miércoles, 22 de julio de 2009

Bases militares gringas en Colombia. Renacen objetivos norteamericanos de agresión


Apolinar Díaz – Callejas (especial para ARGENPRESS.info)

El gobierno del presidente norteamericano Barack Obama comienza a tambalear ante la actividad agresiva de la derecha bipartidista de los Estados Unidos. Estando en Rusia el nuevo presidente norteamericano se pronunció duramente contra el Golpe militar y de Estado cometido por la ultraderecha y fuerzas militares de Honduras contra su gobierno legítimo.

El Presidente Barack Obama mostró que había una real nueva política en Estados Unidos contra las agresiones de ultraderecha imperialista de ese país, asociada a grupos de la misma naturaleza en los países de nueva democracia de América Latina que están actuando en Venezuela y otras naciones para propiciar nuevos golpes de Estado como el fracasado en Venezuela y sacar adelante el golpe militar de Honduras.

Sin embargo, la agencia Reuters de noticias informa desde Washington (El Espectador, julio 21. 09) que “por primera vez desde que se posesionara, Barack Obama está perdiendo credibilidad frente a sus electores. Así nos reveló una encuesta del Washington Post que asegura que ha descendido en un 8 % por las dudas que ha levantado su proyecto bandera: La aplicación de la Seguridad Social”.

Para mí mismo, hay actualmente un desconcierto manifiesto sobre el mayor vigor de la ultraderecha imperialista norteamericana en algunas medidas del nuevo gobierno demócrata. Los ejecutores gringos de esa políticas pertenecen a los funcionarios que trabajaron cumpliendo órdenes del presidente George Bush, que cayó en una política guerrerista y de agresiones contra otras naciones del Medio Oriente, África y América Latina. Lo cierto es que después de los anuncios en Rusia del presidente Obama contra el Golpe de Estado en Honduras, la política norteamericana ha cambiado profundamente. Me atrevo a expresar una hipótesis que sería tenebrosa e implicaría un retroceso de decenas de años y en los esfuerzos por practicar políticas respetuosas del Derecho Internacional y los derechos de los Estados y naciones libres, latinoamericanas y del Caribe, que han practicado sistemáticamente varios gobiernos norteamericanos. Hay que tener en cuenta que el llamado Plan Colombia organizado por el presidente demócrata Bill Clinton con el gobierno del presidente conservador colombiano Andrés Pastrana, estableció un mecanismo de ayuda económica militar y de guerra a los gobiernos colombianos para la lucha contra los grupos guerrilleros que operan en Colombia desde hace muchos años, acosada por bandas paramilitares de la ultraderecha nacional, responsables, también, de buena parte de los dos millones de colombianos muertos en esta violencia que ya lleva más de 60 años de estar encima de la vida y la paz de los colombianos. Con la llegada del apoyo militar y financiero del presidente norteamericano George Bush, se intensificó la guerra interna, más aún la violencia política y retardataria.

Aquí es donde yo pienso, bajo mi estricta responsabilidad personal, que la nueva Secretaria de Estado, la esposa del ex presidente Bill Clinton, presiona al interior del gobierno actual norteamericano de Obama, para rescatar la totalidad del poder y la influencia norteamericana en los problemas internos de Colombia y América Latina.

Precisamente en estos exactos momentos, desde el jueves 16 del presente mes de julio comenzaron a salir a grandes titulares sobre esta materia informaciones del aumento del poder de Estados Unidos en Colombia. El diario, antes liberal, y ahora propiedad de una empresa periodística de la ultraderecha española, El Tiempo de Bogotá, informó que personal militar y aeronaves (de guerra y de paz, obviamente) de Estados Unidos usarán para sus fines militares y de espionaje al menos tres bases militares colombianas, para suplir la pérdida gringa, de la base de Manta, en Ecuador. Estados Unidos utilizará las bases colombianas de Palanquero, cercana a Bogotá, parte de todo el sistema de defensa del centro de Colombia y de Bogotá, Malambo, estará en el departamento del Atlántico en la costa colombiana del mar Caribe, y la base de Apiay, se construirá y fortalecerá en el Departamento del Meta, en donde comienza el territorio colombiano limítrofe con Venezuela y Brasil en las extensiones de los llamados llanos Orientales. Informa el periódico El Tiempo que según las informaciones gubernamentales del Ministerio de Defensa, que la cantidad autorizada de personal, ya vigente, es de 800 militares y 600 “contratistas civiles” que es como llaman los dos gobiernos a los miembros de las organizaciones paramilitares del mundo que existen y funciona en Estados Unidos y otras grandes potencias, como personal auxiliar de guerra. Por eso todos son reservistas y se mantienen en entrenamientos militares. La cuestión es tan monstruosa que el propio gobierno de Uribe Vélez aclaró que habrá “medidas específicas para que, respetando la inmunidad prevista en este tipo de acuerdos, se haga seguimiento a los procesos eventuales a que haya lugar por violación de la ley colombiana”.

El gobierno de Uribe Vélez y los partidos y medios de comunicación, que le son adeptos, tratan de que esta monstruosidad sea aprobada sin mucho debate en el Congreso de Colombia, o como una simple prórroga de los convenios anteriores.

A su vez, en la edición del 18 de julio de El Tiempo, en la página 1-5 aparecen declaraciones del embajador norteamericano en Colombia William Brownfield, confirmando “que otras de las bases que utilizarían las tropas de su país sería la de bahía Málaga, en el Pacífico”. Agregó el gringo “que, en todo caso, el acceso a esa base ya existe” en la actualidad y que, incluso, frecuentemente se ve allí un buque guardacostas de Estados Unidos”.

Es decir, Colombia ya, ocultándose al país y a nuestro pueblo ya tiene bases militares gringas en la costa colombiana del Océano Pacífico, sin que nunca se le hubiere informado de este hecho a nuestro pueblo.

Sé los riesgos de denunciar estas conductas antinacionales que colocan a Colombia, sin que el país mismo ni sus instituciones lo sepan bajo el control militar de bases militares norteamericanas.

Tengo que repetir una frase del gran poeta colombiano Eduardo Carranza, cuando terminó de explicar a Pablo Neruda en Bogotá la situación real de nuestro país y terminó nuestro ilustre poeta su intervención de aquellos tiempos con la siguiente frase: “Pablo, esa es Colombia”

Foto: Estados Unidos – Álvaro Uribe y Barack Obama en un encuentro en la Casa Blanca. / Autor: WHITE HOUSE


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James Petras: “Cuando actúan los militares en Honduras actúan bajo la dirección del Pentágono y el Pentágono está bajo el control del presidente"


CX36 RADIO CENTENARIO

Chury: Le tengo que dar los buenos días y la bienvenida por aquí a James Petras.

¿Cómo te va Petras?

Petras: Bien, aquí trabajando sobre temas de Irán, Honduras y lo que podemos decir de la situación en Irak.

Chury: Tres excelentes temas. Te pediríamos que nos adelantes alguno de los que estás preparando.

Petras: Bueno, empezando con el proyecto más extensivo, estoy analizando... Primero, tengo datos sobre todos los profesionales científicos y académicos asesinados en Irak desde la guerra que continúa, mostrando cómo la invasión y la guerra norteamericana han destruido toda la civilización. Que no es un simple ataque a un gobierno o un simple desplazamiento de una dictadura sino una destrucción de todos los aspectos de una civilización, poniendo al país en una situación de guerra de todos contra todos. Y esta situación es algo profundamente preocupante porque una cosa es destruir un estado, otra cosa es ocupar un país, pero lo peor es destruir a las instituciones y personas que construyeron una cultura y una civilización.

Yo creo que la guerra en Irak es un ejemplo de cómo el imperialismo en el caso norteamericano apoyado por Israel, ha destruido totalmente una civilización, destruyendo los hospitales, matando médicos, arquitectos, físicos, químicos, ingenieros.

Tengo todos los nombres y el área de especialidad y las cifras de muertos. Los que faltan son los que han salido del país porque hay decenas de miles que han sido desplazados y forzados al exilio por las amenazas. Y eso es lo que estoy trabajando sobre Irak: cómo una política de genocidio cultural en el sentido literal.

Segundo, estoy trabajando sobre Irán y con Irán tengo bastante información de cómo está en una táctica de apretar y forzar sanciones a partir de una diplomacia muy amenazante que destruye la base de cualquier posibilidad de sentarse a discutir.

El discurso de Hillary Clinton en el Consejo de Asuntos extranjeros, el principal lugar para formular políticas, diciendo que ella está preparada para la guerra e Irán no debe minimizar el poder de Estados Unidos de lanzar una guerra, era un discurso sumamente bélico, entre los peores discursos de la época de Bush. ¿Y cómo se puede pensar que un país se va a sentar a la mesa cuando una mafiosa saca la pistola, la pone sobre la mesa y dice ¿y bueno, dígame, van a aceptar o no aceptar nuestros ultimátum?

Eso me parece una señal porque Hillary como mujer de confianza, principal asesora en la política exterior, ¿cómo podemos decir que Obama está iniciando una nueva política, que está buscando negociaciones y que no tiene condiciones para considerar un diálogo con Irán? Eso es absolutamente falso y también me lleva a discutir de Honduras porque en Honduras es muy claro que Obama ha sido muy involucrado en el golpe y ahora podemos ver en la prolongación de negociaciones el respaldo que siguen recibiendo de Washington los golpistas que quieren insistir en que esta farsa continúe cuando sus títeres siguen rechazando cualquier fórmula para reimponer al presidente, cuando la señora Hillary Clinton impone a Arias, un cliente de Washington, y desplaza completamente a la OEA y sus resoluciones de la agenda. ¡Es increíble!

Pero hay intelectuales liberales en Estados Unidos, apoyantes de Obama, que publican algunos artículos en la prensa latinoamericana. Un académico en particular, ex consultor del departamento de Estado, señor Wallerstein, ha escrito un artículo desgraciadamente en La Jornada, un periódico supuestamente progresista, diciendo que Obama no estaba involucrado, que Obama ha criticado el golpe, etc., etc., descontextualizando todo citando una y otra cita. Pero es típico que los liberales académicos no tienen ningún conocimiento de la operación de las bases militares en Honduras.

La subordinación de los militares y el Pentágono a la Casa Blanca. No tenemos un gobierno militar paralelo. Cuando actúan los militares en Honduras actúan bajo la dirección del Pentágono y el Pentágono está bajo el control del presidente. No tenemos un gobierno militar; tenemos militaristas civiles y los civiles mandan en este país, en este caso el presidente y la canciller y los militares no pueden actuar por su cuenta, particularmente cuando se trata de una ofensiva generalizada contra los gobiernos de centro izquierda en América Latina.

Por ejemplo, el departamento de Estado, que es directamente la casa de Hillary Clinton, ha publicado un informe acusando a Venezuela de ser un narco presidente y principal lugar de tránsito de los narcóticos. También cuando Hillary Clinton -el tesoro norteamericano- cancela el trato de exportaciones con Bolivia y cuesta 50 mil puestos de trabajo sobre el calzado, textiles y otras exportaciones. O cuando empieza a circular la propaganda de que las FARC financiaron la campaña de Correa. Tenemos toda una serie de hechos que uno puede conectar y formular de cómo Obama ha lanzado esta ofensiva contra los gobiernos progresistas y un idiota académico como Wellerstein ni sabe de todas estas cosas pero como se trata de América Latina estos intelectuales creen que automáticamente son expertos. Lo que yo llamo expertos de 24 horas porque es el tiempo que les cuesta leer los últimos despachos de la Casa Blanca.

Chury: Hillary Clinton está desarrollando una política que cuadra a su estatura política: al servicio del sionismo también.

Petras: Sí, eso claro. Ella desde que era senadora aquí en Nueva York era la favorita de los grupos sionistas que financiaron su campaña y que ayudaron para que ella subiera a ser la cancerbera y no simplemente eso sino consultas con los sionistas. Hace poco tiempo Obama invitó a las principales organizaciones sionistas a una consulta en Washington. Ningún otro grupo tiene esta posición de servir como asesores. Y digo asesores del presidente en Medio Oriente y Obama les da las gracias por esta consulta. Incluye a algunos liberales sionistas que comentaban que ellos apoyan a Obama, etc. Los otros apoyan a Obama mientras se someta completamente al gobierno ultra derechista en Israel. La gran mayoría de los sionistas multimillonarios están muy implicados en financiar las nuevas colonias en los territorios ocupados. El complejo de departamentos nuevos en Jerusalén árabe está financiado por un multimillonario judío de Estados Unidos, y no es el único. Hay muchos sionistas aquí que no sólo fomentan la agresividad del gobierno sino que están implicados en la construcción y extensión de las colonias. Y el señor Obama critica, pero nada. Siguen los 3 mil millones de ayuda a Israel, siguen recibiendo las últimas armas tecnológicas, tienen libre acceso a todos los mercados norteamericanos y no han recibido ninguna presión económica o cualquier presión, más allá de declaraciones folclóricas.
Y eso lo saben en Washington porque cuando uno pregunta por qué vosotros no responden a este repudio a Netanyahu de su política diciendo que no va a cumplir ¿y vosotros por qué no responden si es una humillación de la Casa Blanca que el estado de Israel haga lo que le da la gana repudiando a Obama? Y dicen bueno, no podemos porque políticamente no es factible, dado el poder de los sionistas en el Congreso e incluso los sionistas que están ocupando la Casa Blanca. Un israelita, Rahm Emmanuel, es el principal consultor en la Casa Blanca. Es un ciudadano israelita, es la primera vez que tenemos un ciudadano doble, que es de otro país, que puede tomar decisiones esenciales sobre la política en su propio país.

Chury: Petras, también en las últimas horas ha habido un ataque fuerte tratando de mezclar a Ecuador o al gobierno ecuatoriano con temas inherentes al narcotráfico o a la guerrilla o a las FARC. No sé si ese es un tema que esté tratándose.

Petras: Sí, porque hemos hablado de la política de Obama hace dos semanas revirtiendo los avances de la centro izquierda durante el período de Bush. Y esta campaña contra Correa es parte de la orquesta organizada desde la Casa Blanca con sus cipayos en Colombia. Estos videos y la falsificación de videos y la promoción, es para desprestigiar y aislar al señor Correa de sus colegas en América Latina. Esa es la táctica: tratar de debilitar la solidaridad en América Latina contra la intervención. Porque decir que apoya o recibe apoyo de las FARC, implica que está involucrado en la política de otro país, que es el caso de Colombia. Y ninguno de los gobiernos liberales en América Latina está en favor de la intervención y por esa razón utilizan esta táctica.

Pero como decimos, es parte de una ofensiva. Eso de cortar la entrada libre de exportaciones de Bolivia es un fuerte asalto sobre Evo Morales tratando de desestabilizar su gobierno. La campaña con el informe del departamento de estado acusando a Chávez de ser Venezuela centro de narcotráfico. ¡Cosas tan absurdas, cuando todo el mundo sabe que los principales narcotraficantes funcionan en Colombia, que son los multimillonarios implicados con la jefatura militar, la policía, el partido y congresistas de Uribe e incluso Uribe mismo recibió dinero para sus campañas de reelección de los narcotraficantes. Después, meterse con Honduras y derrocar el gobierno, es la política nueva y agresiva de Obama y cualquier persona mínimamente informada tiene que poner el dedo sobre la fuente principal de esta política.

Yo creo que la gente no entiende cómo opera la jefatura norteamericana en la política de este tipo. No planifica cada medida la Casa Blanca. En el Consejo nacional de seguridad dicen que tal gobierno -el de Ecuador por ejemplo- está desconforme con nuestra política así que hay que buscar formas de debilitarlo. Entonces esa es la línea general que se elabora entre Obama y los principales líderes de las instituciones: el departamento de estado, el Pentágono, lo que sea. Después, cada agencia, cada burocracia, discute ¿cómo podemos hacer? Unos dicen bueno, tenemos algunos contactos en los militares, en la inteligencia; otros -la Cía- dicen bueno, podríamos utilizar este cuento de los videos de los guerrilleros y circularlos en los medios de comunicación, etc. En otras palabras: entre la línea general que define Obama y Clinton hasta la aplicación operativa, pasa por la burocracia y las agencias especializadas en esta política.

Chury: Petras, estamos en el final. Te agradezco muchísimo el análisis, te felicito por el trabajo que estás realizando y nos prometemos que el lunes estamos nuevamente con la audiencia de radio Centenario. Te mando un abrazo grande.

Petras: Un abrazo, gracias. Chau.

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Ecuador: Adiós a la base militar


Néstor Núñez (AIN, especial para ARGENPRESS.info)

Decididamente las tropas norteamericanas con sus modernos aviones de reconocimiento y combate, dicen ellos que para detectar y eliminar narcotraficantes, se empiezan a retirar de la base de Manta, en territorio de Ecuador.

No lo hacen porque lo deseen, todo lo contrario. Se largan porque el gobierno de Rafael Correa anunció desde su primer día que no renovaría el tratado para la permanencia de tropas norteamericanas en el territorio nacional, y porque la reciente nueva constitución local establece que Ecuador no puede albergar instalaciones bélicas ajenas…así de simple y contundente.

Pero si falta Manta, hay quienes salen a tirar el “manto”. Y el triste papel lo han asumido los poderosos intereses colombianos, que decidieron darle albergue, en no menos de cuatro bases aéreas del país, a los efectivos estadounidenses desplazados de Ecuador. En pocas palabras, una mudanza, el traslado dentro del propio patio.

Lo denunciaba con fuerza el presidente venezolano Hugo Chávez, quien anunció se revisarían los vínculos con Colombia por prestarse sus autoridades a darle refugio a contingentes del gran poder foráneo que “ha agredido miles de veces a nuestros pueblos”, e instrumenta campañas y acciones hostiles contra los gobiernos y naciones del área empeñados en avanzar por caminos propios.

Ciertamente, en instantes en que como nunca se agitan en estas tierras, los sentimientos de integración, libertad, real democracia y autodeterminación, no deja de ser un contrasentido que algunos asuman el papel de hospederos de quienes se oponen a hierro y fuego a semejantes cambios fundamentales.

Desde luego, no era de extrañar. Ya desde el anuncio inicial de Ecuador de que no revitalizaría el acuerdo sobre la base de Manta, voces militares y gubernamentales colombianas dijeron que estarían dispuestas a recoger a los desahuciados a nombre de los tratados interamericanos de defensa y los acápites del Plan Colombia, verdadera punta de lanza imperial en el corazón de América del Sur.

Es que, al fin y al cabo, lo había esbozado en pleno siglo XIX José Martí, al advertir contra aquellos hijos de indígenas que reniegan de su sangre autóctona, y marchan a los ejércitos del Norte a pedir armas con las que matar a sus hermanos de raza.

Son los que desde siempre han odiado nuestra estirpe, a la que pertenecen por equivocación genética, y se han unido y unen, sin cortapisas, al mandamás foráneo para servirle de burdo instrumento bajo el faldón Made in…ajeno.

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Pueblos Indígenas en Brasil: el desafío de la autonomía


Ricardo Verdum (IRCAMERICAS, especial para ARGENPRESS.info)

Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho, determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural (Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Art. 3).

Los pueblos indígenas tienen el derecho a conservar y fortalecer sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo al mismo tiempo su derecho de participar plenamente, se así lo desearan, en la vida política, económica, social y cultural del Estado (Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Art. 5).

La población indígena en Brasil es estimada, por la Fundación Nacional de Salud (Funasa), en cerca de 470 mil personas, o equivalente a poco más del 0.2% de la población total del país. Cerca de 60% de esta población vive hoy en la región designada como Amazonia Legal. Ya el censo demográfico de 2000, realizado por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) identificó 734.127 auto-identificándose como "indígena", elevando ese porcentaje para 0.4% de la población del país. Esa población representa una diversidad lingüística que excede el número de 180 lenguas, clasificadas en 35 familias lingüísticas. Se estima existen en Brasil un total de 220 pueblos indígenas, varios de ellos sometidos a jurisdicción de más de un Estado-nación, como es el caso de los Guaraníes (Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay), Yanomami (Brasil y Venezuela), Tukano (Brasil e Colombia) y Tikuna (Brasil, Colombia y Perú). Los indígenas están presentes en todos los estados de la Federación y sus territorios ("tierras indígenas", en lenguaje jurídico del estado brasileño) suman aproximadamente 110,6 millones de hectáreas—el equivalente a aproximadamente 13% del territorio nacional y el 21% de la Amazonia brasileña.

A pesar de haber pasado más de veinte años desde que fue aprobada la actual Constitución de la República Federativa de Brasil (1988), que incluyó un capítulo específico relativo a los derechos de los pueblos indígenas (Capítulo VIII—De los Indios), lo que se percibe hoy es ninguno de los gobiernos que siguieron, a lo largo de esos años, implementó cambios significativos en las prácticas y estructuras político-administrativas del aparato de Estado, en particular en la dirección de transformación del Estado brasileño en un Estado Plurinacional. El respeto al derecho interno de autonomía política de esos pueblos y a la restructuración territorial del Estado no lo integra aún ni la agenda de los partidos políticos "progresistas"1.

Es cierto que hubo algunos esfuerzos en ese sentido, por ejemplo, cuando la concepción e implementación de los distritos sanitarios indígenas especiales (DSEIs). Algunos agentes sociales, indígenas y no indígenas, vieron ahí la posibilidad de los DSEIs de ser embriones de estructuras políticas más amplias, para el ejercicio del derecho a la autonomía o al autogobierno indígenas en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, y para la gestión de sus territorios y recursos naturales. Pero a ese esfuerzo siguieron movimientos contrarios, que por diferentes perspectivas políticas e intereses económicos, descalificaron o, hasta, criminalizaron iniciativas que pudiesen caminar en ese sentido. Cuando mucho, fue aceptado un multiculturalismo "bien comportado", que se ocupa de la diversidad en cuando a la diferencia cultural, dentro de un determinado espacio (local, regional, nacional o internacional), al mismo tiempo en que repudia o deja del lado diferencias económicas y sociopolíticas. En la práctica, eso se manifiesta en políticas que se "abren" a La diversidad cultural, manifiestan un relativismo cultural, AL mismo tiempo en que se refuerzan los mecanismos de control y dominio de poder nacional y los intereses Del capitalismo global2.

Los pueblos indígenas y la Constitución de 1988

Igual como lo ocurrido en otros países en América Latina, donde movimientos indígenas se movilizaron y presionaron a las estructuras de poder de los estados, vislumbrando conquistar voz y poder de voto en la Asamblea Constituyente y en los parlamentos nacionales, como, por ejemplo, en Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela3, en Brasil, a mediados de los años 1980, por ocasión del proceso político que resultó en el actual texto de la Constitución Federal de 1988, también hubo esfuerzos semejantes. En varios estados de la federación, vimos indígenas ingresando en partidos políticos, donde enfrentaron disputas internas por espacio político y financiamiento de campaña y, por lo menos, una decena participó en 1986 en la disputo electoral para "diputado constituyente". La Unión de las Naciones Indígenas (UNI), constituida al inicio de esa década, fue un polo de articulación de "liderazgos indígenas" y de organizaciones de apoyo (Inesc, Cedi, CPI-SP, ABA, etc.) y la principal responsable por la campaña Pueblos Indígenas en la Constituyente. EL Consejo Indigenista Misionario (Cimi) tuvo, igualmente, papel de destaque en el proceso, apoyando acciones del movimiento indígena en el Congreso Nacional y en los estados4.

Aunque no haya sido posible elegir, al menos, un representante indígena para el Congreso Nacional, ni conquistado cuota específica de representación de las "naciones" o "pueblos" indígenas en esa casa legislativa, esa movilización dio, sin embargo, visibilidad a las "cuestiones indígenas", extrapolando las fronteras de los actores sociales que forman el llamado campo indigenista brasileño. También posibilitó el apoyo de parlamentarios de diferentes matices a la inclusión de un capítulo específico en la actual Constitución Federal, titulado De los Indios, con dos artículos clave para el futuro de las campañas de defensa y promoción de los derechos indígenas en el país. Por otro lado, queda evidente que no se consiguió ir mucho más además de la definición de derechos específicos, que no implican en cambios políticos sustantivos en el proyecto republicano de Estado monocultural.

En relación a la Constitución de 1969, el texto constitucional de 1988 fue sin sombra de duda un avance, incorporando otras dimensiones de derecho a los pueblos indígenas, entonces denominados "silvícolas" 5. Nunca está de más recordar que, en uno de los artículos, el número 231, el texto constitucional reconoce a los pueblos indígenas "su organización social, costumbres, lenguas, creencias y tradiciones, y los derechos originarios sobre las tierras que tradicionalmente ocupan". En el artículo siguiente, el 232, también reconoce a los indígenas (sus comunidades y organizaciones) el derecho de ingresar en juicio de defensa de sus derechos e intereses, pudiendo contar para eso con el apoyo del Ministerio Público en todos los actos del proceso.

Eso, en nuestro entendimiento, significa el reconocimiento de la condición multicultural y pluriétnica de la sociedad brasileña. Pero como eso se transforma en prácticas y reformula las estructuras políticas del estado brasileño es algo para lo cual el texto de la nueva Constitución no tiene respuestas para dar. La participación y representación política de los pueblos indígenas en las instancias de poder legislativo del Estado, el reconocimiento de sus territorios como unidades regionales autónomas, donde el pueblo que ahí vive pueda ejercer sus formas propias de gobierno y justicia y no como meras tierras demarcadas como parcelas o unidades productivas, son dimensiones ausentes del texto constitucional. Entonces porque, pasados más de veinte años desde su aprobación, no sonará extraño constatas que no fueron realizados cambios sustantivos en las estructuras y en las prácticas político-administrativas del Estado brasileño.

Como otras Constituciones latinoamericanas, fueron incorporados la diversidad étnica y los derechos específicos en el nuevo texto constitucional, sin tocar las estructuras políticas de poder y dominación. También quedó fuera, invisibilizada en las políticas públicas especificas, la parcela de la población indígena que vive hoy en centros urbanos.

Si partimos del presupuesto de que en efecto la ciudadanía indígena en los términos propuestos por la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 1989) y por la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) significa el reconocimiento jurídico y efectico de los derechos políticos y sociales de los pueblos indígenas, que incluyó (a) autonomía de decisión; (b) autogobierno y control sobre los territorios y los recursos naturales en ellos existentes; (c) derecho a representación política en las instancias de poder legislativo del estado; y (d) protagonismo en la formulación y control sobre las llamadas políticas públicas de los Estados en que están insertos por fuerza del proceso de colonización iniciado en la región al final del siglo XV, en Brasil aún no encontramos distantes de que ello sea efectuado. No obstante las tentativas de ablandar la naturaleza integracionista de la legislación e de la relación establecida con los pueblos indígenas, aún está muy presente y activa el viejo vicio tutelar del Estado colonialista brasileño6.

Pos-1988

Los cambios morfológicos y gerenciales desencadenados en Brasil en los primeros años de la década de 1990—se implicaron en un mayor acceso de los individuos a los "servicios" prestados por el Estado en os distintos "sectores" o "políticas" gubernamentales (salud, educación escolar, asistencia social, apoyo técnico y financiero y producción, etc.)—muy poco contribuyeron para que superásemos la matriz colonialista en relación con los pueblos indígenas. Antes, crece la sospecha de que, lo que ven procesándose, son sólo transformaciones en tecnología en las técnicas de dominación y de domesticación de la insatisfacción indígena, que de manera alguna pretende atacar las asimetrías y promover relaciones equitativas.

Por eso, varios autores advierten que atrás de las nuevas políticas latinoamericanas de reconocimiento e inclusión, juega una nueva lógica cultural del capitalismo global, una lógica que intenta controlar y armonizar la oposición con la pretensión de eventualmente integrar a los pueblos indígenas y negros dentro del mercado (Catherine Walsh, 2002: 25).

En relación a los territorios indígenas, aún cuando reconocidos formalmente por el Estado brasileño, persiste la idea de que son reservas de recursos naturales y serán incorporados al circuito económico de mercado cuando sea necesario7. En última instancia, las demandas indígenas por control territorial y participación política son vistas sobra la óptica de "seguridad nacional". Ejemplo de eso son las 19 "salvaguardas", establecidas por el Supremo Tribunal Federal (STF) al caso de Tierra Indígena Raposa/ Sierra del Sol (RSS), que implican en una serie de limitaciones a la autodeterminación de los pueblos indígenas que allí viven y a las futuras demarcaciones de los territorios indígenas8.

En Brasil, lo que hoy llamamos indigenismo nació de una práctica de conocimiento y de acción político-administrativa llamada de "tradición sertanista". Ella se constituyó como tal al inicio del siglo XX, como parte de la política republicana de integración nacional. En los años 1950, el indigenismo brasileño pasó a interactuar con oras tradiciones indigenistas sin acción en el continente americano, cuando el indigenismo es adoptado como ideología por agencias del Sistema de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos9.

Aunque distinto del mexicano, el indigenismo brasileño nación con la misma grave e insoluble contradicción interna: postula el relativismo cultural, al mismo tiempo en que ambiciona la meta de "incluir a los indios" en la sociedad nacional. Tenemos aquí, como en el caso mexicano analizado por Héctor Díaz Polanco (1991), un discurso ideológico relativista encubriendo una práctica integracionista. Se separan los "aspectos positivos" de las culturas indígenas de aquellos que deben desaparecer, o porque son "contrarios" al buen andar del proceso de "integración nacional" y del "progreso", o porque son "inútiles" a la necesaria adaptación individual y colectiva de los indígenas en la economía de mercado.

Al proceso constituyente de 1986-1988 siguió un periodo de efervescencia organizativa en el medio indígena, sea en la defensa de una indianidad genérica, sea de grupos indígenas específicos, como los Kayapó y los Turkano, por ejemplo. Contribuyó para eso el apoyo dado por la ayuda financiera y asesoría de la Iglesia Católica, de la cooperación internacional oficial (gubernamental y multilateral) y de organizaciones civiles (ONG), nacionales e internacionales. Hay casos de organizaciones criadas con la finalidad de recibir recursos financieros para desarrollar acciones de intereses de la comunidad que supuestamente representarían. Hay también organizaciones híbridas, con actuación en ambos de los frentes de acción.

El reconocimiento formal del derecho a la organización y a la representación propia de los indígenas, expreso en la Constitución de 1988, representó el impulso definitivo para el proceso de auto-organización de esos pueblos, el surgimiento y la multiplicación de organizaciones indígenas por el país afuera y su articulación en redes regionales, nacionales e inclusive transfronterizas. Un año después de promulgada la nueva Constitución brasileña, fue creada la Coordinación de las Organizaciones Indígenas de la Amazonia Brasileña (COIAB), que nació con enfoque regional e identidad indígena transcomunitaria. Con sede en Manaus (AM), congrega hoy más de una centena de organizaciones locales y subregionales10.

En los años noventa también creció en Brasil, como en otros países en América Latina, la actuación de las llamadas agencias de cooperación internacional para el desarrollo—de países como Gran Bretaña y Alemania, o agencias multilaterales como el Banco Mundial (BM), o Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y las agencias del Sistema de Naciones Unidas (UNESCO, OIT, OMS, PNUD, etc.)—en la política indigenista oficial o directamente junto a las organizaciones indígenas. Hace recordar los años 1940 y 1950, cuando varias agencias internacionales, como la OIT, actuaban en la diseminación de ideas y en la organización de un sistema indigenista de cobertura continental. Como en aquel periodo, esas instituciones pasaron a actuar no solamente como agentes financieros y de asistencia técnica, sino también como agentes políticos, influyendo en la definición de las política sectoriales y como un "aliado" del movimiento indígena en sentido de flexibilización de los mecanismos de tutel y control gubernamental11.

La hegemonía política, ideológica y administrativa de FUNAI sobre la gestión oficial de la población y de los territorios y recursos naturales indígenas se extendió hasta 1991, cuando algunas de sus funciones pasaron a ser gradualmente compartidas o también repasadas para otros órganos de administración pública federal. Por medio de los Decretos No. 23, 24, 25, 26, del 4 de febrero de 1991, durante la presidencia de Fernando Collor de Mello, fueron repasadas, respectivamente para los Ministerios de Salud, del Medio Ambiente, de Agricultura y de Educación, las acciones de "política de asistencia al indio", que estaban, hasta entonces, en la responsabilidad de ejecución del FUNAI, o conceder a terceros la corresponsabilidad por la implementación12.

En ese contexto, la promoción del llamado, etnodesarrollo fue concebida como capaz de "romper con el ciclo vicioso de dependencia de recursos para nuevos proyectos" y como estrategia de "desarrollo socio-económico-cultural de estas poblaciones siguiendo las especificidades propias". Es importante tener la claridad de que estamos tratando de expresiones-artefactos culturales y políticos que, en resultado de esa naturaleza, están sujetas a ser accionadas en la construcción de narrativas y proyectos de uso de los territorios indígenas y de los recursos naturales ahí existentes (ver ver Ribeiro 1992, 2005). Ese es el caso, por ejemplo, de la noción polémica y polisémica de etnodesarrollo, que a lo largo de los últimos veinte años veo adquiriendo una creciente importancia en la retórica indigenista latinoamericana (y en la brasileña también), caracterizando lo que Héctor Díaz Polanco (1991) y Víctor Bretón (2001) denominaron indigenismo etnofágico.

En ese mismo año, 1991, se dan el inicio en el ámbito del Poder Ejecutivo discusiones avistando promover una revisión del Estatuto del Indio (Ley 6001/73). Fue constituida entonces una comisión interministerial para ese fin, que paso a ser coordinada por la FUNAI en la gestión de Sydney Possuelo. Teniendo por referencia y motivación jurídica la Constitución Federal recién promulgada, y como estímulo político la realización en Brasil de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (a RIO92), se lograron en ese año reuniones públicas, algunas abiertas a la participación de organizaciones no gubernamentales y especialistas—Consejo Indigenista Misionario, Asociación Brasileña de Antropología, Núcleo de Derechos Indígenas (NDI) y otras. En junio de 1991, organizaciones y liderazgos indígenas (entre ellas COIAB, UNI-AC y la Comisión Indígena Este-Noroeste), después de analizar la propuesta del Estatuto elaborada por una Comisión Interministerial del Gobierno Federal, presentaron sus propuestas para el nuevo Estatuto.

Por lo menos tres proyectos de ley fueron encaminados al Congreso Nacional, que formó una Comisión Especial para analizar las propuestas encaminadas a emitir un parecer. Además de la propuesta elaborada por la Comisión Interministerial (PL 2160), o NDO (PL 2057) e el CIMI (PL 2619) encaminaron sus respectivas propuestas de proyecto de ley. La coordinación de las Organizaciones Indígenas de la Amazonia Brasileña (COIAB) y otras organizaciones y liderazgos indígenas también presentados en abril de 1992, después de analizar las tres propuestas encaminadas al Poder Legislativo, un conjunto de propuestas para ser analizadas por la Comisión Especial.

Demoró casi tres años para la Comisión Especial, en 1994 (después de innumerables reuniones, versiones, enmiendas, negociaciones, etc.) votar el texto definitivo del Estatuto de las Sociedades Indígenas, "conciliando" las diferentes visiones e intereses en juego13. Por iniciativa del Poder Ejecutivo, la tramitación del proyecto de ley (PL 2.057/91) del nuevo Estatuto fue paralizada en la Cámara. Incluso antes de la posesión del presidente Fernando Henrique Cardoso, a finales de 1994, el entonces diputado federal Arthur da Távola, líder del PSDB en la Cámara, presentó en nombre del nuevo gobierno un recurso suspendiendo la tramitación del proyecto, justificando la necesidad de nuevo gobierno de formar un juicio sobre "tan polémico proyecto". Ese acto acabó criando un estado de desconfianza y de insatisfacción con el nuevo gobierno, habiendo generado protestas de organizaciones indígenas y de apoyo, incluso antes de que el presidente Fernando Henrique Cardoso, tomara posesión del cargo el 1° de enero de 199514.

Casi catorce años después, en el segundo mandato del presidente Lula da Silva, el gobierno federal retoma el proceso de elaboración de un nuevo Estatuto, conteniendo los derechos y deberes de los pueblos indígenas en el ámbito del Estado brasileño. Esa reanudación se va a dar en el ámbito de la Comisión Nacional de Política Indigenista (CNPI), instituida por medio del decreto presidencial firmado el 22 de marzo de 2006, vinculada administrativamente al Ministerio de Justicia. La CNPI está compuesta por 12 integrantes del Gobierno Federal, 20 indígenas de diferentes partes del país y dos representantes de entidades no gubernamentales.

Teniendo por base el documento elaborado por el Diputado Federal Luciano Pizzato, llamado "Substitutivo al PL 2.05/91", y aprobado en la Comisión Especial de la Cámara de Diputados en 1994, fueron realizados a lo largo del segundo semestre de 2008 diez encuentros regionales. Esos encuentros fueron patrocinados y organizados por el Gobierno Federal, y contó con el apoyo político de organizaciones indígenas como COIAB, APOINME, ARPIN-SUL y asesoramiento técnico del CIMI, sobre el argumento de que existen posibilidades de avance en relación con el Estado brasileño. Participaron en los encuentros cerca de mil indígenas, donde en tal "substitución" fueran hechas sugerencias de cambios, exclusiones y aumentos por los participantes. Durante el denominado Campamento Tierra Libre, asamblea indígena realizada anualmente desde 2004, en Brasilia, realizada en este año de 2009 entre los días 4 y 8 de mayo, una versión preliminar, aprobada en el ámbito de la CNPI pocos días antes, fue distribuida a los participantes y discutida en sus líneas básicas. En la ocasión, fue lanzada oficialmente la creación de una organización indígena de representación nacional, la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB).

Un análisis a profundidad de ese proceso aún está por ser realizado. Hay varias puntuaciones de los encuentros que convergen para un punto preocupante: que el plan de trabajo con cuestiones orientadoras de la dinámica de los encuentros habría inducido a sus participantes a considerar como un presupuesto, o pero, un "hecho consumado", una "necesidad" la exploración de recursos minerales e hídricos en los territorios indígenas., El hecho es que hoy hay un documento, llamado Estatuto de los Pueblos Indígenas, cuestionable en varios aspectos, que está presente a ser encaminado al Congreso Nacional como "enmienda" al Sustitutivo al PL 2.957/91. Pero el riesgo de continuidad con el proyecto integracionista diseñado e implementado a partir de la primera mitad del siglo pasado es fuerte. Pero aún cuando constatamos que nociones operacionales del tipo inclusión productiva, como contrapunto la otra noción no menos problemática cuando aplicada para interpretar la condición de los pueblos indígenas en Brasil, la noción de pobreza, viene informando y formateando políticas y acciones "de justicia social" de diferentes "sectores" del indigenismo oficial. O peor, dado el perfil político predominante en el Congreso Nacional brasileño en la actualidad, el debate y el juego de las fuerzas allí ocurrido resulta en un texto donde predomine una visión liberal más radical en el plano socioeconómico, que induzca a los indígenas a adoptar los principios de la libre competencia, del lucro y de la propiedad privada en el trato con sus territorios y recursos (naturales, culturales, etc.).

Consideraciones finales

A pesar de las limitaciones conceptuales, epistemológicas, demográficas, organizativas y, principalmente, políticas que hoy se evidencia para la formulación e implementación de una estrategia de refundación del Estado brasileño, que insiste en se monocultural, a partir de la idea de autodeterminación y autonomía territorial indígena, entendemos ser necesario, al menos, intentar retomar el filio de la madeja del remate sobre la participación política de los pueblos indígenas en las instancias de poder Legislativo brasileño. Digo retomar porque, a lo largo de los años 1990, ese asunto quedó relativamente sumergido, cubierto por tantas otras "prioridades". Entre 2002 y 2004 el tema "cuotas" para representantes indígenas en los Legislativos estatal y federal y la constitución de un "parlamento indígena" llego a ser debatido en reuniones y encuentros regionales del movimiento indígena, para gradualmente ser sobrepuesto por nuevas urgencias. La demarcación y regularización de los territorios; la creación de un subsistema de educación escolar; la estructuración de un subsistema de servicios de salud también específico, la elaboración de un nuevo "estatuto de los pueblos indígenas"; la institucionalización del asociacionismo indígena y de organizaciones de representación; es la creación de mecanismos de apoyo financiero a los proyectos de "desarrollo local", ocupa desde los años 1990 el movimiento indígena y sectores de la sociedad civil organizada solidaria. Todo eso en comité con una acción de resistencia frente a presiones contrarias en el Congreso Nacional, en la burocracias sectoriales del Poder Ejecutivo federal, en el nivel local, etc.

Un parlamentario indígena en la Cámara Federal en 2001 puede hacer la diferencia, puede abrir nuevas perspectivas de interlocución con el Estado brasileño. Desde 2005, un conjunto de organizaciones, movimientos, articulaciones, redes y foros de la sociedad civil debate e formula propuestas para una reforma política del Estado brasileño. Una propuesta que no restrinja al sistema electoral, pero, si, al conjunto de los procesos decisivos del sistema de poder instituido en el país. Entre las innumerables propuestas contenidas en el documento titulado Plataforma de los Movimientos Sociales para la Reforma del Sistema Político en Brasil, resultado de casi cuatro años de debates, aparece una que apunta para la necesidad de creación de mecanismos legales que garanticen la representación directa de los pueblos indígenas en las elecciones proporcionales en el país, como el ejemplo de países como Venezuela y Colombia. La creación de un sistema propio de elección, que no pasaría por el sistema partidario hoy existente.

Eso me hace recordar a Gersem Luciano, del pueblo indígena Baniwa, pueblo que habita en la región fronteriza entre Brasil y Colombia. En una publicación organizada por nosotros en 2004 él presentó una propuesta de "parlamento indígena". En su visión, ese "parlamento" sería un espacio de articulación de los movimientos etnopolíticos indígenas a nivel nacional, una instancia de referencia propia de los pueblos indígenas, en la cual estarían representadas sus aspiraciones legítimas. En su visión, ella podría muy bien ser parte de un nuevo modelo de relación institucional de los pueblos indígenas con el Estado y la sociedad no indígena en Brasil: un Estado Plurinacional.

Hace recordar también del proceso de discusión sobre "alternativas de fortalecimiento de la participación indígena en instancias legislativas del Estado nacional", desencadenado por el Inesc en 2001, en asociación con la Coordinación de las Organizaciones Indígenas de la Amazonia Brasileña (COIAB), la Articulación de los Pueblos y Organizaciones Indígenas del Noreste, Minas Gerais y Espíritu Santo (APONME) y otros líderes y organizaciones indígenas y de apoyo. A partir de esas discusiones, fue realizado en Brasilia, el 18 y 19 de noviembre de 2002, el Seminario Internacional Indios y Parlamentos, que fue seguido por reuniones y encuentros regionales en el Sur, Noreste y Norte del país entre los años de 2003 y 2005.

Llego al final de este texto con la sensación de que estamos frente a un gran desafío. Será necesaria mucha creatividad, mucha voluntad de innovación y disposición para enfrentar las barreras administrativas, políticas y culturales que frecuentemente se interponen al avance de la democracia participativa en Brasil, principalmente cuando se refiere a los pueblos indígenas. En este momento, en el que se retoma en el ámbito del Congreso Nacional la discusión sobre la necesidad de una legislación específica, en substitución al ya, hace mucho, obsoleto Estatuto del Indio de 1973: en que se intenta concebir fórmulas alternativas al instituto de tutela; cuando el movimiento indígena brasileño busca fortalecerse y articular alianzas con otros movimientos sociales, viendo a la transición para una sociedad donde la plurietnicidad y la interculturalidad estén en la raíz de sus instituciones, creemos que el contenido de esta publicación aportará contribuciones positivas.

Notas:
1) La reflexión desarrollada por Héctor Díaz-Polanco (2006a, 2006b), El respeto de La "dificultad" teórica y política de La izquierda clásica latinoamericana para tratar la demanda de autonomía de los pueblos indígenas, es un bien punto de partida para pensar el contexto brasileño. El va mostrar, por ejemplo, que la desconsideración de la dimensión del reconocimiento (de la diversidad) acaba fortaleciendo tesis liberales (o neoliberales), contrarias a la demarcación de las "tierras indígenas" y al derecho de esos pueblos sobre los recursos naturales en la existentes.
2) Slajov Zizek (2005) va a llamar ese proceso como una nueva lógica multicultural del capitalismo multinacional. Esa "apertura" a la diversidad cultural e incorporación de demandas de los movimientos indígenas por los Estados se manifestó en varios países latino-americanos desde los primeros años de la década de 1990, cf. Bretón (2001, 2005), Guerrero & Ospina (2003), Verdum (2006), Hale (2007).
3) Ver Marés 1996; Bengoa 2000; Van Cott 2004; Montejo 2004; Bello 2004; Díaz-Polanco 2005; Dávalos 2005; Clavero 2008; Walsh 2009.
4) Para mayores detalles ver: CEDI 1987, 1991; Lacerda 2008.
5) La Enmienda Constitucional No. 1, de 17 de octubre de 1969, que modifica el texto constitucional de 1967, estabelece en el Artigo 198 que "Las tierras habitadas por los silvícolas son inalienables em los términos que la ley federal los determine, cabiendo su posesión permanente y quedando reconocido su derecho al usufructo exclusivo de las riquezas naturales y de todas las utilidades en ellas existentes". Como en las demás Constituciones del periodo republicano (1934, 1937 y 1946), la "tierra" fue el único artículo que mereció atención de los legisladores.
6) Ver Gaiger 1991; Verdum 2006b.
7) Después de pasar por varios ciclos productivos (monocultivo agrícola, extracción maderera etc.), con el consentimiento o implementado directamente por el Servicio de Protección al Indio (SPI) y por su sustituta, la Federación Nacional del Indio (Funai), a los pueblos indígenas viene siendo ofertada una nueva "oportunidad" para desarrollarse: el mercado de los "servicios ambientales".
8) Mayores detalles del caso RSS ver: www.socioambiental.org/inst/esp/raposa/?q=noticias
9) Ver Gagliari 1989; Favre 1998; Verdum 2006.
10) Ver Ricardo 1996; Albert 1997, 1998, 2001; Athias 2002.
11) Sobre el papel de las estratégias de la cooperación internacional en relación a los pueblos indígenas en América Latina, en particular en Brasil y en Ecuador, ver Breton 2001; Verdum 2006.
12) Ver Barroso-Hoffman et al. 2004; Ricardo 1996, 2000; Souza Lima & Barroso-Hoffman 2002; Verdum 2003, 2005a, 2005b, 2008.
13) Ver Santilli 1996; Araújo e Leitão 2002.
14) En marzo de 2000 el Gobierno Federal presenta nueva propuesta de Estatuto por medio del diputado federal Luciano Pizzatto (PFL-PR), que fue duramente criticado por el movimiento indígena y entidades de apoyo y por la bancada de oposición al gobierno en el Congreso Nacional. Ver Oliveira Pankararu 2006.

Versión original: Povos Indígenas no Brasil: o desafio da autonomia
Traducción: Silvia Adriana Sánchez de la Rosa

Ricardo Verdum es Doctor en Antropología de América Latina y El Caribe por El Centro de Investigación y Pos-Graduación sobre las Américas (CEPPAC) de la Universidad de Brasilia (UnB), asesor sénior de políticas indígena y socioambiental del Instituto de Estudios Socioeconómicos (Inesc), es analista para el Programa de las Américas en www.ircamericas.org.

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- Albert, Bruce S. "Territorialité, ethnopolitique et devéloppement: à propos du mouvement indien en Amazonie brésilienne", Cahiers des Ameriques Latines, 23: 177-210, 1998.
- Araújo, Ana Valéria & Leitão, Sérgio, "Direitos indígenas: avanços e impasses pós-1988" In Antônio Carlos Souza Lima & Maria Barroso-Hoffmann (orgs.), Além da Tutela: Bases para uma Nova Política Indigenista, Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria, Pp. 23-33, 2002.
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Está procesada por denuncias de funcionarios provinciales: La docente famatinense que enfrenta a la Barrick Gold

Alejandro Jasinski (INFOSUR)

Tras una golpiza sufrida el pasado 14 de abril a manos de funcionarios riojanos, la docente famatinense fue llamada a indagatoria y quedó detenida. Logró la excarcelación, pero sigue procesada. Su compañera Marcela Crabbe puede seguir el mismo curso. Carina llegó a Buenos Aires gracias al permiso del juez Alfredo Ramos. El domingo pasado contó el episodio de la golpiza, su situación judicial y la lucha de los autoconvocados de Famatina contra la minería “a cielo abierto” con cianuro.

Peña Negra, La Rioja, 2.000 metros de altura. De fondo, el imponente nevado cordillerano. Funcionarios del gobierno provincial intentan atravesar la valla que una maestra y una comerciante del pueblo de Famatina custodian. Los funcionarios se bajan de las camionetas y arrastran violentamente a la docente. Lo hacen una y otra vez porque Carina Díaz Moreno se repone e insiste. Finalmente, la sostienen entre dos en el aire para que pase la camioneta. Insultos, empujones, tironeos, todo registrado en Youtube, fue el comienzo de una jornada que terminó en una pueblada encabezada por el párroco del lugar y los funcionarios refugiados en la cárcel del pueblo.

¿Cómo es tu situación judicial?

Estoy siendo imputada por el artículo 194 del Código Procesal Penal, por interrumpir el paso al transporte público. La golpiza fue el 14 de abril y dos días después ya prohibieron salir de la zona de jurisdicción. El 26 de junio me presenté. El juez me leyó la orden de detención y me llevaron a la comisaría. A las horas salió la excarcelación a pedido de mi abogado. Marcela fue citada a la semana siguiente pero la presión mediática que logramos fue enorme y suspendieron la indagatoria.

¿Y las denuncias que ustedes radicaron?

Denunciamos amenazas, agresiones, abusos de poder, pero jamás han salido a la luz, están cajoneadas en el escritorio de algún fiscal o juez de la zona.

¿Qué fue exactamente lo que sucedió?

Está todo registrado. Vinieron tres camionetas de la secretaria de Minería y de Ambiente de la provincia de La Rioja. Estaba el director de Minería, Eduardo Romero, y el escribano Luis Parco. Nos insultaron e hicieron gestos obscenos. El escribano me levantó de un brazo y una pierna, me tiró al costado de una ruta y me pegó en el piso. A Marcela también la golpearon. De inmediato bajaron a denunciarnos a la comisaría de Famatina. Los vecinos comenzaron a avisarse por mensajitos y hasta sonaron las campanas de la Iglesia. Se juntaron más de 800 personas (en un pueblo de apenas más de 6 mil). Se creó una verdadera pueblada. Era tan loca la situación que los productores de la zona llevaban con sus camionetas cajones de tomates y los comerciantes dejaban cartones de huevo y bombas de estruendo en la calle para que la gente tirara. Los funcionarios recién salieron a las 3 de la mañana, por mediación del párroco y con móviles policiales llegados desde Chilecito.

¿Desde cuando mantienen ustedes la barrera en Peña Negra?

Comenzamos el corte en el camino que lleva al distrito minero el 8 de marzo de 2007. Es selectivo porque pueden pasar todos menos la gente de la Barrick Gold, los funcionarios de Minería y de la CNEA.

¿Cómo nació el corte?

Comenzamos con asambleas en mayo de 2006. Una amiga participó de unos cursos para formar ayudantes de geólogos en una escuela de la zona. Molestó tanto que le dijeron directamente que no vayan más porque estaba “avivando a la gente”. Empezamos a investigar y cuando me enteré de qué se trataba me dio el ataque. Teníamos una bomba de tiempo en las manos.

¿Y qué hicieron con esa “bomba de tiempo”?

Empezamos a convocarnos. El entonces intendente Lidoro Leiva no quería que fuera gente de la municipalidad, pero le llevamos toda la información y desde ese momento comenzó a colaborar.

En un principio se logró la prohibición de la minería contaminante en La Rioja.

Por impulso del entonces vicegobernador Beder Herrera (actual gobernador), salieron los decretos 8.137 que prohibía la explotación minera “a cielo abierto” con cianuro, la 8.138 que convocaba a consulta popular y la 8.139 que formaba una comisión investigadora en Diputados. Cuando destituyeron al gobernador Massa, Beder Herrera convocó a elecciones. Levantó las banderas del medioambiente y hasta se sacó fotos con nuestros carteles. A los dos días de ganar, fue a la cámara provincial de empresarios mineros, anunció que esas leyes no tenían vigencia y los invitó a explotar los cerros riojanos.

¿Qué saben sobre la explotación “a cielo abierto”?

Con este método dinamitan la montaña, muelen el cerro y lo apilan en unas piletas de lixiviación de hasta 14 kilómetros cuadrados, con nuestra agua y cianuro o ácido sulfúrico. En el caso de La Alumbrera, ya se han abierto y llegan a las napas freáticas. Pensemos que los glaciares del cordón del Famatina abastecen de agua a gran parte de la provincia de La Rioja, de San Luís, Córdoba y Santa Fe.

¿La explotación tiene consenso en la zona?

Deberían preguntarle a la gente de mi pueblo qué pasó el 14 de abril de este año y a los funcionarios de Minería si tienen ganas de volver. Pero las mineras compran voluntades y para que entren tiene que haber funcionarios que nos entreguen.

¿Qué buscan las Asambleas Ciudadanas?

Nosotros somos Autoconvocados de Famatina. Formamos parte de las Asambleas Ciudadanas Riojanas y a su vez de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC). Luchamos por una causa que está muy por encima de cualquier partido político: defendemos la fuente de agua y el futuro de nuestros hijos.

Ocho legislaturas provinciales prohibieron la minería, aunque La Rioja se echó atrás, ¿piensan en una prohibición a nivel nacional?

Queremos frenar las explotaciones existentes y que se vayan las multinacionales. Somos pueblos agrícolas, con altísimas calidades en vinos, nueces, peras, manzanas, tomates, duraznos, hortalizas, y queremos seguir viviendo de esa forma y fomentar el turismo. Exigimos la restitución de la ley de protección de los glaciares y que se anulen las leyes mineras que permiten el saqueo y la contaminación.

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Último parte de la realidad


Oscar Taffetani (APE)

El reloj de descuento que ha puesto a funcionar la ONU marca que faltan 6 años, 163 días, equis horas, equis minutos y tantos segundos para llegar a 2015. ¿Qué sentido tiene ese reloj? Si lo viéramos de un modo escolar, la cuenta regresiva nos recuerda que la fecha límite se acerca y que en ese momento los países deberán mostrar, sin disimulos ni atenuantes, si han podido cumplir con los llamados Objetivos del Milenio.

En el Monitor que puede verse en Internet (www.mdgmonitor.org), la Argentina es uno de los países coloreados con gris, lo que significa que no suministra la información necesaria al organismo internacional.

Al principio, cuando los datos eran auspiciosos, la Argentina sí los mostraba. En el Informe de Progreso que publicó la Presidencia de la Nación a fines de 2006 se muestra, por ejemplo, el descenso de la tasa de desocupación, desde el pico de 20,7% alcanzado en 2003 hasta niveles en descenso de 16,3 (2004) y 13,2 (2005).

En 2007, según esta publicación, el porcentaje de población con ingresos por debajo de la línea de pobreza llegaría a un 30%. Y en 2015, bajaría al 20%. Para ese entonces, la indigencia y la pobreza extrema (primero de los Objetivos del Milenio) serían completamente erradicadas de la Argentina.

Pero los Objetivos del Milenio, como todo el mundo sabe, se alejan. El reloj del Monitor, más bobo que nunca, sigue marcando los días y las horas que faltan para una fecha límite que ya carece de significado.

En cuanto al Censo Nacional de la República Argentina, la ley (que nadie ha tenido el tino de reformar) dice que debe realizarse recién en 2011. De modo que habrá un Bicentenario con discursos y exposiciones y fuegos artificiales, pero sin una estadística que revele la situación económico social y el nivel de recursos humanos y productivos de la patria.

Dos claras advertencias

A falta de datos confiables del INDEC (institución que sobrevive a pesar de los ingentes esfuerzos del Gobierno y de la oposición por liquidarla), comienzan a difundirse reportes de observatorios y fundaciones de origen privado. Basándose en ese tipo de estudios (por ejemplo, los del Observatorio de Deuda Social de la UCA) y en los reportes de Cáritas y otras organizaciones que brindan cobertura a la población más pobre, el Episcopado argentino lanzó a principios de julio el dato de que ya casi el 40% de la población del país está bajo la línea de pobreza.

Por eso Jorge Casaretto, obispo a cargo de la Pastoral Social, le contestó al último llamado al diálogo del Gobierno nacional con un pedido muy concreto: “en primer lugar, no puede estar ausente la cuestión de la inclusión social (...) Además, debería potenciarse el plan Remediar (la distribución de medicamentos esenciales entre los más necesitados)”.

El economista Claudio Lozano, diputado por la ciudad de Buenos Aires del Proyecto Sur, hizo un reclamo en el mismo sentido, al lanzar la consigna Un Bicentenario sin hambre desde las páginas de los diarios.

“La desigualdad entre el 10% más rico y el 10% más pobre -escribió- saltó de 22 a 28 veces en 10 años. (...) Este panorama irrumpe con el rostro de 6,5 millones de pibes pobres y 3,5 millones de chicos hambrientos. (...) La solución es HOY, y el diálogo social cobraría sentido si su objetivo fuera garantizar un bicentenario sin hambre, ordenando el resto de nuestras políticas en función de esa decisión”.

Dirigencia, se busca

En los años ’30, último ciclo de aquella república conservadora y oligárquica que mostró su capital en oro (y también su gran deuda social) durante el Centenario, gobernaba el distrito de Avellaneda el caudillo Alberto Barceló, quien había descubierto ciertas llaves para conseguir el voto de los pobres.

La familia Barceló, a través de María Elena Barceló de Martín (hija de Alberto) y de la primera dama Mariana Boloque, había fundado una institución de Caridad que se ocupaba de la beneficencia, atendiendo a los pobres del distrito en el anonadante palacio de Lavalle 43, Avellaneda.

Trabajo, jubilaciones, pensiones, becas, ladrillos, alimentos y hasta “protección” (en el sentido mafioso del término) se dispensaban una vez al mes, cara por cara y caso por caso. En todas las escuelas de Avellaneda, por decisión del caudillo Barceló, se servía la llamada copa de leche (que en algunos casos -como tristemente se repite hoy- era la única ingesta de lácteos que tenían los chicos pobres, en el día).

Otra forma de contacto personal con los más humildes, si bien inserta en un contexto político diferente y representando un verdadero amanecer de la justicia social, fueron los encuentros que Eva Perón tuvo con los viejos, las madres y los desocupados en la oficina de la Secretaría (y luego Ministerio) de Trabajo y Previsión, allá por 1946. En aquel salón de planta baja de lo que hoy es la Legislatura porteña, fueron velados los restos de Evita en los últimos -lluviosos- días de julio de 1952. El fervor popular hizo que la cola para despedir a Evita llegara desde la Diagonal Sur hasta el fin de la calle Florida, atravesando el centro de la ciudad de Buenos Aires.

Dos momentos diferentes, casi sin punto de comparación, salvo en el hecho de que la Argentina contaba, a nivel político, social y cultural, con una auténtica dirigencia.

Hoy la pobreza presenta los mismos rasgos terribles que tenía por aquellos días: niños que no llegan al hombre, marcados por el hambre y el desprecio; viejos que se mueren entre imprecaciones, sin que el Estado se acuerde de ellos. Más el alcohol, la prostitución y la degradación moral, minando los cuerpos y las almas. Pero, además, la droga. Y los jefes de la droga. Y los socios y empleados de la droga, manejando los destinos de los pibes, en los cordones de pobreza de las ciudades.

La dirigencia actual, comenzando por el mismo vértice de la pirámide, sólo parece empeñada en hacer buenos negocios y enriquecerse a nivel personal, cabalgando de elección en elección, sin un proyecto estratégico, sin políticas de Estado y sin la mínima sensibilidad para oír el susurro agónico y el llanto sin lágrimas de los pobres.

¿De dónde va a salir la dirigencia, la nueva dirigencia que necesita nuestra patria? ¿De dónde saldrán las muchachas y muchachos que quieran cambiar, de verdad cambiar, estas malditas reglas de juego?

No tenemos certezas. Así como el INDEC no tiene estadísticas confiables, nosotros -perdón- no tenemos certezas. Sólo nos queda esta confianza irracional, profunda, en la riqueza del pueblo. Una riqueza superior a la de la tierra y los mares. Una reserva moral en la que creemos.

La batalla contra el hambre y la pobreza en la Argentina, no importa cuántas se hayan librado antes, recién comienza.

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Que ven cuando nos ven


Raquel Schrott - Ezequiel Miodownik (BIODIVERSIDADLA)

"...¿Cuál es el gran ojo detrás de esta red creciente de cámaras de monitoreo? Seguramente el eslabón final lo conforma la sociedad del miedo en su conjunto, la que pide y reclama mayores medidas de seguridad, la que regala el control y registro de sus datos personales, su privacidad..."

En los últimos años -el actual en particular-, la lista de municipios y grandes ciudades de la Argentina que vienen invirtiendo en el despliegue de centros de monitoreo urbano va en aumento[1]. La finalidad teórica de estas instalaciones es ayudar a prevenir el delito, o si lo anterior fracasa, responder con mayor rapidez ante esos hechos. Es así como los espacios públicos están siendo hoy filmados permanentemente a la espera de que alguno de los operadores vea algo que sea considerado irregular o aparentemente sospechoso.

Ni siquiera en una ciudad donde todos estemos siendo filmados, asistiríamos a una medida que nos esté poniendo a todos como iguales. En las urbes de la paranoia no todos seremos culpables hasta que una imagen demuestre lo contrario. En horas y horas de registros fílmicos de nuestros movimientos, los primeros en pasar por las lentes vigilantes -como muchos suponemos- serán los diferentes, los marginados, los que no conformes con lo que sucede a su alrededor deseen manifestarse y los que ya más nada tengan para perder.

Pero, ¿cuál es el gran ojo detrás de esta red creciente de cámaras de monitoreo? Seguramente el eslabón final lo conforma la sociedad del miedo en su conjunto, la que pide y reclama mayores medidas de seguridad, la que regala el control y registro de sus datos personales, su privacidad. Ajustando la mirada, estará allí también el Estado omnipresente, que igual de temeroso, actúa por miedo a la reacción que la sociedad podría tener ante la inacción del poder público frente a la tensión social que hoy se vive, cualquiera sea su origen y cualesquiera sean sus consecuencias.

Viaje a un centro de monitoreo

Provincia de Buenos Aires. Sobre una mesa hay varios monitores con sus teclados debajo. Otro teclado controla una computadora conectada a una pantalla de plasma de grandes dimensiones. Acceso a más de 30 cámaras, algunas de ellas tipo domo, con movilidad de 360 grados en sentido horizontal y de 0 a 90 grados vertical. Con su potente zoom las cámaras pueden cubrir unos 50 metros con nitidez "legal", vale decir, que el resultado de sus imágenes podrían ser usadas para señalar al ocasional culpable. A 200 metros pueden captar rostros, pero no se pueden usar como prueba, y a 300 metros uno puede ver lo que está sucediendo, pero difícilmente sea de utilidad en un juicio.

"No hubo una selección ideológica del personal, se me aclaró a grandes rasgos como sería el trabajo y que por ser experimental había muchas cosas que ni ellos mismos sabían", cuenta "X" -en adelante Juan-, operador en uno de estos centros. "Se me hicieron preguntas del tipo '¿usted prefiere la simetría o la asimetría?'-recuerda, intuyendo el perfil del vigilador que podrían buscar sus empleadores-, sin pensarlo dos veces dije con toda la seguridad del mundo 'la simetría'."

Cuando se presenta alguna eventualidad, el operador de turno debe seguirla hasta que los efectivos desplazados para contenerla (policía, ambulancia, bomberos, patrulla urbana, etcétera) se retiren. "Luego llega la hora de la planilla de papel, se anotan fecha, hora de inicio, lugar, descripción, hora final", explica el operador, agregando que las cámaras graban las 24 horas del día y que el software que las controla va borrando las grabaciones de más de una semana de antigüedad. "Puede ocurrir que el pedido de una fiscalía ocurra después de la semana de ocurrido el hecho, por eso es que tenemos la orden de copiar cualquier evento en otra carpeta para evitar su eliminación", puntualiza.

Según rememora Juan, en los primeros tiempos abundaron en estas planillas los comentarios discriminatorios dejados por otros operadores: "En una oportunidad unos pibes se pusieron en las inmediaciones de una ex fábrica a cazar palomas. Una somera y rebosante de veneno anotación dejó constancia en la planilla sobre el hecho: 'Menores arrojando piedras (morochos)'. En ocasión de ver a tres tipos propinando patadas a otro demasiado borracho como para levantarse, el operador tomó la expresión de horror y confusión del pobre tipo en lugar de las caras, perféctamente visibles, de los que le pegaban." A pesar de la cantidad de veces en que los funcionarios locales tratan de explicar los beneficios que traerían estos métodos de videovigilancia "en un año y medio ni un solo delito ha sido prevenido. En 2008, en tres cuadras que hacen las veces de paseo comercial, cubiertas por una de las cámaras domo, robaron 4 veces en poco más de un mes", sintetizó.

"En reiteradas ocasiones un operador denunció que a la salida de un bingo había, y cito: 'chicos pidiendo limosna'. La policía concurrió y al ver que los chicos no hacían nada ilegal, se retiraron. El evento fue registrado por el mismo operador durante más de un mes. Una de las cámaras domo apuntan a una cuadra donde se encuentran 4 boliches, del más bajo al más cheto. Imágenes de senos, traseros y pies abundan en las grabaciones. Hasta la fecha he visto al menos seis actos de violencia represiva, la fiscalía nunca vino a buscar una grabación", resume Juan sobre cómo la operación de estas cámaras puede desvirtuarse -si es que conservan aún alguna virtud-, e incluso como éstas pueden ser mudo testigo de la persecución y hostigamiento hacia los sectores más vulnerables de la población.

-¿Cómo fue tu inicio en el centro de monitoreo?

Hubo una mini entrevista. Nos hicieron algunas preguntas como para determinar si éramos "aptos" para el puesto. Se nos aclaró que era de los primeros centros de monitoreo -en realidad se nos dijo que era el único-, pero se abrieron simultáneamente en varias ciudades. Nos largaron frente a las cámaras, frente a los monitores donde están las imágenes, se nos dio una metodología de trabajo. Nosotros trabajamos con una línea de emergencias y se nos dieron ciertos lineamientos de como usar el software que se utiliza para las cámaras, pero en ningún momento hubo capacitación ni nada por el estilo. Se nos explicó cómo trabajaba la línea de emergencias y se nos dijo que lo que viéramos teníamos que pasárselo a ellos, y ellos se iban a encargar de mandar el recurso que fuera necesario.

-¿Qué duración tienen los turnos de trabajo?, ¿qué cantidad de cámaras y operadores hay?

Los turnos son de 4 horas los días de semana y de 6 horas los fines de semana. Hay gente las 24 horas trabajando ahí. Hay turnos en los que hay 2 operadores simultáneamente, pero te diría que obedece más a una cuestión de poner "gente conocida" o "gente del partido", porque los turnos donde hay 2 operadores muchas veces son turnos muy tranquilos en los que no hacen falta 2 personas.

Cámaras son "xx", de las cuales "x" son cámaras "domo", es decir poseen movimiento y un zoom que permite visualizar los eventos a distancia. Cuánto más lejos menos nítida va a ser la imagen y es menos probable que tenga validez legal. Podés llegar a ver un evento, que está pasando algo, pero si la fiscalía pide esas imágenes no van a servir para inculpar al "culpable", porque no tienen validez.

-¿Cuál es el sistema de trabajo?

En el momento que nosotros vemos un evento, tenemos que dar aviso al "xxx", la línea de emergencias, que está en una oficina por medio de la nuestra. Se hacía por medio de un intercomunicador que demostró no tener mucha utilidad, probó tener mucha más utilidad el viejo y buen método de pegar un buen grito. "xxx" enviará el recurso que fuera necesario, después tenemos que mantener informados a los tipos si es que ocurre algo, por ejemplo, si se envía policía y hacen falta refuerzos, o si hay un choque y se ve que hay gente herida, para que envíen ambulancias.

Hay una planilla de eventos en papel. Se anota el número de caso para poder ubicarlo más fácilmente y poder conectar tanto las grabaciones telefónicas como las de video, llegado el caso de que lo pida fiscalía. Por último, una vez que termina el evento, se guardan las grabaciones en una carpeta aparte con el número de caso y una somera descripción. Hay grabaciones que han misteriosamente desaparecido más de una vez, y son grabaciones que comprometen a boliches, donde han habido patovicas ejerciendo violencia, o la propia policía.

-¿Les piden puntualmente registrar algún evento o suceso en particular?

Se nos ha pedido en una reunión que si vemos "algo raro" -nunca se nos aclaró que cornos era algo raro-, lo grabemos y lo guardemos, aún si no amerita el envío de un recurso. Es decir, que si yo veo una persona que me parece "rara", veo un movimiento raro -como dijo la propia subjefa-, lo grabe y lo guarde aunque la persona, el grupo o lo que fuere no esté haciendo absolutamente nada.

En la terminal de ómnibus hay varias cámaras en el interior, en la plataforma. Ha habido un caso -a la mañana si no me equivoco-, en el que había vendedores ambulantes en la terminal y una operadora anota "vendedores ambulantes en la terminal (gitanos)". No se que tiene que ver el origen de los vendedores ambulantes con que hayan hecho un delito o no. Es más una especie de instinto facho, no hay algo, una orden escrita, no hay un lineamiento claro que seguir, pero indudablemente se recompensan esa clase de cosas.

-¿Cuáles fueron las situaciones más importantes que te tocaron registrar?, ¿entre operadores comentan lo que observan con las cámaras?

Yo en realidad veo a dos operadores más, el que está antes y el que está después que yo. En casi dos años hubo una sola reunión. Sí, se ven las grabaciones, porque las grabaciones quedan en la computadora donde fue producida, quedan en la planilla de eventos de lo que ocurrió, si hay algo que te interesa vas a la computadora y lo podés ver. Me ha tocado ver puntualmente un patovica con "armas blancas" en un boliche agrediendo gente; he sacado imágenes, grabado los videos, porque siempre pasa algo con ese tipo, siempre pasa algo en ese boliche, y siempre lo inicia la policía o los patovicas.

Por fin había una prueba buena, buenas imágenes, se veía la cara del tipo, se veía que tenía un arma, se veía que no era el único, se veía que había más personal del boliche con palos: la fiscalía no hizo nunca nada al respecto. Es para que le salga una úlcera a uno. He salvado un pobre tipo que estaba al borde del coma etílico, pero más allá de eso, lo que puntualmente aclaro -porque parece que fuera de gran utilidad el tema de las cámaras para la seguridad-, es lo siguiente: ha habido muy, muy pocos delitos vistos por las cámaras, muy pocos delitos que estén cometiéndose en ese momento, y creo que nunca, nunca han servido para prevenirlos. Nunca se ha frustado un delito gracias al sistema de cámaras, gracias al centro de monitoreo. Eso quiero que quede claro, porque hay mucha gente trabajando ahí, y hay muchas metodologías distintas de trabajo; ninguna ha servido para prevenir un delito.

-¿Están señalizadas estas cámaras en la vía pública?

No, no. No hay ningún tipo de señalización que indique donde están las cámaras. Hay cámaras más o menos visibles, porque están en lugares altos, pero en ningún lado dice donde están. Es más -no hay órdenes escritas-, pero se nos dice que no tenemos que revelar el lugar donde están las cámaras. Han llamado autoridades pidiendo grabaciones y les han dicho que ellos no pueden revelar el lugar donde están las cámaras, que en cualquier caso se tienen que poner en contacto con "la jefa".

Cuando empezamos se nos hizo firmar que no podíamos revelar nada de lo que viéramos ahí, lo que es entendible en el caso de un boliche, un sábado a la noche, y veo que entra "la novia de tal con cual", eso lo entiendo perfectamente. Lo que nos dijeron es que en la categoría de las cosas que "no tenemos que decir", las cosas de las que "no podemos hablar" ni contar a nadie, está la ubicación de las cámaras.

-¿Y todas esas filmaciones que destino tienen?

Cada computadora tiene 5 ó 6 cámaras, según la máquina. La que tiene menos tiene 4 y la que tiene más tiene 10, así que no está distribuido muy equitativamente. Se va grabando automáticamente todo, todo, no importa que haya movimiento o no haya movimiento, la cámara graba todo. Para generar espacio va eliminando las grabaciones más viejas. Por "ley" -o al menos eso se nos dijo-, las grabaciones tienen el plazo mínimo de una semana para estar guardadas. La mayoría de las grabaciones dura más en la mayoría de las computadoras. Una vez que ocurre un evento, se guarda, se copian los archivos y se "pegan" en otra carpeta dentro de la misma computadora donde están ordenados por "número de caso". Esas grabaciones teóricamente deberían quedar ahí.

Yo he visto que muchas grabaciones han desaparecido. Fiscalía es el único organismo "autorizado" a pedir grabaciones. Ha ido personal de fiscalía a retirarlas, han pedido grabaciones y se les entrega en DVD grabadas para que las examinen ellos. Lo que he notado es que si yo grabo un archivo en un DVD no tiene por qué "desaparecer" de mi computadora. Sí, he visto que muchas grabaciones han desaparecido. Grabaciones que no fue a pedir fiscalía. No se que fue lo que ocurrió, porque eso depende de la jefa y del departamento técnico.

-¿Cuáles serían entonces el tipo de grabaciones que más abundan?

Hay muchos incendios que lo único que se logra ver es el humo, muchos robos a comercios o a particulares donde se ve la llegada del móvil policial, la llegada de la patrulla urbana, donde el evento en realidad no se vio. Lo único que se ve es que llega un patrullero, y lo ves porque "xxx" (el número telefónico de emergencia) te avisa, sino tampoco lo ves.

Todos los días, yo calculo que entre las grabaciones viejas que se van pisando, que quedan descartadas y las cámaras domo, que cubren la zona donde hay muchos boliches, te imaginarás la cantidad de escotes, espaldas, etcétera, que quedan grabadas. Se usa la cámara para otra cosa. Muchas veces ha pasado que por mirar "una mina" se ha perdido un evento o al revés, por mirar "una mina" han justo llegado al "evento". Te lo tenés que tomar con humor, porque sino induce al suicidio este trabajo.

Dos botones más para la misma muestra

Caso I, xx/xx/xx

"Un policía se encontraba discutiendo con un muchacho, alguien -la cámara no captó quien- le tiró desde atrás un vaso. Cinco uniformados rodean al tipo que estaba discutiendo con él -quien obviamente no pudo haber tirado el vaso-, le arrancan la remera, lo golpean en el estómago con la culata de una escopeta y lo llevan a la bocacalle, mientras lo arrastran, lo golpean de vuelta con la culata en la cara. Se suman otros policías. Lo tiran al piso, lo patean, le pisan las manos y lo esposan. Lo llevan a golpes a un móvil policial y se lo llevan."

Caso II, xx/xx/xx

"Entra un llamado por ruidos arriba del techo de un depósito. Cuatro patrulleros con muchos uniformados armados se estacionan, pero no se deciden a subir. Finalmente sube uno y luego otro. Bajan a unos cinco o seis chicos, y cuando digo chicos, me refiero a infantes, los meten a patadas en dos móviles."

-¿Hay algo que te gustaría agregar?

Más allá de que las cámaras sirvan o no para la "seguridad" -trabajando ahí adentro no he visto que sirvan absolutamente para nada-, está el tema de los manejos políticos que hay adentro de toda dependencia municipal. Se usa mucho políticamente, como propaganda, el tema de las cámaras, exagerando la cantidad y el uso que tienen para prevenir la tan mentada inseguridad. Los manejos políticos que hay ahí adentro son terribles.

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Argentina: El acoso sexual es silenciado, denunciarlo es tabú (I)


Alejandra Waigandt (ARTEMISA)

El acoso sexual en el ámbito de trabajo se encuentra invisibilizado y el 90% de las víctimas son mujeres. Es urgente la legislación específica e intervención del Estado para garantizar ambientes de trabajos saludables y dignos, y la igualdad de oportunidades y trato entre varones y mujeres. Un testimonio exclusivo de Artemisa Noticias da cuenta de la humillación a la que son sometidas las víctimas.

El acoso sexual laboral es una forma de violencia que afecta principalmente a mujeres y en menor medida a varones homosexuales según relevamientos de los ministerios de Trabajo de Argentina y España (http://www.artemisanoticias.com.ar/site/notas.asp?id=6&idnota=6620). Sin embargo en Argentina no hay estadísticas representativas de este problema y se desconoce su dimensión. Tampoco se cuenta con una legislación nacional que castigue el hostigamiento sexual en el trabajo, subsane a la víctima y la proteja de perder su fuente de ingresos. Frente a esta desprotección y la posible estigmatización las personas afectadas no denuncian el delito y luchan para olvidarlo.

El caso de Graciela (nombre ficticio) es revelador. Tenía 24 años cuando fue acosada sexualmente por el gerente general de una financiera, a quién debía rendirle cuentas en forma directa porque los dueños eran inversionistas y no concurrían a la compañía. Ella ocupaba el cargo de tesorera y no era la primera vez que trabajaba en este tipo de empresas, donde la mayoría de los ejecutivos de cuentas son varones.

- ¿Hubo situaciones o acciones que te incomodaron ni bien empezaste a trabajar?

- La empresa recién arrancaba, éramos nueve personas y el grupo era muy unido, en ese contexto es que pasó eso, fue paulatinamente, me ponían muy incómoda las alusiones a mi persona como qué ojos grandes tenés. Había un compañero de trabajo que sobre este fulano decía... no es que no lo quiero nombrar... me olvidé el nombre... no me sale.

- Vamos a llamarlo esa persona.

- Esa persona tenía mucho éxito con las mujeres según mi compañero, que también me contaba que las dejaba inclusive con hijos de por medio.

- ¿Esa persona te hacía comentarios con connotación sexual?

- Sí, esos comentarios empezaron poco a poco, por ejemplo sobre la pollera que llevaba, decía que era corta. También hacía chistes fuera de lugar. Como una conversación de todos los días una vez conté que estaba contenta porque me mudaría con mi pareja y habíamos logrado comprar un sommier, el comentario de esa persona fue “Uy, así que te compraste el sommier, eso sí que está bueno para ya sabés, tiene un vaivén que no es el de un colchón común”, eran cosas totalmente desubicadas.

- ¿Había otras personas presentes cuando hacía ese tipo de comentarios?

- Las cosas más fuertes las decía cuando estábamos solos. Él tenía su oficina y al ser mi superior inmediato yo tenía que ir frecuentemente para autorizar movimientos bancarios y otros trámites. En ese constante ir y venir esa persona hacía ese tipo de comentarios, siempre utilizaba ese tonito... cuando me quedaba del otro lado del escritorio, no firmaba el cheque hasta que no diera la vuelta y me pusiera a la par.

- ¿Cómo te fueron afectando estas situaciones, por ejemplo dejaste de arreglarte?

- Eso me pasó inconscientemente. Al principio me arreglaba, me gustaba usar polleras, me sentía cómoda con ellas, pero después dejé todo eso, no usé más polleras, simplemente iba peinada y limpia, inclusive me descuidé, engordé bastante, estaba muy ansiosa, cada vez se ponía más complicado porque empezó a tirarme onda.

- Cuando vos manifestabas incomodidad o rechazo, ¿cómo reaccionaba él?

- Primero me decía cosas como “qué arisca” “hoy te levantaste de mal humor”. Si me mantenía cortante empezaba a decirme que era una frígida, “salí vos que sos más fría que tal cosa”; me mascullaba ese tipo de cosas ofensivas en ese ir y venir, en esa interacción laboral. También me trataba de histérica, eso lo hacía delante de otras personas. Yo manejaba mucha plata y estaba siempre muy tensa, él aprovechaba esa situación para decirme “mirá, todos los tesoreros son iguales, mirá que histérica que sos, mirá esa cara de culo”.

- ¿Se metió también con tu trabajo?

- Me niguneaba, como que mi laburo no era para tanto. En una oportunidad me tomé cinco días de vacaciones que se habían acumulado, y me pidió que enseñara el trabajo de tesorería a una cadete que había sido contratada recientemente. Cuando volví, él dijo que dejara un tiempo más a la cadete, asegurando que yo no era imprescindible; pasó un mes hasta que me devolvió mi puesto y en ese tiempo me obligó a hacer el trabajo de cadetería.

- ¿Hablabas con alguien sobre estas situaciones?

- No hablaba con nadie, estaba segura de que no me creerían. La recepcionista era la hija de él, ella y la contadora, después la cadete, eran las únicas mujeres en la empresa. Esa persona a veces pasaba por la puerta de mi oficina y me hacía gestos con la lengua, se pasaba la lengua por los labios. A veces tenía que ir a la recepción y era tener que disimular eso. Trataba de tapar todo, siempre pensando en que nadie iba a creerme, porque él era intachable. Cuando interactuaba con otras personas se comportaba como un caballero, se expresaba muy bien, por eso estaba segura de que nadie iba a creer que tenía esa otra cara.

Al igual que Graciela, hay muchas mujeres que soportan situaciones de acoso sexual laboral durante meses, en los casos más graves durante años, y guardan silencio. Este daño moral y psicológico que viven produce en las víctimas un sentimiento de culpa y vergüenza, y además tienen mucho miedo a las represalias. A veces ni siquiera son conscientes de que están siendo víctimas de acoso.

Alejandra Angriman, secretaria de Igualdad de Género y Oportunidades de la Central de Trabajadores Argentino (CTA), participa activamente en el ámbito sindical desde hace 10 años y en todo ese periodo conoció sólo cinco casos. “Las denuncias las hicieron mujeres a sus organizaciones de base”, aclaró.

La activista explicó que el acoso sexual y otros tipo de violencias en el trabajo forman parte de la agenda histórica de la CTA, sin embargo cuando “las compañeras plantean esta problemática los delegados varones tienen mucha resistencia a abordarla, no saben como encararla y a veces son muy incisivos porque no les creen”.

Hay comentarios clásicos con los que se intenta hacer recaer la responsabilidad en las víctimas, “se lo buscaron”, o incluso “les gusta”. No sólo no se la reconoce como víctima, sino que además se las acusa. De ese modo el acoso sexual es una forma de discriminación de género “íntimamente vinculada a los roles que se atribuyen a las mujeres y a los varones en la vida social y económica y a sus inevitables efectos en la posición de las mujeres en el mercado de trabajo”, analiza Natacha David, redactora jefa de la revista Le Monde Syndical.

Graciela continúa su relato.

- ¿Te dabas cuenta de que era una situación de acoso?

- No realmente. Pero me sentía como atrapada. La cosa empezó a ponerse espesa en cuanto a lo que decía y hacía. Durante las últimas horas de trabajo en la oficina quedábamos sólo él y yo, él porque era el gerente y yo por la sobrecarga de laburo; en esos momentos aprovechaba para decirme cosas. A veces apagaba las luces de la empresa y yo tenía que caminar en la oscuridad hasta la puerta de acceso, él me esperaba y decía ‘dale, vení’. La verdad no me había amenazado pero le tenía mucho miedo.

- ¿Qué temías?

- Me daba miedo quedarnos solos y que tomara represalias. Muchas veces pensé que podía llegar a atacarme directamente. Nunca llegó a eso, pero igualmente mi peor fantasía era que un día se cansara de la negativa y tuviera una reacción de ese tipo.

- ¿Estas experiencias afectaron tu salud?

- Sufría mucho cada vez que tenía que ir a trabajar. También padecía una especie de gastritis y un médico me reveló que tenía una enfermedad psicosomática. Hasta ese momento tenía una negación muy grande, no podía relacionar lo que me pasaba con el deterioro de mi salud, vivía en dos mundos, por un lado estaba el trabajo con toda esa hostilidad, y por el otro mi casa donde llevaba adelante las tareas con una sonrisa. Entonces el gastroenterólogo me dijo que evidentemente estaba somatizando un gran problema. Lo vi sólo dos veces en mi vida, pero hizo que me diera cuenta de que pasaba algo grave. Le conté lo que vivía en el trabajo y el médico me creyó, me dijo que era una situación de acoso sexual tan grave como para denunciarla y como para dejar ese trabajo. Me preguntó como había aguantado tanto tiempo.

- ¿Cuánto tiempo aguantaste?

- Y un año o más.

- ¿Hiciste la denuncia?

- No, quise olvidarme del tema. Lo que me dijo el médico me hizo reaccionar y hablé con mis seres queridos, le conté lo que sucedía primero a mi pareja y después a mi mamá. Poco después esa persona fue despedida de la financiera por motivos que no tienen nada que ver con lo que me pasó, entonces lo di por terminado, fue una pesadilla, inclusive ahora que te lo cuento es como que si otra persona hubiera pasado por eso.

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