viernes, 21 de agosto de 2009

“Sabia orientación” de Washington desencadena campaña mediática continental contra gobiernos progresistas de América Latina


Ernesto Carmona (especial para ARGENPRESS.info)

Las asociaciones de dueños de medios de prensa de siete países sudamericanos “denunciaron” el jueves en grandes avisos en la prensa chilena un “sostenido deterioro” de la libertad de expresión en la región, sin individualizar a ningún país. La “noticia” difundida por el duopolio El Mercurio, La Tercera y otros periódicos, sincroniza con un comunicado difundido el 3 de agosto de 2009, bajo el título “Venezuela: Chávez acciona para silenciar a los medios de la oposición”, por la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), la organización más poderosa de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos.

Según el documento, desclasificado por la investigadora venezolana Eva Golinger, la DNI asegura que “el gobierno del Presidente Chávez está moviéndose con fuerza para silenciar a sus críticos a través de la introducción de una ley de Delitos Mediáticos que autorizaría el encarcelamiento de periodistas, ejecutivos de empresas mediáticas y bloguistas que reportan sobre cualquier asunto considerado por el gobierno como dañino a los intereses del estado. Simultáneamente, el gobierno venezolano está cerrando más de 200 emisoras de radio e imponiendo normas que regularán a RCTV Internacional, mientras que también se posiciona para tomar control del canal de noticias de la oposición, Globovisión…”

La “ley de Delitos Mediáticos” nunca llegó a ser formalmente debatida por la Asamblea Nacional como proyecto de ley. Tampoco se cerraron “más de 200 emisoras de radio”, sino 34 tuvieron que dejar de emitir su señal porque operaban ilegalmente según una legislación de 1982, muy anterior al gobierno de Chávez que comenzó en 199. Globovión y RCTV operan normalmente, incitando frecuentemente al magnicidio del Presidente. La mentirosa orientación de la DNI fue también la argumentación invocada por la fracción dominante de la directiva del Colegio de Periodistas de Chile que el 15 de agosto manifestó “su profunda preocupación por la situación de la prensa en Venezuela”, episodio que ha ocasionado un intenso debate al interior de la organización de los periodistas chilenos.

El manifiesto de las siete organizaciones de dueños de diarios de Chile, Perú, Colombia, Brasil, Argentina, Ecuador y Bolivia “denunció” que la impunidad en los asesinatos de periodistas, las amenazas, agresiones físicas y verbales contra propietarios, periodistas y trabajadores de los medios son prácticas recurrentes de “algunos gobernantes”, pero sin indicar cuáles. Los asesinatos más recurrentes de periodistas de la región ocurren principalmente a manos de esbirros de los poderes fácticos de provincias y estados, asociados al narco tráfico y a la corrupción local y no a los gobiernos nacionales. En lo transcurrido del año 2009 han asesinado a 20 periodistas en América Latina, informó Hernán Uribe, Presidente de la Comisión Investigadora de Atentados (CIAP) a Periodistas de la FELAP.

La Asociación Nacional de la Prensa de Chile, el Consejo de la Prensa Peruana, Asociación de Diarios Colombianos, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, la Associação Nacional de Jornais de Brasil y la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia también citaron supuestas prácticas de hostigamiento regulatorio, judicial y tributario contra los trabajadores, que en realidad en Venezuela afectaron a sus patrones, los dueños de la prensa. También hablaron de asignación arbitraria de publicidad estatal, caducidad injustificada de licencias de estaciones de radio y televisión, injerencia y cooptación gubernamental de medios privados. Este ambiguo manifiesto apareció justamente en Chile, un país donde dos personas controlan prácticamente la totalidad de los diarios del país, Agustín Edwards con 23 periódicos encabezados por El Mercurio, y Alvaro Saieh, dueño de La Tercera, La Cuarta, La Hora y otros medios impresos, aunque ambos poseen también radioemisoras dedicadas a transmitir “noticias”.

En una curiosa coincidencia, el orientador comunicado de la CNI del 3 de agosto describió al Presidente Chávez como “un dictador con un control total sobre los medios de comunicación” y añadió que “el gobierno está actuando con fuerza contra las emisoras de radio y RCTV Internacional, convirtiendo a Venezuela en un monopolio estatal de los medios de comunicación… [Añadió que] el gobierno también está orientando sus ataques más allá de los medios tradicionales y que Twitter, Facebook, MySpace y los blogs son nuevas formas de comunicación que “crean terror”…”, según el informe de Golinger.

Los laboratorios de operaciones psicológicas de la DNI concluyeron que “las acciones del gobierno contra los medios críticos también buscan eliminar a los únicos foros disponibles de los otros críticos de Chávez, incluyendo a los funcionarios públicos elegidos por la oposición, los partidos políticos y los estudiantes universitarios”. Las asociaciones de los amos de la prensa de los siete países advirtieron que las restricciones a las libertades de expresión, prensa y de información concluyen siempre en la privación de las libertades y los derechos de las personas, atropellando el espíritu de pluralidad y tolerancia al disenso. Afirmaron que “sin libertad de expresión, en resumen, es ilusoria la existencia de un régimen democrático”.

El comunicado descubierto por Eva Golinger fue enviado a diferentes instancias de Washington, al Congreso, a los medios, empresas y personas influyentes con intereses en América Latina. El texto no mencionó en ninguna parte que el gobierno venezolano sigue normas indicadas en la Ley de Telecomunicaciones que son obligatorias para que la Comisión de Telecomunicaciones del Estado, CONATEL, asegure que las concesiones del espectro radioeléctrico cumplan con todos los requerimientos legales. El comunicado tampoco aclaró que la supuesta Ley de Delitos Mediáticos fue simplemente una propuesta hecha por la Fiscalía venezolana y nunca estuvo en debate ni fue considerada por la Asamblea Nacional. El informe Golinger revela que la misma matriz “orientadora” de la DNI inspiró las declaraciones de un sector del Colegio de Periodistas Chile y los dueños de diarios suramericanos y la estrategia de la nueva campaña mediática transnacional.

La DNI fue establecida en 2005 como una super estructura de la comunidad de inteligencia que tiene bajo su paraguas a 16 agencias de inteligencia de EEUU. Su primer director fue John Negroponte, quien instrumentó una Misión Especial de Inteligencia para Venezuela y Cuba para optimizar los recursos y el trabajo de inteligencia y espionaje contra quienes considera sus principales adversarios en América Latina. La comisión realiza un trabajo completamente clandestino, pues sus acciones y su presupuesto son totalmente clasificados, dijo Golinger. Su actual “gerente” es Timothy Langford, un veterano de la CIA con una experiencia de más de 25 años en trabajos clandestinos. El jefe máximo de la DINE nombrado por Obama es el almirante Dennis Blair, ex comandante en jefe del Comando Pacífico del Pentágono.

En noviembre de 2005, la DNI estableció un Centro de Fuentes Públicas (Open Source Center “OSC”) para mejorar el acceso a fuentes públicas para funcionarios de inteligencia y del gobierno estadounidense. Este centro se encarga de procesar información de fuentes públicas, a través de oficinas en todo el mundo. Las fuentes de información pública incluyen la llamada “literatura gris”, concepto de la comunidad de inteligencia que se refiere a materiales que no pueden hallarse fácilmente en los canales convencionales.

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Informarse primero para informar mejor


Manuel Cabieses Donoso (PUNTO FINAL, especial para ARGENPRESS.info)

Sin otro motivo aparente, que no sea la campaña contra Chávez montada en América Latina por los propietarios de los grandes medios de comunicación, la directiva de nuestro Colegio de Periodistas ha expresado su preocupación por la “grave situación de la prensa en Venezuela”.

Se refiere, en primer término, a una presunta “Ley de Delitos Mediáticos”, que no existe. Lo más cercano a la realidad son las ideas expuestas a título personal a la Asamblea Nacional de Venezuela por la Fiscal General de la República, Luisa Ortega, manifestando su preocupación por el libertinaje de los medios controlados por el empresariado opositor. El proyecto de la Fiscal fue rechazado en la Subcomisión de Medios, de mayoría gubernamental, y ni siquiera llegó a la plenaria de la Asamblea. Un gran periodista y político venezolano, José Vicente Rangel, bien conocido en Chile, ha expresado el 16 de agosto en su programa dominical de TV: “Hay en Venezuela un desmadre mediático. Una delirante irresponsabilidad por parte de aquellos que controlan los medios que tiene que ser objeto de un serio análisis y de la adopción de medidas que, sin lesionar la libertad de expresión, corrijan inaceptables excesos”.

Cabe agregar que por una décima parte de lo que publican los diarios venezolanos contra el presidente Chávez muchos periodistas estarían presos en Chile, si hicieran lo mismo contra la presidenta Bachelet, sus ministros u otras autoridades civiles, militares o eclesiásticas. En Venezuela, por cierto, no hay ningún periodista preso por delitos de prensa y tampoco ningún medio opositor ha sido clausurado.

La directiva de nuestro Colegio se refiere también al “progresivo silenciamiento de medios, como el reciente cierre de 34 radios y dos televisoras regionales”. Tampoco es verdad. El gobierno venezolano retiró las licencias de esas emisoras porque la ley no permite que las concesiones radioeléctricas sean heredadas, vendidas o traspasadas, y estos 34 casos estaban en esas condiciones. La estructura física, plantas, etc., siguen en manos de sus propietarios. Hasta ahora ninguno ha denunciado violación de la ley (que es anterior al gobierno de Chávez). Nelson Belfort, presidente de la Cámara de Radio, quien heredó de su padre una emisora, ha declarado que desde 1995 está solicitando su transferencia y no le responden (Chávez llegó al gobierno sólo en 1999). En Venezuela existe una ley de procedimientos administrativos, según la cual después de quince días consecutivos, si no hay respuesta, ella debe considerarse negativa. Es decir, el gobierno de la época (Rafael Caldera, democratacristiano) no concedió la transferencia por considerarla ilegal, a pesar de lo cual esa emisora transmitió otros quince años violando la ley.

Lo único cierto en la lamentable declaración de nuestro Colegio es el “violento ataque a un grupo de periodistas en el día de ayer” (13 de agosto), hecho que condena “enérgicamente” (y nosotros también). En efecto, doce periodistas de la Cadena Capriles fueron golpeados por un grupo de trabajadores chavistas cuando marchaban hacia la Asamblea Nacional para protestar contra la Ley Orgánica de Educación, aprobada ese mismo día. Aunque lo ocurrido no tiene nada que ver con el ejercicio del periodismo, aquellos periodistas hacían uso de un derecho ciudadano incuestionable. Esta agresión fue condenada de inmediato por el gobierno, que ordenó las medidas policiales y judiciales correspondientes para ubicar y sancionar a los responsables del incidente.

La correcta y diligente actitud del gobierno de Chávez fue reconocida por Eleazar Díaz Rangel, director de Ultimas Noticias, diario -el de mayor circulación en Venezuela- al que pertenecen los periodistas agredidos. Es necesario añadir que Díaz Rangel, Premio Nacional de Periodismo, fue presidente del Colegio de Periodistas de Venezuela, presidente-fundador de la Federación Latinoamericana de Periodistas y profesor de la Escuela de Periodismo de la Universidad Central de Venezuela. Se trata de uno de los periodistas más respetados de ese país por la independencia de sus opiniones. Aunque simpatizante de la revolución pacífica que encabeza el presidente Hugo Chávez, no ha vacilado en polemizar muchas veces con el mandatario: el periodista desde su columna en Ultimas Noticias y Chávez desde su programa Aló, Presidente.

Nuestro Colegio de Periodistas debería informarse mejor sobre la realidad de Venezuela y, en especial, sobre la verdadera situación de los medios de prensa en ese país. Dista muchísimo de la visión tergiversada que intentan imponernos la cadena de diarios que encabeza El Mercurio, Chilevisión, la radio Cooperativa, etc., etc. Pero no hay que olvidar que la óptica de los dueños de los medios siempre ha sido diferente -y opuesta- a la de los periodistas. Debe ser porque los intereses de unos y otros, sobre todo respecto al rol de la libertad de expresión como factor articulador de las corrientes de opinión en una democracia, siempre han sido distintos y contradictorios. Los periodistas servimos a la verdad y nos debemos a nuestros pueblos. Los dueños de los grandes medios, en cambio, se sirven de nuestro trabajo para incrementar sus fortunas, y su lealtad está comprometida con los enemigos de siempre de la libertad y de la verdad en nuestra patria latinoamericana.

Manuel Cabieses Donoso es Director de “Punto Final” (Registro Nº 52 del Colegio de Periodistas de Chile).


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Sudamérica: Las bases en Colombia y la disputa por los bienes comunes


Raúl Zibechi (IRCAMERICAS, especial para ARGENPRESS.info)

El inminente acuerdo entre Estados Unidos y Colombia para la utilización de siete bases por el Comando Sur, forma parte de la feroz disputa por los bienes comunes que atraviesa la región sudamericana.

Primero algunas informaciones recientes:

Venezuela alcanzó el primer lugar en reservas probadas de petróleo del orbe al cuantificar 314.000 millones de barriles en la Faja Petrolífera del Orinoco, anunció la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). A partir de ahora Venezuela ocupa el primer lugar en reservas probadas de petróleo a nivel mundial, bajando a Arabia Saudita al segundo lugar, con 264.000 millones de barriles, según PDVSA1.

Fatih Birol, economista jefe de la Agencia Internacional de Energía (AIE), afirma que la crisis del petróleo llegará mucho antes de lo previsto. "El mundo se dirige a una catastrófica crisis energética que podría perjudicar una recuperación económica mundial debido a que la mayoría de los principales campos de petróleo en el mundo han pasado su pico de producción". Birol sostiene que los datos que había manejado hasta ahora la AIE eran errados y anticipa en diez años (2020 en vez de 2030) la llegada del pico de producción.

"La primera evaluación detallada de más de 800 campos de petróleo en el mundo, que abarcan las tres cuartas partes de las reservas mundiales, ha encontrado que la mayoría ya llegó a su punto máximo y que la tasa de disminución es casi el doble del ritmo calculado hace apenas dos años", señala Birol. Esa tasa de decrecimiento es del 6,7 por ciento frente al 3,7 por ciento de 20072.

Hace unos 20 años, China era el decimosegundo socio de América Latina, con un volumen comercial que apenas superaba los 8.000 millones de dólares, pero desde 2007 ocupó la segunda posición, multiplicando por trece aquella cifra y ahora sobrepasa los 100.000 millones de dólares. China ha establecido asociaciones estratégicas con Brasil desde los años 90 y, posteriormente con Venezuela, México, Argentina, Chile y con Perú.

Este año, China ha negociado acuerdos que duplicarían un fondo de desarrollo en Venezuela a 12.000 millones de dólares, le prestaría unos 1.000 millones de dólares a Ecuador para construir una planta hidroeléctrica, le dará acceso a Argentina a más de 10.000 millones de dólares para proyectos y otros 10.000 millones a la empresa estatal del petróleo en Brasil.Según cifras oficiales brasileñas, el volumen de comercio bilateral entre Brasil y China alcanzó 36.440 millones de dólares en 2008, lo que supuso 55,9 por ciento de incremento con respecto al año anterior. En abril de este año, China se convirtió en el primer socio comercial de Brasil, superando a Estados Unidos. El ingreso de China como país donante en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en abril pasado, tras quince años de negociaciones, fue una fuerte señal de su creciente compromiso para ahondar sus vínculos con la región3.

Se estaría produciendo un importante viraje de la política económica de Brasil respecto a Estados Unidos. Desde agosto de 2008 hasta mayo de este año, o sea cuando se dispara la crisis económica mundial, Brasil redujo un 17 por ciento sus inversiones en títulos estadounidenses. Es la mayor reducción entre los 15 mayores acreedores de Washington. En contraste, Rusia aumentó un 20 por ciento sus compras de títulos de la Reserva Federal y China un 40 por ciento en el mismo lapso4.

La empresa estatal china de petróleo (CNPC) decidió acelerar sus adquisiciones en África y América Latina porque "los precios relativamente bajos de los activos ofrecen este año oportunidades sin precedentes para la compañía". Una de esas oportunidades sería la compra del 84 por ciento de las acciones de Repsol YPF en Argentina en una alianza con la tercera mayor empresa china, la CNOOC, por 17.000 millones de dólares. De concretarse, sería la mayor inversión petrolífera de China en el exterior5.

Las informaciones anteriores, recogidas apenas en la prensa internacional de la última semana, permiten inferir que en la región se está produciendo una fuerte competencia por recursos naturales con la participación de potencias extracontinentales. En paralelo, los países más importantes (Argentina, Brasil, Venezuela) comienzan a realizar sus intercambios en otras monedas diferentes al dólar y establecen alianzas con países asiáticos y con potencias emergentes.

El peso que los factores económicos vinculados a la hegemonía tengan en la decisión de incrementar la presencia militar de Estados Unidos en Colombia, podrán observarse de modo más claro a medida que Obama vaya tomando más y más decisiones estratégicas.

Contra quién van las bases

Según Estados Unidos se trata básicamente de sustituir el papel que venía jugando la base de Manta, en Ecuador, que debe abandonar en noviembre pero de la cual de hecho ya se ha retirado. Para el presidente Álvaro Uribe, se trata de seguir adelante con el Plan Colombia, o sea continuar la guerra contra las FARC hasta ganarla, y perseguir al narcotráfico. En este punto la coincidencia entre Bogotá y Washington es completa, más allá que para las cúpulas colombianas el ampliar la presencia militar estadounidense es una buena forma de resolver cualquier posible dificultad en las relaciones entre ambos países.

El despliegue de la IV Flota decidido el año pasado, se ve ahora completado por un rosario de siete bases que el Comando Sur puede utilizar cuando lo considere conveniente. Por cierto, la Casa Blanca y el Palacio de Nariño están empeñados en el argumento de que no habrá bases militares estadounidenses porque todas seguirán siendo controladas por el Estado y las fuerzas armadas colombianas, y que los 800 militares y 600 contratistas que operan actualmente en Colombia no se verán incrementados.

El argumento es sólo parcialmente cierto. En las nuevas condiciones de la guerra, el tipo de bases militares que existieron durante la Guerra Fría, grandes concentraciones humanas y de aparatos, fijas e inmóviles, están dando paso a un modelo más flexible como se desprende del informe "Global en Route Strategy" de abril de 2009 de la fuerza aérea de Estados Unidos. Se trata de poder contar con el uso de instalaciones sobre todo para el tránsito aéreo, que hagan posible el control a distancia y la disuasión, dejando la intervención directa para situaciones excepcionalmente críticas. En ese sentido, lo que más interesa a la superpotencia es contar con la cooperación de los gobiernos de la región, permitiendo instalar radares y sistemas de vigilancia, el uso de aeropuertos y puertos, cuestión mucho más decisiva que la presencia militar directa que, con la tecnología actual, puede concretarse en cuestión de horas.

Sin embargo, el nuevo despliegue del Comando Sur apunta en otra dirección. Para Juan Gabriel Tokatlián, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Di Tella, "el mensaje principal es para Brasil y no para Venezuela"6. Tiene razón, pero debe agregarse un par de detalles. Decir Brasil, desde la lógica imperante en Washington, es decir Amazonia, o sea, recursos naturales. En segundo lugar, el inminente acuerdo para la utilización de siete bases militares colombianas por el Comando Sur, puede estar relacionado con la creciente alianza entre China y Brasil, cuyo comercio debe realizarse a través de la cordillera andina.

La estrategia del cerco

Las cosas son según el lugar desde el cual se observen. Por eso en Brasil la decisión de ampliar la presencia militar del Comando Sur en la región cayó como una patada. El canciller Celso Amorim y el asesor para asuntos internacionales Marco Aurelio García, fueron muy explícitos. "Lo que preocupa a Brasil es una presencia militar fuerte, cuyo objetivo y capacidad pueden ir mucho más allá de lo que pueda ser la necesidad interna de Colombia", dijo Amorim a Folha de Sao Paulo. Agregó que hay una contradicción entre la afirmación de Bogotá de que las FARC están prácticamente aniquiladas y el aumento de la presencia militar estadounidense para combatirlas. "En la región, es importante tener transparencia y claridad. Eso tal vez haya faltado. Uno puede tener, por ejemplo, garantías formales sobre cómo serán usadas esas bases", concluyó7.

El presidente Lula, por su parte, vinculó las bases en Colombia y la reactivación de la IV Flota con la existencia de enormes reservas petroleras a 7.000 metros de profundidad en aguas de los estados de Santa Catarina y Espíritu Santo, que le darán al país autonomía energética. De ese modo, parece alinearse con una vieja preocupación de los estrategas y militares de su país en lo que denominan como "Geopolítica del Cerco". En efecto, en 2002 el Centro de Inteligencia del Ejército, con sede en Brasilia, realizó tres estudios que mapearon la presencia militar estadounidense en Sudamérica. Las conclusiones indicaban que en 2001 y 2002 había 6.300 militares de ese país construyendo pistas y destacamentos en forma de un "cinturón" militar que rodea a Brasil8.

Uno de esos trabajos, "Presencia de los Estados Unidos en América del Sur", a cargo del entonces coronel de infantería y ahora jefe militar del Nordeste, José Alberto da Costa Abreu, concluía que una de las principales consecuencias es "la disminución de la capacidad brasileña de proyectar poder en el ámbito regional por la existencia de un 'cinturón' de instalaciones norteamericanas próximas a las fronteras brasileñas, principalmente en la región amazónica"9.

En la serie de reportajes publicados por el sitio militar brasileño Defesanet, recuerdan que el 25 por ciento del petróleo que consumen los Estados Unidos proviene de los países andinos, y que la cuestión de la Amazonia es el tema más candente en la región y un asunto de extrema sensibilidad para Brasil.

Notas:
1) Agencia Xinhua, 13 de agosto de 2009.
2) The Independent, 3 de agosto de 2009.
3) Diario del Pueblo, 11 de agosto de 2009.
4) Folha de Sao Paulo, 12 de agosto de 2009.
5) China Daily, 12 de agosto de 2009.
6) Página 12, 7 de agosto de 2009.
7) DPA, Brasilia, 2 de agosto de 2009.
8) Defesanet, el 18 de enero de 2006.
9) Idem.


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Obama apoya al Plan Colombia y las nuevas bases militares. Estados Unidos enfila su guerra sucia contra Venezuela


Diego Olivera (BAROMETRO INTERNACIONAL, especial para ARGENPRESS.info)

Luego de varias interrogantes sobre el presidente demócrata Barack Obama, la verdad queda al descubierto: la nueva administración de EEUU, sigue fiel al modelo imperialista, enfila su flota y amplia bases militares en Colombia, bajo el argumento de su guerra contra el narcotráfico, dando de esta manera continuidad a la era Bush, que fue tan nefasta en el mundo. Quedaron en falsas promesas las palabras pronunciadas en la reunión con los presidentes de América Latina, en la V Cumbre de las Américas realizada en Trinidad y Tobago, en Abril de 2009.

En esa Cumbre, los presidentes de los 12 países de la Unasur recibieron al presidente Obama, y trataron diferentes tópicos de interés para la región, quedando la sensación de un cambio en la relaciones con EEUU, que se llegó a concebir como un nuevo comienzo en las relaciones de Estados Unidos con Latinoamérica, según lo expresaron allí algunos presidentes latinoamericanos, quienes esperaban que se profundizara el diálogo y se dieran pasos concretos. Pero a solo cuatro meses de esta cumbre, un nuevo zarpazo imperialista pergeñado por los sectores militares y de inteligencia de EEUU, con la anuencia de la derecha hondureña, daba un golpe de estado (no reconocido como tal por la Canciller Clinton), mientras que el Departamento de Estado daba un tímido apoyo al presidente destituido Manuel Zelaya.

Una nueva era de expansionismo se avecina en América Latina

La aprobación del presidente Obama de continuar con el Plan Colombia y ampliar sus bases militares en esta nación sudamericana, demuestra una vez más la doble diplomacia de Estados Unidos, quien se autoproclama como el paladín de la democracia en el mundo, pero apoya golpes de estado, secuestra presidentes como Bertrand Aristide en Haiti o invade a Panamá para secuestrar a Manuel Noriega, o como se intentó con el presidente de Venezuela Hugo Chávez y de la misma manera lo hicieron con el presidente Zelaya, manteniendo una conducta que en el pasado propició el asesinato de Jacobo Arbenz y Salvador Allende por sendos golpes de estado auspiciados por la CIA y el Departamento de Estado.

Otro ejemplo de la nueva era Obama son los nuevos fondos para vender la imagen de la “democracia norteamericana”, con 7 millones de desempleados en el año 2009 producto de su propia crisis económica, con el estallido del globo inmobiliario. Para alcanzar este objetivo en el año 2010, el gobierno de Estados Unidos empleará 2.200 millones de dólares a través del Departamento de Estado y la USAID para promover su política, 12% más que los recibidos por el gobierno de Bush el último año de su mandato. De ellos, casi 450 millones se destinarán a demostrar que modelo unipolar impuesto al mundo significa democracia y respeto a los derechos humanos.

Ante la preocupación del viraje de Obama desde abril a Honduras y las nuevas bases en Colombia, surge la propuesta del presidente de Brasil, Luíz Ignacio Lula Da Silva, de solicitar una reunión de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) con Obama para discutir las relaciones con la región.

Sobre esta iniciativa el presidente de Venezuela Hugo Chávez manifestó “Me pareció muy buena la propuesta de Lula; él propuso reunirnos con Obama para que nos explique de qué se tratan esas bases, cuál es el interés de EEUU cuando se suponía que se iban a replegar las fuerzas imperiales. Mientras EEUU se retira de Irak, viene para acá con la cuarta flota y ahora con las siete bases militares en Colombia”.

Asevero el mandatario venezolano que la “bases militares instaladas en Colombia, especialmente la de Palanquero, le permiten a Estados Unidos tener bajo vigilancia y relativo control a través de su gran poderío científico, tecnológico, militar y de inteligencia, tres grandes objetivos en América del Sur: primero, la reserva de la Faja Petrolífera del Orinoco; segundo, la Amazonía; y tercero, el acuífero guaraní, el más grande del planeta”. A lo que agregó que “el Gobierno colombiano se presta a las intenciones de EEUU y alienta sus pretensiones al permitir la presencia de militares de ese país en la región y al difundir falsas informaciones, como la presunta entrega de misiles a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) por parte de Venezuela”, allí retó al presidente Álvaro Uribe Vélez a mostrar las pruebas de sus acusaciones.

Las verdaderas intenciones del gobierno de EEUU, el petróleo venezolano

A partir de la reciente culminación de la cuantificación del bloque Junín 7 de la Faja Petrolífera del Orinoco, en la que los cálculos de Petróleo Original en Sitio (POES) arrojaban 30.400 millones de barriles, la República Bolivariana de Venezuela, a través del Proyecto Orinoco Magna Reserva, avanza con mayor fuerza para alcanzar los 314.000 millones de barriles necesarios para ocupar el primer lugar en reservas probadas de petróleo a nivel mundial.

Actualmente las reservas probadas ascienden a 173.000 millones de barriles, con los que el país alcanza el segundo lugar a nivel mundial con las mayores reservas probadas sólo antecedida por Arabia Saudita, que posee 264.000 millones de barriles.

Para dejar sentado la veracidad de esa certificación, así como la participación de empresas internacionales en la explotación del crudo venezolano, se señalan las empresas que han suscrito compromisos de cooperación en la Faja que son: En Boyacá la portuguesa Galp; Petrosa, de Suráfrica; Petropar, de Paraguay, la cubana Cupet y la Petronas de Malasia. En el campo Junín la vietnamita Petrovietnam; CNPC, de China; Repsol YPF, de España; Sinopec, de China; StatoilHydro, de Noruega; Belorusnebt, de Belarús, Lukoil, de Rusia y Eni, de Italia.

En Ayacucho operan la ecuatoriana Petroecuador; Enap, de Chile; Enarsa, de Argentina, y Petropars, de Irán, y en el campo Carabobo trabaja la brasileña Petrobras. De esta manera Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), a través de su filial Corporación Venezolana del Petróleo (CVP), busca cuantificar y oficializar al menos 17% del POES del volumen de 1.36 billones de barriles de crudo pesado y extra pesado que posee la Faja Petrolífera del Orinoco.

Estas reservas de petróleo son indudablemente el objetivo principal, de la campaña virulenta de la administración del presidente de EEUU Obama contra el gobierno venezolano, personalizando su acción desestabilizadora en el presidente Hugo Chávez, al cual acusan de apoyar a la guerrilla colombiana y permitir que su país sea territorio libre del narcotráfico. Falsas acusaciones de dos gobiernos hipócritas, EEUU y Colombia, el primero el mayor consumidor de estupefacientes y el segundo el mayor productor a nivel mundial, como ambos estados terroristas con invasiones a otras naciones EEUU a Irak y Afganistán entre sus últimas acciones, mientras que Colombia invadió a Ecuador y ahora apunta sus acciones hacia Venezuela.

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El caso TIGO: "Sindicatos suecos deben presionar a KINNEVIK"


Dick Emanuelsson (especial para ARGENPRESS.info)

Reportaje completo en ’LO-Tidningen’, semanario de la Central obrera sueca, LO, ‘aprieta’ a la empresa madre sueca de Tigo de cancelar su apoyo a los golpistas.

El viernes pasado fue publicado una pagina completa incluido con fotos en ’LO-Tidningen’, semanario de la Central obrera sueca, LO con más de 70.000 ejemplares de tiraje semanalmente, sobre el golpe de estado en Honduras el 28 de junio.

La central obrera esta constituida por más de 20 federaciones sindicales que aglutina en su totalidad más de 2,3 millones de afiliados en el país nórdico.

En el reportaje fueron entrevistados Juan Barahona, (FUTH), Israel Salinas (CUTH) e Iván González, coordinador político de la CSA (Confederación Sindical de América) que encabezaba una delegación de representantes sindicales de 17 países latinoamericanos más España que visitaba el país hace una semana.

Registrar y presionar empresas golpistas

El mundo sindical ha rechazado unitariamente el golpe de estado y ha ejecutado varias acciones de solidaridad con el pueblo hondureño para restituir la democracia en el país centroamericano.

Unas de las tareas prioritarias de las diferentes centrales obreras en el mundo es registrar y documentar las empresas transnacionales o nacionales que tienen relaciones o sucursales en Honduras para impedir que apoyan el régimen de facto liderado por Roberto Micheletti.

TIGO en la mira

Una de esas empresas, que pone atención el reportaje en el semanario sindical sueco, es la Millicom Cellular Internacional S.A. que es la empresa madre de TIGO, considerada en Centroamérica por ser una empresa golpista en Honduras.

El titulo del medio sindical sueco es “SINDICATOS SUECOS DEBEN PRESIONAR A KINNEVIK”.

Kinnevik es el nombre del conglomerado que designa los gerentes. Millicom, como dueño de Tigo, selecciona a su vez los gerentes de Tigo.

Tavelo Otero (TIGO) no responde

El reportero sueco en Honduras tomó contacto y fue a la oficina de Antonio Tavelo Otero para confrontarlo con las acusaciones sindicales hondureños que lo involucra con el golpe de estado en Honduras y la cancelación de la publicidad de Tigo a las empresas Radio Globo y Cholusat Sur como represalia por la condena al golpe de estado que hicieron estos medios hondureños después el 28 de junio.

La secretaría de Tavelo Otero fue personalmente a la oficina del gerente de Tigo que respondió, que tomaría contacto con el reportero sueco en momento adecuado.

Eso pasó hace diez días y hasta ahora ese “momento” no ha aparecido.

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La reacción de los reaccionarios. A la caza de los pobres


Daniel Cadabón (especial para ARGENPRESS.info)

La pobreza es una de las instituciones más estables dentro del régimen capitalista y en la actualidad todos quieren sentarse a comer en la “caza de los pobres”.

Desde Bergoglio a Moyano, desde el mismísimo Kirchner hasta Yasky, el tema de la pobreza acumula palabras en cantidades abundantes, transformado el tema en un recurso electoral más, cuya función es suplantar el debate sobre la crisis económica y sus responsables por un cosmético cambio del "modelo".

La pobreza se ha vuelto una moda en la discusión de los poderosos, pero no para resolverla, sino para frenar la incidencia que provocaría una intervención violenta de las masas pobres en un panorama político caótico e irrespirable para un clima de buenos negocios.

La pobreza, pese a su insalubridad para quienes la padecen, siempre ha sido un gran negocio para la burguesía en el poder. Dota de mano de obra barata a los capitalistas industriales, de mano de obra esclava a los terratenientes y oligarcas del campo, de clientes a los partidos políticos del régimen, mientras vacía a las escuelas y llena de feligreses a las iglesias; por eso, todo régimen de explotación bendice a la pobreza y lanza grandes llamamientos saludando “a los que menos tienen”.

Que el capitalismo denuncie la pobreza, haciéndola un objetivo electoral o golpista tampoco es nuevo.

El crecimiento “escandaloso” de la pobreza (palabras del Papa) tiene consecuencias directas en el pensamiento de los sectores medios con una conciencia refractaria a la ascensión de razonamientos sociales humanistas por fuera de lo que marca su libro “Diario” de entradas y salidas.

No hay nada mejor que azuzar el tema de la pobreza, y la violencia inherente a los sectores marginados del sistema, para que el profesional, el almacenero, el trabajador cuentapropista, el progre “nac & pop” y el artista cool & chic luchen fervientemente por permanecer dentro sistema.

El temor a volverse pobre interviene “derechamente en los ciudadanos” que se disponen voluntariamente a ser carne de cañón de los intereses derechistas, mientras mitigan sus angustias con ansiolíticos de venta cada vez más libre.

Permanecer “dentro del sistema” tiene un altísimo costo, que se paga tanto en efectivo como psicológicamente y culturalmente.

El pastillaje auto-disciplinario, que bate récords de consumo en nuestro país, no sólo beneficia a los laboratorios multinacionales: actúa como un dique a la libre creación, adormece la esperanza, anula el esfuerzo y angustia la rebelión; el temor a la pobreza hace el resto.

La pobreza disciplina a los sectores medios, que no están dispuestos a luchar en contra de los verdaderos responsables de este flagelo centrados en su preocupación por la custodia de sus bienes. Parece mentira, que apenas tres décadas atrás todo un sector de la clase media haya dado su vida para luchar, armas en mano, contra la angustiante pobreza social; mientras que ahora, se haya decidido a cambiar sus armas (sean ideológicas o de fuego) para mitigar su subjetividad vulnerada, por el rivotril.

El empobrecimiento constante, provocado por un sistema en crisis terminal, vuelve prudente al “progresismo” de los sectores medios, que han dispuesto la retirada de cualquier escenario de lucha, en defensa de la democracia burguesa.

No sólo son pobres los “pobres”

Entre los explotados la batalla es otra. El “contrato laboral libre” oculta la ficción de la competencia por el puesto de trabajo asalariado libremente elegido.

La burguesía estimula la demanda entre los desposeídos: la decreciente oferta de puestos de trabajo hace que la masa de salarios baje en una forma proporcional al crecimiento de la tasa de ganancias..

La lucha por el puesto de trabajo es la verdadera lucha de “pobres contra pobres”. Bajo el capitalismo la pobreza no es una opción, es una política de acumulación de capital.

La burguesía se jacta sobre la existencia de una verdadera batalla de pobres contra pobres, intentando demostrar la estupidez que rodea los actos sociales populares, como si ella perteneciera a una tribuna neutral, como si fuera una simple espectadora que se dedica a predicar moralmente sobre los efectos de la barbarie social que ella misma provoca. Sin embargo, lo que se ve, es que la verdadera batalla se da entre los millonarios dueños del poder. Cristina Kirchner, llamó a hacer un padrón de ricos; el imaginario popular no tardó en ubicarla encabezando la lista.

La burguesía ha hecho de la pobreza un acto policial. La pobreza, se discute en términos de seguridad, ya que ésta, “conduce a la violencia” -el progresismo en este sentido sirve de estructura ideológica para estos argumentos- pero, la barbarie social, no está formada por los actos de violencia individual de algunos pobres sino por la renuncia al ejercicio de la “violencia colectiva” en contra de la pobreza.

San Cayetano, la CTA y Bergoglio

La Iglesia argentina, a partir de la bajada de línea papal, intenta transformarse en una institución que esté por encima de los intereses “particulares” de la oposición y del oficialismo. En una situación de crisis económica como la actual (que en nuestro país ha tomado un marcado carácter político) cualquier puja llevada a fondo entre los partidos del régimen provocaría graves fracturas en el campo de los sectores dominantes, que podrían ser utilizados por los trabajadores y el pueblo pobre para intervenir con fuerza sobre la arena política. La iglesia, buscando la forma de representar esa unidad que controle que los intereses desbocados de unos y otros, se ha lanzado a una campaña desenvuelta para frenar los reclamos sociales y encorsetar la protesta social.

No se diferencia en esto de la propia burocracia sindical y, vaya la paradoja, San Cayetano logró unificar los libretos de unos y otros.

El viernes 7 de agosto se realizaron en la capital dos concentraciones por demás significativas, exigiendo “justicia social y distribución de la riqueza”. Una fue encabezada por la Central de Trabajadores Argentinos, donde Hugo Yasky, en franca competencia con el Papa Benedicto, denunció el hambre en argentina y pidió un subsidio universal por hijo. La otra la encabezó el cura Bergoglio, defensor de los genocidas del ´70, que se refirió casi con idénticos términos al “escándalo del hambre”.

Las diferencias entre unos y otros, es que mientras el cura estaba auspiciando la colecta anual de la iglesia, en la que es socio con el grupo Noble y el diario La Nación, de paso vendía ideología de derecha; mientras que Yasky, a fuerza de puro discurso y sin un plan de lucha a la vista, hacía como que luchaba detrás de la perorata progresista.

Las marchas de la CTA tienen como objetivo: la personería jurídica de la central y el posicionamiento demagógico frente a sus representados para facilitarle las cosas al kirchnerismo. Las concentraciones religiosas, buscan el posicionamiento de la Iglesia en la etapa política que se abre, marcada por la ofensiva derechista que baja desde Centroamérica (golpe de Honduras). Pero, en última instancia, expresan las convicciones comunes de ambas burocracias: la clerical y la sindical.

Sindicalistas y curas ricos, trabajadores pobres

Según datos del propio Indec, a junio de 2009, el salario debería ubicarse en 1703,4 pesos, mientras que Moyano y Yasky firmaron en el Consejo del salario, por un sueldo mínimo que no supera los 1500 (los trabajadores precarizados cobran un salario por debajo de los 800 pesos, es decir que trabajan para ganar por debajo de la línea de la indigencia)

Esta realidad no es nueva, ya que desde hace décadas el salario se fue convirtiendo en la principal variable del ajuste.

La burocracia gremial ha convertido la cuestión salarial en un campo de negociaciones políticas y económicas, y de beneficio personal con la patronal, y para eso tuvo que recurrir a mil maniobras destinadas a deformar la composición del salario y hacerlo algo indefinido.

Los aumentos salariales del último periodo, que la burocracia firmó con complacencia en paritarias, no sólo no han logrado romper está inercia sino que la han profundizado. Los trabajadores son cada vez más pobres.

Las paritarias en lugar de haber sido una instrumento de negociación salarial para beneficio de los trabajadores, se han transformado en manos de la burocracia, en una herramienta de negociación personal de dinero y poder político para beneficio propio.

Esto es así porque los mecanismos de funcionamiento sindical burocrático dejan fuera el interés legítimo de los trabajadores.

La pobreza se expresa en las calles

La lucha contra la pobreza no pasa por la perversa muestra de pobres que viven en las calles, en las pantallas de un noticiero.

La lucha contra la pobreza se expresa en las luchas.

Ahí están los petroleros de Santa Cruz, los piqueteros del Chaco, los estatales de la provincia de Buenos Aires y una multitud de luchas más que recorren a lo largo y lo ancho nuestro país.

Luchar en contra del gatillo fácil como los vecinos de villa 31 y del conurbano, es luchar contra la pobreza.

Defender las fuentes de trabajo, como en Terrabusi; Malher, etc. es luchar contra la pobreza.

Defender la expropiación de los obreros de Zanón en contra de la patronal negrera y vaciadora, es una victoria en contra de la pobreza.

Por supuesto que en todas estas luchas no hay curas ni burócratas que denuncien el “escándalo del modelo”. No hay problemas, no lo necesitamos.

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Gas, a la Justicia

Darío Tropeano (RIO NEGRO ON LINE)

Los tremendos aumentos de gas domiciliario, que fueron siendo barridos por cantidad de medidas judiciales cautelares que frenaban su aplicación, colocaron al gobierno en la necesidad política de suspenderlos. Sorprendió el anuncio del ministro de Vido en exposición en el Congreso, no tanto por la vuelta atrás de la medida adoptada sino por la improvisación y falta de respuestas a múltiples pedidos de informes. El aumento sigue vigente para una porción de consumidores y luego del invierno las subas serán generales.

El gobierno entonces ha tenido que dilatar el brutal ajuste prometido a las empresas antes de las elecciones, ello en medio de algunas confusiones respecto a qué es realmente lo sustancial de la discusión sobre el tema de las tarifas de energía.

Repasemos. Desde la crisis del año 2002 se ha venido postergando el aumento del precio del gas en los hogares considerando la grave crisis social, solventando a las empresas con millonarios subsidios para justificar la operación e inversión del negocio. Este sistema ha generado durante años un costo fiscal tremendamente inequitativo: una familia de Villa Insuperable pagaba por el gas lo mismo que quien calefaccionaba su pileta de natación en San Isidro.

El valor del fluido en garrafa que usan los pobres se mantiene a precios disparatados comparado con el costo del llenado, en muchos casos sin contener los kilos que se indican sencillamente por falta de control estatal o porque la tierra que acumulan les quita capacidad.

Esta situación se mantuvo durante años y muchos políticos, economistas, distribuidoras y Repsol-YPF manifestaban que la falta de ajustes de precio provocaba la desinversión en el negocio, lo cual traería consecuencias de falta de gas en el país.

Pero fuera de esta fotografía, otras situaciones simultáneas se producían en el negocio de la energía en la República Argentina.

El aumento generalizado de la tarifa viene sostenido por el famoso "cargo gas" dispuesto por el decreto 2.607/08, destinado a solventar el costo del fluido importado y reducir los subsidios a las empresas, que alcanzan aproximadamente los 370 millones de dólares anuales. Esos millones ahora los pagarán los usuarios, siendo su destino idéntico: fundamentalmente la empresa que importa la mayor cantidad del gas natural, Repsol-YPF.

Pero ¿cómo es esto de importar gas en un país con reservas gasíferas suficientes para solventar el mercado interno? Hace pocos días se ha presentado una nueva denuncia ampliatoria ante el Juzgado Federal Nº 6 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de un grupo de expertos y del ex diputado Mario Cafiero, llevando luz al intrincado manejo entre la empresa estatal Enarsa y Repsol-YPF.

La presentación a la que he tenido acceso detalla la obligación principal de esta última en la exploración y extracción de gas y petróleo por efecto del contrato de privatización monopólico que detenta. La compañía es casi la exclusiva importadora de gas de sus yacimientos en Bolivia y Trinidad y Tobago, a precios inclusive ocho veces superiores al metro cúbico de BTU, valor de extracción de la Argentina. La mayoría de las compras que hace el Estado a Repsol-YPF son a través de la empresa estatal Enarsa en forma directa y bajo el auspicio del Ministerio de Planificación.

Inmediatamente después de la privatización la empresa extrajo intensamente gas y petróleo, comercializando interna y externamente a valor dólar para cancelar obligaciones financieras por la compra. Luego de la devaluación y con precios pesificados, redujo drásticamente sus operaciones optando por importar gas de sus yacimientos exteriores. Sin embargo los subsidios se mantuvieron, aun en el período de altísimos precios internacionales. Al llegar el petróleo al pico de su precio mundial en el 2007, el gobierno dictó el decreto Nº 2.394/07, estableciendo retenciones móviles a las exportaciones de hidrocarburos con porcentajes que en algunos casos llegaban al 100%, justamente en momentos en que el grupo Eskenazi -el cual se desarrolló a través de la obra pública en Santa Cruz para adquirir después el Banco Provincial- se encontraba negociando la adquisición del 15% de las acciones de Repsol-YPF. Cerrada la operación de compra y mediante nota externa 96/07 de la Dirección Nacional de Aduanas, se generaron múltiples excepciones para reducir notablemente las retenciones establecidas en el decreto 2.394. La adjudicación directa a Repsol-YPF de barcos para importar gas a través de la estatal Enarsa se activó justamente en el año 2008, posteriormente al ingreso del "socio argentino". La situación se repite si se observa la evolución de los precios de las naftas desde el año 2008, los cuales han aumentado más de un 50%. Por último es dable recordar que en los últimos años Repsol-YPF ha estado exportando gas a Chile a través de nuevos gasoductos, destinado a alimentar las plantas de la multinacional Methanex, donde Repsol mantiene participación, que procesando el gas crudo argentino se ha convertido en uno de los principales productores mundiales de metanol. Las exportaciones también se han intensificado a Uruguay y Brasil, lo que coloca al país como exportador neto del recurso.

Es evidente que la sustitución del gas para su comercialización externa y su acaparamiento se vincula con la importación y venta del fluido pagado a valores internacionales o con subsidios públicos o con el "cargo gas" que abonan los usuarios.

La Justicia Federal tiene entonces una nueva caja de Pandora frente a sí, donde los intereses públicos se desdibujan frente a los intereses privados en un país que continúa padeciendo la dilapidación de sus recursos no renovables.

Darío Tropeano es abogado.


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Argentina: ¿De que habla la presidenta?


Adolfo Pérez Esquivel

Cuando se vacían las palabras de contenido, vienen los problemas de conceptos y se pone en evidencia cuales son los principios y valores.

La presidenta ha relacionado el llamado "secuestro de goles" con el secuestro y desaparición de personas, como si fueran iguales. Llegar a devaluar los conceptos y palabras es peligroso, y eso en boca de la presidenta de la Nación es grave.

El secuestro y desaparición de personas fue parte de la política impuesta con la Doctrina de Seguridad Nacional, a nivel continental por EEUU y las fuerzas armadas, provocando miles de desaparecidos, torturados y asesinados que hasta el día de hoy nos duelen, y sufrimos las consecuencias. Pretender relacionarlo con los goles es una ofensa a los desaparecidos y al pueblo argentino.

Son preocupantes esos conceptos de la presidenta, al igual que destinar 600 millones de pesos a la AFA cuando en el país aumenta la pobreza, se mueren niños de hambre y enfermedades evitables y los hospitales públicos están colapsados. Pero hoy pareciera que hablar de la pobreza es una moda. Hasta el presidente de la Rural habla de la pobreza, pero es el responsable de tirar miles de litros de leche y camiones de alimentos en las rutas para alimentar su bolsillo. Otro que utiliza las palabras vaciadas de contenido

Hay que preguntarle a los funcionarios públicos y en particular a nuestra presidenta: ¿Cuales son las prioridades de nuestro pueblo? El fútbol es el deporte mas popular, pero también es el gran negocio que mueve cifras millonarias. De eso sabe mucho Grondona.

Querida presidenta: No metas más la pata, piensa lo que vas a decir y no te dejes llevar por lo mediático. Ha aumentado la pobreza y la situación se ha agravado. Eso no se resuelve con paliativos y clientelismo político, sino con políticas sociales claras y concretas, y no con medidas tales como entregar 600 millones de pesos a la AFA.

Te sugiero leer la declaración del documento emitido por los Curas en su opción por los pobres. Es aleccionador. Puede ayudarte a comprender las cosas mejor y te podrás preguntar: ¿Dónde se concentra la riqueza? ¿Porqué no hay distribución de la misma y quiénes sacan los recursos del país con una simple declaración jurada y sin control alguno? Hay que hablar de la riqueza y de la injusticia estructural y social que vive gran parte de nuestro pueblo.

Por último, tienes una responsabilidad al servicio de nuestro pueblo. No se puede hablar del pueblo sin saber escuchar su voz. Te deseo mucha fuerza y esperanza y no te olvides que la palabra es energía del pensamiento, lo que siembras recoges, no hay otro camino.

Foto: Argentina - La presidenta exhibe una camiseta de la selección nacional de fútbol. La observa Diego Maradona, más atrás el titular de la AFA Julio Grondona. / Autor: Presidencia de la Nación


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A 31 años, de la desaparición de Laura Isabel Feldman, fueron identificados sus restos por el Equipo Argentino de Antropología Forense

Laura nació en Buenos Aires el 11 de agosto de 1959. Hija de la periodista Mabel Itzcovich y del cineasta Simón Feldman; hermana menor de Ana Nora. Creció en el barrio de Villa Crespo, en un departamento de la calle Jufré entre Acevedo y Malabia. Cursó sus estudios primarios en el Normal Nº 6, de Güemes y Aráoz.

En 1970 vivió en París con su mamá y su hermana.

Tenía apenas doce años cuando participó de sus primeras marchas políticas, era el año 72 y cursaba su primer año en la escuela Carlos Pellegrini. Colaboraba con la Federación Juvenil Comunista pero luego de las elecciones del 73 comenzó a militar en la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), rama estudiantil del peronismo revolucionario.

Siendo una excelente alumna, en el año 75, y como estrategia política de la organización, se cambió a una escuela del barrio de Barracas para trabajar y militar junto a los sectores populares. Cursó sus últimos años de secundaria en el Normal Nº 5, conocido como “Arcamendia” convirtiéndose en la responsable política de la agrupación en esa escuela y formó parte del consejo de secundarios de la UES zona sur de la Capital Federal.

Ese mismo año, conoció a Eduardo Alberto Garuti, “Angelito”, estudiante secundario del colegio Otto Krause, con quien formó pareja y permanecieron juntos hasta el momento de su secuestro.

En enero del 76 trabajó en la revista Información, publicación ideada por el periodista Enrique “Jarito” Walker. Era una revista de izquierda que nunca fue distribuida porque su fecha de lanzamiento estaba previsto para) el 24 de marzo de 1976.

En febrero de 1977 y en el marco de una intensa persecución a militantes de la UES, su casa de Palermo fue violentamente allanada. Penny y Angelito lograron escapar.

A partir de ese momento ambos pasaron a la clandestinidad. A pesar de la situación, de las desapariciones y del exilio de muchos de sus compañeros, ellos eligieron seguir militando. Reestructurada la organización, se conectaron con militantes de la zona sur del conurbano bonaerense.

Vivían en una pensión del barrio de Once cuando el 18 de febrero de 1978 Laura fue secuestrada por una patota que la estaba esperando. Horas antes había sido secuestrado Angelito y hasta hoy continúa desaparecido.

Por el testimonio de algunos sobrevivientes se sabe que permanecieron secuestrados en el Centro Clandestino de Detención “Vesubio”, ubicado en la Autopista Ricchieri y Camino de Cintura.

El día 14 de marzo de 1978, se produjo el hallazgo de cinco cuerpos (tres hombres y dos mujeres) en las calles Virgilio y Urunduy de la localidad de Lomas de Zamora. Intervino la Policía del Destacamento Parque Barón (área 112). Ese mismo día, los cinco cadáveres ingresaron como N.N. al cementerio de Lomas de Zamora, siendo inhumados en la misma fosa ubicada en la sección 31, letra "K", sepultura 110 de dicho cementerio. En las actas de defunción consta que se trataba de personas muy jóvenes (entre 17 y 23 años) y con causa de muerte: “Shock traumático agudo, por herida de bala”.

En abril de 2009 los estudios genéticos permitieron identificar a Laura como uno de los cuerpos femeninos inhumados como NN.

Laura fue fusilada hallándose en su cuerpo heridas provocadas por varios disparos de arma de fuego.

Del grupo de los cinco también fueron identificados Rolf Nasim Stawowiok, de 20 años, , ex militante de la UES del Otto Krause, secuestrado el 21 de febrero de 1978 y Héctor Ramón Rosales, de 27 años, secuestrado el 24 de febrero de 1978.

Familiares, compañeros y amigos convocan a velar sus restos y a recordar a Laura en un acto que se llevará a cabo el jueves 10 de septiembre en la escuela Carlos Pellegrini de 12 a 19.

Durante la jornada se desarrollarán actividades con profesores y alumnos de la escuela. Se exhibirán videos y paneles explicativos sobre aspectos personales de la vida de Laura y sobre las instancias legales, jurídicas y políticas que llevó adelante su familia desde el momento de su desaparición a la fecha.

Detalle de las actividades
12.00 hs. Apertura de la ceremonia a cargo del rector de la Escuela, Lic. Pastorino, el Centro de Estudiantes, familiares, compañeros y amigos de Penny.
15.00 hs. Proyección de la película “Flores de Septiembre” (film que relata los casos de desaparecidos del Pellegrini, entre ellos el de Laura Feldman)
17.00 hs. Charla a cargo de:
Dr. Daniel Rafecas: Juez Federal a cargo de las causas del Primer Cuerpo del Ejército
Lic. Maco Somigliana: Integrante del Equipo Argentino de Antropología Forense
19.00 hs. Acto de cierre. Hablará Ana Nora Feldman.

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Cromañón: "La mayor falencia de este juicio es que el Estado no está siendo juzgado"

ANRed

ANRed: En el caso Cromañón, ¿son todos igualmente culpables o hay grados de culpabilidad?

Gustavo Sanz Cerbino: Depende desde donde lo tomes. Hay por un lado ciertos culpables para la justicia, que ha avanzado en tres líneas de culpabilidad claras: por un lado, Omar Chabán; por otro, el tema de la banda (ahí nosotros no compartimos el criterio de la justicia, no creemos que Callejeros sea culpable); y por otro lado, a avanzado a medias sobre los responsables del estado de controlar ese local. Y ahí creemos que Aníbal Ibarra, que ni siquiera fue llamado a declarar en la causa, y los funcionarios que controlaban esa área tienen más responsabilidades de las que la justicia les está asignando. Hay solamente 3 funcionarios acusados de "incumplimiento de los deberes de funcionario público" , que es una pena menor, excarcelable, que en el peor de los casos va a significar dos años de cárcel, y nosotros creemos que hay más responsables que los que están siendo juzgados, y que las penas deberían ser, como mínimo, como las de Chabán. Por otro lado, la otra línea sobre la que intentó avanzar la justicia, pero que no pudo lograr, fue la de juzgar a la persona que tiró la bengala que inició el incendio. Nosotros creemos y tratamos de demostrar en el libro que a esa persona no le cabe ninguna responsabilidad, y si la justicia no logró sentar en el banquillo a alguna víctima es porque no pudo avanzar en esa línea de investigación. Pero las pesquisas de la policía para buscar al chico ese han llegado hasta Chaco incluso; lo han buscado por todas partes. Ahí no hay ninguna responsabilidad: Callejeros y las personas que asistieron al recital son víctimas de un funcionamiento de la sociedad que se expresa en los empresarios y en el estado, donde la seguridad de las personas pasan a ser gastos superfluos frente a la maximización de la ganancia. Entonces, Chabán, es para nosotros responsable en el mismo grado que el estado que no controló, porque su acción, que apuntaba a maximizar sus ganancias, logró que se descuidaran una serie de aspectos de seguridad dentro de su local, que llevó a la muerte de muchas personas. Para dar un ejemplo, el local tenía material inflamable, que al incendiarse desprendió humo tóxico y mató a las 194 personas. Y ese material inflamable no debería haber estado. Reconstruyendo los testimonios que están en la causa judicial, logramos descubrir porqué Chabán pone ese material inflamable que sirve para acustizar (aislar acústicamente) el local. El tenía problemas con el hotel de al lado, cuyo dueño, Rafael Levi, era el mismo dueño del local Cromañón. Frente a ese problema empieza a investigar de qué manera aislar el local, y averigua una serie de presupuestos. Como era muy caro, termina comprando un material (wata) altamente inflamable en un remate, y lo hace poner por sus empleados en lugar de contratar a alguien que lo haga en buenas condiciones. Esa es una de las cuestiones en las que vemos que Chabán para ahorrar plata pone en riesgo la vida de las personas asistentes al recital. Por otro lado, la famosa puerta de emergencia que estaba trabada con un candado, aparecía en la prensa como un elemento de demonización de Chabán. Parecía un tipo irracional que pone un candado en la puerta para que la gente inocente encerrada en el local no pueda escapar. Ese candado efectivamente estaba, y no se puso porque Chabán era un loco y quería que si el local se incendiaba la gente no salga. Se puso porque ese portón o salida de emergencia daba también al hotel de al lado. Cuando se hizo todo este aislamiento sonoro, se puso también ahí las planchas de wata y se le puso encima un arco de metal (todo muy casero, atado con alambre), y las puertas habían quedado con un peso tal que no se podían abrir y corrían riesgo de que se cayeran arriba de alguien. Entonces, para que eso no sucediera, se las cerró con candado. Lo que nosotros intentamos demostrar en el libro es que, efectivamente, Chabán e Ibarra son culpables, pero no como individuos ni por una cuestión moral. Son culpables, porque forman parte de la propìa racionalidad del sistema, en donde todo empresario va a intentar lograr la mayor cantidad de ganancia posible, y el estado va a tratar de no meterse, no entorpecer la acumulación de capital de parte de la busguesía. Toda esta conducta es la de cualquier empresario o estado.

ANRed: ¿Hay una sistematicidad entonces?

G.S.C: Nosotros analizamos una serie de hechos en donde este tipo de conductas se repiten. Por ejemplo, las dos películas de Enrique Piñeyro, sobre los accidentes aéreos, "Fuerza Aérea Sociedad Anónima" y "Whisky Romeo Zulú", sobre LAPA, muestran, por un lado, empresas que para ahorrar plata y maximizar sus ganancias descuidan muchas condiciones de seguridad y, por otro lado, un estado que en lugar de controlar, deja hacer. Eso lo podemos ver en multiplicado al extremo. De hecho, los incendios en boliches bailables son algo muchísimo más comunes de lo que se cree. Nosotros nos enteramos de esto a partir de Cromañón, pero si buscamos hay casos como este en muchísimas partes del mundo, inclusos en países del primer mundo, por ahorrar en medidas de seguridad. Lo mismo pasó en el complejo comercial Ycuá Bolaños en Paraguay, el caso de Kheyvis. Y se pierde la cuenta… Pero conozco unos 50 casos en los que siempre uno va a encontrar el mismo tipo de cosas. El caso Kheyvis es casi idéntico al caso Cromagñón: uno lo ha retenido en su cabeza (porque así funciona el sentido común) como un caso en donde uno o dos chicos incendiaron un sillón, se incendió el lugar y murió gente. Pero cuando uno va a ver lo que sucedió en Kheyvis y rastrea los diarios de la época, se encuentra con que sucedió lo mismo que en Cromañón: puerta de emergencia con candado, material inflamable en el techo, errores en la habilitación e inspecciones previas que no habían previsto estas cosas. Detrás de eso no hay una serie de tragedias y casualidades que se repiten, como dice la prensa, sino que existe esta regularidad que es una conducta de la burguesía en el capitalismo donde maximizar la ganancia está por encima de todo. No porque sea algo genético, sino porque la propia competencia capitalista los obliga a eso. Un burgués que es el mejor tipo del mundo, y se gasta toda la plata necesaria para que su local sea el mejor del mundo, va a tener que trasladar esos gastos o costos a una entrada de 40 pesos, y se va a encontrar con que en un año se funde porque el resto de los burgueses van a poner entradas más baratas ahorrando el costo de seguridad, y por la propia ley de la competencia de mercado capitalista, se va a ver desplazado del mercado.

ANRed: Teniendo en cuenta esta repetición de conductas del estado y de los empresarios, ¿qué culpa le cabe a Callejeros?

G.S.C: Hemos discutido este tema con familiares de Cromañón, y cada vez que vuelvo a escribir o releer lo escrito, me sigue generando dudas el tema de Callejeros. No es un tema fácil el de ellos, porque están muy en el límite entre la responsabilidad y la no responsabilidad. Hay que separar algunos elementos. En primer lugar, uno al determinar la responsabilidad de Callejeros no se puede guiar por las declaraciones posteriores al hecho realizadas por la banda. La banda a elegido seguramente a los peores abogados, se ha alejado del movimiento de padres, a tenido declaraciones que no comparto, y no comparto su estrategia judicial. Incluso, hasta podría decir que su estrategia comercial como banda es lo mejor que podían haber hecho después de lo sucedido. Sin embargo, eso no tiene que nublar el juicio. Cuando uno evalúa las responsabilidades de Callejeros del 30 de diciembre del 2004 tiene que evaluar eso. Después, estará bien o mal lo que hacen ahora. El principal problema de Callejeros es que se alejó del movimiento de padres y su interpretación de lo que sucedió está a la derecha de la mayoría de los movimientos de padres. Pero sin embargo, es una posición política que no tiene relación con el caso. Lo que hicieron después está mal, pero eso no implica que sean culpables o no.

ANRed: ¿Qué posibilidad tenía una banda en crecimiento como Callejeros para imponer las condiciones en las que se da un recital?

G.S.C: Es un tema complicado. Porque hay que ver qué funcionamiento tenía el negocio del rock, y que función ocupaba Callejeros en ese negocio. Porque si Callejeros fuera una banda chica que lleva 50 personas, y toca en un local como cualquiera de rock antes del 2005, sin ningún tipo de condiciones de seguridad, a nadie se le ocurriría acusar a la banda. De hecho, esa noche tocaba otra banda, soporte de Callejeros, que era Ojos Locos, y muy pocos saben que tocó otra banda ahí. ¿Pero qué pasa si Callejeros fueran los Rolling Stones o La Bersuit ? Ahí cambian las cosas, porque tienen más capacidad de acumulación y un posicionamiento en el negocio del rock, donde sí pueden controlar las condiciones en la que se ofrece un show. Elegir si toco acá o no, o allá o no. El tema de Callejeros es más complicado porque ellos estaban en un lugar intermedio. Hay que hilar muy fino sobre qué responsabilidad tienen en lo que sucedió en Cromañón. Los padres que dicen que Callejeros son culpables, dicen que Callejeros eran co-organizadores del recital junto con Chabán. En realidad, cuando uno empieza a investigar, las bandas under, cuando empiezan, no tienen ningún tipo de posibilidad de imponer al dueño del lugar donde tocan ningún tipo de condiciones, porque el dueño del local no se está haciendo millonario con vos, sino que hay miles de bandas por ahí parecidas a la tuya. Cuando estás como banda principal, ya estás por encima de la escala, y ahí sí podés imponer condiciones, porque al dueño del local sí le implica una diferencia que toques vos o la banda "pepito". Callejeros estaba en un lugar intermedio. En un momento de dar el salto, pero nosotros creemos que no tenía la capacidad para imponer las condiciones al dueño del local. Callejeros venía de tocar en lugares chicos, venía de hacer su primer estadio un mes antes de lo que sucedió en Cromañón, y todavía no había dado el salto que implica otro momento en la vida de una banda. Por eso no podía ponerle condiciones a Chabán, amén de que tampoco era su responsabilidad, ya que las cuestiones organizativas y de seguridad eran del dueño del local. Chabán era el que acustizó el local y el que decía cuanta gente sí y cuanta gente no. Callejeros puede haber tenido un comportamiento irresponsable, es difícil medirlo, pueden haber percibido que en ese local había más gente de la que el local podía soportar, pueden haber sido irresponsables con el tema de la pirotecnia, pero sin embargo, las cuestiones que generan lo de Cromañón son en primer lugar responsabilidades de su dueño. Y en segundo lugar, el estado que deba controlar. Callejeros fue a tocar a un local que estaba habilitado y que supuestamente estaba controlado por el estado municipal. No tenían ni los elementos ni la responsabilidad de decidir que en ese local no se podía tocar. Con las bengalas no hay que perder de vista que los elementos que causan las muertes en Cromañón no están relacionadas directamente con las bengalas, porque también podría haber sido un cigarrillo, un cortocircuito, cualquier cosa podría haber sido lo que genere el incendio. Las muertes no dependen de esa bengala. Es sólo la chispa que provoca todo. Sino la capacidad del local que estaba excedida, las puertas que estaban cerradas, y el material inflamable que había en el lugar. Si no hubiera habido material inflamable, no hubiera sucedido lo que sucedió. Si hubiera habido material inflamable, pero hubieran estado las puertas abiertas, se hubiera evacuado todo antes de que nadie se muriera asfixiado. Si hubiera estado el material inflamable y las puertas cerradas, pero la capacidad del local se hubiera respetado, se hubiera evacuado también antes de que se muera nadie. O sea, cualquiera de esos tres factores era necesario para que se produzcan las muertes. La bengala es el único que no, porque podría haber sido cualquier otro elemento. Y le hubiera sucedido lo mismo a otra banda ahí o en otros lados. Como se demostró posteriormente, casi todos los locales de Buenos Aires presentaban las mismas infracciones.

ANRed: ¿Qué opinión te merece lo que se dio en llamar "efecto post-Cromañón, con el cierre masivo de espacios y centros culturales"?

G.S.C: Fue un manotazo de ahogado del gobierno, de cerrar todos los locales de todo tipo en la Ciudad de Buenos Aires, porque la crisis política explotaba por todos lados y había que dar señales y hacer algo. Lo primero que hizo el gobierno de Ibarra, como el cuerpo de inspectores de la ciudad estaba desmantelado, y había sólo 100 tipos que no podían controlar todos los locales en tres días, para decir cuáles estaban en condiciones o no, empezaron a cerrar todo y revisarlos. Y encuentran que el 90 por ciento de los locales de cualquier tipo no estaban en condiciones de funcionar de acuerdo a la normativa. Y había muchos centros culturales, por más que nos moleste. Esa es una normativa correcta. Es la forma de evitar que pueda repetirse otro Cromañón. Ahora bien, eso generó que diversas actividades culturales no encontraran espacios. El problema no es el cierre. El tema es que bajo el capitalismo esos locales no son rentables. Y en esas condiciones, no se abren. ¿Qué se debería hacer? Demandar que el Estado cree espacios para esas actividades, con las condiciones de seguridad necesarias. Pero el tema es que el Estado también es parte de esta sociedad, y tampoco para él es rentable que haya un espacio donde toquen bandas alternativas o la gente se forme. En el sistema capitalista esos espacios sólo pueden funcionar sino respetan las normas de seguridad. Si tienen que poner plata para cumplir estas normas de seguridad, ya dejan de ser rentables y no funcionan. El problema es el capitalismo y cuál es el lugar que tiene este sistema para los espacios culturales.

ANRed: En una nota que sacaste en El Aromo hablás de los vínculos entre los empresarios de la noche porteña y el ibarrismo. ¿Podés ampliarnos eso?

G.S.C: Cuando nos metimos en todo este tema del cuerpo de inspectores de la ciudad, un nido bastante turbio, vemos que este cuerpo aparece como una fuente de recaudación de dinero para financiar, muy probablemente, el aparato político de Ibarra. En primer lugar, hay una serie de medidas del gobierno de Ibarra: en el 2003 va a desmantelar todo el cuerpo de inspectores, que como el dijo él mismo, era un "nido de corruptos". En esa acción de fines de 2003, lo desmantela y lo reemplaza por otro, Unidad Polivalente de Inspecciones (UPI), que en ese momento empieza a funcionar con 30 inspectores. Pero reemplazar un cuerpo, aunque sea corrupto, de unos 300 empleados por uno de 30 que tenía a su cargo más de 70 mil actividades consideradas "críticas" (actividades comerciales que implicaban un riesgo para la población), y pensar que podían llegar a controlar todo eso, es descabellado. Ibarra vació el cuerpo de inspectores. Y lo que hicieron fue centralizar la decisión sobre qué se abre y qué se cierra en un reducido grupo de inspectores, encabezados por Fabiana Fizbin e indirectamente, Marcelo Antuña, responsable previo del área. Generalmente, a partir de ese momento, las infracciones se hacían por denuncias. Antes, si vos eras inspector, y pasabas y veías una infracción, podías pasar, hacer inspección y podías hacer la denuncia. Ahora, debías comunicarte con ese pequeño grupo, que decidía qué se clausuraba y que no. O sea, los inspectores habían perdido su poder de policía y decisión. No podían clausurar directamente ante una irregularidad. Ese grupo pequeño al cual remitían todos los inspectores respondían políticamente a Vilma Ibarra, que era quien manejaba una de las dos camarillas en las que estaba dividido el gobierno de la ciudad: por lado, Vilma Ibarra, y por el otro, el entonces jefe de gabinete Raúl Fernández, que luego se queda más tarde con Jorge Telerman. Y eran quienes dirigían toda el área de inspección, que tenían una relación bastante sospechosa con la Cámara de Empresarios de Discotecas y Entretenimientos (CEDEBA), que agrupaba a todos los boliches y locales nocturnos, que se formó en 2004, y tenían una relación muy cercana con el sector de Vilma Ibarra que, no está de más decirlo, era la hermana del jefe de gobierno Aníbal Ibarra.
Ibarra no podía desconocer cómo funcionaba todo esto. Un ejemplo de esta relación es que en la única actividad pública que hizo esta cámara, que fue un encuentro o congreso para dueños de discotecas, en cada una de las mesas del encuentro había un funcionario del área de inspecciones, que era parte de esta camarilla de Ibarra.
Organizaban una rueda de prensa, y estaba el secretario de prensa de Ibarra. Hacían una mesa para hablar de cualquier tema, y ahí estaba Vilma Ibarra. Hacían una mesa sobre seguridad, y estaba un inspector del área de seguridad que respondía a Vilma Ibarra. Todos los funcionarios que han sido procesados alguna vez en esta causa, estuvieron alguna vez en esta reunión, en donde no había prácticamente nadie más. Eso demuestra la relación muy cercana que había entre esta cámara y Vilma Ibarra. Y lo que se sospecha es que la cámara pagaba coimas a este sector para financiar el aparato político que era el FREPASO. Marcelo Antuña, que era uno de los que respondía a Vilma Ibarra, era el apoderado del partido. Y Vilma sería la que imaginaría buena parte de esta estructura.

ANRed: ¿Por qué no están los responsables políticos máximos en este juicio?

G.S.C: Es una buena pregunta que habría que hacérsela al juez. La justicia en su propio funcionamiento tiene una lógica de clase, en la cual, frente a este tipo de hechos que involucran al propio estado y el funcionamiento de las propias instituciones, la tendencia es a que, salvo que no se pueda hacer otra cosa, se va a tratar de hacer zafar al funcionario. En el caso de Cromañón, la pregunta es ¿porqué la justicia puede hacer zafar a los funcionarios? El tema es que en la jerarquía del gobierno de la ciudad, desde el inspector hasta Aníbal Ibarra, hay una serie de escalones intermedios, en los cuales, uno tendría que ir avanzando de uno en uno hasta llegar a Ibarra. Tendrías que demostrar la conexión entre cada uno e Ibarra. Y esta conexión se va haciendo cada vez más difícil de demostrar. En primer lugar, es difícil de probar porque nadie te firma un recibo de corrupción por la coima que cobra. Es siempre una relación entre dos personas que, salvo que una de las dos partes lo filme y lo muestre como prueba, no se puede comprobar. En segundo lugar, la coima nunca la cobra el funcionario de mayor jerarquía. Siempre se manda a un funcionario menor. Entonces, hay que probar no sólo lo anterior sino también la relación entre ese funcionario menor y el mayor sospechado de pedir coimas. Y la justicia siempre actúa con esa lógica. Con Cromañón procesó a los responsables directos. Se los acusa de no haber inspeccionado Cromañón. Se procesó a Fabiana Fizbin por un delito muy menor, como es el de "incumplimiento de los deberes de funcionario público". Ahora, cuando se tenía que procesar al resto, cuando el juez Lucina avanzó hasta un tipo que reportaba directamente a Ibarra, como era Juan Carlos López, lo procesó, pero después se revocó por fallos de segunda instancia en donde el argumento de la justicia para no procesar a los funcionarios de mayor jerarquía (ni hablar todavía de Ibarra) era que un superior no puede estar al tanto de todo lo que hacen los subordinados. Lo que está debiendo ahí la justicia, es que existe una lógica funcionamiento, que existen órdenes en el cual el funcionario de mayor jerarquía está. Y en el caso de Cromañón hay muchas pruebas de que los funcionarios de mayor jerarquía estaban al tanto. Hay muchas denuncias sobre el funcionamiento de las inspecciones que llegaban al propio Ibarra, incluso una vez salió en una tapa de Clarín. Para la justicia la responsabilidad es una responsabilidad directa y cuanto menos directa sea, menos se va a avanzar, y si no se tiene la voluntad política (porque avanzar significa bancarse la presión de Kirchner y todo el aparato de Ibarra), por acuerdos compartidos con los políticos de turno, no se puede avanzar. Cn la masacre del puente Pueyrredón sucedió lo mismo: se procesa a los dos policías que apretaron el gatillo pero los ministros de gobierno y al propio Duhalde ni siquiera se los menciona. Siempre funciona de la misma manera la justicia. La mayor falencia de este juicio es que el estado no está siendo juzgado. Sólo está siendo simbólicamente juzgados Fizbin, Fernández y Torres como representantes del estado, pero en realidad, es más una forma de encubrir una responsabilidad mayor, que hacer justicia.

Publicado en ANRED del miércoles 10 de septiembre de 2008.


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Argentina: 24 mujeres asesinadas en el último bimestre

Gabriela Barcaglioni (ARTEMISA)

Durante los meses de junio y julio se registraron en nuestro país 24 femicidios. Los datos surgen de un monitoreo propio elaborado a partir de información de los principales diarios nacionales y de las tres agencias de noticias nacionales (Telam, Dyn y NA).

SILVIA LAGO
50 años
Baleada por su marido Adrián Frazer, de 60 años, en el barrio porteño de Flores; su hija fue herida por el asesino.
“Los investigadores sospechan que el hombre había discutido con su mujer porque ella quería separarse”, puede leerse en las crónicas periodísticas sobre el hecho.
Frazer no se resistió a la detención y quedó detenido en la Comisaría 38ª por homicidio y tentativa de homicidio.
1 Julio 2009

SUSANA
35 años
La policía, alertada por un llamado al 911, llegó al departamento de Nicolás Ravina, en Caballito, ciudad de Buenos Aires, donde encontró el cuerpo de la víctima en el baño.
La causa judicial, caratulada como homicidio, quedó en manos de la jueza María Dolores Fontbona de Pombo.
En distintas crónicas periodísticas se señala que el asesino “tendría problemas psiquiátricos y ya había protagonizado otros incidentes no sólo con la víctima sino también con otras ex parejas”.
Fue detenido e internado en el Hospital Durand de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
2 Julio 2009

NORMA ANGARAMO
60 años
Asesinada a golpes, quienes investigan el caso descartan el robo. Estaba sola en la casa que compartía con su marido y su hijo, quienes estaban trabajando cuando ocurrió el asesinato.
El hecho ocurrió en el Barrio Malvinas Argentinas, de Villa Nueva Córdoba
3 de Julio 2009

GRISELDA LIGGIERI
57 años
El cuerpo, con signos de haber sido golpeada y estrangulada, fue encontrado en una zona de pastizales de la ciudad balnearia de Las Toninas, en el Partido de La Costa, provincia de Buenos Aires.
Como presunto autor material del crimen fue detenido el novio de su hija.
5 Julio 2009

ELIDA ARANDA
63 años
Asesinada a puñaladas en el interior de su vivienda del barrio Villa Lhor, en la ciudad de Oberá, a unos 100 kilómetros de Posadas, Misiones.
Su cuerpo fue encontrado junto al de su hija Valentina Orue.
El cable de la Agencia Telam cita declaraciones del comisario mayor Marco Franco, segundo jefe de la Unidad Regional 2, quien señala que la hipótesis del crimen más fuerte, es la pasional”.
Entre los sospechosos se menciona al ex novio de Valentina Orue
4 de Julio 2009

VALENTINA ORUE
42 años
Asesinada a puñaladas en el interior de su vivienda del barrio Villa Lhor, en el oeste de la ciudad de Oberá, a unos 100 kilómetros de Posadas, Misiones.
Su cuerpo fue encontrado junto al de su madre Elida Aranda.
Entre los sospechosos se menciona a su ex novio.
4 de Julio 2009

ALEJANDRA CUGNO
43 años
José Luis Baroni, de 41 años, confesó ser el autor del crimen aunque negó haberla violado. Sin embargo, los resultados de la autopsia revelaron signos claros de abuso sexual.
Alejandra era docente y vivía en la ciudad santafesina de San Jorge.
6 de Julio de 2009

JAQUELINE NIEVAS
17 años
Las Varillas Córdoba
Baleada por su padre, Julio César Nievas de 36 años.
El asesino había sido excluido del hogar por la Justicia y tenía prohibición de acercarse a la vivienda en la cual vivían sus dos hijos y su ex esposa.
“Hacía unos ocho meses que su mujer lo había dejado, harta de la pesadilla en que se había convertido el matrimonio. Ella le pidió el divorcio pero el hombre deseaba volver con ella. Varias veces la había amenazado, golpeado y hasta tirado el auto encima, sobre todo luego de que se enteró que ella estaba saliendo con otro”, relata la crónica del Diario La Voz.
7 de Julio 2009

ADRIANA SUÁREZ
41 años
El cadáver tenía alrededor de 10 heridas de arma blanca en diferentes partes del cuerpo. Fue en Villa Esquiú, zona noreste de la ciudad de Córdoba.
El portal de Internet “Día a día” afirma que “los cortes hacen pensar que el crimen tendría características de un episodio de carácter pasional”.
7 de Julio 2009

PATRICIA DE LOS ÁNGELES GUAYMÁS
29 años
Baleada y apuñalada por su ex pareja Julio César Beitez (43) en Gral. Güemes, Salta.
El asesino se suicidó luego de cometer el crimen.
7 de Julio 2009

NATALIA VERCESI
27 años
Fue apuñalada en la ciudad de San Francisco, a unos 210 kilómetros de la capital cordobesa, por el crimen está detenido su esposo Alejandro Bertotti, de 33 años, quien dijo que la mujer había sido asesinada durante un robo.
El fiscal Bernardo Alberione declaró a la prensa habría escuchas que complican al viudo; admitió que una de las hipótesis es que Bertotti sospechaba de la infidelidad de su mujer, embarazada de cinco meses.
Por el crimen hay otro detenido, Leandro Forti, quien se presentó ante la Justicia para confesar que había atacado a golpes a la mujer a pedido de su esposo, quien le habría pagado 15 mil pesos para que simulara un asalto y la agrediera.
8 Julio 2009

ANALIA VERONICA COMAN
33 años
Apuñalada por su ex concubino Luis Ibarra, de 53 años, en el barrio Luján de la ciudad de Jujuy.
La crónica periodística, citando fuentes policiales, indica que “se originó una discusión entre Coman e Ibarra, quien al parecer no se resignaba a que hubiera finalizado la relación sentimental entre ellos”.
10 Julio 2009

OLGA HERRERA
45 años
Asesinada de cuatro puñaladas por su ex pareja, Pablo Suárez de 47 años en Rosario, santa Fé.
“El móvil fue pasional”, se afirma en el diario La capital de Rosario.
La investigación del homicidio quedó en manos del juez de Instrucción Hernán Postma y el fiscal Donato Trota; el asesino está preso.
9 Julio 2009

VILMA GUISONE
36 años
Embarazada de tres meses, fue asesinada de tres tiros en la localidad de Humboldt, Santa Fé.
La Policía apresó en el lugar del hecho a su pareja Daniel Gerardo Infantino, de 44 años.
17 de Julio

NN
El cuerpo de una mujer, de 58 años, fue hallado en el interior de una finca del distrito rural de Rodeo de la Cruz, en Guaymallén, Mendoza.
Habría sido atacada sexualmente y luego asesinada
19 de Julio

GABRIELA MONTENEGRO
Desapareció en el 6 de junio y su cuerpo fue hallado en la laguna “Los Patos” de la localidad de Pico Truncado.
Fue apuñalada y hasta el momento el crimen no fue esclarecido, no hay detenidos.
Familiares de Gabriela realizan marchas para el esclarecimiento del asesinato que consideran un caso de inseguridad. Sin embargo algunos medios locales indican que “No se descarta un drama pasional con final trágico” (portal santa Cruz Noticias); “la mujer fue brutalmente agredida y por el tenor de las lesiones, es que la Policía investiga en el sentido de un homicidio pasional (El Sur Hoy); “entre las posibles causas que se manejaban como móvil del crimen está la hipótesis de crimen pasional, aunque aun no se logran reunir pruebas que lleven a una definición del posible asesino” (Imagen y noticias).
3 de Julio 2009

FEMICIDIOS JUNIO

NN 17 años
Fue encontrada en la casa de un vecino con signos de ahorcamiento; el hombre quedó detenido como principal sospechoso del crimen.
El hecho ocurrió en en la localidad bonaerense de Longchamps, partido de Almirante Brown.
La causa es investigada por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 8 a cargo del fiscal Domingo Ferrari, de los Tribunales de Lomas de Zamora.
4 de Junio 2009

PONCE PATRICIA, 50 años
Baleada por su ex pareja, Miguel Mendoza de 53 años, en el barrio Villa Santillán de la ciudad de Santa Rosa de La Pampa.
Estaban separados desde hacia cinco años y según el diario La nación que cita como fuente al El jefe de la comisaría Tercera, Darío Seisdedos, el asesino y la víctima “aparentemente, mantenían algunas diferencias por una propiedad en común.
Mendoza se suicidó tras asesinar a la mujer.
5 de Junio de 2009

NN, 27 años
Murió en el Hospital Zonal de la ciudad de Goya, Corrientes debido a las graves lesiones sufridas producto de un aborto séptico.
16 de Junio de 2009

JOHANA ARIAS 18 años
Estaba internada en el Hospital de Urgencias San Juan Bautista de la capital catamarqueña con una infección generalizada que le provocó un aborto séptico.
22 de Junio de 2009

NN entre 16 y 20 años
El cadáver de la joven fue encontrado en un predio del partido bonaerense de La Matanza. El cable de TELAM consigna que la joven de nacionalidad boliviana “fue baleada a quemarropa con un arma de calibre chico”.
Dos jóvenes de 17 años fueron detenidos por Personal de la Jefatura Departamental de La Matanza con datos aportados por testigos
24 de Junio de 2009

CLARA BARRIENTOS 74 años
Pedro Barría de 70 años se ahorcó luego de asesinarla a golpes en Ushuaia, santa Cruz. El portal digital Tiempo fueguino relató que “al parecer las peleas y discusiones entre la pareja eran constantes, también trascendió que los episodios de violencia entre estos eran normales”.
25 de Junio de 2009

Las muertes de las dos mujeres provocadas por las condiciones en que se realizan los abortos en Argentina pueden considerarse femicidios si se toma como referencia la definición de Jane Caputo y Diana E. H. Russell publicada en 1990 en la revista Ms de Estados Unidos y en base a la cual se realiza el registro en esta columna desde hace tres años.

Las autoras consideran que el femicidio es “la forma mas extrema de la violencia sexista” y el resultado de un “continuum de terror” que incluye entre otras formas de violencia contra las mujeres la violación, tortura, mutilación genital y la esclavitud sexual.

Russell y Caputo entienden que la penalización del aborto obliga a las mujeres a una “maternidad forzada” y en tanto esa imposición las lleva a la muerte es femicidio.

La penalización del aborto es expresión de una cultura patriarcal que somete, violenta y condiciona la libertad de las mujeres, un mecanismo disciplinador de la violencia patriarcal.

Al respecto señala Monserrat Sagot en el “Diccionario de Estudios de Género y Feminismos' coordinado por Susana Gamba señala que “el concepto de femicidio permite entender que la muerte de mujeres a manos de sus esposo, amantes, padres, novios, pretendientes, conocidos o desconocidos, así como las muertes de mujeres por abortos ilegales o por negligencia, no son el producto de situaciones inexplicables, de conductas patológicas o de la casualidad”. Y afirma que “son el producto de un sistema estructural de opresión”.

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Argentina, Santa Fe: Aquel diciembre negro. Condenan a 5 policías por encubrir el crimen de Claudio Pocho Lepratti

TELAM - REDACCION ROSARIO

La Justicia santafesina, a través de un fallo del Juzgado de Sentencia de la 5ª nominación, condenó a cinco policías por considerar que encubrieron a los responsables de la muerte, en diciembre de 2001, de Claudio Pocho Lepratti. Los policías fueron condenados a dos años y ocho meses de prisión condicional e inhabilitación absoluta por el doble de tiempo de la condena.

La condena, anunciada por el juez Julio García, a cargo en suplencia del Juzgado de Sentencia 5ª, determina que el personal de seguridad involucrado deberá completar “la pena de dos años y ocho meses de prisión condicional e inhabilitación absoluta por el doble de tiempo de la condena, por falsedad ideológica de instrumento público y encubrimiento agravado en concurso ideal”.

Los policías sentenciados son Marcelo Fabián Arrúa y Rubén Darío Pérez, que reportaban en 2001 como chofer y acompañante del móvil que transportaba a Esteban Velázquez, condenado a 14 años de prisión en 2004 por ser el autor material del hecho; el ex jefe de la subcomisaría 20, Roberto de la Torre, también fue sentenciado, al igual que el jefe del Comando Radioeléctrico, Daniel Horacio Braza, y el oficial de guardia de la sub 20ª, Carlos Alberto de Souza.

En tanto, otros cinco policías que figuraban en la misma causa fueron absueltos por el juez García.

Además de Lepratti, en los mismos trágicos hechos de diciembre de 2001, seis personas más cayeron bajo las balas policiales.

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Claudio Pocho Lepratti: ¿Justicia o encubrimiento?

Carlos Saglul (ACTA)

Una sensación contradictoria instaló el fallo que condenó a prisión a los policías acusados de encubrimiento en el caso del asesinato de Claudio “Pocho” Lepratti. Gustavo Martinez, secretario adjunto de la Asociación de Trabajadores del Estado de Rosario subrayó en diálogo con ACTA que este veredicto vuelve a evidenciar las maniobras encaminadas a encubrir a los verdaderos responsables del crimen.

El juez de Sentencia Julio García condenó a dos años y ocho meses de prisión a cinco policías acusados del encubrimiento y falseamiento de documento público en el caso del asesinato del militante social Claudio Lepratti, ocurrido durante la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001.

Durante aquellos hechos Lepratti estaba trabajando en la cocina del comedor de la escuela 765 “José Serrano”, del barrio Las Flores, en la zona sur de Rosario. Cuando la policía comenzó a disparar se subió al techo de la escuela para advertirle que no siguiera porque había niños comiendo en el establecimiento. Como respuesta, lo fusilaron.

La sentencia alcanzó al chofer del automóvil policial, Marcelo Arrúa, y al acompañante Rubén Pérez. En el patrullero también se encontraba Claudio Velázquez, autor de los disparos que mataron a Lepratti. El asesino se desempeñaba como jefe de la subcomisaría 20 y fue condenado a 14 años de prisión en 2004.

“Los compañeros de Pocho jamás podremos olvidar ese sadismo que los llevo a armarle un acta por resistencia a la autoridad cuando ya lo habían asesinado. Los detalles del plan de encubrimiento fueron aprobados en una reunión en el entrepiso de la comisaría veinte entre los responsables de la policía judicial, comando radioeléctrico y asuntos internos. Toda la planificación no se pudo llevar a cabo sin instrucciones del poder político. Hablo del ex gobernador, Carlos Reuteman”, afirmó Gustavo Martínez, secretario adjunto de ATE.

Martínez recuerda que nuestra provincia fue la que tuvo el mayor número de muertos durante la masacre del 2001, gran parte de los cuales eran niños y mujeres. “El ministro de seguridad de Reuteman era Enrique Alvarez, un tipo en entró en la SIDE en el año 1976. Tuvo toda la dictadura militar para aprender”.

Para el dirigente sindical, tampoco es casual que en la cartera de Hacienda estuviera Juan Carlos Mercier, un hombre de José Alfredo Martinez de Hoz. “Todos sabemos que durante el Proceso genocidio y vaciamiento económico del país fueron juntos”.

El dirigente de ATE recordó que los muros de Rosario están repletos de dibujos de hormigas, el ángel de la bicicleta, consignas que gritan Pocho Vive. Son la memoria popular que recuerda el trabajo del militante coherente con su amor por los desposeídos y no perdona la impunidad que rodea su muerte.

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Argentina, Chaco: Docentes confirman paro para el próximo martes

CHACO DIA POR DIA

Reclaman “falta de respuestas” a los reclamos salariales y rechazan la medida ratificada por el gobierno provincial que permite que el Banco del Chaco ceda parte de la cartera de créditos a otras entidades.

En declaraciones a Radio Génesis, el secretario general de Federación Sitech, Eduardo Mijno, criticó el decreto que el gobierno provincial emitió, autorizando que el Banco del Chaco ceda parte de la cartera de deudores correspondientes a empleados públicos en operaciones interinstitucionales.

“Muchos docentes tenemos créditos en el Banco y estamos relacionados con él, producto del propio sueldo del docente” explicó el referente del sector Eduardo Mijno. “Estamos analizando el tema, y estamos preocupados, porque parece que se han cambiado las reglas del juego” agregó, citando el caso de que en algunos recibos de sueldo de colegas “lo que figura allí no coincide con lo que te entrega el banco como sueldo”.

“Esta es una preocupación más para el docente y yo creo que para todos los empleados públicos” evaluó Mijno, criticando que ahora los empleados deberán “controlar las planillas y el resumen de cuentas para ver cómo el Banco opera sobre nuestros sueldos”.

Medida de fuerza

Tras reunirse con integrantes del gremio Atech liderado por la docente Rosa Petrovich, ambas agrupaciones decidieron realizar el próximo martes 25 de agosto una medida de fuerza por 24 horas, sin asistencia a los lugares de trabajo, en rechazo a esta medida.

“Esto agrega más de lo que ya tenemos los docentes, como los incumplimientos del incentivo docente y el reclamo del conflicto establecido por la recomposición salarial” acotó Mijno.

Por su parte, Petrovich acotó con preocupación que algunos docentes vieron incrementadas “considerablemente” algunas cuotas de préstamos, sin explicación algún; sobre lo que no desestimó la posibilidad de cursar “actuaciones legales”.

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