miércoles, 5 de agosto de 2009

El Presidente colombiano, Álvaro Uribe Vélez, “se va a la guerra”


Apolinar Díaz – Callejas (especial para ARGENPRESS.info)

El hasta ahora presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, iniciará en pocas horas, un viaje a varios países de América del Sur, para convencerlos de la bondad de que sus acuerdos con el sector militar y armado de los Estados Unidos en el gobierno del presidente Obama, para instalar cinco bases militares gringas en Colombia, que cubren todas las armas: Fuerzas militares de tierra, aéreas para operación en toda Colombia y en toda la América del Sur y navales en el Océano Pacífico, para reemplazar la base militar que tenían en Ecuador, que fue devuelta por el actual gobierno nacionalista y autónomo de Ecuador.

En breves palabras, el Presidente colombiano Uribe Vélez, aceptó que a falta de la actual base norteamericana en el Ecuador, que debe entregar a ese país en estos días, debe entregar al poder imperial de Estados Unidos cinco nuevas bases militares gringas en territorio colombiano, no solo para proteger los intereses económico y políticos norteamericanos si no para estar preparados para impedir la marcha democrática que está recorriendo la América del Sur, después de las grandes luchas nacionales por la independencia de España. El presidente Uribe Vélez y los militares gringos parecen creer que ya es hora de poner en Sur América, concentradas en un solo país, que es Colombia, cinco bases militares que renueven en nuestro espíritu el sentimiento de sumisión y abyección ante un poder militar extranjero que hace 200 años representaba el imperio español.

Esta información ha alborotado el espíritu y la decisión nacional de nuestros pueblos de rechazar el propósito de Uribe Vélez de entregar la soberanía de Colombia al dominio de la gran potencia imperial que es los Estados Unidos de Norteamérica.

El diario El Tiempo de Bogotá, de propiedad del grupo derechista y económico Planeta de España, en su edición de hoy martes 4 de agosto, da un informe completo sobre el acuerdo del presidente Uribe Vélez con los militares norteamericanos, pues la verdad es que el presidente Obama, todavía no ha mostrado su decisión definitiva que lo coloca ante la necesidad de decidir el rumbo de su gobierno frente a los métodos que viene aplicando Estados Unidos desde años atrás en nuestros países.

La experiencia del golpe militar de Honduras muestra que el espíritu de control militar norteamericano no se ha acabado. Que a las barbaridades del gobierno Bush con sus bases militares en Ecuador y Honduras, era la práctica de centenarias costumbres gringas de dominar militarmente a la América Latina, de imponer sus intereses económicos, políticos y sociales, de impedir que los pueblos de Sur América tomen su propio camino histórico de independencia y soberanía totales.

A este respecto, el diario español colombiano El Tiempo, rectifica hoy 4 de agosto que es equivocada la información del diario El País de España cuando señaló que los nuevos propietarios de El Tiempo de Bogotá, no tienen nada que ver con el grupo monopolista de prensa de España, El País.

Es increíble la degradación moral y política del régimen de Uribe Vélez en Colombia, cuando los grandes diarios nacionales se equivocan en señalar a qué grupo económico y financiero pertenecen algunos periódicos colombianos que eran de tradición independiente. Quedó claro que El Tiempo de Bogotá no es del grupo español El País, sino del grupo Planeta. A estas porquerías de dependencia económica y política está conduciendo a Colombia su actual régimen político.

El viaje del presidente Uribe a la América del Sur independiente y autónoma es para tratar de acallar y dominar la soberanía e independencia de Venezuela y de Bolivia, que se mantienen en la línea histórica de cambio revolucionario de nuestras relaciones con los Estados Unidos.

Así las cosas, es legítimo preguntarse: “¿qué será la autonomía política del nuevo presidente norteamericano Barack Obama?”, No sabemos. Pero confiamos que con nuestro apoyo latinoamericano también podrá lograr la soberanía de nuestras naciones y una alianza realmente democrática con la tendencia social, política y militar que gobierna, como son los Estados Unidos de Norteamérica.

De todas maneras, los latinoamericanos estamos en pie de lucha como hace más de 200 años, por nuestra soberanía e independencia social y política. El viaje del presidente colombiano Uribe Vélez al Sur de América disque para rescatarla de los rumbos revolucionarios del resto de las naciones de nuestra sección del mundo, solo invita a cantar la vieja y notable canción de la literatura clásica que decía:

“Mambrú se fue a la guerra, ¡qué dolor, qué dolor, qué pena!, Mambrú se fue a la guerra, no sé cuando vendrá. Do- re-mi, do-re-fa, no sé cuando vendrá”………….

“La trinidad se pasa, qué dolor, qué dolor, qué guasa!, la trinidad se pasa Mambrú no viene ya. Do-re-mi, do-re-fa, Mambrú no viene ya”………..

“Las noticias que traigo, ¡del dolor, del dolor me caigo! Las noticias que traigo son tristes de contar, Do-re-mi, do-re-fa, son tristes de contar”…………

“Que Mambrú ya se ha muerto, ¡qué dolor, qué dolor, qué entuerto!, que Mambrú ya se ha muerto, lo llevan a enterrar”...

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Colombia: ¿Un Israel tropical? El gobierno de Uribe prefiere jugar la carta Made in USA


Néstor Núñez (especial para ARGENPRESS.info)

¿Será que en la Bogotá oficial se aspira a que en pleno corazón del hemisferio, entre gobiernos y fuerzas progresistas en desarrollo, cuente Washington, como es su cierto propósito, con una punta de lanza émula de Tel Aviv en el contexto mesoriental?

Todo indica que ese y no otro es el propósito de los gobernan-tes colombianos, aún cuando ello implique fricciones serias con todos sus vecinos, y mayor oposición interna por su entreguismo y su falta de responsabilidad con relación a la autodeterminación nacional.

Y es que no podía ser más perturbador el reciente anuncio del ministro colombiano de defensa, el general Freddy Padilla, acerca de la concreción de un acuerdo para que tropas estadounidenses se establezcan en al menos cinco bases radicadas en territorio de su país, como evidente contrapartida al desmantelamiento de la instalación bélica de Manta, en Ecuador.

A estas alturas las tensiones son extremas con Venezuela, cuyo gobierno considera un acto deleznable y agresivo semejante paso de Bogotá, al punto que, en respuesta, Caracas retiró su embaja-dor en Bogotá y congeló las relaciones comerciales bilaterales, valoradas en unos siete mil millones de dólares de intercambio anual.

En contrapartida, el gobierno de Uribe echó mano a reiteradas acusaciones contra el gobierno de Hugo Chávez por una pretendi-da ayuda bélica a las guerrillas de la FARC, lo que elevó aún más el tono del diferendo.

Pero el asunto no ha quedado ahí. El mandatario brasileño, Luis Ignacio Lula Da Silva, su par chilena, Michelle Bachellet, y hasta el canciller español, Miguel Angel Moratinos, a la sazón en gira por Sudamérica, coincidieron en “la inconveniencia de una mayor pre-sencia militar de los Estados Unidos en Colombia”, un elemento a todas luces altamente peligroso para los pueblos y gobiernos de la zona.

La Bachellet, presidenta pro témpore de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, integrada por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Suriname, Uruguay y Venezuela, alentó la idea de debatir el tema en el Con-sejo de Defensa de la entidad multinacional, pero al parecer Bogo-tá no facilitará las cosas.

Uribe descartó su presencia en la reunión de UNASUR este diez de agosto en Ecuador, país al que también señala como “colabora-dor” con los insurgentes colombianos, y prefirió una gira por varias naciones del área, sin mayor resonancia pública, según sus afirma-ciones, para intentar justificar las ínfulas de gendarme imperial me-nor a las que parece ser gran aficionado.

Presencia indeseable

La historia regional es amplia en ejemplos de lo nocivo que se tor-na el despliegue militar del Norte en nuestras latitudes.

Las bases castrenses Made in USA no han servicio para otra cosa que para imponer los intereses geopolíticos gringos en la zona me-diante el apoyo a gobiernos afines, agresiones abiertas a movimien-tos populares y administraciones progresistas, puestos de entre-namiento de represores y mercenarios, y punto de partida de pro-vocaciones, altercados e invasiones contra nuestros países.

Basten como cercanos botones de muestra, la presencia por decenios en el Canal de Panamá de la sórdida Escuela de las Amé-ricas; la invasión bélica a la nación istmeña en 1989 desde ese terri-torio entonces usurpado, y la implicación del personal de la base de Palmerola o Soto Cano, en el golpe de estado contra el gobier-no legítimo de Honduras el pasado 28 de junio.

Más carga pesada

La página digital ALAI AMLATINA, con fecha 23 de julio del pre-sente año, abunda sobre la aplicación del acuerdo entre Bogotá y Washington para asentar nuevas fuerzas norteamericanas en Co-lombia.

La publicación indica que la principal instalación a utilizar por los nuevos efectivos extranjeros será la de Palanquero, a apenas a 100 kilómetros de la capital colombiana, y a orillas del río Magdalena. Creado en 1988, ese enclave ha sido punto de partida de agresio-nes aéreas contra poblados circundantes en medio de “operacio-nes contrainsurgentes”. “Palanquero cuenta con una pista aérea de tres mil 500 metros de longitud, dos hangares y aloja la división más importante de la fuerza aérea colombiana.

“Las tropas norteamericanas también operarán desde la base de Apiay, en los llanos orientales de Colombia, así como en Ba-rranquilla, y en la base Alberto Puowels, en la costa caribeña”, en-tre otros puestos castrenses, asegura la ya citada fuente.

El acuerdo bilateral, inicialmente válido por una década, con-templa además el incremento de visitas de naves de guerra de Es-tados Unidos a los puertos de Málaga, en el Pacífico, y Cartagena, en el Caribe, a la vez que elevaría el número de efectivos gringos en territorio nacional hasta mil 400 soldados y contratistas milita-res.

Según ALAI AMLATINA, la embajada norteamericana en Bo-gotá no suministra informaciones sobre el asunto, y el jefe de esa dependencia, William Brownfield, se limitó a señalar que no habrá inversiones de su país en la construcción de nuevas bases. Al con-trario, precisó, las tropas extranjeras sólo harán uso y moderniza-rán las instalaciones ya existentes en Colombia.

“Brownfield, recuerda la fuente, era embajador en Venezuela en 2002 cuando la conspiración para derrocar al presidente Hugo Chávez.”

Ya en julio de 2007, representantes de organizaciones populares colombianas dieron a conocer que para aquella fecha las fuerzas militares estadounidenses contaban con tres instalaciones en el país.

Se trataba de Tres Esquinas, en el departamento de Caquetá; la de Florencia, igualmente en Caquetá; y la tercera ubicada en la Hacienda Larandia, en el departamento de Meta, en la ciudad de Villavicencio. En esta última radicaban las unidades de aviación que combatían a las guerrilleras Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y la denominada “inteligencia técnica” del Pen-tágono en Colombia.

Tres Esquinas era hasta entonces la base militar norteamericana más grande en territorio colombiano, erigida entre los límites con Ecuador y Perú, cerca de la amazonía y del Río Putumayo, una cuenca hídrica de alta importancia.

Mientras, la de la Hacienda Larandia posee unas 40 mil hectá-reas, es de las más tecnificadas por los efectivos foráneos, y radica sobre la llanura colombo-venezolana, lo cual le permite controlar todo el sistema montañoso de la cordillera oriental y los llanos adyacentes.

En la actualidad, precisan analistas, Washington mantiene ofi-cialmente alrededor de 600 efectivos y personal militar en Colom-bia. Además, los asesores norteamericanos están incorporados a las divisiones del ejército nacional, tienen sus propias dependen-cias, y han entrenado a miles de oficiales desde el año dos mil a la fecha.

En consecuencia, será difícil para los interlocutores del resto de América Latina escuchar el mensaje de un Alvaro Uribe que justifi-que tamaña desmadre bélico imperial a cuenta del apoyo de su gobierno, un “Israel” de alma, en medio de la tez bronceada de nuestras tierras.

Autor imagen: NO LO SABIAS


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Colombia, Venezuela y Ecuador en guerra por la noticia


Andrés Sal.lari (especial para ARGENPRESS.info)

Las relaciones entre Colombia, Venezuela y Ecuador son un hervidero, el Israel de América Latina (Colombia), está rodeado -como en Oriente Medio- de peligrosos terroristas amigos de los iraníes (Hugo Chávez y Rafael Correa).

No es una exageración. Este 4 de agosto el fiscal general de Colombia, Mario Iguarán, declaró que Correa está en la mira de los tribunales internacionales por recibir financiamiento del terrorismo.

Este tipo de acusaciones provocaron la reacción irónica de Correa, quien el sábado 18 de julio inició su habitual programa radial anunciando: “Les habla el terrorista internacional financiado por las FARC”.

Un año y medio atrás, el jefe de la Policía Nacional de Colombia, el general Oscar Naranjo, había acusado a Chávez de haberle vendido 50 kilogramos de uranio a las FARC para la producción de “armas sucias de destrucción” (la misma acusación que le hicieron a Saddam Hussein para invadirlo, derrocarlo y asesinarlo).

El gobierno de Colombia sabe lo que hace en materia de comunicación, para distraer los escándalos propios inventa otros ajenos, y para inventarlos cuenta con la asesoría de especialistas en comunicación como el Grupo Rendon (TRG por sus siglas en inglés)

TRG tiene -o tuvo- como clientes al Pentágono, al Departamento de Defensa estadounidense y al Ejército, la Policía y el ministerio de Defensa colombiano, entre muchas otras organizaciones y gobiernos de derecha repartidos en 91 países, según su propia web.

John Rendon, su cerebro es –según su propia descripción- reconocido internacionalmente como un experimentado e innovador en materia de comunicación estratégica planificador y operador. “Soy un guerrero de la información y un guerrero de las percepciones”, dijo Rendon en 1996.

Al repasar su página web (www.rendon.com) se puede descubrir cuál es el trabajo de TRG:

“Nuestra metodología de la planificación de las comunicaciones en rápido establece objetivos estratégicos, identifica el público y los mensajes, las prioridades y los lugares en un tiempo y en línea.”

“TRG es experto a la hora de convertir la investigación y en la planificación de campañas de comunicaciones tácticas.”

“TRG genera detallado análisis cualitativo de los medios de comunicación con el paisaje semanales e informes especiales que se pongan de relieve los principales acontecimientos y tendencias en relación con los objetivos”.

TRG se propone “identificar las amenazas y oportunidades relacionadas con los objetivos y recomendar cursos de acción”.

Estas conceptualizaciones teóricas llevadas al plano de lo concreto pueden traducirse en hechos como el siguiente.

En 1989 el gobierno de George Bush (padre) había decidido sacarse de encima a su incómodo ex aliado y agente de la CIA Manuel Antonio Noriega en Panamá.

Para lograr demonizar a Noriega ante la opinión pública y justificar la invasión que lo derrocaría le pagó 10 millones de dólares a TGR. Según su dueño, esa fue la operación psicológica que “nos introdujo en el ámbito de la seguridad nacional”.

Esto ocurrió hace 20 años en Panamá, pero si se observa lo que ocurre desde que el 1 de marzo del año pasado Colombia atacó el campamento de Raúl Reyes en territorio ecuatoriano, puede destacarse que hay hechos que obedecen fielmente a los patrones conceptuales de TRG.

Estas no son otra cosa que operaciones de inteligencia mediática para distraer a la opinión pública acerca de determinados temas y centrar el foco en los que le interesa al antiguo cliente de TRG; el ministerio de Defensa colombiano, o el gobierno colombiano de Álvaro Uribe, que es lo mismo.

Por eso se entiende que en los días posteriores al bombardeo colombiano contra Ecuador, la noticia de los medios dominantes dejó de ser la flagrante violación al territorio ecuatoriano y pasó a ser la relación de Chávez y Correa con las FARC, todo en base a las computadoras que supuestamente le fueron capturadas a Raúl Reyes.

El tema de las computadoras del extinto líder de la guerrilla es una gran incógnita, Correa denunció que las mismas estaban en poder de la inteligencia colombiana desde mucho antes del bombardeo y muchas investigaciones dan cuenta de la manipulación de la que podrían haber sido víctima sus documentos.

Pero pese a la precariedad de la prueba (las computadoras) estas cumplieron ampliamente su rol mediático y aún hasta el día de hoy son presentadas como material irrefutable para ligar a los presidentes de Ecuador y Venezuela como cómplices del terrorismo.

El pasado domingo 2 de agosto el diario El País de Madrid afirmó pomposamente que de acuerdo a esos documentos a los que aparentemente el diario tuvo accedo de manera exclusiva, podía afirmarse que Correa había recibido 400 mil dólares de las FARC, y eso obviamente fue tapa en el diario más influyente de Colombia (El Tiempo).

Si se analiza el contexto en el que se producen algunos hechos noticiosos se pueden observar algunos detalles que de otra manera pasan desapercibidos ante una primera lectura.

El gobierno colombiano logró en gran parte desviar la atención del escándalo por los bombardeos el año pasado, con el paso de los meses otras noticias ocuparon el centro de la escena y no se habló más de las relaciones entre Chávez y Correa con la guerrilla.

Pero cuando el pasado 16 de julio al gobierno de Uribe le estalló un nuevo escándalo a nivel internacional, el tema de las relaciones de la guerrilla con Ecuador y Venezuela volvió a explotar, y le sirvió nuevamente a Uribe para desviar la atención sobre la instalación o el uso por parte Estados Unidos de 5 bases en su territorio.

No podemos afirmar desde aquí que TRG sea quien pergeño estas nuevas operaciones de prensa, pero si puede verse un patrón común que obedece a esa conceptualización de “identificar las amenazas y oportunidades relacionadas con los objetivos y recomendar cursos de acción”.

La instalación de las bases era una amenaza a nivel comunicacional para el gobierno de Uribe, algo que no se podía defender desde ningún punto de vista, pero también era una oportunidad relacionada con los objetivos, es por eso que alguien recomendó cursos de acción.

Esos cursos de acción fueron hacer aparecer el 17 de julio (¡24 horas después de la aparición del escándalo de las bases!) el video manipulado del líder guerrillero ‘Mono Jojoy’ -hecho denunciado hasta por el propio secretario general de la OEA José Miguel Insulza- quien afirmaba haber financiado la campaña de Rafael Correa; y sacar del cajón de los recuerdos las denuncias acerca de la supuesta venta de armas del gobierno de Chávez al grupo insurgente.

El impacto de estas campañas no se puede desmerecer, y a raíz de estas bombas de humo –tal como las calificó el presidente venezolano- Chávez decidió congelar las relaciones económicas con Bogotá y retirar a su embajador de la sede diplomática en la capital colombiana.

Todo esto forma parte de la guerra simbólica que hoy día se combate para controlar e imponer las noticias que Ud. debe leer mañana en la tapa de su diario.

¿Correa y Chávez son terroristas amigos de las FARC o Colombia sede territorio latinoamericano a Estados Unidos al permitir la instalación de 5 bases de la principal potencia mundial en su territorio?

La elección de un titular o del otro, modelará el pensamiento de millones de personas. Es una batalla en la que el lector no tiene ninguna capacidad de decisión.

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Burda manipulación


Guillermo Navarro Jiménez (especial para ARGENPRESS.info)

Las ediciones de los diarios La Hora y el Universo correspondientes al 4 de agosto del año en curso, desarrollan una campaña de desinformación para tratar de deslegitimar la decisión del gobierno nacional de revertir las concesiones de frecuencias que presentan graves irregularidades, anunciada por el Presidente Rafael Correa en entrevista mantenida con la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER) sobre la base de dos elementos.

- El pretender que las medidas adoptadas por el gobierno venezolano son similares a las anunciadas por el Presidente Correa; y,

- Una supuesta deslegitimación del Informe de la Comisión de Auditoría de Frecuencias.

La manipulación se descubre cuando se advierte que la aseveración del diario El Universo de que: “Las posibles medidas coinciden con las adoptadas en Venezuela por Hugo Chávez. El sábado las autoridades venezolanas sacaron del aire a 34 emisoras de radio y Tv, y advirtieron con una sanción similar a otras 200, en medio de un debate en el cual se acusa a los medios de ‘abusar’ de la libertad de expresión” [1], pretenden sugerir que las decisiones son similares y que se basan en una misma razón: el abuso de la libertad de expresión, a la cual ha aludido el Presidente Correa en sus últimos programas sabatinos.

Al respecto vale informar que la razón en uno y otro caso no son ni remotamente similares. Efectivamente, en tanto la decisión del gobierno venezolano se basa en la potestad del Estado venezolano de prorrogar o no las concesiones de frecuencias -en su calidad de representante del propietario del espectro radioeléctrico: la sociedad venezolana-, el pronunciamiento del Presidente Correa se sustenta en las irregularidades constadas por la Comisión Auditora de la Concesión de Frecuencias de Radio y Televisión. Irregularidades que dicen a inconstitucionalidades, ilegalidades e ilegitimidades cometidas durante la concesión de frecuencias de radio y televisión. En consecuencia, ni el procedimiento ni la base del mismo son ni remotamente similares en uno y otro caso. Adicionalmente, debe recordarse que ante el pronunciamiento del Presidente Correa, los medios de comunicación que siempre demandan el irrestricto respeto a las leyes vigentes, en esta oportunidad parecen renunciar a ello al, implícitamente, desconocer la potestad de las autoridades para determinar y juzgar el irregular comportamiento que precisa el mencionado Informe.

Igualmente, el diario el Universo pretende manipular a la opinión pública a través de adjudicar, sin sustento alguno, al CONARTEL una supuesta afirmación de que el Informe de la Comisión de Auditoría de Frecuencias de Radio y Televisión, “no tiene viabilidad jurídica”, por lo que el Presidente Correa supuestamente habría formado una Comisión para que lo “analice jurídicamente”. La manipulación se descubre cuando se estudia la resolución del CONARTEL al respecto, la que expresa la necesidad de estudiar los procedimientos administrativos y jurídicos a aplicar, lo que, por obvias razones, rebate el argumento esgrimido por el diario El Universo.

El diario La Hora, en la misma línea que el diario El Universo, inicia la manipulación con el titular del artículo en el cual se refiere al anuncio del Presidente Correa, al expresar: “Correa también cerrará medios”, en clara alusión a la decisión del gobierno venezolano y con la intención de otorgar comportamientos similares sin reflexión alguna a las razones que determinan una u otra decisión, como mínimamente correspondía. Manipulación que va mucho más allá de esa intención inicial, puesto que en el texto afirma: “El anuncio de Correa se da luego de que en Venezuela la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) anunció la rescisión del permiso para emitir a 34 emisoras”. Aseveración que sugiere que el pronunciamiento del Presidente Correa obedece a la decisión anterior del gobierno venezolano y como consecuencia de ésta.

La manipulación de La Hora para tratar de deslegitimar el Informe de la Comisión de Auditoría de Frecuencias de Radio y Televisión en este caso es mucho más audaz, puesto que afirma que se realiza una “nueva auditoría que se realiza a un informe previo sobre el uso de frecuencias”, con lo que pretende adjudicar al informe de la Comisión el carácter de previo, de deslegitimar sus conclusiones y recomendaciones. Manipulación que se pretende reforzar con la falsa aseveración de que se elabora una nueva auditoría, la cual, por obvias razones tampoco tendría legitimidad alguna por carencia de base constitucional o legal.

A más de la audacia y la irresponsabilidad de la manipulación descrita nuevamente se abstiene de informar cuales son los objetivos de la Comisión Técnico Jurídica estructurada por el señor Presidente de la República, puesto que ello hubiese puesto al descubierto que esta Comisión no realiza una “nueva auditoría” como lo sostiene La Hora, sino que prepara la línea de ruta jurídico política para la aplicación de las recomendaciones del Informe de la Comisión, como quedará demostrado en el futuro próximo.

Finalmente y a forma de corolario, vale preguntar a los diarios antes objetados: ¿Cuáles son las razones que les inducen a guardar total silencio ante el anunciado cierre de la Radio Globo de Honduras por parte del gobierno de Micheleti? ¿Será por la coincidencia ideológica y política diarios con la dictadura de facto de Honduras?

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¿Qué está detrás de las nuevas bases militares yanquis en Colombia?


ELN

De nuevo el Presidente Uribe pisotea la Constitución Nacional, cuando acepta el paso de tropas extranjeras por territorio colombiano, desplazamiento que tiene que ser autorizado previamente por el Senado de la República; violación que es aún más grave por tratarse de la instalación de bases militares gringas en el país.

Hay que recordar que las Fuerzas Armadas colombianas son las mayores de Suramérica, superiores a las del Brasil que tienen un territorio 7 veces mayor y una población 5 veces superior. Ellas consumen el 6 por ciento del PIB, mientras el gasto del Ejército de los Estados Unidos sólo asciende al 4 por ciento de su PIB. Este nuevo Tratado militar con EEUU, las FFAA se refuerzan con 6 nuevas bases militares, que apuntan estratégicamente hacia la hermana República Bolivariana de Venezuela: Palanquero y Tolemaida en el interior, Malambo en la Costa Atlántica; Apiay y Larandia en los Llanos Orientales y Saravena ubicada en la línea fronteriza sobre el río Arauca. Además está prevista la entrega de la Base de Bahía Málaga en la Costa Pacífica para los marines gringos.

Según este Tratado, los soldados invasores gozaran de inmunidad, pues la justicia colombiana queda impedida para investigar y juzgar los delitos que cometan éstos en el territorio nacional; tampoco la Corte Penal Internacional podrá juzgarlos cuando cometan crímenes de guerra. El gobierno está justificando este Tratado violatorio de la soberanía y dignidad nacional, recurriendo a mentiras y ocultando la verdad del propósito estratégico de la fuerza invasora.

Argumenta que la presencia de la fuerza gringa obedece a un acuerdo de cooperación para combatir al narcotráfico y el terrorismo, y que ella no representa ninguna amenaza para los países vecinos. Lo cual está en abierta contradicción con las reiteradas declaraciones del Presidente, en las que suele exaltar los éxitos de su política de Seguridad Democrática -o doctrina de Seguridad Nacional que es lo mismo-, en las que niega la existencia del conflicto interno y afirma que el paramilitarismo desapareció y que la guerrilla está en extinción. Entonces, si es cierto lo que dice el mandatario, ¿qué necesidad hay de reforzar los 400 mil soldados que tiene el Estado colombiano, con nuevas Bases gringas que se suman a las que venían de tiempo atrás?

Es evidente que el gobierno colombiano de ultraderecha es parte de un plan de guerra andino, con la entrega del territorio como cabeza de playa para el avance de los invasores; infamia que camufla tras un supuesto acuerdo para pacificar el país, acabando con el conflicto social y armado interno.

La instalación de nuevas Bases militares son parte del actual despliegue imperialista contra Venezuela, para destruir el proceso revolucionario que lidera el Presidente Chávez; es el Plan B, ante el fracaso del golpe que patrocinó en abril del 2002.

El conflicto del gobierno colombiano con el Ecuador, es otra razón más para que el Presidente Uribe permita la instalación de las bases gringas en nuestro territorio.

Esta estrategia viene andando desde hace rato, la prolongación de la guerra interna sirve de pretexto a éste plan contra los países vecinos que se han distanciado de las imposiciones de la potencia del Norte. Por tal razón, la agenda del Presidente Uribe no tiene espacio para buscar la paz por el camino de los diálogos y el intercambio humanitario.

El imperialismo norteamericano se siente herido y disminuida su influencia, con el liderazgo de Chávez y el proyecto ALBA en los pueblos y gobiernos del continente. El Presidente Uribe, como servil lacayo del imperio, tiene la tarea de seguir afianzando a Colombia como el Israel suramericano, al servicio de los intereses estratégicos de los EEUU.

Las colombianas y colombianos que soñamos con la construcción del nuevo país donde impere la paz, el bienestar general con desarrollo sostenible, la democracia real y se recupere la dignidad y soberanía de la nación, no podemos quedarnos callados ni quietos ante esta grave situación, que anuncia vientos de guerra entre países hermanos, en beneficio de los intereses estratégicos del imperio, que subyuga y explota los pueblos del Sur.

Unamos fuerza todos y como un solo pueblo que somos, rechacemos y enfrentemos la invasión gringa al territorio colombiano y la amenaza contra nuestros hermanos de Venezuela y Ecuador. Sumemos fuerzas y combatamos por todos los medios al régimen lacayo del imperio, que entrega la soberanía de la nación y conspira contra los países vecinos.

Y todos a una sola voz y en la misma dirección gritemos:

¡FUERA EL INVASOR GRINGO Y SUS LACAYOS APÁTRIDAS!

ELN: Ejército de Liberación Nacional de Colombia.


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El frente de lucha es en Honduras


Dick Emanuelsson (IRCAMERICAS, especial para ARGENPRESS.info)

El golpe de estado el 28 de junio sacudió al mundo y especialmente a Latinoamérica y el Caribe. Fue el primero golpe de estado para la administración de Obama, que condenó el golpe y lo caracterizó como golpe de estado, hecho inédito mirando la historia de la Casa Blanca.

Ha pasado un mes y el régimen de facto todavía está en la Casa Presidencial en Tegucigalpa mientras el destituido presidente Manuel Zelaya Rosales se encuentra en este momento en la región norte de Nicaragua con unos tres mil refugiados políticos. Ha hecho varios intentos de regresar a su país, pero sin recibir garantías de los golpistas.

La situación es explosiva. Hasta ahora la táctica de Zelaya y el Frente Nacional de Resistencia Contra el Golpe de Estado de insistir en una lucha pacífica tiende de agotarse. Sin embargo no es Zelaya y el Frente que decide que tipo o forma de lucha se usará para derrotar al régimen golpista sino ese mismo. Ahora se escucha muchas voces que propone que la solución sea armada.

Mientras los países vecinos de Honduras como El Salvador, Nicaragua y Guatemala se encontraban en guerras civiles muy sangrientas en la década 1970-1980, Honduras vivía bajo la bota civil-militar pero sin la guerra. Ahora parece que la historia podría ser al revés.

* * *

Mucha gente lo vio cuando el oficial arrastraba al joven albañil Pedro Magdiel Muñoz Salvador en la tarde del viernes pasado en la aldea llamado Alauca, doce kilómetros de la frontera con Nicaragua en el departamento de Paraíso. El fotógrafo del diario La Tribuna sacó la foto en el momento preciso. Lo que no sabía él en ese momento es que esa foto puede esclarecer uno de los más espantosos asesinatos políticos desde la década de los ochenta.

"Me siento mal como madre," dice una señora que dice tener 70 años y se recuerda la década de los ochenta por la guerra sucia y el "Batallón 3-16".

Lleva la bandera hondureña como un homenaje al cadáver de Pedro Magdiel que los asesinos han botado en un descampado al lado de un muro de una procesadora de café. Sus ojos miran al cielo con un interrogante en su rostro y con la boca abierta. Lleva una chaqueta negra ligera cerrada hasta la mitad y se ve un poco de una camisa oscura sucia. Tiene bluejeans, calcetines grises y tenis negros. Tiene una herida de corta punzantes en el frente, una en cada cachete y una, la mortal, en la arteria del cuello. La mano derecha y el antebrazo están morados por golpes y por haber sido amarrados.

"Él (Pedro) estuvo al frente la barrera que nos puso tanto la policía como el ejército. A las 3 de la tarde nos tiraban las bombas lacrimógenas y posteriormente siguieron quemando llantas y vegetación y él fue uno de los que traía monte seco. Por eso nosotros somos testigos que cuando a él lo capturaron en la tarde él estaba vivo todavía," dice la señora con una indignación y se le salen lagrimas de rabia e impotencia.

Hemos entrado, mi fotógrafa y yo, a las 9 de la mañana del sábado 25 de julio al campo donde se encuentra el cadáver y donde fue encontrado a las 7 a.m. La fiscalía y la policía no se han atrevido llegar por la rabia de miles de personas que han pernoctado en Alauca. Doce kilómetros de allá, en el territorio nicaragüense, se encuentra desde el jueves 23 de julio el derrocado presidente Manuel Zelaya Rosales y habría entrado ese viernes, acompañado por miles de hondureños para regresar a Honduras y comenzar la marcha pacífica a la capital de la república. Pero el régimen golpista no permitió que la primera dama de la nación, Xiomara Castro de Zelaya, llegara junto con centenares de activistas del Frente Nacional contra el Golpe de Estado sino quedaron atrapados en Arenales, una aldea unos 30 kilómetros antes de llegar a la frontera a Nicaragua. Zelaya entendió el mensaje—que el régimen de facto lo capturaría si entrara al país.

Hablamos con varias personas y uno, que pertenece a la Comisión de Disciplina y que es oriundo del departamento de Paraíso, dice lo siguiente: "El comisario Osorto dice que lo soltaron (Pedro) a las seis y media de la mañana este sábado pero misteriosamente aparece muerto acá a las 7 con los señales de tortura." Llega el médico forense Santo Cepeda pero no puede hacer nada hasta que llegue el fiscal y la policía de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC). La comisión de disciplina se encarga de la seguridad de los representantes estatales para que no sean linchados por las masas dolidas.

Media hora después aparecen escoltados una mujer y un hombre, Jasmina Chacón de DNIC, y Renán Cruz, el fiscal. Los dos están nerviosos. Comienzan el trabajo con el médico forense recogiendo las diferentes piezas que están tiradas en el descampado que pueden ser las pertinencias de la víctima. Celular, una bolsa de tela, la billetera que contiene varias cartas de amor entre él y su esposa, fotos de ellos y su hijo y la cédula que confirma nombre y apellido.

Santo Cepeda y su asistente inician el levantamiento del cadáver. La policía toma una foto por cada herida de la corta punzante y se registra el tamaño de la herida. Hasta ahora no se ha descubierto manchas de sangres y parece que la víctima ha sido lavado o borrado de su sangre. Abren la chaqueta y la camisa y se ve cuatro heridas más grandes en el abdomen. La camisa es empapada de sangre y tememos lo peor cuando voltean el cuerpo. Lo primero se ve son las tres heridas en la cabeza atrás hechas por un cuchillo o machete. El médico levanta la camisa y lo que se ve exactamente a las 12:00 del medio día el sábado 25 de julio es la obra de varios sádicos. Pedro Magdiel tiene en la espalda 35 heridas de corta punzantes y en total tiene 42 heridas en el cuerpo, más el daño en el brazo derecho y varios dedos fracturados.

Según el médico forense, la muerte ha sucedido entre ocho y diez horas atrás, es decir, entre 02:00-04:00 horas de la mañana el sábado, supuestamente cuando se encontraba Pedro retenido por la policía, versión que el vocero de la policía nacional desmiente 22 minutos después a través el diario El Heraldo.

El cuerpo de Pedro Magdiel coincide con la foto que La Tribuna pública en la página 52 en la misma mañana del sábado 25 de julio. Cuatro días después, el miércoles 29 de julio escribe la revista y el portal "Honduras Laboral", que "Los parientes en Tegucigalpa identificaron plenamente a Magdiel al ver la foto de La Tribuna cuando lo están capturando, por su vestimenta y por su rostro". La revista agrega la foto de La Tribuna con la foto que ha sacado mi fotógrafa en donde la vestimenta coincide en ambas.

Además relata el articulo que "un detalle importante es el fusil que porta (el oficial) en su mano derecha el cual es similar al M16 pero más pequeño. Este tipo de fusil es únicamente utilizado por los oficiales de las Fuerzas Armadas, específicamente del ejército". Quiere decir, que identificar al oficial no es una cosa complicada lo cual podría esclarecer a quien fue entregado Pedro Magdiel esa tarde. Es como la ironía de la vida porque resulta que el dueño de La Tribuna es Carlos Flores Facussé, calificado como uno de los autores intelectuales del golpe de estado contra Manuel Zelaya. Su fotógrafo ha aportado una prueba clave sobre quien o quienes pueden ser los asesinos de Pedro Magdiel.

"¡Esta obra se llama vender miedo, vender terror!," dice la mujer. "Yo le digo a la prensa internacional que hemos vuelto a la década 80 donde están aplicando la Doctrina de Seguridad Nacional y el Enemigo Interno. Capturaron y los sacaban de sus casas obreros, campesinos, estudiantes o profesionales y aparecían muertos. ¡Y esta es la Doctrina de Billy Joya Amándola!"

El Batallón 3-16

Gloria Esperanza Reyes fue una de las mujeres detenidas en la década 80 pero tuvo suerte, no fue asesinada y desaparecida forzosamente como 218 y 110 hondureños respectivamente, víctimas por un comando de la inteligencia militar llamado "Batallón 3-16". Las mujeres fueron torturadas con cables aplicadas a los pezones y vagina. Comenzaron con 110 voltaje y pasaron a 220. "El primer choque fue tan fuerte que solo quise morir," contaba Gloria. José Barrera, uno de los verdugos del "3-16" confirmó la frase de Gloria: "Nos rogaban de matarlos. La tortura es más espantosa que la muerte," decía el matón el 13 de junio 1995 en un extenso reportaje del diario Baltimore Sun de Estados Unidos.

Lo que Barrera o el reportero estadounidense no sabían entonces, es que uno de los más odiados de los integrantes del "3-16", el capitán Billy Joya, el 29 de junio de 2009 entraría a la casa presidencial en Tegucigalpa a sentarse al lado el presidente de facto, Roberto Micheletti como "asesor ministerial". Joya sabe como jalar en los hilos en un golpe de estado o en la guerra sucia. Fue uno de los alumnos de "capacitación" en Chile en los cuerpos de carabineros durante la dictadura de Pinochet.

CIA creyó el monstruo

En augusto 1980 aterrizaron 25 oficiales de las FF.AA. hondureñas en una pista no pavimentada en un desierto del suroccidente de Estados Unidos. Fueron recibidos por cinco agentes de la CIA, uno de ellos llamado "Mr. Bill". Florencio Caballero, uno de los 25 hondureños que posteriormente volvería en experto de "desapariciones" del 3-16, mencionó a Baltimore Sun que "arribamos a una base militar, todo era privado, ninguna televisión, solo películas de video".

El Batallón 3-16 fue creado por recomendación de la CIA en la "Guerra Preventiva". Era un comando paramilitar autónomo de inteligencia que ejecutó con un odio ciego contra todo y todos que olían subversión, progresista o movimientos populares en Honduras. La inspiración y los "profesores" eran los de la CIA y la dictadura militar de Argentina donde la "eficacia" era impactante con el saldo de 30,000 desaparecidos. Los dos generales Gustavo Álvarez Martínez y José Bueso Rosa confirmaron que "Estados Unidos nos ofreció de crear esta unidad de fuerza especial". "Fue la idea de ellos de crear una unidad de inteligencia que reportaba directamente al mando máximo del Comando Conjunto de las FF.AA," decía general Bueso al Baltimore Sun el 11 de junio de 1995. En ese reportaje fue también confirmado el papel personal y protagónico que tenía John Negroponte que llegó a Honduras en 1981 e inició la guerra interna en Honduras. En su tiempo como embajador en el país, el presupuesto militar aumentó de 3.6 millones de dólares en 1981 a 77.8 millones en 1985, cuando ya había cumplido su misión—haber creado la contra nicaragüense y haber salvado la dictadura salvadoreña.

Durante seis meses en el desierto fue creado el núcleo de lo que sería el Batallón 3-16. El manual de la CIA en guerra psicológica y tortura fue literalmente impregnado en los cerebros y columnas de estos oficiales hondureños. De vuelta a Honduras aplicaron lo aprendido por los asesores de Estados Unidos y Argentina, volviendo maquinarias de muerte contra su propio pueblo. Con Billy Joya ahora en la Casa Presidencial y asesinatos bestiales como lo de Pedro Magdiel, los hondureños regresan a una época de pesadillas, ahora con una "actualizada" forma de "3-16".

APROH y la Unión Cívica Democrática

La Asociación para el Progreso de Honduras (APROH) fue creada con personería jurídica el 10 de enero de 1983. "Durante casi dos años, la APROH complementó y asesoró al Estado; elaboró los principales documentos económicos y políticos del gobierno, entre ellos el informe presentado a la Comisión Kissinger. Incluso en septiembre de 1983, propuso a Kissinger que Estados Unidos invadiera a Nicaragua (sandinista). La APROH representó una visión global del país enmarcada en una perspectiva neoliberal y seguridad nacional. En este contexto, es que en la segunda mitad de 1983, propuso organizar 125,000 familias sin tierras en cooperativas agroforestales, bajo régimen militar obligatorio, por lo tanto, bajo el control y la autoridad de las fuerzas armadas", escribe el escritor Juan Arancibia en su libro "Honduras un Estado Nacional".

Según Arancibia, la propuesta de APROH perseguía tres objetivos que coinciden casi idénticamente con la política de "seguridad democrática" de Álvaro Uribe en Colombia en su tarea de crear una "red de informantes y cooperantes" o la red "guardabosques", que no son otras cosas que aprovechar la miseria en el campo colombiano pagando a los campesinos 150 dólares para que vuelvan sapos a las fuerzas militares en su guerra contra la insurgencia.

Arancibia describe los objetivos de APROH: Organizar a familias sin tierras para manejarlas políticamente y transformarlas en futuras patrullas civiles (como en Guatemala en esa época) que sirvieran para el control de la población. Además, se eliminaba de paso el problema social y político que representaban los campesinos sin tierras. Aumentar la producción maderera y mejorar el cuidado del bosque. Crear barreras sociales y políticas al eventual desarrollo de organizaciones político-militares, que pretendieran usar los bosques como retaguardia y conquistar a los campesinos sin tierra como su base social.

APROH era más gringo que los gringos y "habría sugerido a la Comisión Kissinger de convertir a Honduras en Protectorado o en Estado Libre Asociado. Aunque señalaba que ello no era compatible con la idiosincrasia hondureña, se proponía como una posibilidad extrema para salvar el sistema. En el fondo, se sugería que era preferible la desaparición de Honduras como país independiente, antes que la ocurrencia de una transformación revolucionaría", escribe Arancibia. Esta actitud se refleja hoy en la total intolerancia del general Romeo Vázquez y Roberto Micheletti que preferían hacer un golpe de estado, utilizando los militares para frenar cualquier reforma mínima en donde el pueblo tuviera una participación directa como en la consulta popular el 28 de junio.

Es muy notorio, que la elite de la década '80 que representaba APROH, es el mismo sector y clase social que ha ejecutado el golpe de estado el 28 de junio 2009, esta vez con la fachada de "la Unión Cívica Democrática", o Los Blancos o Los Perfumados, como el hondureño en común llama a los golpistas.

¿Y quiénes eran y quienes son hoy?

Ayer fueron destacadas personalidades de los partidos, empresarios, intelectuales de la derecha, militares y personajes de la rama judicial. Hoy es lo mismo y podemos agregar las cúpulas de las iglesias católicas y evangélicas, la Corte Suprema de Justicia, la Procuradora, la Fiscalía General, el comisionado de derechos humanos, Ramón Custodia, hoy rebautizado como el "Ombudsman de la oligarquía" pero sobre todo, los medios de comunicación masiva.

Billy Joya es el estratega

"Para nadie es un secreto que esto (el golpe) viene de los empresarios que no quieren compartir parte de sus ganancias y de sus riquezas con el pueblo. Ahí tenemos también ex presidentes de la república como Carlos Flores Facussé, Rafael Calleja y Ricardo Maduro, los mismos candidatos presidenciales como Pepe Lobo (Nacional) y Elvin Santos (liberal) que pertenecen a la oligarquía de este país. Y con tristeza digo las iglesias tanto católica como evangélica están detrás de todo esto, incluso indoctrinando a los feligreses tratando de poner una venda a los ojos para que no se den cuenta de la realidad. Lo que ellos no saben es que es que el pueblo creció, ya despertó y está reclamando su derecho de participación en las decisiones que le afecta tan por igual a todos. ¡Este es un golpe de estado aquí y en cualquier parte del mundo! Las garantías individuales están suspendidas, se están violando a los derechos de la integridad física, la vida y la libertad de las personas."

Lo dice María Luisa Borja, ex coronel de la policía nacional durante 25 años pero que fue despedida durante el gobierno de Ricardo Maduro cuando "cavó" demasiado hondo en la corrupción interna de la misma policía. Se horroriza cuando menciona "Batallón 3-16". Y agrega:

"Billy Joya es el estratega de todo esto, y por eso vemos justamente esas prácticas en 3-16. Y su Usted analiza los directores actuales de la Policía Nacional, son ex miembros de 3-16 como el director del Transito Napoleón Nazareth Herrera, el director de la Investigación Especiales René Maradiaga Panchamé, el director general de la Policía Salomón de Jesús Salinas, ¡todos estos son ex miembros del fatídico Batallón 3-16 que en estos momentos están poniendo en práctica todos esos abusos de autoridad!"

Una lucha popular prolongada

Está oscuro cuando dejamos Alacua y el departamento de Paraíso atrás y nos vamos en la noche en dirección hacia Tegucigalpa. Los focos iluminan las montañas, las palmeras y las pequeñas casas en un país que es rural. Esta parte de Honduras es hermosa y expresa una tranquilidad y calma.

Pero de repente vemos una pared de espaldas de soldados con carabinas automáticas atravesando la carretera. Un oficial me dice que no podemos continuar el viaje por que "los Melistas" han tomado la carretera. Pero decimos que somos periodistas y queremos hablar con la primera dama de la nación, Xiomara Castro de Zelaya, que ya lleva 24 horas en la carretera en la aldea de Arenales, esperando que las barreras que las tiene al frente desaparezcan para que se pueda reunirse por la primera vez desde el golpe de estado con su marido.

Son dos barreras de soldados rasos que están ahí horas tras horas. Son prohibidos de hablar con nosotros pero cierra los ojos afirmando cuando preguntamos si ellos sufren la misma pobreza de las colonias de miseria (barrios) y la misma falta de oportunidades como trabajo, educación y salud como cualquier hondureño. Al otro lado de las barreras han hecho una fogata, la gente está cansada pero lleno de ánimo de seguir la pelea, siempre en forma pacífica. Carlos H. Reyes, dirigente sindical legendario de Stiby que organiza los obreros de las embotelladoras de Coca Cola y Pepsi Cola en el país, está dando una charla sin megáfonos, que no necesita por la voz marcial que tiene.

Ahí está también Marvin Ponce, diputado del Partido Unificador Democrático (UD) que acaba de regresar de Washington, integrante de una delegación que ha tenido entrevistas con congresistas estadounidenses para convencerles de la importancia de que Estados Unidos cierra la "válvula" en todos los sentidos con el régimen golpista.

"Desde la huelga general de dos meses el 1954 (que comenzó en las bananeras de United Standard Cia), el movimiento popular no ha dado una batalla tan fuerte como la de ahora. Porque los golpes militares anteriormente eran golpes entre las cúpulas políticas y militares y el pueblo en cierta forma los toleraban. Pero ahora el pueblo cambió en Honduras y por eso llevamos 26 días de resistencia que los tienen preocupados a los políticos y los militares que tienen que recurrir la represión como única arma," dice Ponce.

El diputado de la izquierda hondureña sostiene que la administración de Obama quiere dilatar el proceso para una solución a través de cansar al presidente y el pueblo y así dar legitimidad a los golpistas.

"Eso implica que los gringos juegan un papel sucio en ese tiempo de temas. Aquí está detenida la primera dama, su suegra y sus dos hijas. Tenemos que revertir este proceso terrible, tenemos una juventud muy luchadora y tenemos adultos que han vivido la década '80 y que no quieren regresar a esa época. Tenemos un pueblo organizado y movilizado que resiste y lucha. No vamos a cansar y creo que entramos en una lucha popular prolongada para conseguir el objetivo de una nueva constitución y restituir el presidente Manuel Zelaya."

Oscar Arias, el hombre de Clinton

Marvin Ponce y Silvia Ayala, también congresista de la UD, fueron miembros de la delegación que seleccionó Zelaya para el diálogo en Costa Rica con el presidente Oscar Arias como facilitador. Pero Marvin Ponce no confía en el "Tica".

"Oscar Arias es un cuadro del imperialismo, es un enemigo a los movimientos sociales y ha jugado un triste papel alargando y proponiendo la agenda de siete puntos aunque él no es un negociador y además descartando la consulta popular, por lo cual hicieron el golpe de estado," señala Ponce. Arias propuso un acuerdo de siete puntos que incluye un compromiso de cesar en la intención de permitir que la gente decida si quiere llevar a cabo una asamblea constituyente.

El diputado Ponce fue acusado por varios medios de comunicación hondureños, entre ellos el periodista Renato Álvarez, de Televicentro que dirige el programa "Frente a Frente", por instigar a la lucha armada para recuperar la democracia y la restitución de Zelaya en la presidencia, callando que el general Romeo Vázquez utilizó todo los cuatro ramas de las FF.AA., sobrevolando con aviones de guerra el día del golpe militar. Después acusó a Hugo Chávez por haber causado la muerte de un joven el 5 de julio cuando 500,000 personas llegaron al aeropuerto para recibir el presidente.

"Ellos tienen las armas, y no solamente de los militares sino de los medios de comunicación. Hemos roto el cerco mediático de la derecha y los grupos de poder y puedes ver como el pueblo ha estado movilizado todo este tiempo y no ha parado. Por eso hemos ido a Washington para exigir un papel más fuerte de Estados Unidos que prácticamente quitó el papel de la OEA, lo agarró y lo trasladó a Centroamérica y a Arias donde puede ver un dialogo infecundo, prorrogable a modo de cansar al presidente, la ciudanía y darles más fuerza a los golpistas y prácticamente se convirtió a un interlocutor válido a los golpistas! El error más grande que cometió el presidente (Zelaya) fue sentarse y dialogar con los golpistas. Sin embargo él creía que hablar con Hillary Clinton todo iba a terminar en dos tres días por que la mediación tendría que haber sido un ultimátum a los golpistas para entregar el poder."

"La primera reunión con Arias fue un fracaso, la segunda también y la tercera trajo otra agenda. Los golpistas dicen ahora que van a llevarla al congreso nacional y a la Corte Suprema para consultar, es decir, una burocracia para ganar tiempo. Ahora dice Obama al presidente Zelaya que no venga a Tegucigalpa sino a Washington. Estados Unidos está jugando un triste papel y al final son partes del golpe de estado porque no quiere una salida concreta de este problema."

"Cuando estuvimos en Washington nos dijo el representante y encargado de Centroamérica en el Departamento de Estado que estaban haciendo un estudio jurídico si era o no un golpe de estado en Honduras. Por eso decimos que el pueblo no debe agachar la cabeza por golpistas nacionales o internacionales".

"El secretario general de la OEA, Jorge Miguel Insulza, llegó el tercer día de golpe a Tegucigalpa solo para avisar a los golpistas que tenían que entregar el poder al derrocado presidente Zelaya. Ahora ha bajado el perfil y sugiere a Zelaya de no ingresar a su propia patria, que reconozca la agenda de Costa Rica. Yo creo que Insulza quiere reelegirse en el puesto. Primero jugó la Carta Democrática de la OEA de dónde sacó a Honduras pero ahora quiere quedarse bien con los gringos y no quiere evitar un baño de sangre si entra Zelaya."

La primera dama encabeza las protestas

El 28 de junio divide Honduras en un tiempo antes y después. Nada o nadie será lo mismo antes de esa fecha, dice Xiomara Castro de Zelaya y todos que son activos en la lucha contra la dictadura.

"Estamos en un régimen dictatorial. Llevamos 26 días (la entrevista fue realizada el viernes 24 de julio) aun sabiendo que hay represión y que no hay derechos pero seguimos reclamando los derechos que siempre hemos tenido. Y no vamos a cansar. Lo que queremos es que haya tranquilidad en nuestro país y para eso necesitamos regresar a la constitucionalidad, retornar a esa democracia que hemos mantenido en los últimos años de la cual ha permitido de alguna manera tener espacios de diálogos".

"El presidente fue muy claro cuando dijo que aquí hay grupos de poder que no quiere que el país y el pueblo se desarrolle. Y los puso en evidencia y hoy, terminaron sacándose la máscara. Hoy el pueblo entiende cuando Mel habla de los grupos de poder, ahora el pueblo entiende quienes son el grupo de poder. A pesar de la represión y los obstáculos que se están poniendo, el pueblo está firme. Acá la gente anda desarmada y con un solo fin—de llegar al presidente, con la esperanza de que el retorno del presidente signifique la paz en nuestro país. Y es eso lo que se estamos tratando de hacer hoy, tratando de llegar al presidente para así garantizar el regreso de él".

"Siempre se ha pensado que el hondureño es sumiso, pasivo y conformista, que lo único que hacemos es agacharnos la cabeza, que no tenemos ni siquiera la disponibilidad de poder discutir porque sabemos que no nos van a escuchar. Y ese es el concepto que hemos tenido toda la vida. Que durante la guerra fría Honduras estuvo tranquila y la gente se acomodaba. El presidente intentó de entender a la gente que tienen derechos que no pueden ser usurpados por nadie, tenemos la libertad y tenemos que bien reclamar la necesidad que nosotros tenemos para que sean atendidos. Eso fue la posición del presidente".

"La gente comenzó a entender eso con la Cuarta Urna. A mí me decía que no importa si la gente me entienda que quiero hacer, pero mi conciencia me pide lo que tengo que hacer. Ahora vemos como la gente ha respondido, porque ya no es una posición del presidente de la república, sino del pueblo".

El 25 de junio el presidente encabezó una caravana de mil personas que fueron a la base de la Fuerza Aérea para recuperar el material electoral para la consulta popular que la fiscalía había secuestrado en la mañana ese día. Desde esa fecha el pueblo ha crecido día tras día en conciencia, sostiene Xiomara Castro:

"Todavía no se han dado cuenta, todavía creen que con las armas se puede reprimir y con el simple hecho de asustar, amedrentar el pueblo va a regresar tranquilamente a sus casas y van a sentirse vencidos. Y la muestra es totalmente diferente. Llevamos 26 días de resistencia y el pueblo ha mostrado que no va a ceder hasta que no acepte sus posiciones."

Dos días después, el presidente de facto Roberto Micheletti y el general Romeo Vázquez ofrecen a la primera dama permiso de viajar a cualquier país que ella elige, a lo cual contesta con las palabras:

"¡Yo no necesito permiso para viajar a ningún país, mi país es Honduras y aquí está mi frente de lucha!"

¿Cómo derrocar la dictadura?

El pueblo chileno, uruguayo y argentino estaban desarmados y no pudieron resistir y derrotar a los fascistas y los militares detrás los golpes de estado en el Cono Sur en la década de os setenta. Los golpes de estado fueron condenados por el mundo mientras la Casa Blanca, la CIA y el Pentágono fueron los arquitectos para retroceder el reloj de la historia. Sin las armas y el pueblo organizado fueron presas fáciles por los gorilas. La lucha antifascista poco a poco se organizó pero en el caso de la dictadura chilena ésta duró más de 17 años.

En el caso de Honduras y el golpe de estado, un mundo entero, hasta la OEA y la Casa Blanca, ha condenado y ha calificado, como decía Obama el primer día, que ha sido un golpe de estado. Por la lógica de esa condena unánime y con el respaldo de la misma constitución hondureña que tanto los golpistas hondureños defienden, le da la razón de levantarse con todo contra la dictadura, incluso con las armas si fuese necesario.

Y en ese dilema se encuentra en este momento el presidente Manuel Zelaya que, en estos momentos cuando escribo este reportaje, llegan las noticias que el ejército y la policía y su Comando Cobra están reprimiendo miles de manifestantes en Tegucigalpa ubicados en la carretera Norte hacía la ciudad industrial de San Pedro Sula y el Puerto Cortéz. El maestro Roger Abrahán Soriano Vallejo, 38 años, profesor de lenguas extranjera, está entre vida y muerte por el tiro que recibió de un francotirador en la cabeza y que atravesó el cráneo. Fueron detenidos centenares de manifestantes en todo el país, lo cual muestra que no hay ninguna voluntad por parte el régimen de facto de crear las condiciones por la entrega del poder al presidente constitucional, al contrario, ha aumentado la represión a un nivel más alto y peligroso.

Creando "Ejército pacífico"

El director de Radio Globo, David Romero, relató esta mañana en la emisora sobre su visita ayer (29 de julio) en Las Manos, la zona fronteriza con Nicaragua, en donde habló con un muchacho que testimoniaba que él estuvo con cinco muchachos que por las montañas intentaron a llegar a Nicaragua y al presidente Manuel Zelaya. Pero en el camino por las montañas y trochas fueron detenidos por cinco paramilitares encapuchados y armados con botas del ejército. Fueron ubicados en fila india con diez metros de distancia entre cada uno y puesta venda en los ojos. Comenzaron a ser torturados por sus verdugos. El muchacho contaba que él y otro compañero tuvieron suerte porque fueron liberados pero los otros tres están desaparecidos y temen lo peor. Se ve muchos zopilotes sobrevolando la zona. Romero también contó que en el retén de Alauca están el ejército y la policía pero también un paramilitar vestido civil de camisa café con una pistola de calibre 9 mm visible, dando órdenes y en tono amenazante decía, ¡"Ojala no alcances el toque de queda…"! lo cual es una amenaza de muerte abierta. Es en este lugar en donde fue asesinado vilmente Pedro Magdiel Muñoz Salvador.

A pesar de las circunstancias, Manuel Zelaya insiste en la lucha pacífica: "No queremos utilizar las armas para botar una dictadura que hace tanto daño al pueblo hondureño. Hoy las izquierdas reconocen el poder de las urnas y eso es lo que está sucediendo en Ocotal, nos estamos preparando para vencer en las urnas a los golpistas que usan los fusiles para reprimir al pueblo" dijo ayer anoche, el presidente Constitucional de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, según la prensa.

Zelaya Rosales dijo que hoy los hondureños que se encuentran en Nicaragua en calidad de refugiados políticos iniciaran una fase de capacitaciones encaminadas a la formación de un ejército popular pacifico con el propósito de vencer la dictadura golpista. "Tendremos formación ideológica, formación política y entrenamiento. A partir de hoy utilizaremos las armas de la razón y este ejército va a ser invencible, porque estas serán nuestras armas," dijo mientras con su mano izquierda mostraba su tarjeta de identidad.

¿Guerra civil?

Pero la indignación popular es cada día más grande por las victimas y cada vez se escucha más las voces que se propone de armarse para así tumbar el régimen de facto. Cito literalmente uno de miles de correos que se publican en las diferentes redes en Honduras para que pueda tener una visión de los ánimos de los hondureños que luchan en las calles diariamente:

"¡Es increíble escuchar a los golpistas justificar y celebrar la muerte y represión de hondureños sólo para llenarse más de soberbia… En una guerra civil no van a estar tan alegres y protegidos… No hay tantos soldados… Mejor deberían de reflexionar y parar esto antes de que sea tarde… Tienen sed de sangre!"

El 15 de junio el presidente Manuel Zelaya Rosales fue víctima de una emboscada unos 100 metros de la base de la Fuerza Aérea en Tegucigalpa. Dos impactos quebró el vidrio panorámico del carro que llevaba el presidente que salió ileso del atentado terrorista.

Los medios de los oligarcas que ahora saludan y celebran el golpe de estado, hicieron caso omiso o burlaron al presidente Zelaya diciendo que había hecho un autoatentado con unas piedritas al vidrio.

Ahora sabemos que Zelaya había retado al poder invisible de ese grupo de 6-7 grupos oligarcas que 13 días después ejecutara el golpe de estado contra el presidente, disparar unos 80 tiros contra la casa del presidente y llevarlo en pijamas a un avión que lo trasladó a Costa Rica.

Lo que los golpistas no calcularon fue la reacción del pueblo hondureño que no ha descansado un día en su lucha para restablecer la democracia. La pregunta es porque el mundo, y sobre todo Estados Unidos, no aprietan la válvula en todas las áreas del régimen de Micheletti. Solo cancelar unas visas para los golpistas no es suficiente, tampoco congelar las cuentas bancarias. El régimen solo entiende lenguaje y decisiones duras. Y lo saben Obama y Clinton.

* El título es de una frase dicho por la primera dama de la nación "Mi frente de lucha es en Honduras": Xiomara Castro de Zelaya, primera dama de la nación.

Dick Emanuelsson es reportero en América Latina desde 1980 y reside en Tegucigalpa desde 2005. Escribe para varias agencias internacionales.

Foto: Honduras, glolpe de estado - Manifestación contra el Batallón 3-16. / Autora: Mirian Huezo Emanuelsson


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Resistencia a la soberanía (y otras paradojas)


Oscar Taffetani (APE)

La capital del Chaco no se llama Resistencia por la guerra defensiva de sus habitantes originarios, sino por los esfuerzos del colonizador blanco por mantener las avanzadas en el territorio ancestral de los Qom, los Mocoví y los Wichí.

El Impenetrable ya ha sido penetrado de distintas formas por los depredadores madereros y los depredadores sojeros, que expulsan a la gente de la tierra y la aprietan en los cordones de miseria de las grandes ciudades.

La avenida Soberanía es un signo de dependencia: divide, en la capital chaqueña, a la ciudad gringa, la de los más favorecidos, de la otra ciudad, la de los pobres e indigentes, la de los hijos de la tierra que se quedaron sin padre y sin tierra.

Con esta clase de paradojas conviven a diario los chaqueños. Pero lo sobrellevan. El Ministro de Salud, por ejemplo, admite que en el Chaco el porcentaje de niños desnutridos, en 2008, fue más alto que el de 2004, 2005, 2006 y 2007. Y ahí se queda, pensando.

“Estamos haciendo los mayores esfuerzos para terminar con esta injusticia, pero no alcanza”, declara el gobernador Capitanich en un reportaje. Cuando el periodista le muestra una foto de Iván González, un chico discapacitado y desnutrido que pide una vivienda digna y una silla de ruedas, entonces toma cartas en el asunto y lo resuelve con un telefonazo.

Luego, continúa con la entrevista y le dice al cronista: “Lamentablemente, son respuestas individuales a problemas individuales, pero no podemos dejar pasar un minuto más sin solucionarle el problema a esta criatura y su familia”.

El periodismo tampoco puede hacer mucho, reconozcamos. Tendría que organizar 25 mil reportajes a Capitanich, para que el Gobernador fuera resolviendo “individualmente” los problemas de las familias de Resistencia que tienen hambre. Pero no puede. Es virtualmente imposible hacerle 25 mil reportajes a Capitanich.

“La ayuda no llega”, exhala el Gobernador, y su mirada se pierde en los lentos desplazamientos de las nubes, bajo la Bóveda Celeste.

“Sólo el área metropolitana del gran Resistencia -le dice al periodista- tiene 25 mil familias con viviendas precarias y sin títulos de propiedad, debido a la migración interna provocada por el cambio de modelo económico-productivo que no supo cómo absorber la demanda de trabajo...”

Es que, claro, el modelo económico-productivo es así: hoy se despierta expulsor de mano de obra y ya no hay con qué apaciguarlo.

Después de la última elección (que las huestes de Capitanich ganaron con un 48 por ciento de los votos), el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación insistió en reclamar por el destino de 10 millones de pesos que envió a través del Programa Nacional de Seguridad Alimentaria (PNSA) y que debían entregarse a familias “nutricionalmente vulnerables”. La oposición dice que los fondos fueron desviados a dos fundaciones de amigos del poder, que no están sometidas a auditorías de ninguna clase.

Es que las Elecciones -las malditas Elecciones- son así. Peor que el dengue y la langosta. Llegan de improviso. Se adelantan. Capturan los recursos disponibles. Le roban al Estado. Le roban a los hambrientos.

Debería organizarse un definitivo frente de lucha contra las Elecciones, ese monstruo que los obliga a los gobernadores a desviar fondos. Y si no, esperar a que el Modelo se duerma, como aquel cíclope de La Odisea. Que se emborrache y se duerma, para tener la posibilidad de escapar.

La paradoja crece, en el Chaco, al mismo ritmo que la soja transgénica. ¿Y la hipocresía? Ah, la hipocresía rinde bien en cualquier época del año. La hipocresía es una bendición del suelo.

Autor foto: APE


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Justicia independiente

Victor Mendibil (ACTA)

El Consejo de la Magistratura, que tiene la potestad de la elección de jueces y magistrados, debería contar con un Consejo Asesor integrado por organizaciones de derechos humanos, gremiales y sociales que posibilite una verdadera y profunda democratización del Poder Judicial.

Lejos de ese anhelo democratizador, hay corporaciones elitistas y mezquinas que presionan a favor del reparto de cargos en el Consejo de la Magistratura para incrementar la impunidad y dependencia de jueces y fiscales en el Poder Judicial.

La composición y los vicios del Consejo de la Magistratura nacional han vuelto al tope de la agenda política lo cual ha dado lugar a la reaparición de lobistas que pretenden limitar el debate al reparto de cargos de las corporaciones y relegan los derechos de justicia del pueblo.

Esa presión lobista y corporativa, que cuenta con la complicidad de políticos de mentalidad conservadora neoliberal, no se hace cargo de sus responsabilidades por la historia frustrante de más de diez años del Consejo de la Magistratura y pugnan por dejar las cosas como están o sumar algún cargo de consejero para su parcialidad. Una vez más, gatopardismo puro.

El Consejo de la Magistratura es una de las causas más relevantes de la falta de justicia que padecemos.

Al discutirse las reformas constitucionales de 1994 y de años posteriores, como al tratarse las primeras leyes orgánicas de los consejos de la magistratura nacional y provinciales, los trabajadores de la Federación Judicial Argentina nos opusimos a esa concepción del Poder Judicial como coto reservado a los intereses partidarios y letrados que inspira a la gran mayoría de los consejos. Así obtuvimos avances más participativos y abiertos en los consejos de Chubut, Santa Cruz y Entre Ríos y algún pequeño progreso en la Provincia de Buenos Aires.

Los cambios más importantes y perdurables en el comportamiento del Poder Judicial se han gestado por el legítimo reclamo popular contra la falta de justicia.

Fue la lucha inclaudicable de las Madres de Plaza de Mayo y de los otros organismos de derechos humanos, compartida por la FJA, la CTA y otros movimientos sociales, la que garantizó y garantiza que la impunidad de los genocidas no se consumara, por la complicidad y la falta de compromiso de muchos jueces y fiscales, dentro y fuera del país.

Esas luchas también lograron abrir grandes boquetes en la muralla judicial que ampara el gatillo fácil, la tortura, las cárceles horrendas, la discriminación y la corrupción de los poderosos y los más variados atropellos contra el pueblo.

Fueron y son los sindicatos y las organizaciones sociales creadas por el pueblo las impulsoras de reglas democratizadoras de la selección de los jueces de las cortes y tribunales de casi todo el país, para compensar la cerrazón de la gran parte de los consejos de la magistratura.

Fueron organizaciones sociales como la Asociación de Abogados Laboralistas, Federación Judicial Argentina, CTA, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Asamblea Justicia para todos y otras las que pusieron en fuga a los cortesanos de la mayoría automática menemista, luego de numerosas denuncias, un Juicio Etico y más de dos años de continuos cacerolazos repudiándolos en las puertas del palacio que usurpaban.

Fueron los trabajadores neuquinos de la Federación Judicial Argentina junto a otras organizaciones los que, por ejemplo, lograron la destitución de los jueces de la Corte de Sobich.

Tan valiosa experiencia de lucha principista por la justicia democrática de miles de ciudadanos organizados, de los trabajadores judiciales y de la CTA no puede ser nuevamente marginada cuando, en esta oportunidad, existen planteos de remodelación de los órganos de selección y de juzgamiento de jueces, fiscales y defensores. Hay que darle amplia cabida a la participación popular en esos delicados procesos.

Los trabajadores necesitamos que la garantía de Justicia para el Pueblo sea efectiva y su independencia e imparcialidad estén aseguradas. Con esa vocación la FJA ha propuesto al Congreso un proyecto de modificación del Consejo de la Magistratura donde sostenemos que todos sus integrantes deberían ser elegidos entre las personalidades postuladas por las organizaciones ciudadanas; también deberían integrar los Consejos provinciales y el nacional representantes del ámbito académico y científico, elegidos por el Consejo Interuniversitario Nacional. Es de fundamental importancia que todos tengan una trayectoria y prestigio reconocidos, especialmente en la defensa de los derechos humanos y de la democracia.

En la mayoría de los casos, tanto los Consejos de la Magistratura como las Cortes de Provincia están integrados por magistrados y personajes de mentalidad retrógrada, autoritaria, que hace interpretaciones elitistas y mezquinas de la Constitución, que atentan contra los derechos de los trabajadores y judicializan la protesta social. También existen jueces nombrados durante la dictadura o por el menemato que fueron cómplices de la entrega del patrimonio nacional y traban los juicios contra los genocidas para imponer una situación de impunidad indignante.

Por estas y otras razones nosotros propugnamos que el Consejo cuente con un Comité Asesor, integrado por miembros honorarios, elegidos por las entidades defensoras de los derechos humanos, las centrales nacionales de trabajadores, el gremio de los trabajadores judiciales; las entidades en defensa del patrimonio público y contra la discriminación, la contaminación y la degradación del ambiente; las entidades nacionales representativas de los profesionales universitarios sin representación en el Consejo; las entidades de los jubilados y pensionados. Y su constitución observará la igualdad de género.

Estamos ante una cuestión de primerísimo magnitud que exige instalar un debate profundo sobre las garantías que debe otorgar al pueblo el proceso de selección de los jueces, ya que se trata de un tema determinante para la calidad institucional, la democracia y la vida de los habitantes.

Victor Mendibil es Secretario de Interior de la CTA Nacional.


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Elección de los jueces, un asunto de todos

Irina Santesteban (LA ARENA)

La selección y remoción de los jueces, tanto en el ámbito nacional como en las provincias, ha provocado constantes disputas entre la dirigencia política y la corporación judicial. Y el pueblo, ¿cuándo opina?

El nombramiento de jueces y su remoción, aunque muchos piensen que es un tema que no le importa a nadie, en realidad es un asunto muy serio que debería involucrarnos a todos los que creemos en una sociedad democrática y equitativa. Es que los magistrados deciden, a través de sus fallos, sobre los bienes y la libertad de las personas, sobre asuntos de familia, e incluso sobre la vida y la muerte, en aquellos países donde la pena capital está prevista en su legislación.

Ese poder de decisión siempre lo entendieron muy bien las clases dominantes, y por eso la preocupación de nombrar "jueces amigos". Así se fue formando la "familia judicial", aún hoy vigente en muchos poderes judiciales del país, en los cuales se repiten con frecuencia los mismos apellidos, casi siempre dobles.

Nombrar jueces era (y es), para el poder político, una forma de garantizar el "orden" y el cumplimiento de las leyes, obviamente las que favorecen sus intereses, pues no les preocupa tanto la vigencia de aquellas normas que reconocen derechos a los trabajadores o los ciudadanos "del montón".

El Consejo de la Magistratura es un órgano nacional y que también existe en las provincias, encargado de designar a los jueces, así como de intervenir en el procedimiento (jury) de destitución de los magistrados. Porque los jueces, lo dice expresamente el artículo 110 de la Constitución Nacional (y existe una norma similar en las constituciones provinciales), "conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta, y recibirán por sus servicios una compensación que determinará la ley, y que no podrá ser disminuida en manera alguna, mientras permaneciesen en sus funciones".

Con opiniones a favor y en contra, este precepto ha sido motivo de muchas discusiones. Y aunque pueda tomarse como un privilegio de la magistratura, en realidad es un reaseguro para la independencia de un juez, que no pueda ser removido con facilidad, en particular cuando tiene que juzgar conductas o ilícitos cometidos por hombres del poder. En la vereda opuesta, quienes denostan la inamovilidad de los jueces, dicen que los jueces amigos del poder también se mantienen en sus puestos eternamente por obra del artículo 110.

Conformación del Consejo

Actualmente el Consejo de la Magistratura está formado por trece miembros, de los cuales seis corresponden a la mayoría y la primera minoría parlamentaria (cuatro y dos, respectivamente), uno como representante del Poder Ejecutivo, tres miembros por la magistratura, dos abogados y un integrante elegido por el sector académico.

Esta conformación fue resuelta mediante la ley 26.080, sancionada a instancias de la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner, y fue duramente criticada por quienes se sintieron desplazados del organismo que tiene por función elegir y remover a los magistrados.

Es que antes el Consejo tenía 20 miembros, de los cuales el 25 por ciento correspondían al oficialismo (contando legisladores y el representante del Poder Ejecutivo), mientras que en la conformación actual, tiene el 40 por ciento de los integrantes. Si bien no tiene mayoría absoluta, sus detractores le objetan que en la práctica tiene el poder de veto.

Desde el kirchnerismo se defienden diciendo que antes era la "corporación judicial" la que decidía sobre la designación de los jueces, en concursos que eran severamente cuestionados. Y que en realidad no quieren una elección más democrática de los magistrados, sino que protestan porque han perdido el control de las designaciones.

Los críticos del actual Consejo cuestionan también que el gobierno ejerce demasiada presión sobre los jueces, crítica a la que se sumaron algunos ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En este punto es necesario hacer algunas aclaraciones. El discurso del entonces presidente Néstor Kirchner, en los predios del ex campo de concentración "La Perla" en Córdoba, el 24 de marzo de 2007, en el cual formuló duras críticas a quien era en ese momento presidente de la Cámara de Casación Penal, Bisordi, no puede ser considerado como una simple presión. Ese Tribunal acogió y dio trámite a todas y cada una de las "chicanas" interpuestas por las defensas de los militares genocidas, lo que produjo injustificadas dilaciones, al punto que luego de seis años de anuladas las leyes del Perdón (Obediencia Debida y Punto Final), son muy pocos los juicios orales y las condenas por los aberrantes crímenes cometidos durante la dictadura militar, a más de 30 años de los hechos.

¿Sólo jueces y abogados?

El punto a debatir respecto al Consejo de la Magistratura, es si sólo los jueces y abogados, junto con los académicos de las facultades de derecho, más los representantes parlamentarios, son quienes deben integrar un organismo que tiene como función el nombramiento y remoción de los jueces.

Creemos que esta tarea es demasiado importante como para que quede sólo en manos de los eruditos en derecho. El pueblo, a través de sus organizaciones, debe también bregar para tener representación genuina en este organismo. Así sucede, por ejemplo, en las provincias de Chubut, Santa Cruz y Entre Ríos, donde existe un representante del gremio de los trabajadores judiciales. Aunque no cambia la correlación de fuerzas, sí otorga un cariz más democrático al Consejo de la Magistratura.

Y vamos más allá. Además de los empleados del Poder Judicial, deberían estar representados el resto de los trabajadores y trabajadoras, los desocupados, las amas de casa, los estudiantes, los jubilados, etc. Todos deberían encontrar una forma genuina de sentirse representados en el organismo que luego definirá quiénes serán los magistrados que juzgarán sus conductas, individuales y colectivas.

En ese sentido, la Federación Judicial Argentina, que nuclea a los gremios de los empleados judiciales de todo el país, propone que el Consejo sea integrado por jueces de cámara y de primera instancia del Poder Judicial de la Nación y abogados de todo el país; por representantes del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo de la Nación, elegidos entre personalidades postuladas por las organizaciones ciudadanas; por representantes del ámbito científico y académico, elegidos por el Consejo Interuniversitario Nacional, que no necesariamente serán abogados, sino personas con trayectoria y prestigio reconocidos, en especial en la defensa de los derechos humanos y la democracia.

Y además se propone la formación de un Comité Asesor integrado por miembros honorarios elegidos entre los organismos de derechos humanos, las centrales de trabajadores, el gremio de los trabajadores judiciales, las entidades defensoras del patrimonio público y las organizaciones que luchan contra la discriminación, la contaminación y la degradación del ambiente, las entidades representativas de los profesionales universitarios y las que representan a los jubilados y pensionados, contemplándose en todos estos casos la igualdad de género.

De esta forma, el organismo encargado de designar a todos los jueces en el país, así como de enjuiciarlos si son denunciados por mal desempeño, no será un asunto sólo en manos de los mismos jueces, los abogados, o los representantes parlamentarios. Es necesario abrir la participación a otros sectores de la sociedad, tradicionalmente apartados de estas cuestiones por "legos", pero que tienen mucho para aportar en la conformación de un Consejo de la Magistratura más participativo y cuyo norte sea seleccionar jueces comprometidos con la democracia y los derechos humanos.

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Para ser vistas y escuchadas. Mujeres de la comunidad wichí "Honat Le' Les", en lucha

Raquel Schrott - Ezequiel Miodownik (BIODIVERSIDADLA)

Desde tierras asoladas por los desmontes, en el salteño departamento de San Martín, 20 mujeres de la comunidad wichí "Honat Le' Les" arribaron a la ciudad de Buenos Aires con el objetivo de traer los reclamos que ya realizaron en los municipios provinciales, sin más éxito que el de haber obtenido más represión, exclusión y discriminación.

No buscan la representación de organizaciones intermedias, sino ser ellas mismas con sus propias voces quienes expliquen lo que exigen y persiguen. En sus territorios, hoy no se cumple con la prohibición de tala del monte nativo ni se relevan los impactos que implica seguir con esa misma destrucción. La Agencia de Noticias Biodiversidadla dialogó con Octorina Zamora, vocera de las wichí, quien como las otras mujeres, llegó con el deseo de que sus descendientes no sufran la miseria ni hereden la misma invisibilidad que genera el despojo que padecen. Las wichí dejaron atrás la complicidad del silencio, se armaron de conciencia, levantaron sus voces y hoy están aquí.

-¿Podrías contarnos cómo es el lugar donde viven las comunidades wichí?

-Nosotros somos de un pueblo que se llama Embarcación, que queda 75 km al sur de la ciudad de Tartagal. Nosotras, las mujeres indígenas, hemos decidido venir a Capital Federal a hacer escuchar nuestra voz en contra de los desmontes, porque en los montes que se están depredando, que se están asesinando, está nuestra sobrevivencia y supervivencia. Entonces, no podemos permitir que vengan los empresarios a poner en riesgo nuestra vida. Estamos al borde de sufrir un alud si se sigue con los desmontes y la tala indiscriminada que están haciendo en la única selva de yungas que hay en el municipio, y el único pulmón ecológico, ya que nosotros estamos rodeados de los desmontes anteriores. Somos alrededor de 7 comunidades que hemos venido, autoridades de las comunidades wichí y guaraní. Representamos alrededor de 2.000 personas que estamos en peligro.

-¿Cómo es la posesión actual de la tierra?

-Somos víctimas del desalojo y despojo total de nuestros territorios, ya que nuestros derechos no han sido respetados desde hace muchos años. Eso fue avanzando, avanzando, y quedamos acorralados en terrenos de 10 x 20 con nuestras familias. En esos terrenos viven 2, 3 y hasta 4 familias. Estamos reclamando un territorio adicional porque estamos hacinados y no podemos desarrollarnos. No es por una cuestión de que queramos vivir ahí, sino que somos víctimas del despojo, de años. Nos han acorralado. Con la excusa del desarrollo y el avance de las ciudades quedamos insertos ahí. También nuestro reclamo aquí es que el Estado haga una reparación y nos adjudique un territorio adicional. Ese territorio, si se sigue desmontando, nos deja en peligro de vida, sin siquiera tener un territorio para nuestro desarrollo.

-¿Cuáles son las actividades que estarán realizando en Buenos Aires?, ¿cuentan con algún tipo de apoyo de otras organizaciones?

-Nos estamos movilizando con el apoyo de gente solidaria. Hemos preferido no recurrir a las ONGs tradicionales, que siempre están a la par del indio. Hace años seguimos en esa misma estructura de tenerlas como voceras y no hay un avance dentro de las negociaciones de estas ONGs. Hemos preferido representarnos nosotras mismas. Por eso estamos acá. El apoyo que tenemos es de gente solidaria, de amigos, estamos en Buenos Aires gracias a la ayuda de ellos. Nos vamos a hacer presentes en la Corte de Justicia, porque el gobierno de Salta estaría presentando el estudio de impacto ambiental que le pedí a la corte por el tema de la prohibición del desmonte y la tala indiscriminada. Nosotros no estamos de acuerdo, porque fuimos dejadas de lado, la gente de Embarcación, en esas audiencias públicas que estuvo haciendo la Dirección de Medio Ambiente.

-¿Por qué son mujeres únicamente las que se movilizaron hasta aquí?

-Nos movilizamos las mujeres, porque nosotras consideramos que siempre estamos invisibilizadas por el Estado. Siempre se ha considerado la voz del hombre y estamos viendo que esa voz tampoco es escuchada, o bien, cuando se la escucha, los corrompen, los compran. Muchos de nuestros hombres son más flexibles a esa corrupción que necesitan los políticos para usarlos como instrumento de opresión a ellos, a los mismos hombres. Como mujeres indígenas estamos cansadas de que los hombres no den respuesta a las comunidades, en el caso de la zona de Embarcación. Por eso nosotras estamos acá, porque queremos ser vistas, queremos ser escuchadas. A nosotras nunca nos consultan nada desde los gobiernos. Si es el problema de salud, nos nos consultan; si es el problema de educación, no nos consultan; problema territorial, no nos consultan. El Estado se va aprovechando de la ingnoracia, de la necesidad de nuestra gente y no avanza para ningún lado, solamente para la destrucción de nuestro pueblo.

Sabemos que este modelo sojero que hay en nuestro país es a costa de nuestras vidas, a costa de la usurpación, del despojo. Esto es una cosa seria, y como madres, como mujeres, sabemos lo que es cuando los hijos tienen hambre, cuando perdemos la vida, cuando pierden la vida nuestros hijos por no tener qué darles de comer, que no tengamos la respuesta del Estado por la falta de cumplimiento de las leyes. En las leyes dice claramente el tema de educación, el tema de salud, el tema territorial, y no se ha cumplido.

-¿Hay mujeres jóvenes entre ustedes, participando de esta lucha?

-Así es. Por ejemplo, hay una hermana indígena que terminó de hacer un curso de enfermería y no consigue trabajo. Pedimos la incorporación de los jóvenes profesionales de las comunidades para que trabajen. Es una vergüenza que en el INAI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, no haya hermanos o hermanas indígenas trabajando en las oficinas, y es un instituto de asuntos indígenas. Tenemos mano de obra como para ofrecer al Estado para que pueda trabajar para nosotros también.

-Además de los desmontes, están denunciando la situación sanitaria que viven, ¿de qué se trata?

-Es una vergüenza que haya niños desnutridos o en situación de desnutrición cuando hablamos de un país que practica la justicia social. La otra vez hicimos una denuncia, hemos mandado fotos de los chicos desnutridos a Presidencia de la Nación y la respuesta fue enviar lavarropas, bicicletas, camas, colchones, pero no se soluciona en sí el tema de la alimentación. Nosotros hemos pedido comedores nutricionales para las comunidades indígenas, para tratar de paliar la situación de necesidad, de alimentación de nuestros niños. El tema de las enfermedades que acarrean los desmontes, nosotros no estamos preparados para paliar esa situación. El tema de la leishmaniasis, que es algo muy fuerte, delicado y peligroso. Nadie viene aquí a instruirnos, nadie viene a capacitarnos, y sabemos que para hacer los programas y los proyectos de salud no hay ningún indígena. Necesitamos tener participación en la elaboración de los programas y proyectos de salud y educación, y entonces creo que de esta manera sí se va a avanzar.

-Sancionada la Ley de Bosques, había una instancia de ordenamiento territorial que debía producirse a nivel provincial, ¿han cesado los desmontes?

-No, no ha sido respetado, y culpabilizamos a la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia por hacer la vista para otro lado y permitir que, en medio de esa prohibición de la Corte Suprema de Justicia, del fallo donde se prohíben los desmontes y la tala de madera, todavía se siguen haciendo. No se ha respetado. Hicimos la denuncia al juez federal de Orán, pero hasta el día de la fecha no hemos tenido respuesta. Sin embargo, los madereros ya no pasan, por ejemplo, por la ruta 34, sino que hicieron una picada adentro del monte y pasan la madera a través del río Bermejo y la reciben directamente en Orán. ¿Cómo puede ser que no se respete un fallo de la Corte, que se vaya al juzgado a poner una denuncia al juez federal porque se está poniendo en peligro de muerte a más de 3.000 personas y no se haga nada? La justicia también está a favor de los asesinos de nuestros montes.

-¿Hay algo que te gustaría agregar?

-Nosotras, las mujeres indígenas, pedimos la solidaridad del pueblo argentino, que nos acompañe, que pueda fortalecer esta lucha. Venimos como en un pedido de auxilio, porque es terrible, terrible, la situación en la que nos están poniendo estos empresarios. Que siembren lo que quieran, pero que se delimite el territorio indígena. Estamos sufriendo en este momento lo que toda la vida hemos sufrido: el despojo. Si bien antes nos combatían con el Winchester, el Remington, el Mauser, ahora es con este modelo de sojización que hay en el norte. Es difícil, capaz que nuestras fuerzas no lleguen, pero sí, tenemos la voluntad de denunciar, de hacer. Por favor, que alguna autoridad nos considere humanos y haga respetar nuestros derechos. Nosotras estamos para venir a decir esto, entonces pedimos la solidaridad del pueblo argentino en estos 199 años de república, donde todavía sigue la persecución hacia nuestros pueblos.

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Solanas: "El productor debe preguntarse quién es el ’devorador fiscal’: si el Estado o las multinacionales exportadoras que los estafaron”

COPENOA

Así se refirió el diputado nacional electo por Proyecto Sur Fernando “Pino” Solanas, desde España, donde se encuentra dictando un seminario sobre cine, al enfrentamiento verbal que tuvo lugar la semana pasada entre el gobierno nacional y la Mesa de Enlace. Solanas defendió las legítimas atribuciones del Estado, pidió no confundir un recurso necesario con malas políticas del gobierno y contó que llevarán al diálogo con el ministro del Interior la próxima semana, propuestas para el agro.

Solanas sostuvo que “estamos en un momento político delicado que no admite la virulencia manifestada por la Mesa de Enlace que, por cierto, no representa a los pequeños productores de Pigué ni a los manzaneros de Famatina en crisis y conduce mal al sector al enemistarlo con el Estado en nombre de sus conflictos con el gobierno nacional. El productor debe preguntarse sinceramente quién es el ’devorador fiscal’, si el Estado o las multinacionales exportadoras como Cargill o Bunge que estafaron al fisco y a los productores por 1.800 millones de dólares el último año y que se llevan todos los años un tercio de la renta agraria. Los beneficios que producen con su sudor muchos productores agrícolas pasan a los financistas y exportadores por complicidad del gobierno y de estas entidades rurales”.

Asimismo, Solanas advirtió: "La presión impositiva en Argentina según la propia OCDE es menor en más de 10 puntos al que existe en países desarrollados, por eso, no se trata de bajar esta presión que puede provocar un peligroso desfinanciamiento del Estado, sino de ver cómo se traducen esos ingresos en políticas reales y efectivas para mejorar la producción agropecuaria, para sacar de la emergencia a los 220.000 productores en crisis que no exportan y para reconstruir la infraestructura de transportes que abarate sus costos. No puede haber un solo productor que no exija la vuelta del ferrocarril”.

Finalmente, Solanas se refirió a las propuestas que llevarán a la próxima reunión con el gobierno nacional, en el marco del diálogo abierto el pasado 9 de julio: “Vamos a proponer la traza de un serio Plan Agropecuario Nacional que de respuesta a todas las regiones, asegure la diversificación agraria y la soberanía alimentaria; con juntas nacionales por producto, la implementación de medidas para restringir la concentración y extranjerización de la tierra y la puesta en marcha de obras hídricas en zonas de creciente sequía”.

Solanas concluyó: “Necesitamos poner en función una política efectiva hacia el agro que haga viables las producciones de trigo, maíz, carne, leche, con el objetivo de terminar con la sojización del país y liberar a los productores de quienes concentran la comercialización de sus productos y los insumos que necesitan para producir".

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