miércoles, 8 de julio de 2009

El golpe preventivo


Juan Diego García, especial para ARGENPRESS.info

El Golpe militar en Honduras contra el presidente Manuel Zelaya es un intento de romper la cadena de los movimientos populares y nacionalistas del continente “por su eslabón más débil”. Los agentes del golpe son los mismos de siempre: los empresarios, los políticos tradicionales, un poder judicial profundamente reaccionario, un tribunal electoral hecho a la medida de los intereses oligárquicos y que ya demoró tres meses en reconocer a duras penas el triunfo de Zelaya contra el candidato de la derecha más dura y la cúpula de las iglesias católica y evangélica. Y el instrumento que realiza el trabajo sucio ha sido igualmente el acostumbrado: las fuerzas armadas.

No se sabe a ciencia cierta cuál ha sido el papel del Pentágono y los “halcones” de Washington que como fieles agentes del poderoso complejo militar-industrial tienen siempre políticas que no necesariamente coinciden con las ideas del ocupante transitorio de la Casa Blanca. Eso al menos se puede colegir de la posición asumida por la prensa conservadora de los Estados Unidos, en particular The Wall Street Journal y The Washington Post que se niegan a calificar el suceso de golpe de estado, insinúan su necesidad y pretenden excusar a los golpistas. Lo mismo puede decirse de las declaraciones oficiales, con esa indefinición calculada de Obama que impresiona tanto pero no compromete a nada.

La derecha latinoamericana más primitiva celebra abiertamente el golpe (en Caracas); otros, más sutiles, hacen bueno el alegato de los golpistas “en defensa del principio de la no ingerencia” (Uribe Vélez, en Bogotá). Por su parte, la derecha más moderada del continente intentará propiciar diálogos que desemboquen en una solución aceptable, es decir, que congele el avance del proceso social que impulsa Zelaya y al mismo tiempo de una salida al gobierno de facto. Si los golpistas hubiesen cometido menos torpezas sacando “legalmente” al presidente, resulta dudoso que se hubiese producido una condena de características similares a la actual.

El golpe busca impedir que en Honduras se consolide un proceso de reformas que la clase dominante entiende contrario a sus intereses. Sin embargo afecta en no poca medida al continente entero. Eso explica el rechazo generalizado de todos los gobiernos. Unos, porque entienden que la estrategia del derrocamiento de gobiernos populares y nacionalistas sigue vigente y que las elites criollas y sus apoyos externos están dispuestos a todo sin excluir el golpe militar o la guerra civil. Los más moderados de la ola reformista rechazan el golpe porque temen correr la misma suerte de Zelaya, un reformista tan moderado como ellos. Los demás gobiernos, extraños a cualquier proyecto popular, se distancian del golpe sobre todo por la torpeza enorme de sus realizadores.

Zelaya habría ido “demasiado lejos en su populismo chavista”. En efecto, elevó el salario mínimo de los trabajadores despertando la ira de los empresarios; puso en marcha programas de educación y salud (con médicos cubanos) siguiendo modelo de Venezuela y se acercó al proyecto del ALBA seguramente por simpatía pero también por las ventajas de un petróleo barato que le ha dejado márgenes para financiar los programas sociales. El proyecto de cambiar la constitución (de la manera más democrática posible) despertó el profundo temor de la elite porque abriría perspectivas aún más esperanzadoras para las mayorías pobres tal como ha sucedido en Venezuela, Bolivia y Ecuador. Y por este vínculo estrecho con conocidos intereses transnacionales resulta dudoso que el golpe haya sido una iniciativa en solitario de los oligarcas hondureños sin intervención de terceros.

El golpe es sin duda un ataque a Chávez y lo que él representa en términos de reformas populares y nacionalistas. Y es muy probable que la derecha hondureña –y quienes las patrocinan- pensaran que presentándolo como un golpe contra el “radicalismo” y el “populismo” conseguirían dividir la opinión de los gobiernos del área, en principio nada dispuestos a dar su aval a las aventuras militares. Pero el resultado ha sido que la condena se volvió rápidamente universal y arrastró a todos, al punto que hasta ahora ningún gobierno del planeta ha reconocido a los golpistas.

Se produce entonces una coincidencia de intereses que enlazan lo local con las estrategias generales del gran capital internacional, temeroso del devenir de los procesos en curso en este hemisferio. Pero la forma tan torpe en que ha sido realizado el golpe impide desde el comienzo cualquier manifestación de simpatía hacia sus autores. Por razones obvias debe destacarse particularmente el rol de los Estados Unidos. Ni es posible que ignoraran las intenciones de la oposición a Zelaya, ni menos aún que asumieran sin mayor preocupación los cambios políticos en un área como Centroamérica que debilitan así sea parcialmente su influencia y podrían consolidarse de no actuar a tiempo. Y más en un país como Honduras, una de las bases más importantes del despliegue estratégico de los Estados Unidos en la región. El proyecto Puebla- Panamá, una estrategia compleja que integra aún más el destino de estos países al dominio de los Estados Unidos se ve ya muy afectado por los triunfos de gobiernos como el de Nicaragua y El Salvador, no menos que con el avance popular en Honduras. El gobierno de Guatemala tampoco parece gozar de muchas simpatías en los círculos del poder real en Washington. El presidente Colom ya ha sido víctima de una intentona (o varias) para sacarlo del gobierno, la última de las cuales intentó sin éxito vincularlo a un oscuro asesinato.

Hay entonces demasiados intereses imperialistas en juego en esta región como para descartar que no tengan vínculos con los militares y la derecha de Honduras, tan dispuesta siempre al golpe militar y a las agresiones contra gobiernos populares, y siempre al servicio de los mandatos de Washington.

Pero si la torpeza y brutalidad de los golpistas no sorprende, sí lo hace en cambio la reacción popular. En un proceso ascendente, la movilización popular a favor del regreso de Zelaya llega a su clímax cuando éste intenta ingresar al país, el gobierno de facto lo impide y los militares disparan contra la población. La lánguida manifestación de los partidarios del golpe contrasta mucho con el vigor y la dimensión de la movilización popular. No solo se produce entonces un rechazo universal al gobierno de facto sino que internamente la represión no consigue acallar el descontento de amplios sectores de la población. Los pacíficos hondureños han dado una lección de civismo, valentía y arrojo que los golpistas no esperaban.

Las perspectivas son aún muy inciertas. El resultado final de las negociaciones en curso dependerá sobre todo de la capacidad de los partidarios de Zelaya de mantener su movilización y aumentar su nivel de presión. Es muy probable que las matizaciones a la condena del golpismo aparezcan ahora, pero también lo es que Zelaya se mantenga firme y que en unas eventuales elecciones en noviembre (si llegan a realizarse en forma aceptable) consiga resultados que le permitan romper el monopolio del bloque dominante de los poderes legislativo y judicial. Sin olvidar que allí siguen las fuerzas armadas, las bases militares gringas y el enorme poder económico de los enemigos de la reforma. Los presentes acontecimientos en Honduras no solo despiertan los viejos fantasmas del militarismo en Latinoamérica; ponen también de presente que muchas cosas han cambiado en el continente. La población pobre se ha tomado en serio la propuesta de la democracia como camino para superar su condición y acceder finalmente a una ciudadanía real. Si la respuesta es otra vez la represión y el golpismo no debería sorprender que de nuevo aparezca la insurgencia como camino legítimo para oponerse a las tiranías.

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Honduras bajo el efecto Aristide


Jorge Gómez Barata (especial para ARGENPRESS.info)

Para quienes padecen déficit de memoria es pertinente recordar que no hace mucho un mandatario haitiano, Jean-Bertrand Aristide fue depuesto por militares de su país, reinstalado en el poder por un presidente norteamericano, cuatro años después fue depuesto por otro. Uno fue Bill Clinton, George W. Bush se llamaba aquel que, en el mejor estilo hondureño, al amparo de la noche y a medio vestir lo secuestró y, a punta de pistola, lo subió a un avión desembarcándolo en la República Centroafricana a diez mil kilómetros de distancia.

En las elecciones de 1990, las primeras realmente libres y plurales celebradas en Haití en 186 años fue electo Jean-Bertrand Aristide que obtuvo más del 60 por ciento de los votos. En 1991 un golpe de estado conducido por el coronel Raoul Cédras lo depuso y lo obligó a exiliarse en Estados Unidos.

En uno de sus primeros giros a la izquierda la OEA, lo mismo que la ONU y los Estados Unidos impusieron sanciones económicas al régimen militar. En octubre de 1994, Estados Unidos que había ocupado Haití durante 19 años entre 1915 y 1934, hizo lo que mejor sabe hacer: desembarcó los marines y repuso a Aristide en el cargo. Por primera vez una acción de este tipo apenas fue criticada. Se trataba de una mala acción por una buena causa. De todos modos era un precedente.

En 1996 Aristide fue relevado por vía electoral, regresando a la presidencia cuando en el 2000 fue nuevamente electo hasta que en la madrugada del 29 de febrero de 2004, en medio de un clima de incontenible violencia e inestabilidad, un destacamento de fuerzas especiales norteamericanas, según se afirma enviado por el inefable Colin Powell, se personó en Palacio Presidencial, secuestró al presidente y lo desembarcó en la República Centroafricana, antiguo feudo del dictador Bokasas.

La opinión pública mundial, los gobiernos democráticos, la gran prensa e incluso algunos elementos de izquierda miraron para otro lado y tal vez respiraron aliviados en la creencia de que Aristidi era el problema y no la solución y, aunque hubo algunas protestas, pocas voces se levantaron para condenar un hecho profusamente elogiado en sendos comunicados oficiales del Departamento de Estado norteamericano y su homologo francés el Quai d’Orsay.

Al examinar el ambiguo comportamiento norteamericano respecto a Honduras, es pertinente preguntarse: ¿Dónde está la trampa? Y aunque por momentos pareciera que Estados Unidos esta como el curro en la fiesta, tal vez se trate de una maniobra más elaborada encaminada a dilatar la solución hasta hacer ver que las gestiones de la izquierda latinoamericana han fracasado y presionar luego a los golpistas hasta hacerlos desistir y acreditarse ellos el merito por el restablecimiento de la democracia.

Esa solución blanda pudiera pasar por un ajuste para suprimir a Micheleti, instalar un gobierno de “unidad nacional” que incluyera a Zelaya, realizar las elecciones en la fecha fijada y crear un escenario de final feliz, acorde con las maneras suaves de Obama.

Puede suceder peor y que, por culpa de las maniobras dilatorias norteamericanas, los golpistas logren un mínimo de consolidación y sobrestimen sus fuerzas, dando lugar a un escenario, que aconseje recurrir al estilo Bush, ponga el asunto en manos del Pentágono, promueva la creación de una Fuerza Interamericana de Paz en la OEA o traslade el asunto al Consejo de Seguridad que con el auspicio norteamericano pudiera invocar el capitulo siete de la carta de la ONU y usar la fuerza para echar a los golpistas.

Personalmente no creo que ocurra de la peor manera porque es poco probable que el generalato golpista resista una llamada telefónica del Jefe del Comando Sur pidiéndole, que en nombre de la democracia, ponga orden.

En estos días algunos analistas han acusado de tibio y ambiguo a Estados Unidos y claman porque el presidente exhiba mayor determinación. Tal vez luego esos mismos agoreros sostengan que querían protagonismo gringo pero no tanto. Obama es preferible a Bush pero el imperio es el mismo. Nadie puede pedir que el olmo produzca peras. Este es el caso.

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Adolfo Pérez Esquivel, habla sobre situación de derechos humanos en el país andino: “Álvaro Uribe ha generado una política de terror en Colombia”


Fernando Arellano Ortiz (CRONICON, especial para ARGENPRESS.info)

“En Colombia, donde se ejerce el terrorismo de Estado por parte del gobierno de Álvaro Uribe Vélez no hay democracia”. La frase contundente es del activista argentino de derechos humanos y Premio Nobel de Paz 1980, Adolfo Pérez Esquivel, quien en diálogo con CRONICÓN, fue enfático en señalar que dicho gobierno “es responsable de crímenes de lesa humanidad”.

En la sede de su Fundación Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), localizado en el añejo sector de San Telmo de Buenos Aires, nos recibe con mucha afabilidad este incansable defensor por las causas humanitarias y la democracia en América Latina, la cual ve amenazada por los acontecimientos de los últimos meses.

Con relación al golpe de estado en Honduras, Pérez Esquivel observa que hay que tener muy presente el hecho de que “en el continente hay remanentes de fuerzas armadas golpistas, impregnadas de la Doctrina de Seguridad Nacional y con añoranza de las dictaduras que, en lugar de estar al servicio del pueblo, se han transformado en tropas de ocupación de sus propios pueblos, violando los derechos democráticos y los derechos humanos”.

Son estos sectores antidemocráticos, agrega, los que “pretenden imponer conflictos y guerras de baja intensidad en la región para defender sus intereses y evitar la soberanía y autodeterminación de los pueblos”. Y advierte a renglón seguido que en Latinoamérica “los grupos de poder económico, eclesiástico y político que no quieren cambio alguno y están dispuestos a imponer nuevamente gobiernos dictatoriales en los países que intenten cambios estructurales y la conquista de la soberanía y autodeterminación de los pueblos”.

La memoria es el caminar de los pueblos

El análisis sobre la crisis humanitaria que vive Colombia fue el tema recurrente de esta entrevista con Pérez Esquivel, quien se refirió a tópicos como la memoria histórica, los procesos de reparación a las víctimas de los crímenes de Estado, las violación sistemática de los derechos humanos por parte del gobierno de Uribe Vélez y el contaste, que frente a todo ello, significa el esfuerzo que desde la administración de Bogotá hace el alcalde Samuel Moreno Rojas para consolidar una política pública de Seguridad Ciudadana, cuyo énfasis es el desarrollo humano para garantizar los derechos fundamentales.

- Uno de los aspectos esenciales en la reparación de víctimas por violación de derechos humanos es la recuperación de la memoria histórica. ¿En América Latina estamos en posibilidad de desarrollar en aquellos países víctimas de violación de derechos fundamentales procesos que nos permitan encontrar la verdad?

- Sí, venimos trabajando en distintos países procesos de recuperación de memoria histórica, como es el caso concreto de Argentina por todo lo que representa en sus distintos aspectos. Nosotros este proceso lo llevamos a la opinión pública a través de universidades, escuelas, centros culturales, porque la memoria no puede estar restringida a un sector, dado que ella con sus luces y sombras constituye el caminar de los pueblos. Hay que tener en cuenta que la memoria histórica no es para quedarnos en el pasado sino para iluminar el presente, porque es a través del presente que podemos generar y construir mejores condiciones de vida, lograr el fortalecimiento democrático, la vigencia de los derechos humanos, que mejora la vida de un pueblo en su integridad, y esto es fundamental. Pongo un ejemplo: nosotros en la Argentina venimos haciendo un trabajo de memoria con la Fuerzas Armadas que fueron las más duras en cuanto a la dictadura y la represión en el cono sur de América Latina, no obstante que las nuevas generaciones de oficiales no tienen nada que ver con esas Fuerzas Militares, sí tienen que asumir la responsabilidad institucional.

- ¿Cuál es el enfoque de ese trabajo?

- Trabajamos el tema de la memoria con los altos mandos de las Fuerzas Armadas, fundamentalmente yo vengo desarrollando una labor con la Marina y la Policía Federal en el sentido de comprender cuál es el rol de las Fuerzas Militares en la construcción democrática, y pienso que no puede haber un proyecto de país si estas instituciones están ausentes, pero tienen que estar presentes con una mentalidad al servicio del pueblo y no lo que fueron y lo que son en las dictaduras como tropas de ocupación de sus propios pueblos.

- ¿Y en cuanto a reparación de víctimas que nos puede decir, teniendo en cuenta que en Colombia estamos en ese sentido en un proceso muy prematuro?

- Primero, la reparación parte del derecho de verdad y de justicia, después puede venir la reparación social e institucional, porque muchas veces cuando se alude a este tema se habla de una reparación económica pero nunca ésta resuelve el problema de vida de las víctimas. Este problema se ha resuelto de distintas formas dependiendo de los países. En Argentina hay un trabajo que se viene realizando de búsqueda de verdad y justicia, la sanción, juicio y castigo a los responsables de crímenes de lesa humanidad y también la compensación que el Estado como tal tiene que hacer a las víctimas, muchas de las cuales quedaron en la total indigencia.

Uribe, cómplice de los paramilitares

- Ustedes en Argentina lograron consolidar organizaciones que han sido definitivas en defensa de los Derechos Humanos. En Colombia apenas se están dando pasos en ese sentido y es destacable la labor que viene realizando la senadora liberal Piedad Córdoba con la concreción de un colectivo denominado Colombianas y Colombianos por la Paz. ¿Cómo ve usted este proceso organizativo?

- La senadora Piedad Córdoba es una luchadora, es una mujer que viene trabajando por la toma de conciencia del pueblo colombiano, por el derecho de verdad y de justicia; ha estado en esta misma Fundación, hemos conversado largamente; me parece que es una figura emblemática no sólo para Colombia sino para América Latina. Es una gran labor la que está haciendo no solo por encontrar la paz para su pueblo sino por lograr la liberación de las personas que están en manos de las Farc. Pero también por la denuncia que hace del gobierno de Uribe que viola sistemáticamente los derechos humanos. Yo como presidente del Tribunal Permanente de los Pueblos y mis compañeros pudimos comprobar esto. Es evidente el hecho de la responsabilidad del Estado y del gobierno de Uribe apoyando a los paramilitares y a los parapoliciales, generando una política de terror, lo cual lógicamente daña la democracia en Colombia y es un pésimo precedente para América Latina.

- ¿Usted considera que en las actuales circunstancias hay democracia en Colombia?

- No, en Colombia no hay democracia.

- ¿Por qué lo dice?

- Democracia significa derecho e igualdad para todos. Democracia no es poner un voto en una urna que muchas veces es un proceso manipulado. Democracia es el derecho a la libertad de cada una de las personas que no existe en Colombia porque cuando un Estado ejerce el terrorismo no puede haber democracia. Y el Estado colombiano es terrorista y por lo tanto no hay democracia. De qué estamos hablando: poner el voto en una urna no garantiza la democracia. Lo que la garantiza es el respeto a la Constitución y las leyes, su cabal aplicación y el respeto al pueblo, y eso no existe en Colombia.

La seguridad pasa por políticas sociales

- Usted hizo parte recientemente de una comisión internacional que trabajó el tema de la seguridad tanto nacional como ciudadana. ¿Cuál es su visión al respecto?

- Sí, yo trabajé este tema con la Comisión de Paz a nivel latinoamericano que fue presidido por el actual director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Juan Somavía. En esta Comisión abordamos los temas de seguridad ciudadana, seguridad interior, seguridad nacional y regional y el resultado de este estudio lo entregamos tanto a la OEA como a Naciones Unidas. Primero hay que definir en qué consiste la seguridad. Todo ciudadano y ciudadana tiene derecho a la seguridad, ¿pero a qué tipo de seguridad? ¿Qué pasa con los niños abandonados, explotados, violados y marginados? ¿Qué pasa con el derecho de un ciudadano en una sociedad, con sus libertades cívicas, con los derechos económicos, sociales y culturales? ¿Qué pasa con eso? Y la respuesta es que hoy en día están carentes. Entonces, la seguridad no pasa por poner más policías y más soldados, al contrario, ello genera mayor inseguridad. La seguridad pasa por políticas sociales: educación salud, vivienda digna, condiciones de trabajo, por redistribución de la riqueza que hoy en países como Colombia y Argentina no existe, porque hay una gran concentración de la misma en pocas manos y un alto índice de exclusión. Cuando hablamos de seguridad tenemos que tener en cuenta ésta no consiste en lo que quería hacer el ex presidente Bush de mandar sus tropas a todos los rincones del planeta para defender sus intereses, o lo que hacen las multinacionales que en el caso de Colombia contratan a los ejércitos privados y a los paramilitares para proteger sus negocios.

Lo que se hace en Bogotá es seguridad

- En el caso de Bogotá, la administración distrital del alcalde Samuel Moreno Rojas le apuesta a la Seguridad Ciudadana invirtiendo en lo social. De cada cien pesos que recibe el Distrito 75 se invierten en programas sociales…

- Ahí está la seguridad, lo que se está haciendo en Bogotá es la seguridad, esa es la seguridad social, que todo ciudadano tiene derecho, que ningún gobierno se la regala. Es el derecho ciudadano y el ejercicio participativo de la democracia. Por eso hay que profundizar los conceptos de seguridad. Para mí, seguridad es que no falte un plato de comida en ningún hogar, que todos tengan acceso a la salud, a la educación, a un trabajo digno, al derecho a las libertades ciudadanas, ahí vamos a construir una democracia. Porque la democracia y la vigencia de los derechos humanos son valores indivisibles, si se violan los países dejan de ser democráticos, porque como dice ese gran escritor de América Latina y amigo uruguayo, Eduardo Galeano, hablando de las condiciones de varias de nuestras naciones, esto más que democracias se asemejan a “democraduras”, utilizando ese juego que tiene de la palabra; la palabra que camina como dicen los hermanos indígenas del Cauca; hay que hacer caminar la palabra. Y en este sentido quiero rescatar una cosa y es esta: el pueblo colombiano no ha bajado los brazos a pesar de todo, tiene la capacidad de la resistencia de hombres y mujeres que quieren otra Colombia.

- En su condición de Premio Nobel de la Paz, terminemos esta conversación con un mensaje suyo al pueblo colombiano…

- Mucha fuerza, mucha esperanza y hay que seguir construyendo a pesar de todo. Creo que aquel que baja los brazos es porque está vencido y el pueblo colombiano no está vencido, yo lo pude comprobar. Los colombianos tienen que unirse, pensar en las alternativas sociopolíticas, económicas, culturales, espirituales para construir un nuevo amanecer. Sigo muy atento día a día lo que pasa en Colombia, así que un fraterno abrazo solidario como hermano latinoamericano.

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México: ¿Deben renunciar Calderón y Ortega, rechazados por votos?


Pedro Echeverría (especial para ARGENPRESS.info)

1. La realidad es que en las condiciones de México, es más o menos igual que renuncien o no lo hagan. Mientras no haya un movimiento de masas fuerte con alta conciencia, gobierne quien gobierne es más o menos lo mismo. Mientras algunos creen ingenuamente que es un problema de personas, la realidad enseña que es un problema de quién tiene la fuerza.

Si renunciaran como aparato de poder, como programa de gobierno, como conformadores de un sector de la clase dominante, otra cosa sería. Pero si los vemos como individuos –así como se ha visto a Esther Gordillo en el SNTE- a los pocos minutos ya tendríamos a un sustituto peor o regular. Se fue Salinas, se fue Fox, se fue Mouriño, ¿qué pasó después? Exactamente más de lo mismo.

2. Vivimos un sistema económico, un sistema político, un sistema de gobierno y para que cambien realmente las cosas deben cambiar los sistemas, no los individuos. Imaginen a Marcos del EZLN, a López Obrador, a los principales dirigentes de la APPO, del SME, del EPR, de Atenco, juntos como legisladores en minoría, en las cámaras de diputados o senadores, con toda la honestidad y limpieza del mundo, queriendo dar la batalla parlamentaria. Sólo serían el hazmerreír de legisladores priístas y panistas, no ganarían sacar ningún acuerdo. O al revés: pregúnteles a los Pablo Gómez, Ortegas y demás que llevan más de 20 años en el parlamento cuantos avances han logrado para transformar a este país sin contar las reformas que han beneficiado a la clase política.

3. Imaginen: renuncia Calderón por ilegítimo y represor, pero en su lugar llegan panistas como Gómez Mont, Fernández de Cevallos o Vázquez Mota; o llegan priístas como Peña Nieto, Beltrones o Paredes, o de plano llegan perredistas como López Obrador, Ebrard u Ortega. ¿Creen ustedes que sin un pueblo movilizado y consciente en las calles, en los campos, en las escuelas, se puede resistir las acometidas empresariales y transnacionales que buscarán usar al ejército, sacar sus capitales y cerrar fábricas? Un simple cambio de personas no sirve para un carajo. Se necesita que antes el pueblo esté movilizado, encabronado contra la explotación y la opresión, así como que esté claro de que quiere cambiar las cosas. ¿Cómo tomar fabricas y gestionar empresas?

4. En Brasil, Argentina, Chile o Uruguay no hay gobierno buscando el socialismo y la igualdad, a pesar de tener antecedentes como los Sin Tierra, los Montoneros, el MIR y los Tupamaros. Aunque electoralmente los grandes burgueses fueron derrotados, los gobiernos de centroizquierda siguen gobernando solo un poco menos mal que sus antecesores. Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua podrían ser, o son, otra cosa. El carachazo de 1989, los indígenas bolivianos y ecuatorianos en permanente lucha y lo que queda de aquello revolución de 1979, han mantenido al pueblo movilizado en las calles y centros de trabajo. No puede existir un buen gobierno sin mecanismos que garanticen una directa y permanente participación de la población en la solución de sus asuntos.

5. Pienso que ha sido un gran error de la izquierda pedir renuncias de funcionarios burgueses, cuando a los funcionarios que mal gobiernan se les debe sacar con el movimiento de masas. Como alguien diría: a patadas. ¿De qué sirve que renuncie Ortega como presidente del PRD, por destruir al partido, si en ello han contribuido todo un equipo y que además es ampliamente mayoritario en el partido? ¿Debe renunciar para que siga dominando la línea electorera y siga aislado absolutamente de los problemas de la población? ¿O debe renunciar en un Congreso para que se siga la misma línea, pero revolcada? ¿O se funda otro partido de cuadros, con los mismos programas electoreros y los mismos vicios de todos para que en dos años se esté dividiendo nuevamente?

6. Todo esto demuestra que la política no es de personas en lo individual, de grupos o de “tribus”, sino un problema social muy amplio. Parecería sencillo, pero realmente es complicado. No es un asunto de buena voluntad, buenos deseos y honestidad. Es un problema de fuerzas, de poder y coyunturas. La política pertenece al campo de la lucha de clases, de los intereses económicos y políticos encubiertos en ideologías. No es un problema de sabios, de educación o de grados académicos. La política es determinar muy bien el objetivo, ubicar claramente lo que se quiere a corto y largo plazo, al enemigo principal que se quiere derrotar, medir nuestras fuerzas reales y los aliados con que contamos. Si fuera individual bastaría con un atentado y todo se arreglaría.

7. Todas las sociedades capitalistas, llámese yanqui, francesa, china o mexicana, son sociedades absolutamente injustas porque durante siglos han mantenido, por lo menos a la mitad de sus poblaciones, en condiciones de pobreza y miseria. ¿Por qué a pesar de sus revoluciones y movimientos sociales siguen siendo sociedades totalmente injustas? Porque el pueblo, después de la revolución, sin suficiente conciencia, se fue a descansar a su casita y dejó a sus dirigentes hacer lo que les daba la gana; pero también porque las oposiciones radicalizadas, las que exigían que la revolución cumpla con sus objetivos, fueron eliminadas para que pueda consolidarse una nueva clase gobernante. No fue la traición de uno o dos personajes, sino de todo un proyecto de país.

8. Así que hay que olvidar que renuncie tal o cual jefe porque ningún cambio de personas garantiza nada. Hace poco se pedía con insistencia la renuncia de Mouriño; no renunció, desapareció; pero su espíritu sigue durmiendo con Calderón, manejando los negocios de Campeche y moviendo los hilos en Gobernación. En vez de pedir que renuncie Calderón en la Presidencia, Ortega en el PRD o la funesta Gordillo en el SNTE, hay que pensar si tenemos la fuerza suficiente para imponer un sustituto y un programa de gobierno diferente. La renuncia del boquiflojo presidente del PAN es sólo una maniobra para entretener de asuntos tan importantes como el desempleo, el desplome productivo, la crisis económica, la represión y que siga el ejército en las calles. ¡Fortalezcamos la lucha social o nada!

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Elecciones legislativas del 2009: ¿Fin de ciclo? ¿Qué oportunidades políticas se habilitan?


Julio C. Gambina (especial para ARGENPRESS.info)

Hay “momentos de vida intensamente colectiva” (1) en la historia de los pueblos que definen rumbos o abren perspectivas diferenciadas para el derrotero de un país.

Entre los primeros (definen rumbos) se encuentran los momentos constituyentes, tales como 1810, 1816, 1853, 1880 (2) entre los más emblemáticos del Siglo XIX, en los cuales podemos encontrar las claves de la construcción del Estado capitalista y la consolidación de una clase dirigente para darle rumbo a la formación de la sociedad capitalista argentina en la división internacional del trabajo de época.

Entre los segundos (abren perspectivas) debemos indagar en los intersticios temporales de esas fechas la lucha entre fracciones políticas e intereses económicos para definir caminos alternativos de organización económica social para la sociedad. Remitimos a los distintos proyectos en disputa en cada uno de esos momentos constituyentes. Es una hipótesis para analizar en la historiografía argentina entre 1880 y la actualidad, entre los momentos “constituyentes” de época y los procesos de lucha de clases previos y posteriores a la consolidación de un orden social y sus ciclos económicos y políticos.

Pretendemos inscribir estas reflexiones considerando al proceso electoral como un “momento de vida intensamente colectivo” en el cual se procesan diferentes iniciativa y proyectos, incluso más allá de los resultados, porque existen fenómenos menos visibles que pueden proyectarse en el corto y mediano plazo como parte de una acumulación de contrapoder y emancipación. El acto electoral significó una movilización social que pone en tensión los distintos intereses en pugna, para consolidar y constituir el país neoliberal o para luchar por la emancipación social.

En este sentido, hemos insistido en anteriores escritos que el 2001 constituyó el cierre del ciclo que habilitó la reestructuración regresiva del capitalismo en Argentina desde 1975/6 hasta la rebelión popular. Desde entonces se habilitó la construcción de un nuevo tiempo en el marco de expectativas y luchas entre las clases dominantes y las subalternas, pero también entre fracciones del poder económico y diferentes construcciones de representación política que actúan sobre los restos de otrora fuertes identidades políticas de raigambre popular en el Siglo XX: el radicalismo y el peronismo. El comentario también se hace extensivo a las clases subalternas y la fragmentación de sus luchas y organizaciones sociales y políticas, como de los intentos de construir representaciones políticas electorales y de construcción de poder en la vida cotidiana.

Las elecciones legislativas del 28 de junio del 2009 deben inscribirse dentro del ciclo en disputa habilitado por la pueblada del 2001. Lo que está en discusión es la constitución de un bloque en el poder que defina la época de nuestro presente histórico.

Lecturas sobre el 28 de junio

Apuntamos entonces a señalar que las elecciones legislativas de medio tiempo en junio de 2009 y su resultado son expresión de un momento de acción política colectiva que apunta al cierre de un ciclo político y que reabre otro con características propias. Es un momento de la disputa por constituir un orden que consolide los cambios estructurales promovidos por las políticas de cuño neoliberal, o que habilite cambios políticos profundos, en sintonía con otros procesos en curso en la región latinoamericana y caribeña.

¿Cuál ciclo se cierra? Aquel que se inició en 2002/03 con la emergencia del kirchnerismo para instalar la normalidad en el capitalismo local. Una normalidad que había sido obstaculizada por la rebelión popular del 2001 y toda la acumulación de fuerza popular construida en la resistencia a las políticas de ajuste estructural de corte neoliberal. Es un ciclo que incluye la fractura de las representaciones políticas tradicionales. Recordemos que el peronismo se presenta en tres formulas a las elecciones del 2003 y lo propio ocurre con el radicalismo y su diáspora, expresando el fenómeno de crisis de los partidos tradicionales. Es una situación que involucra al conjunto de las representaciones políticas. Pero, más allá de lo superestructural (institucional), se pretendió construir una alianza entre empresarios y trabajadores que diera sustento social a un proyecto de mediano y largo alcance, privilegiando en ese sentido a la Unión Industrial Argentina (UIA) y a la Confederación General del Trabajo (CGT). Pese a algunos guiños hacia sectores pequeños y medianos de la economía y a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), el núcleo de la alianza para la reconstrucción del capitalismo nacional estaba en la articulación de la UIA y la CGT. En ese sentido se privilegiaba la expresión “modelo productivo” para definir la orientación principal de la política económica en el periodo.

¿Cuál ciclo se reabre? Aquel que en la rebelión popular puso de manifiesto la crisis política en la Argentina, que incluye a la derecha, a la izquierda y al centro. Las elecciones recientes pueden considerarse como el lanzamiento de una interna para definir las próximas candidaturas presidenciales. Hay que registrar que la derecha tiene dificultades para instalar una representación política adecuada a los cambios estructurales promovidos bajo la hegemonía de las políticas neoliberales. Es un tema abierto y son variadas las ofertas que emergen en el periodo 2001-2009 y que nuevamente se pondrán en juego hacia el 2011. La reflexión es valida y extensiva para la izquierda, desafiada a construir poder popular y representación bajo las nuevas condiciones de reestructuración social derivadas de la precariedad laboral, el creciente desempleo en el largo periodo de la regresión neoliberal y que incluye los impactos subjetivos desmovilizadores y desorganizadores entre las clases subalternas, principalmente entre los trabajadores. El análisis debe incluir a variadas manifestaciones moderadas, o variantes centristas de “lo posible” cuyos tímidos avances y propuestas políticas culminan en fracasos gubernamentales que hipotecan buena parte del programa y las aspiraciones de transformación social para habilitar “salidas” por derecha. Claro ejemplo de ello puede estudiarse para el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en el traspaso de la gestión de Ibarra a Macri y es la hipótesis que supone la derecha para la renovación presidencial del 2011. Con el fracaso del posibilismo en el gobierno se malversan iniciativas, propuestas y reivindicaciones sostenidas por el movimiento popular que se deterioran junto al desgaste de los gobiernos.

Pero cuando decimos que se reabre un ciclo con características propias, aludimos a la distancia que presenta la situación política actual con relación a la que se manifestaba en torno del 2001, con movilizaciones y organizaciones diversas en el movimiento popular, más allá de la fragmentación e imposibilidad (luego demostrada) de construir alternativa política. La situación actual presenta procesos de búsquedas y articulación de experiencias que transitaron caminos propios de construcción de alternativa política, algunos de los cuales avanzaron con autonomía del Estado, y otros bajo la orientación o en alianza con los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007). Son dinámicas con temporalidades diferenciadas, ya que algunos movimientos o partidos se sumaron al comienzo del proceso, desertando algunos en el camino por variadas razones, y otros, definieron su alianza o incorporación al proyecto oficial sobre el final del ciclo.

El fenómeno del kirchnerismo atravesó la organicidad del movimiento popular, en el sentido de fracturar políticamente, e incluso orgánicamente, organizaciones sociales y políticas, generando un debate donde la línea divisoria parecía pasar por el apoyo o la crítica al gobierno. Se desviaba así el eje entre la construcción de un proyecto liberador alternativo al programa del capital.

Otra de las especificidades del momento deviene de la mutación de una crisis económica con radicación, esencialmente local en 2001, a otra de afectación mundial desde el 2007, muy profunda y que aún no encuentra el piso para una recesión con graves impactos sociales en los sectores más vulnerables. La desaceleración de la economía Argentina es una realidad y si la tasa de crecimiento entre 2003 y 2008 reconoce índices promedio del 8,5% acumulativo anual, resulta una incógnita pronosticar el indicador del 2009, oscilando en valores del 3 al 4 % según las autoridades y negativa del 1,5% para el FMI, ó 3% marcado por The Economist de comienzos de mayo. El ciclo político construido entre 2003 y 2008 tuvo el marco del crecimiento de la economía mundial y una política económica local de inserción virtuosa en la demanda mundial, principalmente de alimentos. La salida a la crisis del 2001 encontró una situación internacional propicia para encarar la disputa del consenso social al proyecto de gobierno. En la actualidad se avizora un ciclo de recesión e inflación de la economía mundial que condiciona las políticas nacionales, no solo de Argentina.

Está claro que el principal impacto de la crisis golpea a las clases subalternas, con desempleo, informalidad, precarización laboral, carestía de la vida y mantenimiento de vastos sectores fuera del mercado de trabajo. Pero también es cierto que el tema golpea la elevada tasa de ganancia del capital más concentrado y la gigantesca masa de ganancia lograda en el ciclo de ascenso de la economía. Esas dificultades para la acumulación devienen en cierres de empresas, temporarios o totales; suspensiones, rotaciones, o cesantías del personal; y toda forma de defensa de la rentabilidad del capital por encima del mantenimiento de la fuerza laboral, aún con enormes subsidios gubernamentales para evitar perdida de empleo.

En la reapertura de la crisis de la política y de la economía capitalista local y global es que deben buscarse las causas del fin de ciclo kirchnerista.

Renta agraria, conflicto y comienzo del fin

Pocos imaginaban este escenario a comienzo del 2008, luego de la prueba superada de la elección presidencial en octubre del 2007, con duplicación de votos respecto del 2003 para la fuerza gubernamental, y una crisis de la economía mundial iniciada para agosto del 2007 y que parecía no afectar seriamente las condiciones de funcionamiento de la economía local. La enorme acumulación de ganancias actuaba todavía como colchón de seguridad para el capital, hasta la evidencia de la crisis con desaceleración y eventual recesión que empezó a pronosticarse luego en el 2008 ante la continuidad y agravamiento de los problemas en el capitalismo desarrollado.

Además, el Estado había acumulado con su política fiscal, monetaria, comercial y financiera unos sólidos fundamentos económicos para el standard internacional y regional, sumando a ello el aislamiento relativo argentino respecto de la burbuja financiera internacional en crisis. Esto era producto de la cesación de pagos del 2001 y la renegociación inconclusa del 2005 con airados reclamos de acreedores desconformes entre inversores particulares (holdout) por unos 20.000 millones de dólares y acreedores gubernamentales (Club de París) por casi 7.000 millones de dólares que excluían al país del mercado de crédito mundial, salvo la cooperación brindada por el gobierno de Venezuela.

En esas condiciones y con el último estertor de la suba de precios de los comodities durante el primer semestre del 2008 se habilitó la disputa por la renta del suelo entre distintas franjas del capital y el estado capitalista. Solo en ese marco de conflictividad el gobierno fue modificando su discurso para fundamentar un propósito de redistribución progresiva del ingreso que no se había verificado en el ciclo anterior de crecimiento, tal como lo señalan recientes estudios universitarios. (3)

A esos reclamos de la burguesía agraria se incorporaron luego las demandas de la gran burguesía industrial ante la evidente caída de las ventas producto de una desaceleración que restringía el mercado interno, y claramente se expresaba en la tendencia a la disminución de las importaciones industriales, lo que curiosamente elevó el saldo comercial por unas exportaciones motorizadas nuevamente, ya en el 2009, por el alza de los precios internacionales de los alimentos. El bloque de poder económico que había sostenido el ciclo político inaugurado por Rodríguez Saá con el default, y Duhalde con la devaluación, entró en crisis ante las dificultades para la valorización de sus capitales y puede sintetizarse en la demanda por nuevas devaluaciones para mejorar la competitividad de la producción local.

La burguesía hegemónica en tiempos de bonanza de la convertibilidad había cerrado filas en el plan de Menem y Cavallo para abandonar luego esas lealtades políticas ante la recesión prolongada entre 1998 y 2002. La reanimación del ciclo de negocios fue preparada por el default temporario, que liberó recursos públicos por un tiempo importante, incluso hasta el presente; y por la devaluación que otorgó funcionalidad a la previa inversión de capital fijo para la producción favorecida por el dólar barato de la década anterior. Las clases dominantes no dudaron en apostar al nuevo ciclo de relanzamiento de la economía local y hasta se pensó en la recreación del mito de un país productivo sostenido en la alianza política entre burgueses y trabajadores.

Como muy bien demuestra el trabajo de la CTA sobre la presencia del capital externo en la cúpula empresaria de la Argentina entre 1997 y 2007 (4), la burguesía hegemónica está compuesta mayoritariamente por el capital externo en el marco de la transnacionalización creciente de la economía mundial. Situación que no es ajena en la estructura de la propiedad capitalista local. Esa burguesía ya no tiene interés “nacional” más que el que le permite apropiar una parte de la ganancia global por sus operaciones en territorio argentino, o aquellas facilitadas por las alianzas interestatales del gobierno local. Para ser más claro remito a Techint, considerada en su momento parte del bloque económico progubernamental y que expandió sus negocios, entre otros lugares en América Latina, favorecido por un clima de sintonía entre gobiernos críticos al neoliberalismo en la primera década del Siglo XXI. Alianza que se sostuvo en la práctica hasta las estatizaciones venezolanas que afectaron al grupo de la familia Rocca y donde la empresa presionó para lograr que “su estado nacional” actúe como negociador de los intereses propios. La cúpula empresaria se mostró solidaria con el grupo Techint y reabrió la discusión, temporalmente escamoteada, entre lo público y lo privado como forma de organización económica. El tema se coló en la campaña electoral mostrando las fisuras entre los sectores más concentrados del poder económico y el gobierno.

Fueron manifestaciones que expresaban el fin del consenso de las clases dominantes al gobierno. Es un proceso desarrollado en un año y que habilitó una búsqueda de nuevo comando a la administración del ciclo económico y político. Ese es el marco estructural para el adelantamiento de las elecciones de octubre a junio. Se planteó como una carrera para limitar la perdida del consenso político al gobierno.

Atrás había quedado la ilusión de la reconstrucción del capitalismo nacional formulada en los comienzos de la gestión en mayo del 2003 y el instrumento político pensado para ese emprendimiento, la transversalidad, que tanto entusiasmó a sectores afirmados en la necesidad de habilitar un nuevo proyecto político superador de la crisis de los partidos tradicionales del sistema, el radicalismo y el peronismo. Pero también quedó en el recuerdo la adecuación de la propuesta a la concertación con los disidentes radicales ante la fractura política del gobierno con la defección del vicepresidente en julio del 2008. Las propuestas de renovación de la política se cerraron con la búsqueda de consenso y disputa política desde el Partido Justicialista y su burocracia, más allá de alianzas electorales que simulan transversalidad o concertaciones políticas de último momento. Esa es la situación y el momento de las candidaturas testimoniales, para poner toda la carne en el asador, especialmente en el mayor distrito electoral, la Provincia de Buenos Aires.

Campaña electoral y resultados

La hipótesis de campaña para el gobierno suponía el triunfo holgado en la Provincia de Buenos Aires, en otros distritos a priori favorables (p.e Santa Cruz, San Juan, Tucumán, entre otros) y generar suficiente colecta de votos para constituirse en primera minoría nacional y tratar de contrarrestar un serio revés en los grandes distritos (Capital, Córdoba, Santa Fe, Mendoza) y en grandes ciudades que ya habían manifestado voluntad contraria en 2007 (Mar del Plata, Bahía Blanca). Eran objetivos que debían expresarse en el mantenimiento de los controles parlamentarios para emerger como principal fuerza política de cara a la renovación presidencial del 2011.

El propósito apenas se cumplió parcialmente instalando una sensación de derrota puesta de manifiesto luego en la renuncia de Kirchner a la presidencia del PJ. Un tema a considerar fue el papel de los medios de comunicación, a esta altura verdaderos pulpos económicos que inciden en la manipulación del consenso social. Los medios jugaron por derecha y con importantes recursos instalaron a De Narváez, pese a la escasez de propuestas concretas o programa de gestión. En rigor, muy pocos privilegiaron un mensaje con contenidos para la disputa electoral. Desde el oficialismo se habló de defender lo realizado y avanzar en las asignaturas pendientes, las que no aparecían con claridad. Desde Solanas hacia la izquierda se insistía en propuestas que remiten a la concepción ideológica de cada una de las listas.

El gobierno subestimó la disidencia en el peronismo y la alianza política gestada por estos con los hijos dilectos del menemismo, Mauricio Macri, Carlos Reuteman y Francisco De Narváez, incluso desconsiderando los vínculos estructurales del macrismo con el peronismo porteño en el gobierno desde los tiempos en que le disputaba el gobierno a Ibarra en el 2003. El peronismo y la derecha pueden sobrevivir sin la conjunción “y”, algo de lo que la década del 90´ da cuenta en forma evidente, del mismo modo que lo refleja la actual administración gubernamental en la Ciudad de Buenos Aires. Claro que no toda la derecha se asocia al peronismo y menos el sentimiento popular peronista se puede vincular a la derecha. Esta aseveración es la causa, entre otras, de la “sorpresa” capitalina expresada en el importante voto a Pino Solanas y el Proyecto Sur, que capturó votos propios y descontentos de diferentes propuestas políticas, principalmente de la tradición peronista y de izquierda.

Desde el kirchnerismo se intentó confrontar con un discurso que remitía a la existencia de dos proyectos en campaña. El gobierno defendía un modelo productivo y señalaba que la oposición por derecha representaba la vuelta al pasado, la especulación y liberalización privatizadora de los 90´. Es difícil coincidir con el diagnóstico, puesto que la derecha se montaba en el descontento de los sectores productivos hegemónicos en el agro y la industria, sosteniendo así un modelo productivo funcional a la gran empresa, en materia de acumulación y dominación. Con ese espíritu es que las clases dominantes convocaron a referentes de los sectores productivos para disputar cargos parlamentarios, evitando las mediaciones de otros tiempos. En el balance electoral que hacen sectores agrarios, protagonistas del conflicto con el gobierno, destacan los cargos obtenidos con independencia del agrupamiento político mediante el cual compitieron para obtener el cargo legislativo correspondiente.

El discurso sobre los dos modelos no encontró acompañamiento en el sentido común de los votantes. Es un tema que no penetró en vastas capas de la población. Las capas medias urbanas habían sido parte de los beneficiados del modelo económico del periodo de crecimiento 2003 y 2008 y sin embargo rechazaban el liderazgo de esa política. Buena parte del sustento social a la crítica al gobierno estaba asentada en el descontento de esas capas sociales en todo el país. Sectores hegemónicos del agro y la industria demandaban devaluación y restricción a la demanda de los trabajadores para mantener sus ganancias. No estaba en discusión el modelo productivo, sino quien lo administraba con mejor capacidad de limitar los reclamos de las clases subalternas. Era el intento del poder económico y de vastos sectores medios que fueron funcionales a ese propósito.

Los candidatos oficiales criticaban también a la oposición de izquierda, por utópica o testimonial, concluyendo que votar esas opciones suponía hacer el juego a la derecha. El discurso aún antes de las elecciones profería que a la izquierda del gobierno nada había, solo la pared. Fue contrarrestado por la votación del 24% a Pino Solanas en la ciudad de Buenos Aires. Solanas empezó disputando el tercer lugar con el candidato del oficialismo nacional (11%), para culminar segundo y desplazando al tercer lugar con el 19% a una de las opciones de derecha (Carrió) asociada al poder eclesial local. Algo interesante para destacar en la ciudad capital es que el oficialismo porteño perdió 13 puntos respecto de los votos obtenidos en 2007 (44%) para colectar en 2009 el 31%, aunque es cierto que aquellas fueron para elegir cargos ejecutivos y estas legislativos. Si bien ello alcanzó para obtener el primer lugar para el macrismo, podemos afirmar que se trata de una clara demostración de una voluntad social por cambios que verifican la potencialidad de la izquierda con capacidad de articular movimiento popular. Al mismo tiempo rechaza calificativos fáciles que acusan al electorado porteño con orientación a la derecha del arco político.

El resultado en la ciudad de Buenos Aires pone en discusión la tesis de avance de la derecha en la ciudad. Lo novedoso viene por izquierda, máxime si se analiza la inclusión de varios legisladores locales y nacionales provenientes de la CTA, lo que agiganta el desafío para articular conflictividad social y laboral con representación institucional. No puede entenderse la votación a Solanas desvinculada de la presencia de la CTA de la ciudad y de la zona metropolitana en variados conflictos con resonancia pública de diversa índole, por la educación, la salud, el transporte y la vivienda; por la libertad sindical y la universalización de las políticas públicas; por los derechos de los trabajadores jubilados, las minorías sexuales, los derechos de la mujer y la infancia, especialmente contra la pobreza; pero especialmente en la defensa del INDEC para la obtención de datos fiables para una mejor comprensión de la realidad. En el Cuadro I puede percibirse el detalle de la votación, los porcentajes y la cantidad de Diputados electos. Puede presumirse a futuro una estrategia articulada del arco político vinculado a Solanas y a Heller para pensar en disputar el gobierno de la ciudad en el 2011 y contribuir en la constitución de convergencias metropolitanas y nacionales que habiliten un proyecto en el sentido de cambio político que recorre la nueva realidad en nuestra América. En el Cuadro II se debe destacar el importante nivel de ausentismo y el bajo peso del voto blanco, nulo o impugnado.

Ver cuadro 1

Ver cuadro 2

La propuesta del oficialismo perdió su principal apuesta en la Provincia de Buenos Aires, aunque colectó una buena cantidad de votos, el 32%. Con el resultado final de las elecciones se instaló una referencia política, Francisco De Narváez, con posibilidad de disputarle la gobernación al Kirchnerismo en el 2011 con el 34% obtenido por la alianza del PRO (derecha macrista) y los peronistas disidentes, cuyo dirigente más visible es Felipe Solá, ex gobernador en tiempos de la presidencia de Kirchner, es decir, un ex aliado y compañero en épocas de transversalidad en el discurso. La elección bonaerense habilitó la continuidad del radicalismo en alianza con la diáspora radical y los seguidores del vicepresidente, colocados en un tercer lugar con el 21%; pero más importante aún por la potencia de movimiento político en construcción pasa por el 6% obtenido por el Nuevo Encuentro que logra la diputación por Martín Sabatella (ex intendente de Morón) y Graciela Iturraspe que incluía entre sus aliados a fuerzas políticas de gravitación en la CTA, en la APYME, el movimiento cooperativo, territorial, vecinal; sectores del socialismo, el Partido Comunista provincial y otros sectores en una experiencia novedosa de pluralidad política y movimientismo con voluntad de articular proyecto con otros distritos. La experiencia del Nuevo Encuentro sintetiza una experiencia de gestión en el municipio de Morón con la práctica de movilización y organización popular de la CTA y parte de la izquierda política provincial.

Quizá deba consignarse la capacidad de recreación que mantienen los partidos tradicionales más allá de la crisis de la política que venimos mencionando. El dato es que en muchos distritos se procesó una interna dentro del peronismo. Vale mencionar que detrás de la lista de Unión PRO estaba la voluntad del ex presidente Eduardo Duhalde. El otro dato a considerar es la sobrevivencia del Partido Radical en su articulación panradical que les permite ubicarse como segunda fuerza parlamentaria y con disposición para disputar el 2011. El bipartidismo en crisis apuesta a su renovación bajo nuevas denominaciones para la construcción de una representación política hegemónica para el capitalismo local bajo las nuevas condiciones de la acumulación del capital.

Los datos de la Provincia de Buenos Aires pueden leerse en el Cuadro III, donde sobresale la capacidad del macrismo para articular una política metropolitana con perspectiva de disputar representación política nacional hacia la renovación presidencial en el 2011. La concentración poblacional en la provincia, de trabajadores y pobres, de pequeños y medianos productores y empresarios constituirá un desafío al bloque legislativo con pretensión de articular un proyecto popular y de izquierda. Igual que en la Ciudad de Buenos Aires, en el Cuadro IV puede percibirse el elevado ausentismo y la escasa importancia de los votos blancos, nulos e impugnados.

Ver Cuadro 3

Ver Cuadro 4

Similar a la derrota bonaerense ocurrió con la derrota en Santa Cruz, el distrito originario de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, que aún con escasa población y por ende representación política en el conjunto, ocupa un lugar referencial en el plano simbólico del escenario de derrota oficialista. Si bien perdieron por poco, pues la primera fuerza obtuvo el 42%, la opción oficialista colectó el 41% relegado al segundo lugar, lo que representa un profundo significado negativo en el imaginario colectivo. En definitiva, el resultado final es la resignación de una veintena de legisladores y la mayoría en el Senado, comprometiendo las mayorías legislativas que se construyeron en el ciclo que termina. Aún manteniendo la primera minoría, el sentido del voto es de castigo a la administración gubernamental. La estrategia adoptada fue la de plebiscitar la gestión y el resultado fue crítico, aunque el gobierno mantiene un tercio de la voluntad electoral nacional. Desde los sectores hegemónicos y la derecha se busca sustituir la administración para una gestión más confiable y afín a las necesidades del capital en tiempos de crisis de la economía mundial. Para los sectores populares y la izquierda (en sentido plural) se castigó el posibilismo y se demanda una mayor radicalización de las propuestas que acerquen a la Argentina al ciclo de cambios políticos más radicalizados en nuestra América.

Lo que viene

Se habilita entonces un nuevo tiempo político sobre la base de una renovada crisis de la política, con oportunidades para estabilizar una hegemonía capitalista, por derecha, pero también para conformar una propuesta política de carácter popular y más asociada a los procesos de radicalización que avanzan en la región, con los 50 años de socialismo en Cuba y las experiencias venezolana, boliviana y ecuatoriana. A estas se suman otros procesos en la región que generan expectativas de cambios, y que en conjunto pueden definir propuestas de carácter anticapitalista y por otro orden social. Argentina puede ser parte de ese proceso si en la izquierda y el movimiento popular se hace una adecuada lectura del pronunciamiento del 28 de junio pasado. Ello supone consolidar lo logrado y articular en un bloque político con todos los sectores con voluntad de avanzar en cambios profundos.

Vale considerar que se ha abierto la campaña electoral para la renovación presidencial y hay varios postulantes, algunos candidatos ganadores en estas elecciones (Reutemann) y otros que sin disputar en esta ocasión, sus espacios políticos acumularon fuerza (Cobos, Binner, entre otros). Se habilita ahora una disputa a procesar en más de dos años hasta la renovación presidencial en el 2011. Es un tiempo que se llenará de tensiones al interior de los partidos políticos en crisis e incluso en el conjunto de las representaciones sociales. Una gran incógnita será el papel del sindicalismo tradicional y en particular el camino a seguir por la presidente y el ex presidente.

Pero la vida cotidiana no es solo el ámbito institucional y las elecciones. La conflictividad está presente ante el agravamiento de la crisis y el posible giro con concesiones al poder económico, en previsible errada lectura de hacer lo posible ante un corrimiento electoral por derecha. La verdad es que el voto capitalino demuestra que existe variación en la apuesta política, tanto con la reducción de votantes del macrismo, como por la incorporación de un bloque de diputados en potencia de articular un espacio alternativo con legisladores de otros distritos para disputar a la derecha porteña el gobierno del 2011, como la instalación de una agenda en el Parlamento que contacte con las demandas del movimiento popular.

El resultado electoral, especialmente en la ciudad de Buenos Aires, demuestra que es posible enfrentar a la derecha y que para ello no hace falta resignar discurso y propuestas. Existe respuesta en la sociedad para una propuesta en defensa de la soberanía sobre los recursos naturales, la condena al hambre y la distribución del ingreso y la riqueza; el rechazo al cumplimiento de las demandas de los acreedores externos y la discusión sobre el modelo productivo y el patrón de consumo. Se puede defender un proceso de nacionalizaciones con participación popular en la toma de decisiones. Es la oportunidad para continuar con ese nivel de propuesta en la construcción de iniciativas como la Constituyente Social, con protagonismo popular en el debate sobre el país o ciudad que tenemos y pretendemos. Se trata nada más y nada menos que disputar la construcción de poder popular.

Notas:
1) Antonio Gramsci titula su texto “Momentos de vida intensamente colectiva y unitaria en el desarrollo nacional del pueblo italiano” (página 174). En El Risorgimento, traducción y notas de Guillermo David, editorial Las Cuarenta, 2008, Buenos Aires
2) Entre la revolución de mayo de 1810 y la federalización de la Argentina en 1880 se constituye el Estado Nacional contemporáneo y se define a la oligarquía terrateniente como clase dominante para la construcción de un capitalismo insertado en el sistema mundial hegemonizado por Inglaterra.
3) Javier Lindemboin y otros, en Documentos de Trabajo del CEPED. En http://www.econ.uba.ar/www/institutos/economia/Ceped/publicaciones.htm
4) Claudio Lozano y otros, en Informe sobre las transformaciones en la cúpula empresaria, mayo del 2009, del Instituto de Estudios y Formación de la CTA.

Julio Gambina es Profesor Titular de Economía Política en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Presidente de la Fundación de investigaciones Sociales y Políticas, FISYP. Integrante del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO.


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La medida de la soledad


Miguel A. Semán (APE)

El domingo pasado en una casilla de troncos, madera y chapa levantada en el paraje La pista a 100 km de Tartagal, una chica de 21 años se suicidó de un tiro en la boca, antes con el mismo rifle había matado a sus hijos de 3 y 5 años. Todos dijeron que Gumersinda Pereyra no soportó la depresión que le provocaba la pobreza.

Tan chicas nos quedan las palabras que se revientan por los bordes. Tal vez por eso llamamos depresión al abismo más profundo y pobreza a la miseria infinita. Las dos palabras, raídas y opacas, caen sobre quien las sufre como si fueran una camisa fácil de quitarse, como si salir del abismo y la miseria dependiera de las ganas de los pobres deprimidos.

Dicen que en 2007 se presentó en el Congreso Nacional un Programa de Prevención del Suicidio que no se llegó a implementar en las provincias por falta del marco jurídico adecuado. También dicen que cada año en el mundo se suicidan 900.000 personas de entre 15 y 44 años y que la tasa anual de suicidios en la Argentina sería de 8,5 muertes cada 100.000 habitantes. Sabemos todo esto pero nadie sabe decir por qué, cómo, dónde y cuándo se matan los que se matan.

Fuera de las estadísticas y muy lejos de todos los programas y las buenas intenciones de los organismos nacionales e internacionales queda el pueblo donde se suicidó Gumersinda. En Argentina hay muchas mujeres que como ella mueren hijos en vez de parirlos. Los engendran con la certeza de que después del amor no vendrá el amor sino el hambre y la angustia.

El esposo de Gumersinda, un muchacho de 27 años, la encontró muerta junto a sus hijos el domingo a la noche cuando volvió de trabajar. Se subió a la bicicleta y pedaleó 40 kilómetros a través del monte hasta el puesto de guardia de una empresa petrolera para poder contarle a alguien lo que le había pasado. Sólo Dios y él conocen la medida de esa soledad.

Autor imagen: APE


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Argentina: Derecho a no morir

Sandra Chaher (ARTEMISA)

Mientras las mujeres se siguen muriendo por causas evitables, el país patrocino una resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en la que por primera vez se relacionan las muertes con la vulneración de sus derechos humanos. ¿Se traducirá este apoyo en políticas de Estado que protejan los derechos de las mujeres?.

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó el 16 de junio una resolución sobre mortalidad materna en la que por primera vez ese organismo habla de la vulneración a los derechos humanos de las mujeres. El documento fue patrocinado por la Argentina, lo cual implicaría la decisión de tomar el tema como política de Estado, en el marco de la imposibilidad del país de cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

“Es muy importante que haya sido aprobada esta resolución, y que Argentina la haya patrocinado, porque quiere decir que el tema es parte de nuestra política pública. Sabemos que los organismos internacionales siempre legislan hacia delante, y que entre lo deseado y lo alcanzado hay un trecho, pero una resolución como esta inevitablemente debería empujar el tema hacia dentro del país”, señala Fabiana Loguzzo, directora de la Mujer del Ministerio de Relaciones Exteriores, una de las áreas que fueron consultadas por la representación argentina en Ginebra a la hora de apoyar la resolución.

“El Consejo de Derechos Humanos tiene una conformación difícil para los temas de mujeres debido a la presencia de los países musulmanes –explica Loguzzo-. Esta resolución no salió de la nada. Hay detrás mucho trabajo de los gobiernos y de las organizaciones de mujeres. Desde la reunión anterior del Consejo se venía trabajando en este tema. Ya en ese momento Nueva Zelanda había propuesto una intervención. Y lo más probable es que en las próximas reuniones en que se toquen temas de género se siga profundizando, hilando cada vez más fino.”

En la reunión del 16 de junio, fue nuevamente la representación de Nueva Zelanda la que insistió con el tema, presentando esta vez un proyecto de resolución que fue apoyado por Argentina desde el inicio. En él se señala que frente a la muerte diaria de 1500 mujeres y niñas como resultado de complicaciones ocurridas durante el embarazo, el parto y el puerperio, y reconociendo que la mayoría de estas muertes son prevenibles, y que representan un desafío a la salud, al desarrollo y a los derechos humanos, se exhorta a los estados a asumir políticas públicas que la prevengan y que cumplan con los acuerdos internacionales, entre ellos los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).

Estos objetivos fueron establecidos en la Declaración del Milenio, aprobada por 189 países en el año 2000. Se trata de 8 ambiciosos objetivos de los cuales todos los países deberán dar cuenta en el 2015. El quinto se refiere a la salud materna y, en lo cuanto a mortalidad, propone reducirla en tres cuartas partes de acuerdo al índice que cada país tenía al momento de la firma.

Para Argentina, alcanzar los ODM implicaría tener una tasa de mortalidad materna de 13 aproximadamente, cuando la última medición, dada a conocer en el 2008, dio 44 (muertes cada cien mil nacimientos). Todo indica que será muy difícil cumplir la meta.

“Lo primero que vamos a reclamarle al Estado a partir de esta resolución de la ONU es que se atiendan los abortos no punibles en los hospitales de todo el país, ya que el aborto es la primera causa de mortalidad materna” señala la médica epidemióloga Mabel Bianco, directora de la Fundación Estudios e Investigación de la Mujer (FEIM). “También reclamaremos que el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva tenga recursos, que haya educación sexual, y que mejore la atención de la emergencia obstétrica, que es el indicador que se disparó en la última medición. Pero lo fundamental son los abortos.”

Hasta el 2007, las muertes por complicaciones de abortos fueron la primera causa de muerte materna. Sin embargo, la última medición del Ministerio de Salud, del 2008, indica que la mortalidad materna bajó de 48 a 44 muertes cada cien mil nacimientos y que el aborto pasó a ser la segunda causa de mortalidad materna (con el 24,2% de los casos) detrás de las causas obstétricas indirectas (26%).

Pero habría que esperar al menos tres mediciones consecutivas para hablar de una tendencia en los índices. “El descenso en un año no marca tendencia. No podemos alegrarnos. Más bien diría que estemos atentas a las próximas mediciones”, señala la médica Mariana Romero, investigadora del Centro de Estudios del Estado y la Sociedad. que saluda la resolución de la ONU como un reconocimiento a la tarea que desde hace años se hace desde el movimiento de mujeres para instalar la problemática de la mortalidad materna como un derecho humano además de un tema de salud pública. “La mortalidad materna es prevenible y evitable. Tener mujeres que se mueren por esta causa es un acto discriminatorio.”

Ana Ferrarotti, a cargo del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud, señala que los índices de mortalidad materna no tienen relación con otros indicadores del país como la tasa de escolaridad o de pobreza. “Tendríamos que tener una MM con tasas mucho más bajas.” ¿Qué falla entonces? Según un estudio en marcha, citado por Ferrarotti, las maternidades más grandes tienen índices mucho más bajos, lo que estaría indicando que las muertes se producirían en las más pequeñas por falta de entrenamiento del personal y de insumos.

En este panorama se inscribe el aumento de las causas obstétricas indirectas como causal de MM, que pasaron de 19% en el 2006 a 26% en el 2007 y que, según Ferrarotti, estarían hablando de problemas de tecnología y de entrenamiento a la hora de atender a mujeres embarazadas o puérperas.

El rumor sobre el bajísimo presupuesto del que dispondría la Dirección de Maternidad e Infancia del Ministerio de Salud de la Nación no mejora las cosas, y hace dudar de que el apoyo dado por el gobierno argentino a la resolución de la ONU en Ginebra se transforme efectivamente en política de Estado.

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Mosconi: Voluntad política al servicio de la Nación


Martín Scalabrini Ortiz (ACTA)

El 4 de junio pasado se cumplió un nuevo aniversario del fallecimiento del General Ingeniero Enrique Mosconi, cuyo ejemplo de voluntad política y decidido patriotismo debería iluminar a las nuevas generaciones de argentinos.

Mosconi es nombrado como director de YPF el 17 de octubre de 1922 y a partir de allí comienza un período de expansión y crecimiento de la petrolera estatal que permitirá en poco tiempo desactivar el trust petrolero conformado por las empresas extranjeras que comercializaban los derivados del petróleo en nuestro país. Esta expansión y crecimiento es el ejemplo concreto de una tenaz voluntad política en pos del desarrollo nacional y de la soberanía energética.

El capital inicial de YPF fue conformado por el Estado Nacional con diversas erogaciones aprobadas del Presupuesto General desde el año 1910 hasta el 1915 cuando estaba constituida la Dirección de Explotación de Petróleo de Comodoro Rivadavia llegando a totalizar el último año una suma de 8.655.240 pesos moneda nacional.

Éste fue el único aporte monetario de los argentinos en la conformación de una empresa que llegaría a ser la más grande de nuestro país con un valor estratégico único en la economía nacional. Para mediados de 1934 el capital de YPF ascendería a 380 millones de pesos, explicando su crecimiento en el aporte de su propia riqueza, el petróleo, y el trabajo argentinos.

El Estado nacional no aportó un solo peso más. No solamente era una empresa que crecía económicamente sino que era el motor del desarrollo nacional al vender la nafta más barata que la que vendían las empresas extranjeras. El 1 de agosto de 1929 se produce lo que el mismo Mosconi llama como el “Ayacucho económico” declarando la independencia energética al romper los trust petroleros al ubicar el precio de la nafta en $0,18 cuando había llegado a valer $0,36. Era una empresa al servicio del país.

Este período sirve como muestra implacable de lo que sucede cuando una empresa es enajenada y entregada al extranjero. Si YPF hubiera sido extranjera, entre 1926 y 1934 se hubieran debido girar el exterior alrededor de $1.025 millones producto de dividendos y ganancias, promediando un monto anual de $131 millones, con sólo 8,6 millones de pesos de inversión inicial.

El flujo de divisas hubiera sido inconmensurable ahogando nuestra economía y manteniéndola al servicio del capital extranjero. El paralelismo con la actual YPF, enajenada a precio vil es elocuente. El flujo de divisas producto de las ganancias de la empresa Repsol son millonarios, gracias a la riqueza, nuestro petróleo, y el trabajo argentinos. Pero este es tema de otro estudio.

Mosconi lleva adelante una política expansiva en competencia directa con la Standard Oil (norteamericana) y la Shell (inglesa) y promueve el aumento de la producción de petróleo y la construcción de una refinería en La Plata. Para esto último, se llamó a un concurso público el 22 de mayo de 1923. Luego de una selección entre diez propuestas, se aceptó la de la Bethlehem Stell Co, firmándose un convenio que fue aprobado el 31 de diciembre de 1923, que incluía la construcción de un “topping” o destilación primaria de donde se obtienen naftas, kerosene, gas-oil y fuel-oil a partir de crudo, un cracking de gas-oil y de kerosene pesado para la producción de naftas livianas y un cracking de fuel-oil para producir más nafta liviana. El proyecto total finalmente se aprueba el 14 de enero de 1925 y el mismo día comienzan las obras de construcción.

En menos de un año se construyen todas las unidades y se inaugura la Refinería el 23 de diciembre de 1925 elaborándose los primeros litros de nafta fiscal. Finalmente la empresa contratista completó los trabajos, con todos los edificios y dependencias, el 1 de agosto de 1926. Un plazo de tiempo más que eficiente para este tipo de construcciones. Al año siguiente se llama a una licitación nuevamente para la construcción de un cracking combinado preliminar de fuel-oil y total de gas-oil para aumentar la producción de naftas. El 14 de junio de 1928 se firma el contrato con la Bethlehem Stell Co nuevamente, luego de una selección de cuatro empresas, terminándose la nueva planta el 20 de febrero de 1929.

Para tener una idea de la extraordinaria capacidad y voluntad para llevar adelante las tareas, comparando con la actual YPF privatizada, Repsol no ha aumentado la capacidad de producción de naftas desde su privatización en la década del 90. Recién ahora se está anunciando con bombos y platillos la instalación de un nuevo CCR (reformado catalítico continuo) con el fin de mejorar las naftas de bajo octanaje, con lo que ni siquiera es un aumento global de la capacidad sino un aumento en la calidad de las naftas como todo lo que ha hecho Repsol hasta ahora, con una inversión de 348 millones de dólares.

Una cifra que mueve a risa luego de la adquisición a precio vil de YPF y de las millonarias ganancias de la empresa a lo largo de todos estos años. Y encima, hace más de dos años que Repsol-YPF viene dando vueltas con el inicio de este proyecto sin decidirse a llevarlo adelante, negociando ahora con la firma brasileña Odebrecht con posible financiamiento del banco de desarrollo brasileño BNDES. Esto significa que la prioridad en la venta de equipos la tiene Brasil.

La pregunta que surge es: ¿para qué se creó ENARSA? ¿Para aplaudir cuando una empresa extranjera decide realizar ridículas inversiones que venía postergando desde hace años? ¿Para anunciar la construcción de una refinería con la anglo-argentina Pan American Energy de iniciación incierta? ¿Para anunciar todos los años que se van a invertir inciertas cantidades de dinero en exploración de la plataforma marítima asociados con empresas extranjeras?

Desde el 2004, año de su creación, no se han generado grandes proyectos de solución a nuestros problemas energéticos, salvo la compra de Gas Natural Licuado (LNG) mediante buques metaneros que lo único que hizo fue solucionar los problemas de abastecimiento de las empresas controladas por Repsol, habiendo sido un gran negocio para la empresa española.

Ver también:
- La defensa de YPF: Enrique Mosconi

Martín Scalabrini Ortiz es Ingeniero de Proyectos de Gas y Petróleo. Miembro del Consejo Editorial de la Revista Industrializar Argentina.


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Argentina: País de abogados

Tomás Buch (RIO NEGRO ON LINE)

En la provincia de Córdoba "la docta" -que durante siglos quiso decir "docta en leyes y lenguas clásicas"- la proporción de abogados en la población general es del 0,3%. Este porcentaje tal vez sea menor en otras provincias, pero no es fácil encontrar datos exactos: los colegios profesionales no suelen relevar el número de sus afiliados. Pero si tomamos el caso cordobés como representativo de una especie de promedio del país, esta cifra quiere decir un abogado cada 300 habitantes, así como es la proporción de médicos (no la de enfermeros y otras especialidades paramédicas, de los que habría que tener una proporción de unos 3 ó 4 por cada médico y la proporción, en todo el país, es aproximadamente al revés: un paramédico cada 1.200 habitantes).

El gobierno nacional -en sus tres poderes- está dominado por los abogados; por supuesto lo está el Poder Judicial, que es su ámbito natural. Pero todos los presidentes de la República desde 1983 han sido abogados: Alfonsín, Menem, Duhalde, Kirchner, Cristina Fernández... y dejamos de lado los de la semana de los cinco presidentes, por poco relevante -aunque Adolfo Rodríguez Saá es también abogado-. O sea, dominio total del Poder Ejecutivo, ya que los presidentes tienden a nombrar a otros abogados como ministros, aunque no tengan conocimientos del área que les toca regir. A los abogados vienen a unirse los economistas -según sea la línea ideológica del gobierno-.

En el Congreso nacional, un somero análisis de las profesiones de los legisladores nos muestra el mismo esquema: su composición actual incluye a un 30,3% de abogados: cien veces el valor tomado como promedio de la población. A estos abogados agregaremos otro 3% de contadores. El resto de los legisladores cubre todo el espectro de las actividades: hay relativamente muchos docentes (9,4%) y médicos (5,15%), algún economista, algunos "agricultores", el director de una cooperativa, algunos empleados, la dueña de una funeraria, algunos relacionados con el periodismo, un ex presidente de un club deportivo, una actriz, una museóloga, un locutor de radio, el ex director de un diario de provincias y seguramente algún dirigente gremial -además del excelente abogado laboralista que también representa a los trabajadores-... pero la presencia de los abogados es apabullante.

Lo mismo se repite en el caso de los gobernadores de las provincias: por 24 distritos hay nueve gobernadores abogados, el 37%, a los que podríamos sumar cuatro contadores. En total, más de la mitad de los gobernadores: el 54%.

En cuanto al futuro, en el 2004 la Facultad de Derecho de la UBA era la tercera más numerosa de la universidad. La primera era Ciencias Económicas y la segunda, Medicina; es decir que en la principal universidad del país más de los dos tercios del alumnado serán abogados, notarios, contadores o economistas. El predominio de las profesiones tradicionales es apabullante: sin contar Arquitectura, suman los 2/3 de los inscriptos. La cuarta facultad es la de Ciencias Sociales -donde predomina la Comunicación Social- y la quinta Psicología, para enderezar las taras del resto. La ciencia y la tecnología casi sólo existen en los mensajes de los políticos, que -en general- no saben de qué hablan cuando tocan esos temas -como los de Educación-. En la aspiración de una economía productiva estos datos deben compararse con el 3% de inscriptos en Ciencias Exactas y un 5% en Ingeniería, menos del 10% si se les agrega a los bioquímicos. Y en un país cuya principal fuente de ingresos es "el campo", los estudiantes de Agronomía y Veterinaria juntos no llegan al 5%.

No es mi intención criticar a los abogados. Muchos de ellos han defendido a las víctimas de la dictadura y muchos han sido víctimas de ella. Muchos defienden a los que no tienen defensa. Pero hay otros muchos -los que cobran mayores honorarios- que se especializan en torcer la ley y llevarla lo más cerca de su ruptura, empleando todos los trucos procesales y agujeros en la legislación para que casi nunca vaya preso un rico o poderoso mientras que las cárceles no dan abasto y rebalsan de procesados que pueden esperar allí años enteros mientras notorios procesados por crímenes mucho más graves se pasean libremente y aun ocupan cargos de gobierno. También son los abogados quienes dan visos formales de legalidad a actos gubernamentales que son verdaderos crímenes contra el país real. Otras veces he escrito que no entiendo cómo es el "sentido común" de la legalidad, tan diferente del sentido común ordinario, y no voy a insistir en ese tema. Pero la superabundancia de profesionales del derecho (no necesariamente de la justicia, que es otra cosa) en los primeros niveles de los tres poderes del Estado mientras la proporción de técnicos y científicos es insignificante -aunque tengamos ahora un Ministerio de CyT encabezado por un prestigioso investigador- imprime a éste una característica formalista que no es precisamente el mejor ambiente para que florezca una clase dominante productiva, laboriosa y progresista y que prefiera invertir en el aparato productivo nacional a analizar -justamente con la ayuda de sus costosos abogados y contadores- la mejor manera de sacar sus ganancias del país a los paraísos fiscales, cuyo modo de vida es recibir esos aportes de origen a veces no muy claro.

La presencia aplastante de abogados en las altas esferas de todos los poderes del gobierno lamentablemente fortalece esta tendencia hacia una legalidad ilegítima. No quiero decir con eso que si el presidente fuese un ingeniero tendríamos un país próspero y productor, pero el ingeniero tal vez estaría más cerca de seguir una lógica racional en vez de una lógica dictada por los códigos.

Luego vienen los comunicadores sociales. Ellos tienen mucho que ver con la pobreza de nuestra cultura pública -nuevamente sin querer herir a los periodistas honestos y estudiosos-.

A pesar de todos los discursos, las ciencias y la tecnología tienen una baja prioridad para los universitarios argentinos. Es decir, según la lectura que se quiera hacer, tenemos un predominio como el habitual de las profesiones clásicas y un relativo rechazo por la ciencia y la tecnología -que son las únicas disciplinas que podrían sacarnos del marasmo económico-. Habría que preguntarse, una vez más, qué entienden los gobernantes cuando hablan de la sociedad del conocimiento.

Claro que tampoco se trata de generar unas estructuras de gobierno tecnocráticas. Los tecnólogos muchas veces tienen ese tipo de enfoque: todo se resuelve con fierros. Y es mentira: tampoco ésa es una solución viable. Pero debería haber más equilibrio. Los sociólogos, los filósofos, los psicólogos -sociales o no- entienden (o creen entender) cómo funcionan los mecanismos del poder, esa enfermedad mortal para todos los que lo sufren. Lamentablemente, es raro que esa clase de gente se meta en política sin perder su alma: porque la manera actual de hacer política es mortal para el alma (y, generalmente, de la moral) de los políticos -y es casi imposible que alguien que entienda el funcionamiento de la sociedad y de sus miembros llegue a una posición de poder: por repugnancia; si no es para manipularla, usando sus conocimientos académicos-. Y además, porque en virtud de la estructura del sistema político y la falta de principios de los partidos mayoritarios, las cualidades que debe tener una persona para ocupar con éxito un cargo de responsabilidad política son casi contrarias a las que requiere para alcanzar dicha posición.

No es un panorama muy alentador. Los debates formales seguirán en la próxima generación, aquella que estamos educando mediante nuestro ejemplo, lo que nos asegura una barrera insuperable para alcanzar los niveles de desarrollo que puedan sacar a nuestro país de una peligrosa situación económica, en la que los intereses financieros -sobre todo los extranjeros- seguirán predominando sobre el país real; en éste, seguiremos exportando recursos naturales con poco valor agregado y dispondremos de un sistema educativo clasista -escuelas públicas deterioradas para los pobres y privadas para los ricos. Es que casi todos los políticos sencillamente no entienden la importancia del desarrollo por más que hablen continuamente de él. Los abogados están acostumbrados a hablar de sistemas formales y pocos son los que superan este nivel en el que se crea una realidad a través de la palabra.

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Argentina: La explotación sexual de adolescentes en Mendoza, somos idiotas o cómplices

Gabriel Conte (MDZOL)

Los diarios impresos ofrecen avisos convocando a menores de edad a “trabajar” como prostitutas. Aparecen en ellos todos los datos suficientes para realizar una investigación judicial en torno a una actividad ilegal. Pero no se hace. O no se conocen los resultados, en caso de que se esté haciendo. Nada desalienta la continuidad de estos anuncios en los diarios.

Reclutan a menores de edad para explotarlos sexualmente ante nuestra vista.

Aunque la ley protege sus derechos y, a pesar de que la fragrante violación legal es publicada en los diarios de mayor circulación de nuestra provincia en el día en que logran vender mayor número de ejemplares (el domingo), no hay quien impida el reclutamiento de chicas menores de edad para la trata de blancas.

A cambio de monedas y sin contar con filtros que impidan su publicación, este domingo los diarios impresos de Mendoza ofrecieron –en su sección de avisos clasificados- por lo menos 20 “oportunidades laborales”, para alquilar su cuerpo, destinados tanto para chicas como hombres menores de edad.

Ya sin siquiera disfrazar los anuncios, directamente puede leerse el destino de los “empleos” (ya en esa sección son publicados, irónicamente): “agencia de acompañante, sólo dos por turno, departamento privado, damos alojamiento”. Está claro: las quieren de “18 años en adelante”, aunque hay avisos que, directamente, se sinceran: “no hay límites de edad”, señalan.

Lo curioso es que lo hacen a la vista de todos: de los lectores, de nuestros hijos, de jueces y fiscales, de las autoridades provinciales en materia de protección de niños y adolescentes, de aquellas que resguardan los derechos de género y de policías que deberían impedir estas actividades ilícitas.

Una novela de televisión y una infinidad de programas y campañas nos han alertado sobre cómo, a través del engaño, son quitadas de sus hogares jóvenes adolescentes disconformes y trasladadas a recónditos parajes del país o del exterior, bajo condiciones de esclavitud, para ejercer la prostitución de manera forzada, hasta quedar alienadas o, en muchos casos, aparecer muertas.

Todos nos conmovimos con el caso de Marita Verón y la lucha sin cuartel de su madre, quien sabe qué le pasó a su hija: eso, precisamente. Se la llevaron para explotarla. Y tras su ruta, la madre desenmascaró a delincuentes de baja calaña y a delincuentes poderosos; a explotadores reconocidos pero en libertad y a miembros de los poderes públicos.

Los avisos que este domingo pudimos leer en Mendoza incluyeron cifras con capacidad de interesar a cualquiera que está desempleado: 300 pesos diarios es la oferta más económica con la que se tienta a las y los jóvenes menores a sumarse.

La ley 26.061 protege los derechos de niños, niñas y adolescentes. Pero parece no ser suficiente para quienes no tienen empacho en ofrecer un “servicio” acorde con la demanda de miles de usuarios que cada vez piden que sus objetos sexuales sean más jóvenes, sin importarles de dónde vienen, que edad (y derechos) tienen, ni mucho menos en qué condición fueron reclutadas y son sostenidas dentro del circuito de la trata de blancas.

El Código Civil argentino establece en su artículo 128 que la mayoría de edad se produce a los 21 años.

El Código Penal, en tanto, establece penas que van desde los 6 meses hasta los 10 años de cárcel para quienes intervengan en la cadena de prostitución, lo que vale tanto para explotadores como justificadores de esa explotación, los mal llamados “clientes” de un producto que no es tal, sino que se trata de seres humanos.

Pero su aplicación depende de personas que, como tales, son falibles. El historial de casos está lleno de respuestas oficiales ante denuncias concretas, tales como: “si lo hacen, es porque les gusta”; “ya están bastante creciditas como para decidir” o bien, “seguramente lo vienen haciendo desde chiquitas”.

En los pasillos de los Tribunales algunos abogados dan cuenta de haber escuchado, más de una vez, hasta expresiones de envidia hacia los “clientes” atrapados –rara vez- in fraganti: “pobre tipo, a cualquiera le puede pasar”, indica el rumor.

Pero acaso ¿importa sólo si se trata de menores? Importa más, por su indefensión. Pero debe tenerse en cuenta la profundidad que el problema ha adquirido en la Argentina en la actualidad. Miles de niños que son hijos de madres desaparecidas, que fueron sumadas a esta esclavitud del nuevo siglo (que es la trata de personas), esperan a sus madres.

En más de una oportunidad se ha señalado que “la explotación sexual infantil no existiría sin que haya clientes”. Así o ha sostenido la senadora nacional María Cristina Perceval, impulsora de la legislación nacional en materia de control y sanciones a la trata.

Los “clientes”, por un lado; los perpetradores de los secuestros, por el otro. Y la sociedad y el poder político que hacen silencio frente al drama, constituyen las tres patas de una realidad tenebrosa que no se encausa jurídicamente y que es más: se escapa de las manos de la ley, aun bailando ante nuestros ojos.

Detrás de un tentador aviso puede haber una de estas organizaciones. No lo sabemos a ciencia cierta. Para ello deberían reaccionar las instancias judiciales cotejando todo lo que está a la vista con el Código Civil y encontrarán direcciones y teléfonos a dónde dirigir su investigación.

En Mendoza se han conocido casos resonantes: la reiteración en la aparición de chicas de origen paraguayo en el municipio de Gral. Alvear, la explotación sexual de adolescentes en locales ubicados en Godoy Cruz, la protección oportuna y puntual ofrecida por la Justicia a casos del Valle de Uco alcanzaron algún nivel de difusión.

Pero lo subterráneo es lo que sigue primando. Un secuestro no es tarea sencilla. Requiere de una estructura y una logística detrás, además de complicidades locales que le ofrezcan una “liberación de zonas” para poder actuar. Como toda mafia, siempre hay alguien que “es el dueño” del territorio. Y necesita de una red de influencias que le garantice impunidad para subsistir.

En el país ya se registran desapariciones de chicas reclutadas de esta manera desde los 13 años. Esto permite mirar con otros ojos ese aviso del diario que tienta: “Sin límites de edad”, ¿o no? Las mujeres que han logrado escapar de las redes de la trata hablan de torturas, privaciones y amenazas de muerte contra sus familiares.

Nada ni nadie detiene la demanda. Y, por lo que vimos este fin de semana en los diarios, tampoco el reclutamiento engañoso.

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Argentina, Santa Fe: Desaparición de una docente

TMO

La Secretaria General de AMSAFE Sonia Alesso y Stella Maldonado Secretaria General de CTERA expresan la preocupación de todos los docentes de la provincia y del país por la situación que atraviesa la compañera Alejandra Isabel Cugno, directora de una escuela en Cañada Rosquín, que se encuentra desaparecida desde la tarde de ayer lunes 6 de julio. Su vehículo fue localizado en la localidad de San Francisco, Córdoba. AMSAFE esperan la inmediata aparición de la compañera y la urgente resolución de las investigaciones que se llevan adelante.

Alejandra Isabel Cugno de 43 años es directora de la escuela Nº 268 de Cañada Rosquín y reside en San Jorge, ambas localidades del departamento San Martín, provincia de Santa Fe. Falta de su hogar desde el lunes 6 de julio. Como todos los días a las 17:30 se retiró de su lugar de trabajo para retornar en automóvil a su domicilio en la localidad de San Jorge, hasta este momento no se sabe nada de ella. Su madre preocupada por la demora de Alejandra, radicó la denuncia en la policía local, que a su vez alertó a la Regional XVIII

A partir de dicho momento comenzó una búsqueda incesante por toda la región, hasta que a la madrugada del martes 7 de julio se encontró su vehículo, un Fiat Duna de color blanco, en las inmediaciones de la Terminal de ómnibus de la ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba.

El Delegado Seccional de la delegación San Martín, Daniel Vacchieri, también manifiesta su preocupación y solicita que cualquier información sobre el paradero de Alejandra sea remitida a los siguientes números telefónicos: 03406 441000 (Comisaria II de San Jorge) o 03406 480001 (Jefatura Regional de Sastre).

Exigimos que este hecho se esclarezca de manera urgente y esperamos la pronta aparición de Alejandra. Agradecemos todas las muestras de preocupación y solidaridad recibidas.

Javier Almirón
Secretario de Prensa

Sonia Alesso
Secretaria General

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