jueves, 6 de agosto de 2009

Las bases militares gringas en Colombia, retroceso histórico y amenaza a la soberanía nacional


Apolinar Díaz – Callejas (especial para ARGENPRESS.info)

El pueblo de Colombia y todos los sectores sociales estamos bajo el peso de la tremenda angustia y el monstruoso terror que ha originado el anuncio oficial del gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez de entregar a los Estados Unidos de Norteamérica, al gobierno del presidente Barack Obama, espacios e instalaciones y armamentos para que los Estados Unidos utilicen y ensanchen a su medida de potencia militar y atómica, para montar modernas bases militares, de tierra, aire y mar en territorio y mares colombianos, disque para proteger a los colombianos y al gobierno del presidente Uribe Vélez.

Esto es una repetición vulgar y grosera de la imposición del poderío militar gringo en Colombia desde el momento mismo de la independencia. Apenas 30 o 35 años después de nuestra propia independencia del poderío español Estados Unidos y sus Fuerzas Militares ya estaban en territorios colombianos, específicamente en la zona de Panamá en la que se veía técnicamente el espacio para la construcción del Canal de Panamá.

Los gringos llegaron para pasar del Océano Atlántico al Pacífico, de su propio territorio y unir por transporte marítimo su población de la Costa Atlántica con la población de la Costa Pacífica. Desde el primer momento hubo acuerdo técnico universal de que el mejor sitio para el canal interoceánico estaba en Panamá, que se había constituido como República independiente y que luego se incorporó voluntariamente a Colombia. Los años y la realidad mostraron que siendo Panamá el territorio adecuado para el canal interoceánico, debería convertirse desde el principio en nación independiente y autónoma, vecina y amiga de Colombia, pero independiente totalmente y autónoma, como realmente lo es ahora.

Las continuas guerras civiles de los terratenientes, comerciantes y empresarios colombianos, que se expresaron en el Partido Liberal, Partido Conservador y la Iglesia Católica, llevaron a decenas de guerras civiles y mantuvieron al país en el más grande atraso y dificultaron la obra del canal de Panamá que uniría en América a los dos grandes océanos del mundo. Todo esto culminó, lamentablemente en la última guerra civil colombiana de fines del siglo XIX, conocida como la Guerra de los Mil Días, que se inició en los últimos años de ese siglo y terminó en 1903.

Dada la brevedad de este artículo sobre el propósito manifiesto y en plena ejecución del presidente Uribe Vélez de entregar siete bases militares, aéreas y marítimas colombianas a las fuerzas armadas de los Estados Unidos, para que desde ellas y desde territorio colombiano ejerzan vigilancia y control militar y aérea sobre nuestro propio territorio y el de los países de la América Latina y del Caribe. Es la más vulgar entrega de la soberanía nacional de Colombia que yo como historiador estoy apenas conociendo. ¿ A cambio de qué entrega Uribe Vélez a los Estados Unidos el manejo soberano que tenemos de nuestras fuerzas militares, entregándole territorios en siete regiones de Colombia para que funcionen bases militares, aéreas y de guerra que dominaran totalmente a Colombia , liquidaran su soberanía nacional y servirán de base de ataque militar y agresión a todas las naciones Sur Americanas y del Caribe y, posiblemente, hasta a naciones de África que quedará bajo el fuego de guerra de la aviación norteamericana. Pareciera que la idea de los militares norteamericanos y de los dirigentes de los dos partidos de ese país, el Republicano y el Demócrata, es crear un nuevo imperio norteamericano, unos Estados Unidos tan poderosos que ocuparán directamente con sus tropas y armamento el territorio de Colombia y otras naciones del continente, a lo largo y en lo que queda del siglo XXI, tal como lo hicieron en el siglo XIX y parte del siglo XX. La política y acuerdos militares de Uribe con el gobierno de Estados Unidos es que desde ahora, a principios del siglo XXI, Estados Unidos asuma el control total político y militar del Continente Americano, el Caribe y de las naciones africanas que están a todo lo largo del Océano Atlántico en África y Europa. Este proyecto sería de más poder político, económico y militar de los Estados Unidos que el que tuvo en el siglo XIX y parte del siglo XX. Es el anuncio anticipado de que Estados Unidos en el siglo XXI dará un gran salto en su poder económico, mayor que el que dio en los siglos XIX y XX para apoderarse de gran parte del territorio mundial y mantener bajo dominio militar, naval, aéreo, comercial, bancario y económico en todos los órdenes, a la totalidad de la América del Sur y del Caribe, así como para controlar la soberanía y desarrollo de las naciones africanas que están en las costas del Océano Atlántico. Es, a mi juicio, el alcance secreto del proyecto norteamericano y del presidente colombiano Álvaro Uribe, que lo más a que podrá aspirar, realizados los objetivos norteamericanos, es disfrutar los beneficios económicos que el proyecto le dé o llorar en las montañas del Departamento de Antioquia su culpa en el desastre continental que está propiciando.

Foto: Colombia - Marineros del buque estadounidense USS Underwood (FFG 36) marchan por las calles de Cartagena durante un ejercicio. / Autor: Charles Ordoqui - US NAVY.


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¡Que pena, Evo!


Dick Emanuelsson (especial para ARGENPRESS.info)

Que pena que los acontecimientos históricos no dejan enseñanzas a personajes tan importantes y forjados luchadores como Evo Morales, presidente de Bolivia.

Por que el presidente de Bolivia, Evo Morales, dijo este miércoles que el mayor grupo guerrillero de Colombia, las FARC, se ha convertido en “el mejor instrumento” de Estados Unidos para justificar un despliegue militar en la región.

“Quiero decir algo: las personas que están en las FARC son el mejor instrumento del imperio en este momento”, agregó Morales, llamando al grupo colombiano a dejar las armas y buscar cambios políticos por vía pacífica, como dijo que trata de hace
r en Bolivia, según una nota de Reuters, publicada en varios medios [1], entre ellos Radio La Primerisima, Managua.

En primer lugar es imposible comparar a Bolivia con Colombia, porque si fuera así, que mecánicamente pasamos un modelo a otro país, pues la situación sería totalmente diferente en Colombia. El presidente boliviano voltea increíblemente la re
sponsabilidad por las 5-7 nuevas bases gringas en Colombia a las FARC, cuando la intolerante oligarquía, desde el general Santander hasta Uribe, siempre ha hecho la guerra contra su propio pueblo. Por algo traicionó Santander a Bolívar y por algo Uribe y los anteriores presidentes siempre han sido unos vasallos al Imperio gringo.

La matanza en las bananeras 1928

Ni siquiera existía el Partido Comunista Colombiano y menos la insurgencia armada en diciembre 1928 cuando, por ordenes de United Fruit Co, el ejercito colombiano abrió fuego contra las familias bananer
as. Ellas se habían agrupado en la zona bananera de Cienaga y con la Biblia en la mano pedía un aumento del salario y mejores condiciones de vida y de trabajo. Recibieron fuego y muerte, 3000 colombianos de todas las edades y sexos.

La creación de las FARC no fue para tomar el poder político, sino en autodefensa porque el campesinado estaba siendo aniquilado físicamente por los terratenientes y el estado terrorista EN COMPLICE CON PENTAGONO! No venga, Evo, a reconstruir la historia.

El ejército no necesitaba y no tenía en la mano ni el partido comunista ni las FARC para arremeter y masacrar al pueblo. Uribe inventa cada vez cualquier cosa, fantasías y montajes cuando esta en aprietos. Si no hubiese existido las FARC, Uribe habría inventado otra cosa.

Chávez esta hoy penosamente conciente de la traición de su “amigo” que en este momento saca unos viejos tubos del 1988 ya incluso usados como lanzagranadas para tener “papaya” para instalar tres bases militares que estarán dirigidos, no contra las FARC sino a Venezuela Bolivariana. Con razón Chávez considera que el papel de Uribe es como “una jugada sucia y traicionera” [2].

¿Quién define el carácter de lucha del pueblo hondureño?

En Honduras no es el pueblo que elige las formas de lucha de masas. El pueblo se adapta y cambia día tras día la forma de lucha, exactamente igual como hace la guerrilla para no ser derrotado militarmente. Es el enemigo y principalmente las FF.AA. y policía pero también las decisiones que toma el gobierno de facto que son voceros y ejecutores de la oligarquía local en alianza con los gringos que decide como el pueblo va responder las arremetidas fascistas.

¿Quien puede condenar o desde afuera decir al pueblo hondureño como tiene que luchar? ¿Y si el pueblo dentro de poco cambia la característica de la lucha contra el régimen de facto con las armas, lo que cada día más gente exige, que dirá Evo? ¿Que es algo de la Revolución cubana pero ahora no?

En Suecia había maoístas que querían manejar la batuta de la lucha del pueblo vietnamita contra la ocupación estadounidense. Pero la consigna de la solidaridad entonces fue: ¡“Todo el apoyo a la lucha del pueblo vietnamita bajo sus propias condiciones, posiciones y circunstancias”!

Ese es el principio que debe ser el principio por la solidaridad de cada pueblo en lucha, también para el pueblo colombiano, sin dedos desde afuera, sea quien sea que viene con las imposiciones de la lucha.

Evo recibe un narcopresidente

Triste que algunos mandatarios recibe el Padrino del Estado Terrorista Colombiano cuando deberían rechazarlos y dar su apoyo al heroico pueblo colombiano que ponen el pecho arriesgando la vida en las calles y campos colombianos.

Lo que el pueblo colombiano requiere y exige no son declaraciones anticomunistas de comprensión en el exterior hacia el narcopresidente sino una auténtica solidaridad al pueblo colombiano que detesta el hombre que en marzo de 1990 fue colocado con el número “82” en una lista de 103 personas ligadas al Cartel de Medellín y su Padrino Pablo Escobar. No fue las FARC que colocó ese número a Uribe sino el Departamento de Defensa de Estados Unidos, que ahora esta en una buena posición de imponer 5-7 nuevas bases en su planificada guerra del petróleo y el agua dulce en Venezuela.

Obama se desenmascara, rechaza a Zelaya

Por el otro lado muestra una carta del Departamento de Estado que los gringos no están a favor a consideradas sanciones económicas severas sobre el Gobierno de facto de Micheletti.

“Hemos rechazado los llamados para tomar sanciones económicas agobiantes y dejado en claro que todos los estados deberían buscar facilitar una solución sin llamar a la violencia y con respeto al principio de la no intervención”, dijo la carta.

Interesante porque Bolivia y Nicaragua si ha sido sancionados por la Casa Blanca por defender su soberanía, perdiendo millones de dólares en asistencia.

Zelaya por su lado ya se ha dado cuenta el rol de doble cara que los gringos han jugado contra él y ya no confíe en el apoyo de los gringos:

“Estados Unidos tiene que entender este mensaje porque ELLOS MISMOS SE PONEN EN RIESGO SI EMPIEZA A SURGIR LA VIOLENCIA EN AMÉRICA LATINA”, dijo Zelaya.

¿Qué quiere decir Zelaya?

Sencillamente, que las decisiones cosméticas de congelar (ni siquiera cancelar) las visas de cuatro funcionarios de Micheletti, en el fondo no tiene absolutamente ningún papel decisivo para tumbar la dictadura y para restaurar la institucionalidad.

Nadie impuso ordenes para el pueblo boliviano

¿Entonces. . . . quien pone las reglas para las formas de lucha de masas?

Pues Gorriletti y Obama&Clinton, la administración que no ha regresado la 4ª Flota a sus garajes flotantes en USA, que no reduce sino aumenta la cantidad de bases militares, rodeando la Venezuela Bolivariana.

El mundo y la política son un poco más complicados que si o no a las urnas, sobre todo el conflicto colombiano.

En vez de legitimar a través de recibir el cobarde mandatario del Palacio de Nariño, que no quiso participar y defender su decisión en la Cumbre de Unasur ante los jefes de estado, Evo debería hacer como hizo Zelaya; recibir los pueblos trabajadores tanto de la ciudad como del campo en el palacio presidencial, entender que el enemigo no son las FARC sino Uribe y el Imperio. Que los pueblos definen sus propias formas de lucha, exactamente como hizo el pueblo boliviano cuando tumbaron los últimos dos presidentes, tarea exclusivamente del pueblo boliviano.

1) Las FARC, el mejor instrumento de EU, afirma Evo Morales http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/alba/58007

2) Chávez desenmascara a Uribe con armas suecas, «una jugada sucia y traicionera» http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/general/57991

Foto 1: Colombia - Tropas norteamericanas en una base aérea colombiana.
Foto 2: Colombia - Una mujer joven, víctima por los paramilitares en el barrio "Policarpa", creado por el Partido Comunista en el municipio de Apartadó. En la región de Urabá fueron asesinados más de 1.000 dirigentes y activistas del PC y la UP durante la década del 90. La "Pacificación" de Urabá ocurrió durante el mandato de Alvaro Uribe como gobernador de Antioquia. / Autor: Foto: Dick Emanuelsson
Foto 3: Colombia - Un país bajo la bota gringa en más de medio siglo, ahora quieren entre 5 a 7 bases más.


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El tóxico de Uribe


Atilio A. Boron (especial para ARGENPRESS.info)

¿Qué pretende Uribe con su frenética gira por América Sudamérica? Nada menos que vender una iniciativa tóxica, para utilizar el lenguaje impuesto por la crisis capitalista: justificar la escalada de la ofensiva militar del imperio con el propósito de revertir los cambios que en los últimos años alteraron la fisonomía sociopolítica de la región.

Ante esta desconcertante realidad la táctica de la Casa Blanca ha sido abandonar la retórica belicista de Bush y ensayar un discurso igualitarista y respetuoso de la soberanía de los países del área, pero desplegando nuevas bases militares, manteniendo a la Cuarta Flota y fortaleciendo sin pausa al Comando Sur.

En este sentido Barack Obama, a quien los perpetuamente desorientados “progres” europeos y latinoamericanos continúan confundiendo con Malcom X, está siguiendo al pie de la letra los consejos de Theodore Roosevelt, el padre de la gran expansión imperialista norteamericana en el Caribe y Centroamérica, cuando dijera “speak softly and carry a big stick”, es decir, “habla bajito pero lleva un gran garrote”. Roosevelt fue un maestro consumado en aplicar esa máxima a la hora de construir el Canal de Panamá y lograr, con la infame Enmienda Platt, la práctica anexión de Cuba a los Estados Unidos. Con su política de remilitarización forzada de la política exterior hacia América Latina y el Caribe Obama se interna por el camino trazado por su predecesor.

La justificación que Uribe esgrime en apoyo de su decisión de conceder a las fuerzas armadas de Estados Unidos siete bases militares es que de esa manera se amplía la cooperación con el país del Norte para librar un eficaz combate contra el narcotráfico y el terrorismo. Excusa insostenible a la luz de la experiencia: según una agencia especializada de las Naciones Unidas los dos países donde más creció la producción y exportación de amapola y coca son Afganistán y Colombia, ambos bajo una suerte de ocupación militar norteamericana. Y si algo enseña la historia del último medio siglo de Colombia es la incapacidad para resolver el desafío planteado por las FARC por la vía militar. Pese a ello el general Freddy Padilla de León ¬–quien gusta decir que morir en combate “es un honor sublime”- anunció días pasados en Bogotá que las siete bases estarían localizadas en Larandia y en Apiay (ambas en el Oriente colombiano); en Tolemaida y en Palanquero (en el centro de Colombia); en Malambo (sobre el Atlántico, en la costa norte); en Cartagena, sobre el Caribe colombiano y la séptima en un lugar aún no determinado de la costa del Pacífico. El Congreso de Estados Unidos ya aprobó la suma de 46 millones de dólares para instalar su personal y sus equipos bélicos y de monitoreo en estas nuevas bases con el objeto de reemplazar las instalaciones que tenía en Manta. En la actualidad ya hay en Colombia 800 hombres de las fuerzas armadas de Estados Unidos y 600 “contratistas civiles” (en realidad, mercenarios) pero los analistas coinciden en señalar que la cifra real es mucho más elevada que la oficialmente reconocida.

No hace falta ser un experto militar para comprobar que con la entrega de estas bases Venezuela queda completamente rodeada, sometida al acoso permanente de las tropas del imperio estacionadas en Colombia, amén de las nativas y los “paramilitares”. A ello habría que agregar el apoyo que aportan en esta ofensiva en contra de la Revolución Bolivariana las bases norteamericanas en Aruba, Curazao y Guantánamo; la de Palmerolas, en Honduras; y la Cuarta Flota que dispone de suficientes recursos para patrullar efectivamente todo el litoral venezolano. Pero no sólo Chávez está amenazado: también Correa y Evo Morales quedan en la mira del imperio si se tiene en cuenta que Alan García en Perú arde en deseos de ofrecer “una prueba de amor” al ocupante de la Casa Blanca otorgándole facilidades para sus tropas. En Paraguay, Estados Unidos se aseguró el control de la estratégica base de Mariscal Estigarribia –situada a menos de cien kilómetros de la frontera con Bolivia- y que cuenta con una de las pistas de aviación más extensas y resistentes de Sudamérica, apta para recibir los gigantescos aviones de transporte de tanques, aviones y armamento pesado de todo tipo que utiliza el Pentágono. También en ese país dispone de una enorme base en Pedro Juan Caballero, ¡localizada a 200 metros de la frontera con Brasil!, pero según Washington pertenece a la DEA y tiene como finalidad luchar contra el narcotráfico. La amenaza que representa esta expansión sin precedentes del poder militar norteamericano en Sudamérica no pasó desapercibida para Brasil, que sabe de las ambiciones que Estados Unidos guarda en relación a la Amazonía, región que “puertas adentro” los estrategas imperiales consideran como un territorio vacío, de libre acceso, y que será ocupado por quien tecnológicamente tenga la capacidad de hacerlo.

Ante estas amenazas los países sudamericanos tienen que reaccionar con mucha firmeza, exigiéndole a Estados Unidos archivar sus planes belicistas en Colombia, desmilitarizar América Latina y el Caribe y desactivar la Cuarta Flota. La retórica “dialoguista” de Obama es incongruente con la existencia de semejantes amenazas, y si quiere lograr un mínimo de credibilidad internacional debería ya mismo dar instrucciones para dar marcha atrás con estas iniciativas. Por su parte, los gobiernos de la región nucleados en la Unasur y el Consejo Sudamericano de Defensa deberían hacer oídos sordos ante las falacias de Uribe y pasar del plano de la retórica y la indignación moral al más concreto de la política, impulsando algunos gestos bien efectivos: por ejemplo, ordenando el inmediato retiro de las misiones militares y los uniformados estacionados en nuestros países mientras no se reviertan aquellas políticas. De ese modo el mensaje de rechazo y repudio al “militarismo pentagonista” -como precozmente lo bautizara un gran latinoamericano, Juan Bosch- llegaría claro y potente a los oídos de sus destinatarios en Washington. Las súplicas y exhortaciones, en cambio, no harían sino exacerbar las ambiciones del imperialismo.

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Menem podría cobrarle patente a Uribe por las "relaciones carnales" con Washington

Emilio Marín (LA ARENA)

El presidente colombiano está de gira por la región para explicar la concesión de bases militares estadounidenses en su territorio. No hacía falta la explicación pues el hecho está a la vista y no hay dobles interpretaciones.

Que Alvaro Uribe expresa a la ultraderecha latinoamericana, y al gobierno más férreamente alineado con Estados Unidos, eso estaba certificado desde 2002, cuando comenzó su primer mandato. Esos pergaminos se actualizaron a partir de 2006, cuando logró imponer un segundo mandato vedado por la Constitución. Y ahora, promediando ocho años en la Casa de Nariño, cuando el Congreso trata de armonizar otra reforma para posibilitarle un tercer tramo (la famosa "re-reelección" frustrada del menemismo), esa fama llegó al apogeo.

Hay que decirlo con todas las letras: no hay otro mandatario tan de derecha y pronorteamericano en la región. Esa bien ganada fama se reiteró cuando el jefe de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla, informó que se analizaba la posibilidad de conceder el uso de tres bases militares a EE.UU.

La lista se estiró primero a seis y finalmente Padilla habló de siete, aunque pueden ser más. El general, que también funge como ministro de Defensa ante la renuncia de Juan Manuel Santos, admitió que si es necesario se habilitarán otros puntos donde los aviones o naves norteamericanas puedan recalar en caso de necesidad ante procedimientos "contra el narcotráfico y el terrorismo".

En suma, que toda Colombia puede acoger a fuerzas estadounidenses del Comando Sur, la IV Flota o de la unidad que fuere. Esto implica un salto cualitativo de la ligazón castrense entre los dos países, donde uno manda y el otro obedece, desde 1999, cuando comenzó a ejecutare el "plan Colombia". En ese momento los presidentes eran Andrés Pastrana en Bogotá y Bill Clinton en la Casa Blanca, y no era difícil adivinar quién daba las órdenes. Sobre todo luego de aportar 1.000 millones de dólares anuales en equipos y pertrechos, que hasta hoy han superado los 5.000 millones de aquellos billetes.

Según confirmó el general Padilla, se ponen a disposición del Pentágono por diez años las bases aéreas de Malambo, en Barranquilla; Palanquero, en Cundinamarca, y Apiay, en el Meta; las bases navales de Puerto de Cartagena y la de Bahía Málaga, en la costa del Pacífico; y las bases de Ejército en Tolemaida, Cundinamarca, y Larandia, en Caquetá.

El acuerdo prevé que en esas instalaciones habrá 1.400 efectivos norteamericanos; 800 militares propiamente dichos y 600 contratistas (léase mercenarios) como los empleados en Irak y Afganistán a la par de los ejércitos de ocupación.

No vaya a creerse que hoy no hay efectivos norteamericanos en Colombia. Los hubo y los hay en las bases de Tolemaida, Larandia, Apiay, San José del Guaviare y Tumaco. Otro tanto con los contratistas, que son parte de la contienda armada contra las FARC y el ELN, como se comprobó en el caso de los tres agentes capturados por la guerrilla tras ser abatida la avioneta donde viajaban. Luego de estar varios años preso, el terceto fue liberado junto a la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt.

Buscando nuevas bases

Las necesidades políticas y militares del imperio siempre tienen a mano algún obsecuente que las complazca. Hasta 1999 la superpotencia tuvo en la zona del Canal de Panamá operable la base Howard, que debió cesar luego de los acuerdos Torrijos-Carter.

Entonces echó mano de la base área de Manta, en Ecuador, aprovechando las concesiones que estaba dispuesto a hacer el ex populista Lucio Gutiérrez, en tránsito furioso hacia el neoliberalismo.

El nuevo triángulo militar estadounidense formó sus vértices con las bases de Manta, Aruba y Curazao, y Comalapa en El Salvador.

Pero la victoria de Rafael Correa en 2005 y la reciente de Mauricio Funes en El Salvador, pusieron en jaque aquel esquema. Correa dijo que al vencer el contrato de diez años, Manta debía dejar de operar. Los efectivos norteamericanos están haciendo las valijas porque el 15 de septiembre tendrán que devolver todo en condiciones. Funes estará cavilando cuándo intima al desalojo. Otra pieza del dispositivo, la base de Palmerola, en Honduras, ya estaba notificada por el presidente Manuel Zelaya de que iba a reconvertirse en aeropuerto civil internacional.

La victoria del dueño de cadenas de supermercados en Panamá, Ricardo Martinelli, de todos modos no implicará una vuelta a los tiempos en que el imperio era el dueño de una zona de ese estratégico paso interoceánico.

De a poco, algunos contrastes políticos en su "patio trasero", más el desprestigio que le acarrearon sus campañas bélicas en Irak y el propio continente (invasión a Grenada en 1983 y a Panamá en 1989), llevaron al Pentágono a buscar nuevas instalaciones.

Pero el uso que les dieron, por ejemplo a su enclave de Manta, aceleraron el pedido de mudanza. Es que en marzo de 2008 habría sido empleada para que aviones norteamericanos colaboraran con el bombardeo ordenado por Uribe contra un campamento de las FARC en Sucumbios, Ecuador, con una veintena de muertos, entre ellos Rafael Reyes. Que aviones extranjeros bombardearan su país y luego tropas lo invadieran por tierra para llevarse los muertos, dio lugar a la ruptura de relaciones entre Quito y Bogotá, que aún perdura.

Lo que guste mandar

Esa estrechez de lugares donde asentar bases norteamericanas va a ser resuelta por las autoridades colombianas.

El fin de semana llegó al país sudamericano el general de aire Douglas Fraser, que desde junio último ocupa la jefatura del Comando Sur de las Fuerzas Armadas norteamericanas en reemplazo del almirante James Stavridis. Fraser junto a su anfitrión Padilla encabeza una Conferencia de Seguridad que deliberó entre martes y miércoles en la paradisíaca Cartagena de Indias. Según Radio Caracol, ambos militares explicaron a delegados de México, Panamá, República Dominicana, Chile, Uruguay y Paraguay los alcances del pacto referido al uso de bases militares en Colombia.

Sin embargo cables de las agencias AP y EFE consignaron que entre los concurrentes había "representantes militares y civiles de otros siete países: Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguay, Perú y Uruguay". Como en la página del Ministerio de Defensa que conduce Nilda Garré no había hasta ayer ninguna información, sería importante que el gobierno nacional aclarara si le pareció importante enviar a algún representante a esa reunión organizada por el Comando Sur para justificar el armamentismo en la región. Sería lamentable.

Y lo sería porque de los datos surge con meridiana claridad el objetivo hegemonista que EE.UU. persigue con la radicación de militares y equipos. Y el uso que han tenido en injerencia en guerras civiles, atizando el conflicto y evitando soluciones negociadas, como en Colombia, o sirviendo para invasiones o agresiones a otros países.

Esta fue la crítica unánime de los presidentes Hugo Chávez, Daniel Ortega, Rafael Correa y Evo Morales, incluso luego que Uribe lo visitara en La Paz. El mandatario venezolano teme que esas instalaciones sean empleadas para la desestabilización de su gobierno y aún para su derrocamiento, como parte de una estrategia del imperio para controlar las reservas petroleras de Venezuela. Estas son las mayores del planeta con 316.000 millones de barriles de crudo extraíble.

Sin llegar a ese nivel de oposición, el presidente Lula da Silva expresó la "preocupación" de Brasil por tener ese dispositivo armado por una gran potencia tan cerca de sus fronteras y la Amazonia.

Al interior de Colombia, la oposición ha denunciado la jugada como violatoria de la soberanía. El senador Jorge Enrique Robledo, del Polo Democrático, afirmó en una sesión que "lo de las bases constituye una violación flagrante de la soberanía nacional. Tengo que lamentar mucho que precisamente cuando estamos hablando del bicentenario del Grito de Independencia frente a España, el regalo que les da el gobierno a los colombianos sea el establecimiento de tres bases".

La presidenta argentina recibió ayer a Uribe, de gira por Perú, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil. Aunque aún no hubo comunicado oficial, es de suponer que, en línea con lo expresado por su colega brasileño, Cristina Fernández habrá cuestionado el dispositivo militar en cuestión. En realidad no tendría que haberlo recibido porque el lunes 10 hay en Quito una reunión de Unasur (Unión de Naciones Suramericanas). Allí debió ir el huidizo colombiano a explicar sus "relaciones carnales" y militares con el Norte pero su silla quedará vacía por miedo a las críticas de once de los doce socios: sólo Alan García está de su lado.

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Tarifazo: Un escape de gas

Jorge Altamira (especial para ARGENPRESS.info)

Cuando todo el mundo esperaba que el nuevo episodio de la crisis política lo detonara el vencimiento de la delegación de poderes al Ejecutivo, la chispa la encendió el tarifazo del gas (esa delegación le permite al gobierno, entre otras cosas, fijar las retenciones a las exportaciones, como por ejemplo a la soja o el petróleo).

Se produjeron numerosas protestas y movilizaciones, e incluso varios fallos judiciales adversos. Ocurre que la crisis fiscal, o sea el pago de la deuda pública y la necesidad de financiar a los contratistas del Estado, le puso fin al recurso que se había utilizado hasta ahora, que era el subsidio a las empresas. Además, los pulpos petroleros han venido saboteando en forma sistemática las inversiones de exploración y de explotación con el objetivo de volver a cobrar el precio internacional que obtenían bajo el menemismo. Argentina ya importa gas y, en poco tiempo más, deberá importar petróleo. Hace dos semanas, el gobierno les aumentó a las compañías de hidrocarburos el gas en boca de pozo. Tuvo para ello el apoyo de la burocracia sindical de petroleros privados, que pretende que el aumento redundará en un cese de los despidos y en aumentos de salarios, pero sabe perfectamente que no será así. El otro aspecto del tarifazo es el cargo fijo que le permite al gobierno pagar el gas importado, cuyo precio es muy superior al interno. Como se trata de un impuesto cuya sanción es facultad del Legislativo, numerosos jueces lo declararon inconstitucional. El tarifazo gasífero es una expresión de la completa bancarrota del llamado ‘modelo productivo’ de los K, que es el nombre de fantasía que el oficialismo ha puesto a una política de subsidios a los capitalistas. En vísperas de la crisis mundial, este ‘modelo´ le permitió a las empresas que cotizan en la Bolsa declarar las ganancias más altas de la historia. Ahora, ese mismo ‘modelo’ ha bancado una fuga de capitales que se acerca a los 50 mil millones de dólares, también ella la más alta de la historia. El ‘modelo productivo’ hace agua frente a la inmensa caída de la producción industrial; al igual que lo que ocurrió con De la Rúa en octubre de 2001, los K perdieron las elecciones en el punto mayor de la recesión económica.
Agentes de las petroleras

¿Pero, acaso, la oposición de los Macri, Carrió, Binner, Reutemann o la UCR quiere derogar realmente el tarifazo? Si sus intenciones fueran esas, deberían estar reclamando una apertura de los libros de las petroleras para determinar los costos reales de producción. El precio internacional de los combustibles, que reclaman las petroleras, no tiene ninguna relación con los costos, dada la particularidad rentística de la producción extractiva, que han bajado, por otra parte, como consecuencia de la caída de los fletes de transporte. Esa oposición toma como referencia ese abusivo precio internacional, o lo que las petroleras estiman que les costarán las inversiones en nuevas exploraciones, en especial marítimas, con la pretensión de que el capital de esos emprendimientos lo pongan los consumidores por adelantado. Los anti-K quieren eliminar el cargo fijo, que recauda el Estado, para que el precio final vaya más o menos por completo a las privatizadas. ¿No fue así bajo Menem y bajo De la Rúa, que contaron con el apoyo de todos estos opositores y de los propios K? Las petroleras y los gobernadores de las provincias que producen petróleo vienen reclamando desde hace tiempo un precio interno similar al internacional, para poder dejar de importar gas y eliminar, por lo tanto, cualquier cargo fijo para subsidiar la importación. Si los pulpos petroleros no quieren producir los combustibles necesarios en el país, con el argumento de que les corresponde el precio internacional, deben ser nacionalizados, y así desarrollar las inversiones que están paralizadas desde la privatización. Esa nacionalización debería ser sin compensación, porque las ganancias de estos años superan holgadamente el valor de las empresas y porque la privatización significó el colosal desmantelamiento industrial y logístico de la YPF estatal, y el vaciamiento de las reservas comprobadas de hidrocarburos de Argentina. Basta decir que esos opositores no plantean nada de esto para asegurar que son voceros de los intereses de las petroleras, a igual o peor título que la camarilla K. Nada desnuda más claramente el fracaso kirchnerista que meter un cargo fijo en un tarifazo, alegando que lo necesitan para que ¡el precio del gas sea barato!

El juego de la ‘destituyente’

Como dice el columnista ‘destituyente’ Morales Solá, “lo que se discute son los dos años que faltan”; ni él admite que la obsesión de la oposición pase por el rechazo al tarifazo. O como dice su colega Grondona: a Kirchner hay que ganarle antes de 2011. O sea que hay que anticipar el desenlace político. A sabiendas de esto, el gobierno se apresura a recoger los reclamos de los grandes grupos económicos, como lo revela el impulso que ha dado (mediante compras y anuncios de canje por nueva deuda) a la cotización de los títulos públicos, con ganancias de hasta el 60% en cuatro meses. La mitad del stock de estos títulos se encuentra en poder de los bancos, que naturalmente han hecho ganancias fabulosas. El nuevo ministro de Economía anticipó la intención de “volver a los mercados internacionales”, repitiendo lo que dijo antes el presidente del Banco Central. Este ‘retorno’ implica una reestructuración social de fondo, pues se trata de garantizar la rentabilidad del capital internacional. Los K quieren proceder ellos mismos a esta ‘restauración conservadora’ antes de ir a orar con el FMI. Pero al ritmo que va la crisis política no le darán los tiempos.

En relación con la delegación de poderes, la mentada oposición apunta a cambiar las retenciones a las exportaciones. Pero todavía no ha dicho cómo piensa financiar el gasto público sin ellas y sin los tarifazos, cuando falta apenas un mes y medio para votar el Presupuesto 2010. Está claro que tiene en vista un financiamiento internacional, o sea del FMI. En los últimos días, casi todos los voceros de esa oposición han reconocido que se enfrentan a un derrumbe fiscal. Por eso, algunos proponen, en especial en la UCR, un puente de transición con el gobierno. Pero una negociación para canjear el mantenimiento de la delegación de poderes por un cambio en las retenciones, entre los K y la UCR, ya terminó mal cuando el oficialismo incumplió con su parte en el pacto. Sin embargo, si el gobierno no se aviene a un acuerdo y debe sufrir un tercer ‘voto no positivo’, la crisis habrá entrado en la etapa de las definiciones.

Los diarios dejaron traslucir algo de esto. Según dicen, a los radicales les preocupa que Cobos deba asumir la Presidencia en forma provisional, porque esto arruinaría sus chances para una elección posterior. Duhalde propuso, en Clarín, “un pacto de gobernabilidad”, pero no dejó claro si con el oficialismo, para hacerlo durar, o con una parte de él (los intendentes bonaerenses) y la oposición, para tumbarlo. En este clima golpista tuvo que ‘parir la abuela’, pues la llegada del colombiano Uribe simplemente traslada a Argentina la crisis que tiene como el otro protagonista a Chávez.

Centroizquierda en la hamaca

Según todo indica, el llamado centroizquierdismo ha decidido atar su suerte a los K, luego del apoyo que dio a los planteos de la Federación Agraria, atada en forma umbilical a la Mesa de Enlace de la soja, durante la crisis del campo. Lozano, Solanas y Macaluse apoyan la delegación de facultades en beneficio del Ejecutivo, con el argumento de que debe ser el gobierno quien decida sobre las retenciones a la soja. En el debate de la 125, por el contrario, presentaron un proyecto legislativo que contrariaba al del gobierno. De tal manera que, los que abogan por cambios en democracia, apoyan la subordinación del Parlamento al Ejecutivo. Por otro lado, justifican las retenciones en nombre de la distribución del ingreso, como si esta distribución no dependiera del carácter del gobierno de turno y como si, hasta ahora, esas retenciones no hubieran ido paralelas a un incremento de la pobreza. Como se ve, el centroizquierdismo es incapaz de tomar una posición independiente: o se inclina al ‘campo’, o se bambolea hacia el gobierno. Solamente una fuerza de clase, que se apoye en las reivindicaciones de las masas y en sus movilizaciones, puede presentar una agenda propia en la crisis política. Después de tanto cacareo sobre el petróleo, en la campaña electoral, Proyecto Sur se olvida de plantear, como eje (no para la tribuna) la nacionalización de los hidrocarburos, sin indemnización, cuando estalla una crisis social y política por la tarifa del gas.

Precisamente en medio del tarifazo, la burocracia de la UOM firma un convenio diseñado por las patronales y el gobierno, luego de varios meses de haber desarrollado una política de desgaste, y de haber declarado que los metalúrgicos venían con salarios atrasados, incluso por debajo del salario mínimo. La burocracia realiza estos servicios a la burguesía porque espera recibir a cambio privilegios para ella por parte del Estado. Todo indica que el acuerdo da vía libre para que el pulpo Techint continúe con su plan para descargar la crisis en los trabajadores de la siderurgia. Con esta entregada, la burocracia de la UOM pretende sacar del escenario a los obreros metalúrgicos, precisamente los únicos que serían capaces de enfrentar una salida ‘uribista’, por así llamarla, en Argentina.

Movilización independencia política

Es necesario profundizar las movilizaciones por la anulación del tarifazo del gas y, al mismo tiempo, oponer a ese tarifazo, o a los compromisos que tejen y destejen oficialistas y opositores, la reivindicación de la nacionalización integral, sin indemnización, de los hidrocarburos y de la minería, bajo control de los trabajadores; el desconocimiento de la deuda externa en manos de los bancos; un impuesto directo extraordinario y progresivo al patrimonio de los grandes pulpos agrarios; y la nacionalización, sin compensación, del comercio exterior.

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Argentina: Aumento la mortalidad materna por Gripe A

Medardo Ávila Vázquez (especial para ARGENPRESS.info)

La gripe A (H1N1) es una forma de enfermedad tipo influenza, generada por un novedoso virus, que se manifestó hace pocos meses en Estados Unidos y México. Es una enfermedad nueva, y los médicos estamos descubriendo, en estos momentos, la forma en que se presenta, a qué grupos poblacionales afecta más, cuál es su evolución, grado de letalidad, y otras cuestiones.

En los países del norte, las personas que necesitaron internación fueron en 30 por ciento asmáticos; 17 por ciento diabéticos, 12 por ciento inmunodeprimidos, pero también atacó a muchos individuos sanos y jóvenes, y muchos de los casos fatales estuvieron en ese grupo de gente. En esos países, la epidemia cedió rápido, principalmente por su carácter estacional, En junio y julio la presencia del virus se comprobó en las epidemias de gripe que sufrimos en el Cono Sur americano y en Australia, donde hubo cientos de muertos con severas neumonías.

La epidemia del virus H1N1 en la Argentina sorprendió afectando gravemente a mujeres embarazadas o puérperas. Entre ellas se contabilizaron los primeros casos fatales. Esta característica no se destacaba en las series de casos mejicanos y norteamericanos y recién ahora se lo cita en los informes epidemiológicos.

Recién cuando la grave situación que sufren las embarazadas con cuadros gripales trascendió en los medios de prensa, se conoció que hay decenas de casos de embarazadas internadas con graves neumonías. Aparentemente hay 12 muertes maternas por neumonías sucedidas en las últimas cuatro semanas y habría dos casos más por confirmar, que las elevarían a 14 muertes maternas por neumonías.

Obviamente, estas neumonías son desencadenadas por la infección con el virus de la gripe A (H1N1). La relación con esta epidemia es ineludible.

En los últimos cinco años sólo hubo seis muertes maternas por neumonías; dos el año pasado, dos en 2007 y sólo dos en los tres años restantes. En el año de la gripe A hay, en la primera mitad de la epidemia, 14 muertes maternas por neumonía en la provincia. Una verdadera tragedia sanitaria.

La mortalidad materna es la más terrible; la muerte de una madre impacta en el núcleo de la base de organización social de nuestra civilización. Toda la familia corre serio riesgo de desaparecer con la muerte de la madre. En 2008 hubo ocho muertes maternas en la ciudad de Córdoba; aparentemente el total provincial habría llegado a 21 muertes; sólo dos por neumonías. Hoy, hasta fines de julio, había 14 víctimas fatales sólo por neumonías.

Lo más preocupante de la situación es que esta forma de ataque del virus H1N1 en la población no es conocida, o no ha sido valorada con seriedad la magnitud del estrago que está ocasionando en las mujeres embarazadas o puérperas.

Los médicos seguimos manejando a estos pacientes, cuando tienen síntomas gripales, como si fuera un cuadro banal: así le pasó a Débora G., quien luego de consultar dos veces en el centro de salud y recibir sólo antitérmicos, murió en la Maternidad Provincial al igual que su hijo de siete meses de gestación. O a Carla B., que consultó varias veces en un sanatorio privado de la ciudad y cuando tardíamente llegó al Hospital Rawson, ingresó inmediatamente a respirador y aún se debate entre la vida y la muerte. Había perdido un embarazo de tres meses hace apenas 60 días.

Tiene que estar claro que una mujer en edad fértil, embarazada o que lo estuvo en el último año, si tiene tos y fiebre es de altísimo riesgo; debe ser medicada con oseltamivir, e internar o controlar fehacientemente. No se sabe si el antiviral será efectivo en estos casos… no hay datos; esto es totalmente nuevo, pero es lo único que existe. Por lo menos, podría disminuir la duración de la enfermedad en un día, que es lo que pudieron demostrar los estudios controlados.

Además, la gripe A no pasó, no terminó y no es banal. El canal epidémico que registra el Centro de Epidemiología Municipal en los últimos años, muestra casos desde mayo a octubre, con dos picos importantes: el primero en junio/julio y el segundo a comienzos de setiembre.

Es muy probable que la gripe A (H1N1) también recrudezca dentro de 30 días. No se pueden esperar 14 muertes maternas más. Hay que asumir que esta enfermedad no es como la gripe estacional, que sobre nuestra población se está desarrollando la epidemia en forma completa, que de ella aprenderá todo el mundo; pero es imprescindible proteger al grupo poblacional que se muestra más desprotegido contra esta amenaza.

Hay que alertar a la población y poner en tensión al equipo de salud. No podemos tapar esta realidad. Nos guste o no, las madres están muriendo por gripe A y se debe trabajar para disminuir su mortalidad.

Medardo Ávila Vázquez es Medico, Ex subsecretario de Salud de la ciudad de Córdoba.


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Rufianes en el ring

Alfredo Grande (APE)

“Una noticia buena y una mala.
La buena. Tenemos un profeta en nuestra tierra.
La mala: es Luis Barrionuevo”

(aforismo implicado)

En un año el patrimonio de los Kirchner creció 158%
Pasaron de tener 17 a 46 millones de pesos. Desde 2003, la riqueza del matrimonio presidencial se multiplicó por siete.
(Diario Crítica de la Argentina 24/07/09)

Basural: enterrarán alimentos para que la gente no los coma
Medio Ambiente tomó esta medida porque en el predio de La Bebida mucha gente consume la comida tirada.
A diario en el basurero de Rivadavia se repite una postal angustiante: muchas personas revuelven las montañas de basura para rescatar restos de alimentos, sucios y en mal estado, y comérselos. Y los protagonistas son los propios cirujas que trabajan en el lugar. Aprovechan la ocasión para alimentarse con los restos de comida que vienen junto a los residuos que descargan tanto los camiones municipales de diferentes departamentos como los contratados por los grandes supermercados. Ante esta situación, el subsecretario de Medio Ambiente, Raúl Tello, contó a Diario de Cuyo que ya tomó las primeras medidas para "solucionar en parte este problema": desde la semana que viene enterrarán los restos de alimentos ni bien sean descargados en el predio, para evitar que la gente los coma.
(Diario de Cuyo, San Juan 30/07/09)

Cuando Martín Karadagián venció a la Momia tuve una de las crisis más severas en toda mi vida. Las reflexiones sobre lo impensable que leí décadas después tuvieron en esos amargos momentos su evidencia más brutal. La Momia, que amaba a los niños muy tiernamente, se desplomó por el efecto de los “cortitos” de Martín aplicados en su columna dorsal. Recién entonces comprendí que el talón de Aquiles es un universal de la cultura, y quizá marque para siempre la tragedia de nuestro ser castrado. De todos modos, no podía aceptar esa derrota, demasiado dolorosa para ser real. Décadas después, alguien diría que perdió por poquito. Sin conocer el aforismo implicado que señala que “la diferencia entre poco y nada es mucho”. Es cierto: la Momia había perdido por poquito pero ese poquito la había desplomado en la lona del ring. Cuando llegó el momento oportuno, porque las situaciones de intenso dolor a veces no son aptas para aceptar verdades, mi santa madre me aclaró, ante mi asombro, que en realidad estaba todo arreglado, que el catch era así, y que karadagián era el dueño de todo y por eso siempre iba a ganar. No puedo describir mi perplejidad. La sensación de estafa era tan grande, tan insoportable, que por una semana mi depresión empeoró. Sin embargo, fue mi primer comprobación que la verdad nos hace libres. Con una simplicidad que le agradezco, mi madre me mostró que siempre de lo que se trata es de quién es el dueño, o dicho de otra y de la misma manera, quién tiene el poder. Y quién lo quiera obtener, para entonces tenerlo, aunque sepa que alguien se lo va a quitar. Gobierno no es poder, pero ayuda. A veces se acercan, y me parece que demasiado. Las fortunas personales, siguiendo los lineamientos de nuestro Profeta, no se hacen trabajando. O sea trabajando con el sudor de la propia frente. Por eso no perdone las molestias porque no están trabajando para usted. Están trabajando para ellos. Y los Ellos, como en la eterna historieta El Eternauta, son saqueadores. La clase política en realidad es una casta, y además tiende a constituirse en una corporación multi partidaria, que construye simultáneamente, empobrecimiento lícito y enriquecimiento ilícito. Para ser justos, esta circunstancia va más allá de nombres y apellidos. No deja de ser lamentable que para recordar ejemplos de honestidad total (política y económica) haya que recurrir al Dr. Illia, que fue denostado con una campaña destituyente de brutal intensidad. Las consecuencias del empobrecimiento lícito, o al menos una de las más trágicas, es el hambre, la peor de las endemias. Raúl Tello, un héroe de la posmodernidad, ha inventado una forma de solucionar los problemas: entierra la comida para que los cirujas no la coman. Fiel a la corporación partidaria, no importa el partido político que sea, desde su cargo preserva el medio ambiente. Con la lógica de los cementerios: entierra aquello que podría traer problemas. Supera (por algo es funcionario) la lógica de la cultura represora de barrer bajo la alfombra. Ahora mete bajo la tierra. Supongo que cuando los cirujas comiencen a sentir los efectos de las audaces medidas ambientalistas de Tello, optarán meterse dentro de la tierra y quizá sobrevivan como topos. O ratas. Para el insólito funcionario, eso es una manera de “solucionar en parte el problema”. ¿Me quedo más tranquilo? Por cierto que no. En estos tiempos, la ansiedad es un derecho y la angustia una consecuencia inevitable. Martin Karadagián sigue siendo gobierno y poder. Aunque en su versión posmo se llama El Gran Cuñado. En ese ring se encuentran viejos luchadores con nuevas y promisorias figuras. Esa gran usina del catch político que es la televisión inventa triunfadores y decreta perdedores. Nadie puede saber cuál es la diferencia entre la persona y su deformación caricaturizada. Con toda seguridad, la caricatura tiene más intención de voto que la verdadera imagen, el vero ícono. Un triunfo absoluto del catch en la política es la obsesión por la gobernabilidad. Es la imagen de gobernar, para que la democracia representativa no pierda rating. Por eso se convoca a un diálogo para el consenso a los mejores luchadores. Desfilan el indio Comanche, Ararat, el ancho Peucelle, el gran Carloto, Benito Durante, etc, etc. Pero la convocatoria sigue funcionando. Al menos, cada dos años, el ritual de la cofradía del santo voto se moviliza. Se bendice, con más o menos conciencia, la estafa y el saqueo. Los indicadores absolutos son el hambre, la salud pública a la deriva y la educación colapsada. Pero lo único que importa preservar es la santa madre gobernabilidad. Así funciona la lógica del catch.

Recuperado de la derrota de la Momia, tengo que admitir que todavía espero que aparezca el Caballero Rojo a imponer justicia.

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Argentina: ¿Qué entiende Aguer por “educación sexual integral”?

ARTEMISA

Las autoras de Género y sexualidades en las tramas del saber. Revisiones y Propuestas (Libros del Zorzal, 2009), un libro para docentes de la enseñanza media de reciente publicación, plantean a continuación sus puntos de vista, no exentos de contrastes, sobre las recientes declaraciones de Héctor Aguer.

Silvia Elizalde, Dra. en Filosofía y Letras, área Antropología (UBA) e investigadora del CONICET. Integrante del Area Queer y del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género, ambos con sede en la Facultad de Filosofía y Letras, UBA.

Lejos de constituir sólo una interpretación más o menos “exagerada” y retrógada de un encumbrado representante de la Iglesia Católica, los dichos de Héctor Aguer, presidente de la Comisión de Educación Católica del Episcopado Argentino, sobre el “Material de formación de formadores en educación sexual y prevención del VIH/Sida”, forman parte de una sistemática política de negación y tergiversación de los derechos sexuales, reproductivos y humanos consagrados constitucionalmente y respaldados por un extenso arco de tratados y convenios nacionales e internacionales en estas materias. De allí que estas expresiones deban ser leídas en el marco de las condiciones actuales del debate sobre sexualidad, género y diversidad en la Argentina, en el que la Iglesia Católica actúa como poderoso agente de lobby y de intervención en estos campos, cercenando, retrasando y desarticulando el sentido fuertemente político y democrático de las reivindicaciones logradas por las luchas feministas, LGBT y del movimiento amplio de mujeres.

En este sentido, responderle a Aguer exige algo más que “cruzar opiniones” en la esfera pública sobre la legitimidad, los propósitos y/o los alcances del Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Requiere, como primer paso, rechazar la operación mediática típicamente liberal que pone en pie de igualdad las aseveraciones a favor de la discriminación y la exclusión del género y la diversidad sexual, con los argumentos antidiscriminatorios, desnaturalizadores de los prejuicios sexuales y de género, y de promoción de derechos.

Resulta, pues, inadmisible aceptar como igualmente válidos y atendibles los argumentos de personas como Aguer y del grupo de interés que representa –que, en este caso de modo especial, legitiman ideológicamente la moralización de las conductas sexuales, la desigualdad de clase (porque ¿quiénes pueden acceder a un aborto sin riesgos?), la criminalización de ciertos grupos e identidades y la desinformación “en nombre del dogma”- y los que, aún con sus muchas deficiencias, han sido formulados por un concierto de actores sociales con el objetivo de (re)inscribir a la sexualidad como dimensión integral de nuestras vidas y como derecho humano inalienable. La famosa “teoría de las dos campanas” muestra aquí, más que nunca, su impracticable aplicación. El paradigma de los derechos humanos no es, meramente, una de las dos campanas posibles. Es el único horizonte donde una ciudadanía sexual real puede desplegarse.

Karina Felitti, Dra. en Historia, (UBA) y becaria posdoctoral de CONICET. Integrante del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género, Facultad de Filosofía y Letras, UBA.

La historia es una buena aliada a la hora de hacer memoria y sopesar opiniones. Al respecto, es probable que Aguer olvide mencionar que durante el Concilio Vaticano II y por varios años la Comisión para el Estudio de la población, la familia y la natalidad, discutió sobre la posibilidad de aceptar a las recientemente creadas píldoras anticonceptivas como un medio para ejercer la paternidad responsable, y que finalmente la mayoría estuvo de acuerdo en permitirlas. Después Paulo VI hizo caso omiso al dictamen de la mayoría y clausuró con la Encíclica Humanae Vitae – que solo acepta los medios naturales - varios años de debate provocando un movimiento de reacción dentro del amplio campo católico y una aguda crisis dentro de la Iglesia. Pese a esa prohibición, muchos sacerdotes y médicos católicos continuaron recomendando las flamantes pastillas. Claro, la Iglesia postconciliar representaba la transformación, el acercarse al pueblo, a sus necesidades, deseos y problemas.

Hoy, en cambio, vivimos en un contexto muy distinto al de los años ’60. Es difícil pensar en utopías luego de la sangrienta reprimenda que se extendió sobre los soñadores. Una gran parte de la sociedad argentina, o al menos la que reproducen al infinito los medios masivos, pareciera hoy más propensa a debatir el encarcelamiento de menores que a valorar el hecho de que se les pueda brindar información certera para cuidar sus cuerpos y su salud y propiciar su autodeterminación identitaria.

La historia reciente también sirve para matizar las voces que intentan imponerse como absolutas. Al respecto, conviene señalar que también hay una Iglesia que no elige mirar para otro lado y le pone el cuerpo al paco, al hambre, la falta de educación y la miseria. Que muchos sacerdotes siguen hablando con los jóvenes de sus parroquias sobre sexualidad; que en los barrios aceptan y reconocen (en vez sólo de “tolerar”) a travestis; que las comunidades reciben a divorciados y vueltos a casar sin pensarlos como cristianos “de segunda mano”; que muchos colegios católicos han sido pioneros en el desarrollo de programas educativos de educación sexual integral aún antes de que existiera una ley; que teólogos y teólogas han incorporado la categoría de género a sus explicaciones y piensan a las mujeres como sujetos no universales ni ahistóricos sino atravesadas por su tiempo y cultura (el grupo Teologanda); y que las Católicas por el Derecho a Decidir realizan una lectura aguda de los mandatos y principios que los hombres han elaborado adjudicándose el poder de interpretación de la voluntad de Dios.

En la misa dominical todos los presentes son nombrados y reconocidos como miembros de la Iglesia, un cuerpo que tiene a Cristo en la cabeza y que necesita de todas sus partes para funcionar en plenitud, aunque las relaciones de poder que atraviesan a la institución nieguen una y otra vez esa misma premisa de comunidad.

Graciela Queirolo, profesora en Historia (UBA). Cursó la Maestría en Historia Argentina y Contemporánea de la Universidad Torcuato Di Tella. Becaria de la UBA, donde realiza su investigación doctoral.

La nueva ley de educación sexual sancionada hace ya tres años –ley 26150 de octubre de 2006- impulsa una concepción integral de la sexualidad que se aleja de concepciones estrechas que entronizan la genitalidad y sus derivas. Sin renunciar a este aspecto, la nueva ley lo combina con otros sumamente cruciales: los socioculturales, los de salud y los de derechos humanos. Somos seres sexuados que interactuamos con otros seres sexuados. Por lo tanto, se trata de abordar la diferencia sexual demoliendo prejuicios basados en estereotipos o descalificaciones culturales, de manera de habilitar a todas las personas a labrarse su lugar en la sociedad, en base a sus capacidades e individualidades. Es por esto que la educación sexual es un contenido transversal presente en la escuela en todos los niveles y en todas las disciplinas.

Los temores a abordar estos temas se relacionan con la exposición de la intimidad que ellos provocan así como también con el prejuicio de desconocer qué se entiende por educación sexual. Sin duda, la capacitación en estos temas se vuelve urgente e imprescindible de manera de poder intervenir como profesionales de la educación y como ciudadanas/os que apostamos a una sociedad en la que gobiernen los valores de la equidad y el respeto. En este sentido, el Estado ha hecho grandes avances, no sólo con la sanción de la ley y la suscripción a convenios internacionales, sino con la producción de nuevos materiales para sensibilizar a la comunidad educativa y poder implementar la nueva legislación, de manera de ofrecer herramientas para trabajar en el aula. Este camino se irá afianzando a futuro.

Celebremos el tiempo en que nos tocó vivir: los inicios del siglo XXI, momento en que las ciencias sociales han problematizado la diferencia sexual de manera tal que han propuesto la eliminación de jerarquías y subordinaciones en contra de la opresión y a favor de la liberación humana. Defendamos estos principios con todos los recursos que afortunadamente poseemos.

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Masiva movilización de trabajadores del subte: "Nosotros desconocemos a la UTA porque no pertenecemos más a ese sindicato"

PRENSA DE FRENTE

En el día de ayer, miércoles 5 de agosto, los trabajadores de Metrovías nucleados en la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, marcharon por el centro de la ciudad de Buenos Aires hasta el Ministerio de Trabajo para reclamar el reconocimiento de este gremio como su entidad legítima de representación.

Tras meses en que a partir de la decisión de conformar un sindicato propio, no faltaron complicaciones, incluidas las esperables agresiones de las patotas de la Unión Tranviaria Automotor (UTA), los trabajadores del subte volvieron a las calles. La movilización, que contó con una masiva presencia de todas las líneas, comenzó en el obelisco porteño y recorrió buena parte del microcentro porteño.

"Si no nos dan aumento les paramos la ciudad" disparaban desde los cánticos que junto a los bombos acompañaron todo el recorrido. Esta advertencia es producto de la negativa por parte del ministro de trabajo de trabajo, Carlos Tomada, de reconocer a la AGTSyP a pesar de haber sido legitimado por más de dos tercios de los trabajadores de la empresa Metrovías.

En conversación con Prensa De Frente, Facundo Ayala, trabajador de la línea B, afirmó: "hoy estamos movilizando para exigirle al ministerio de Trabajo el reconocimiento de nuestro sindicato y el ingreso a paritarias de nuestros delegados, debidamente electos en abril pasado. Ellos fueron elegidos por más del 70 por ciento de los trabajadores de planta de la empresa".

Con respecto a la situación jurídica de la nueva Asociación Gremial, Ayala confirmó que "la presentación judicial la realizamos en agosto del año pasado y el tema es que el gobierno, a través del ministerio de Trabajo, está ninguneando y desconociendo la voluntad de los trabajadores".

Además del reclamo por el reconocimiento de los delegados elegidos democráticamente, los trabajadores solicitaban la apertura de paritarias por fuera de las que llevó adelante UTA. El respecto, Manuel Compañez, Secretario General de la AGTSyP afirmó que "estamos solicitando que el gobierno abra el diálogo con los trabajadores del subte, un diálogo que fue rechazado por la empresa Metrovías a través de varios telegramas en los que se niega a discutir con nosotros el salario, el descanso semanal y el 82% móvil para nuestros jubilados. Reclamamos que el ministerio garantice la continuidad del diálogo, pero no solo con los empresarios sino también con los trabajadores, que queremos hacer uso de nuestro derecho constitucional de representar y ser representados democrática y libremente."

Consultado sobre cual es la situación en túneles, boleterías y otros lugares de trabajo con la UTA, Ayala afirmó que "es bastante controvertida porque ellos se hacen presentes a través de unas elecciones fraudulentas que realizaron en diciembre, en las cuales mediante lista única eligieron unos representantes a los que la gente no reconoce". El trabajador agregó "nosotros desconocemos a la UTA porque no pertenecemos más a ese sindicato. La relación se pone tensa cuando ellos mediante patotas intentan amedrentar a nuestros compañeros, pero todos sabemos muy quienes son nuestros representantes."

Compañez por su parte, confirmó que el nuevo sindicato "ya es un hecho, está consolidado tanto como sindicato como cuerpo de delegados. Los delegados están funcionando en todos los sectores, cumpliendo su tarea que es defender los derechos de los trabajadores. La UTA ya prácticamente no tiene actuación, cada vez tienen menos presencia en el subterráneo".

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Argentina, Chaco: Murió en Resistencia Alberto Valussi, acusado de represor

EL DIARIO - CHACO DIA POR DIA

Valussi era docente y fue un civil que trabajó en Chaco para la SIDE antes y durante la última dictadura militar. Estaba acusado de colaborar en el secuestro y desaparición de personas y de haber participado del operativo en la Masacre de Margarita Belén.

A los 68 años, falleció Alberto Horacio Valussi, también conocido como Beto, quien durante la represión de los años '70, quien habría tenido una activa participación en la detención, secuestro, tortura y desaparición de presos políticos en Chaco.

Valussi era investigado por la Justicia Federal - con un pedido de requerimiento para llevarlo al banquillo del juicio oral y público - por su colaboración con el terrorismo de Estado, a partir de su puesto como civil en la temida Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), acusado de "tormentos agravados en concurso real", en el marco de la causa "Caballero Humberto Lucio y otros s/ tormentos agraviados".

También es sindicado como uno de los secuestradores de Fernando Pierola, una de las víctimas de la Masacre de Margarita Beldn. Y lo ubican en la madrugada del 13 de diciembre, cuando fueron fusilados a mansalva presos políticos sacados de la U7 y la alcaidía.

"¿Por qué me pega, profesor?

Una de las víctimas de este verdugo fue Hugo Barúa, militante político y actualmente hombre de la Sindical Bancaria. El 9 de septiembre de 1975 es detenido en su casa de Villa Centenario, donde comenzaron los apremios ilegales por parte de los ex policías Humberto Cardozo y Gabino Manader, con la presencia del ex fiscal Roberto Mazzoni, que se salvó del juicio político al haberse retirado de la Justicia Federal.

Barúa declaró que entraron a su habitación Manader, Cardozo y Mazzoni y sacaron a su madre afuera, luego de lo cual empezó, en la misma pieza, la sesión de golpes y torturas.

De su casa lo trasladaron a la Brigada de Investigaciones, donde continuó la tortura durante unos 7 a 10 días. En esa instancia Barúa reconoció a Valussi.

Beto entra en un momento y le pega golpes de puño y sopapos. "¿Por que me pega, profesor?", atina a preguntar él, en ese entonces, adolescente, a lo que Valussi lo increpa: "¿Vos me conocés?".

Asombrado, el torturador no sabía que Barúa había sido su alumno en el Colegio Don Bosco, cuando enseñaba Historia. Además, Valussi era cliente de la farmacia donde el joven trabajaba.

Pudo reconocer a sus torturadores porque, a diferencia de otros presos políticos, no había sido vendado. De la Brigada de Investigaciones, lo llevan a Gendarmería, donde siguió reconociendo entre otros a Carlos Flores Leyes, ex fiscal federal, actualmente detenido en el marco de la causa Caballero.

También denunció que, mientras "Manader le pegaba, Mazzoni observaba".

"Yo te conozco..."

Otro caso es el de María Julia Morresi, detenida el 20 de octubre de 1976, en Posadas (Misiones) por el Ejército. Junto a su pareja, Fernando Pitrola, intentan escapar por los patios del fondo y los techos, cuando escucha la orden de tirar.

Sin embargo, son atrapados y allí mismo, junto con ocho personas, comienzan a ser torturados. Luego, "nos suben a unos patrulleros y a otros a los amigos. A mí me llevan a un sitio, que creo era la Jefatura de Policía de Posadas o alguna dependencia de Investigaciones, no recuerdo si en ese lugar estaba Fernando, nos separan eso sí", declaró María Julia Morresi.

Pero, "al que si recuerdo, es a "Beto" Valussi que me

dice: "...Mirá vos adonde te vengo a encontrar, yo te conozco desde cuando andabas en calzones en la Universidad del Nordeste...". Otra confirmación de que esta persona es la que nos tortura es su voz, una voz muy cruda, un vozarrón muy particular, con un modo muy agresivo, que hasta el día de hoy recuerdo con pánico", añadió.

"En este lugar, que yo digo Jefatura o Investigaciones, me llevan a una sala de torturas, me atan desnuda de manos y de pies a una especie de catre de metal, ahí me torturan con picana en presencia de Valussi que dirigía todas las sesiones de torturas aplicando torturas él personalmente. No recuerdo el tiempo que estuve allí, sí recuerdo a otros que estaban torturando en otro lugar", precisó.

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Argentina, Córdoba: Asesora legal de la CTA denuncia persecución del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba

PRENSA RED

EL TSJ condenó a Cecilia Pérez Correa a pagar las costas por un juicio en el que representa a un trabajador de Renault. El fallo se dictó en el tiempo record de dos meses de ingresada la causa al máximo tribunal. Carta de la CTA-Córdoba al presidente el Colegio de Abogados.

La asesora legal de la CTA-Córdoba, Cecilia Pérez Correa denunció persecución del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba que el 23 de julio resolvió condenarla al pago de las costas por un juicio en el que representa a un trabajador de la Renault.

Se trata del caso "CONCI RAUL ALBINO C/ RENAULT ARGENTINA S.A. – ORDINARIO – ENFERMEDAD ACCIDENTE (LEY DE RIESGOS) APELACION EN ORDINARIOS - RECURSO DE CASACION - EXPTE. Nº 5609/ /37”.

Pérez Correa manifestó a Prensared que el fallo del TSJ “no tiene fundamento sino que responde a un escarmiento por mis denuncias en contra del fraude cometido por Renault y ahora por Iveco, con la complicidad del gobernador Juan Schiaretti y el secretario de Trabajo, Omar Sereno”.

La resolución ordena la condena por haber interpuesto Recurso de Casación en lo que constituiría para el máximo Tribunal, una conducta “displicente y perturbadora de la administración de justicia”, pese a que dicho recurso fuera concedido por la Cámara del Trabajo, la que dispuso imponer las costas por el orden causado.

La condena impuesta, dictada en el tiempo record de dos meses de ingresada la causa al TSJ, cuando este arrastra un atraso superior a los tres años, ha sido ordenada sin otorgarle a Pérez Correa la posibilidad de ejercer el debido derecho de defensa en juicio. Tal fue el énfasis puesto en sancionar a los letrados, que el Tribunal omitió pronunciarse con respecto a los planteos casatorios del trabajador.

Resulta llamativo, que la condena sea impuesta, justo cuando la letrada de CTA se encuentra defendiendo a los trabajadores despedidos de IVECO, ante el grave conflicto que mantienen con la automotriz, y cuando se ventilan casos similares que le permitieron a la empresa Renault Argentina S.A. echar a 857 sin el pago de las indemnizaciones por despido. Causa que en la actualidad se encuentra en la Corte para su estudio, luego que el Tribunal Superior de Córdoba, confirmara el rechazo de las demandas.

A esta mega causa de Renault se remite expresamente el Tribunal Superior cuando impone la sanción en costas, para que no queden dudas del mensaje disciplinador que emite: no más casaciones en contra de la automotriz.

De esta forma el Máximo Tribunal produce un castigo por defender a los trabajadores de la industria automotriz y una persecución por insistir ante él, con recursos defensivos que denuncian fraudes cometidos por las empresas Renault e IVECO.

Esta resolución condenatoria constituye también una severa advertencia y un peligroso precedente para los abogados que defienden los derechos de los trabajadores, en cuanto verán limitadas las posibilidades de recurrir en casación ante el Máximo Tribunal y en consecuencia ante la CSJN, por las eventuales condenas en costas que deberán afrontar en el ejercicio regular del derecho a impugnar las sentencias.

Este brutal avasallamiento de los derechos fundamentales a trabajar, a la defensa en juicio, a la igualdad ante la ley, a no ser discriminados, a recurrir las sentencias, merecen el más enérgico repudio porque limita de manera intolerable las vías dispuesta por la ley para el logro del efectivo goce de los derechos y garantías de los trabajadores en cuanto estos sean vulnerados.

Carta de la CTA al Colegio de Abogados

La CTA envió el 29 de julio la siguiente misiva al Presidente del Colegio de Abogados de la ciudad de Córdoba, Jorge Héctor Curtó.

"De nuestra consideración:

OSCAR ALBERTO MENGARELLI, Secretario General de la Central de los Trabajadores de la Argentina, Córdoba y MARIA TERESA ROMERO DE LA FUENTE, Secretaria General de la Asociación de Trabajadores del Estado, nos dirigimos a Ud. en razón del ilegal castigo ordenado por el Tribunal Superior de Justicia en contra de nuestra Asesora Legal de la Central que representamos y miembro del Observatorio Jurídico-CTA Dra. Cecilia Pérez Correa, por la cual personalmente debe afrontar el pago de las costas del juicio “CONCI RAUL ALBINO c/ RENAULT ARGENTINA S.A. – ORDINARIO (Ley de Riesgos) ” Expediente Nº 5609/37.

De la sola lectura de la sentencia que condena a nuestra abogada, surge la falta total de fundamentación, la intencionalidad de sancionarla sin tratar siquiera el recurso que interpusiera, como los groseros errores legales en cuanto a las normas citadas que nada tienen que ver con el caso de que se trata.

Es claro que lo que intenta el Tribunal Superior es amedrentar, impedir que se ejerza el derecho constitucional a ser defendido en juicio, a presentar los recursos que la misma ley ha creado, para lograr el reconocimiento de los derecho del trabajador ante la justicia y además, bloquear la llegada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación de dichos reclamos.

Precisamente la condena se impone, cuando la abogada de la CTA se encuentra defendiendo a los trabajadores despedidos de IVECO, cuando se ventilan casos similares a los que permitieron que la empresa Renault Argentina S.A. echara a 857 y no les pagara las indemnizaciones por despido, causa que en la actualidad se encuentra en la Corte para que esta resuelva, luego de que el Tribunal Superior de Córdoba, rechazara las demandas de los trabajadores.

A esta causa se remite expresamente el Tribunal Superior cuando condena a la Dra. Pérez Correa, en esa resolución de una hoja, para que no queden dudas del mensaje aleccionador que manda: no más casaciones en contra de las automotrices, quien lo haga deberá pagar el costo de hacerlo.

De no formalizarse la más firme oposición a estas prácticas propias de poderes autoritarios, los trabajadores además de soportar el costo de las crisis, también tendremos que aceptar la pérdida del derecho a ser oídos, a la defensa en juicio y con ello a los derechos constitucionales consagrados de manera fundamental en el art. 14 Bis de la Constitución Nacional en cuanto garantiza que el trabajo gozará de la protección de las leyes; estos derechos quedarán en suspenso por la imposibilidad de lograr judicialmente su reconocimiento, de hacer efectivas la garantías de la debida defensa en juicio del art. 18 de la Constitución Nacional

No resulta casual que la condena se imponga también, cuando la abogada de la CTA ha defendido enérgicamente los legítimos reclamos de los empleados del Poder Judicial en conflicto, con especial énfasis en ocasión del último conflicto salarial con el TSJ.

Ante la gravedad de la situación denunciada, de la persecución en contra de nuestra asesora emprendida por el Tribunal Superior, solicitamos que la Institución que Ud. preside asuma una firme y decidida defensa del orden legal que ha sido atacado, pronunciándose sobre el injusto castigo dado a quien en ejercicio de su profesión representa a los trabajadores y se proceda a mantener una audiencia con el Tribunal Superior a los fines de lograr que se ponga fin a estas prácticas autoritarias y ajenas al estado de derecho.

Sin otro particular saludamos a Ud. cordialmente".

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Argentina, Corrientes: Padres, alumnos y docentes denuncian un deplorable estado sanitario en las escuelas

CORRIENTES NOTICIAS

Lejos de cumplirse las promesas del Ministerio de Educación, y de las recomendaciones dadas por los organismos oficiales, las clases arrancaron en Corrientes sin el cumplimiento de las más mínimas medidas de higiene y prevención para los miles de alumnos que volvieron a poblar las aulas en todo Corrientes.

Los ministerios de Salud y Educación, se pasaron las dos últimas semanas dando recomendaciones y dictando cursos donde enseñaron a los docentes las medidas de prevención que hay que tomar ante el avance de la Gripe A, cuya oleada mas fuerte se espera para este mes de agosto. Pese a todo esto, y a las promesas de la última semana de poner en condiciones los establecimientos escolares en cuanto a sanitarios, provisión de agua potable y elementos de limpieza se refiere, ayer el comienzo de clases fue sin cambios en relación al último día de clase antes del receso.

El envío de elementos de limpieza sigue siendo una promesa, pero las autoridades de educación ya dejaron la responsabilidad en manos de las cooperadoras escolares. La limpieza de las escuelas parece ser una utopía y la provisión de agua para muchos establecimientos más difícil aún.

El ejemplo mas claro se dio esta mañana en la Escuela Arturo Illia del barrio Laguna Seca, donde 1000 alumnos debían compartir un sólo baño en condiciones sin distinción de sexo. Padres, alumnos y docentes decidieron salir a denunciar públicamente lo que les tocaba vivir.

“El olor se siente desde los salones y es muy desagradable estudiar así, además faltan bancos y tenemos que sentarnos dos en un mismo banco o escribir sobre las rodillas”, señaló una alumna representante del Centro de Estudiantes del establecimiento a una emisora capitalina.

Padres que ante ese cuadro decidieron retirar a sus hijos del establecimiento, alumnos y docentes se auto convocaron frente a la escuela y denunciaron que los baños están clausurados por falta de limpieza y arreglos básicos que se prometieron, pero nunca se cumplieron. “Queremos que el Estado se haga cargo”, dijo una docente.

José Gea, secretario general de la Asociación Correntina de Docentes Provinciales, confirmó este episodio y el relevamiento que los gremios docentes están llevando a cabo en escuelas de toda la provincia constatando las condiciones sanitarias. “A mas tardar el miércoles nos vamos a estar presentando a la Justicia” dijo el dirigente quien advirtió una vez mas sobre las “insalubres” condiciones sanitarias en la que alumnos y docentes deben desarrollar sus tareas.

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Argentina, Entre Ríos: Fondos mineros en la UNER. Voto dividido y sigue la polémica en las Facultades

UNO - INFOALTERNATIVA

En su última reunión, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) resolvió aceptar, con votación dividida, los fondos disponibles de la explotación de la mina Bajo la Alumbrera, que le permitirá incorporar a su presupuesto 2009 cerca de 820.000 pesos.

Al momento de la votación 15 fueron las expresiones a favor y 11 las manifestaciones de rechazo, entre ellas las de la decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, María Laura Méndez; la consejera docente Mirta Giacaglia; la consejera Elina Cánepa del claustro estudiantil y el consejero Sergio Cristani, del claustro de graduados. Hubo, además, una abstención, la del decano de la Facultad de Ciencias de la Alimentación, Hugo Cives.

A diferencia de lo que ocurrió en noviembre de 2008, el debate en el ámbito del Consejo fue más profuso y se escucharon mayor cantidad de opiniones en contra de la aceptación de los fondos derivados de la Ley N° 14.771 de 1958, rechazo que se fundamenta –especialmente– en el origen de los fondos, en las consecuencias socio-ambientales derivadas de la minería, en lo que significa la entrega del patrimonio nacional, y en que los recursos no se incorporan de manera genuina al presupuesto universitario.

Las expresiones de rechazo de la comunidad educativa universitaria con esta medida ha ido creciendo con el paso de los meses. Y dio origen, por ejemplo, a una nota presentada por la consejera Susana Cazzaniga –de la Facultad de Trabajo Social– en la que se requería que el Consejo no acepte los recursos mencionados.

Sin embargo, la decisión de la mayoría del cuerpo fue similar a la adoptada en noviembre de 2008, ocasión en la cual el Consejo aceptó los fondos, aunque reservándose el derecho de emitir un documento.

Ahora, el debate sobre el uso o no de estos fondos de la minería para el financiamiento universitario seguirá en cada consejo directivo, órgano de cada Facultad.

Una ley nacional aprobada en 1958

En mayo, el plenario del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) resolvió distribuir, y en consecuencia aceptar, 36,8 millones de pesos provenientes de las utilidades de los Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio, para ser repartidos entre las universidades del Estado que componen el Consejo.

Con la Ley N°14.771 de 1958, el Senado y la Cámara de Diputados de la Nación aprobaron la creación de yacimientos, en Tucumán y Catamarca.

Se fijó que las utilidades se distribuirán en un 50% para la universidad de Tucumán y el otro 50% para las restantes universidades del Estado. Recién medio siglo después, en 2008, arrojó utilidades.

Número

0,8% Lo que representa el fondo minero para el presupuesto de la UNER, que en 2009 asciende a 103.508.018 pesos.

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Argentina, Misiones: Posadas se quedará sin radares

MISIONES ON LINE

Por un recorte presupuestario del Ministerio de Defensa, se decidió retirar temporalmente la operación del radar emplazado en Posadas.

A partir de los recientes recortes presupuestarios que han sufrido muchas de las áreas de la administración pública nacional, la Fuerza Aérea también se vio afectada con un recorte aproximado del 40 por ciento de su presupuesto. Esto llevó a que momentáneamente y mientras se equilibran las cuentas, se decida el cierre temporario de la operación del radar emplazado en la ciudad de Posadas. La operación que ejecutaba este radar en conjunto con aviones militares, como los Pucará o Pampas, ha permitido desbaratar a lo largo de estos años un sinnúmero de vuelos ilegales en la zona noreste del país. Ahora sin la presencia de este radar, hace que el espacio aéreo se encuentre vulnerado, quedando solamente uno en Resistencia y otro en Reconquista hasta fines de agosto.

La Fuerza Aérea mantuvo desde junio del año 2004 tres radares en operación, en Río Gallegos, en Resistencia y en Posadas. Estos medios de detección funcionan en forma coordinada con el Centro de Operaciones Aeroespaciales ubicado en la localidad de Merlo, provincia de Buenos Aires y desde donde se planifican el total de las operaciones aéreas tendientes a restringir el uso del espacio, por parte de aeronaves ilegales o que realizan vuelos ilícitos poniendo en riesgo la navegación aérea de los vuelos comerciales y vulnerando la seguridad nacional.

Según se supo, la Fuerza Aérea recibe anualmente las partidas presupuestarias para la realización del total de las actividades que le son propias, entre ellas las de la custodia del espacio aéreo. Asimismo del total de su presupuesto el 60 por ciento es para abonar el sueldo del personal y el 40 por ciento restante para la realización de tareas operativas, actividades de vuelo, de radares, y las de adiestramiento para formar a las nuevas generaciones de oficiales y suboficiales en sus áreas específicas de operación.

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Argentina, Rosario: Entre la dignidad y los indignos, los territorios

Juan Monteverde (GIROS - REDACCION ROSARIO)

Como ya es de dominio público, la injustificada captura de 4 militantes de la organización Giros y la fuerte violencia psicológica y humillaciones sufridas, ponen al descubierto la crítica situación en la que hoy se encuentra la periferia de nuestra ciudad y los sectores populares que allí habitan.

El cotidiano trabajo territorial que venimos desarrollando hace más de cuatro años, y las diferentes luchas que fuimos librando de manera colectiva con los vecinos de los diferentes barrios; las inundaciones, el reclamo por las tierras y por las mejoras en la condiciones de vida de los sectores populares, fueron mostrando las primeras pistas del actual estado de cosas. Se manifiesta así una situación que, a esta altura de la democracia, se vuelve inaceptable. El caso que hoy nos ocupa sale a la luz por tratarse de un ataque directo a "los incluidos", por ello se hace visible, se ubica en el debate público y genera indignación. Pero esta es la realidad cotidiana de las mayorías de nuestro pueblo.

Así se debelan hoy, dos ciudades. Dos realidades antagónicas que van mucho más allá de los discursos maniqueos de "el centro y los barrios", de la periferia sucia y los centros bellos. Hablamos aquí de algo mucho más decisivo, más estructural, mucho más grave. En Rosario hay dos ciudades con sus correspondientes ciudadanos. Los ciudadanos de primera, los que todos conocemos, los que tienen derechos y garantías. Los que poseen vivienda, trabajo, justicia, educación, salud. Los que atesoran el derecho a la palabra, a la opinión. Los que pueden reclamar, acudir a los medios masivos, entrevistarse con funcionarios. Y en paralelo, en los bordes, en los márgenes, en la periferia, los ciudadanos de segunda.

Los que más que derechos tienen concesiones. Los que para sobrevivir deben luchar cotidianamente. Deben librar una batalla múltiple que incluye desde conseguir agua para el baño y asegurar la próxima comida, hasta defender con uñas y dientes sus ranchos de esperanza. Que intentan zafar de los punteros y la prebenda, de la policía y las extorciones.

Sumado a esto, deben dar también, la pelea por la palabra. Por el derecho a decir lo que pasa, a denunciar la injustica y cambiar la realidad, frente a una sociedad que muchas veces los quiere muertos y encarcelados.

Ante esta situación, la clase dirigente, la corporación política, expectante y ajena. Aquellos que, sin distinción partidaria, se rasgan las vestiduras en nombre de la institucionalidad y de la calidad democrática, no quieren ver que ante sus ojos no a todos nos gobierna la misma ley. Que no todos tenemos los mismo derechos, no todos podemos decir que vivimos en democracia.

Si bien nunca es bueno caer en ejemplos específicos, vale a modo de baldazo de realidad y paradigma, un compañero de uno de los barrios donde militamos. Tiene 16 años, nació y se crió en el barrio. El estado se ausentó de su vida y le quitó la posibilidad de vivir dignamente, pero se hizo presente con su cara más cruel para encarcelarlo en más de 15 oportunidades. Todas y cada una de las veces, por averiguación de antecedentes. 16 años, 15 veces preso, ningún delito. La última vez, la excusa fue que lo vieron en un piquete donde reclamaba una vivienda digna.

¿Qué dice la sociedad? ¿Qué pide para él? Alguien reconoce en él la disociación de la institucionalidad, la democracia que no es?

Es así que en los territorios, en la periferia, no encontramos todos.

Los dignos, los indignos y los indignados. Día a día y cara a cara. Los que la sufren en cotidiano y dan la pelea. Los que a fuerza de represión y de clientelismo imponen su propia ley. Y los que, como nosotros y tantos otros, asumimos como propias esas condiciones, esas injusticas y nos ponemos a la par y codo a codo. La corporación política, de afuera, mira como da sus frutos el premeditado "dejar hacer, dejar pasar".

Mecanismo este, que no sólo desoye una realidad evidente, sino que inclina la balanza a favor de los inmensos intereses económicos que pesan hoy sobre los territorios. La periferia se convirtió en los últimos años en un bien preciado. El último reducto de la marginalidad, donde la sociedad expulso a los "indeseables" es hoy la única tierradisponible para la expansión de la ciudad y vienen por ella.

Por todo ello, por la violenta disputa por la periferia que cristaliza las condiciones históricas en las que viven los sectores populares, es que exigimos que el Estado reconozca de una vez por todas esta situación y demuestre a favor de quién está. Que todos los actores políticos de la ciudad y la provincia se expresen. A qué intereses defienden y hasta dónde están dispuestos a llegar para empezar a achicar esa brecha que indica que unos viven en democracia y otros no. El estado actual de la disputa por la periferia hace indispensable y urgente la intervención decidida del estado municipal y provincial. El gran Rosario va en camino a convertirse en el segundo conurbano de la República Argentina.

Desplazando cada vez más hacia afuera, con barrios privados de por medio, a los sectores populares de nuestra ciudad. Denigrando cada vez más a los territorios, dando la tierra fértil para la reproducción de la pobreza, favoreciendo el clientelismo y con la fuerza represiva comocontrol social de lo que ellos mismos generan.

Es así que a partir de ahora llevaremos adelante dos iniciativas para detener lo que parece inminente:

- Declaración por parte del legislativo y el ejecutivo municipal de la "Emergencia Habitacional y disputa por la periferia"

- Derogación por parte del legislativo y ejecutivo provincial de los artículos de la ley orgánica de la policía, como por ejemplo la 10 bis, que avalan, aún hoy en democracia, las capturas ilegitimas.

De esta forma ya estamos poniéndonos en contacto con diferentes organizaciones, movimientos, sindicatos, profesionales, artistas, y ciudadanos en general para sumar voluntades y fuerzas, colectivamente.

Proponemos así al más amplio conjunto del pueblo, los invitamos a construir, defender y llevar adelante estas iniciativas. Pasar de la indignación individual a la dignidad colectiva. A empezar a construir hoy, aquí y ahora, una sociedad distinta. Una sociedad para todos.

Para todos todo.

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Argentina, Salta: La Corte exige informes por la tala indiscriminada de bosques en Salta

PRIMERA FUENTE

El Máximo Tribunal de la Nación intimó al gobierno salteño y a Medio Ambiente de la Nación a presentar un informe de impacto ambiental de los desmontes y talas de los bosques nativos que habían sido autorizados durante el último trimestre de 2007, en los departamentos de Orán, San Martín, Rivadavia y Santa Victoria. Las comunidades aborígenes denunciaron que se lesionaron sus derechos y garantías como habitantes en esas zonas.

En otro paso clave para frenar los desmontes y la tala indiscriminada de bosques salteños, la Corte Suprema de Justicia de la Nación intimó al gobierno provincial, a cargo de Juan Manuel Urtubey, y a la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación a presentar un estudio de impacto ambiental en el marco de una causa en la que se investiga una denuncia de comunidades aborígenes.

Ya en diciembre del año pasado, el Máximo Tribunal había dispuesto, como medida cautelar, el cese preventivo de desmontes y talas de los bosques nativos que habían sido autorizados por la provincia de Salta durante el último trimestre de 2007, en los departamentos de Orán, San Martín, Rivadavia y Santa Victoria.

En esa oportunidad, la Corte también había requerido al Estado provincial que elabore un informe con los nombres y apellidos o razones sociales, con sus respectivos domicilios, de todas las personas físicas y jurídicas que solicitaron y obtuvieron las referidas autorizaciones.

Las comunidades Wichi San Ignacio de Loyola, Zona Bemejo y San José Chustaj Lhokwe, entre otros denunciantes, responsabilizan al gobierno de Salta, tanto por acción como por omisión, de otorgar autorizaciones de desmonte que lesionarían los derechos y garantías de los habitantes de las zonas mencionadas.

Según señaló el Centro de Información Judicial (CIJ), la Corte señaló, al fundamentar su competencia originaria, que “los hechos que se denuncian exigen de esta Corte el ejercicio del control encomendado a la justicia sobre las actividades de los otros poderes del Estado”.

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Argentina, Tucumán: La Corte Suprema frenó el desalojo de la Comunidad India Quilmes

PRIMERA FUENTE

La Corte Suprema de Justicia de la provincia emitió una resolución que suspende por tiempo indeterminado el desalojo de 200 personas de la Comunidad Quilmes de un predio ubicado en Colalao del Valle. Hizo lugar a un recurso de queja presentado por abogados y a planteos de diversas organizaciones, entre ellas, al del propio premio Nóbel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Habrá una mediación entre el pueblo originario y los terratenientes.

A través de una resolución emitida durante la tarde del martes, la Corte Suprema de Justicia de la provincia frenó por tiempo indeterminado una medida de desalojo contra 40 familias de la Comunidad India de Quilmes de un predio ubicado sobre la ruta 40, en Colalao del Valle.

De esta forma, el máximo tribunal hizo lugar a un recurso de queja presentado por Abogados y Abogadas del NOA por los Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES) a través del cual de objetó la medida debido a que atenta, entre otras normas, contra la ley nacional Nº 26.160 (invocada por la CIQ en sus distintas presentaciones) que es una legislación de emergencia a través de la cual se suspende por 4 años todo tipo de desalojo de territorios indígena.

Junto a esto, los jueves de la Corte Suprema recibieron presentaciones de diversas organizaciones como Defensoría del Pueblo local, Secretaría de Derechos Humanos, el Servicio Paz y Justicia del premio Nóbel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (I.N.A.I.), entre otros. En todas ellas, se manifestó el rechazo a la expulsión del pueblo diaguita de sus propias tierras ancestrales.

Además, la Corte Suprema decidió establecer un proceso de mediación entre las partes en pugna para intentar resolver el conflicto.

El planteo de ANDHES en la Corte se hizo en contra del desalojo dispuesto por el juez de Paz de Colalao del Valle, Adolfo Salazar (hoy de licencia), decisión que fue avalada por el Juzgado Civil en Documentos y Locaciones de la IIIº Nominación.

Salazar hizo lugar a un amparo presentado por la terrateniente Encarnación Rodríguez de Colombo quien alegó la simple tenencia del predio, invocando supuestos derechos sobre las tierras ancestrales donde hoy habitan 40 familias, en pleno valle calchaquí.

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Argentina, Tucumán: Se generaliza el malestar. Los responsables de El Tribuno siguen con la indiferencia y vuelven las medidas de fuerzas

PRIMERA FUENTE

El malestar que genera el incumplimiento en el pago de las cuotas por indemnización a 26 trabajadores que fueron despedidos por el diario El Tribuno el año pasado generó la bronca del resto de los trabajadores y dirigentes de la APT.

Ayer en la asamblea gremial que se realizó en las puertas de este medio periodístico se decidió iniciar desde hoy con medidas de fuerzas que se irán acrecentando si la patronal no da respuestas concretas a los diferentes planteos reivindicativos.

Ayer por la tarde los trabajadores de prensa de El Tribuno y los ex trabajadores que fueron despedidos el año pasado junto a los dirigentes de la Asociación de Prensa de Tucumán (APT)realizaron una nueva asamblea gremial en las puertas del diario (25 de mayo al 500). La medida surge desde que la patronal, ahora, propiedad del grupo Amfin (editora a cargo de la publicación Ámbito Financiero y El Tribuno) se niega a cumplir con el pago de las cuotas indemnizatorias de los 26 compañeros de prensa cesanteados. Por mayoría y en solidaridad con los trabajadores que no pueden percibir sus indemnizaciones decidieron iniciar desde hoy, por la tarde (18:30), un escrache en la vía pública.

Además los antiguos propietarios de este medio de comunicación (Multimedios Norte SA, vinculado al ex gobernador de Salta, Juan Carlos Romero y miembro del llamado Grupo Horizontes) también se niegan a cumplir con la obligación deslindando su responsabilidad empresarial. Sin embargo, desde la Asociación de Prensa de Tucumán (APT) se inició una vez más los mecanismos legales y de gestión gremiales, aunque las patronales hacen oídos sordos y persiste su indiferencia.

En tanto, la asamblea no descartó elevar el tono de los reclamos. “Los nuevos propietarios todavía no dan la cara y esa indiferencia sin saber que quieren generan incertidumbre. Por eso la solidaridad de los compañeros que actualmente están restando sus servicios es importante. Todos tenemos que unirnos y exigir lo que corresponde”, dijo el secretario de Prensa, Juan Pablo Durán.

Por su parte, el secretario Gremial, Héctor Heredia, recordó que la nueva patronal todavía no cumplió con el pago de los aportes de obra social. “Entregaron cheques que fueron rebotados. Esto no es serio. Por eso, vamos a iniciar un proceso de lucha coherente hasta que la patronal se siente, de la cara y cumpla con lo que corresponde”, dijo enérgicamente el directivo sindical.

Los dirigentes comentaron además que esta actuación por parte del grupo empresarial de la familia "Romero" y del grupo Amfin no es casual teniendo en cuenta que desde la organización se estaba pidiendo iniciar una nueva negociación salarial para actualizar los emolumentos, categorías y otros puntos reivindicativos que se dejaron de cumplir.

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