viernes, 31 de julio de 2009

Honduras: De Palmerola a la Joya. Entresijos de un golpe


Néstor Núñez (especial para ARGENPRESS.info)

En la reciente Cumbre de MERCOSUR con sede en Asunción, el presiente boliviano, Evo Morales, volvía sobre un aspecto abordado más de una vez por estadistas del área, analistas internacionales y no pocos medios de prensa.

¿Cuál es el origen del golpe de estado en Honduras? se preguntaba el gobernante en su intervención ante el plenario. “A partir del punto de vista nuestro, afirmó a seguidas, es la intervención militar de Estados Unidos a través de su base militar (Soto Cano) instalada en ese país centroamericano.”

Y no están desatinados los que así piensan y se pronuncian. La página digital ESDELADEA, recordaba que luego de su obligada llegada a Costa Rica, secuestrado por los golpistas, el presidente Manuel Zelaya se refirió, al calificar a la asonada, como “una operación montada por el Grupo de Soto Cano", sin abundar en más detalles.

¿Qué relación existía entonces entre ese enclave militar compartido por ocupantes norteamericanos y las fuerzas armadas de Honduras, con los episodios del 28 de junio?

Palmerola, al parecer, fue otro de los entuertos que, a juicio de los sectores reaccionarios estadounidenses y la oligarquía hondureña, no podía ser pasado ser por alto en la gestión de Zelaya.

Aún cuando el sitio digital Joint Task Force-Bravo, Soto Cano Air Base, insista en que los casi 500 militares gringos radicados en el lugar son un factor de eficaz ayuda y colaboración para los pobladores locales, otra bien distinta es la historia.

Eva Golinger reseña que Estados Unidos mantiene operativa desde 1981 esa instalación castrense, ubicada a 97 kilómetros de la capital. Fue activada por el gobierno de Ronald Reagan, y en aquella época se convirtió en el escenario donde el coronel estadounidense Oliver North y contrarrevolucionarios de origen cubano, armaron y financiaron a los “contras” que agredían a la Nicaragua sandinista. Además, se operaba contra los movimientos rebeldes en toda Centroamérica.

“La base de Soto Cano, indica la analista, es la sede de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo (JTF-B) de Estados Unidos, compuesta por efectivos del ejército, las fuerzas aéreas, fuerzas de seguridad conjuntas y el primer batallón-regimiento número 228 de la aviación estadounidense. Son aproximadamente 600 personas y 18 aviones de combate, incluidos helicópteros UH-60 BlackHawk y CH-47 Chinook. Soto Cano también es la sede de la Academia de la Aviación de Honduras.”

Golinger recuerda que la “Constitución de Honduras no permite legalmente la presencia militar extranjera en el país”, pero un “acuerdo” que data de 1954, ligado al apoyo bélico que Washington presta al ejército hondureño, hizo posible la existencia del enclave hasta estas fechas.

Zona de peligro

El sitio digital CentralAmericaData reseña que a fines de mayo de 2008, Zelaya anunció la instalación en Palmerola, para ese agosto, de un quinto aeropuerto internacional civil con financiamiento nacional, ante la falta de inversores foráneos. Los fondos para la transformación de Palmerola provendrían del ALBA y Petrocaribe.

Poco antes, en Toncontín, considerado uno de los aeropuertos más peligrosos del mundo, una nave área de la línea TACA había enfrentado un accidente que dejó cinco muertos y 65 lesionados. Desde entonces Tegucigalpa había cerrado esa terminal a aviones de gran porte.

"Esa tragedia tan grave, dijo entonces el presidente, nos da una pésima imagen internacional y habla muy mal de un país que no toma decisiones... y esto tenemos que resolverlo lo más rápido posible", subrayó.

En diez años murieron en Toncontín 159 personas en accidentes aéreos, precisó el gobernante, quien insistió en “el deber de las autoridades de preservar la vida de los seres humanos como un fin supremo de la sociedad". Según Zelaya, un informe de la Aeronáutica Civil había recomendado trasladar Toncontín a Palmerola desde abril de 1994.

Palmerola está dotada con una pista de 2.700 metros de largo y 50 de ancho, mientras la de Tegucigalpa, construida en 1948, solo tiene 1.856 metros de largo, con obsoletos equipos de navegación.

Zelaya también fue claro al proclamar el derecho de Honduras de utilizar la pista de la base de Soto Cano, al tiempo que el entonces embajador norteamericano en aquella nación, Charles Ford, comentó públicamente que aunque "Honduras puede usar la base para la llegada de aviones comerciales cuando lo estime conveniente... hay que seguir ciertos acuerdos y protocolos"

Mientras, asegura el citado sitio digital CentralAmericaData, el alcalde de Tegucigalpa y presidente del opositor Partido Nacional, Ricardo Alvarez, reaccionó airadamente ante el anuncio del gobierno de construir el aeropuerto en la base aérea de Palmerola, en Comayagua.

"Una vez más demuestran el odio que le tienen a nuestro municipio", dijo el edil capitalino en un intento por sembrar el descontento público.

Por su parte, el presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, COHEP, Amílcar Bulnes, demandó del gobierno no asumir las obras. A tono con esa solicitud, medios de derecha no dudaron en poner sobre la mesa argumentos sumamente agresivos.

Así, al explicar la carencia de socios foráneos para la terminal aérea, se decía que el clima para la inversión no resulta favorable en un país donde “existe la amenaza de romper con el orden constitucional, dar un zarpazo a la carta magna y cambiar la forma de gobierno. Como si esto fuera poco- añadían- en la boca de los funcionarios oficiales las palabras nacionalización y confiscación están a la orden del día”.

En el fondo prevalecían intereses muy fuertes como para desatar la histeria de los oligarcas y los poderes norteamericanos: el traspaso de los grandes vuelos internacionales a Palmerola implicaría pérdidas de 220 mil dólares por día para la cúpula económica radicada en la capital; se trataba de una obra oficial con financiamiento de entidades integracionistas indeseables; y a la vez, el ejercer amplias actividades civiles en pleno corazón de la base Soto Cano implicaba una traba para su uso desmedido y sin control por los militares gringos. De manera Zelaya sumaba otro punto en contra entre los poderosos.

Los malos caminos

“Hugo Llorens presentó sus cartas credenciales como Embajador de los Estados Unidos de América en Honduras al Presidente Manuel Zelaya Rosales el 19 de septiembre de 2008. El señor Llorens fue confirmado como Embajador designado ante Honduras en abril de 2008.”, reza la página WEB de la representación diplomática norteamericana en Tegucigalpa.

Llorens, sacado de niño de Cuba mediante la operación CIA Peter Pan, que tajó a numerosas familias de la Isla con la historia de que el socialismo anularía la patria potestad, ha llegado a ser un eficiente funcionario de los sectores ultraderechistas de su país adoptivo.

Entre sus méritos académicos obra una Maestría en Ciencias de Seguridad Nacional en el National War College, y como parte de sus múltiples funciones en América Latina, entre 2002 y 2003 desempeñó el cargo de Director de Asuntos Andinos del Consejo Nacional de Seguridad en Washington, “siendo el principal asesor del Presidente (George W. Bush) y del Director del Consejo sobre asuntos relacionados con Colombia, Venezuela, Bolivia, Perú y Ecuador” justo cuando se produjo la asonada golpista contra el gobierno de Hugo Chávez.

Muy Ligado al tenebroso Otto Reich, no parece que haya resultado casual su llegada a Tegucigalpa nueve meses antes del golpe contra Zelaya para sustituir a Charles Ford, el personaje que tuvo la tarea poco grata de proponerle al jefe de estado, a sugerencia de W. Bush, que el terrorista Luis Posada Carriles fuese autorizado a vivir en Honduras, solicitud denegada de cuajo por el presidente.

Hugo Llorens, el embajador de Estados Unidos en Honduras admitió haber participado en reuniones donde se discutieron los planes de golpe antes del secuestro del presidente Zelaya el 28 de junio último, y ha estado al tanto de las maquinaciones de ciertos sectores norteamericanos para legitimar el cuartelazo bajo el disfraz de la mediación conducida, a pedido de Washington, por Oscar Arias, todo un experto en desmovilizar la resistencia popular en Centroamérica.

Y el tal personaje sabe lo que hace y lo que pasa, por encima de la mascarada en torno a que la problemática hondureña es el hipotético producto de “un conflicto de poderes”. El y quienes le mandan no son ajenos a la violencia militar, a la vuelta de los grupos paramilitares, a los manifestantes baleados, a las golpizas a quienes protestan y reclaman, y a los desaparecidos, que a un mes de dictadura ya suman casi 190, según denuncias de organizaciones populares.

¿A que viene entonces la imperturbable permanencia, desde el pasado 6 de julio, en la portada del sitio WEB de la embajada norteamericana en Tegucigalpa, de una nota que insta a los ciudadanos estadounidenses a no viajar a Honduras, y si la hacen por pura necesidad, a abstenerse de andar por las calles y a asumir con celeridad todas las órdenes de los militares? ¿Hay o no hay un clima de violencia y represión oficial?

Lo máximo

Gladis Lanza, Directora del Movimiento de Mujeres hondureñas por la Paz, no pensó volver a vivir en el temor. Sin embargo, ya recibió una advertencia personal de Billy Joya, el asesor de seguridad del presidente de facto, Roberto Micheletti, para que “permanezca tranquila”.

La veterana luchadora asegura haberse encontrado más de una vez con este personaje, signado como torturador y asesino en sus tiempos de oficial del siniestro Batallón 316, formado a instancias de la CIA para “eliminar opositores” en décadas pasadas, y creador del comando represivo “Cobras” junto a sus asesores norteamericanos, un cuerpo elite de verdaderos matarifes.

Hace unos días se conoció que un grupo de encapuchados asaltó en plena noche la casa del cuñado del ministro legítimo de la presidencia, Enrique Flores Lanz. Bajo amenaza de muerte, los esbirros de Billy Joya exigían el material de la consulta popular organizada por Zelaya, y que no pudo completarse por el golpe de Estado.

Por su parte, el presidente del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras, Eulogio Chávez, denunció que está sujeto de seguimiento por paramilitares de Billy Joya, como también ocurre a otros dirigentes del movimiento social hondureño que condenan el golpe de estado.

Mientras, entre los manifestantes contrarios a la asonada, han sido detectados más de una vez paramilitares entrenados en identificar “cabecillas subversivos” o listos para desencadenar provocaciones que estimulen una mayor violencia policial y militar.

Es la obra de este “exponente de la nueva democracia hondureña”, que se refugió en España porque en Honduras se le buscaba desde octubre de 1995 por el arresto y desaparición de seis estudiantes universitarios; que residió tranquilamente en uno de los edificios más emblemáticos y costosos del barrio sevillano de Los Remedios; y que vivó durante sus 28 meses de prófugo a cuenta de las remesas de su cuñado, con quien compartía una empresa de seguridad en Honduras.

El hoy flamante jefe de la seguridad golpista indica por si mismo la catadura de Micheletti y su equipo, a la que Washington y sus aparatos mediáticos insisten en llamar “nuevas autoridades hondureñas”, “gobierno en funciones” y las mil y una alegorías con las que suelen tapiar las incómodas verdades ajenas a sus propósitos.

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El pretexto de Uribe para avalar las bases gringas: En el mundo de la venta de armas el país productor nunca sabe a qué manos van a parar


Dick Emanuelsson (especial para ARGENPRESS.info)

En esto del comercio de armas por parte de los países productores hay mucho de doble moral. Por un lado, es impensable que un país le pida a otro explicaciones por el destino de las armas por él fabricadas porque en la economía de mercado al comprar determinado producto deja de ser propiedad del productor para ser propiedad única y exclusiva del comprador.

Lo que el comprador haga con el producto vendido es cosa del comprador y a él y sólo a él le cabe la responsabilidad si la vende más adelante, o las regala, o las use indebidamente, o sea, puede hacer lo que le dé la gana con el producto adquirido. Así como el productor de una camisa, productos químicos que se usan para producir cocaína, o armas, ya no tiene ningún derecho sobre el producto vendido, tampoco tiene derecho a exigir por el uso dado al producto vendido.

En el caso de las armas los países productores saben que el producto que ellos fabrican y comercializan no es un producto para producir bien a la humanidad. Es un producto para la destrucción. Una destrucción muy especial. La destrucción de la vida del ser humano. Y ese producto y la destrucción de vidas humanas se convierte -al comercializarlas- en dinero. Nada más que en vil dinero. Ahora bien, ¿cuántos millones de dólares mueve la industria de armas en el mundo? ¿Cuánto mueve Suecia?

Por ello es muy extraña esa doble moral que muestran las autoridades suecas cuando le exigen a la república bolivariana de Venezuela ´explicaciones´ sobre las armas que ellos les vendieron al gobierno venezolano. Que entre otras cosas, no fueron compradas por el gobierno del Presidente Hugo Chávez Frías, sino vendidas hace más de 20 años. En esos 20 años es mucha el agua que ha corrido debajo del puente.

Esas armas, 3 según parece que son, bien pudieron ir a parar a las FARC -si es verdad que las FARC las tenían-, vendidas por los que en muchos ejércitos del mundo trafican con las armas que tiene ese ejército. O pueden haberse perdido. O desechadas por dañadas, botadas y recogidas y reparadas por expertos artesanos de armas. Como se vé son muchas las posibilidades así como muchos son los interrogantes que aún subsisten.

Colombia montó una alharaca pero todavía no ha mostrado uno de los lanzacohetes. Pareciera por el escándalo que fueran más que 3 lanzacohetes, pero apenas son tres según dice el gobierno colombiano! Tres! Me pregunto: Las autoridades suecas se han preguntado por las muertes de los miles de personas que han producido las armas suecas en el mundo? Han exigido explicaciones a los usuarios de las armas por ellos fabricadas?

La respuesta naturalmente es NO. Y es no por lo dicho anteriormente sobre la economía de mercado. Ahora bien, países como Estados Unidos, Bélgica, España, y demás fabricantes de armas han exigido ´explicaciones´ cuando sus armas asesinan seres humanos en Oriente Medio, Irak, Afganistán, Colombia, África, incluso en los mismos Estados Unidos? La comunidad internacional debería -y debe- entonces instaurar demandas ante la CPI por los miles de muertos causados por sus armas asesinas.

¿Qué tendríamos que decirles a los fabricantes de los G-3 que Carlos Andrés Pérez le ´donó´ al FSLN? ¿Qué ´explicación´ se le pediría al ´Gocho´ Carlos Andrés? Qué explicaciones le pediríamos a los Estados Unidos por los miles de rifles M-14 y demás fusiles estadounidenses que legan a manos de las bandas de narco-paramilitares con las cuales han asesinado ya más de 147.000 colombianos?

¿Por qué farisaicamente condenan sólo hacia un lado, el lado de los sectores populares latinoamericanos, pero para el otro lado su mirada se dirige en sentido contrario? ¿Por qué tanta bulla con lo de los lanzacohetes? ¿Por qué Suecia, mi país, se presta a un espectáculo mediático que ha podido ser solucionado por los canales diplomáticos? ¿Por qué Suecia se alinea al lado de Uribe y compañía? ¿Cuáles son los intereses que mueven éste alineamiento? ¿Serán las inversiones suecas en Colombia? ¿Serán las inversiones futuras en la industria del biocombustible, industria que se ha erigido sobre el desplazamiento de más de 4,5 millones de colombianos?

Triste papel el que está jugando el gobierno de derecha sueco. No debemos olvidar que los vendedores de armas son cómplices de todas las muertes que causan ´sus´ armas. Desafortunadamente esa es la triste realidad.

Foto: Colombia – Alvaro Uribe. / Autor: César Carrión Ayala - SNE

Dick Emanuelsson es reportero sueco en América Latina.


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Lanzagranadas suecas a Honduras y Venezuela y una base naval construida en Colombia por los suecos que ahora será de los Estados Unidos


Dick Emanuelsson (especial para ARGENPRESS.info)

Mi amigo y excelente periodista Jorge Capelán me envió desde Suecia unos archivos sobre Honduras. En la tabla 8, que trata del equipamiento militar de las FF.AA. hondureñas, podemos observar que esa institución había adquirido y poseía el 1993 de 120 lanzagranadas modelo Carl Gustav de la industria militar BOFORS, Suecia. La fuente es tomada en ‘Based on information from The Military Balance, 1993- 1994, London, 1993, 180; and Jane's Fighting Ships, 1993- 94, Alexandria, Virginia, 1993, 442.’ [1].

Esta empresa privada, hoy en la mano de la familia Wallenberg, prácticamente dueño de Suecia con empresas transnacionales como Ericsson, SKF, SAAB, Scania, Electrolux, etcétera en su poder, estuvo involucrada en un tremendo escándalo en la década '80 con ventas de armas pesadas como cañones Haubits a India a un costo, si no me falla la memoria, de 8,5 mil millones de dólares. Fue contra toda la legislación sueca sobre exportación de productos de armas a países en conflictos armados. Pues ese año y hasta hoy, India tiene un conflicto no resuelto con Pakistán.

Ahora se han vuelto palomitas, tanto el gobierno de derecha sueco como la empresa y se indignan porque, supuestamente, Venezuela (y Chávez?) ha entregado tres lanzagranadas a las FARC, ojala que fuera verdad pero no lo creo.

Creo que es una trampa y viejas armas que han sacado de la bodega ahora para desviar la atención de las cinco bases militares que los gringos quieren después que el pueblo ecuatoriano, a través de su nueva constitución, les han dado a los gringos la patada a tras y han sido obligados de dejar la base de espionaje en La Manta. Sin embargo, refuerza la guerra psicológica y los intentos de aislamiento contra Venezuela.

Lo que si es preocupante, pero todos lo sabíamos, es que Suecia otorgó créditos por 250 millones de dólares el 1982 en garantía de crédito para la construcción de la base marina de Bahía Málaga, 20 kilómetros de Buenaventura en la costa pacífica. El organismo estatal se llama Exportkreditnämnden, EKN, y avala financiamiento a empresas suecas que operan en el mundo y si hay grandes riesgos para las inversiones, pues el EKN puede entrar y otorgar las garantías y las pérdidas si la empresa no consigue el pago por los gobiernos compradores.

Fue la constructora sueca ABV que construyó la base naval en la costa pacífica colombiana y la transnacional Ericsson que instaló el sistema de comunicación, pese que no era un secreto para nadie que Colombia desde el 1964 tenía un conflicto social y armado.

En julio 1988, estando en Colombia, pedí permiso al jefe de la obra, un sueco de la ABV, para entrar a la obra de construcción para hacer un reportaje. Pero como era la Fuerza Naval que estuvo como el “comprador”, los militares&marinos colombianos me negaron la entrada.

Al regreso a Suecia hice un extenso reportaje en el diario Flamman que ese año resultó en un escándalo para el gobierno socialdemócrata. El caso fue llevado al "Konstitutionsutskottet", KU, el órgano de revisión del trabajo del gobierno del parlamento sueco, ya que la licencia para exportar productos, conocimiento o favores militares a países en o con conflictos bélicos es prohibido, según la legislación sueca. Pero se defendieron para la financiación de la base con el argumento que serviría para cazar contrabandistas de Panamá y salvavidas para pescadores colombianos. Lo que no se decía fue que ya el 1944, expertos de Pentágono había recomendado al gobierno colombiano de instalar una base marina justamente en Bahía Málaga porque era uno de los pocos lugares naturales que tenía una profundidad excelente para recibir buques de guerra que necesitaba la profundidad para anclar allá. Pero los planes fueron archivados por 35 años.

Ahora dicen los alarmistas y las palomas que la empresa Bofors/Suecia vendió 1988 una cantidad de lanzagranadas a Venezuela, entonces gobernado por la Cuarta Republica. Lo chistoso es que ahora han encontrado tres lanzagranadas en un campamento guerrillero que fue tomado en septiembre del 2008, es decir hace casi un ano! Y primero ahora sueltan la “noticia” cuando la crítica en Colombia y en América Latina aumenta contra la ocupación de cinco bases militares por parte de Estados Unidos y el Comando Sur.

¡Y resulta que una de esas cinco bases es justamente Bahía Málaga, situada entre Ecuador y Centroamérica/Nicaragua en la costa pacifica!

Los generales gringos bajo Obama no son tímidos. El diario El Espectador dice en su edición el 17 de julio que ‘otro de los pedidos que Estados Unidos ha planteado, señala que en caso de que un tercer estado requiera colaboración militar, es asumir el mando de dicha operación, teniendo en cuenta que la intervención sería únicamente con el propósito de “defender la democracia y la libertad de la nación”.’ [1]

Es decir, que Casa Blanca esta dispuesta de utilizar la base naval de la Bahía Málaga, construida por mis compatriotas, como plataforma para lanzar una guerra contra Ecuador, Nicaragua para, como dicen ellos, “defender la democracia y la libertad de la nación”. Además, podría ser sin embargo con todo el poderío militar que tienen en Colombia contra el mismo pueblo colombiano en el caso de una sublevación popular de mayor escala que la actual insurgencia armada en el país.

Pero volviendo a la situación actual en Centroamérica y Honduras, la lógica pregunta que uno se hace es: ¿Por qué no los gringos no se prestan para restituir al presidente Manuel Zelaya en Honduras si son tan serviles si se trata de bases militares en Colombia?

Y volviendo al tema de los lanzagranadas supuestamente encontradas en la selva del departamento de Guaviare en Colombia, que es en un terreno de una selva casi impenetrable. Allá es imposible para tanques o tanquetas u otros vehículos militares a entrar y ser objetos para esa arma en supuesto poder de la guerrilla. La guerrilla podría utilizarlo en campos abiertos o en emboscadas en las carreteras, pero imposible en la selva. Y eso sabe cualquier militar o muchacho que ha hecho el servicio militar, sobre todo los colombianos. Pero se quedan callados ante el espectáculo y show mediatico de Uribe y la embajada norteamericana en Bogota. La guerrilla no tiene problemas de conseguir armas, los mismos militares colombianos, como el caso del general Samudio es ilustrativo y resulta que ese año mágico, el 1988, el general vendía un tremendo lote de armas a sus peores enemigos que eran las FARC pero los billetes no huelen nada para gente corrupta.

En Honduras o en Centroamérica, la corrupción es tan grande que hasta las madres se venden por parte de las oligarquías locales sin cerrar los ojos. Y acá había, por lo menos el 1993 según la inteligencia británica, 120 lanzagranadas suecas en el poder de los militares hondureños.

Y si los generales son capaces de hacer un golpe militar en el Siglo XXI, ¿no serían capaces de vender tres lanzagranadas en el mercado negro?

[1] http://www.country-data.com/frd/cs/honduras/hn_appen.html#table8

[2] “A EE. UU. también le interesaría estar en bases navales colombianas”, Por: Redacción Judicial / Elespectador.com, 17 Jul 2009 - 10:42 am
http://www.elespectador.com/estados-unidos/articulo151175-ee-uu-tambien-le-interesaria-estar-bases-navales-colombianas
Source: Based on information from Economist Intelligence Unit, Country Report: Nicaragua, Honduras [London], No. 1, 1994, 6; and Economist Intelligence Unit, Country Report: Nicaragua, Honduras [London], No. 2, 1993, 5.
http://www.country-data.com/frd/cs/honduras/hn_appen.html#table8
Foto: Lanzagranadas Carl Gustav 84 mm

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Sigue el dinero: La ofensiva imperial en América Latina se evidencia en dólares


Eva Golinger

• El Presupuesto de la USAID y el Departamento de Estado aumenta el 12% para el año 2010, con 2,2 mil millones de dólares destinados a América Latina

• 447,7 millones de dólares son para “promover la democracia” en América Latina

• 13 millones de dólares para “promover la democracia” en Venezuela

• 101 millones de dólares para “promover la democracia” en Bolivia

• 3 millones de dólares para un fondo especial para la OEA para “consolidar la democracia representativa en Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela”

• 20 millones de dólares para la “transición hacia la democracia” en Cuba

• El Presupuesto del Comando Sur aumenta en un 2% para llegar a los 200 millones de dólares para el 2010 más 46 millones de dólares adicionales para mejorar la base militar de Palanquero, Colombia, para el uso estadounidense

No existe duda ninguna sobre la escalada de agresión imperial en América Latina durante los últimos años. Desde el golpe de Estado contra Venezuela en 2002, el secuestro del presidente Aristide de Haití en 2004, las intervenciones en los distintos procesos electorales en la región, la reactivación de la cuarta flota de la armada estadounidense en 2008, los intentos de generar un conflicto regional entre Colombia, Venezuela y Ecuador, el separatismo en Bolivia, y hasta el golpe de Estado contra Honduras en 2009 y el alarmante aumento en presencia militar de Estados Unidos en la región – todo evidencia que el imperio está a la ofensiva de nuevo en América Latina. Pero más allá de la manifestación visible de esta agresión, que busca neutralizar los procesos de cambio revolucionario en la región, existen pruebas contundentes –innegables- de que hoy en día, Washington está apuntando hacia el Sur con su gran poder militar, diplomático, económico y comunicacional.

Sigue el dinero y encontrarás la verdad

La evidencia sobre el aumento en financiamiento durante los últimos años de las agencias de Washington a los sectores de la oposición en Venezuela, Bolivia, Ecuador y otros países que están construyendo modelos alternativos al capitalismo estadounidense, se han presentado, se han denunciado y no se ha desmentido. Que existe una tendencia de financiar y apoyar a la desestabilización regional por parte del imperio, desde la llegada de la Revolución Bolivariana hace diez años, es un hecho. Pero no tenemos que examinar la evidencia desde los diez años hasta hoy, podemos simplemente mirar de hoy al futuro para comprobar que Washington financia no solamente a la desestabilización regional, sino que también está aumentando esa financiación e intensificando sus planes militares para los próximos meses.

La USAID, Agencia de Desestabilización Internacional

La agencia que comenzó como el brazo financiero del Departamento de Estado en el año 1962 para atender a los asuntos “humanitarios”, se ha convertido durante el siglo XXI en uno de los actores principales de la contrainsurgencia bajo la nueva doctrina de Guerra Irregular de Washington. A principios del año 2009 fue firmada ésta doctrina por el recién llegado presidente de Estados Unidos, Barack Obama, como parte de su nueva política de “smart power”, el poder inteligente, una política que emplea el uso del poder militar junto con la diplomacia, la cultura, la comunicación, el poder económico y la política. Hay dos grandes puntos de diferencia entre la Guerra Irregular y la Guerra Tradicional: el objetivo y la táctica. La Guerra Tradicional ve como objetivo la derrota de las fuerzas armadas del adversario, y su táctica principal es el uso del poder militar en su forma más tradicional – el combate y el bombardeo. La Guerra Irregular tiene como objetivo el control sobre la población civil y la neutralización del estado, y su táctica principal es la contrainsurgencia, que es uso de técnicas indirectas y asimétricas, como la subversión, la infiltración, las operaciones psicológicas, la penetración cultural y la decepción militar (el intento de engañar a las fuerzas armadas del adversario para que reaccionen a amenazas que no existen en la realidad, así distrayendo y desgastando sus capacidades y recursos).

Durante el siglo XXI, la USAID ha desarrollado divisiones dentro de la agencia que funcionan juntos con el Pentágono, como las oficinas de Gerencia de Conflictos, Transición y Reconstrucción, Democracia y Gobernabilidad, e Iniciativas hacia una Transición, que están reorientando su trabajo hacia los esfuerzos de contrainsurgencia. Así, la USAID se ha convertido en el actor principal financiero de la desestabilización y la penetración en la “sociedad civil” en países estratégicamente importantes para los intereses estadounidenses.

En el caso de América Latina, las cifras de inversión financiera de la USAID en los grupos políticos y en la “promoción de la democracia”, que se traduce en términos reales como una invasión silenciosa, son abrumadoras. A través de una Oficina para las iniciativas hacia una transición (OTI, por sus siglas en inglés), que fue establecida en Venezuela en agosto 2002, la USAID ha invertido 15 millones de dólares en el conflicto político en Venezuela solamente durante el último año y medio. Y tiene previsto una financiación de 13 millones de dólares para el año 2010, un incremento notable del año pasado. Estos millones de dólares alimentan el conflicto en el país, manteniendo vivo a diferentes grupos de oposición y ayudando crear nuevas organizaciones para seguir con sus planes desestabilizadores. Los beneficiarios son conocidos: Súmate, Sinergia, CEDICE, Red de los Barrios, Primero Justicia, Consorcio Justicia, Universidad Metropolitana, Liderazgo y Visión, CESAP, y cientos de otros grupos políticos, ONG y partidos políticos que viven del dinero y el apoyo que vienen desde Washington.

Por toda América Latina va aumentando el presupuesto de la USAID y el Departamento de Estado (DOS) para promover la agenda y los intereses de Washington. Vemos algunos ejemplos:

Bolivia: Presupuesto de la USAID/DOS para 2009 = 86 millones de dólares; Presupuesto para el 2010 = 101 millones de dólares;

Ecuador: Presupuesto de la USAID/DOS para 2009 = 35 millones de dólares; Presupuesto para 2010 = 38 millones de dólares;

Honduras: Presupuesto de la USAID/DOS para 2009 = 43 millones de dólares; Presupuesto para el 2010 = 68 millones de dólares;

Nicaragua: Presupuesto de la USAID/DOS para 2009 = 27 millones de dólares; Presupuesto para 2010 = 65 millones de dólares.

También hay un fondo especial en 2010 de 3 millones de dólares para el Fondo para Fortalecer la Democracia de la Organización de Estados Americanos (OEA), para “defender y consolidar la democracia representativa en Nicaragua, Venezuela, Ecuador y Bolivia…” No es casualidad que el fondo va dirigido a promover la “democracia representativa” en cuatro países donde se están implementando un modelo de democracia participativa. Tampoco es coincidencia que son países del ALBA, y que Honduras no está incluida en la lista, ya que con el golpe de Estado contra el Presidente Zelaya se daba por resuelto la “amenaza” de la democracia participativa en ese país.

Adicionalmente, el presupuesto del Departamento de Estado para el año 2010 incluye 447,7 millones de dólares para “mejorar la seguridad, fortalecer las instituciones democráticas, promover la prosperidad e invertir en la gente” en América Latina. Dentro de ese monto hay 200,7 millones de dólares destinados a Colombia para “consolidar los logros del gobierno de Colombia en la lucha contra los grupos ilegales y armados y el narcotráfico”, y 20 millones de dólares para “promover la democracia” en Cuba, “ayudar a los presos políticos y otras víctimas de represión” y “promover la competición política dentro de Cuba. Ese presupuesto incluye también a 6 millones de dólares para “fortalecer y promover la sociedad civil, la participación ciudadana, los medios independientes, las organizaciones de derechos humanos y los partidos políticos democráticos” en Venezuela, y un fondo de 91.1 millones de dólares para el uso discrecional del Presidente Obama para “promover los intereses” de Estados Unidos en la región. El año pasado, éste fondo sólo llegaba a 23 millones de dólares.

En total, son 2,2 mil millones de dólares que utilizarán el Departamento de Estado y la USAID en América Latina durante el año 2010. Este es un aumento del 12% del presupuesto del año 2009, último año de la administración de George W. Bush, que apartaba unos 1,9 mil millones de dólares para América Latina. Todas estas grandes cifras evidencian el énfasis que pone el gobierno de Obama en su trabajo político en América Latina y la intención de retomar la dominación e influencia de Estados Unidos en el hemisferio.

El Comando Sur se potencia de nuevo

Pero no solamente es el Departamento de Estado y la USAID que han recibido un salto financiero para intensificar sus operaciones en América Latina, sino que la Guerra Irregular y el “smart power” (poder inteligente) de la administración de Obama también emplean el uso del poder y fuerza militar. En este sentido, el presupuesto que ha solicitado Obama para el Pentágono para el año 2010, sobrepasa el último presupuesto de Bush – considerado en su momento el más alto de la historia – por casi 25 mil millones de dólares. Son más de 533 mil millones de dólares solicitados y aprobados por el gobierno de Obama para sus operaciones en materia de defensa para el año que viene (el presupuesto del Pentágono del año pasado fue 515.4 mil millones de dólares). Esta cifra no incluye a los 80 mil millones de dólares adicionales para las guerras en Iraq y Afganistán, y tampoco incluye al presupuesto de la comunidad de inteligencia de Washington, lo cual se mantiene en secreto.

Pero dentro de esta inmensa cifra – sobre la cual las Naciones Unidas han dicho que con sólo una cuarta parte del presupuesto de defensa de Estados Unidos de un año, se podría dar comida, casa, atención médica y educación a todos los niños y las niñas del planeta – hay aportes interesantes para América Latina. El aumento del Comando Sur para 2010 es de 2% para llegar a 200 millones de dólares, más 46 millones de dólares adicionales para mejorar las instalaciones de la base militar en Palanquero, Colombia. También, el presupuesto del Pentágono indica que una de las prioridades presupuestarias es la implementación de la Doctrina de Guerra Irregular, incluyendo en la zona de operaciones del Comando Sur. Específicamente destaca que, “El presupuesto del 2010 para el Comando Sur completará su transformación y reorganización para ser una organización “inter-agencias”, que posiciona a Estados Unidos como el socio más atractivo en las Américas. El Comando está marcando el estándar para asegurar que la organización opera de manera eficaz en un ambiente del siglo XXI, y que promueve la democracia, los derechos y las libertades individuales, el libre comercio, la diplomacia, el desarrollo y la seguridad para las Américas.” En esencia, el “smart power” como táctica de la Guerra Irregular, que emplea el uso del poder militar.

La Privatización de la Guerra en Colombia

Y adicional a estas cifras multimillonarias están los más de 550 millones de dólares destinados anualmente para el Plan Colombia. Casi la mitad de esos millones llegan a manos de contratistas privados que operan como mercenarios de un ejército privado dentro del país suramericano. Algunos datos de un documento desclasificado del Departamento de Estado del año 2007, revelan las operaciones, nombres y cantidades otorgadas a 31 contratistas estadounidenses trabajando en Colombia. La información evidencia que la Policía Nacional de Colombia, las fuerzas armadas colombianas y hasta los cuerpos de inteligencia son manejados por contratistas privadas de Estados Unidos, que son pagadas por el Departamento de Estado y el Pentágono.

Aquí hay algunos de ellos:

• 52.868.553 dólares para Lockheed Martin, gran empresa del complejo militar industrial, encargada de suministrar apoyo logístico y recursos humanos para ayudar a la Policía Nacional de Colombia.

• 164.260.877 dólares para DynCorp International, para la provisión de pilotos, técnicos y apoyo logístico para el Ejército colombiano y el programa de erradicación aérea de la Policía Nacional de Colombia.

• 7.875.000 dólares para ARINC, Inc., para el apoyo logístico, ingenieros, mantenimiento de sensores y formación a la Policía Nacional de Colombia en el uso de aviones C-26 equipados con equipos de monitoreo, espionaje y colección de señales.

• 20.953.000 dólares para ARINC, Inc., para formar personal y suministrar apoyo logístico para los aviones que utilizarán en el Programa Colombiano de Puentes Aéreos y la supervisión aérea de las fuerzas estadounidenses.

• 5.000.000 dólares para Oakley Networks para suministrar un software de monitoreo de Internet y para ayudar los programas conducidos por la Policía Nacional de Colombia de monitoreo en Internet.

• 6.533.502 dólares para ITT para operar y mantener un Sistema de Radares Hemisféricos en Colombia. También suministrar los recursos humanos para operar cinco radares en Colombia y un nodo de comunicación satelital en Bogotá.

• 2.345.442 dólares para Lockheed Martin para operar un sistema de inteligencia y espionaje aérea, que incluye a la conducción de misiones de inteligencia comunicacional y la colección de sensores e imágenes.

• 3.394.768 dólares para el Grupo Rendon (a través de Lockheed Martin) para dar talleres de formación sobre operaciones psicológicas en apoyo al Plan Colombia. Esto incluye al uso de una plataforma del programa Echelon de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de Estados Unidos, que es el programa de espionaje y comunicaciones más grande del mundo.

En una próxima entrega, detallaré más sobre los contratistas privadas operando desde Colombia, y también, divulgaré una lista creciente de organizaciones políticas en América Latina financiadas por la National Endowment for Democracy (NED) para promover la agenda imperial. El dinero revela todo, y de descubrirlo y denunciarlo, destapamos la conspiración.

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El poder popular y el futuro de la revolución en Venezuela


Homar Garcés (especial para ARGENPRESS.info)

Para evitar la desviación y la debacle del proyecto revolucionario bolivariano en Venezuela se hace imperativo que los sectores populares revolucionarios retomen los ideales de transformación y de justicia social que lo inspiraron, asumiendo una posición de verdadera insurgencia popular que contribuye al logro y a la profundización de los diversos cambios que se derivarían de la implementación verdadera del socialismo.

Sin embargo, observamos un triunfalismo entre algunos de los personeros del chavismo que roza la prepotencia y el sectarismo partidario más absolutos, sin permitirse admitir la existencia y los aportes de otras organizaciones sociales y partidistas que respaldan dicho proyecto en nombre del socialismo. Esto último está creando un profundo abismo entre todas estos factores políticos y sociales, alimentado por quienes detentan cargos de elección popular que ven en los mismos una grave amenaza para sus intereses particulares y grupales, llegando al colmo de acusarlos públicamente de estar alineados con los grupos de la oposición. Por ello mismo, es vital que se comiencen a generar los mecanismos de participación y de protagonismo que, a su vez, le darán sustentabilidad al poder popular como instrumento revolucionario directamente ejercido por el pueblo para alcanzar el cambio estructural, la liberación nacional y el bien común en contrapartida al capitalismo y sus fórmulas políticas tradicionales, tan bien alabados por el imperialismo gringo.

Pero ello no podrá conseguirse únicamente por la vía electoral, a pesar de los resultados aparentemente favorables obtenidos tanto en Venezuela como en otras naciones de nuestra América, por nombrar algunos casos similares, para emprender algunos cambios fundamentales. Hace falta que éstos vayan acompañados de esa reacción consciente de los sectores populares en contra de los esquemas dominantes del pasado, enarbolando decididamente la bandera del socialismo y comprendiendo que deben demolerse por completo las estructuras políticas, económicas, sociales, militares y culturales sobre las cuales se asentara el predominio de las clases dominantes, ya que las mismas podrían reproducirse inconscientemente, dando por terminada la incipiente experiencia revolucionaria. De ahí que descartamos el escenario electoral como un mecanismo fiable para asegurarle al pueblo venezolano la posibilidad por que existan las condiciones objetivas y subjetivas que le abran cauces a la revolución socialista que está planteada ahora en Venezuela, sobre todo en tomando en cuenta las ambiciones personales y el sectarismo político que han privado por encima de la construcción del poder popular y del cambio estructural, cediéndose mucho espacio e influencia al reformismo, lo que condenaría lo logrado hasta la fecha al mismo nivel de cuando Hugo Chávez accediera al poder por primera vez, al derrotarse a los partidos tradicionales.

Sin la debida comprensión de la necesidad de rescatar los valores esenciales que dieron origen a la idea de un proceso revolucionario socialista en Venezuela, haciendo posible las expectativas populares por disfrutar de un régimen de auténtica democracia participativa y protagónica, además de las diversas reivindicaciones socio-económicas ignoradas por los burócratas de las instituciones públicas; se hará difícil continuar de ello sin caer en evidentes contradicciones. En este sentido, el combate de todos los revolucionarios tendría que entablarse en tres niveles simultáneos: uno, enfrentando las agresiones y las pretensiones del imperialismo yanqui y de sus aliados por interrumpir cualquier tentativa del pueblo por emanciparse realmente de su yugo e influencia; dos, resistiendo y derrotando los diferentes planes desestabilizadores orquestados por la oposición fascista y lacaya, y tres, desenmascarando al sector de derecha que, proclamándose chavista y revolucionaria, busca perpetuarse en el poder, manteniendo un férreo control de gobernaciones, alcaldías y demás instancias de gobierno, sin permitir en ningún momento una participación efectiva del pueblo en la toma de decisiones y, muy especialmente, en las tareas que deben desembocar en la implantación del socialismo en todo rincón del país. Por eso mismo, el futuro del proyecto revolucionario bolivariano -considerándose socialista y revolucionario, no obstante sus graves y notorias deficiencias y contradicciones- dependerá en mucho de la movilización, de la organización y de la toma de conciencia de los sectores populares por concretarlo y acentuarlo, más que de la “buena voluntad” de quienes, por ahora, controlan el poder en su representación, regentados por paradigmas que no se ajustan a lo que sería verdaderamente el socialismo, tanto en Venezuela como en cualquier latitud del mundo.

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Argentina: ¿La desocupación aumenta o es apenas una "sensación térmica"?


Eduardo Lucita (LA ARENA)

Estimaciones del sector privado, del mundo sindical e incluso la voz de la calle, señalan que la desocupación está creciendo en el país. En cambio el ministro de Trabajo afirma lo contrario. ¿Quién tiene razón?

Consultado a propósito del incremento de la tasa de desocupación, el ministro Carlos Tomada respondió que si se compara el primer trimestre del año con igual período del 2008 se puede decir que la desocupación se mantiene estable en torno al 8,2%. Agregó que por los datos que maneja su cartera no hay grandes despidos, de miles de trabajadores, que lo que hay son despidos individuales. Sí reconoció la no renovación de contratos de trabajo a su vencimiento.

Las declaraciones del ministro permiten sacar una conclusión y al mismo tiempo abren un interrogante. Primero, si aceptamos que la tasa de desocupación está amesetada en torno al 8% de la PEA después de seis años de crecimiento a tasa "chinas", podemos concluir que ése sería el piso de desocupación estructural con que funciona la economía argentina y que será difícil de perforar a la baja.

Segundo, ¿como considerar a los trabajadores que al vencimiento de sus contratos éstos no son renovados? El ministro pareciera no considerar desocupados a los trabajadores que se quedan sin contrato. Tal vez debiéramos crear una nueva categoría: descontratados, pero lo que es real es que son trabajadores que se quedan sin trabajo y por lo tanto engrosan la desocupación existente.

Evidencias

Todos los datos disponibles indican un potencial agravamiento de la situación social (ocupación, salarios, pobreza) a pesar de las diversas medidas contracíclicas tomadas por el gobierno. La aceleración de la destrucción de empleos forma parte de este agravamiento. Un estudio del IDEF-CTA, basado en la comparación interanual de los aportes patronales a la seguridad social concluye que hasta junio los puestos perdidos sumaban más de 200.000. Un reciente documento elaborado por la UIA señala que en el primer semestre del año la caída del empleo alcanzó los de 222.000 puestos. Por otra parte el propio Indec reconoció que en el primer trimestre se destruyeron poco más de 140.000 puestos de trabajo; proyectando estas cifras al semestre el resultado se acerca, sino sobrepasa las anteriores estimaciones. Por otra parte no se puede desconocer que desde mediados del 2007 la creación de empleos es prácticamente nula.

Si no se confía en los estudios que circulan se puede recurrir a la información directa: en las últimas semanas se han registrados despidos y suspensiones en la panificadora Fargo; en la química Sealed Air; en la metalúrgica San Cayetano; en la gráfica FP; en varias empresas del cítrico en Tucumán; en calls center de Telecom; por el cierre de la tienda C&A, por sólo citar algunos casos en diversas ramas de la economía. Incluso el gobierno tuvo que hacerse cargo, por el abandono empresario, de la papelera Massuh y de la autopartista Malhe, además, aparentemente, la fábrica de pinturas Tersuave, en San Luis, seguiría el mismo camino. En ninguno de estos casos puede hablarse de despidos individuales.

Por otra parte desde principios de año se han registrado casos de varias empresas, las alimenticias Arrufat y Disco de Oro; la gráfica Indugraf; la textil Filobex-Febatex entre otras que, cerradas por sus patrones, han sido reabiertas por sus trabajadores, quienes las ocuparon y las han puesto en producción bajo su propia gestión. Además como es conocido el Ministerio de Trabajo administra el Programa Repro, por el cual subsidia a más de 1500 empresas pagándoles parte del salario a unos 85.000 trabajadores. Con esto el Estado nacional busca proteger el empleo y al mismo tiempo preservar la tasa de ganancia de las empresas. Es evidente que hay una desocupación contenida, que dependerá de cuanto se profundice la crisis y también de que se mantenga la disponibilidad de la caja fiscal.

¿Cuál es la tasa real?

Como lo hemos explicado varias veces en esta misma columna desde la intervención en el Indec hay una suerte de crisis de confianza en las estadísticas oficiales, así que hay que recurrir a estimaciones privadas. La firma SEL-Consultores, que es uno de los estudios privados más serios en este tipo de datos, ha estimado que en el área metropolitana (Capital y GBA) la desocupación sería del orden del 10,5%. Se sabe que en todo este último período la caída de la producción ha sido más fuerte en el interior del país, por lo que las estimaciones que dicen que la tasa estaría entre el 11y 12%, esto es alcanzaría de 1,8 a 2 millones de personas, parecen bastante realistas.

Desde los centros internacionales y analistas reconocidos, aún con enfoques diferentes, están afirmando que la economía mundial marcha a un estancamiento de larga duración. El reciente informe de la Cepal asegura que hay 3,4 millones de nuevos desocupados en América latina y agrega que para la región la recuperación será lenta. Juan Somavía, director de la OIT, ha señalado que la experiencia muestra que comenzada la recuperación económica el empleo tarda cuatro o cinco años en recuperarse. Por eso es que en la última conferencia internacional del organismo planteó la necesidad urgente de un "pacto mundial por el empleo"

Estas tendencias mundiales con sus particularidades están presentes en nuestro país. Es un dato objetivo que aquí no hemos tenido crisis financiera, que la economía está mejor parada que otras veces y que el gobierno ha tomado medidas anticíclicas tendientes a proteger el empleo, pero también es cierto que son todas medidas de corto plazo que no resuelven el problema de fondo. Y es así porque la visión del gobierno sobre la crisis es que sería de ciclo corto: la famosa crisis en forma de "V" corta, rápida caída y rápida recuperación, pero todo indica que la crisis tomará la forma de una "L", caída y amesetamiento en ese nivel, al estilo de Japón en los '90. Así, lejos de recuperarse rápidamente el empleo podemos asistir a una continuidad en la destrucción de puestos de trabajo. Se contradecirla así la afirmación de la Presidenta en la firma del acuerdo con los petroleros "El mejor antídoto contra la pobreza es el trabajo y el pleno empleo".

Una alternativa

Resulta imprescindible declarar la Emergencia Laboral y en ese marco conseguir que el Congreso Nacional sancione una ley, o en su defecto un decreto de necesidad y urgencia, que prohiba despidos y suspensiones por un lapso determinado, renovable en tanto la crisis persista. De esta forma se evitaría que nuevos desocupados se sumen a los actuales. Esto debe complementarse con la reducción de la jornada laboral y el reparto del trabajo existente, tanto para absorber la desocupación de arrastre como para que los trabajadores se beneficien de la mayor productividad alcanzada.

Las altísimas tasas de ganancias que usufructuaron las empresas, cualquiera sea su tamaño, durante el ciclo expansivo que está concluyendo, hace que puedan absorber estos costos. De todas maneras puede instrumentarse algún sistema a auxilio para quienes demuestren su inviabilidad financiera de implementar estas medidas.

Si esto se acompaña con aumentos en los salarios y jubilaciones mínimas y reducción del IVA a artículos de primera necesidad se crearía una demanda genuina sobre el mercado interno.

Se puede argumentar que medidas de este tipo agravarían la situación fiscal, ya de por sí estrecha, pero tal vez es el momento oportuno para encarar alguna vez una reforma progresiva, que elimine la inequidad actual. Con apenas gravar las rentas financieras, extender las retenciones a la minería y el petróleo, reponer el impuesto a la herencia, revisar la política de subsidios, que hoy no tiene mayores controles, mejorar la recaudación del Impuesto a los Bienes Personales, que hoy pagan muy pocas personas, revisar las exenciones insólitas que hay al Impuesto a las Ganancias. Sin que esto resulte una reforma integral ni mucho menos, es posible hacer que la crisis la paguen los que más tienen.

Foto: Argentina – Carlos Tomada, ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. / Autor: Ministerio de Trabajo

Eduardo Lucita es integrante del colectivo EDI (Economistas de Izquierda).


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Sumas y restas


Néstor Sappietro (APE)

Debo admitir que nunca fui bueno para las matemáticas. No era lo mío. Cada examen se transformaba en un suplicio. Ecuaciones, derivadas, integrales... eran parte de un universo que me parecía inalcanzable. Sin embargo, tropezones mediante, me las arreglé para aprender lo necesario y fui atravesando las dificultades que cada año me ofrecía la materia.

Esto no pretende ser un mensaje de autoayuda, de esos que dicen “tú puedes, solo es cuestión de esforzarte”... No, nada está más lejos de las intenciones de esta crónica.

La vida está llena de cosas que nos quedan demasiado lejos, aunque bien vale buscarlas durante el tiempo que nos toque estar por acá.

De todas maneras, volviendo a las matemáticas, cuando escucho los argumentos que intentan justificar la causa por la cual millones de hogares en nuestro país subsisten en la pobreza y la marginación, empiezo a dudar acerca de mis conocimientos sobre sumas y restas alcanzados en la escuela.

Es entonces cuando recurro a don Raúl Scalabrini Ortiz, que con una sentencia muy sencilla me ayudó a comprender que los números en economía no son un tema tan complejo. Decía Scalabrini: “Estos asuntos de economía y finanzas son tan simples que están al alcance de cualquier niño. Solo requieren saber sumar y restar. Cuando usted no entiende una cosa, pregunte hasta que la entienda. Si no la entiende es que están tratando de robarlo. Cuando usted entienda eso, ya habrá aprendido a defender la patria en el orden inmaterial de los conceptos económicos y financieros”.

Entonces, aunque desde el gobierno insistan tratando de explicar las razones de un reparto de la riqueza tan desparejo, hagámonos el favor de no caer en la trampa. La desnutrición, la pobreza, la marginalidad no precisa de explicaciones científicas. No precisa licenciados en economía, ni derivadas, ni integrales, ni ecuaciones que busquen la incógnita. El abandono y los privilegios aparecen a simple vista. Con sumar y restar, alcanza y sobra.

Una rápida mirada de las cifras, alcanza para entender las causas de la ampliación de la brecha que separa a ricos y pobres. Concentración de riqueza, impunidad de los dueños del dinero y naturalización de la miseria.

Entre 2003 y 2008 el Tesoro nacional otorgó subsidios al sector privado por 41.800 millones de dólares y exenciones impositivas por otros 26.800, totalizando 68.600 millones de dólares. Esta cifra supera los 64.800 millones que el gobierno nacional invirtió en el mismo período en la suma de sectores como educación, cultura, ciencia y técnica, salud, agua potable y saneamiento, vivienda y desarrollo urbano, y en las transferencias directas a personas realizadas bajo los programas de promoción y asistencia social (el plan jefas y jefes de hogar, entre otros), el seguro de desempleo y los salarios familiares.

La reorientación de los fondos en cuestión habría permitido conseguir simultáneamente que todas las escuelas fueran hoy de doble jornada y una asignación por hijo de hasta 19 años de 2000 pesos anuales, aproximadamente.

De este modo se habrían dado pasos gigantescos para reducir la desnutrición, la indigencia y la pobreza, para mejorar la distribución del ingreso y para lograr un futuro posible para millones de argentinos.

Los asuntos de la economía “solo requieren saber sumar y restar”, decía Scalabrini, “cuando usted no entienda una cosa pregunte hasta que entienda. Si no la entiende lo están robando...”

Esa es la mejor de las explicaciones.

La cuenta es muy sencilla. Nos están robando el presente. Nos están arrancando el futuro. Los sectores privados amigos del Estado, se quedan con las porciones de salud, educación, asistencia social, vivienda y dignidad que le faltan a millones de familias.

Y eso, está claro hasta para mí, que nunca fui bueno para las matemáticas.

Autor imagen: APE


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El qué hacer

Víctor Mendibil (ACTA)

Los trabajadores argentinos no estamos al margen de este tránsito final de una etapa política, y vivimos inmersos en la profunda crisis del sistema capitalista donde somos las víctimas de una brutal danza de billones de dólares que salen de los bolsillos y del esfuerzo de millones de trabajadores y de pueblos que son condenados a la pobreza para salvar empresas y el sistema financiero mundial.

La CTA, en tal contexto, tiene prioritarias y urgentes demandas por las cuales deberá accionar:

- Que los fondos del ANSES sean administrados por los interesados (que no son otros que los trabajadores y jubilados) con participación del Estado, como dice el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, y no que con esos fondos se reproduzca el festival de las ayudas solidarias a los grandes grupos empresarios extranjeros y locales que trasfieren regularmente sus ganancias al exterior.

- En forma inmediata deberá suspenderse todo despido de trabajadores por lo menos durante seis meses, lapso que permita poner en marcha mecanismos de consolidación de empresas o reubicación del personal, y establecer una política seria destinada a garantizar la estabilidad y continuidad laboral de cada uno de los trabajadores registrados y legalizar a ese 40% de compañeros con trabajo pero que, estando en precariedad, carecen de coberturas legales en el campo, en la construcción, en el Estado, los municipios, los servicios y en las empresas industriales.

- Hay que acompañar, compartir y movilizarse en conjunto con todos aquellos que luchan por impedir que continúe el saqueo de las riquezas naturales. Las trasnacionales se están llevando nuestros minerales, se apoderan de nuestras tierras, de nuestro petróleo y de todos aquellos recursos que son la base de un proyecto soberano de país y que empezaron a ser arrasados en 1976 y han continuado arrasando, salvo breves períodos, hasta el día de hoy.

- Impulsar y promover políticas de ingresos universales. Una asignación universal para todos nuestros pibes es fundamental. No puede haber festejos del Bicentenario si hay hambre entre nuestros chicos y mayores. Hay que terminar con el hambre en Argentina, y esa es una meta absolutamente posible porque están los fondos para resolverlo.

- En el Consejo del Salario no pudimos discutir una política de ingresos que esté por encima de los acuerdos palaciegos entre los que conforman el consenso de poder en Argentina: parte de la UIA, la CGT y el Gobierno. Esos acuerdos, que sólo intentan garantizar la gobernabilidad, son una barrera a los justos reclamos de los trabajadores.

- Debemos dar la disputa en todos los ámbitos para asegurar la libertad y democracia sindical, que permita que miles de compañeros delegados y trabajadores se puedan organizar y no sean despedidos por intentar hacerlo.

No hay proyecto de Nación si no se expone y desarrolla ante la sociedad un modelo productivo y de participación democrática que asegure a los 40 millones de argentinos objetivos comunes de crecimiento y de justicia social.

Victor Mendibil es secretario de Interior de la CTA Nacional.


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Argentina: Gripe A, desde las trincheras

Marcelo Paredes (ACTA)

El 10 % de las personas fallecidas por la Gripe A en nuestro país son trabajadores de la salud que cayeron combatiendo el virus en los hospitales públicos. Médicos, enfermeros y auxiliares expuestos por su profesión pero desprotegidos por el sistema de salud son las víctimas de una batalla desigual.

Diez víctimas fatales, miles con síntomas, medio centenar en estado crítico son el parte de batalla desde las trincheras donde reina la indefensión laboral, la angustiosa falta de personal y recursos, el abandono de los edificios y la capacidad desbordada. Un sistema sanitario en emergencia que ayer el dengue y hoy la influenza lo hacen más evidente. Un sistema sanitario sostenido sobre las espaldas de los trabajadores y su compromiso. Una guerra con soldados pero sin generales, sin escudos y sin armas.

Las espaldas del Malbrán

El Instituto Nacional de Microbiología Dr. Carlos G. Malbrán es la única institución que cuenta con un laboratorio de seguridad biológica de nivel III, el más grande de Sudamérica, que lo autoriza a funcionar frente a un patógeno desconocido. Su personal de trabajadores y profesionales altamente especializados trabajan en turnos continuos procesando miles de muestras y realizando la identificación genética del virus de la Gripe A H1 N1.

Ellos al igual que los que producen vacunas, los que inspeccionan y controlan lo que comemos y tomamos, los que elaboran medicamentos o son centinelas de las enfermedades solo el año pasado realizaron 9 medidas de fuerza cansados de la denigración de las condiciones laborales, la desidia por modernizar las estructuras y la ausencia de una política de salud planificada.

Son personal profesional y técnico altamente capacitado, con salarios devaluados, sin perspectivas de progreso y en situación de maltrato. Y sobre sus espaldas cargan la tarea de mitigar la epidemia.

Pabellones recuperados

34 pacientes del Hospital Borda, afectados por la gripe A, requerían aislamiento para evitar contagios mientras un pabellón remodelado a nuevo esperaba ser inaugurado desde principios de año. La demora escondía la intención, nunca desmentida, de darle otros usos a ese espacio necesario.

Médicos y trabajadores del hospital avalados por sus organizaciones sindicales, por legisladores electos y en actividad, por el Comité de Crisis y el director del Hospital inauguraron y le dieron un destino al histórico Pabellón Amable Jones. Ahora los 34 pacientes infectados están cómodamente aislados en un espacio recuperado por la iniciativa de los trabajadores.

Combatiendo a la influenza

Un residente de primer año de clínica médica en cualquiera de los 32 hospitales porteños trabaja 14 horas por día, no cobra ni tiene cobertura social y está en la primera línea del combate a la influenza.

Ellos al igual que el personal médico y no médico contratado o empleado por la Municipalidad en los distintos centros de salud sufren las consecuencias por la no ejecución de más del 50 % del presupuesto de salud. Es decir, la plata está pero no llega por excusas burocráticas.

El resultado: falta de medicamentos, insumos, equipamiento y personal; suspensión de operaciones programadas, demora en los turnos de hasta 4 meses y la impostergable necesidad de cubrir el déficit de 4.000 enfermeros. Condiciones en las que se trabaja. Condiciones en que la ciudad pelea contra la pandemia.

Vendiendo Tamiflú

Los agentes de propaganda médica algo saben de la industria farmacéutica porque son los que promocionan sus medicamentos. Vienen denunciando sistemáticamente la falta de regulación y control del Estado sobre la actividad y el escaso desarrollo de una industria farmacéutica propia que provea al sistema público de salud y permita mejores defensas ante cada pandemia.

Ellos también se preguntan por qué comprar 6 millones de dosis del Tamiflú, antiviral sensible ante la gripe A, a la firma Roche cuando ese fármaco tiene la patente vencida en nuestro país y podría fabricarse nacionalmente.

Y nos recuerdan para que sepamos que Roche le compró la licencia a la empresa Gilead Sciences que manejó Donald Rumsfeld, ex secretario de Defensa de los EEUU, país denunciado por sus laboratorios de armas biológicas, sus experimentos clandestinos y los “escapes” de cepas virales.

La primera línea de batalla

Los enfermeros del hospital Posadas van a trabajar cada día sabiendo que 3 de ellos presentarán diagnósticos de gripe A al final de la jornada. Ya son 100 los trabajadores de la salud, solo en ese establecimiento, que contrajeron la enfermedad y otros 50 presentan síntomas como insuficiencia respiratoria y neumonía.

Las razones: las condiciones de indefensión y maltrato laboral, áreas de aislamiento desbordadas, falta de elementos de bioseguridad, ausencia de ámbitos donde bañarse y cambiarse en el hospital y, fundamentalmente, la falta de personal. Según la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP-CTA) faltan 1.500 profesionales y unos 2.500 no profesionales para cubrir las necesidades de los bonaerenses. Pero no solo faltan trabajadores sino que muchos de los que hay son contratados, becados o subsidiados pero siempre precarizados.

Si a eso uno le agrega el ausentismo por enfermedad o sobresaturación de trabajo que la misma enfermedad provoca se podrá entender que nuevamente en la primera línea de batalla nuestros soldados son pocos y están mal pertrechados.

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Argentina, Córdoba: El juez de control rechazó las acusaciones contra los trabajadores de Luz y Fuerza

PRENSA RED

El juez Gustavo Reinaldi declaró nulas las imputaciones a 15 trabajadores lucifuercistas por hechos que ocurrieron durante la movilización del 20 de agosto del año pasado. Sostuvo que “la protesta pública no es una actividad ilegal” y de existir ilícitos durante una movilización, deben ser determinados de manera individual.

El juez de control Gustavo Reinaldi hizo justicia y rechazó la acusación que había efectuado el fiscal Enrique Gavier contra 15 compañeros de nuestro Gremio por los supuestos delitos de “intimidación pública agravada, daño calificado y atentado contra la autoridad calificada”, durante la manifestación del 20 de Agosto del año pasado contra el ajuste jubilatorio. También estaban acusados dos compañeros municipales y un compañero del sindicato regional de Luz y Fuerza.

Lo que establece el fallo del juez Reinaldi, es que la protesta gremial callejera no configura un delito de intimidación pública y en caso de que en el curso de la protesta, se cometiesen delitos (daños, por ejemplo), deben ser determinados de manera individual, es decir precisando cuál es el delito, quién lo cometió específicamente, y en qué circunstancias. No se puede acusar genéricamente a un grupo de manifestantes detenidos durante la protesta, imputándoles globalmente como si todos fuesen responsables de todo.

De este modo, se ha caído la acusación contra nuestros compañeros y para insistir en ella, el fiscal Enrique Gavier tiene cinco días –a contar desde el martes – para presentar una apelación, fundamentada, ante la Cámara de Acusación.

El fallo del juez le deja abierta la posibilidad de investigar los delitos que se habrían cometido durante la manifestación –como daños o resistencia a la autoridad – pero deberá precisar quién cometió cada uno para poder imputarlo. Es decir, como expresa el fallo, “estas conductas delictivas deben ser investigadas y determinadas individualmente”, para establecer “las responsabilidades que correspondan”.

Contra la judicialización de la protesta

Dos definiciones muy importantes y significativas del juez vienen a poner una barrera a los intentos de judicializar la protesta social, intención que quedó muy clara con las presiones que ejerció el ministro Carlos Caserio en su momento para que los compañeros fuesen acusados y en la actuación del fiscal Gavier, con procedimientos que bordearon la ilegalidad, como los allanamientos a la madrugada y las declaraciones que implicaron un prejuzgamiento.

Estas definiciones son:

- “La protesta pública, como derivación del derecho de reunirse y manifestarse, de peticionar, no es una actividad ilegal y como tal no puede ser restringida ni impedida en tanto y en cuanto sus fines sean lícitos y se cumplan dentro del marco de la legalidad”

- “Los delitos comunes que se realicen en oportunidad de la protesta constituyen hechos individuales, material y jurídicamente escindibles de la manifestación como tal, y su atribución no puede ser genérica ni derivada de una suerte de responsabilidad objetiva”.

De este modo, se sienta un precedente muy importante con vistas a otras protestas y manifestaciones.

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Argentina, Santa Fe: Sepa quien financia a Tercer Mundo

TMO

Ya se está haciendo costumbre que la revista Tercer Mundo sea comprada en los kioscos a granel para quitarla de circulación. En esta ocasión y en menos de 24 horas, desapareció de exhibición la totalidad de la edición Julio que profundizaba el escándalo protagonizado por la empresa COTO y el “Gobierno de la Ciudad”. Había ocurrido en setiembre de 2007 con la edición que se preguntaba ¿De donde saca la plata? En referencia a Oscar “Cachi Martinez”, pero nunca de esta manera ya que, como estrategia de venta, habíamos elegido Kioscos puntuales para que podamos recuperar el capital invertido y ampliar el número de revistas. Alguien, muy apurado, en que Tercer Mundo no circule por estos días preelectorales, decidió que la recuperación de nuestro raquítico presupuesto sea rápida y podamos apostar a más. Aunque sea preocupante por el accionar que, seguramente, no es perpetrado por un ciudadano común en la intención de eliminar la disidencia editorial de lo que ocurre en la ciudad, debemos decir que nos fortalece esto para ir por más. Esperamos que sea sólo picardía electoral y que el próximo miércoles cuando estemos de nuevo en la calle, podamos llegar a nuestros lectores. Sepan, los “vivos” con plata, que una revista es imparable y una decisión editorial solo puede afianzarse a partir de estas provocaciones. Pueden comprar paquetes de revistas una vez pero la gota orada la piedra y por ese resquicio ingresarán las ideas que pretenden callar. Ganaron, quizás, algo en vista al domingo venidero pero nos dieron la posibilidad de juntar más voluntad para que esta empresa crezca. Se putea y se agradece.

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Santa Fe, Autogestión: Cristales rotos en Balbazoni

REDACCION ROSARIO

El diálogo entre los dueños de la tradicional fábrica de anteojos de la ciudad y los delegados de los trabajadores llegó a su fin. Reunidos este jueves en el Ministerio de Trabajo, la patronal hizo saber que pretendía que los 38 empleados que quedaron –19 ya arreglaron individualmente su desvinculación– firmen la aceptación de cobrar el 75 por ciento de las indemnizaciones, en nueve cuotas y sin garantías.

Los representantes de los trabajadores pidieron, al menos, esto último. Uno de los dueños, Rolando Balbazoni, apadrinado por dos abogados, se plantó en la última oferta y dio por terminadas las negociaciones. Es decir, no habrá indemnización para nadie y los trabajadores llevarán su reclamo a la Justicia. Como resultado, la idea de encarar por la salida cooperativa comenzó a tomar más fuerza entre los empleados del laboratorio oftalmológico, quienes resolvieron retomar el corte de calle, montar guardia en las puertas de la planta de Mendoza al 8100 para custodiar las maquinarias y pelear la expropiación del inmueble.

“Iniciaremos juicios contra la empresa por el pago del ciento por ciento de las indemnizaciones. Mientras tanto custodiaremos la planta para que no se lleven las máquinas”, dijo Miguel López, secretario general del Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio y Afines. Y continuó: “Desde nuestro sindicato y el de Obreros del Vidrio (Soiva) iniciaremos conversaciones para estudiar la continuidad como cooperativa en la misma fábrica y con esas maquinarias”.

Balbazoni Hermanos cerró sus puertas hace dos meses. Sus dueños, Rolando y Humberto, argumentaron estar “cansados”. La fatiga patronal dejó a 57 trabajadores en la calle. El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, y después la conciliación voluntaria. Esto les permitió a los empleados cobrar el salario de junio más el medio aguinaldo, que terminaron de percibir este jueves. En un momento se barajó la posibilidad de venta a la empresa de Buenos Aires Augusto Express, pero no prosperó.

“No quisieron seguir con la conciliación y se negaron a pagar el mes de julio, que correspondería porque está dentro de la conciliación voluntaria que terminó hoy”, comentó López.

Ariel Tapia, obrero de Balbazoni e integrante de la comisión interna de Soiva, se quejó frente a la “intransigencia” de la empresa.

“La gente está muy irritada por tanto manoseo de la patronal. Nos vamos a quedar en la puerta para que no entre nadie. La idea es formar la cooperativa para seguir trabajando, ya que la situación está complicada. Nosotros lo único que queremos es conservar el trabajo, y lucharemos por eso”, machacó Tapia.

Los trabajadores de Balbazoni volvieron a cortar calle Mendoza al 8100 para manifestar toda su bronca tras la frustración de las negociaciones.

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Argentina, Tucumán: Al borde de un gran apagón

PRIMERA FUENTE

La EDET encendió la luz de alerta por los incendios de cañaverales.

En los últimos diez días, la provincia estuvo dos veces al borde de un apagón generalizado a causa de la quema indiscriminada de caña. Desde EDET confirmaron a primerafuente que a las 16 del miércoles, un foco de fuego provocó una baja de tensión en el área del microcentro y otras zonas de la capital. “Casi estuvimos al borde del colapso porque la quema dejó fuera de servicio parte de las instalaciones de la transportista”, señaló Daniel Nicoloff, directivo de EDET. Desde Transnoa también alertan sobre la gravedad de la situación.

En la última semana, los tucumanos estuvieron dos veces al borde de sufrir un apagón generalizado como consecuencia de la quema indiscriminada de cañaverales. Por ello, la empresa distribuidora de energía EDET encendió la luz de alerta y comunicó de la situación a las autoridades del Ente Provincial Regulador de Energía de Tucumán (Epret).

“En la zona este del Gran San Miguel de Tucumán, la quema de cañaverales afectó instalaciones de la transportista y hubo dos perturbaciones (baja de tensión) importantes que se reflejaron en la zona del microcentro y en otras áreas importantes de la capital y casi estuvimos al borde del colapso porque dejó fuera de servicio parte de las instalaciones de la transportista”, explicó ayer el administrador del área metropolitana de EDET, Daniel Nicoloff, refiriéndose al segundo hecho de alerta máxima que se registró alrededor de las 16 del miércoles pasado. Precisó que a esa hora, un foco de incendio afectó las líneas de alta tensión que transporta energía para las zonas de San Miguel de Tucumán, Yerba Buena, Lules y Banda del Río Salí.

“Pudimos mantener el servicio porque seguíamos vinculados eléctricamente desde el norte el país”, aclaró. En diálogo con primerafuente, Nicoloff puntualizó que se trata del segundo hecho de importancia. El primero se registró la semana pasada en las zonas de El Manantial, Lules, Simoca y Leales, y como consecuencia se produjo un corte en el servicio por dos horas.

De esta manera, el directivo alertó que la quema de caña no solo daña el medio ambiente sino también genera serios problemas en la prestación en el sistema del servicio eléctrico. “Es un tema muy complejo porque es difícil encontrar a los responsables. El gobierno está actuando a tiempo pero entendemos que es difícil identificar a los que iniciaron el fuego. Lo que está haciendo la Justicia, no lo sé”, dijo en diálogo telefónico a primerafuente.

Por último, Nicoloff aseguró que paralelamente a esta situación el sistema de transporte está alcanzando el límite de su capacidad, por lo que necesita de manera urgente una inversión de 200 millones de pesos.

Desde Transnoa (empresa transportadora de energía) también se encendió la luz de alarma. “Reestablecer un generador necesita que se detenga la prestación del servicio por lo menos dos horas; el impacto puede ser muy severo, si se trata de hospitales, por ejemplo”, resaltó un directivo en declaraciones radiales.

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Argentina, Santa Fe: Los archivos ideológicos pasarán al ministerio de Justicia

NOTIFE

Lo resolvieron los ministros Bonfatti y Superti. Además la secretaria de Derechos Humanos firmó un convenio con el Archivo Nacional de la Memoria.

Los ministros de Gobierno y Reforma del Estado, Antonio Bonfatti, y de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti, firmaron hoy una resolución por la cual el Archivo General de la Provincia entrega a la Secretaría de Derechos Humanos, para ser destinada al Archivo Provincial de la Memoria, la totalidad de la documental correspondiente a la Dirección General de Informaciones creada en 1966 y suprimida en 1983, también denominada “Archivos ideológicos o de la Represión”.

Por otra parte, la secretaria de Derechos Humanos, Rosa Acosta, suscribió con el Archivo Nacional de la Memoria y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación un convenio de cooperación para la catalogación, clasificación y digitalización de este material; entre otras tareas que incluyen la capacitación de los equipos técnicos de la Secretaría provincial.

Los llamados Archivos Ideológicos contienen esencialmente información de inteligencia sobre militantes políticos, gremiales o sociales desde 1966 hasta 1983, en especial sobre empleados públicos nacionales, provinciales y municipales, o aspirantes a serlo, como así de diversas personas con actuación en entidades intermedias, clubes y asociaciones. Actualmente se encuentran en la órbita del Archivo Intermedio, que depende del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado.

Según la resolución firmada hoy, serán trasladados al Archivo Provincial de la Memoria, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en calidad de préstamo. Y una vez finalizadas las tareas de digitalización, investigación y sustanciación de los juicios de lesa humanidad, serán reintegradas al Archivo General.

Por otro lado, en la ciudad de Buenos Aires, la secretaria de Derechos Humanos Rosa Acosta suscribió un convenio de colaboración con el Archivo Nacional de la Memoria, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Del acto participó el secretario Eduardo Luis Duhalde, entre otros funcionarios.

Ahora las partes desarrollarán un programa de colaboración para que el Archivo Nacional de la Memoria obtenga, analice, clasifique, duplique, digitalice y archive el acervo fotográfico, audiovisual, de documentación y de testimonios orales que obran en el Archivo de la Memoria de la provincia. Estas tareas se realizarán en forma conjunta y profundizar el trabajo que ya venia realizando la Secretaría de Derechos Humanos provincial.

Actualmente el archivo provincial de la memoria, cuenta con una parte de los archivos ideológicos a la que ahora se le sumarán los que estaban en el archivo intermedio.

El convenio fue firmado durante un acto en la sede del Archivo Nacional de la Memoria, donde antes funcionara la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma). Estuvieron presentes, además de Rosa Acosta; el subsecretario Gustavo González y el director provincial de Investigación y Reconstrucción de la Memoria Histórica, Jorge Pedraza. En tanto por la Nación participaron Duhalde, Ramón Torres Molina y Carlos Lafforgue, presidente y secretario ejecutivo del Archivo Nacional de la Memoria.

Previo a este acto, el subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Luis Alen, mantuvo una reunión con las autoridades provinciales en las que se abordaron líneas de cooperación entre ambas jurisdicciones ante la inminencia de los juicios de lesa humanidad en Santa Fe.

Entre otros temas, en la oportunidad, se evaluó la situación de la justicia federal en las ciudades donde se llevan adelante las causas –Reconquista, Rosario y Santa Fe- y la apoyatura para la investigación de amenazas y amedrentamientos contra testigos y querellantes.

El archivo de la memoria

El Archivo Provincial de la Memoria contiene informaciones, testimonios y documentos sobre violaciones a los derechos humanos para consulta de los interesados. Funciona en una sede de la Secretaría de Derechos Humanos de la ciudad de Santa Fe, con la misión de obtener, analizar, clasificar, duplicar, digitalizar y archivar informaciones, testimonios y documentos sobre el quebrantamiento de los derechos humanos y las libertades fundamentales en que esté comprometida la responsabilidad del Estado Argentino y sobre la respuesta social e institucional ante esas violaciones. Además, es responsable del cuidado de los fondos documentales y de evitar su deterioro por una inconveniente manipulación.

Entre sus fondos documentales cuenta con parte de los llamados “Archivos Ideológicos”, los cuales contienen esencialmente información de inteligencia sobre militantes políticos, gremiales o sociales desde 1966 hasta 1983, en especial sobre empleados públicos nacionales, provinciales y municipales, o aspirantes a serlo, como así de diversas personas con actuación en entidades intermedias, clubes y asociaciones.

También presenta partes policiales de Rosario y Santa Fe, recortes periodísticos de noticias represivas, políticas y gremiales, entre otras. Estos archivos han sido declarados Patrimonio de la Humanidad por el Programa “Memoria del Mundo” de la Unesco.

Entre sus tareas, a través del área de Investigación, Apoyatura y Seguimiento de Causas de Lesa Humanidad de la Secretaría de Derechos Humanos, aporta pruebas en la Justicia Federal para las distintas causas de Lesa Humanidad que se tramitan en Rosario, Santa Fe y Reconquista.

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Bolivia: Destacan el inicio del proceso de despenalización del masticado de hoja de coca en la ONU

El Gobierno boliviano destacó el jueves la decisión del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC), en Ginebra, Suiza, de aprobar por consenso el inicio del proceso de despenalización del masticado de la hoja de coca.

La cancillería boliviana emitió un comunicado en el que destaca la decisión de iniciar la consulta con los países parte de la Convención Única de Estupefacientes de las Naciones Unidas de 1961, enmendada por el Protocolo de 1972, sobre la propuesta promovida por Bolivia de despenalización del masticado de coca.

"La enmienda que proponemos no es para que todos estén de acuerdo con el masticado o que lo practiquen, sino para que los países donde tenemos esta práctica desde hace siglos podamos preservarla, sin que quienes la practican sean considerados delincuentes que violan una norma internacional", indicó la embajadora boliviana en Ginebra, Angélica Navarro.

Según la cancillería, con el impulso del Gobierno boliviano, se ha dado así inicio al proceso de enmienda de los incisos c y e del Artículo 49, de la Convención, que se refieren a que la masticación de la hoja de coca quedaría prohibida después de los 25 años siguientes a la entrada en vigor de la presente Convención Única de Estupefacientes.

Esta importante decisión implica que en un periodo de dieciocho meses los países que sean partes de la Convención Única de Estupefacientes deberán pronunciarse sobre la enmienda boliviana, que busca la despenalización del masticado de la hoja de coca.

En el caso de que no se presentara objeción alguna, la enmienda entraría en vigor. En caso contrario el Consejo del ECOSOC podrá decidir si se llama a una Conferencia Internacional para tratar el tema.

"Con este trascendental paso, se implementa la solicitud formal del presidente Evo Morales, que fue presentada en marzo de 2009 al secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki Moon, y que dio inicio al más alto nivel, una gestión internacional diplomática en defensa de la hoja de coca", señala la cancillería boliviana.

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Chile: Critican la iniciativa de ley sobre la pesca

La propuesta de Ley de Pesca que envió el gobierno de Chile para la reactivación de la industria salmonera, no fue bien acogida por algunos legisladores y sectores ambientalistas del país, debido a la cesión perpetua de derechos sobre territorio marítimo a empresas.

"El proyecto significa una hipoteca sobre un bien nacional como el borde costero y es inaceptable en los términos que el Ejecutivo lo envió. Lo estamos revisando para ver que la industria salmonera no se equivoque", dijo el senador del izquierdista Movimiento Al Socialismo (MAS) Alejandro Navarro.

La iniciativa es vista como un intento de rescate de la otrora floreciente industria del salmón, que vive una aguda crisis desde 2007 a raíz del descubrimiento de una serie de patologías en los peces que significaron una masiva mortalidad.

En la propuesta más polémica de la ley se establece que el Estado entrega a perpetuidad el uso de espacio marino y costero para las empresas.

Según Navarro, quien es probable candidato presidencial en los comicios de diciembre próximo, "lo que aquí ha habido es un chantaje. La industria va a generar empleo, va a atacar un problema grave que tenemos, pero siempre y cuando haya una concesión hipotecable".

La industria salmonera local era líder mundial en el rubro en 2007, sin embargo a partir de ese año comenzó a marcar un acentuado declive.

El clímax de la crisis resultó ser un reportaje especial del diario estadounidense "The New York Times", aparecido el 27 marzo de 2008, sobre la propagación del virus de la anemia infecciosa del salmón (ISA, por sus siglas en inglés), enfermedad que provoca hemorragias múltiples en estos peces y que los lleva a la muerte.

El ISA, así como otro importante número de enfermedades que afectan a la industria del salmón en Chile, se deben, según expertos, al mal manejo de los cultivos de peces.

En ese sentido el Ejecutivo chileno defendió la nueva normativa como un esfuerzo por levantar la industria.

"Se trata de establecer restricciones en términos sanitarios, ambientales que harán más competitiva la industria", dijo el ministro chileno de Economía Hugo Lavados.

Sobre la polémica propuesta de las concesiones, el secretario de Estado dijo que se trata "de un derecho de uso y goce. Por lo que estamos definiendo en la ley que la hipoteca es sólo sobre el derecho de uso y goce", indicó Lavados.

La idea es también fuertemente resistida por los ambientalistas como el abogado de la organización ecologista "Oceana Chile", Alex Muñoz, quien aseguró que la propuesta resulta "una mirada cortoplacista y errada".

"Se está mirando con una cierta visión de corto plazo. Noruega hace 20 años también enfrentó el virus ISA y tomó medidas muy drásticas, paró la producción y tomó el tema sanitario y ambiental como prioridad y eso le permite ser el primer productor del mundo", señaló Muñoz.

El activista explicó que en Chile se ha privilegiado resolver una coyuntura que es más bien financiera, debido a que las salmoneras están en un estado de insolvencia, con deudas superiores a 2.000 millones de dólares y por tanto esta ley apunta a que las empresas tengan acceso al crédito con mayor facilidad.

En cuanto a la propuesta de las concesiones, el rechazo es tajante, afirmó el ambientalista.

"Se ha planteado la posibilidad de restringirlas a 30 años, que ya es un avance, pero sigue siendo insuficiente. Un plazo de 30 años es tremendamente largo, entonces en la práctica no es mucha la diferencia", indicó.

El mar, que es un bien nacional de uso público, debe permanecer con esa calidad y las concesiones que se otorguen sobre él deben ser restrictivas y reguladas, además de ser compatibles con otras actividades económicas, aseguró el profesional de OCEANA.

"A nosotros lo que nos preocupa es que cuando se otorga esta concesión privada sobre el mar se excluyen otras actividades que son viables y que son alternativas buenas para el desarrollo de la región, como el turismo y la pesca artesanal", que si se las apoya pueden representar alternativas de desarrollo sustentable", agregó.

Según OCEANA, la industria jamás volverá a tener los niveles de producción que tuvo hasta antes de la crisis generada por el virus ISA.

"Nosotros hemos conversado con una serie de actores, incluso yo estuve en Noruega en juntas de accionistas de Marine Harvest y pude conversar con ejecutivos y nadie cree que la industria chilena va a retomar los niveles que tuvo el 2007, que fue el 'peak' (pico) de producción", señaló Alex Muñoz.

Esto implica además que va a haber una masa de cesantes que no volverán a la industria salmonera, por lo tanto deben pensarse alternativas productivas que brinden desarrollo a la región de manera sustentable, como el turismo, agregó.

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Venezuela acusa a Colombia de aniquilar la relación binacional

El gobierno de Venezuela afirmó que Colombia es irresponsable porque ha puesto en peligro la paz y la estabilidad de la región sudamericana al pretender conceder uso de bases militares a tropas estadounidenses.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela dijo en un comunicado que Colombia ha aniquilado los esfuerzos para construir una relación de beneficio entre ambos países.

Según la cancillería, Bogotá busca justificar el despliegue de hasta cinco bases estadounidenses en Colombia con sus aseveraciones falsas de que Venezuela ha transferido armas a la guerrilla colombiana.

"Venezuela manifiesta su indignación ante la irresponsabilidad con la cual el gobierno de la República de Colombia ha aniquilado los esfuerzos emprendidos por construir una relación binacional para beneficio de ambos pueblos, poniendo claramente en peligro la paz y la estabilidad de la región", expresó la cancillería.

La acusación hecha al gobierno venezolano alrededor de un grupo de armas supuestamente incautadas a las FARC, y el comunicado del gobierno de Colombia emitido el 29 de julio de 2009, son la ilustración de la hipocresía, agregó.

Las autoridades venezolanas afirmaron que las autoridades de Colombia intentan justificar "la locura guerrerista que desarrollan a lo interno, y que se empeñan en imponer al resto de los países como única política regional".

"El gobierno colombiano, rehuyendo a sus propias responsabilidades, quiere justificar la instalación en su territorio de hasta cinco bases militares de la principal potencia bélica mundial, alegando que tres lanzacohetes supuestamente propiedad del Ejército venezolano habrían llegado a manos de un grupo irregular.

"Observan, además, que el gobierno colombiano no explica cómo circulan en su territorio miles de armas en manos de grupos irregulares, sino que exige cínicamente al de Venezuela explicar el origen de tres de ellas", se afirmó en el texto.

En el escrito, Venezuela pregunta a Colombia "¿Por qué no exigirle a los Estados Unidos o a Israel, ofrecer explicaciones de cómo miles de armas fabricadas en esos países están en manos de los ejércitos guerrilleros dentro de Colombia?"

La cancillería dijo que la elite colombiana recurre a un libreto "bien trillado" de que los sesenta años de guerra interna no son responsabilidad de Colombia sino de sus países vecinos, con una particular preferencia por aquellos donde hoy gobiernan fuerzas de izquierda, en alusión a Venezuela.

"Si la oligarquía colombiana, ante su fracaso histórico de construir un país viable, ha tomado la deshonrosa decisión de entregarlo en comodato a los Estados Unidos, debe asumirla con claridad frente al pueblo de Colombia antes que escudarse detrás de pretextos absurdos", dijo la cancillería.

"La Colombia de hoy, ocupada militarmente y regentada por una élite belicista, se ha constituido en un peligro latente para la región entera", apuntó.

El gobierno venezolano ratificó su rechazo a esta grosera campaña y afirmó que cada agresión del gobierno colombiano será respondida con medidas muy firmes.

La cancillería de Venezuela exhortó a los pueblos de la región a detener juntos lo que describe como una política belicista "que pretende convertir a Suramérica toda en un área de violencia".

"Estamos a tiempo de detener la locura guerrerista de la élite que hoy gobierna Colombia", alertó el gobierno venezolano.

Por parte de Bogotá, la cancillería colombiana había informado que el proyecto de cooperación entre Estados Unidos y su país todavía está en negociación y tiene como objetivo fortalecer la lucha antidrogas en la región a través del uso conjunto de instalaciones militares ya existentes.

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El Salvador: Comunidades piden seguridad jurídica de la tierra

Oscar López (COLATINO)

Diferentes comunidades en todo el país se han organizado en la Unión Nacional de Comunidades en Vías de Desarrollo (UNACODES), para pedir a las nuevas autoridades gubernamentales se les legalicen las parcelas de tierra en donde se encuentran sus viviendas.

Las familias están ocupando terrenos que son propiedad de varias instituciones del estado como el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA), Ferrocarriles Nacionales de El Salvador (FENADESAL) y el Ministerio de Obras Públicas (MOP). Por lo mismo piden a estas instituciones su colaboración para legalizar sus terrenos ya que con ello podrán tener acceso a servicios básicos como agua potable, electricidad, acceso a aguas negras, entre otros.

Estas personas dicen que durante los gobiernos anteriores siempre se les mantuvo marginados, ya que nunca se les escuchó para tratar de solucionar su situación. Por lo mismo, sostienen que las autoridades del gobierno anterior “dejaron amarrado al nuevo gobierno” ya que al aprobar leyes para la ocupación de terrenos del estado se les quita la oportunidad de luchar por los terrenos en donde han vivido por muchos años.

Los representantes de las comunidades sostienen que varias familias han sido demandadas porque recientemente han “aparecido” personas que dicen ser los dueños de los terrenos en que viven, esto complica su situación, ya que estas familias son de escasos recursos económicos, por lo cual es imperativa la ayuda de las instituciones del estado para poder resolver su situación.

Con respecto a los nuevos programas de vivienda implementados por el gobierno, los representantes de las comunidades dicen no poder ingresar a ellos porque entre los requisitos está ganar dos salarios mínimos y en sus comunidades hay familias que no ganan ni siquiera un salario mínimo por mes.

Las familias afectadas no quieren ser una carga para el gobierno, por eso piden el apoyo que necesitan para poder legalizar sus terrenos y así beneficiar a 136 mil familias que viven en las tierras que son propiedad del estado. La UNACODES cuenta con el apoyo de organizaciones como la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES), y en conjunto buscan propiciar un desarrollo para estas comunidades.

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