lunes, 6 de abril de 2009

Construyendo la impunidad a través de la propaganda: George W. Bush ¿debería ser arrestado y juzgado por crímenes internacionales?

Anthony J. Hall (Traducido del francés por Carla Francisca Carmona Young, especial para ARGENPRESS.info)

Durante largos años, algunos sociólogos han alcanzado cierta posición, participando en una campaña destinada a mancillar cualquier crítica en contra de la política estadounidense, atribuyéndola a una fascinación patológica masiva por el complot. Los tiempos cambian. El 6 de marzo de 2009, durante la prestigiosa conferencia anual de sociología de la Universidad de Winnipeg, el profesor Anthony J. Hall cuestionó la impunidad que le confiere el tabú del 11 de septiembre al gobierno de Bush. Reproducimos una versión ampliada de su intervención.

Graves acusaciones vinculan en actos criminales tanto al ex presidente de Estados Unidos, George W. Bush, como al actual presidente de Sudán, Omar al-Bashir. A fines de febrero de 2009, trascendió que la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya se disponía a emitir una orden en contra de al-Bashir, a propósito de su presunta responsabilidad en crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio. Mientras se preparaban tales documentos contra el presidente de Sudán, el ex presidente Bush se aprestaba, por su parte, a dar una serie de conferencias remuneradas que comenzarían el 17 de marzo en la ciudad de Calgary, en Alberta (Canadá). La visita de Bush a la capital petrolera de Alberta puso a prueba la coherencia y la autenticidad de la posición “inequívoca” del gobierno canadiense, según la cual «Canadá no es, ni se convertirá, en un refugio seguro para personas implicadas en crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad u otros actos reprensibles».

El contraste entre el trato conferido a Bush y a al-Bashir fue puesto de manifiesto casi inadvertidamente por Geoffrey York, un colega con quien discutía a menudo, hace 20 años atrás, cuando los dos éramos corresponsales regulares del periódico Globe and Mail de las peripecias de Asuntos Aborígenes de Manitoba (Canadá), temas que, en varias ocasiones, fueron de interés nacional. En su reportaje sobre los cargos en contra de al-Bashir, York escribe:

«Por primera vez en la historia, un tribunal penal internacional se apresta a emitir una orden de arresto contra un jefe de Estado, acusándolo de haber orquestado una campaña de asesinatos, torturas y violaciones». El periodista consideraba que esta iniciativa de la CPI «sería vista por muchos como una prueba de que ninguna persona está por encima de la ley».

Este contraste abrumador entre el trato otorgado a al-Bashir y el trato que se le da a Bush, deja en evidencia la división que existe en el mundo entre criminales (o presuntos criminales) en dos grandes categorías: la primera, constituida por una pequeña elite que, esencialmente, está por sobre la ley y una segunda, compuesta por gente que no es lo suficientemente rica ni lo suficientemente influyente como para escapar de la fuerza coercitiva de la ley. Con ironía he llegado a esta conclusión. Por una parte, la decisión de la CPI de emprender acciones legales en contra de al-Bashir, como también, de abrir un juicio contra el comandante congolés Thomas Lubanga Dyilo en enero de 2009, son señales de una transformación importante de la CPI. Este tribunal ya no es un simple difusor de la expresión vacía de ideales nobles, sino más bien una instancia de real compromiso que busca someter las leyes del asesinato, la mutilación y la intimidación a la autoridad máxima del derecho.

Por otra parte, estableciendo la responsabilidad, en su primer acto jurídico, de a poderosas figuras locales de aquellas regiones de África que sufren y que, a menudo, son dominadas por los cárteles de materias primas y sus regímenes clientelistas, la CPI ha subrayado la hipocresía de un Occidente que protege, en el seno del complejo industrial militar, a sus propios señores y beneficiarios de guerra de toda responsabilidad jurídica por los actos de violencia cometidos por sus agentes. En efecto, muchos de los que, generalmente, planifican, instigan, financian, arman, facilitan y se apuntan en esta explotación, forman parte de lo que llamamos sector privado. De esta forma, el doble estándar promovido por la CPI en la elección de sus objetivos, en materia de acciones legales, no es más que la repetición a escala internacional del gran doblez del sistema de justicia penal de Estados Unidos.

Tal como lo ilustra crudamente el porcentaje desigual y escandalosamente elevado de Negros hacinados en las prisiones privatizadas de la superpotencia declinante1, las fuerzas del orden y la justicia hacen esfuerzos desproporcionados –de forma evidente– para criminalizar a los afro-estadounidenses pobres, teniendo cuidado de excluir de su atención a los habitantes de piel clara de los barrios de casas y a los pocos enclaves de la extrema riqueza. Las autoridades encargadas de aplicar el nuevo Derecho internacional, por su parte, se limitarán a perseguir a los jefes de las bandas de ese gueto continental que es África, con la mirada puesta en el exterior, cuando se trata, realmente, de redes criminales más globales, con sedes en Norteamérica, en Europa, en Israel y, cada vez más a menudo, en China, India y Rusia.

El renombre de Omar al-Bashir está lejos de ser internacional, mientras que George Bush es uno de los hombres más conocidos del mundo. En efecto, a lo largo de los ocho años de su desastroso mandato, Bush logró hacerse odiado mundialmente. Bush es ampliamente detestado por sus decisiones políticas, así como el conjunto de acérrimos belicistas, corsarios del capital, propagandistas de la mentira, evangélicos fanáticos, usureros, dementes defensores de la tortura y generales sicóticos que conformaban su círculo más cercano2. Una parte importante de la opinión pública mundial ve a este hombre desacreditado como la encarnación de algo peor que un execrable dirigente; estas personas consideran al 43º presidente de Estados Unidos un individuo grosero, irrespetuoso de las leyes. De esta forma, y con buenas razones, muchos perciben a Bush como a un desviado patológico que alimentaba la fantasía delirante de que el poder de su función le otorgaba toda la facultad de autorizar a las fuerzas armadas de su país y a merc
enarios privados para cometer masacres, desapariciones y torturas de la más grave índole y de envergadura genocida.

Esta visión, tan popular, se basa en un número creciente de estudios jurídicos de profesores universitarios que utilizan elementos de prueba ya disponibles en la esfera pública suficientes para establecer que George Bush y sus subalternos violaron numerosas leyes nacionales e internacionales, incluyendo los Convenios de Ginebra y las instancias de la ONU que prohíben la tortura. Philippe Sands, Francis Boyle3 y el profesor Michael Mandel, de la Osgood Hall Law School, tres de los más activos juristas internacionales, demostraron que George Bush y su gabinete de guerra transgredieron el Derecho internacional en muy repetidas ocasiones. De hecho, es muy larga la lista de juristas que buscan llevar al ex presidente estadounidense ante de la justicia. Vincent Bugliosi, quien fue fiscal en el caso Charles Manson, se adhiere a la causa con su nuevo libro «The Prosecution of George W. Bush for Murder» (El procesamiento de George W. Bush por asesinato)4.

Teniendo en cuenta la cantidad y la contundencia de la documentación ya reunida para inculpar a Bush y muchos de sus principales colaboradores en crímenes nacionales e internacionales, la facilidad con que el ex presidente atraviesa fronteras para dar discursos en lugares como Calgary, hay una manifestación de la disfunción jurídica de los organismos que aplican la ley. ¿Acaso el rol de estos organismos es proteger la propiedad y el prestigio de los ricos de la incursión de los marginados y desposeídos? ¿Acaso la ley no se reduce a una simple teoría cuando no puede restringir la utilización de manera abusiva de la violencia para arraigar los privilegios e intimidar a la disidencia? ¿Se levantarán las autoridades de la Corona en Canadá o el ministerio público en otros países para demostrar su respeto por el poder de la ley y su aplicación uniforme, tanto al presidente como al indigente, al colono como al nativo y al blanco como al negro? ¿Cómo podríamos trascender los códigos, a menudo racistas, contenidos en la retórica de la ley y del orden y elevarlos a las normas requeridas por el respeto a la primacía del derecho?

¿Nunca daremos lugar a la difusión de la verdad en el marco de un juicio que exigiera no sólo a Bush, sino a Richard Cheney, a Donald Rumsfeld, a Paul Wolfowitz, a Condoleezza Rice y otros, rendir cuentas sobre sus decisiones y sus actos en la dirección de guerras de agresión? En calidad de principales estrategas, los industriales del armamento y del petróleo, los propietarios de sociedades mercenarias y sus cabilderos y propagandistas, la mayor parte de estos individuos han contribuido a la edificación del proyecto del Proyecto Nuevo Siglo Estadounidense (PNAC, por su sigla en inglés, N. de la T.), o sea, la privatización de nuestra economía basada en el terror y las falsas justificaciones para las supuestas «guerras preventiva». Un año antes del 11 de septiembre, el PNAC anunciaba la necesidad de «un nuevo Pearl Harbor», que permitiera provocar el clima de histeria necesario para lograr los objetivos de sus patrocinadores. El más ambicioso entre todos era la creación de un pretexto para tomar el control de los recursos petrolíferos de Irak y de todo el Oriente Medio.

Imaginando al mundo regido por el Derecho internacional

Desde hace varias generaciones se ha establecido el principio de que todos los pueblos del mundo, junto con sus gobiernos, deben reconocer el beneficio común de la competencia universal cuando se trata de casos de la más alta criminalidad. A su regreso de África, en 1980, George Washington Williams, un misionero negro de Estados Unidos, ayudó a enfocar el pensamiento legal en esta dirección. Williams buscaba palabras lo suficientemente evocadoras para describir las espantosas violaciones de los derechos humanos de las que había sido testigo en el llamado Estado Libre de Congo del rey Leopoldo y así fue como encontró la expresión «crímenes contra la humanidad». En 1944, Raphael Lemkin, un judío polaco que logró escapar del horror nazi en Europa, se basó en su experiencia para reforzar el vocabulario de la criminalidad internacional. Lemkin creó la noción de «genocidio», contribuyendo así en el proyecto que intentaba tratar crímenes tan graves que comprometieran la supervivencia de una parte de la familia humana. Lemkin buscó en el mundo entero la forma de que no existiese inmunidad ni refugio posible para aquéllos implicados en la eliminación de grupos nacionales, étnicos, raciales o religiosos; crímenes a los que añade el genocidio cultural. En 1948, Lemkin ayudó a las delegaciones ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) a establecer la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Este pilar fundamental del Derecho internacional fue adoptado por Estados Unidos sólo en 1989.

Luego de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno estadounidense fue, brevemente, percibido como el principal modelo del principio de que aquellos responsables de casos de criminalidad internacional más elevada deben dar cuenta de sus actos en forma individual, en calidad de persona. Esta breve convergencia entre el pragmatismo y el idealismo fue aplicado en los procedimientos de Nüremberg y Tokio que juzgaron a algunos de los cabecillas del Eje por tribunales militares internacionales. Robert Jackson, el Fiscal General del gobierno de Estados Unidos en Nüremberg, al describir sus objetivos al presidente estadounidense Harry Truman, explicó que había llegado el momento de establecer claramente «que la guerra de agresión es ilegal y criminal». En su opinión, tal acto, incluyendo las campañas de «exterminación, avasallamiento y deportación de civiles» constituían «crímenes internacionales», de los cuales «son responsables los individuos». Cuando presentaba su argumento delante de los jueces, Jackson destacó la importancia de ir más allá de todas las antiguas líneas de defensa que habían proporcionado «inmunidad a prácticamente todas las personas implicadas en los grandes crímenes en contra de la humanidad y la paz». No puede «tolerarse» la existencia de un «terreno tan vasto de irresponsabilidad» teniendo en cuenta que «la civilización moderna pone en las manos de los hombres armas de destrucción ilimitadas».

El vocabulario utilizado por los jueces de Nüremberg en la determinación de las penas de los condenados nazis hace hincapié en que «desatar una guerra de agresión no constituye sólo un crimen internacional, sino que también el crimen internacional más grave, que solamente se distingue de los demás crímenes de guerra en que éste encierra dentro de si todo el mal del conjunto». Los méritos de Nüremberg fueron afinados y adoptados en 1950 por la ONU como principios que incluyen, precisamente, las características propias de los actos ilegales conocidos por haber tenido lugar, por ejemplo en Abu Ghraib o Guantánamo durante el mandato de George W. Bush. Los principios de Nüremberg dividen la criminalidad internacional en tres categorías: crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes en contra de la humanidad. Uno de estos principios establece que «el hecho de que el autor de un crimen internacional haya actuado en calidad de jefe de Estado o de funcionario, no lo libera de su responsabilidad en Derecho internacional»5.

Aunque la CPI sólo se haya unido recientemente a la infraestructura jurídica del derecho penal internacional, ésta se basa en esperanzas, ideales y tradiciones profundamente enraizadas en muchas sociedades que buscan la justicia. A pesar de todos sus problemas y lagunas, la CPI es la mejor expresión de la intención de hacer realidad un gran número de las más conmovedoras proclamaciones de la humanidad que anuncian la igualdad de dignidad de cada vida humana, tal como lo define la Declaración Universal de Derechos Humanos. La CPI se creó luego de un estudio de Naciones Unidas, y se volvió una verdadera entidad en 1998 con la adopción del Estatuto de Roma. Así es como el tribunal adquirió forma institucional en 2002 y, hoy en día, cuenta con 108 Estados miembros, incluyendo a Canadá, junto con otros 40 en vías de ratificar el Estatuto de Roma.

Sin embargo, los gobiernos de Rusia, India y China se oponen a esta corte. El presidente Bill Clinton firmó el tratado de Roma en nombre de su gobierno, pero el presidente Bush anuló, en 2002, la firma de su predecesor en el marco de sus grandes y múltiples esfuerzos por excluir a los Estados Unidos de varios acuerdos multilaterales. Por consecuencia. La CPI, ¿continúa siendo la mejor esperanza para el futuro? O, acaso, el lamentable fracaso, hasta hoy, de Estados en defender y hacer respetar la primacía del Derecho internacional ¿nos conduce a un estadio en que la humanidad debe intentar hacer algo nuevo? ¿Hemos llegado a un punto en la evolución de la comunidad mundial en que ya es posible, incluso necesario, comenzar a instalar las estructuras de una verdadera jurisdicción, cuyos funcionarios apliquen su competencia para arbitrar y aplicar el derecho penal internacional a través de la expresión de cierta forma de ciudadanía compartida de la humanidad?

Calgary y el Congo

Hay mucho más en juego de lo que parece evidente en la decisión de George Bush de aceptar una invitación para dirigirse a una platea de empresarios reunidos en Calgary por la Cámara de Comercio local. Según cree David Taras, un profesor de ciencias políticas de la Universidad de Calgary, es necesario advertir que en el gesto del ex presidente en este centro urbano «muy conservador y favorable a Estados Unidos «se esconde una estrategia para comenzar un proceso de limpieza de su imagen frente al público». Incluso, hay quienes han apodado a Calgary la «Houston del Norte», sobrenombre que no da cuenta del carácter real de la ciudad. Calgary es, de hecho, casi una colonia en el ámbito económico y, en cierta medida político y cultural, de Houston y de Dallas, esto porque un porcentaje importante de sus habitantes emigraron desde Texas o tienen parientes que viajaron hacia el norte desde el estado del ex gobernador Bush. Hoy, Calgary es la base política y la circunscripción del gobierno minoritario del actual Primer Ministro de Canadá, Stephen Harper. En 2001, Harper y algunos de sus consejeros provinciales más cercanos hicieron plenamente ostensibles sus posiciones llenas de prejuicios al proponer la construcción de un «corta fuegos» alrededor de Alberta para proteger de la autoridad constitucional del gobierno nacional de Canadá a sus recursos petrolíferos y sus agencias.

A lo largo de los últimos ocho años, Harper ha sido, durante su conducción de Canadá, algo así como el principal ostentador de la marca de fábrica de Bush. Como líder de la oposición, Harper criticó al Primer Ministro Jean Chrétien por no enviar tropas canadienses a la invasión de Irak. Harper, además, trabajó en estrecha colaboración con el ex Primer Ministro de Alberta, Ralph Klein, oponiéndose al Protocolo de Kyoto sobre el calentamiento global. De esta forma, los dos retomaron el discurso político elaborado por la empresa de asesoría y relaciones públicas Burson Marsteller. La filial en Calgary de esta empresa es la National Public Relations, cuyos «encargados de comunicación verde» crearon organizaciones de fachada tales como Canadian Coalition for Responsible Environmental Solutions (Coalición Canadiense para Soluciones Ambientales Responsables).

David Frum ha sido uno de los más extraordinarios celadores del eje ideológico que une Alberta con los ideales y el staff de la Casa Blanca de Bush. Antes de convertirse en uno de los principales propagandistas de la «guerra contra el terror» de George Bush6, Frum, que es un ícono de los neoconservadores, ganó sus galones trabajando para la revista Alberta Report, del evangelista Ted Byfield. Frum goza de un enorme prestigio entre la derecha por haber ayudado a actualizar la condena de Ronald Reagan al «imperio del mal», a precisamente acuñando la expresión «eje del mal», que hizo célebre George Bush utilizándola en su Discurso ante el Estado de la Unión en enero de 2002.

En consecuencia, numerosas fuerzas de la historia convergieron en la manera en que Bush sería recibido por los funcionarios de inmigración y del Ministerio de Justicia en el momento de su aterrizaje en el aeropuerto internacional de Calgary. El 23 de Febrero de 2009, la organización Abogados Contra la Guerra advirtió a algunos funcionarios, incluso al Primer Ministro Harper y al líder de la Oposición de Su Majestad, que «George W. Bush, el ex presidente y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas estadounidenses, es una persona acusada de torturas, de crímenes de guerra y de otras violaciones flagrantes contra los derechos humanos». Estos juristas explicaron por qué Bush no debía ser autorizado a ingresar al país arguyendo disposiciones muy precisas de la ley de inmigración, junto con secciones particulares relativas a los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra. También explicaron que en caso de que Bush fuera autorizado a entrar en suelo canadiense, entonces debería ser arrestado por la policía de Canadá. Para apoyar sus aseveraciones, los juristas citaron numerosas fuentes, incluyendo elementos de prueba extraídos de un informe interno de la Armada estadounidense terminado en junio de 2008 por el general Antonio Taguba, como también, algunas de las conclusiones entregadas por el relator especial de Naciones Unidas sobre la tortura, Manfred Nowak. Este delegado de la ONU escribe «Tenemos en nuestro poder todos los elementos de prueba que establecen que los métodos de tortura utilizados por el gobierno de Estados Unidos en los interrogatorios fueron, especialmente, ordenados por el ex Ministro de Defensa estadounidense Donald Rumsfel... Es evidente que estas órdenes fueron dadas en pleno conocimiento de las altas autoridades de Estados Unidos».

Existen numerosos aspectos que permiten la proliferación mundial de la tortura en Canadá, las deportaciones extraordinarias, los encarcelamientos injustificados por falta de un juicio regular y otras violaciones a los Derechos Humanos, que en la mayoría de los casos involucran, de una forma u otra, a la Casa Blanca de George Bush. La Policía Montada del Canadá (GRC), el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Servicio de Inteligencia y Seguridad canadiense, más el conjunto de las ramas del gobierno de Estados Unidos, están implicados en los hechos que condujeron al arresto y tortura en Siria de los ciudadanos canadienses Maher Arar, Abdullah Almalki, Ahmed El-Maati y Muayyed Nureddin. El terror de Estado del que fueron víctimas estas personas constituye una pequeña parte del régimen transnacional de no-derecho, resultado de la enunciación ilegal del presidente de Estados Unidos sobre su competencia jurisdiccional sobre cualquier persona, de cualquier parte del mundo, que sea designada por el poder ejecutivo estadounidense como combatiente enemigo ilegal. Tal término, «combatiente enemigo ilegal», es una expresión inventada por los consejeros de George W. Bush, como un dispositivo lingüístico que permite al gobierno canalla de Estados Unidos desvincularse del Derecho internacional e incluso de su propia legislación.

Michael Keefer, de la Universidad de Guelph, estudió cuidadosamente el esmero del gobierno de Stephen Harper en reproducir la misma estrategia de George W. Bush para ampliar el rol del estado dentro la seguridad nacional, jugando hasta el cansancio la carta de la amenaza de la supuesta existencia de una célula local terrorista islamista dentro de la región del Gran Toronto. Keefer mostró la forma en que la GRC utilizó agentes infiltrados pagados que recibieron varios millones de dólares por la elaboración de un fiasco que terminó con la «evaporación de las acusaciones». El caso sufrió literalmente una implosión una vez que la GRC creó las condiciones políticas para que el Primer Ministro Harper pudiera divulgar en 2006 la versión canadiense de las teorías alucinantes de George Bush respecto al «odio» imaginario que el Islam profesa en contra de las libertades occidentales. La debacle fue grande, pero probablemente no lo suficiente como para no destruir la vida de jóvenes traumatizados, ello a pesar de que hayan salido libres del tribunal. Según Keefer, este episodio consistió, esencialmente, en una «operación de propaganda cuidadosamente planeada para reforzar la fraudulenta operación de manipulación psicológica que representa la guerra contra el terrorismo posterior a los atentados del 11 de septiembre».

Los roles de los gobiernos canadiense y estadounidense como socios en violaciones flagrantes de Derechos Humanos y del Derecho internacional se ilustran de manera clara en el caso del ciudadano canadiense Omar Khadr7. Khader era un niño soldado de quince años cuando fue arrestado en Afganistán por las fuerzas estadounidenses durante un violento incidente en que el menor resultó herido dos veces. Poco tiempo después de este hecho litigioso, Khadr fue transferido al tristemente famoso campo X-Ray en Guantánamo, Cuba. El Primer Ministro Stephen Harper usó este caso para expresar públicamente su intención de subordinar la soberanía de Canadá a la cultura de dominación militar estadounidense de Bush. A diferencia de dirigentes de otros países occidentales que han intervenido exitosamente en la liberación de sus ciudadanos de Guantánamo, Harper prefiere mantener su concomitancia con las autoridades estadounidenses, omitiendo cualquier petición que lleve a Omar Khadr al país donde nació.

El general canadiense Roméo Dallaire, que participó en operaciones de mantenimiento de paz de Naciones Unidas, hizo observaciones sobre la importancia del caso Omar Khadr, desde la perspectiva de un experimento de los gobiernos canadiense y de Estados Unidos para probar la disposición de no respetar las leyes internacionales que prohíben las acciones contra niños soldados. Dallaire escribió: «Permitimos a Estados Unidos juzgar a un niño soldado canadiense por un tribunal militar en donde los procedimientos violan los principios fundamentales de la justicia». El general tuvo en cuenta «pruebas irrefutables de la malignidad de Estados Unidos», de «alteraciones» de pruebas y de diversas formas de abuso en contra de Omar Khadr llevadas a cabo por funcionarios, incluyendo amenazas de «violación y de muerte». A propósito del caso de Omar Khadr, Dallaire acusa al gobierno de Canadá de ser cómplice de «una afrenta a los Derechos Humanos y al Derecho internacional».

El desprecio hacia todos los principios reconocidos del derecho estadounidense e internacional en la Bahía de Guantánamo y en Abu Ghraib serán vistos, ciertamente, por las generaciones venideras como pruebas de la infamia de los dos mandatos de George W. Bush. Cierta cantidad de juristas militares renunciaron disgustados a sus puestos en Guantánamo, como por ejemplo el coronel Morris Davis, fiscal en jefe. Un denunciante interno, más reciente, es el teniente coronel Darrel Vandeveld, ex fiscal. Tal como relató Globe and Mail, el 2 de marzo de 2009, Vandeveld condenó los «tratos sádicos», los «abusos» y «simulacro» de justicia aplicado a Khadr y a los demás detenidos en el «desorden sin nombre» de Guantánamo. Amnistía Internacional declaró que Guantánamo «es el GULAG de nuestra época». Vandeveld expresó que «no podía creer que los estadounidenses fueran capaces de hacer eso», anticipando un testimonio que estaría muy de acuerdo a entregar ante un tribunal de derecho nacional o internacional.

El hecho de que al interior de un GULAG estadounidense continúe la persecución contra un joven aprehendido cuando era un niño soldado, opaca de manera reveladora la imputación de la CPI en la Haya a Thomas Lubanga Dyilo. Lubanga fue acusado de reclutar y utilizar niños soldados en el Este del Congo. Muchas sociedades mineras canadienses y estadounidenses integran las empresas occidentales (de América del Norte, Europa y África del Sur) que sustentan conflictos donde se utilizan niños solados. Los niños soldados continúan siendo usados por aquellos que se benefician, invariablemente, de los asesinatos masivos y del caos dentro de una zona que, sin duda, es testigo del más grande genocidio después de la Segunda Guerra Mundial.

Manteniendo la misma posición respecto al caso de Omar Khadr, George Bush y Stephen Harper ¿no transgredieron el mismo derecho internacional que se le acusa haber violado a Lubanga? En el momento en que nos acercamos al fin de la primera década del siglo XXI ¿podría existir una prueba aún más incuestionable de la anarquía cultivada en el más alto nivel de nuestros gobiernos? ¿Qué es lo que queda por decir cuando un ex presidente estadounidense, el actual Primer Ministro de Canadá y un comandante de guerrilla congolés pueden –los tres– ser acusados de transgredir de la misma forma las leyes internacionales que prohíben el reclutamiento y las acciones legales referidas a niños soldados?

Confrontando las mentiras del 11 de septiembre

No es difícil imaginar cuáles serían los principales argumentos de la defensa, si George Bush, Richard Cheney, Donald Rumsfeld y otros de su misma clase, se enfrentaran a sus inculpadores ante una corte de justicia. Seguramente, la defensa se basaría en que el país fue víctima –en 2001– del ataque de un enemigo exterior dotado de tácticas tan audaces e inesperadas que estos terroristas islámicos lograron tomar por sorpresa a todo el conjunto del complejo industrial militar, junto con la enorme maquinaria de la seguridad nacional. A partir de allí, los abogados de la defensa sostendrían que las invasiones a Afganistán e Irak, y todas las demás acciones, incluyendo las llevadas a cabo en la Bahía de Guantánamo y Abu Ghraib, no podrían ser interpretadas como elementos de una guerra de agresión y que no deberían considerarse como parte de un plan coordinado de agresión militar, en lo que ya estuvieron de acuerdo los jueces de Nüremberg hace mucho tiempo atrás, y en que representan «el crimen internacional más grave que sólo se distingue de los demás crímenes de guerra en que éste encierra dentro de sí todo el mal del conjunto». Luego de esta argumentación, los abogados de la defensa afirmarían que todo lo que sucedió durante la guerra (justa y civilizada) contra el terrorismo no debe ser interpretado como una guerra de agresión. Al contrario, sus acciones deberían ser consideradas como una forma de autodefensa necesaria, o tal vez, como acciones preventivas emprendidas por precaución con la esperanza de salvar civiles inocentes de la amenaza violenta de los extremistas islamistas.

Concientes o no, todos estamos continuamente bombardeados por el mensaje que busca convencernos de que existen buenas razones para temer a la barbarie de los terroristas, un mensaje elaborado con minuciosidad por los expertos de lo que llamamos «manipulación de las percepciones», para crear un recelo permanente hacia el mundo árabe y el mundo musulmán. Por consecuencia, el mito popular de la guerra contra el terrorismo constituye el elemento principal en que se basa la economía del terror que sustentó el crecimiento del gran complejo industrial militar a lo largo del mandato de George W. Bush. Al no existir ya el antiguo enemigo del tiempo de la “guerra fría”, fue preciso encontrar un nuevo enemigo. Empresas como Blackwater, la sociedad de mercenarios de Eric Prince, pudieron prosperar dentro del mismo modelo guerrero privatizado, tal como en la guerra santa, o yihad, capitalista contra el «imperio del mal» soviético.

Para controvertir los testimonios que citen el 11 de septiembre como la principal justificación de las medidas tomadas en nombre de la guerra contra el terror, en el momento en que un fiscal interrogue a su parte contraria podría confrontar a Bush y a los otros de la siguiente manera: El –o la– fiscal podría llamar a comparecer a ciertas personas con cargos, cuya presunta negligencia y/o incompetencia permitió que los terroristas alcanzaran sus objetivos que, por lo demás, están bastante bien protegidos. El fiscal podría pedir que se esclareciera lo sucedido con los funcionarios cuyas malversaciones y errores fueran causantes de aquellas deficiencias sin precedentes, como –por ejemplo– aquellos encargados de la inteligencia, del contraespionaje, de la seguridad en los aeropuertos, de la defensa aérea y los encargados de aplicar las leyes de inmigración. Podría exigir saber, también, si todos los funcionarios fueron despedidos. Si algunos fueron reprendidos, si alguien renunció. El acusado respondería «no». Entonces el fiscal preguntaría: «Y por qué, entonces?».

Si la masacre y la destrucción ocasionada el 11 de septiembre pueden ser atribuidas a un error masivo de la seguridad nacional, ¿por qué nadie ha asumido su responsabilidad ni ha sido considerado responsable de algún elemento preciso en este supuesto error? ¿Qué hay de la propia responsabilidad de Bush en el desastre? ¿Por qué el presidente no se hizo inmediatamente cargo de la crisis esa fatídica jornada del 11 de septiembre, yendo a Washington en lugar de huir a los confines del país en su avión Air Force One y dejando a Richard Cheney, el ex presidente de la empresa Halliburton, a cargo de las operaciones en el búnker bajo la Casa Blanca?

Las faltas más graves relacionadas con los eventos del 11 de septiembre no son aquellas atribuibles a las agencias de inteligencia estadounidenses, ni a los servicios de seguridad de los aeropuertos, ni al Comando de Defensa Aero-espacial de América del Norte (NORAD, por su sigla en inglés, que incluye a Canadá y EEUU, N. de la T.), etc. Al contrario, la incapacidad más profunda y más sombría de protegernos de estos enemigos que nos amenazan reside en el hecho de buscar quienes las utilicen entre los periodistas, los grandes medios de comunicación, los profesores y las universidades. Somos nosotros quienes, en la mayoría de los casos, escogemos renunciar a nuestro escepticismo y junto a él, a nuestra ética profesional y a nuestras responsabilidades. En general, nuestra clase y nuestra casta sigue respondiendo a los hechos del 11 de septiembre de manera más expedita que racional. En consecuencia, se trata –en mi opinión– de una traición masiva de parte de los intelectuales y es el resultado subyacente del fraude conocido bajo el nombre de «guerra contra el terrorismo». La guerra contra el terror sigue en fabricación, promoviéndose y vendiéndose al público en la más agresiva campaña de guerra jamás desplegada. ¿Cuántos de nosotros se vuelven cómplices de esta negra maquinación a través del silencio? El silencio es el principal factor que permite la continuidad de las guerras de agresión justificadas en nombre de la teoría oficial del complot del 11 de septiembre, tan infundada como desprovista de pruebas.

No es mi intención, aquí y ahora, desbaratar las mentiras y los crímenes de la Casa Blanca de Bush. Tampoco el reciente disimulo del Presidente Obama de los elementos claves en la verdad de esa mañana del 11 de septiembre de 2001. Me ejercité para tal desbaratamiento, pero no de manera tan exhaustiva, experta y profesional como han podido hacerlo otros. Podría citar decenas, casi centenas de sólidas contribuciones científicas para unir pruebas específicas, examinando detalladamente lo que probable y ciertamente sucedió esa mañana luminosa de fines del verano de 2001, como lo que realmente no tuvo lugar. La mayoría de esas contribuciones son de dominio público y es muy fácil tener acceso a ellas en la era de Google y You Tube.

A pesar de que son muchos los que han introducido las referencias necesarias en la comprensión de aquellos que están comprometidos con la búsqueda de la verdad, el aporte en especial de un profesor se distingue por la remarcable combinación entre alcance, precisión y atención a los detalles. Creo que hablo por muchos colegas quienes, en un amplio consenso, piensan que el profesor de teología David Ray Griffin ha ganado con holgura el título de jefe de aquello que llamamos «9/11 Truth mouvement» (Movimiento por la Verdad del 11 de septiembre, N. de la T.)8. Yo los desafío a leer una parte de la pequeña biblioteca de libros y artículos que él ha escrito sobre los diversos aspectos del 11 de septiembre, no a desarrollar un desprecio absoluto por la versión oficial del complot. Teniendo en cuenta lo que Griffin y otros han publicado, ya ha caído completamente en el descrédito la idea de que el ataque al Pentágono y la pulverización de tres torres de estructuras de acero del World Trade Center fueran causadas por un puñado de saudíes armados con cutters, con un somero conocimiento de piloteo y un intenso celo yihadista.

Hace poco, ha nacido la rama más profesional de los escépticos del 11 de septiembre, una obra del infatigable Richard Gage, fundador de la asociación «Achitects and Engineers for 9/11 Truth» (Arquitectos e Ingenieros por el 11 de septiembre, N. de la T.) que cuenta con 600 miembros (arquitectos e ingenieros). Dando a conocer y reuniendo un gran volumen de estudios técnicos, Gage ha logrado establecer, más allá de las dudas razonables, que las torres de poderosas estructuras de acero no se derrumbaron a causa del choque de los aviones comerciales, ni por los incendios del combustible, ni por la gravedad, sino que gracias a una demolición controlada. Las tres se derrumbaron sobre sus bases más o menos a la velocidad de la caída libre.

Últimamente he estudiado atentamente la vasta y profunda erudición que el canadiense Peter Dale Scott demuestra en su libro «The Road To 9/11: Wealth Empire and the Future of America» (El camino al 11 de septiembre: riqueza del imperio y el futuro de EEUU, N. de la T.)9. Esta obra, reconocida por sus pares, fue editada por la University of California Press, de Berkeley. Scott se basa en décadas de investigación sobre el funcionamiento interconectado de las compañías petroleras, de los cárteles de la droga, de las operaciones de contraespionaje, de los bancos y de la política. Su libro también describe una relación de colaboración tan larga como estrecha entre Dick Cheney y Donald Rumsfeld, que culmina con sus extrañas apariciones y desapariciones en los días que precedieron y sucedieron al 11 de septiembre. Al igual que los estudios de Nafeez Mosaddeq Ahmed10, el libro de Scott presenta muchos elementos de prueba que demuestran que el fantasma de Al Qaeda estuvo inserto en funciones de seguridad nacional estadounidense desde que se unió a los Muyahidín apadrinados por el dúo CIA – ISI (Inter-Services Intelligence, Inter-Servicios de Inteligencia, N. de la T.).

Comenzando como actores claves en las operaciones financieras del desaparecido Banco de Crédito y de Comercio Internacional (BCCI), fundado en Lahore, los personajes destinados a asumir roles dentro de Al Qaeda ayudaron a hacer avanzar el proceso de transformación del terrorismo en una empresa y una oportunidad política para numerosos mercaderes del miedo. Recomiendo especialmente el capítulo 10 del libro de Scott, titulado Al Qaeda y las elites estadounidenses. En las subdivisiones de este capítulos se leen frases como: «Los agentes de Estados Unidos, las compañías petroleras y Al Qaeda», «Estados Unidos y Al Qaeda en Azerbaiyán», «Unocal, los Talibán y Ben Laden en Afganistán», «Al Qaeda, el Ejército de Liberación de Kósovo y el oleoducto transbalcánico» o «Al Qaeda y el complejo petrolero, militar y financiero».

Podría terminar alegando a favor de una investigación parlamentaria en Canadá sobre la veracidad de la interpretación del 11 de septiembre, que continúa poniendo en peligro la vida de nuestros soldados en Afganistán. Podría terminar subrayando el fracaso periodístico de la CBC (Canadian Broadcasting Corporation, Radio Nacional de Canadá, N.de la T.) o la propaganda de las guerras de agresión, que ha proliferado especialmente en los medios comerciales. Tal como lo reveló la investigación a la CIA post Watergate, agentes reclutados entre los grandes medios de comunicación han sido utilizados por organismos de seguridad nacional (del Estado) para difundir campañas de desinformación, cuyo verdadero objetivo es impulsar los negocios de gente como la familia Bush, dinastía de beneficiarios de guerra. Podría ejemplificar algunos de mis argumentos refiriéndome a los ridículos sitios de Can West Global y sobre todo al de Nation Post. Solo citaré el título de un artículo en un periódico en que se da mucho espacio a los blogers anónimos para atacar mi trabajo. ¿Qué otra cosa que no sea defender el mito de la guerra contra el terrorismo están haciendo los redactores de este periódico cuando escriben el título: «Atacando a los teóricos del complot del 11 de septiembre», obstaculizando así cualquier debate?

Muchas son las formas en las que podría finalizar. Sin embargo, prefiero concluir este texto con algunas reflexiones sobre George Bush, el derecho internacional y el libro notablemente bien acogido de Naomi Klein, que lleva por título «La Doctrina del Shock: el auge del capitalismo del desastre»11. A través del prisma de su interpretación keynesiana, Klein observa varios países a lo largo de las últimas décadas. Para ello, por ejemplo, propone la convincente tesis de que los modestos programa de redistribución implementados en las economías nacionales y en la mundial, en general, no han resistido a las incursiones del «capitalismo del desastre». Nuestras relaciones materiales han sido sometidas, en forma repetida, a los shocks de la hiper-privatización durante los periodos en que hemos estado más vulnerables a los efectos desorientadores de los traumatismos, por supuesto manufacturados o inducidos.

Como lo reconoce la autora en su libro, los hechos acaecidos el 11 de septiembre son el ejemplo característico de su tesis central. El shock de las imágenes de la caída de las torres creó el pretexto para invadir Irak y para liberar la prisa que el régimen de Bush tenía por explotar lo que Klein llama «el mercado del terrorismo». Irak debía ser un prototipo que demostrara que «el trabajo del Estado no es proporcionar la seguridad, sino comprarla a precios de mercado». Por otra parte, la violencia en Irak ayudó a estimular, en Norteamérica, la cultura del miedo y del odio, que facilita el auge de lo que Klein llama «Industria de la seguridad de la patria».

Klein, como la mayoría de los autores que escriben sobre la guerra contra el terrorismo, es cautelosa para abordar los atentados del 11 de septiembre, para llegar, de esta manera, indemne a un terreno profesional más seguro. Para ella, ese lugar más seguro consiste en documentar la forma en que Bush, Cheney, Rumsfeld, Paul Bremen, y el resto de los arquitectos e ingenieros de la privatización de la economía del terror, han usado el 11 de septiembre para hacer avanzar la agenda política. Así es como, prácticamente eludiendo el tema de lo que realmente sucedió el día del gran shock, Klein se inclina por el mantra «errores de seguridad del 11 de septiembre». Entonces, Klein lleva a sus lectores a su original e importante análisis económico de Irak, el «Ground Zero» (Punto Cero, N. de la T.) de la guerra contra el terrorismo.

Creo comprender la decisión periodística de Naomi. La considero un compromiso necesario. Debía hacerlo si es que quería mantener la esperanza de dar a conocer su útil trabajo en los medios canadienses y estadounidenses, así como a los jóvenes militantes en el mundo entero. No obstante, pienso que Klein está demasiado bien informada como para no desconfiar de la coartada del «error de seguridad» sugerido por el régimen de Bush. Si mi intuición es acertada ¿qué se puede decir respecto a la gravedad del clima de paranoia, si incluso Naomi Klein se autocensura en lugar de arriesgarse a unirse a los grupo marginales «de los teóricos del complot»? ¿Es comparable la adhesión de Klein a los tabúes del 11 de septiembre a la de Noam Chomsky y a la de productores de medios, incluso progresistas, como por ejemplo Zmag, The Nation y Democracy now? O ¿Barrie Zwicker tiene razón cuando afirma que fuerzas malignas trabajan para repetir, en el contexto de la supuesta guerra contra el terrorismo, las mismas técnicas de desinformación y de guerra psicológica que se utilizaron durante la guerra fría?

La retórica del discurso de esperanza y cambio del presidente Obama no trascenderá los discursos de odio ni los crímenes de odio que continuarán multiplicándose hasta que el público vuelque su mirada a la verdad de los hechos, cuyo contenido ha sido deformado para justificar los crímenes internacionales que continúan perpetuándose en nombre de la guerra contra el terrorismo.

Mientras este fraude no sea revelado (reconocido), la obscenidad continuará y George Bush cruzará las fronteras internacionales para dar discursos generosamente remunerados. Sin embargo, el 17 de marzo nos esforzamos en lo que pudimos para hacer de la visita a Calgary del ex presidente estadounidense un test que nos permita saber si somos gobernados por las reglas del derecho o por las reglas de la desinformación, el amiguismo y el poder militar.

Foto: Archivo - El ex presidente George W. Bush en la Cumbre de las Américas en Mar del Plata, más atrás la ex secretaria de Estado Condoleezza Rice. / Autor: XINHUA

*) Publicado en inglés el 7 de marzo de 2009 («Should George W. Bush Be Arrested in Calgary, Alberta, To Be Tried For International Crimes?») en Global Research, de Montreal, provincia de Québec, Canadá (http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=12586) y reproducido en francés el 12 de marzo, según traducción de Arno Mansouri (http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=12681). Vertido del francés al castellano por Carla Francisca Carmona Young

Anthony J. Hall es profesor universitario y coordinador-fundador de Estudios de Globalización en la Universidad de Lethbridge, Canadá.


Notas:
1) «Les USA d’Obama : actuellement 1 noir sur 11, incarcéré ou en probation», Réseau Voltaire, 7 mars 2009.
2) «Les 52 plus dangereux dignitaires américains. Le jeu de cartes du régime Bush », por Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 1 de mayo 2003.
3) Lire Guerre biologique et terrorisme, por Francis A. Boyle, ediciones Demi-lune, disponible en Réseau Voltaire.
4) The Prosecution of George W. Bush for Murder, par Vincent Bugliosi, Vanguard Press, 2008, pp 352.
5) Los juicios de los tribunales militares internacionales de Nuremberg y Tokio excluyeron también la impunidad de los dirigentes: en su fallo del 1 de octubre de 1946 el tribunal de Nuremberg destacó que “la protección que garantiza el derecho internacional a los representantes del Estado no podría aplicarse a actos criminales. Los autores de estos actos no pueden alegar su calidad oficial para sustraerse al procedimiento normal y ponerse a refugio del castigo”.
6) «Le programme des faucons pour 2004», por Thierry Meyssan, Réseau Voltaire.
7) «Omar Khadr sera jugé, mais pas libéré», Réseau Voltaire, 27 de septiembre de 2007.
8) Ver artículos y libros (en francés) en Réseau Voltaire.
9) The Road to 9/11: Wealth, Empire, and the Future of America, por Peter Dale Scott, University of California Press, 2007, pp 432.
10) La Guerre contre la vérité, par Nafeez Mosaddeq Ahmed, éditions Demi-lune, 512 pp. Disponible sur la librairie du Réseau Voltaire.
11) La stratégie du choc : La montée d’un capitalisme du désastre, par Naomi Klein, version francesa Actes Sud, 2008, pp 669.


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Doble discurso en guerra contra la droga

Laura Carlsen (IRCAMERICAS, especial para ARGENPRESS.info)

A fines de febrero y principio de marzo, un ofensiva relámpago de declaraciones del gobierno y oficiales militares de Estados Unidos y expertos se abatió sobre los medios, aduciendo que México estaba alternativamente en riesgo de convertirse en un estado fallido, al borde de una guerra civil, perdiendo el control de su territorio y representando una amenaza a la seguridad nacional de los EE.UU.

En el mismo momento, se nos dice que el Presidente Calderón, con la ayuda del gobierno de EE.UU. está ganando la guerra contra la droga, debilitando notablemente al crimen organizado y restaurando el orden y la legalidad.

Ninguna de estas proclamas es verdad. En cambio, son elementos críticos a librar la hipotética guerra a la droga en México.

El doble mensaje de la guerra a las drogas impregna y define la relación Estados Unidos—México hoy en día. El discurso apunta, no a ganar la guerra contra las drogas, sino a asegurar los fondos y el apoyo público para el modelo militar de combatir el tráfico ilegal de drogas, a pesar de las pérdidas y abrumadora evidencia que las actuales estrategias no están funcionando.

Separando la realidad de la excitación inducida

México, y particularmente sus ciudades fronterizas y otros puntos clave en las rutas de la droga, tienen un serio problema. En estos lugares, la violencia caracteriza la vida diaria. Pero México no es un estado fallido. Es un trágico ejemplo de los resultados de políticas fallidas—a ambos lados de la frontera. Ambos gobiernos quieren ocultar este simple hecho.

En el pasado, asesoramientos exagerados de riesgos, ampliados por los medios y acompañados por advertencias abrumadoras al público prepararon el terreno para una intervención militar. Habitualmente se combinan hipérboles y completas mentiras, siendo el ejemplo más reciente el de "armas de destrucción masiva" en Iraq.

Aunque la intervención militar en México no está en el horizonte, las recientes exageraciones han sido acompañadas por pedidos de agrupamiento progresivo de tropas en la frontera. El gobernador de Texas, Rick Perry, voló a Washington a pedir 135 millones y 1.000 soldados. Circuló la versión de enviar más tropas de la Guardia Nacional, junto con menciones sobre una "insurgencia" en la frontera. El Gobernador del estado de Texas anunció un plan de rápida movilización en caso que México "colapsara", repleto de tanques y naves aéreas.

Luego que el saliente Jefe de la Seguridad Nacional Michael Chertoff hablara de un plan de contingencia para la frontera, los medios se preguntaron en voz alta si la nueva titular, Janet Napolitano, sería suficientemente dura. Ella respondió llamando a esta situación una "prioridad". El Secretario de Defensa Robert Gates llamó a la guerra mexicana contra la droga "un serio problema". El levantó un mar de protestas en México con su anuncio de que la desaparición de los prejuicios anti-Pentágono en Mèxico habían allanado el camino para una cooperación más estrecha. La embajada de Estados Unidos se vió forzada a emitir un comunicado declarnado que los EE.UU. no tenían intención de mandar tropas a México.

El Congreso también saltó para responder a la retórica. En ambas cámaras se han llamado a audiencias, incluyendo la Comisión de Seguridad del Senado y el Comité de Asuntos Gubernamentales presidido por el Senador Joe Lieberman (Indpendiente de Connecticut) quien, según informes en las noticias, estarán buscando "implicancias potenciales de actividad terrorista incrementada". Los Comités probablemente escucharán testimonios de personas que confirmen la amenaza percibida en términos sensacionalistas e imprecisos.

El gobierno mexicano ha respondido cabildeando contra-acusaciones. Calderón cita el papel de EE.UU. en la introducción y venta ilegal de armas, lavado de dinero y demanda de narcóticos.

Los motivos detrás de esta reciente excitación varían. Los gritos alarmistas de un colapso mexicano ayudan a confirmar la aprobación de medidas para ampliar la militarización de la frontera sur y obtener jugosos contratos para firmas privadas de defensa y seguridad. Los políticos locales están descubriendo que puede ser una vaca proveedora de dinero para ayuda federal.

La agitación de pánico sobre la infiltración de violencia desde México también surge justo cuando el Congreso considera la última cuota de la Iniciativa de Mérida, ahora incluída en la ley ómnibus de gastos. La Iniciativa de Mérida, diseñada por la administración Bush es el vehículo de 1.4 billones de dólares para reforzar la guerra contra las drogas declarada por el presidente mexicano Fellipe Calderón en el 2006. Proporciona ayuda de militares a militares para las batallas domésticas que están librando unos 40.000 soldados mexicanos e impone entrenamiento de parte de EE.UU. para prácticas policiales, forenses, penales y judiciales.

Desconstruyendo el doble discurso de la "Guerra contra las drogas"

El doble discurso permite a los arquitectos de la guerra contra las drogas justificar las respuestas militares que promueven, a pesar de sus pobres o contraproducentes resultados, y sirve para mostrar el fracaso como si fuera un éxito. El lenguaje exagerado de amenazas infantiliza a la sociedad con temor, mientras abre el camino a medidas militaristas y patriarcales.

Ahora que la excitación inducida ha tomado control de la agenda mediática y se ha abierto camino reptando hasta las percepciones del público, es importante determinar las verdaderas dimensiones y naturaleza del problema desconstruyendo el doble mensaje de la guerra contra las drogas.

Primero, los "hechos" usados para probar la tesis de que México es un estado fallido o una amenaza a la seguridad nacional son, en su mayoría, erróneos. Aquí hay algunos pocos ejemplos:

"México tuvo más muertes violentas que Irak en el 2008". El conteo de cuerpos en Irak calcula que la muerte total de civiles en 2008 fue de entre 8.315 y 9.028. El gobierno mexicano pone la cuenta de México para ese mismo año en 6.290, y esa cifra incluye las muertes de soldados y policías excluídos del conteo iraquí.

"70% de los mexicanos temen salir por miedo a los delitos". Esta estadística ha sido citada sin mencionar las fuentes. Es ridícula. En una reciente encuesta los mexicanos de toda la nación nominaron a la situación económica por encima del delito como el mayor problema en el país por un margen de dos a uno. Yo vivo en la Ciudad de México con mi familia y nuestras actividades no se han visto virtualmente afectadas.

"El gobierno mexicano ha perdido el control sobre amplias franjas del país". No se ofrecen datos para respaldar esta afirmación. Hay algunos pueblos y vecindarios donde el crimen organizado recibe pagos de negocios locales y les proveen servicios, pero eso no significa que no exista presencia del estado, y afecta a una proporción relativamente pequeña del país.

Segundo, los hechos usados para probar que la violencia mexicana se "está desbordando" la frontera—frase del día—dentro de los EE.UU., en los casos en que se muestran estos hechos son aún más engañosos.

Phoenix ahora figura clasificada segunda en el mundo en secuestros extorsivos con 366 casos, detrás de la ciudad de México con 6.000. Se supone que debemos asumir que éste es un rango per cápita pero no se nos dice de dónde proviene esta clasificación, cómo se elabora o por quién está hecha. El periodismo chapucero es importante a la hora de propagar dobles mensajes.

Más allá de la falta de fuentes para la clasificación o metodología, la inexactitud de esta afirmación reside en lo que no se dice. Según Claudine Lo Monaco, quien cubre la fuente para Arizona Public Media, la vasta mayoría de los secustros son de trabajadores indocumentados por parte de sus contrabandistas, en un intento de extorsionar a sus familias en busca de más dinero.

Esto es, ciertamente, un problema y ciertamente se trata de secuestros. Pero es un problema muy diferente al que de que se trata de un desborde de la violencia mexicana de la droga, como se lo está pintando. Aquí, otra política prohibicionista, esta vez la que prohibe seres humanos, ha creado una industria del crimen organizado que se alimenta insaciablemente de sus propias mercancías: los inmigrantes mismos. La doble atadura de las víctimas es tal vez el más acuciante ejemplo de resultados de políticas perversas de los tiempos modernos.

La cifra de 6,000 secuestros para la Ciudad de México tiene igualmente oscuros orígenes. La cifra del Instituto del Ciudadano para Estudios de Crímenes deriva de tomar el número de crímenes violentos reportados, multiplícalo por casi diez para reflejar el porcentaje supuesto de casos no reportados y después multiplícalo por .05% para separar los secuestros del resto de los delitos. Esto es una estimación adivinatoria, no un conteo.

Más aún, la estadística incluye miles de casos de un delito común que habitualmente no consideramos como secuestro. Este es el "secuestro express", raptos de 2-3 horas con el propósito de extraer dinero de los cajeros automáticos. Así que lo que realmente tenemos en esta cifra que ha sido difundida ampliamente en la prensa de EE.UU y proclamada con trompetas como prueba de la caída de México en la falta de ley, es un cálculo estimado, aumentado por el cargo más común de robo. Al desconstruir el doble mensaje de la guerra contra las drogas, es importante siempre cuidarse de las estadísticas.

Otra táctica común en los relatos periodísticos que llevaron al Senador John Mc Cain y otros a pedir audiencias y hacer declaraciones abrumadoras, es citar casos de extrema violencia en el lado mexicano. Las historias luego agregan declaraciones de que esta clase de violencia podría transpasar la frontera, sin ninguna evidencia de que lo haya hecho.

A veces, se mencionan hechos contradictorios, pero ocupan un lugar secundario respecto a la "hype" (excitación producida), que es lo que se considera la noticia real. Por ejemplo, en un artículo del New York Times titulado "Ola de Violencia por Droga está Arrastrándose dentro de Arizona desde México, Dicen las Autoridades", cerca del final del artículo se nos informa que los homicidios y crímenes violentos en el Condado Maricopa de la frontera de Arizona han disminuido en los últimos años. Unos pocos de los artículos sobre el ataque de pánico en El Paso sobre el desborde fronterizo de la violencia también se las arreglaron para mencionar que la ciudad tiene uno de los más bajos porcentajes de homicidios en el país, pero sepultaron este hecho entre una andanada de declaraciones alarmistas.

Otra evidencia usada para citar el desborde de los carteles mexicanos de la droga desafía la lógica. La Operación Xcellerator, una fuerte operativo de los EE.UU. se usa en forma retorcida como evidencia del peligro de México, cuando se trata de una red criminal de EEUU, operada por ciudadanos estadounidenses y dirigida a consumidores estadounidenses. Por supuesto, tiene conexiones con provisión extranjera, pero eso no altera la naturaleza transnacional—no mejicana—de la amenaza.

Cuando al ser interrogado, luego de dar testimonio ante el Comité de la Cámara sobre Asuntos Fronterizos e Internacionales el 23 de Febrero, el Director de Seguridad Interna, Steve Mc Craw afirmo que "Sí, (el derrame de violencia) ha ocurrido, no hay duda de ello". Pero los indicadores de este derrame que se discutieron en la audiencia, en ausencia de crímenes en aumento, incluyeron ciudadanos estadounidense tratados por lesiones sufridas en Juarez, solicitantes de asilo y amenazas contra ciudadanos estadounidenses. Ninguno constituía una verdadera infiltración criminal de México en la sociedad de EE.UU.

Estas afirmaciones y otras parecidas, aunque sin sustento, se van acumulando y forman una masa crítica para empujar un consenso público hacia la implementación de políticas peligrosas y alucinatorias—esta vez no en el distante Irak, sino en nuestro propio umbral. Como el modelo que imita—la guerra de Bush contra el terrorismo—la guerra contra las drogas en México está siendo montada sobre histerias, medias verdades, omisiones y completas falsedades.

El significado de éxito

El más evidente ejemplo de doble mensaje en la guerra a las drogas es la definición de "éxito". Aunque, supuestamente, México estaría al borde del colapso, miembros de la Administración de Obama, el Congreso y el Pentágono han declarado unánimamente el mensaje contradictorio de que desde que el Presidente Calderón lanzó su ofensiva contra el crimen organizado en Diciembre del 2006, su gobierno ha hecho grandes progresos contra el tráfico ilegal de drogas y el poder de los carteles, y que el gobierno de EE.UU. debe apoyar su guerra contra la droga.

Pero, esta afirmación no resiste un escrutinio.

El Congreso saviamente ha comenzado a fijar hitos mensurables en asignaciones para evitar los pantanos presupuestarios y militares del pasado. La Iniciativa de Mérida contiene cuatro "mediciones de desempeño": romper el poder e impunidad de las organizaciones criminales, asistir a los gobiernos de México y América Central a fortalecer el control fronterizo aéreo y marítimo, mejorar la capacidad de los sistemas de justicia de la región y reducir la actividad de pandillas en México y América Central y disminuir la demanda de drogas en la región.

En cualquier otro contexto, las mediciones de desempeño tan notablemente débiles, vagas y unilaterales serían consideradas inútiles para una evaluación real. Las mismas evitan lograr su propósito establecido, siendo tan difíciles de medir tal como están escritas y al no contener indicadores de éxito o fracaso. Dado el fracaso del similar Plan Colombia en cumplir sus objetivos como se demostró en una reciente evaluación de GAO (la Oficina de la Rendicíon de Cuentas del Gobierno), la omisión probablemente haya sido intencional.

Por ejemplo, el segundo item de la lista—ayudar a los gobiernos—no es una medida de desempeño, a menos que exportar bienes y servicios de defensa de los EE.UU. sea la verdadera meta. Mejorar la capacidad de los sistemas de justicia podría imaginariamente concebirse en tiempos más cortos en juzgados y un porcentaje más alto de condenas tras los arrestos, pero esos datos no están aún disponibles. Será interesante ver si en fecha posterior esto se resume y presenta con exactitud.

Respecto a la medida solicitando la reducción de actividad pandillera y comercio ilegal de droga, los EE.UU. excluyeron su propio mercado, que es la fuerza motora del comercio ilegal de drogas. La medida de desempeño requiere la iniciativa de mostrar una reducción en la demanda de drogas sólo en los países sureños. A pesar de los dictados del sentido común, la Iniciativa de Mérida no contiene ningunos fondos para la reducción de la demanda en los EE.UU.

Esto nos deja con el primer hito. Los indicadores comunes para reducir "el poder y la impunidad de las organizaciones criminales" lógicamente incluiría una reducción en la producción de drogas ilegales y un aumento en su confiscación, atacando así las ganancias de los carteles. También implicaría más arrestos y menos enfrentamientos violentos. Podemos comparar estas metas con los hallazgos del Informe Internacional de Estrategia para Control de Narcóticos de 2009 para ver si la primera cuota del plan de 1.4 billones de dólares está en el buen camino.

Entre 2007 y 2008 el cultivo neto de opio y cannabis en México aumentó. La producción de goma de opio, heroína y cannabis todas aumentaron. La erradicación de amapola y cannabis decreció en ambos casos significativamente desde comenzó de la guerra contra las drogas del 2006. Mientras tanto, las incautaciones de opio, heroína, metanfetaminas, cannabis y cocaína todas disminuyeron notablemente. La destrucción de laboratorios cayó casi a la mitad. Además, el informe advierte, el uso de drogas entre la juventud mexicana está en ascenso.

El modelo de guerra a las drogas mantiene que tendría que estar ocurriendo lo opuesto. De hecho, la única estadística que podría considerarse positiva en el informe es un aumento en el número de arrestos. Pero para evaluar verdaderamente esto como un progreso, deberíamos también conocer las cifras de condenas.

La conclusión de la Sección México del informe se desvanece ante sus propios datos.

"La reestructuración de las fuerzas de seguridad, unida al fuerte compromiso de las fuerzas armadas en la lucha por desmantelar las principales organizaciones del tráfico de drogas (DTO) ha probado ser efectiva. Estos esfuerzos condujeron a numerosos arrestos de narcotraficantes clave, al descubrimiento de laboratorios clandestinos de drogas, y a una dramática disminución en la importación de metanfetaminas y precursores".

Curiosamente, no se ofrecen estadísticas de esta última afirmación.

El informe es sometido a extrañas contorsiones para disfrazar la caída a la mitad de incautación de drogas ilegales como si fuera un "éxito". "Las agencias de imposición de la ley de EE.UU. atribuyen esta reducción a una mayor imposición que ha forzado a los traficantes a buscar rutas alternativas o empresas alternativas".

El informe de EE.UU. reconoce el impactante aumento en la violencia. Pero en ningún lado dice que del 2007 al 2008 las muertes relacionadas con drogas subieron a más del doble (de 2.500 a 6.290). Enfrentados con otro hecho adverso inconveniente más, el informe concluye: "El aumento de la violencia puede ser debido al éxito de la agresiva campaña anti-crimen del Presidente Calderón, quien ha desplegado ampliamente fuerzas militares en pesquisas y planes de seguridad regional, al mismo tiempo usando con más efectividad herramientas como las extradicciones".

El gobierno de EE.UU. aparece con una excusa especulativa para casi todos los pobres resultados que figuran en su propio informe. En el doblel discurso de la guerra mexicana a las drogas, el que el crimen organizado se desplace a nuevas regiones y nuevas empresas—tráfico humano, por ejemplo—es un signo positivo. La violencia es progreso. El asesinato es un indicador de éxito.

Hacia historias verdaderas y políticas corregidas

El crimen organizado no es el único actor principal en la relación EE.UU.—México. Compartimos una rica y altamente integrada relación, con intereses y desafíos comunes pero diferentes responsabilidades. Cada nación debe asumir sus propias responsabilidades, para enfrentar las muy reales amenazas transnacionales.

Una verdadera solución a la violencia de la guerra contra la droga y al poder del crimen organizado necesitaría que ambos gobiernos dejen de jugar el juego de culpar al otro y reconozcan que ese crimen transnacional es transnacional. Su crecimiento es un fenómeno de la globalización. El crimen transnacional asciende como resultado de frecuencia conveniente de cruces de fronteras que hacen imposible una verdadera inspección, sistemas financieros internacionalizados e inescrupulosos permite mover y lavar ganancias megatónicas, y otros sub-productos de la globalización. Los mecanismos de cooperación son necesarios, pero señalar con el dedo a México es un grave error.

Segundo, ambos países necesitan cortar los contratos con contratistas de defensa y compañías de seguridad privadas para obtener patronazgo político, e ingresar el factor salud pública a la ecuación. La tendencia a tratar drogadictos como pacientes, no criminales, y a enfrentar el comercio ilegal de drogas al menos en parte a nivel comunitario a través de programas de rehabilitación, prevención y reducción de daño está extendiéndose por el mundo. Mientras tanto, la guerra a la droga de México nos mueve en una dirección completamente opuesta.

Tercero, un nuevo enfoque significa abrir el debate a todas las opciones, incluída la legalización. En la mayoría de las veces, esta opción ha sido rechazada de plano en las discusiones en los EE.UU. como inoportuna, no-viable o inmoral. Es hora de ponerla nuevamente en la mesa, con estudios serios sobre potenciales impactos, positivos y negativos, de un fin selectivo a las leyes prohibicionistas.

Esto es exactamente lo que propone la Comisión Latino Americana sobre Drogas y Democracia, conducida por los expresidentes y guerreros anti drogas Fernando Enrique Cardoso de Brasil, César Gaviría de Colombia y Ernesto Zedillo de México. En un reciente informe emitido, ellos califican a la guerra contra las drogas como un fracaso y piden un "cambio de paradigma".

Los autores declaran: "La traumática experiencia colombiana es una útil referencia para que los países no cometan el error de adoptar las políticas prohibicionistas de los EE.UU. y que avancemos en la búsqueda de alternativas innovadoras". Ellos sugieren que México, "epicentro de actividades violentas" podría tomar el liderazgo para alentar un debate global sobre las actuales políticas del gobierno estadounidense e invitar a Europa y los EE.UU. a tomar seriamente el desafío de reducción de la demanda.

Versión original: Drug War Doublespeak
Traducción: María Etchart

Laura Carlsen es Directora del Programa de las Américas.


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Referéndum a medios que mienten y desvirtúan la realidad

Pedro Echeverría (especial para ARGENPRESS.info)

1. Otra vez Globovisión ha pasado a primer plano en Venezuela. Sucede como en México con Televisa y TV Azteca que violan todas las normas que quieran y no existe poder que pudiera frenarlos, mucho menos alguna ley que pudiera obligarlos a cumplir con la legalidad.

La diferencia es que en Venezuela hay un gobierno que busca estar al servicio del pueblo y tiene el apoyo de la mayoría de los sectores pobres; por eso los medios serán sometidos a referéndum. En México, por el contrario, los gobiernos están al servicio de los empresarios de TV y radio, les permiten que hagan lo que les venga en gana y dedican todo su tiempo a engañar a la población, a mal informar y a tergiversar de manera abierta la realidad del país.

2. Quizá si López Obrador hubiera asumido el gobierno y hubiese sido consecuente con la aplicación de un programa de izquierda, estuviera sucediendo exactamente lo mismo en México que en Venezuela. Hugo Chávez hoy se enfrenta a la gran burguesía rabiosa venezolana que está al servicio del gobierno yanqui, pero después de haber avanzado en un proceso de concientización del pueblo; por el contrario, si en México se convocara en estos momentos a un referéndum para que Televisa y demás medios cumplan con objetividad y pluralidad su papel, con el nivel de enajenación televisiva y religiosa de la población hoy, con toda seguridad de que esos funestos medios derrotarían cualquier osado que se le oponga.

3. En Venezuela el consorcio televisivo Globovisión (repito: como sucede en México con Televisa, TV Azteca y Radio Fórmula y demás medios) ha desvirtuado su papel informativo y ha asumido un papel político de desestabilización; por ese motivo y otros más, se informó que se propondrá ante la Comisión Permanente de Ciencia, Tecnología y Medios de Comunicación Social, la convocatoria de un referéndum consultivo con el objeto de definir el destino de ese canal de noticias. Se señaló que la programación que se trasmite a través del mencionado canal de televisión perjudica psicológicamente a buena parte de la población venezolana. No hay duda que el gobierno chavista triunfará en el nuevo referéndum.

4. Debe reconocerse que en Venezuela, durante el gobierno de Hugo Chávez, ha habido una revolución “pacífica” impulsada desde las esferas gubernamentales con respuestas positivas entre los sectores explotados y pobres. Parecido a lo que quiso hacer Allende en Chile de 1970 a 1973, a lo que hacen Evo en Bolivia y Correa en el Ecuador. El primer paso dado por esos gobiernos ha sido la consulta al pueblo para un cambio constitucional y el segundo tendrá que ser el cambio ideológico, es decir, evitar que los medios de información sigan envenenando la mentalidad de la población con engaños, tergiversaciones y educación enajenante. Los medios de información representan hoy en el mundo el primer poder.

5. Venezuela es una nación con poco más de la cuarta parte de habitantes de México y aproximadamente la mitad del territorio mexicano; sin embargo su indiscutible presencia internacional, lograda por la política popular y socializante del gobierno de Chávez, hace que Venezuela sea un país que representa la batalla antimperialista más importante de nuestro tiempo. Para debilitar y desprestigiar a Chávez los grandes medios de información venezolanos e internacionales se han dedicado a calumniar y desprestigiar al presidente venezolano. En ese contexto Globovisión, con su abierta campaña al servicio del gobierno de EEUU y su apoyo al golpismo en Venezuela, se pasó de la raya de lo aceptable.

6. La realidad es que con la programación de Globovisión se busca crear zozobra en la población, se miente a propósito, se desvirtúa la realidad y, como dicen los psicólogos estudiosos, “daña el lóbulo izquierdo del cerebro de los venezolanos”; por eso, y por haber asumido un papel político de desestabilización, se propondrá que se solicite una consulta para que sean los venezolanos los que decidan si quieren o no seguir viendo ese canal de televisión”, precisó el parlamentario, diputado Ricardo Capella. Además Globovisión se convirtió en un operador político y en parte del poderoso equipo desestabilizador que atenta contra el presidente Hugo Chávez. Quizá podría decirse que Televisa no ha llegado a ese nivel.

7. Recordó además el legislador que el director de esta planta televisiva asistió, junto a diversos dirigentes políticos de la oposición, a una reunión conspirativa que se realizó en Puerto Rico. Este grupo político opositor, al parecer integrante de un poderoso equipo internacional, fue a Puerto Rico a recibir 3 millones de dólares para financiar la campaña en contra de la Enmienda Constitucional venezolana. Por esto último se ha pensado redactar una ley para evitar que países extranjeros financien campañas políticas internas. Ese tipo de situaciones no deben ser permitidas por el gran daño que causan al país. Sin embargo en México los dineros de la campaña fluyen sin que la gente o los críticos se den cuenta.

8. Hechos que ejemplifican en México el contubernio del gobierno con los medios de información con el fin de impulsar a los candidatos del mismo partido gobernante, se dio a conocer ayer. Según publicó el periódico Excélsior, el director de la Lotería Nacional, Miguel Ángel Jiménez ofreció hasta tres millones de dólares al Diario de Yucatán para promover la imagen del candidato del PAN al gobierno del estado de Campeche, Mario Ávila Lizárraga. Este hecho, como hay varios cientos en las campañas electorales, fue denunciado como presunto desvío de recursos por parte del gobierno de Felipe Calderón para beneficiar a los candidatos de su partido. Los casos de corrupción de medios y políticos son miles.

9. Es de esperar que el ejemplo de referéndum en Venezuela para legitimar la expulsión de la muy pro yanqui Globovisión, sea imitada en el resto de América para limpiar a los países de esos medios informativos que en lugar de ser objetivos e informar con profesión, se han convertidos el poderosísimos consorcios internacionales al servicio del gran capital. La batalla contra esos poderosos monopolios internacionales encabezados por la llamada Sociedad Interamericana de Prensa, organización al servicio del imperio, debe comenzar y es de los pueblos. En México la clase política, caminando como reptiles frente a Televisa, jamás podrá hacer nada para que ese monopolio y los que lo apoyan cambien en beneficio de los intereses de la población.

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Elecciones adelantadas: Quién es quién y qué buscan

Marcelo Ramal (PRENSA OBRERA, especial para ARGENPRESS.info)

Las previsiones sobre "el día después" de las elecciones se han convertido en el deporte preferido de politólogos y economistas. La mayoría vaticina poco menos que el Apocalipsis para el 1º de julio. Sin embargo, cualquiera se da cuenta de que la crisis no pretende regalar una tregua de noventa días.

El adelantamiento de las elecciones es, precisamente, una maniobra para distraer la atención sobre el derrumbe económico en curso. La fuga de capitales, en marzo, fue de más de 1.000 millones de dólares. También se acentúa la escalada de suspensiones y despidos y el congelamiento de salarios, lo que, de paso, pone de manifiesto el monumental fracaso de los planes oficiales de reactivación del consumo. Un régimen en cesación de pagos tiene limitados recursos para rescatar a la economía capitalista del colapso. La recaudación de impuestos, en moneda constante, está cayendo, mientras el gobierno se financia postergando los pagos a los proveedores y contratistas, o recurriendo a los fondos depositados por entidades públicas - todo lo contrario de ‘una política de estímulo'. Para aventar un default de la deuda pública recurre a canjes de títulos a tasas de interés usurarias.

En resumen, la campaña electoral es rehén del colapso económico; para los trabajadores, la lucha contra las suspensiones y despidos será todavía más una prioridad absoluta. Ni siquiera se puede esperar un alivio de la publicitada reunión del G-20 en Londres, cuyo fracaso parece asegurado. El descomunal endeudamiento que desarrolla el gobierno de Obama dejará sin capacidad de financiamiento al resto de los Estados capitalistas o desembocará en una inflación que llevará a la crisis al sistema monetario internacional. Los K depositan una expectativa inusitada en la comercialización de la cosecha de soja, a partir de mediados de abril, pero los sojeros han advertido que seguirán reteniendo el grano y los monopolios exportadores ‘retacean' la venta de divisas -todos a la espera de una devaluación mucho mayor. A la luz de esto, las elecciones adelantadas deben servir para delinear la configuración de fuerzas con que la burguesía se propone enfrentar la crisis de aquí en más, incluyendo un recambio de gobierno.

El que gana gobierna, el que pierde acompaña

El acuerdo entre De Narváez, Solá y Macri se presenta como el principal bloque alternativo al kirchnerismo. Desde el punto de vista político, significa la tentativa de encaminar la crisis política a través de una interna del peronismo. Muchos intendentes del conurbano ya se han adelantado a este desarrollo mediante el copamiento de las listas de este llamado "peronismo disidente". O sea que ponen los huevos en las dos canastas y, en cualquiera de los casos, se aseguran la continuidad de su propia gestión. Es incuestionable que el aparato bonaerense del justicialismo está marcando la salida política a los figurones y no al revés -demostrando al mismo tiempo que tienen un instinto más agudo cuando se trata de la defensa del orden existente. La alianza Solá-De Narváez ha salido a la disputa del aparato pejotista que desde 2003 había sido colonizado por el kirchnerismo. Los gobernadores kirchneristas y los disidentes como Schiaretti y Reutemann definirán sus lealtades de acuerdo con el resultado de la interna peronista que se juega principalmente en Buenos Aires. En Santa Fe, Reutemann rechazó la extorsión de los kirchneristas que querían una lista compartida, armó una lista propia y salió a disputarles la representación electoral del peronismo. En definitiva, el régimen político vuelve a buscar la salida a la crisis a través del aparato peronista, con el agregado de la neo-derecha macrista. Los árbitros de la contienda nacional, se crea o no, van a ser los Othacehé, los Ishii o los ‘Cacho' Alvarez.

Los K se han anticipado en declarar que prefieren enfrentar a este tándem peronista disidente a tener que hacerlo contra Stolbizer y la UCR, porque de ese modo polarizarían la elección entre un centro-derecha y el progresismo - que ellos estarían representando (con la ayuda semántica de los profesionales agrupados en Carta Abierta). Esto, sin embargo, es la mitad de la verdad. La otra cara del asunto es que una victoria del dúo ‘disidente', o una suerte de empate, le daría al kirchnerismo la posibilidad de negociar, después de las elecciones, una especie de gobierno compartido con la ‘disidencia'. Esto es precisamente lo que vio enseguida Stolbizer cuando anunció que no se sumaría al acuerdo De Narváez-Solá. De Narváez, propietario de campos y socio de la Rural en el gran negociado del predio ferial de Palermo, se diferencia de la oposición sojera de la Carrió, Buzzi o De Angeli, y ya ha advertido que era necesario cuidar la recaudación fiscal, con la que se paga la deuda pública, a la hora de discutir una rebaja a las retenciones a la exportación de cereales. También, a diferencia de aquellos, dejó en claro que no se oponía al adelantamiento electoral. Detrás de la ‘polarización' que pretenden los K se esconde en realidad una transa para después del 28 de junio y una garantía al gobierno para llegar a esa fecha. La Carta Abierta ya mencionada se verá obligada, en un futuro muy próximo a grandes malabarismos de lenguaje para justificar toda esta trapisonda.

Colectoras

De cara a esta caracterización de conjunto, las listas de centroizquierda no son más que colectoras del enfrentamiento principal: tributan, simultáneamente, a todos los bloques capitalistas que se disputan el desenlace de la crisis. Martín Sabatella, cabeza de las candidaturas "progresistas" en Buenos Aires, es un kirchnerista declarado. Ha cerrado filas con Yasky y Ceballos. Le crítica a K que "se apoya en el aparato del PJ", o sea que Sabatella se ofrece como una rueda auxiliar para el caso de que fracase la política de una alianza de los K y la alternativa de una salida pactada con los ‘disidentes'. Al mismo tiempo -y con un oportunismo propio del conurbano-, intenta reclutar para su lista a De Gennaro, un aliado de Buzzi y de la sojera Federación Agraria. Lozano está dispuesto a apoyar a Sabatella en Provincia si éste, con reciprocidad, apoya a Proyecto Sur en la Capital. Pero Sabatella quiere un frente antimacrista con Ibarra y Heller. El centroizquierdismo está sumido en la más completa confusión política. El otro candidato del "espacio", Pino Solanas, firmó hace dos meses un acuerdo político con Luis Juez -un hombre de los sojeros y de Iveco-, lo cual anticipa que el centroizquierdismo mediterráneo volverá a inscribirse en las listas del juecismo. La conclusión es que el centroizquierda no aspira siquiera a funcionar como una alternativa independiente en el proceso electoral o en la crisis misma, sino que se reconoce como un apéndice de la interna peronista.

Los planteos del centroizquierda del tipo ‘redistribución de la riqueza' o ‘segmentación de las retenciones' son de la más baja demagogia, pues ni siquiera rozan los desafíos que plantea la bancarrota capitalista internacional. Para las grandes masas no existe la menor expectativa de salida sin un ataque decisivo a los monopolios capitalistas y a los bancos, como punto de partida para proceder a una reorganización social en su conjunto. La reciente declaración de Lozano en el sentido de que una devaluación brusca sería preferible a la que desarrolla el gobierno (Crítica, 29/3), muestra el tamaño de la impostura centroizquierdista

Una campaña electoral socialista

El escenario que precede a la campaña electoral demuestra que la crisis capitalista acentúa al grado más extremo la lucha política. Es que el fiel de todo el régimen social, que en períodos normales se mueve en torno de factores muy diversos, en la bancarrota depende por entero del desenlace político. La lucha política gana más que nunca, en la crisis, su condición de forma concentrada de la lucha de clases. Es necesario para ello, sin embargo, desarrollar en los trabajadores la comprensión de esta situación. En ausencia de una intervención política propia de los explotados, la crisis se manifiesta a través de los realineamientos políticos de la clase capitalista y de la pequeña burguesía para asumir desde el Estado la tarea del rescate del capital.

Esta caracterización nos lleva a las siguientes conclusiones.

Primero, la lucha electoral debe estar subordinada, mucho más que en el pasado, a la lucha de las masas para enfrentar a la crisis capitalista. La tribuna electoral debe desplazarse a los lugares de trabajo, y en todo lugar en que se levante debe servir para estimular la acción directa en defensa del derecho al trabajo y al salario. Es necesario denunciar el adelantamiento electoral como una operación de distracción y de apaciguamiento.

Segundo, es necesario denunciar la tendencia a dirimir la crisis por medio de la interna peronista, o sea por medio de un salida arbitrada por el aparato de los punteros peronistas. El griterío "progresista" de los K no debe silenciar la tendencia común al pacto de gobernabilidad con el bloque ‘disidente-macrista', que tiene como principal base operacional al aparato del peronismo bonaerense.

En tercer lugar, es necesario asignar un lugar especial a la tentativa de recrear un Frepaso residual, a través de las diferentes alianzas centroizquierdistas. Mostrar que son ruedas auxiliares de la interna peronista y que su programa es una burla política de cara a la magnitud histórica de la crisis capitalista.

En este marco, la reivindicación "que la crisis la paguen los capitalistas" -que une a nivel obrero y popular a diferentes sectores- debe dar lugar a una expresión organizada de lucha y a una expresión política propia. O sea, a una coalición anti-capitalista, cuya tarea fundamental es mostrar que está planteada una lucha de conjunto contra la dominación y la explotación capitalistas.

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La clase política recupera el rumbo perdido en 2001. La muerte de Alfonsín y el sueño del bipartidismo de la vieja política

PRENSA DE FRENTE

Mucho se dijo, escuchó y escribió tras la muerte de Raúl Alfonsín. Lo cierto es que una multitud despidió los restos del ex presidente y fueron trazados balances de todo tipo respecto de su figura y su trayectoria. Hacia el futuro, flotando en el ambiente, apareció el viejo sueño del bipartidismo quebrado por el estallido de 2001, la caída de la Alianza, la crisis del neoliberalismo local y la fragmentación política.

“Alfonsín creía profundamente en el sistema de partidos y estaba enojado con la democracia de candidatos, y por eso seguía su lucha, tratando de contribuir a la reconstrucción del partido”; “Se enojaba con quienes, en la actualidad hacen política desde la antipolítica, y han tendido algún éxito en la destrucción de los partidos. (…) Todos los países que han alcanzado el progreso en democracia, gozan de un sistema de partidos fuertes” dijo en la última despedida Leopoldo Moreau, una de “esas” figuras que, junto a la de Carlos Ruckauf y Enrique Nosiglia por mencionar algunos ejemplos, tuvieron rutilancia mediática como hacía tiempo no ocurría. Todos hablaron de “consensos”. El discurso de Antonio Cafiero fue en la misma sintonía: como representante del “otro” partido, el Justicialista, mostró sus simpáticas chicanas pero todo pareció quedar entre amigos y no solo porque se tratara de la última despedida del líder radical.

La debacle institucional de diciembre de 2001, al calor del “que se vayan todos” había puesto en jaque la vieja idea de la que Alfonsín y Cafiero fueron, a su modo, defensores: un sistema bipartidario de alternancia, con matices, pero asegurador de la gobernabilidad. Eso fue a buscar más tarde a Olivos, el ex presidente hoy fallecido, cuando habilitó la reelección de Carlos Menem asegurándose un senador por provincia para la segunda fuerza, el radicalismo de entonces y en varios tramos de la historia reciente. La muerte de Alfonsín, la movilización acompañando los restos, las banderas desenrolladas luego de más de una década, parecieron meter a la actualidad en el túnel del tiempo.

Pero, lejos de ser una propuesta del pasado, la idea de dos espacios políticos fuertes fue también aspiración manifiesta del matrimonio Kirchner: uno de centroizquierda y otro opositor, de centroderecha. La supuesta versión de kirchnerismo parlamentarista que venía a ofrecer Cristina, se trastocó luego del duro conflicto con las patronales agrarias. Aquella noche en la que Julio Cobos, típico radical de partido, dio un firme paso para atrás y votó en contra de la retenciones a las ganancias extraordinarias de la soja. El rol deliberativo que quedó vacío fue ocupado por los legisladores radicales, a quienes hasta parece calzarles mejor en tiempos de “consensos”, como repitieron envalentonados estos días entre las banderas rojiblancas. Concertación, transversalidad o lo que sea que los Kirchner venían a inventar, lo cierto es que el PJ sigue siendo, aunque no todo, su principal base de apoyo.

Las “nuevas” opciones políticas opositoras con posibilidades -hijas por centroderecha de la fragmentación post 2001- irán a las próximas elecciones aliadas a la UCR o a un sector del PJ, únicas estructuras electorales con desarrollo nacional. Sus agitadas visiones postmodernas de la política no logran articular mayor peso territorial. La asimilación de nuevos espacios políticos por parte del PJ ya había ocurrido en otro contexto con el FREPASO, proceso que con un menemismo desgastándose revitalizó a la UCR y llevó nada menos que a Fernando De la Rua, integrante del ala más conservadora de un partido conservador, al gobierno nacional.

Tras aquel final de cacerolazos, saqueos y represión; tras algunas jugarretas de los gobernadores con Rodríguez Saá, la llegada de Eduardo Duhalde al gobierno fue producto de acuerdo entre el PJ de los gobernadores y el propio Alfonsín. La gobernabilidad posible para la clase política nació, aun en marcos de una crisis de las estructuras políticas tradicionales, de un acuerdo entre los hombres más fuertes de la UCR y el PJ respectivamente. El empeño puesto por el caudillo lomense en asegurar estabilidad institucional lo llevó a ordenar correr piqueteros a los tiros por las calles de Avellaneda. La cacería debilitó y ralentó nuevamente la estructura bipartidaria soñada. Esa que asegura gobernabilidad en la desigualdad y consensos favorables siempre a los sectores dominantes.

Y llegó Néstor Kirchner al gobierno. Leyendo mejor la crisis, el pingüino despotricó contra la vieja política. Rápido, consiguió estabilidad y crecimiento económico, altas tasas de ganancia y consumo más contención de la demanda social y desmovilización de los sectores populares. No sin amplísimos matices en ambos casos y contextos, retomando lo hecho por Alfonsín, en términos de impulsar avances de la justicia respecto del genocidio de la última dictadura militar, ganó apoyos progresistas, pero, al fin y al cabo, puso mayor empeño en obstruir los avances populares que en dinamizarlos y hoy, excepto singulares excepciones, no cuenta con alianzas de peso del centro a la izquierda. A diferencia de otros gobiernos de la región con los que en principio comparte visiones y aspiraciones, y que basaron su acumulación de poder en despegarse, enfrentar y reemplezar a esos viejos partidos y estructuras volcadas al sostén del neoliberalismo, el kirchnerismo eligió revitalizarlos.

Mientras, la “pelea” de la sociedad con los viejos cuadros de los partidos fue quedando atrás y todas las estructuras de la “vieja política” fueron recomponiéndose en buena forma. La muchedumbre despidiendo a Alfonsín demuestra eso. Solo parecen faltar los partidos como tales, los dos partidos, los de siempre. A 25 años de una democracia incapaz de distribuir de forma más igualitaria las ganancias, la estabilidad política aparece como clave frente a las próximas elecciones, que definirán las mayorías en el parlamento y sobre todo a la hora de contener posibles coletazos sociales de cara a la crisis que comienza a hacerse sentir. Con UCR y PJ fuertes, los equilibrios están virtualmente asegurados para la clase política. Con ellos, no hay ni habrá en el horizonte una propuesta que responda a los intereses populares.

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Hacia una Constituyente Social en la Argentina. Cortiñas: "Queremos todo"

Marisa López (MTL - ACTA)

Cuando Víctor De Gennaro iniciaba el informe sobre la marcha de la Constituyente Social en todo el país, aparecieron en el recinto las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. Nora Cortiñas fue una de las oradoras al finalizar la primera jornada del Congreso Nacional de Delegados de la CTA.

Nora Cortiñas, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora se dirigió a los 359 congresales presentes y al centenar de invitados nacionales e internacionales que colmaban el teatro Margarita Xirgu.

A continuación, reproducimos parte de las palabras de Nora Cortiñas:

"Y ahora vamos a seguir viendo cómo caminan estos mismos chicos y chicas que hemos vimos crecer. Estamos acá porque queremos tener ese rinconcito donde podamos luchar, donde pensemos que no es para lograr un voto o disputar poder. Desde luego cada uno hará la política que crea que tenga que hacer. No somos partidistas pero hacemos una gran política desde hace 32 años en la Plaza de Mayo.

A mucha gente no le gusta esto, porque somos peligrosas, porque así como nos brotó desde las vísceras ir a la Plaza, también hoy desde esa gran víscera que es el corazón, nos brota seguir diciendo lo que sentimos y nos brota seguir con esta lucha. Hoy sentimos que estamos con nuestros hijos y que tenemos un compromiso para luchar todos los días, con fuerza y la fuerza nos las dan ustedes.

Esta Constituyente que parimos entre todos, luchemos entre todos para que crezca; para que podamos caminar con esperanza; para cambiar la injusticia por justicia; para que se termine el hambre; para que no nos sintamos más humillados cuando vemos familias enteras que tienen que resolver una bolsa de basura para comer un poquito esa noche.

No podemos tolerarlo más, tenemos que cambiar para que toda la gente en este país coma, para que los chicos puedan ir al colegio, se puedan atender la salud, tengan vivienda digna, que a las comunidades indígenas les respeten el agua, el espacio, su tierra.

Todo queremos. Queremos todo.

Y queremos Verdad y Justicia. Verdad porque queremos que se abran los archivos de una vez por todas y que nos digan qué paso con nuestros hijos e hijas.

Justicia, para que todos los genocidas vayan a la cárcel común, pronto y por todo lo que les corresponda por los crímenes cometidos; queremos que los niños que fueron apropiados y que todavía quedan alrededor de 500 sin conocer su verdadera identidad, que de una vez por todas les digan de dónde vienen, que sepan la verdad, quiénes son sus padres y que puedan caminar orgullosos por la vida.

Queremos todo, que nos digan qué pasó con Julio López. Queremos el día 2 de abril reivindicar a nuestros soldados que volvieron de Malvinas, a los que volvieron y a los cayeron que todavía no los honramos. Queremos que haya justicia total por Fuentealba.

Queremos todo, ese país para todos y todas, un mundo donde quepan todos los mundos, y todos podamos vivir con dignidad y disfrutar de lo que disfruta toda la gente, que pueda vivir sin pasar miseria, hambre, sin tener que ir a peregrinar para tener un salario justo y después tener que estar en la calle para reclamar.

Queremos un mundo para todos y todas y vamos a vencer, hasta la victoria siempre. ¡30.000 detenidos desaparecidos, presentes! Ahora y siempre".

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Argentina: Confirman que son 5.987 casos de dengue en todo el Chaco

CHARATA - CHACO DIA POR DIA

El total de casos notificados desde la Sala de Situación suman esta cifra, el 42% de los cuales pertenece a la localidad de Charata. De todos estos, 3.506 fueron confirmados por laboratorio o por nexo epidemiológico.

La Sala de Situación informó que durante toda la jornada de este domingo continuaron con los controles en toda la provincia y el trabajo de vigilancia de la morbimortalidad, vigilancia y control vectorial.

El operativo de prevención del dengue se intensificará a partir de este lunes 6 de abril en la ciudad de Resistencia y abarcará a toda la ciudad con el correr de los días. Los insumos necesarios para equipar a las 46 cuadrillas ya están disponibles para iniciar la actividad. Así mismo, el personal afectado fue capacitado el sábado pasado para lograr los objetivos planteados.

Simultáneamente se continúan las actividades de control de foco y rociado espacial en función de la detección de casos febriles.

Se conformó el Grupo de Monitoreo de impacto de la acciones de control. El mismo consta de 10 técnicos capacitados que, paralelamente al operativo que se realiza en Resistencia, relevarán índices médicos en diferentes barrios.

Revisión de casos

El Comité de Revisión de Casos incorporó desde el sábado a sus actividades al consultor cubano de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) Eric Martínez, uniéndose de los expertos Internacionales doctora Delia Enría del Instituto Maiztegui, de la ciudad de Pergamino de la provincia de Buenos Aires y el doctor Eugenio Báez de la República del Paraguay.

Este grupo ya ha capacitado durante el sábado a 50 médicos del Hospital Perrando y del Hospital Pediátrico de Resistencia, así como a personal de salud de la ciudad capital de Corrientes. Por la tarde se capacitaron a los directores de centros de salud de la Zona Sanitaria I de la provincia del Chaco, en el manejo del paciente con dengue en el primer nivel de atención.

Descacharrización: Critican actitud de algunos vecinos en los operativos contra el dengue

Entre quienes trabajan como colaboradores en esa ciudad, en acciones en los barrios, se escuchan quejas por quienes no sacan los elementos cuestionados y tampoco dejan realizar tareas en los patios.

Los encargados de la limpieza y desinfección indicaron que hay vecinos que no sacan estos elementos de sus casas para que sean llevados a enterrar y están también quienes se niegan a que los voluntarios realicen esta tarea en los patios de sus casas, sin dudas, una actitud irresponsable que pone en peligro al resto de la comunidad.

Según lo señala el portal Charata, la coincidencia de los profesionales también se da en que la lucha que se debe dar no será de corto tiempo ya que hay un sector importante de la población que, o no tomó real conciencia de la situación que se vive o no cree en lo que se dice con respecto a la lucha contra el mosquito. Entre quienes trabajan como colaboradores, en el descacharrado y limpieza de los barrios, se escuchan quejas por que hay vecinos que no sacan estos elementos de sus casas para que sean llevados a enterrar y están también quienes se niegan a que los voluntarios realicen esta tarea en los patios de sus casas, sin dudas, una actitud irresponsable que pone en peligro a los vecinos y a si mismos.

La situación no mejoró.

Si bien hay una sensación de que en la última semana de dieron pasos importantes en la lucha contra el mosquito transmisor del dengue, la cantidad de consultas diarias prácticamente no disminuyó.

En esto coiciden médicos del hospital Enrique V. de Llamas como también profesionales de la actividad privada y quienes trabajan colaborando con los actores de Salud Pública. Lo que ocurre es que al reforzarse la atención primaria con médicos clínicos, llegados tanto de la provincia como de la nación, se logró dar un trámite más rápido a la requisitoria de atención de la población descomprimiendo la situación y haciendo que la gente no tenga que esperar tanto tiempo en los pasillos.

La lluvia

Como elemento que se agrega a la ya larga lista de complicaciones está la llegada de la bendita lluvia que para muchos será algo que podría contribuir a que el mosquito se reproduzca más rápido pudiendo retrocederse algunos pasos en la lucha ya iniciada.

Desde sectores médicos se apela a todas las formas posibles de comunicación para que toda la ciudadanía tome el compromiso que le corresponde ya que de nada sirve el trabajo de muchos si unos pocos se muestran indiferentes a los peligros que entraña esta situación.

El temporal obligó a levantar la carpa de DINESA

En plena siesta del sábado y tras una fuerte oleada de calor se cumplió el alerta meteorológico que en Charata se dió con fuertes ráfagas de viento y tierra que obligaron a desinflar y trasladar las carpas y todo el euipamiento de campaña hacia las instalaciones del Club Cooperativa.

El Dr.Fernando Paz hizo público su agradecimiento al cuerpo de Bomberos y al personal de la municipalidad por la ayuda recibida para el desmontado de todo el equipamiento de campaña y confirmó que los profesionales de la Dirección Nacional de Emergencia Sanitaria continuarán reforzando la atención en el consultorio de febriles ubicado en el hospital.

El médico también aseguró que son 450 pacientes por día los que son atendidos por los profesionales de DINESA, a esos hay que agregarles los atendidos por personal del hospital por lo que el nivel de consultas sigue siendo muy alto. Por último, Paz agradeció a toda la población de Charata por las innumerables muestras de afecto y por la colaboración que reciben a diario.

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