que se contrapone al reintegro del 5% que el Estado paga por embarcar en puertos patagónicos. O sea, que prácticamente regalamos los recursos mineros a quien los quiera explotar -por ejemplo empresas extranjeras como la Barrick Gold- y, según el caso, aun les pagamos encima. No sé por qué esta legislación nunca fue modificada, pero debe haber intereses creados y argumentos de esos de la "seguridad jurídica": si me dejé robar una vez, debo seguir dejándome robar.

Hay un poquito de oro por todas partes: hasta en el agua del mar, pero la recuperación de éste por suerte aún no es rentable. Hay oro a 6 km del centro de Esquel, pero los esquelinos no quieren verse expuestos a una explotación a cielo abierto con explosiones a 6 km del centro de una ciudad. La explotación minera a cielo abierto es más fácil y más barata: se desmonta un cerro y listo. Antes, había que cavar galerías. Progreso de la tecnología. Ni siquiera hace falta mucha gente, como los mineros de antes.

Y hay oro a 6.000 m de altura, en Pascua Lama, en la frontera chilena a la altura de San Juan. Debajo de un glaciar. El agua del glaciar destruido se usará para contaminar el resto de la región con desperdicios de una minería ruinosa para nosotros, desde el punto de vista ecológico, pero desde el económico también.

Hay un viejo dicho sobre aquello de "pan para hoy, hambre para mañana". Si la minería a cielo abierto al pie de un glaciar provee un poco de pan, lo hará para hoy y dejaremos un páramo para mañana. Un páramo contaminado.

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El comienzo del final para la ley de Radiodifusión

PRIMERA FUENTE

La Presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para reemplazar a la norma vigente desde la dictadura. "La expresión no puede ser monopolizada por un sector o empresa", sentenció ante un colmado Teatro Argentino de La Plata. Además, señaló que la iniciativa "era una vieja deuda de la democracia". Una delegación de la APT estuvo presente en el acto.

En el imponente teatro Argentino de La Plata, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó ante un auditorio colmado proyecto de ley de la democracia llamada de Servicios de Comunicación Audiovisual propone cambios sustanciales a la ley de la dictadura vigente.

La Asociación de Prensa de Tucumán (APT), estuvo presente en la histórica jornada con una reducida delegación integrada por Oscar Gijena, secretario general, Walter Alú, secretario de Organización y Gustavo Rossi, vocal y uno de los editores de primerafuente.

En un discurso de tono sobrio, despojado de la pasión que suele ponerle a sus alocuciones, la primera mandataria remarcó que la iniciativa apunta a garantizar la pluralidad de voces y que "cada uno piense por sí mismo, no como le marca una radio o un canal".

"Que puedan acceder a toda la información todas las voces, todas las creencias religiosas y políticas. Para que la ciudadanía decida a qué Dios rezar, a qué partido ingresar", agregó.

La Presidenta consideró que el sistema audiovisual de medios deberá servir para "formar ciudadanos libres, ciudadanos que puedan formar su propio pensamiento" y dijo que espera "una ley para que todos puedan hablar y se puedan informar, no lo que alguien quiere que sepan".

Cristina dijo que el documento es "un borrador de proyecto" para que sea debatido por todo el país, por organizaciones comunitarias, universidades y empresas. "Luego de discutida ampliamente, llegará al parlamento, no ya desde un gobierno o un partido, sino que será el proyecto de ley de todos los argentinos", expresó.

Agregó que espera un "debate horizontal y un consenso", para que el proyecto que llegue al Congreso "sea un reflejo fiel de la mayoría de los argentinos, que apueste al trabajo y la creación, y le de más voz e imagen a quienes no las tienen".

"Una representación federal que le dé la palabra a los que hacen patria y pelean por su cultura" y que ofrezca "desde el arte al fútbol de los domingos en forma libre y masiva, no sólo a los que pueden pagarlo”, argumentó.

La mandataria hizo la presentación ante un teatro colmado de dirigentes de todos los sectores y todo el país, entre los que figuró el ex presidente y titular del PJ Néstor Kirchner, miembros de su gabinete, gobernadores como José Alperovich, funcionarios del área de las comunicaciones, autoridades universitarias, y el secretario general de la CGT, Hugo Moyano.

Además estuvieron los gobernadores de Buenos Aires Daniel Scioli; de Formosa, Gildo Insfrán; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de San Juan, José Luis Gioja; de Entre Ríos, Sergio Uribarri; de Mendoza, Celso Jaque; de Chaco, Jorge Capitanich; y de Chubut Mario Das Neves.

Cristina indicó que el proyecto incluye los 21 puntos de la propuesta de ley de la Coalición Democrática, entidad con la que el gobierno realizó reuniones desde hace más de un año, encuentros a los que aportaron empresas periodísticas, diversas ONGs y gremios como la APT.

Tomó las palabras del interventor del Comfer, Gabriel Mariotto -que la antecedió en la palabra con el jefe de Gabinete Sergio Massa- y afirmó que "esta ley es una vieja deuda de la democracia y el país debió esperar 25 años para debatirla".

Ponderó el trabajo del equipo técnico que la redactó, comandado por Mariotto, y dijo que el documento no se refiere a "una posición coyuntural" sino que "se trata de un instrumento jurídico hecho con seriedad y profundidad, para permitir el debate en un esquema de foros regionales a lo largo y ancho del país".

"Es un tema central que todos los argentinos tengan derecho a la expresión y que aquellos bienes de carácter social no puedan ser monopolizados por un sector o una empresa", sostuvo.

Además destacó que el documento es -"por primera vez desde el Código de Vélez Sarfield", de 1871- un "proyecto de ley anotado", definición que se refiere a la nota que acompaña a cada artículo, que explica su origen y acota el derecho comparado usado para formularlo.

Cristina refutó críticas enunciadas antes de conocer el proyecto, pronunciadas por "quienes tienen cola de paja", y aclaró que se trata "estrictamente del sistema audiovisual" y no involucra a empresas que puedan tener varios diarios.

Indicó que "muchos de los puntos planteados van a constituir un soporte legal ante las nuevas tecnologías" y dijo que uno de los principales objetivos apunta a salvar aspectos que quedan invalidados ante "el salto tecnológico tan vertiginoso" que se dio en las comunicaciones en los últimos veinte años.

"Necesitamos un soporte legal que no ahonde más la brecha y deje a la mayoría fuera de la modalidad, y que dé garantía a todo el mundo de acceder a toda la información", agregó la mandataria.

Destacó que el proyecto reserva el 33 por ciento del espacio audiovisual del país a organizaciones sin fines de lucro: "Por primera vez iglesias, universidades, fundaciones, sindicatos y organizaciones sin fines de lucro podrán acceder a una señal de transmisión".

Cristina detalló que el sistema audiovisual permitirá la participación de las minorías parlamentarias y que habrá una comisión bicameral del parlamento para el seguimiento de todo el sistema.

Luego consideró que su gobierno y el anterior de Néstor Kirchner son "pagadores de viejas deudas de la democracia" y en muchos casos "contraídas por otros", en referencia al desendeudamiento del país, la deuda en materia de derechos humanos, con los jubilados y también de este proyecto, que esperaba desde la recuperación de la democracia.

Cuáles son los principales cambios propuestos

La iniciativa, que aspira a reemplazar la norma que rige desde la dictadura, responde a los avances tecnológicos de los últimos 30 años y democratiza el acceso a la información. Aquí, los puntos clave.

La propuesta de proyecto de ley de la democracia llamada de Servicios de Comunicación Audiovisual propone cambios sustanciales a la ley de la dictadura vigente (Ley 22.285) que llevaba las firmas del ex dictador Jorge Videla, el ex ministro de Economía José Martínez de Hoz y el ex ministro del Interior Albano Harguindeguy.

El nuevo proyecto responde a los avances tecnológicos de los últimos 30 años y democratiza el acceso a la información definido como "derecho universal" en concordancia con el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

A continuación, un cuadro comparativo sobre los principales puntos entre la ley de la dictadura y el proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA).

OBJETO DE LA REGULACION
Ley 22.285: Unicamente se regulan los servicios abiertos (radio y TV) y los sistemas complementarios más antiguos, como Antenas Comunitarias.
Ley SCA: El objeto de la iniciativa es otorgar marco legal a todos los Servicios de Comunicación Audiovisual independientemente del soporte técnico utilizado para su transmisión.
El libre acceso a las nuevas tecnologías permitirá el establecimiento de garantías destinadas a proteger el pluralismo y la diversidad de todas las producciones audiovisuales.

LIBERTAD DE EXPRESION
Ley 22.285: Está limitada por las necesidades de la Seguridad Nacional. La ley actual admite restricciones a la Libertad de Expresión basadas en este motivo.
Ley SCA: Se garantiza el derecho humano universal al derecho a la información y a la libertad de expresión como lo prevé el 13 de la Convención Americana sobre Derechos humanos, que implica el derecho a recibir, difundir e investigar informaciones y opiniones. Los tratados de Derechos Humanos son una pieza fundamental del espíritu de esta propuesta.

AUTORIDAD DE APLICACIÓN
Ley 22.285: El organismo que regula la Radio y la TV está integrado por militares, servicios de inteligencia y empresarios.
SCA: El organismo que regulará los Servicios de Comunicación Audiovisual será dirigido por un órgano colegiado integrado por representantes de la legislatura nacional, de la segunda y tercera minoría y representantes del Poder Ejecutivo Nacional.
Se establecerá un Consejo Multisectorial y Participativo integrado por representantes de las Universidades, de las Asociaciones sin fines de lucro, de los trabajadores del sector, etc.

LICENCIATARIOS
Ley 22.285: La radiodifusión sólo se podía ejercer como actividad con fines de lucro. Las modificaciones operadas durante la década de los 90
Recién en el año 2005 el Congreso Nacional permitió a las personas jurídicas sin fines de lucro ser titulares de licencias de radiodifusión, pero con algunas restricciones.
Ley SCA: Se permitirá el acceso a las entidades sin fines de lucro.
Se reservará con carácter inderogable, el 33% del espectro para las personas jurídicas sin fines de lucro tales como, asociaciones, fundaciones, mutuales, etc.

MONOPOLIOS Y OLIGOPOLIOS
Ley 22.285: Se admiten los monopolios y los oligopolios de medios. El Estado tiene una participación subsidiaria, ya que solo puede dar servicio en áreas geográficas no rentables para los privados.
Ley SCA: Se impedirá la formación de monopolios y oligopolios.
Se promoverá el pluralismo del espectro y de los servicios de Comunicación Audiovisual. El Estado Nacional, las Provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y los Municipios tendrán asignadas frecuencias.

MEDIOS PUBLICOS
Ley 22.285: Solo se prevé su condición subsidiaria. Las Universidades deben ser titulares de licencias por explotación comercial en TV. Solo se preveía a ATC como empresa comercial.
Ley SCA: Se permitirá que las Universidades tengan emisoras sin restricciones ni obligación de ser sociedades comerciales.
Se propondrá un sistema de medios estatales con objetivos democráticos, con participación y control comunitario y social.

CONTROL PARLAMENTARIO
Ley 22.285: No está previsto ningún control por parte del Congreso de la Nación.
Ley SCA: El control del Congreso de la Nación estará previsto para evaluar el funcionamiento de la Autoridad de Aplicación, de los medios públicos y el desempeño del Defensor del Público.
Para ello se crea la Comisión Bicameral de Seguimiento y Promoción de los Servicios de Comunicación Audiovisual.

MULTIPLICIDAD DE LICENCIAS EN SERVICIOS ABIERTOS
Ley 22.285: Permite que una sola persona sea titular de 24 licencias de servicios abiertos (radio y TV).
Ley SCA: Sólo se podrán tener 10 licencias de servicios abiertos.

MULTIPLICIDAD DE LICENCIAS EN SISTEMAS POR SUSCRIPCION
Ley 22.285: Los sistemas de TV paga no tienen limitaciones en relación a las licencias que puede poseer una misma persona, siempre que no estén en la misma zona de cobertura. Esto facilita la formación de monopolios.
Ley SCA: Las licencias de TV paga estarán limitadas en número y en cuotas de mercado.

PLAZO DE LICENCIAS
Ley 22.285: Las licencias duran 15 años y se pueden prorrogar por 10 años más.
Ley SCA: Las licencias durarán 10 años y se podrán prorrogar 10 por años más, previa realización de Audiencias Públicas.

REQUISITOS PARA UNA LICENCIA
Ley 22.285: Se exigen requisitos personales basados en la posesión de riqueza y preferencia de aspectos patrimoniales.
Ley SCA: Para ser titular de una licencia se ponderarán criterios de idoneidad y de arraigo en la actividad.
Se excluirá de la posibilidad de ser titular a quienes hayan sido funcionarios jerárquicos de gobiernos de facto, atendiendo a la importancia de los medios en la construcción del Estado de Derecho y la vida democrática.

TRANSPARENCIA DE LA TITULARIDAD DE LAS LICIENCIAS
Ley 22.285: Esta ley posibilita que mediante la utilización de sociedades por acciones, se esconda la verdadera titularidad de las licencias.
Ley SCA; Se promoverá un régimen de transparencia de titularidad de propiedad de las licencias.

CONTENIDOS DE INTERES PUBLICO
Ley 22.285: Se permite la codificación de las transmisiones deportivas, impidiendo el acceso abierto a la mayoría de la población.
Ley SCA: Este proyecto prevé que los partidos de fútbol relevantes podrán verse por TV abierta.

MEDIOS DE PROPIEDAD SOCIAL
Ley 22.285: No están previstos.
SCA: Se promoverá la regularización de medios comunitarios, que han estado excluidos durante décadas.

COOPERATIVAS
Ley 22.285: Su participación estuvo prohibida hasta el año 2005. Actualmente pueden participar en forma restringida.
Ley SCA: Se establecerá un régimen abierto de participación para las cooperativas. También se implementarán medidas tendientes a evitar abusos de posición dominante.

CINE NACIONAL
Ley 22.285: No está previsto.
Ley SCA: Se establecerá una Cuota de Pantalla de Cine Nacional, como lo han hecho países como Francia o Brasil.

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Aumenta el euro en el mercado cambiario argentino

XINHUA

El valor del euro en el mercado cambiario argentino aumentó hoy 20 centavos con respecto a la jornada del miércoles, al venderse en cinco pesos por unidad y 4,85 pesos a la compra.

El dólar abrió las operaciones en Argentina sin variaciones con respecto a la jornada anterior, al cotizarse en 3,63 pesos a la compra y 3,67 pesos a la venta.

Los analistas coincidieron en que el alza de la moneda europea se debe a que el dólar se ubicó en el mercado de Frankfurt en 1,362 por euro, el nivel más alto desde comienzos de enero pasado.

Dicha recuperación se apoyó en una compra masiva de bonos que anunció la Reserva Federal de Estados Unidos.

Algunos analistas atribuyeron también el alza de la moneda europea a la incertidumbre política y económica, que en las últimas semanas se agravaron en Argentina.

El proyecto de la presidenta argentina Cristina Fernández de adelantar las elecciones legislativas nacionales al 28 de junio próximo, así como las declaraciones que hizo junto al ex mandatario argentino Néstor Kirchner sobre las dificultades económicas que se avecinan, impulsaron a muchos inversores a la compra de euros.

Un portavoz del Banco Central de la República Argentina (BCRA) afirmó que la entidad monitorea de manera permanente el mercado cambiario para evitar que se produzca una corrida desestabilizadora contra el peso.

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