martes, 23 de junio de 2009

La derrota de los “Tigres” de Sri Lanka fue otro revés para el imperio


Ernesto Carmona (especial para ARGENPRESS.info)

A un mes de su derrota, resulta evidente que a las potencias occidentales no les agradó que los separatistas “Tigres Tamil” fueran vencidos por el gobierno progresista de Sri Lanka, ex Ceilán, isla vecina de la India famosa por su té. El desenlace alejó del control occidental al corredor del Océano Índico por donde circula el 70% del petróleo y derivados del mundo.

Chile y México apoyaron a las potencias que con gran propaganda mundial pretendieron sancionar en la ONU al gobierno del país-isla por supuestas violaciones a los derechos de los desplazados por la actividad militar de los Tigres, pero en una votación crucial del 27 de mayo Sri Lanka triunfó en el Consejo de Derechos Humanos de la organización mundial con el apoyo de 29 países, entre ellos Bolivia, Brasil, Cuba, Nicaragua y Uruguay.

En tres décadas de guerra, los Tigres Tamil por la Liberación del Eelam (LTTE, su sigla en inglés), gobernaron 25% de los 65.000 km cuadrados del país de 22 millones de habitantes. Con artillería, tanques, buques y aviones controlaron pistas, depósitos de combustibles, fábricas de armamento, centros administrativos, policía y tribunales. “En resumen, los 15.000 kilómetros de territorio que les fueran regalados alguna vez… ya están totalmente libres”, proclamó el 19 de mayo ante el parlamento el presidente Mahinda Rajapakse. “Cuando gané las elecciones presidenciales en 2005 –añadió–, en el norte y el este había estaciones de policía y tribunales de los Tigres Tamil: sólo les faltaba un parlamento”.

Los guerrilleros suelen concitar simpatía universal. Generalmente son “los buenos”. Pero en el caso de Sri Lanka definitivamente eran “los malos”. El LTTE obtuvo propaganda y desinformación de la gran prensa, y simpatías de Francia, Inglaterra y EEUU, que aspira allí a una base para la 7ª Flota. EEUU también está buscando una base de la OTAN en el Océano Índico., cuyas fuerzas ya están en el Golfo Pérsico. Sri Lanka es clave por estar situada en uno de los principales corredores marítimos del Océano índico, por cuyas rutas transita el 70% del tráfico mundial total de productos petroleros y la mitad del tráfico de contenedores del mundo.

Ceilán se convirtió en República en 1972 (22 Mayo) y pasó por un cambio de nombre que repuso la antigua denominación de Sri Lanka. Desde su independencia de Inglaterra, en 1948, Sri Lanka ha tenido gobiernos pro-occidentales del derechista Partido Nacional Unido (UNP), ahora en la oposición, desde poco después de la independencia, hasta 1956, y luego de nuevo entre 1977 y 1994. “Por eso, en 1987, la India insistió en el intercambio de cartas entre los dos Jefes de Estado en el que Sri Lanka se compromete a no permitir la presencia militar extranjera en Sri Lanka”, afirmó a Argenpress Tamara Kunanayakam, embajadora de Sri Lanka en Cuba.

Hoy Sri Lanka se define como república democrática socialista.

Sri Lanka reconoció a la revolución cubana en julio de 1959, cuando todavía se denominaba Ceilán y gobernaba una coalición nacionalista de izquierda conducida por el primer ministro S.W.R.D. Bandaranaike, cofundador del Movimiento de Países No Alineados. El 7 de agosto de 1959 arribó el Che Guevara encabezando una misión especial.

La embajadora Kunanayakam dijo: “El gobierno es una alianza de centro izquierda de diversos partidos, donde el principal es el Social Democrático, del Presidente [Rajapakse], y en esta coalición también se encuentra al Comunista, Trotskista y Socialista, así como a otros partidos de izquierda y nacionalistas”. Dijo que la prioridad “es preservar nuestra soberanía, independencia e integridad territorial, así como reubicar a los 260.000 desplazados por el conflicto. Asimismo, la prioridad del Gobierno ahora es también la rehabilitación, la reconstrucción de la economía, los estanques de riego, la infraestructura, la economía, revertir la pérdida de medios de subsistencia, la restauración de las instituciones democráticas, las elecciones provinciales en el norte de la provincia, y el inicio de un diálogo más amplio entre los pueblos de todas las comunidades en la búsqueda de una solución política duradera a la cuestión nacional”.

Historia progresista

Sri Lanka consagró el derecho a voto de la mujer en 1931, antes de su independencia. Ningún gobierno aceptó jamás bases extranjeras, compromiso consagrado –además–en un tratado con la India de 1987, que incluso obliga a Sri Lanka a revisar periódicamente que las instalaciones de radiodifusión permitidas a la Voz de América de EEUU y a la germana Deutsche Well sean utilizadas sólo para propósitos civiles, nunca con fines militares o de inteligencia.

En los ’70 brotaron los síntomas de separatismo estilo Kosovo. Los Tigres usaron de frente métodos terroristas: asesinaron al primer ministro de la India Rajiv Gandhi, en 1991, y al Presidente de Sri Lanka Ranasinghe Premadasa, en 1993, entre numerosos otros crímenes. Nunca levantaron un programa plítico. Simplemente, querían separar el noreste, donde se encuentra la bahía Trincomalee, la más apetecida por EEUU como base naval, y un ámbito de gran potencial de reservas de petróleo llamado Cuenca Cauvery.

La gran prensa internacional presentó el conflicto como puramente “étnico”, pues los separatistas aludían a los tamil, abundantes en la India pero con sólo 12% de presencia en Sri Lanka, quienes tampoco adhirieron totalmente al LTTE, sino que más bien sufrieron su opresión. (Casualmente, la embajadora en Cuba es tamil). En el territorio bajo control “Tigre” hubo persecución y matanzas de disidentes e izquierdistas, a la vez que se impuso la conscripción obligatoria de niños y niñas. La Agencia Internacional de Desarrollo de EEUU (USAID, por su sigla en inglés) enviaba “ayuda” para enseñarle “gobierno local” al LTTE, que practicó la ‘limpieza étnica’ cuando, en octubre de 1990, expulsó mas que 75.000 musulmanes de la provincia del Norte, dándoles sólo 48 horas para partir y no sin permitírseles llevar ninguna pertenencia.

Mientras recrudeció la guerra civil, la gran prensa no le prestó atención a las atrocidades de los Tigres, ni al reclutamiento forzado de niños a la salida de los colegios. Los organismos de derechos humanos ni las ONGs “humanitarias” se ocuparon de las madres que procuraban un embarazo precoz de sus hijas menores para eludir a los Tigres. Algún periodismo explotó cierta veta de “paraíso de prostitución infantil” que creyeron hallar en el turismo y de vez en cuando, grandes medios como La Segunda en Chile, mostraban una foto de agencia de algún avión de la guerrilla, “caso único en el mundo”.

Cuando el LTTE comenzó a perder, los “poderes occidentales” iniciaron la presión por “un alto al fuego”, que no solicitaron en Paquistán ni Iraq. Una vez consumada la derrota Tigre, alegaron interés por los desplazados por la guerra e incluso amenazaron con llevar al presidente Rajapakse al Tribunal Penal Internacional, como jamás se les ocurrió con George Bush pero sí con el jefe de Estado de Sudán, Omar al-Beshir, a causa de Darfur, otro conflicto separatista prefabricado. Los 47 miembros del Consejo de DDHH de la ONU zanjaron estas intrigas el 27 de mayo con una resolución favorable a Sri Lanka apoyada por 29 países, con 12 votos en contra y 6 abstenciones.

La resolución del Consejo de DDHH de la ONU elogió las medidas adoptadas por Sri Lanka para resolver las necesidades urgentes de los desplazados y apoyó el compromiso continuo del gobierno en la promoción y protección de todos los derechos humanos, animándole a que continúe observando sus obligaciones y las normas legales internacionales sobre el tema. Votaron a favor Angola, Azerbaiján, Bahrein, Bangladesh, Bolivia, Brasil, Burkina Faso, Camerún, China, Cuba, Djibouti, Egipto, Ghana, India, Indonesia, Jordania, Madagascar, Malasia, Nicaragua, Nigeria, Pakistán, Filipinas, Qatar, Rusia, Arabia Saudita, Senegal, Suráfrica, Uruguay y Zambia. Contra la resolución se alinearon Bosnia Herzegovina, Canadá, Chile, Francia, Alemania, Italia, México, Holanda, Eslovaquia, Eslovenia, Suiza y el Reino Unido. Se abstuvieron Argentina, Gabón, Japón, Islas Mauricio, Corea del Sur y Ucrania.

La embajadora en Cuba, Tamara Kunanayakam, explicó que el objetivo inicial de los países occidentales era sancionar Sri Lanka por supuestos crímenes de guerra y convocar a una investigación internacional. Antes que presentaran su resolución, Sri Lanka obtuvo apoyo del Movimiento de Países No Alineados, cuya presidencia ejerce Cuba, y con el respaldo de Egipto –próximo presidente del Movimiento–, India, y Pakistán, presentó un proyecto de resolución que en definitiva saludó el final de la guerra y la liberación por parte del gobierno de decenas de miles de ciudadanos que fueron mantenidos contra su voluntad como rehenes del LTTE.

El acuerdo reafirmó también el respeto de la soberanía, integridad territorial y la independencia de Sri Lanka, y su derecho soberano de proteger a sus ciudadanos y combatir el terrorismo, y reconoció que la promoción y protección de los derechos humanos debe basarse en el principio de cooperación -–y no de confrontación– y el diálogo genuino. Para la embajadora Kunanayakam, "es un texto que reafirma los principios de la Carta de las Naciones Unidas para las relaciones de amistad y cooperación entre los Estados sobre la base de la igualdad soberana, la independencia, la integridad territorial, la no injerencia en los asuntos internos de los Estados y el derecho de los pueblos a la libre determinación".

Juegos de equilibrio

Los gobiernos anteriores no tomaron en serio la guerra, tampoco “estaban interesados en la solución de la cuestión nacional, ya que podría utilizar como chivos expiatorios a los tamiles de su fracasado las políticas económicas y sociales, se continuó la política colonial de dividir y gobernar”, a fin de ganar poder y mantenerse en el gobierno.

A comienzos de este año, el gobierno del presidente Mahinda Rajapakse alcanzó los primeros éxitos militares, pero entonces varios jefes de estado occidentales intentaron disuadirlo. “Hubo quienes me dijeron que nuestro jefe militar ni siquiera podría dirigir al Ejército de Salvación”, dijo Rajapakse ante el Parlamento el 22 de mayo. Agregó que algunos jefes de estado dijeron, en cambio, que el jefe del LTTE había logrado mejores habilidades en la guerra de guerrillas, que había vencido a muchos comandantes militares, que contaba con fuerza y experiencia y, por lo tanto, no debíamos ir a una guerra con ellos: Querían que se le diera al LTTE lo que ya estaba dividido”. El presidente Rajapaksa se apoyó en cuadros clave de confianza, como sus hermanos Gotabaya –ministro de Defensa– y Basil –su asesor y parlamentario–, así como en el jefe del ejército, Saratrh Fonseca, y otros jefes militares, navales, aéreos y de policía.

Para la embajadora Tamara Kunanayakam, “la mayor preocupación de EEUU y de sus aliados es obtener el control de los corredores estratégicos ¡y Sri Lanka es uno!” Citando a “El gran tablero de ajedrez”, de Zbigniew Brzezinski, asesor de Obama y cofundador de la Comisión Trilateral (con Nelson Rockefeller), dijo a PF: “El país que controle Eurasia controlará al mundo. Eurasia tiene cerca del 75% de la población del mundo, la mayor parte de su riqueza física -en sus empresas y bajo el suelo-. La región también explica cerca de tres cuartos de los recursos energéticos conocidos del mundo: ‘Es imperativo que no aparezca ningún desafío euroasiático capaz de dominar Eurasia, porque también desafiará a EEUU’, dijo Brzezinski en la introducción de su libro”, precisó la diplomática.

La embajadora Kunanayakam aludió el importante potencial de reservas de petróleo de Sri Lanka y su ubicación estratégica para el comercio de petróleo. “Las informaciones satelitales señalan que compartimos con la India los yacimientos de la Cuenca de Cauvery, aunque Sri Lanka posee la mayor parte”, dijo. “Nuestros principales yacimientos de petróleo se encuentran en el norte del país, al norte de la línea recta imaginaria que une a Chilaw en el oeste con Trincomalee en el este”, añadió. “Los estudios del Servicio Geológico de EEUU confirman que Sri Lanka cuenta con una de las mejores reservas de petróleo del sudeste asiático”. Precisó que “la India satisface un 60% de sus necesidades petroleras de las mismas reservas de la Cuenca de Cauvery”.

El enojo de los “poderes occidentales” se expresa en una campaña mediática similar a la que padecen Irán, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, entre otros. Pero Sri Lanka despliega un hábil equilibrio diplomático, incluso con naciones rivales entre sí, como India y China, sin excluir a Rusia, Irán y sus vecinos asiáticos. Entretanto, el ex diplomático indio M.K. Bhadrakumar, especializado en geopolítica euroasiática, vaticina que en pocos años China tendrá en esos mares más buques que EEUU. Por ahora Beijing construye un puerto de 1.000 millones de dólares en Hambantota, en el estratégico sur de la isla, que eventualmente reaprovisionará de combustible y dotará de una estación de tránsito a la marina de guerra que patrulle el Océano Índico y proteja las rutas marítimas de China en esos mares. Pero ésa ya es otra historia.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...

El Congreso brasileño aprobó la base legal que destruye la Amazonia


Bruno Lima Rocha (BAROMETROINTERNACIONAL, especial para ARGENPRESS.info)

La aprobación en el Congreso de la Medida Provisional (MP) 458 es un absurdo. Esta MP, que originalmente visaba regularizar tierras ocupadas por pequeños campesinos ocupantes de tierra en el área de la Amazonia Legal (equivale a 48% del territorio de Brasil), con su actual redacción abre margen para una inversión de valores, beneficiando a quién desmata y destruye.

Una vez más diputados federales y senadores consiguen ajustar los intereses de un sector de clase –el de los grandes propietarios, ladrones de tierras públicas de la Amazónia- perjudicando a un posible desarrollo sostenible e inclusivo. Veamos por qué.

La división de los lotes de los campesinos tiene dos categorías. La de los pequeños, de 100 a 400 hectáreas (ha), y a de los medianos, de 400 a 1500 ha. Acordemos que el módulo rural varía de acuerdo con la región del Brasil y su vocación. Para la dimensión amazónica, una extensión de 100 ha es considerada pequeña. Pues bien, con este texto, sobre este pequeño recae la desconfianza del Estado y el titular del lote sólo podría venderlo después de diez años de la regularización de las tierras. ¡Ya para los medianos, que en teoría pueden tener representantes legales (prepuestos, también conocidos como “naranjas” o “testaferros”), los lotes serían pasibles de venta después de tres años! Para empeorar, en este mismo negociado entran los grandes “ocupantes” a ser regularizados, ocupantes de tierras con más de 1500 ha de extensión. Estos también podrían vender las tierras después de tres años. Si es aprobada la MP 458 como está, queda abierta la puerta para la especulación de tierras robadas. Sinceramente, o el texto tiene problemas desde su origen, o no tiene sentido.

El peor de los mundos, en mi opinión está en el mantenimiento de los artículos 2º, 7º y 13º. Entiendo que esto implica algunos descalabros, tales como: los “ocupantes” regularizados no necesitarán ser habitantes del municipio donde en teoría producirían bienes primarios o la extracción de bienes naturales; las personas jurídicas podrán ser beneficiadas de una ley que originalmente favorecería el modo de producción de base familiar; y por fin, las concesiones de tierras podrían darse sin pasar revista previa ni análisis a los papeles originales. ¡No es sin sentido el que la Medida Provisional ganara el sobrenombre de “MP del robo de Tierras Públicas”!

La complejidad del problema aumenta cuando dimensionamos los valores inmobiliarios y su extensión. Estamos hablando de una área de 64,7 millones de hectáreas de tierra con un valor inicial de la orden de R$ 70 mil millones (cerca de USd 35 mil millones de dólares USA). No se trata de materia de ocasión y sí de una determinación estructural de la Amazonia para las próximas décadas. Por eso mi temor es el de siempre. Si el presidente Luiz Inácio Lula da Silva no veta el texto, veremos más de lo mismo. Es decir, la derrota de la razón de Estado y del bienestar de la nación, siendo todo cambiado por las leyes que legalizan a los ladrones de arriba, fortaleciendo la base aliada del gobierno de turno y su composición de clase.

En el Senado de Brasil, la pesadilla del agro negocio sigue

La noche de miércoles 3 de junio, el Senado de la República dio un aula de análisis político. No fue una lección de actitud republicana, tampoco de defensa de la ciudadanía ni del interés nacional. Lo que se vio fue la materialización de dos conceptos: lo de sobre-representación y lo del eufemismo como arma del discurso. El primer concepto se encuentra en la “sinceridad” de la senadora Kátia Abreu (DEM- estado de Tocantins) que acumula el mandato por el nuevo estado y también es presidente de la Confederación Nacional de Agricultura (CNA, o sea, el sindicato nacional de latifundistas). El segundo, el eufemismo, se encuentra en las palabras de la “muy noble” senadora, al afirmar que una Medida Provisional de su autoría, la MP 458, va “a dar seguridad jurídica” para la Amazonia Legal.

Para quien tiene como faena y labor el análisis del gran juego del poder en el Brasil, tener un concepto materializado es una oportunidad de demostrar de modo didáctico las telas de relaciones reales y no formales de la política brasileña. El “concepto con carne” se hace patente para un público ampliando las tensiones del ejercicio del mando sin las barreras de un lenguaje refinado. En este negociado, estoy obligado a ser justo. Si hay una bancada que actúa de modo “sincero” son los latifundistas, también conocidos como “ruralistas”.

Este término, “ruralismo”, por sí sólo ya es un eufemismo, pues se remonta a la sigla de la extrema derecha agraria de los años ’80. Para quien no recuerda, la lucha por el ejercicio del derecho constitucional del acceso a la tierra como factor de producción con destinación social, confrontaba en armas con la Unión Democrática Ruralista (UDR). Esta entidad “democrática”, que cayó en bajo perfil los últimos años, da la marca a la bancada de mismo nombre. Esta gente es tan agresiva como los latifundistas soyeros de Argentina y levantan la supuesta bandera “del campo”. Pobre del Martín Fierro, de Quiroga y de los caudillos de antaño. Estos “del campo” son poco o más que vende-patrias que viven de mamar la teta del Estado platense. Pues en Brasil pasa lo mismo. Y la cara dura no para. Fue una de las líderes de la bancada de la agricultura en ancha escala, aplicando el concepto que transforma el alimento en commodity, que escribió el texto de la nueva medida legal.

No hay desarrollo sin preservación

Como se sabe, la medida es polémica y provocó una fractura en la base del gobierno y en la oposición. Por su parte, el presidente ya señala una maniobra para distraer a la mayoría. Dice que la cuenta a pagar por la preservación también es de los países ricos. Aunque eso sea correcto, se aplica en escala mundial y no en la vida cotidiana de la Amazonia Legal y de la biodiversidad brasileña. Cobrar el cumplimiento del Protocolo de Kyoto y actuar de forma incisiva contra la pesca de la ballena por los pesqueros japoneses es legítimo. Pasar la cuenta de una política interna que atraviesa las posibilidades de mantenimiento de la soberanía nacional en la Amazonia, no lo es. No hay control sin sustentación, y el Estado brasileño tiene que asegurar la cobertura vegetal y la biodiversidad en más de la mitad de su territorio.

Al contrario del sentido común y de las ideas difundidas por los grandes medios, no hay conflicto entre preservación y desarrollo. Preservar no es retraso ni costo, pero sí garantía de retorno a largo plazo. Es obvio que dentro del modelo de devastar para la agro-exportación, esto parece una barrera para el desarrollo del negocio. En verdad, lo absurdo para un país es apostar a un modelo que no se sostiene ni asegura los mayores valores futuros. La mayor riqueza de la humanidad en el siglo que viene es la diversidad genética y el patrimonio natural. Así, no hay ninguna posibilidad de desarrollar la Amazonia sin la floresta en pie y el curso de sus ríos. Y lo peor, con la destrucción del medio, los pueblos amazónicos tienden a migrar, hinchando las capitales de la región y aumentando la desesperación social.

Con la MP 458 los senadores fuerzan el país a caminar a través de la misma troja que llevó a la aprobación de las semillas transgénicas a través del hecho consumado. Oficializando el robo de tierras y permitiendo la devastación de la selva, quedamos entregados a la demencia del agente económico devastador e inescrupuloso. El futuro colectivo y la soberanía del país exigen el veto de esta Medida.

Foto: Brasil - senadora Kátia Abreu (DEM- estado de Tocantins). Presidente de la Confederación Nacional de Agricultura (CNA, o sea, el sindicato nacional de latifundistas)./ Autor: Geraldo Magela – AGENCIA SENADO

Bruno Lima Rocha es politólogo, docente universitario y militante de la FAG.


Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...

Yehude Simon: Miseria humana


Luis Arce Borja (especial para ARGENPRESS.info)

Yehude Simon, el actual primer ministro de Alan García Pérez, es un personaje prototipo de la extrema miseria moral del hombre político peruano. En Perú, son pocos como él que registran una trayectoria tan reñida con la ética y los ideales sociales.

Su existencia, como victima o como lamentable colaborador, esta estrechamente ligada a una sociedad decadente y lumpenizada donde con facilidad el héroe se convierte en villano, y el virtuoso deviene en un individuo infecto carente de cualquier trazo de honestidad. Simon, no conoce normas en la conducta política, sobre todo, si ella tiene relación con el poder y la figuración. No tiene bandera como se dice popularmente en Perú. Mientras convino a sus ambiciones personales, se declaró marxista leninista, se dijo comunista, antiimperialista, y fingió ser partidario de la lucha armada y la vía violenta para tomar el poder. Fue militante del MRTA y coqueteó en algún momento con Sendero Luminoso cuando este grupo subversivo acaparaba las primeras planas de los medios de comunicación. Fue parlamentario, y una especie de relacionista publico para negociar la lucha armada del MRTA. Dirigió la revista Cambio y desde ahí abogó por un camino de acciones armadas para liberar al Perú. Desde la prisión se arrastró a los pies de Alberto Fujimori, y después se embarcó en el gobierno de la mafia aprista y de Alan García Pérez.

Con este personaje queda claro que el contenido moral de la política está determinado por la ideología, y la conciencia social. De estos factores va a depender la calidad del hombre político, no importa el puesto o cargo que ocupe en el aparato político de la sociedad. Moral y política son elementos de una misma concepción de conducta, y ello se vincula al ideal, si se quiere a la utopia política. La conducta política, puede devenir infecta, si ella no está sustentada en valores éticos, morales y en una dinámica del comportamiento ideológico. Todo esto se resume en una determinada conciencia social, y en el compromiso de un ideal supremo de cambio de la sociedad. En Yehude Simon hay mucho de lo que calificó José Ingenieros de “bazofia humana”. Para este filosofo, y medico argentino, el ideal es el artífice de la acción suprema del individuo, y este “ideal es ascua sagrada capaz de templarte para grandes acciones. Custódiala; si la dejas apagar no se reenciende jamás. Y si ella muere en ti, quedas inerte: fría bazofia humana” (1).

Simon ha transitado por la izquierda y derecha pero siempre en la cresta de la ola. Cuando era de moda ser de izquierda (legal), se le dio por llamarse marxista-leninista, y se afilió como militante de lo que en ese tiempo se conocía como Izquierda Unida (IU). Así en 1983 fue candidato electoral al cargo de Alcalde de Chiclayo, y no ganó porque la lista aprista le cerró el paso. En 1985, aún como militante de IU y promotor del grupo guerrillero Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), fue elegido diputado cargo que ocupó hasta 1990. Como parlamentario se planteo otras ambiciones, y en algún momento pretendió ser el capitán de una izquierda legal en crisis y en desprestigio frente a las masas. En 1991, cuando ya no era diputado, fundo el Movimiento Patria Libre, una organización de fachada que utilizaba el MRTA para el trabajo legal, sobre todo electoral.

Fue director de la revista Cambio, un medio de comunicación controlado y manejado por la dirección del MRTA. Desde la revista Cambio y del Movimiento Patria Libre, se declaró partidario de la lucha armada, y la toma del poder vía las armas, pero sin apartarse por supuesto de la carrera electoral. Fue un conspicuo negociador, y era el puente entre la dirección del MRTA y la cúpula de la izquierda legal. En abril de 1992 (ya Fujimori y Montesinos habían concretado su golpe militar), se reunió con Víctor Polay Campos en Paris, y ahí se comprometió con el jefe del MRTA buscar negociaciones con el gobierno fujimorista para “evitar la guerra civil”.

“Durante el autogolpe de 1992 estuvimos juntos varios días en París, Francia. Yo había salido para entrevistarme con dirigentes políticos y personalidades de América Latina y Europa pidiéndoles que nos ayudaran a buscar un diálogo con el gobierno para evitar una guerra civil. Yehude estuvo de acuerdo en trabajar por esta propuesta (2).

Sus actividades negociadoras resultaron desastrosas y en lugar de llegar a un acuerdo con el gobierno, fue detenido y acusado de terrorista y de apología subversiva. El 11 de junio de 1992 fue capturado por la policía antiterrorista junto a otros dirigentes del grupo Patria Libre. Como cuenta Cesar Vázquez Bazán, ya en manos de los agentes policiales, Simon tuvo una conducta vergonzosa. Lloró frente a los policías, y firmó una carta dirigida a Fujimori, pidiéndole perdón y misericordia. Ni eso lo salvo y finalmente, fue condenado a 20 años de reclusión penitenciaria. Ahí en prisión desde el inicio, Simon dio muestras de arrepentimiento, y para empezar se refugió en la religión católica.

En 1993, cuando tenía un año en prisión Fujimori montó un espectáculo en el penal Castro Castro (Lima), donde en mayo de 1992 había ordenado el exterminio de cerca de 100 prisioneros de guerra acusados de pertenecer a Sendero Luminoso. El teatro montado en esta prisión tenía el propósito de mostrar a través de la televisión y la prensa oficial, que el sistema carcelario fujimorista era respetuoso de los derechos humanos, y que los presos peruanos, como en ninguna parte del mundo, eran felices en sus celdas cinco estrellas. El objetivo político fundamental era ocultar que las prisiones en esa época eran tumbas de muerte lenta, cuyo sistema carcelario inhumano estaba concebido para exterminar al prisionero. En estas prisiones, hombres o mujeres acusados de subversión, eran torturados y asesinados. No tenían el más elemental derecho a la salud, ni a la alimentación ni otro tipo de derecho social. Era la época con jueces encapuchados, sin habeas corpus, ni nada que pudiera salvar a la persona acusada de subversiva. Las celdas tumbas tenían 2 metros cuadrados, sin luz eléctrica y el prisionero estaba obligado a pasar las 24 horas del día sin tener derecho a pasear en el patio exterior.

Simon había sido advertido una semana antes de la visita del dictador. Fujimori llegaba al penal Castro Castro para inaugurar la renovación de esta prisión de alta seguridad. Nada podía quedar al libre albedrío, ni siquiera la entonación del himno nacional a cuenta de los presos, y menos el discurso a cargo de Yehude Simon. La dirección del penal le exigió con anticipación que escribiera su “discurso” para controlar su contenido. El discurso, lleno de loas y reconocimientos hacia Fujimori, tuvo la aprobación de los jefes de la cárcel. El día de la visita presidencial Yehude Simon se vistió de gala, y con camisa blanca pulcramente planchada y su mejor semblante de prisionero feliz se subió al estrado para leer un discurso en nombre de la “población penal”.

Hasta ahora los peruanos que siguieron estas imágenes a través de la televisión oficial, no olvidan este montaje que era al mismo tiempo surrealista y dramático. Un grupo de presos bien alineados de cara a Fujimori y con el puño en el pecho entonaban el himno nacional. Yehude Simon, desde un improvisado pulpito y rodado de policías y guardias de seguridad, se declaró admirador de Alberto Fujimori, y en los pasajes de su discurso dijo: gracias señor presidente por todo lo que ha hecho en esta prisión. “Gracias a usted, volvió a decir, en las prisiones hay orden, disciplina y seguridad”. “Usted es un presidente preocupado por los derechos humanos”, le dijo sin ningún remordimiento por los cientos de secuestros y asesinatos que el gobierno cometía diariamente en todo el país. Eran los tiempos del “grupo Colina”, cuando estudiantes, profesores, y cualquier ciudadano eran secuestrados, asesinados y sepultados clandestinamente.

Si Simon se arrastró a los pies de Fujimori, fue pensando en que el dictador le otorgara la amnistía y lo dejara libre. Pero sorpresa de la vida, el pobre Simon siguió en prisión y fue olvidado por el presidente mafioso que él había elogiado sin pudor. Pasó ocho años y medio en la cárcel, y recién en noviembre del año 2000, fue el gobierno transitorio de Valentín Paniagua quien lo indultó y le dio la libertad. Posteriormente, no se sabe por arte de que magia política, fue desagraviado de las acusaciones que pesaban sobre él, y sobre todo de la acusación que le formuló Andrés Sosa Chanamé (Madero), antes de morir asesinado en enero de 1992. Madero, disidente del Partido Comunista Peruano (ex pro soviético) y del MRTA, fue asesinado por un grupo de sicarios del MRTA. El propio Simon, fue sindicado por la victima quien mediante una carta póstuma denunció al actual primer ministro de haber coordinado este asesinato.

Con Simon se sigue la linea general en la politica peruana, donde el crimen y la corrupción son pagados con cargos públicos. (El actual presidente peruano esta acusado de crímenes y de exterminio de prisioneros). En el 2002 Simon se convierte en presidente del Gobierno Regional de Lambayeque y en octubre del 2008 por decisión personal de Alan García, Simon se convierte en Presidente del Consejo de Ministros. En ese puesto se ha hecho famoso por su responsabilidad en el genocidio de más de 50 nativos en Bagua, y por su defensa cerrada del criminal y corrupto Alan García Pérez.

Notas:
1) El Hombre Mediocre. José Ingenieros, Argentina 1911.
2) Declaraciones de Víctor Polay. Revista Caretas, noviembre del 2008.

Foto: Perú - Yehude Simon


Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...

Bolivia aún vive con la pesadilla de la ENRON


ECONOTICIASBOLIVIA (especial para ARGENPRESS.info)

El gobierno de Morales ocultó las millonarias concesiones a las petroleras que, sin invertir ni un centavo, se habían apoderado de todo el sistema de distribución de hidrocarburos de Bolivia. El Estado paga en efectivo a la Enron-Ashmore-Shell 241 millones de dólares y asume sus deudas y pasivos por otros 350 millones de dólares.

El escandaloso fraude del consorcio Enron-Ashmore-Shell, --que sin invertir ni un centavo se había apoderado en los años 90 del lucrativo monopolio del transporte interno y de exportación de hidrocarburos de Bolivia--, sumó un nuevo capítulo este junio del 2009 cuando el gobierno del presidente Evo Morales dio a conocer que hace 10 meses atrás ya les había perdonado sus crímenes ambientales, asumido su pesada carga tributaria y sus millonarias deudas financieras, además de pagarles en efectivo otra millonaria suma, todo ello para comprarles las acciones que estas transnacionales tenían en la empresa Transredes.

Acosado por las denuncias, el presidente de la estatal petrolera YPFB, Carlos Villegas, reveló este jueves que el gobierno de Morales estaba pagando desde octubre del 2008 la deuda de 286 millones de dólares que el consorcio petrolero tenía con el Banco Interamericano de Desarrollo y con la Corporación Andina de Fomento y que también estaba asumiendo el pago de otros 34 millones de dólares que la transnacional adeudaba por tributos e impuestos, así como los millonarios gastos demandados para remediar el daño ambiental provocado por un gran derrame de petróleo en el 2000.

Todos estos pagos, que exceden los 350 millones de dólares debían ser realizados por las petroleras privadas que manejaban Transredes (Enron-Ashmore-Shell) y no por el Estado boliviano, según el decreto 29586 del presidente Morales, que en junio del 2008 establecía la “nacionalización” o compra forzosa de acciones de la empresa transportadora. Este Decreto señalaba que el pago compensatorio otorgado a las petroleras sería de 48 dólares por acción (241 millones de dólares, en total), monto del que, sin embargo, se debería deducir antes los pasivos (deudas financieras, tributos no pagados y daños ambientales).

Por ello, de haberse aplicado puntualmente este Decreto de Morales, las petroleras no deberían haber recibido ningún pago por la compra-venta de la empresa Transredes, ya que el valor de sus acciones sólo sumaría 241 millones de dólares, mientras que sus deudas y obligaciones superaban los 350 millones de dólares.

Sin embargo, pese a la aritmética y a las leyes, ocurrió todo lo contrario, a espaldas de la población. El gobierno boliviano selló nuevos compromisos en septiembre y octubre del 2008 con las petroleras, a las que les pagó en efectivo 241 millones de dólares, liberándoles de toda obligación y deuda, por lo que el pasivo de más de 350 millones de dólares se cargó al Estado boliviano.

El pago de los 241 millones de dólares a favor de Enron-Ashmore-Shell fue hecho público en septiembre y octubre de 2008, pero no el monto de los millonarios pasivos (más de 350 millones de dólares) que se mantuvo en secreto hasta la pasada semana, que recién se dio a conocer tras que el presidente del directorio de Transredes, Gildo Angulo, denunciara públicamente el caso, y por ello fuera inmediatamente destituido del cargo.

Angulo cuestionó el millonario costo que será cubierto por el Estado (casi 600 millones de dólares) y dijo que esta situación fue manejada con alto sigilo, ya que ni siquiera el nuevo Directorio de Transredes, nombrado por el gobierno de Morales, conocía de ello.

Frente a ello, el presidente de la petrolera estatal, Carlos Villegas, explicó que estas concesiones se realizaron para impedir que las petroleras acudan a un arbitraje internacional.

UNA HISTORIA DE PIRATAS

La historia reciente de los fraudes y latrocinios de la Enron en Bolivia arrancó en la década de los 90, en pleno apogeo del neoliberalismo, cuando las riquezas naturales del país altiplánico eran entregadas sin pudor ni vergüenza a las transnacionales que eran símbolo de la corrupción empresarial a nivel mundial. El 8 de diciembre de 1994, el primer vicepresidente indígena de Bolivia, el aymara Víctor Hugo Cárdenas, firmaba el Decreto Supremo 23908 que avalaba y convertía en ley un contrato entre el gobierno neoliberal y la Enron que sería rubricado un día después en Miami entre el presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada y los directivos de la petrolera. El Decreto y el contrato eran ilegales e inconstitucionales, ya que no fueron refrendados por el Congreso boliviano, pero igual entraron en vigencia porque permitía que la Enron, a cambio de “asesoramiento” y sin poner ni un centavo, tome el control del gasoducto entre Bolivia y Brasil.

Ya en Bolivia, la Enron, junto a la Shell, a fines de 1996 se apoderó, otra vez sin invertir ni un centavo, de toda la red de más de 6.000 kilómetros de ductos de petróleo y de gas que atraviesan siete de los nueve departamentos de Bolivia, logrando el monopolio de la distribución interna y de exportación de hidrocarburos. Para ello bastó que la Enron y la Shell prometieran a los gobernantes neoliberales, con los que se habían asociado en Miami, invertir en el desarrollo de ductos algo más de 200 millones de dólares.

Lucrando desde entonces con la red de gasoductos bolivianos y obteniendo millonarios créditos del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Corporación Andina de Fomento, el consorcio sacó las correas del mismo cuero y cumplió con sus inversiones, apresurándose a repartir millonarias utilidades entre sus accionistas y dejando en el piadoso olvido el pago de estas deudas financieras y los impuestos y tributos para el Estado.

Años después, en el 2006, y en plena bancarrota a nivel mundial, la Enron transfirió sus acciones a la británica Ashmore, compartiendo la mitad de las acciones con la Shell. Esta acción le permitió, además, diluir la acción de los sectores sociales que desde el levantamiento popular del 2003, que derrocó a los neoliberales que habían firmado los leoninos contratos con las petroleras en Miami, habían identificado a la Enron como el símbolo del latrocinio neoliberal, por lo que buscaban enjuiciarla, hacerla pagar por los daños cometidos en Bolivia y luego echarla del país.

A principios de la década, el ex delegado presidencial Juan Carlos Virreira cuantificó en 120 millones de dólares el daño inferido por la Enron al Estado boliviano, a lo que se sumaron otras denuncias por contrabando de hidrocarburos, evasión de tributos, falta de inversiones y conspiración política. Pese a ello, el juicio contra la Enron, iniciado por Virreira, fue dejado de lado por los gobiernos de la época, incluido el actual, al igual que las demandas de expropiación y nacionalización de las petroleras sin pagarles ninguna indemnización.

Por el contrario, el gobierno de Morales procedió a legalizar y renegociar la mayor parte de los ilegales contratos petroleros, procediendo en otros casos, como fue con Transredes (Enron-Ashmore-Shell), a la compra forzada de acciones, pagando millonarias sumas como indemnización a las compañías petroleras tras intensos procesos de negociaciones.

SALIDA AMISTOSA

Así, el 17 de septiembre de 2008, el gobierno boliviano acordó pagar en efectivo 120,5 millones de dólares a la holandesa Shell a cambio de sus acciones en Transredes. En esa ocasión, el Presidente Morales ponderó el proceso de “negociación amistosa con las empresas que operan en Bolivia” y destacó una vez más que el país precisa socios y no patrones para poder explotar sus riquezas naturales.

El Ministro de Hidrocarburos y Energía, Saúl Ávalos Cortez, destacó que el espíritu de Bolivia no era confrontar ni expropiar sino dialogar para establecer acuerdos conforme a normas nacionales e internacionales. “Los bolivianos somos muy respetuosos de los capitales”, dijo Ávalos, según los reportes de prensa del Ministerio de Hidrocarburos.

Lo propio aconteció un mes después, el 17 de octubre de 2008, cuando se hizo público el acuerdo por el que el Estado boliviano pagaba otros 120,5 millones de dólares a la británica Ashmore, heredera de la Enron

“Nos sentamos todos en la mesa de negociaciones. El resultado: el convenio que se firma, uno exactamente similar al de la empresa Shell, es decir, 48 dólares por acción, monto que los bolivianos consideramos justo y que la empresa ha considerado también justo para aceptar esta transacción”, dijo en la ocasión el ministro responsable de la Defensa Legal de las Recuperaciones Estatales, Héctor Arce.

PALABRAS AL VIENTO

En dicha ocasión, como reflejó el matutino La Razón, el vicepresidente Álvaro García Linera llegó a decir: “Transredes desde su inicio estuvo marcada por irregularidades. No se crea que nos hemos olvidado de esas oscuras reuniones del ex presidente Sánchez de Lozada con los representantes de Enron y el regalo de acciones y recursos del Estado”.

Otro que criticó a las petroleras fue el presidente Morales, que las acusó de conspirar contra su gobierno. “He aguantado desde el 2006. Tenía mucha información que esta empresa (Enron-Ashmore-Shell) estaba permanentemente conspirando contra el Gobierno nacional y la democracia, pero eso terminó, y que sepan las otras empresas que vengan a trabajar, que vengan a invertir, es su obligación trabajar y también recuperar su inversión, tienen derecho a las utilidades, eso está garantizado”, dijo.

El gobernante recordó, además, el daño que produjo Transredes al río Desaguadero después del derrame de 29 mil barriles de petróleo y afirmó que los efectos ambientales son irreversibles.

“Si quisiéramos revisar los daños que hizo Transredes en el río Desaguadero, daños irreversibles que jamás con dinero o cualquier recompensación se puede recuperar, a ellos más les interesa las ganancias y no les interesa el medio ambiente, la vivencia de los seres humanos, de plantas, de seres humanos. Si queremos revisar con seguridad veremos que estas empresas le hicieron mucho daño en el tema del medio ambiente; pero lo peor y no tengo por qué callar, no es posible que algunas empresas transnacionales, empresas extranjeras vengan acá hacer actividades políticas. No aceptamos autoridades o gerentes, o empresas que venga a conspirar contra la democracia o contra el Gobierno nacional”, agregó.

LA CRUDA REALIDAD

Pero, más allá de los discursos, la realidad financiera que ahora afronta la empresa estatal del petróleo que se hizo cargo de Transredes es la de pagar más de 350 millones de dólares en impuestos, deudas y mitigación ambiental.

“En la actualidad YPFB Transportes tiene una deuda de 286 millones de dólares, que son créditos que provienen de la Corporación Andina de Fomento, del Banco Interamericano de Desarrollo, los tenedores de bonos y la banca local”, explicó Carlos Villegas, presidente de la estatal petrolera.

Villegas informó que la nacionalizada transportadora de hidrocarburos tiene previsto pagar este año 55 millones de dólares de su deuda y 25 millones de dólares en intereses.

La empresa estatal también hace planes para pagar los millonarios tributos omitidos por Transredes y para afrontar los daños ambientales ocasionados por el derrame petrolero del 2000 y que son el nefasto saldo del paso de las petroleras por Bolivia, que aún vive la pesadilla de la Enron.

DERRAME PETROLERO

Esta transnacional fue la responsable del derrame de 29.000 barriles de petróleo crudo en el cauce del río Desaguadero, en el altiplano boliviano, ocasionado el 20 de enero del 2000 por la ruptura de un oleoducto.

Durante los siguientes días, el petróleo fue arrastrado río abajo por cerca de 200 kilómetros, contaminando la principal fuente de agua y de irrigación de 7.000 pobladores de unas 120 aldeas indígenas asentadas a orillas del Desaguadero.

Los daños fueron enormes y de magnitud. Durante 11 meses, más de 3.000 pobladores de la región, contratados por las petroleras, recogieron en bolsas el petróleo derramado en las orillas del río y limpiaron gran parte de los pastizales, marcando las zonas donde los daños fueron mayores y casi irreversibles.

A los comunarios, según la versión de las petroleras, se les entregó diversos tipos de compensación para el corto y mediano plazo, quedando en el tintero los programas de largo aliento que permitan mitigar y anular los efectos de la contaminación en el largo plazo.

Un estudio de Norma Mollo, especialista de la Liga de Defensa del Medio Ambiente, permitió establecer que el derrame afectó a aproximadamente un millón de hectáreas correspondientes a comunidades de los departamentos de La Paz y Oruro, con daños consecuentes a toda la fauna y flora existente en la región.

“Además del daño ambiental provocado, este incidente ha influido también en la estructura social de las comunidades. Diversos conflictos se han desatado entre comunidades y familias, conflictos que no han sido resueltos hasta la fecha y que quedan como secuelas silenciosas de ese suceso”.

El informe señala que Transredes aún tiene temas pendientes con comunidades del departamento de Oruro por el derrame del 2000. Estos temas pendientes y que hasta ahora no encuentran respuesta se resumen en los siguientes:

• La autoridad ambiental de entonces, el Viceministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente, había aplicado una multa equivalente a la suma de 1,9 millones de dólares por haber infringido la Ley de Medio Ambiente.A esa sanción se sumó otra multa de alrededor de 100 mil dólares por no haber tramitado la licencia ambiental respectiva para el depósito de los suelos impregnados con petróleo.
• La empresa que realizó la Auditoría Ambiental había efectuado una serie de recomendaciones, una de las cuales resalta la sugerencia de realizar un monitoreo a la salud humana, lo que debería efectivizarse en las personas que estuvieron expuestas al impacto del derrame. Se sugirió, también, la implementación de programas de atención a la salud de los animales, así como el monitoreo al agua, suelo y bentos en la cuenca del Desaguadero. Aspectos, todos estos, que no fueron atendidos.
• Finalmente, habrá que mencionar que los comunarios no fueron tomados en cuenta en la Auditoría Ambiental. Específicamente fueron soslayados los pobladores de Kochi Piacala (Municipio de El Choro) y la comunidad de Iroco, pese a estar asentada en la misma cuenca. Los primeros, inclusive, en varias oportunidades realizaron marchas y otras medidas presión para ser atendidos.

Foto: Bolivia - El Presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales Ayma, en conferencia de prensa realizado en el Salón de los Espejos del Palacio Quemado. / Autor: JLQ - ABI


Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...

Argentina: Repetición del cinismo


Carlos del Frade (APE)

Una vez más los niños son los más perjudicados en la Argentina del tercer milenio.

Las cifras vuelven a denunciar los efectos interminables del saqueo sin fin.

Las pibas y los pibes parecen ser el blanco ideal de una brutal condena contra los empobrecidos.

Más allá del discurso oficial que cacarea por izquierda y pone los huevos por derecha, los números marcan la obscena continuidad de la matriz de exclusión de los años noventa.

Para el Instituto para el Desarrollo Social Argentino, las brechas sociales se profundizaron en los últimos seis años.

La literatura del deseo kirchnerista no puede tapar la realidad de los efectos de su política económica.

Los datos expresan que “en la población hasta 18 años de edad la pobreza ascendía al 41 por ciento; entre 19 y 60 años al 22 por ciento y entre la gente con más de 60 años la pobreza sumaba el 12 por ciento”.

De tal forma, los investigadores dicen que “las diferencias entre grupos etarios son muy profundas, al punto tal que la incidencia de la pobreza entre los niños y adolescentes es más de tres veces superior a la incidencia de la pobreza entren las personas mayores de 60 años”.

La conclusión más dramática es que “prácticamente la mitad de los pobres está constituida por niños o adolescentes. La concentración de la pobreza entre los menores tiene consecuencias muy graves porque el daño que la marginación provoca en el desarrollo físico, intelectual y social de una persona se potencia cuando actúa en los primeros años de la vida”.

El documento remarca que el crecimiento del gasto público se utilizó a favor de las moratorias previsionales.

Este hecho “confirma que la gran mayoría de las personas beneficiadas con las moratorias no estaba en situación de pobreza. Esto implica que con la misma inversión pero con un diseño menos rudimentario se podría haber resuelto el problema de la pobreza entre los mayores de 60 años y simultáneamente destinar más recursos a atender la pobreza entre niños y adolescentes, que es donde se concentran las situaciones más masivas y críticas de marginalidad social”.

La condena contra los pibes genera “trabajo infantil, explotación de menores, drogadicción y delincuencia juvenil. La discusión en torno de ‘mano dura o garantismo’ es una falsa antinomia que trata de disimular que la cuestión de fondo es si el Estado seguirá sirviendo a los sectores más acomodados actuando en función de las presiones corporativas, o asume el compromiso de garantizar a todos los ciudadanos desde el momento de su concepción, condiciones mínimas que garanticen su desarrollo personal”.

Para el Idesa “el impacto regresivo de otras fuentes de crecimiento del gasto público. Por ejemplo, el uso masivo de fondos fiscales para sostener las políticas de estatizaciones y de subsidios indiscriminados a empresas públicas y privadas. Que se destinen 1.400 millones de pesos por año para sostener la estatización de una compañía aérea (más de la mitad de los cuales son fondos para cubrir déficits operativos corrientes de la empresa) cuando el 40 por ciento de los niños y los adolescentes viven en condiciones de pobreza muestra hasta qué extremo llega la insensibilidad social en el uso de los recursos públicos”, remarca el Instituto.

Una vez más en la Argentina del tercer milenio, los pibes son los más perjudicados.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...

Argentina: Almas bellas o bocas cerradas


Alcira Argumedo

En su artículo “El voto de las almas bellas” (Página/12, 15-06-09), Mario Toer nos invita a reflexionar sobre las próximas elecciones legislativas y se ocupa en especial del voto de las almas bellas, de aquellos que “quieren lo mejor para sí y para sus semejantes, pero padecen de una crónica aversión para repasar y comprender la historia y les cuesta entender la dimensión de la política”.

Al igual que Carlos Heller (Página/12, 14-06-09) cuando dice “el voto romántico es un voto perdido” es fácil percibir que se convoca a votar con realismo político ante opciones supuestamente claras: “O se es protagonista con las mayorías consolidando el curso que se ha abierto o se persiste en los antiguos cenáculos que rondan el 1 por ciento en algunos distritos o, a lo sumo, en la variante nutrida de fantasías de celuloide que se conforma con contar con alguna presencia tan sólo en la ciudad que siempre ha sido esquiva a las mayorías con incesantes reclamos por todo lo que resta por hacer”. Durante los últimos seis años, el celuloide de Pino Solanas no registró fantasías sino realidades dramáticas, con información que nunca nadie pudo desmentir. Fue precisamente el contacto directo con esas realidades, con el potencial humano sufriente de la Argentina profunda, lo que nos llevó a formar Proyecto Sur y a la decisión de tener voz en el Parlamento. Porque no se trata sólo de “todo lo que resta por hacer” sino además de lo que hay que deshacer.

A modo de ejemplo, sin dejar de reconocer las cosas buenas que apoyamos del actual gobierno, en el próximo celuloide –Tierra sublevada– se aborda el tema de la minería a cielo abierto. Es conocido el veto a la Ley de Protección de Glaciares por parte del matrimonio Kirchner y el posterior aval a ese veto de un Parlamento sumiso, que antes había votado la ley casi por unanimidad. Tal decisión favorece sin duda a la empresa Barrick Gold y al gobernador kirchnerista de San Juan, José Luis Gioja, junto a sus socios o amigos; pero es preciso interrogarse si favorece a la inmensa mayoría de los argentinos, a sus hijos y a sus nietos. La información periodística señala que en el proyecto Pascua-Lama para la explotación de oro y plata a cielo abierto, la empresa utiliza 370 litros de agua por segundo: sacando cuentas, esto significa que en doce meses gasta el agua potable que una población de 40 millones de personas bebería en 24 años; y el agua que esa cantidad de población podría beber durante un siglo, la liquida en cuatro años. A ello se suman 17 camiones con cianuro por mes, que son volcados en tierras y aguas, además de 200 camiones de explosivos mensuales, destinados a la destrucción de montañas y glaciares: es el Potosí o La Forestal de nuestros días. Las almas bellas saben que el agua potable es un recurso indispensable para la vida y tiende a escasear en un futuro no muy lejano; la resistencia popular crece a pesar de las intimidaciones, pero los realistas políticos prefieren mantener la boca cerrada. Este es uno de los problemas que vamos a intentar deshacer desde el Parlamento.

A fines de 2006, el presidente Kirchner promovió la modificación de la Ley de Hidrocarburos mediante la llamada Ley Corta, por la cual los yacimientos de petróleo pasan a las provincias y se prorrogan las concesiones: esa decisión significó entregar a las corporaciones petroleras reservas por un monto aproximado de 600.000 millones de dólares, equivalentes al doble del PBI actual del país. Apoyada por el presidente, la ley posibilitó la entrega de Cerro Dragón a la Panamerican Energy hasta su extinción total en el 2047. Sobre esta base se prorrogaron o se entregaron nuevas concesiones en el resto de las provincias petroleras: el por entonces amigo gobernador Julio Cobos otorgó la mitad de los yacimientos mendocinos al grupo Vilas-Manzano (el mismo que robaba para la corona). Las almas bellas saben que esto es un latrocinio, pero los realistas políticos cierran su boca porque de eso no se habla en la Casa Rosada. Es otro de los problemas por los que vamos a luchar para deshacer desde el Parlamento.

Entre lo mucho que queda por hacer, ante todo afirmamos que el hambre es un crimen en tanto es evitable y estamos dispuestos a promover una ley para garantizar el ingreso universal por hijo. Debe mencionarse que quienes pagan impuestos a las ganancias o son tributarios de AFIP ya lo reciben, porque lo descuentan de sus aportes; mientras a los trabajadores en blanco se les suma al salario. El desafío es extenderlo a los trabajadores precarios y en negro, a los desocupados, a las familias en condiciones críticas. Se calcula que el otorgar 350 pesos por hijo, permitiría –junto a otras medidas de mediano plazo– eliminar la pobreza y la indigencia, disminuyendo sensiblemente la mortalidad infantil. Por razones obvias, la suma se entregará directamente a las familias, sin intermediarios. El monto calculado para erradicar este flagelo gira en un 2 por ciento del PBI, unos 7000 millones de dólares: las cifras comparativas indican que esto significa menos de la tercera o la cuarta parte de la renta energética –unos 25.000 a 30.000 millones de dólares por año– que queda en manos de las corporaciones y sus amigos; sin contar que se han venido otorgando subsidios del orden de 10.000 millones de dólares anuales a las grandes empresas locales o transnacionales.

Considerando que durante los últimos seis años la economía argentina creció a las tasas más altas de su historia, nos preguntamos por qué millones de compatriotas continúan sufriendo en la miseria; por qué, junto a otros cambios, no se ha impulsado la reforma de un perfil impositivo de alta regresividad, no se tocó la ley financiera de Martínez de Hoz ni se eliminó el IVA para los artículos de la canasta familiar. Mencionemos también una revisión de la legitimidad de la deuda: si la acción delictiva de los capitales financieros especulativos llevó al derrumbe de Wall Street y de las economías de la Unión Europea y Japón, imaginemos su accionar en nuestros países. Las almas bellas se indignan, pero los realistas políticos prefieren mantener sus bocas cerradas.

Estas son sólo algunas de las propuestas que Proyecto Sur llevará al Congreso ante la magnitud de la crisis mundial, que marca un cambio de época al conjugarse con los impactos de la Revolución Científico-Técnica. Dado que se trata de una crisis de sobreproducción por carencia de demanda, el único camino para superarla es una redistribución en gran escala de la riqueza: continuar con políticas que benefician a los poderosos a costa del sufrimiento de los más, no solamente es injusto; significa estar a contramano de la historia. En consecuencia, no es cierto que debemos elegir entre la derecha y un oficialismo que representa al movimiento popular. La verdadera opción es entre la continuidad de las políticas que privilegian al bloque de poder dominante, conformado por las corporaciones y los grandes grupos económico-financieros –con sus tensiones y conflictos internos– o impulsar un giro en el rumbo de nuestro país, con un proyecto en favor de las mayorías sociales y de los intereses nacionales, dispuesto a frenar el despojo al que nos ha venido sometiendo ese bloque de poder. Al margen de las retóricas de oficialismos y oposiciones (González, Página/12, 16-06-09), demasiadas veces hemos sido extorsionados por una espuria polarización, donde las amenazas del mal mayor fueron frustrando la construcción de una fuerza política, decidida a revertir décadas de saqueo e impunidad y a promover un proyecto nacional y latinoamericano capaz de dar respuestas frente a los desafíos de un nuevo tiempo histórico. Por eso hoy se necesitan muchas almas bellas y no tantas bocas cerradas.

Alcira Argumedo es segunda candidata a diputada por Proyecto Sur en Capital Federal.

Foto: Argentina - Alcira Argumedo. / Autor: Gobierno Provincia de Buenos Aires


Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...

El celibato sacerdotal: Abuso de poder


Carlos Lombardi (MDZOL)

1. Introducción

La obligación del celibato y castidad que pesa sobre los sacerdotes católicos nuevamente ha causado polémica y debate en la opinión pública.

Casos como los de algunos sacerdotes de Mendoza que han dejado o están en proceso de dejar el ministerio sacerdotal, el de un grupo de curas que en Buenos Aires solicitaron terminar con el celibato obligatorio (Farinello, De la Serna entre otros), el de un cura de Córdoba que anunció a los laicos de su parroquia que dejaba el ministerio por haberse enamorado, y en el exterior, el caso del presidente paraguayo Lugo, el del cura mediático Alberto Cutié fotografiado con su novia en una playa, el del fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel que además de pedófilo consumado (y encubierto por Juan Pablo II), tuvo una amante y una hija, la rebelión de los curas centroafricanos contra el Vaticano porque obligó a renunciar a dos obispos casados con hijos, han sido noticias recientes y han reflotado el debate público acerca del sentido de la norma eclesiástica que obliga a lo sacerdotes a cumplir con aquellas obligaciones.

Los casos se repiten en el transcurso del tiempo y en todo el mundo. La Federación Internacional de Sacerdotes Católicos Casados, que agrupa a clérigos de Europa, A. Latina, Filipinas y A. del Norte precisó que el porcentaje de curas casados con o sin hijos representa el 25% del total de sacerdotes existentes, a la fecha 150.000 (Fuente EFE). Este alto porcentaje de varones no pudo cumplir con la norma eclesiástica.

Son numerosos los argumentos que se esgrimen a favor y en contra del celibato y continencia de los sacerdotes católicos. Entre los primeros, se destaca uno que hace referencia a lo normativo y a la libertad en aceptar aquel estado. El integrismo católico suele formularlo así: “La Iglesia Católica tiene derecho a fijar sus normas jurídicas. Quien no pueda cumplirlas, debe ser honesto e irse de la institución. A ningún candidato al sacerdocio se lo obliga a aceptar el celibato y continencia; lo hacen libremente”.

Recientemente los obispos latinoamericanos reunidos en Nicaragua han dicho lo mismo, con otras palabras: “el voto de castidad es una exigencia de la Iglesia Católica y quien elige el sacerdocio "lo hace libremente". “El que se ordena (sacerdote) conoce durante todo el tiempo las exigencias para vivir el sacerdocio. Lo hace libremente" y es el obispo quien reconoce oficialmente su vocación sacerdotal…” (Declaraciones del arzobispo Raymundo Damasceno Assis, en la asamblea del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) que se celebró en la capital de aquel país entre el 12 y 15 de mayo de 2009).

Norma y libertad en la decisión, entonces, son cuestiones claves en esta argumentación y que cabe indagar. Y entre ambas premisas, la segunda parece ser la de más peso y la que cerraría el debate a favor del celibato: este se acepta libremente. E ahí el equívoco.

2. Planteo del problema

Es una obviedad que los candidatos al sacerdocio aceptan libremente la regla canónica (aunque el grado de libertad también habría que examinarlo, conforme el mayor o menor nivel de madurez psicológica con que se asume el ministerio). De manera que se da por supuesta la libertad en la decisión, a nadie se lo obliga.

Pero el cuestionamiento del celibato no pasa por el consentimiento libre del individuo, sino por la norma jurídica, por su razonabilidad o arbitrariedad, por ser justa o no, por constituir un caso de abuso de poder o de respeto a la dignidad de las personas, por violar derechos fundamentales o no. Ese es el punto.

Por lo tanto, el problema se centra en lo normativo y en lo jurídico. El análisis debe empezar por el argumento mismo en cuanto a su veracidad o falsedad para luego examinar crítica y comparativamente las normas jurídicas canónicas que imponen el celibato y la continencia sexual, desde la perspectiva de los principios generales del derecho contenidos en la Constitución Nacional, Tratados sobre Derechos Humanos y legislación concordante.

De este modo se podrá determinar si las disposiciones que obligan a los sacerdotes católicos-romanos a cumplir el celibato y castidad son violatorias o no de derechos fundamentales, si promueven o no la dignidad de las personas.

3. El argumento que justifica el celibato por el consentimiento libre: ¿verdadero o falso?

El prelado católico citado decía: “el voto de castidad es una exigencia de la Iglesia Católica y quien elige el sacerdocio "lo hace libremente". “El que se ordena (sacerdote) conoce durante todo el tiempo las exigencias para vivir el sacerdocio…”.

Este argumento que apela a la libertad, conocimiento y cumplimiento de normas que obligan al celibato ¿implica una verdad o una falsedad?

Si se pone el acento en quién lo dice (un miembro de la jerarquía eclesiástica), no podemos afirmar que sea verdadero por ese motivo. Por el contrario, podríamos afirmar que es falso.

Es lo que se conoce como argumentum ad verecundiam, argumento que apela a la autoridad.

Es una falacia muy común mediante la cual se busca que una afirmación controvertida sea aceptada bajo la base de que está realizada por una persona, respetada, conocida o importante. En nuestro caso implica justificar el celibato y continencia porque lo afirma algún jerarca eclesiástico, porque así lo ha legislado canónicamente.

Se sabe que las falacias, sofismas o paralogismos son argumentos “que parecen concluir la verdad pero que son erróneos” (Sanguinetti, Juan José, Lógica, Eunsa, Pamplona, 1985).

Conforme el autor citado en toda falacia hay dos elementos: “Una verdad aparente, que da al argumento cierta capacidad de convencer, y que es precisamente la que puede ocasionar la equivocación del incauto; un error oculto, el elemento desordenado del raciocinio, que mueve a sacar una conclusión falsa a partir de alguna verdad”.

En el caso del argumento que mencionamos, el mismo no puede ser verdadero porque lo afirme una autoridad eclesiástica.

Similar a la falacia que comentamos es el argumento del “don”. Parece que ese “regalo” no fue dado históricamente a algunos apóstoles ni obispos. En las sagradas escrituras existen textos que dejan ver que el “don” no era otorgado a todos. Por ejemplo Levítico 21:10-14, 1 Timoteo 3:2-5, 1° Corintios 9:3-5; Tito 1:6.

Asimismo, varios de los apóstoles eran casados (Mateo 8:14). Hay abundante bibliografía y fuentes históricas que dan cuenta que el “don” no existió históricamente (ver Tertuliano en De Exhortat Castita, cap. 8; Clemente de Alejandría en Historia Eclesiástica de Eusebio, libro III, cap. 30. En la misma obra, libro VIII capítulo 9).

Tampoco todos los papas recibieron ese “don”. Existieron papas casados: “Inocencio VIII, Alejandro VI, Félix III 483-492 (2 hijos), Hormidas 514-523 (1 hijo), Silverio (Antonia) 536-537, Adriano II 867-872 (1 hija), Clemente IV 1265-1268 (2 hijas) que además de casado, tuvo 10 hijos ilegítimos con su amante y con la madre de ésta, Félix V 1439 1449 (1 hijo).

Papas que fueron hijos de papas u otros miembros de clero: San Dámaso I (366-384), hijo de San Lorenzo, sacerdote; San Inocencio I (401-417), hijo de Anastasio I; Bonifacio I(418-422), hijo de un sacerdote; San Félix (483-492), hijo de un sacerdote; Anastasio II (496-498) hijo de un sacerdote; San Agapito I (535-536) hijo de Gordiano, papa; San Silverio (536-537), hijo de San Hormidas, papa; Marino (882-884), hijo de un sacerdote; Bonifacio VI (896-896), hijo de Adrián, obispo; Juan XI (931-935) hijo del Papa Sergio III; Juan XV (989-996) hijo de León, sacerdote.

Papas que tuvieron hijos ilegítimos después de 1139 (Concilio de Letrán II): Inocencio VIII (1484-1492) varios hijos; Alejandro VI (1492-1503) varios hijos; Julio (1503-1513) 3 hijas; Pablo III (1534-1549) 3 hijos, 1 hija; Pío IV (1559-1565) 3 hijos; Gregorio XIII (1572-1585) 1 hijo” (Cf. Historia del celibato en la iglesia católica, Future Church, citado en www.feadulta.com).

¿Aquellos varones no recibieron el tan mentado “don”? Dice P. Rodríguez (La vida sexual del clero, Ediciones B, Barcelona, 1995, capítulo 3, pp. 53-64), “el celibato no puede ser un don o carisma, tal como se dice, ya que, desde el punto de vista teológico, un carisma es dado siempre no para el provecho de quien lo recibe sino para el de la comunidad a la que éste pertenece. Así, los dones bíblicos de curación o de profecía, por ejemplo, eran para curar o para guiar a los otros, pero no eran aplicables por el beneficiario a sí mismo.

Si el celibato fuese un don o carisma, lo sería para ser dado en beneficio de toda la comunidad de creyentes y no sólo de unos cuantos privilegiados, y es ya bien sabido que resulta una falacia argumentar que el célibe tiene mayor disponibilidad para ayudar a los demás. El matrimonio, en cambio, sí que es dado para contribuir al mutuo beneficio de la comunidad.

En todo caso, finalmente, en ninguna de las listas de carismas que transmite el Nuevo Testamento —Rom 12,6-7; 1Cor 12,8-10 o Ef 4,7-11— se cita al celibato como a tal; luego no es ningún don o carisma por mucho que la Iglesia así lo pretenda”.

Asimismo, estadísticas como las elaboradas por el autor citado (sobre los hábitos afectivo-sexuales del clero en activo en España), indican que un “95% de ellos se masturba, un 60% mantiene relaciones sexuales, un 26% soba a menores, un 20% realiza prácticas de carácter homosexual, un 12% es exclusivamente homosexual y un 7% comete abusos sexuales graves con menores” (P. Rodríguez, obra citada, p. 27).

No obstante las razones expuestas para desarticular las falacias de los jerarcas eclesiásticos, la cuestión central son las normas jurídicas que imponen el celibato, vayamos a su análisis.

4. Primera cuestión: el abuso de poder. Las normas del Código de Derecho Canónico que imponen el celibato y la continencia sexual.

En primer lugar es necesario definir: por célibe se entiende el no casado, y en el caso de la Iglesia Católica un compromiso de no casarse de quienes acceden al sacerdocio. La castidad implica abstenerse de mantener relaciones sexuales.

La Real Academia Española lo confirma: célibe (Del lat. caelebs, -ĭbis). adj. Dicho de una persona: Que no ha tomado estado de matrimonio.

Casto (Del lat. castĭtas, -ātis). 1. f. Cualidad de casto. 2. f. Virtud de quien se abstiene de todo goce carnal.

En el caso de la Iglesia Católica, el celibato y la continencia sexual están impuestos por una norma jurídica del Código de Derecho Canónico. Es el canon 277 § 1 que dispone: “Los clérigos están obligados a observar una continencia perfecta y perpetua por el Reino de los cielos y, por tanto, quedan sujetos a guardar el celibato, que es un don peculiar de Dios mediante el cual los ministros sagrados pueden unirse más fácilmente a Cristo con un corazón entero y dedicarse con mayor libertad al servicio de Dios y de los hombres”.

En concordancia con la norma citada, se pueden mencionar otros cánones, a saber:

a) Preparación para el celibato: canon 247 §1; “Por medio de una formación adecuada prepárese a los alumnos a observar el estado de celibato, y aprendan a tenerlo en gran estima como un don peculiar de Dios”.

b) Cuidados para con el celibato: canon 277 §2: “Los clérigos han de tener la debida prudencia en relación con aquellas personas cuyo trato puede poner en peligro su obligación de guardar la continencia o ser causa de escándalo para los fieles”.

“§3 Corresponde al Obispo diocesano establecer normas más concretas sobre esta materia y emitir un juicio en casos particulares sobre el cumplimiento de esta obligación”.

Canon 666: “Debe observarse la necesaria discreción en el uso de los medios de comunicación social, y se evitará lo que pueda ser nocivo para la propia vocación o peligroso para la castidad de una persona consagrada”.

c) El consejo evangélico de la castidad: canon 599: “El consejo evangélico de castidad asumido por el Reino de los cielos, que es signo del mundo futuro y fuente de una fecundidad más abundante en un corazón no dividido, lleva consigo la obligación de observar perfecta continencia en el celibato”. Todas la citas son del Código de Derecho Canónico, Pamplona, EUNSA, 1992, 5ta edición.

Los cánones transcriptos no ofrecen objeciones desde el punto de vista jurídico formal. Han sido sancionados por la autoridad eclesiástica conforme el procedimiento regular de sanción de normas que se da en la Iglesia Católica, bastante retrógrado por cierto. Recordemos que en esa institución no existe la división de poderes, y que es la última monarquía absoluta que existe en el planeta. Tampoco existe la democracia, ni formal ni funcionalmente por lo que los laicos no pueden participar en la formación y sanción de sus leyes.

La aplicación de las normas mencionadas originan una serie de fenómenos y secuelas dañosas que se pueden agrupar en dos categorías: a) las que dañan a los sacerdotes desde el punto de vista psicológico; b) las que afectan y dañan a terceras personas.

Las secuelas psicológicas fueron magistralmente descriptas y analizadas por Eugen Drewermann, sacerdote y teólogo católico, quien escribió una obra clave que las resalta desde la perspectiva del psicoanálisis (Clérigos, Psicograma de un ideal, Ed. Trotta, Madrid, 2005). Dada la conducta autoritaria que tácita o expresamente impera en la institución, en el año de publicación del libro, fue suspendido en el ministerio sacerdotal y expulsado de su cátedra universitaria. Todo un ejemplo de pluralismo y respeto a la libertad de enseñanza por parte de la Congregación para la Doctrina de la Fe (sucesora de la famosa Inquisición).

Parte de la siguiente pregunta para realizar su estudio: “¿Cómo una persona, a la edad, más o menos, de veinticinco años, es decir, superada la etapa de la pubertad y de la adolescencia, llega a considerarse como elegido por Dios? ¿Cómo se ve a sí mismo ese sujeto que se considera “elegido” de Dios, es decir, cómo entiende él mismo esa realidad y cómo reacciona ante ella? (p. 49).

Entre las peculiaridades más características de la mentalidad clerical, fogoneada desde la institución, se encuentran: la despersonalización, la inseguridad ontológica y el “existir por la función”. El proceso de despersonalización es clave por cuanto implica que los candidatos no resuelven su existencia sino por la función que cumplirán. En ese marco se analiza los llamados consejos evangélicos (pobreza, obediencia y castidad), a fin de determinar patologías, hacer diagnósticos y proponer tratamientos.

“La obligación de vivir célibe, en cuanto fruto de la propia psicodinámica de la persona, no es señal de un mayor amor, sino de unas limitaciones e inhibiciones del amor mucho más grandes que las que se dan normalmente en la respectiva cultura. De por sí, el celibato no tiene ninguna ventaja ni psicológica ni moral sobre el matrimonio, en todo caso, entraña una serie de complicaciones y de peligros psíquicos que hay que compensar…” (obra citada, p. 642).

“En una palabra, es inhumano enredar a unos chicos o a unas chicas, evidentemente inmaduros, en una maraña de miedos y complejos de culpabilidad impuestos, mientras se les dice que eso es señal de que Dios los ama y los elige de manera “particular”…” (p. 642).

El segundo tipo de fenómenos que produce el celibato tiene que ver con los daños que se produce a terceros. Acá aparecen problemas como la pedofilia, la conducta cínica de obispos que aconsejan que si se va detrás de “polleras”, se lo haga con mujeres casadas (cf. P.

Rodríguez, obra citada), la hipocresía en tolerar que existan sacerdotes con mujer e hijos mientras no se haga pública esa situación, el ostracismo (que como condena), pesa sobre las mujeres e hijos de curas en ejercicio, y en general la doble vida. Días pasados lo manifestó el sacerdote cordobés Guillermo Mariani: “Una enorme cantidad de curas llevan doble vida” (en www.clarin.com, 04/05/09).

Remitimos a la monumental obra por cuanto los fenómenos y secuelas de índole psicológicos exceden los alcances de este trabajo.

5. Las normas jurídicas eclesiásticas relativas a los pedidos de secularización de sacerdotes. El procedimiento. Trato vejatorio.

A las normas canónicas mencionadas se les suman las del procedimiento para la dispensa del celibato sacerdotal. Fueron redactadas por la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe el 14 de octubre de 1980 bajo el papado de Juan Pablo II.

Las dificultades comienzan con lo terminológico. El sacerdote que decide secularizarse, debe solicitar la “reducción” al estado laical. El mismo término “reducción” da una noción de la consideración e importancia que los laicos tienen en la institución: son tratados como sujetos de segunda categoría, son las ovejas que forman el “rebaño”. A tal punto llega el desprecio y subestimación hacia los laicos que se ha legalizado en el canon 207 § 1: “Por institución divina, entre los fieles hay en la Iglesia ministros sagrados, que en el derecho se denominan también clérigos; los demás se denominan laicos”.

La misma línea despreciativa hacia los laicos la destaca Herbert Haag (¿Qué iglesia quería Jesús?, Herder, Barcelona, 1998, p. 32 y 33): “Llama particularmente la atención el frecuente uso que los documentos del Concilio (se refiere el Vaticano II), al referirse a los seglares hacen de la palabra “también”: a los laicos ha de abrírseles el camino “para que también ellos participen celosamente en la misión salvadora de la Iglesia”. Jesucristo “desea continuar su testimonio y su servicio también por medio de los laicos” y, en consecuencia, “también los hace partícipes de su oficio sacerdotal”. De igual manera, Cristo cumple su misión profética “también por medio de los laicos” y, “también por mediación de lo fieles laicos” trata de dilatar su reino. Lo que suena como añadido es en realidad una limitación. Primero vienen los sacerdotes y luego “también” los seglares. Si estos, por una parte, tienen el derecho y aun el deber de manifestar su opinión, por otra se les pide “aceptar con prontitud y cristiana obediencia todo lo que los sagrados pastores, como representantes de Cristo, establecen en la Iglesia actuando de maestros y de gobernantes” (remitimos a la obra mencionada para las citas de los documentos conciliares).

El teólogo Antonio Tamayo Acosta considera que la Iglesia se estructura sobre oposiciones que deben ser eliminadas: “Primero, la oposición clérigos-laicos: la existencia de clérigos remite derechamente a la existencia de laicos como subordinados; la existencia de laicos remite a la existencia de clérigos como los que protegen los derechos de los laicos. Y eso es una trampa, porque los clérigos ni conceden los derechos ni los protegen, sino que se apropian de ellos y se los arrebatan a los cristianos y cristianas.

Otra segunda oposición a eliminar de raíz es iglesia docente -iglesia discente. Es una de las que más me indignan, porque parte de la idea de que en la iglesia hay personas que lo saben todo y generalmente coinciden con los que mandan; según esa división, hay una iglesia sabia y otra analfabeta. Y a ésta hay que mantenerla en su ignorancia porque, es la mejor forma de tenerla sometida. El saber da poder, y la ignorancia, impotencia”. (Las grandes líneas de la reforma de la Iglesia, en www.comunidadescristianasdebase-murcia.com).

Basten esos ejemplos para demostrar la consideración y respeto que la institución tiene para con los laicos, la misma que aplicará en el trato con el sacerdote que decida secularizarse. Es el punto de partida de un largo camino de denigración personal.

Los expedientes que se forman en los obispados son secretos. Tampoco se publican estadísticas ofíciales con el número de curas que anualmente deciden irse de la institución.

Extraoficialmente se sabe que en el obispado de Córdoba, por ejemplo, no se elevan los expedientes de secularización de curas a la Santa Sede porque eso “atentaría” contra la carrera del obispo. En el caso de la Arquidiócesis de Mendoza no existen datos ni siquiera para los católicos que lo soliciten.

¿Qué sucede luego de la presentación del pedido de secularización?

“El procedimiento resulta en la práctica lentísimo. El actor no obtiene noticia de la marcha del mismo, hasta hacerle llegar a veces a la conclusión de que es preferible prescindir de esta solución legal para reorientar su vida, que lo será al margen de la Iglesia oficial. Y es que en el fondo de lo que se trata con el procedimiento, solo posible a partir de 1964, es de disuadir al sacerdote de su propósito de secularización…” (Cf. Martínez Blanco Antonio, Sacerdote secularizado y derechos fundamentales, publicado en www.moceop.net). Veamos las normas.

La autoridad competente es el “ordinario del lugar de incardinación” del sacerdote, o el superior mayor “si se trata de un miembro de un instituto clerical de vida consagrada de derecho pontificio” (art. 1). Ante esas autoridades se debe presentar la petición, por escrito y firmada por el interesado.

Los arts. 2 y 3 refieren a cuestiones formales: imposibilidad de instruir la causa por parte del ordinario (art. 2); contenido de la petición, es decir, los datos personales del peticionante y los hechos y justificación de la misma ( art. 3).

El art. 4 se destaca por lo oscuro: “Una vez recibida la petición, determine el ordinario si procede cursarla y, en caso afirmativo, suspenda al peticionario “ad cautelam” del ejercicio de las órdenes sagradas, a no ser que juzgue oportuna la prosecución en el ejercicio del ministerio para proteger la buena fama del sacerdote o para tutelar el bien de la comunidad. De la misma manera, y bien, por sí mismo, bien por medio de un sacerdote apto y probado, especialmente elegido para ello, ocúpese de la instrucción de la causa en la debe figurar un notario que de fe de cuanto se haga”.

El ordinario, el obispo por ejemplo, debe recibir la petición y evaluar si “procede cursarla”. La norma no aclara: el criterio con que se evalúa, en qué tiempo, si existen plazos, qué pasa con las urgencias y necesidades del cura que pide la dispensa.

En segundo lugar, y en caso de que proceda la petición, puede suspender al peticionante “ad cautelam”, es decir, por precaución, o permitir que continúe en el ejercicio de sus funciones, pero en este caso, siempre para proteger la buena fama del sacerdote o el bien de la comunidad. No se entiende por qué un cura que se enamoró y pide retirarse tendría por ese motivo mala fama. Tampoco se aclara cuál es el “mal” que se causa a la comunidad. No hay elementos que permitan precisar si se consulta a los fieles, si se pide la opinión de los laicos. A priori, la suspensión por precaución implica prejuzgamiento. ¿Qué daños cometió el sacerdote para que se lo trate como un paria?

No se justifica la necesidad de que actúe un “sacerdote apto y probado” que puede instruir la causa; no se indica quién lo elige, con qué criterios, y qué garantías tiene el peticionante de que el instructor será idóneo.

Luego del primer filtro, comienza la instrucción de la causa. La frase “instrucción de la causa” alude más bien a un proceso judicial del tipo inquisitorial.

Y el art. 5 convalida lo dicho: “El obispo o el sacerdote instructor, previo juramento de decir la verdad, interrogue al peticionario con preguntas pertinentes y concretas específicamente redactadas; escuche, si es posible, a los superiores del tiempo de formación o solicite sus declaraciones por escrito; examine a otros testigos, bien presentados por el peticionario, bien llamados por él mismo; finalmente recoja los documentos y otras pruebas proporcionados por los peritos, si ello fuere oportuno”.

La norma es oscura respecto a si se pondrá a disposición del sacerdote las preguntas, antes del interrogatorio; si se le dará vista de los informes que sus superiores elaboren respecto a su persona; si podrá presenciar las declaraciones de los testigos (él es parte interesada en la causa que se instruye). De esta norma no surgen garantías para el peticionante.

No se justifica la prueba pericial, es arbitraria. Si un cura tomó la decisión de irse de la institución ¿para qué las pericias? ¿A qué tipo de pericias se alude?

Conforme el art. 6 el interrogatorio deberá contener una serie de pautas. Pero de nuevo se cae en la agresión verbal, en el trato despectivo. El cuestionario debe suministrar las “causas y circunstancias de la defección…”. Se trata al sacerdote de desleal, de “traidor”. Defección, es un término que proviene del latín defectĭo, -ōnis y significa “Acción de separarse con deslealtad de la causa o parcialidad a que se pertenecía” ¿dónde está la deslealtad? ¿No será al revés, un acto de profunda honestidad?

Terminada la tramitación del expediente – reiteramos, no surgen plazos de las normas, por lo que puede extenderse todo el tiempo que el capricho de las autoridades lo considere -, el mismo se debe elevar a la Sagrada Congregación para la Doctrina de la fe, junto con “todas las actas por triplicado añadiendo cuantas indicaciones puedan resultar útiles para ponderar las pruebas juntamente con el voto del ordinario sobre la verdad del asunto y sobre la no previsión de escándalo” (art. 7).

El organismo de la curia vaticana “… discutirá la causa y determinará si la petición ha de recomendarse al Romano Pontífice, si hay que completar la instrucción o si debe rechazarse la petición por falta de fundamento” (art. 8).

¿Quiénes discuten la causa? ¿Se le informa al peticionante los nombres de aquellos que “discutirán” su causa? ¿Hay un miembro preopinante? ¿Qué plazos tienen? ¿En la discusión, interviene el interesado? ¿Existe la posibilidad de apelar la decisión si es negativa? ¿Qué costos tiene todo el procedimiento? ¿Se cobra en pesos o en euros?

Si se otorga, la dispensa se plasma en un rescripto (del lat. rescriptus. m. Decisión del papa o de un soberano para resolver una consulta o responder a una petición). Dado el carácter secreto, nos pareció oportuno citar un rescripto de secularización y dispensa de las cargas sacerdotales, que aparece en la obra de P. Rodríguez mencionada, no obstante ser anterior a las normas procesales vigentes (1974):

“Cádiz y Ceuta.- Sagrada Congregación en defensa de la Doctrina de la Fe (Pro Doctrina Fidei). Prot. N. 2643/73.- Excelentísimo Señor, El Señor J.A.C.B., sacerdote de la Diócesis de Cádiz y Ceuta ha pedido la reducción al estado laical con la dispensa de todas las cargas que emanan de las sagradas Órdenes (y de la Profesión Religiosa), sin exceptuar la carga de guardar la ley del sagrado celibato. El Santísimo Señor Nuestro Pablo, por la Divina Providencia Papa VI, el día 1 de Febrero de 1974, teniendo en cuenta el informe del caso emitido por la Sagrada Congregación Pro Doctrina Fidei, se ha dignado concederla, como una gracia, de acuerdo con las siguientes Normas:

1. El Rescripto concede de forma inseparable la reducción al estado laical y la dispensa de todas las cargas emanentes de las sagradas Órdenes. Nunca podrán separarse ambos elementos, o aceptar uno y rechazar el otro. Si, además, el peticionario es religioso, se le concede también la dispensa de los votos.

En cuanto sea necesario, conlleva también la absolución de las posibles censuras contraídas y la legitimación de la prole. El Rescripto entra en vigor en el momento en que sea dado a conocer al peticionario por el Prelado pertinente.

2. Si el peticionario es sacerdote diocesano, incardinado fuera de su Diócesis, o religioso, el Ordinario del lugar de la incardinación o el Superior religioso mayor notificarán al Ordinario del lugar la dispensa pontificia, y si fuera necesario, le pedirán que haga llegar el texto de este Rescripto al peticionario, junto con la delegación necesaria para que pueda contraer matrimonio canónico. Sin embargo, si las circunstancias así lo aconsejaran, dicho Ordinario recurra a la Sagrada Congregación.

3. En principio el sacerdote reducido al estado laical y dispensado de las cargas unidas al sacerdocio, y a fortiori, el sacerdote unido en matrimonio, ha de ausentarse de los lugares en los que sea conocido su estado sacerdotal. El Ordinario del lugar, puede dispensar de esta cláusula, si no prevé que la presencia del peticionario pueda ser motivo de escándalo.

4. En cuanto a la celebración del matrimonio canónico, cuide el Ordinario que se celebre sin pompa, ni aparato, y delante de un sacerdote (bien probado) de confianza para el obispo, y sin testigos, o si fuera necesario, con dos testigos, cuya acta se conserve en el archivo secreto de la Curia.

Al Ordinario del lugar corresponde determinar el modo de la dispensa. Y si la celebración del matrimonio ha de ser secreta o pueda ser comunicada, con las precauciones necesarias, a los amigos y allegados, con el fin de salvar la buena fama del peticionario y para que pueda gozar de los derechos, económico-sociales, emanados de su nueva condición de seglar y casado.

5. Se ha de anotar en el libro de bautismos de la parroquia, tanto del peticionario como de la cónyuge; pero se ha de consultar al Ordinario cuando se haya de examinar los documentos.

6. El Ordinario, al cual se refiere este Documento ha de hablar con el peticionario, y lo ha de exhortar a que lleve una vida de acuerdo con su nueva condición, contribuyendo a la edificación del Pueblo de Dios, y a que se muestre amantísimo hijo de la Iglesia. Y a su vez le notifique lo que le está prohibido:

a) ejercer cualquier función de las sagradas Órdenes, excepto las que se contemplan en los cánones 882 y 892, par 2 [y que se refieren a la obligación que en conciencia tiene cualquier sacerdote —y el secularizado lo sigue siendo—de administrar la penitencia, en caso de necesidad, a un moribundo];

b) participar en cualquier celebración litúrgica ante el pueblo, que conozca su condición, y que nunca pueda predicar la homilía;

c) actuar de Rector, Director Espiritual, Profesor... en los seminarios, Facultades Teológicas,... y similares Instituciones;

e) Igualmente no puede ejercer como director de una Escuela Católica, ni de profesor de Religión, etc. Sin embargo el Ordinario, bajo su prudente criterio, puede en casos particulares permitir que un sacerdote, reducido al estado laical y dispensado de las cargas inherentes a la sagrada ordenación, pueda enseñar Religión en escuelas públicas, no excluidas las escuelas católicas, siempre que no sea causa de escándalo.

Finalmente el Ordinario imponga al peticionario una obra de piedad o de caridad. Y en el tiempo lo más breve posible envíe a la Sagrada Congregación la notificación de que se ha llevado a cabo lo mandado. Y si lo exigiera la estupefacción de los fieles, denles una prudente explicación.

Sin que pueda obstar nada en contra. S. C. pro Doctrina Fidei, a 1 de Febrero de 1974.
Firma y sello”.

El autor subrayó en su obra y en cursiva aquellos párrafos que denotan claramente la situación de abuso “que subyace bajo este proceso de secularización”.

Las consecuencias son previsibles, aunque claramente vejatorias: a) destierro del cura de todo lugar donde sea conocido su estado sacerdotal; b) si desea contraer matrimonio este tiene que ser de manera secreta, sin festejos; c) mantenimiento del secreto de la dispensa y el matrimonio del secularizado (aunque el obispo puede autorizar que se comunique a parientes y amigos); d) prohibición de ejercer la docencia en facultades, institutos, escuelas.

Según Martínez Blanco, “parece partirse de la presunción generalizada de que todo sacerdote secularizado es sospechoso de herejía y puede infeccionar los ambientes que toque”. (Obra citada).

Queda claro, entonces, el trato abusivo y vejatorio que se tiene para con el sacerdote que pide la dispensa por no poder cumplir con el celibato. También quedó claro que las garantías del debido proceso legal no se respetan, más aún, se violan.

En el IX Congreso de Teología sobre Iglesia y derechos humanos, el Movimiento por el celibato opcional (Moceop) sostuvo: “en caso de decidir la salida legal, el procedimiento para obtener la secularización - el permiso – puede ser analizado como ejemplo difícilmente superable de aplastamiento personal, presunción de culpabilidad, interrogatorio humillante, mentiras sutilmente aconsejadas, juicio encubierto con culpable sumiso y resignado a lo que sea para obtener los papeles” (también citado por Martínez Blanco).

El integrismo imperante en la actualidad del catolicismo (que pretende disimular el trato vejatorio y las consecuencias indignas hacia el sacerdote separado de la institución), sostiene que todo sacerdote secularizado sigue siendo verdadero sacerdote, pudiendo administrar los sacramentos que no exijan jurisdicción especial, ejemplo, bautismo. Pero siempre en privado; no lo aconsejan en público por “prudencia” y para no producir escándalo. Un absurdo total.

Con ese tipo de argumentos (y otros por el estilo), no se hace otra cosa que confirmar el desprecio, humillación y falta de caridad hacia los sacerdotes “reducidos” al estado laical.

Finalmente, y no satisfechos con el trato humillante el canon 1394 §1 dispone: “Quedando en pie lo que prescribe el can. 194, §1, 3º, el clérigo que atenta matrimonio, aunque sea sólo civilmente, incurre en suspensión latae sententiae; y si, después de haber sido amonestado, no cambia su conducta y continúa dando escándalo, puede ser castigado gradualmente con privaciones o también con la expulsión del estado clerical”.

Como se habrá observado, se consagra como un “delito” el hecho de que un sacerdote contraiga matrimonio. Una aberración jurídica.

6. Las “nuevas” facultades otorgadas por el Papa a la Congregación el Clero.

Las nuevas facultades surgen de una Carta que la Congregación para el Clero envió a los nuncios apostólicos para que la dieran a conocer a los obispos diocesanos. El tema de la carta son algunas “nuevas” facultades concedidas por el Papa a esa congregación el pasado 30 de enero.

Estas nuevas disposiciones tratan de solucionar sobre todo un hecho muy común: el de cura que viven con una mujer, habiendo abandonado el ministerio sacerdotal por más de cinco años sin haber pedido “reducción” y dispensa, o que se hayan visto involucrados en escándalos por esa causa.

La solución pasa por acortar el trámite. Son los obispos quienes tendrán facultades para iniciar el proceso para reducir al estado laical a un sacerdote que abandonó su ministerio, lo que implica una evidencia que avala la línea que trazamos en este trabajo: el trato vejatorio y humillante que la institución depara a los sacerdotes que deciden irse a través de normas abusivas y violatorias de derechos fundamentales.

No obstante, las críticas que han recibido las normas comentadas se centran en las siguientes razones:

a) Se mantiene el tono despreciativo “reducción” al estado laical.

b) Se contempla la posibilidad de aplicar la dispensa como un castigo: “in penam’, con la dispensa de las obligaciones que derivan de la ordenación sacerdotal, de los clérigos que hayan intentado casarse en el ámbito civil y que habiendo sido amonestados no rectifiquen y continúen con esa conducta de vida irregular y escandalosa.

c) “De paso, se “sugiere”, que todos los que se retiraron lo han hecho por razones que en realidad merecían ser “castigados”.

d) En vez, de leer la obligatoriedad del celibato como un abuso insostenible teológica, canónica, histórica, ni pastoralmente, lo hacen desde su bunquer, frío abstracto e insensible, interpretándolo como un carisma inevitablemente unido al sacramento del Orden”.

e) Se endurece el mensaje: “el celo por la disciplina del celibato obligatorio, que no garantiza suficientemente, la imagen de casta pura y angelical, que necesita la estructura del poder (no la del servicio) sagrado” (cf. Mabel y Arnaldo Gutiérrez, “Algunas opiniones sobre las nuevas disposiciones vaticanas sobre el celibato, en www.redescristianas.net).

Se preguntan los autores citados: ¿Es mucho pedir al Vaticano que al menos escuche los legítimos reclamos de voces responsables y autorizadas? ¿Es propio del pastor que ante legítimos argumentos de sus ovejas siga diciendo terca, y unilateralmente, “caso cerrado”? ¿Tan seguros están los pastores supremos de no estar equivocados, una vez más, cuando la historia demuestra todo lo contrario?

7. ¿Por qué la Iglesia Católica puede aplicar aquellas normas en nuestro país?

Puede hacerlo porque en nuestro país rige el Concordato firmado con la Santa Sede en 1966, durante la dictadura del militar Onganía, católico confeso quien consagró el país a la virgen.

El art. 1 del mencionado Concordato dice: “El Estado Argentino reconoce y garantiza a la Iglesia Católica Apostólica Romana el libre y pleno ejercicio de su poder espiritual, el libre y público ejercicio de su culto, así como la de su jurisdicción en el ámbito de su competencia, para la realización de sus fines específicos”.

A esta disposición se sumó el criterio de la Jurisprudencia que dejó entrever en dos casos - “Lastra Juan c/ Obispado de Venado Tuerto” y “Rybar Antonio c/ García Rómulo y/u Obispado de Mar del Plata” – que existirían materias propias del Derecho Canónico que quedarían fuera de la jurisdicción del Estado Argentino, siempre y cuando “… no suscite cuestiones que interesen al orden público nacional o que lesionen principios consagrados en la Constitución Nacional…”. E.D. 15/09/92.

En su comentario al fallo Rybar, Bidart Campos decía:

“No hay que vislumbrar en esta exención total de jurisdicción estatal una especie de curioso islote enquistado dentro de la comunidad política, como si los clérigos, los religiosos, los superiores eclesiásticos, o los ordinarios del lugar pudieran vivir al margen del orden jurídico estatal. No son extraterrestres con inmunidad privilegiada en materias y cuestiones del orden temporal” (El Derecho, Tomo 135).

Nunca mejor descripta la situación que impera en la realidad, aunque esa no fuera la intención del ilustre jurista. Y nunca mejor explotada esa situación jurídica por la Iglesia, ya que bajo ese manto se esconden actos violatorios de derechos humanos básicos que muy pocos investigan.

Una cuestión central a dilucidar en el art. 1, es la frase “para la realización de sus fines específicos”. Esa frase es la garantía máxima para que las autoridades de la Iglesia cometan los más oscuros actos jurídicos como administrativos y los mismos queden impunes, ya que con la excusa de que se persiguen “fines específicos”, se corre el riesgo de cometer actos ilegales. Algunos ejemplos: la censura hacia teólogos y sacerdotes que se animaron a pensar e investigar de manera autónoma y expresarse libremente (el teólogo santiagueño Ariel Álvarez Valdez, el sacerdote Guillermo Mariani en Córdoba); el acto bochornoso cometido en la Arquidiócesis de Mendoza donde se gestionó un título honorífico para un cura pedófilo, acto impune por cuanto nunca se pidió la nulidad del mismo, ni el retiro del título, ni la sanción del clérigo. Ni hablemos de las aberraciones jurídicas que se cometen en los tribunales eclesiásticos, cuyos titulares carecen de experiencia y formación forense.

El Concordato con la Santa Sede es bastante cuestionable por dos razones:

a) La primera, es que el Congreso de la Nación no ha tenido oportunidad de aprobar o desechar el mismo, que según el Decreto 220/05, ha sido “ratificado por ley Nº 17.032, conforme el Boletín Oficial del 22 de Diciembre de 1966, fue “sancionada” por el dictador Onganía, “En uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 5 del Estatuto de la Revolución Argentina”, en tiempos que no regían las instituciones reconocidas por la Constitución Nacional, porque ésta última tampoco tenía vigencia. Por ello, el Acuerdo entre la Santa Sede y la República Argentina sobre la situación jurídica de la Iglesia Católica Apostólica Romana en la República Argentina, suscripto en Buenos Aires, el 10 de octubre de 1966, no tendría vigencia en nuestro ordenamiento jurídico, hasta tanto no sea aprobado o desechado por el Congreso Nacional, conforme el procedimiento constitucional ordenado por el inc. 22 del Art. 75 de nuestra ley fundamental (en concordancia con el proyecto de la senadora nacional Bortolozzi).

b) El Concordato, no tiene la misma jerarquía que los Tratados sobre Derechos Humanos mencionados en el art. 75 inc. 22 sino inferior, por lo que dentro del orden jerárquico no está por encima de la Constitución Nacional, de manera que es otra evidencia de que la Iglesia Católica debería ajustar su funcionamiento y normas jurídicas, a las declaraciones, derechos, garantías y principios constitucionales.

8. Segunda cuestión: el principio de razonabilidad de las leyes y su aplicación en las normas jurídicas canónicas.

La Iglesia Católica es una persona jurídica pública no estatal conforme el art. 33 del Código Civil. Sus normas jurídicas deben guardar concordancia con las disposiciones de la Constitución Nacional, conforme el principio de supremacía constitucional consagrado en el art. 31 que dispone: “Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación…”.

Asimismo, no tiene competencia para reglamentar derechos individuales, ni civiles ya que esa facultad le corresponde al Estado.

En nuestro ordenamiento jurídico las normas jurídicas deben respetar dos principios: el de legalidad (art. 19 segundo párrafo de la C.N.), y el de razonabilidad (art. 28 de la Carta Magna).

El principio de legalidad implica formalidad, ya que exige que la norma tenga “forma” de ley para mandar o prohibir. Pero con eso no alcanza. Bidart Campos lo dice con un interrogante “¿basta que la ley mande o prohíba, para que sin más lo mandado o lo impedido sea constitucional?” (Manual de la Constitución Reformada, Tomo I, Ediar, Bs. As., 2005). Su respuesta es contundente: “de ninguna manera”.

Aquí, entonces, entra a tallar el principio de razonabilidad de la ley. Dice el jurista: “no basta la formalidad de la ley: es menester que el contenido de esa ley responda a ciertas pautas de valor suficientes. Por eso es menester dar contenido material de justicia al principio formal de legalidad. Para ello, acudimos al valor justicia, que constitucionalmente se traduce en la regla o el principio de razonabilidad”.

Dicho principio está regulado en el artículo 28 de la C.N. y dice: “Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos, no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio”.

“El principio de razonabilidad tiene como finalidad preservar el valor justicia en el contenido de todo acto de poder e, incluso, de los particulares”. (Bidart Campos, obra citada).

La “alteración” a la que alude el artículo mencionado implica arbitrariedad e injusticia, características de las normas canónicas que imponen el celibato y continencia sexual, y que se han analizado precedentemente.

La simple comparación entre el principio de razonabilidad y las normas canónicas mencionadas demuestran nuestra tesis. El contenido de las normas canónicas analizadas es arbitrario y violatorio de derechos fundamentales.

9. Derechos fundamentales de los sacerdotes violados por el Código de Derecho Canónico.

Entramos en territorio de la Constitución Nacional, de la ley suprema respecto a la cual todo el ordenamiento jurídico del país se subordina (art. 31, principio de supremacía), incluso el ordenamiento canónico, no obstante la existencia del Concordato mencionado.

Al tener un contenido arbitrario, los cánones y normas analizadas violan los siguientes derechos fundamentales de los sacerdotes:

a) El principio de intimidad regulado en el art. 19, 1º párrafo de la Constitución, que tiene diversas proyecciones en la vida de las personas (entre ellas elegir el proyecto de vida, donar órganos, a ser “diferente”, conforme la expresión del jurista citado).

b) El derecho a la igualdad, consagrado en el art. 16 que también tiene diversas proyecciones.

c) El derecho a casarse contenido en el art. 20 de la C.N.

d) La objeción de conciencia, otra proyección de la intimidad de las personas.

e) Derecho a la dignidad personal, para algunos un derecho, para otros un principio, está dentro de los derechos implícitos (art. 33 C.N.) y en el art. 1 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre que tiene jerarquía constitucional, es decir, superior al Concordato con la Santa Sede.

Los sacerdotes católicos son titulares de aquellos derechos. La renuncia temporal a su ejercicio (en el caso del derecho a casarse), no significa que personas físicas y/o jurídicas tengan la facultad de despojárselos, de quitárselos. La Iglesia Católica no tiene competencia para ello.

10. ¿Podrían los sacerdotes ejercer la objeción de conciencia ante el deber del celibato?

La respuesta es afirmativa. En nuestro país, los sacerdotes no han perdido su status de ciudadanos, titulares de derechos y obligaciones. No hay una incapacidad de derecho para ellos en la materia que comentamos. Las incapacidades, tanto de derecho como de hecho, son exclusivamente reguladas por la ley civil, por lo que nadie le puede negar el derecho de objetar en conciencia el deber impuesto por una norma interna de la Iglesia Católica.

Dentro de los casos de incapacidades enumeradas en el art. 55 del C. Civil, no se encuentran los sacerdotes. Tampoco están enumerados en el art. 166 del Código Civil que regula los impedimentos para contraer matrimonio.

11. Síntesis conclusiva

1. Los argumentos eclesiásticos que justifican el celibato y continencia sexual son falaces. No tienen sustento lógico, ni bíblico, ni histórico ni psicológico.

2. Las normas jurídicas canónicas que imponen el celibato y la continencia son claramente inconstitucionales, contrarias a tratados internacionales y violatorias de derechos humanos fundamentales.

3. Son contrarias al principio de razonabilidad de las normas jurídicas y por lo tanto devienen arbitrarias.

4. Las normas que regulan la salida de los sacerdotes de la institución son claramente vejatorias, violan la dignidad de las personas y constituyen un caso más de abuso de poder eclesiástico.

5. El procedimiento al que se somete al sacerdote que pide dispensa, viola las garantías del debido proceso legal.

6. La institución no tiene derecho ni competencia para inmiscuirse en la vida privada e íntima de los sacerdotes.

7. Tampoco tiene competencia para reglamentar ni limitar derechos fundamentales.

8. Las normas jurídicas eclesiásticas deben adecuarse al ordenamiento jurídico de nuestro país, que tiene a la Constitución Nacional como ley suprema.

9. Los sacerdotes, como ciudadanos argentinos con plena capacidad jurídica, tienen la facultad de objetar en conciencia el deber impuesto.

10. El celibato y continencia sexual deberían ser legislados canónicamente como una opción para quienes deseen elegir ese estado de vida.

Carlos Lombardi, docente de la UNCuyo.


Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...