lunes, 24 de agosto de 2009

“Dios se fue de la Escuela”. La nueva Ley de Educación en Venezuela


Marcelo Colussi (especial para ARGENPRESS.info)

“Dios se fue de la Escuela”. Con esta sensacionalista y sensiblera declaración el cardenal Jorge Urosa Sabino, presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, reaccionó ante la aparición de la nueva Ley Orgánica de Educación surgida en Venezuela el pasado 15 de agosto, marcando así la matriz con la que toda la derecha del país valoró la nueva norma jurídica.

Se contribuye así a dividir, una vez más, toda la sociedad entre “chavistas” y “antichavistas”, reafirmando que las luchas de clases (que siguen al rojo vivo) se expresan en todos los campos, también el educativo. Reacción, por cierto, enteramente visceral, absolutamente cargada de tirria ideológica, que indica que: o ni siquiera se ha leído a profundidad el texto de la nueva normativa jurídica (dudoso), o que el odio de clase en juego no permite ser objetivo (nos inclinamos por esto). Reacción, por otro lado, que además de movilizar en bloque a la más conservadora y retrógrada derecha local, hizo reaccionar a lo más conservador y retrógrado de la derecha del mundo. Para muestra, la nota publicada en el católico reino hereditario de la real casa de los Borbones –más conocido como España– por el diario El País, titulado “Las trampas de Chávez”, apenas unos días después de conocida la nueva ley, y que marca el talante en juego: “El presidente Hugo Chávez sigue adelante con la progresiva demolición del Estado de derecho en Venezuela en nombre del socialismo del siglo XXI. (…) El texto no sólo se dirige a regular los programas educativos y los centros de enseñanza, sino también a formar a los ciudadanos de la sociedad que se propone construir la revolución bolivariana”. 

¿Acaso una ley nacional no está para eso, para regular? ¿Acaso la educación, cualquiera sea, no se dirige justamente a formar a los ciudadanos sobre los que actúa? ¿Podría ser de otra manera quizá? ¿Por qué esta reacción? ¿Qué tiene de tan “maléfica” la nueva ley? En realidad: nada. Es un instrumento que se enmarca enteramente en los lineamientos contemporáneos acerca de la educación como bien público, como derecho humano que impulsan los organismos rectores en la materia (por ejemplo, el Manifiesto “Educación para Todos” de la UNESCO, Dakar, Senegal, del 26-28 de abril de 2000: “La educación es un derecho humano fundamental, y como tal es un elemento clave del desarrollo sostenible y de la paz y estabilidad en cada país y entre las naciones, y, por consiguiente, un medio indispensable para participar en los sistemas sociales y económicos del siglo XXI, afectados por una rápida mundialización”). Es decir, la ley está lejos de ser un arma de adoctrinamiento socialista como se la presenta desde la visceral y maniquea visión del mundo de la Guerra Fría, que evidentemente no ha desaparecido de la cabeza de mucha gente, especialmente los ideólogos de la derecha.

La ley, en verdad, ni siquiera habla de formación socialista; de hecho, en ningún lado tan siquiera roza la ideología marxista; muchos menos se la menciona en forma explícita. Muy claramente, en su artículo 1 dice que la educación se realizará “de acuerdo con los principios constitucionales y orientada por valores ético humanistas” –¡humanistas!, lo cual es tan amplio que puede dar para todo; humanistas, pero no socialistas, nótese bien–. Se entiende que hay una preocupación social, una búsqueda de igualdades, pero en ningún lado se habla de abolición de la propiedad privada, de construcción revolucionaria de un nuevo orden, de abierta lucha anticapitalista ni antiimperialista, de pueblo en armas defendiendo sus conquistas o algo que pudiera erizar la piel para alguien no familiarizado con un discurso de izquierda. Por el contrario, es una ley bastante “neutra” en términos políticos. Una vez más: ¿por qué esa reacción tan visceral desde la derecha católica?

Dos de los tres elementos que pudieran ser el núcleo de esa abierta oposición de la derecha conservadora: la educación privada y la enseñanza religiosa, se respetan íntegramente. En ningún lugar de la nueva ley queda abolida la enseñanza privada. En todo caso queda claramente dicho que el Estado habrá de regular el ámbito de la educación, incluidos los centros privados, tal como cualquier Estado capitalista hace en cualquier parte del mundo con cualquier empresa privada (¿para qué otra cosa está el Estado sino para fijar normas de funcionamiento? ¿O apostamos por la mano invisible del mercado como principio ordenador supremo?) A propósito: ¿quién reaccionó por la “socialista” medida de la actual administración de Washington cuando recientemente el Estado salió a auxiliar bancos privados en bancarrota o a la quebrada General Motors Company en el medio de la crisis financiera? En materia de educación son más estatistas muchas constituciones de países europeos, por ejemplo, que la de Venezuela. De hecho el Estado venezolano sigue subsidiando a los colegios y universidades privadas con un entre 40 y 70% de su presupuesto general, y la nueva ley no cambia esa situación. ¿Por qué entonces esta reacción de desaprobación? 

En cuanto a la enseñanza religiosa, de ningún modo queda condenada ni se promueve un presunto ateísmo de Estado. En todo caso, siguiendo una tendencia moderna y progresista de la humanidad, “el Estado mantendrá en cualquier circunstancia su carácter laico en materia educativa, preservando su independencia respecto a todas las corrientes y organismos religiosos. Las familias tienen el derecho y la responsabilidad de la educación religiosa de sus hijos e hijas de acuerdo a sus convicciones y de conformidad con la libertad religiosa y de culto, prevista en la Constitución de la República”, según puede leerse en el artículo 7 de la ley. Laicidad, valga remarcar, que está constitucionalmente garantizada en el artículo 59. En Venezuela como en cualquier parte del mundo, una ley de educación debe garantizar que cualquier persona pueda acceder sin discriminación de ningún tipo, ni religiosa, ni étnica, ni de género, ni de nivel socio-económico, a una educación digna, de buena calidad, rigurosa y veraz. Ese carácter universal del derecho a la educación implica que la enseñanza debe ser laica, por ser esa la única opción neutral no imbuida de conceptos religiosos de signo alguno que, en todo caso, pueden derivar en fundamentalismos. Una educación laica y objetiva es garantía, quizá la única, de una sociedad más equilibrada. Y eso es lo que hace la nueva ley, no otra cosa. Que es lo que hizo ya la Revolución Francesa hace más de 200 años atrás, sin ser socialista precisamente. 

El tercer elemento de discordia para esta visión conservadora de la derecha que ahora protesta airada no es, en realidad, en modo alguno objetivo sino que asienta en un profundo odio de clase. Así de simple. Ese otro elemento que hace parte del ataque está dado por la ya monotemática acusación de autoritarismo antidemocrático del gobierno bolivariano encabezado por el presidente Hugo Chávez. Dado que la ley toca directamente los medios de comunicación social, a los que incluye como elementos educativos en tanto servicios públicos buscando su regulación, eso es la gota que derrama el vaso y transforma el nuevo instrumento jurídico, según la crítica de toda la derecha, en una demostración de fascismo, de autoritarismo supremo, que sólo servirá para el adoctrinamiento castro-comunista transformando cada alumno venezolano en un potencial pichón de terrorista internacional. Dice la ley en su artículo 9 que “los medios de comunicación social públicos y privados en cualquiera de sus modalidades, están obligados a conceder espacios que materialicen los fines de la educación. [Y además que] orientan su programación de acuerdo con los principios y valores educativos y culturales establecidos en la Constitución de la República, en la presente Ley y en el ordenamiento jurídico vigente”. ¿Es eso fascismo autoritario? ¿No debe marcar líneas el Estado? ¿Para qué está, si no?

“La Ley Orgánica de Educación –dice en la referida nota el diario “El País”– pone de manifiesto más que otras medidas hasta qué punto el proyecto chavista es tributario de las ideologías autoritarias del pasado, por más que se escude en las invocaciones al futuro. Desde esta perspectiva, no son nuevos los disparates que contiene la nueva norma. La educación no puede ser un instrumento para que los ciudadanos encajen a la fuerza en una sociedad diseñada desde el poder, sino para que sean libres en la sociedad en la que viven”. Hay ahí una (fingida) incomprensión de los procesos sociales (la educación enseña siempre los valores de las clases en el poder, “la ideología dominante es la ideología de la clase dominante”, eso no puede ser de otra manera. Y los medios de comunicación social, ¡ni se diga!). Pero además, en la reacción de la derecha se evidencia su profundo y nada enmascarado odio social, de desprecio por el pobrerío que ahora, mal que bien con la Revolución Bolivariana comienza a levantar la voz, aunque esa preocupación se disfrace de “democrática”: ¿protesta así esa derecha por la propaganda de la Coca-Cola? ¿Protesta esa derecha por las interminables transmisiones de fútbol que ya, por lejos, pasaron a ser la principal droga social, el nuevo “opio” tecnológico con el que se maneja a las masas planetarias? ¿Protesta esa derecha por la descarada propaganda ideológica de CNN? La comunicación de masas, un instrumento que día a día se transforma en uno de los principales agentes de educativos de las sociedades, ¿debe funcionar también regida por la mano invisible del mercado? Dicho sea de paso, según estimaciones de la UNESCO, en pocas generaciones los medios audiovisuales irán reemplazando a la escuela formal en la tarea educativa. ¿Apostamos por la absoluta liberalización del asunto dejando que cada empresa privada de comunicación (léase: las grandes cadenas televisivas básicamente) sean las que eduquen a las futuras generaciones? ¿Optamos por la desaparición del Estado entonces?

La nueva ley, además, contiene importantes mejoras en las relaciones laborales de los trabajadores de la educación. Al respecto, en su Artículo 42 se establece que: “El personal docente adquiere el derecho de jubilación con veinticinco años de servicio activo en la educación, con un monto del cien por ciento del sueldo y de conformidad con lo establecido en la ley especial [de regulación laboral en el ámbito educativo]”, lo cual representa un paso adelante en términos sociales. ¿Es contra eso que adversan quienes se oponen a la nueva normativa? Seguramente dirán que no, pero en definitiva el espíritu de toda la normativa, enmarcada en el proceso político que vive el país, apunta a eso: al mejoramiento de las condiciones sociales de las grandes masas siempre excluidas. Cuando decíamos más arriba “odio de clase”, pues a esto nos referíamos. ¿Quiénes son los que salen airados a protestar y manifestar en las calles contra esta ley?: por supuesto no son los sectores pobres, los que nunca llegaron a las universidades, los que miran resignados que otros van a centros privados de excelencia. ¿De qué autoritarismo hablamos entonces: el del “dictador” Chávez o el de la dictadura del mercado que mantiene en el límite de la pobreza a grandes masas históricamente marginadas?

En definitiva, la nueva ley de educación surgida en la República Bolivariana de Venezuela, sin ser una abierta declaración anticapitalista, es un paso firme para la construcción de más espacios de participación popular, y el hecho que los medios de comunicación queden más sujetos a control del Estado es, en todo caso, una buena noticia para el campo popular, porque puede facilitar mayor profundización del proyecto revolucionario, en beneficio de los más y no de los menos, obviamente. Si alguien reacciona ante eso… como dicen que dijo don Quijote (cita que realmente no figura en el texto cervantino, pero que vale igualmente): “ladran Sancho, señal que cabalgamos”.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...

Chile: La alternancia en el poder


Álvaro Cuadra (especial para ARGENPRESS.info)

En cualquier sistema democrático maduro, la alternancia en el poder no debiera mover a escándalo a nadie. Por el contrario, se trata de un hecho previsible y natural ligado al recambio generacional y a la obsolescencia de ideas y visiones ante un mundo en acelerada mutación. En el caso de Chile, sin embargo, hay razones de fondo para que este fenómeno político propio de una democracia llene de inquietud y zozobra a un buen numero de electores.

Las razones de un cierto temor ante el triunfo de los sectores neoconservadores guardan una estrecha relación con la naturaleza misma de “nuestra derecha”. Como buena parte de sus congéneres de la región, nuestra derecha posee características que la situarían en cualquier sistema democrático sano en la “extrema derecha”. Por de pronto, hagamos notar su proximidad histórica y política con una atroz dictadura, lo que se proyecta hasta el presente como una mal disimulada connivencia con sectores castrenses ligados a la violación de Derechos Humanos. En suma, estamos ante una derecha que no posee una mínima solvencia de moral cívica lo que la instala, en el límite, como una derecha antidemocrática.

Un segundo aspecto, no menor, dice relación con el perfil del candidato. La derecha se presenta ante el país encarnada en la figura de un “empresario de éxito”, el señor Sebastián Piñera. Basta revisar el currículo de este personaje para concluir que, en efecto, se trata de un hombre que ha acumulado una gran riqueza, no obstante, su trayectoria está salpicada de conductas y asuntos turbios que lo tornan, por decir lo menos, en alguien polémico aún entre sus pares. Digamóslo con franqueza, un “businessman” formado en la jungla amoral del mundo mercantil no es el personaje más confiable para hacerse cargo de la presidencia de Chile.

Un tercer elemento que alimenta los temores ante un triunfo de derechas remite al proyecto económico y político que se lee en los discursos de su candidato. Nuestra derecha busca perfeccionar el modelo heredado de Pinochet, el mismo que la ha enriquecido como nunca antes, incluido el propio señor Piñera. Esto es, se busca perfeccionar los ajustes neoliberales de los años ochenta con la esperanza de superar la actual recesión. Insistir en políticas neoliberales en un mundo en que las grandes economías capitalistas van en sentido contrario parece un despropósito. Cuando en todas partes se propende a una regulación de los mercados y a un mayor protagonismo del Estado, el proyecto derechista para nuestro país sólo se explica por una tozuda y añeja visión ideológica.

Plantear, pues, la alternancia en el poder frente a un sector de derechas como el descrito en una democracia insana como la nuestra, no tiene nada de inocente. Un eventual triunfo de este sector político significa, ni más ni menos, el despliegue de un proyecto que en lo político perpetúa el pinochetismo sin Pinochet y en lo económico profundiza los ajustes neoliberales de los ochenta, con la salvedad de que el mundo de hoy está sumido en su peor crisis derivada de tales medidas. Puede que un Chile a la extrema derecha sea una gran noticia para las transnacionales y la banca internacional, pero no son buenas nuevas para todos aquellos que tienen sed de justicia ni para todos los que siguen sufriendo en la pobreza.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...

Retorno a los orígenes


Jorge Gómez Barata (especial para ARGENPRESS.info)

En tanto que estamento a cargo del poder político en las sociedades divididas en clases, la derecha existió siempre, mientras la izquierda, como se le conoce actualmente, apareció en Europa occidental a medidos del siglo XIX donde debutó con Carlos Marx, Joseph Proudhon y otros forjadores hace unos 160 años.

La partida de nacimiento de la izquierda moderna fue la fundación de la Primera Internacional en 1864. En aquella oportunidad se trató de un encuentro de personalidades y no una reunión de partidos. Entonces, a pesar de la abundancia de matices, hubo consenso en la crítica al capitalismo salvaje expresada en el discurso inaugural y en los estatutos, ambos redactados por Carlos Marx, el primer ideólogo de la izquierda y el primer líder socialista a escala europea. 

Aquella matriz única alimentó las coincidencias esenciales que dieron lugar a la fundación partidos de izquierda, bautizados por el propio Carlos Marx como socialdemócratas y que adoptaron el socialismo como opción para enfrentar al capitalismo. El primero de aquellos partidos fundadores nació en Alemania en 1869 y el último en Rusia en 1898 y, a pesar de la hostilidad de la reacción, en varios países europeos alcanzaron una enorme influencia política. Lenin, Rosa Luxemburgo, Karl Kautsky, Fernando Lassalle, Jean Jaurés, estuvieron entre los líderes de las formaciones iniciales. 

Antes que partidos políticos, el marxismo, la socialdemocracia, el anarquismo e incluso la doctrina socialcristiana fueron expresiones del pensamiento político avanzado, nacidas de reflexiones que formaron una especie de tronco común y compañeras de viaje hasta que, a principios del siglo XX, por coyunturas asociadas a la Primera Guerra Mundial, se distanciaron. La guerra terminó, más la desunión en la izquierda persistió, entre otras cosas porque Stalin entró en la escena. 

La fractura de aquella coherencia virtual en la izquierda europea comenzó cuando varios partidos adoptaron posturas reformistas. El hecho de que en 1899 Alexandre Millerand, un socialista francés ocupara un cargo de ministro que pudo ser un suceso positivo se convirtió en un factor de ruptura, agudizado cuando ese mismo año, Eduard Bernstein propuso la alianza con otras fuerzas para alcanzar metas socialistas. El crack definitivo llegó cuando los partidos integrantes de la II Internacional se dividieron en torno a la aprobación de los créditos de guerra en los respectivos parlamentos, hecho calificado por Lenin de traición y que precipitó la bancarrota de la primera organización socialista europea. 

Por una coincidencia histórica, a raíz de aquella polémica, triunfó la revolución bolchevique de cuyo liderazgo, emanó el proyecto de crear una organización internacional sustitutiva para la difusión de las ideas marxista y para impulsar la revolución mundial que entonces se creía inminente. En 1919 nació la III Internacional que auspició la creación de partidos comunistas en todo el mundo. En 1920 la Internacional adoptó las 21 condiciones que excluían cualquier alianza de los comunistas con otras fuerzas políticas locales, cercenaba la libertad de acción de los partidos y codificaba la obediencia a Moscú. 

Ayer como hoy ninguna fuerza, partido o líder político, por más partidario que sea de una corriente ideológica mundial, puede sustraerse de los entornos nacionales en los cuales actúa, donde se encuentran sus bases sociales, se definen sus tareas y prevalecen los factores que condicionan su actuación y determinan sus alianzas. La idea de convertir las coincidencias políticas, en metas estratégicas comunes y de hacer del “Movimiento Comunista Internacional” una entidad orgánica, regida desde Moscú, fue primero una quimera y luego una suma de errores, especialmente costosos al aplicarse a la realidad latinoamericana. 

Es probable que una vez concluida la guerra civil y derrotada la intervención extranjera, Lenin y Trotski, partidarios de la Nueva Política Económica que incluía el propósito de atraer el capital extranjero, habrían incentivado los esfuerzos para insertar al Estado soviético en los ambientes europeos, proceso que inevitablemente hubiera conllevado a una aproximación a la izquierda socialdemócrata que había elevado considerablemente su protagonismo político e incluso participaba en el gobierno en varios países. 

Esa posibilidad fue cancelada con la muerte de Lenin, la defenestración de Trotski y el acceso de Stalin al poder, hecho que crearon un abismo ideológico y político entre los comunistas y la izquierda socialdemócrata que luego, bajo la ocupación nazi, en muchos países fue virtualmente exterminada. 

Ahora, cuando ningún líder y ninguna fuerza aspira a la hegemonía, renace la pluralidad y unas corrientes progresistas no excomulgan a otras, en América Latina, la izquierda renace formando un arco iris de fuerzas sociales cohesionadas por el interés en el cambio social y por el compromiso con las causas populares. En ese ambiente, el marxismo genuino, sin imposiciones, dogmas ni sectarismo, retoma su lugar como uno de los elementos, no el único en la ideología y la práctica de la izquierda renacida que retorna a sus orígenes plurales.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...

Perú: Al fin salto la liebre


Gustavo Espinoza (NUESTRA BANDERA, especial para ARGENPRESS.info)

Sí, finalmente se supo. Se tuvo la noticia confirmada. Y ocurrió eso después de 38 años, cuando se publicaron algunos nuevos documentos desclasificados de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, y que tuvieron la virtud de demostrar que el señor Richard Nixon, a la sazón Presidente de ese país, nos se andaba en menudencias cuando se trataba de proteger los intereses del Imperio.

Bien puede asegurarse entonces algo que, en su momento intuimos y señalamos públicamente como parte de la lógica terrorista de la administración yanqui. No tuvimos en ese entonces pruebas palmarias, pero si indicios suficientes como para asegurar a nuestro pueblo que los planes agresivos contra el proceso peruano se tramaban ya en la Casa Blanca. Y hoy se confirma. 

Dijimos entonces lo que la agencia de noticias AFP asevera ahora: el ex presidente norteamericano Richard Nixon quiso desestabilizar al gobierno de Juan Velasco Alvarado y en coordinación con el entonces dictador brasileño general Emilio Garrastazú Médici, incubó la idea de publicar información destinadas a desacreditarlo en el concierto internacional para justificar su acción. 

La agencia reveló también que ambos gobernantes consideraron, en su esquema de trabajo conjunto, examinar la posibilidad de derrocar al presidente Salvador Allende en Chile. 

Ambas acciones, por cierto, eran cartas de una misma baraja, y se ampliaron como un abanico cuando en un tercer país, asomó un nuevo gobierno progresista, el del general Juan José Torres que en Bolivia habló enérgicamente contra la política de Washington en la región. 

Surgió entonces una figura geométrica. Y las agencias del Imperio pasaron a hablar del “triangulo rojo”, considerándolo como “el principal peligro” en la región. Y lo era, sin duda, para el dominio del Gran Capital. 

La estrategia de la administración Nixon, diseñada por cierto por el entonces Secretario de Estado de los Estados Unidos, el señor Henry Kissinger, era muy simple: comenzar el ataque rompiendo la cadena por el eslabón más débil. Y ese era Bolivia. 

Por las circunstancias concretas de ese país, por la debilidad del movimiento popular duramente golpeado luego de la quiebra de la experiencia guerrillera de 1967, por la profunda desconfianza que se había incubado en amplios sectores de la sociedad boliviana con respecto a los militares y también por la heterogénea composición de su gobierno, el Presidente Torres no asomaba como una pieza fuerte y consolidada de los pueblos. Bastaba una conspiración certeramente planificada y un concierto elemental con militares conservadores, para dar al traste con esa experiencia. Y así ocurrió, en efecto, ese mismo año, cuando ante un contra golpe reaccionario Torres debió huir primero a Lima y después a Buenos Aires, donde fue asesinado. 

Con Chile, la cosa era más complicada, pero finalmente también simple: el gobierno de Allende tenía fuerza en el pueblo, pero el pueblo tenía, a su vez, una fuerza limitada. Para quebrarlo, era indispensable concentrar un inmenso poderío militar y descargarlo como un brutal mazazo contra la población. Tendrían que matar a miles -como ocurrió- pero finalmente podrían imponerse apoyándose firmemente en “los de arriba”, que estaban sólidamente unidos, y armados, contra “los de abajo”. 

En el Perú, la cosa era aún más compleja porque el escenario no estaba aún completamente definido ni los campos nítidamente diferenciados. En el gobierno de Velasco había también fuerzas reaccionarias con las que el gobierno de los Estados Unidos no quería chocar. Y contra Velasco había además fuerzas progresistas -desorientadas, sin duda- a las que Washington no quería dar alas. 

Fue la experiencia militar peruana de 1968 el primer experimento victorioso de un proceso antiimperialista, después de la Revolución Cubana. Por eso sus iniciadores -incluido ciertamente el propio Velasco- vieron con marcada simpatía la experiencia de Fidel y actuaron en consonancia con ellos asegurando entre los gobiernos del Perú y Cuba la más estrecha y solidaria cooperación, que despertó la ira desbocada de los opresores. 

Pero en el caso peruano el tema tenía además, otros bemoles. Velasco era un líder, pero no un caudillo. Tenía un notable apoyo popular -sobre todo los trabajadores y los campesinos respaldaron el proceso-, pero también contaba con la aceptación institucional de la Fuerza Armada, que despertaba de un largo periodo al servicio de la clase dominante. 

Velasco, en su momento, subrayó con acierto que el suyo era un movimiento legítimo de recuperación nacional orientado a restaurar los más auténticos valores de la patria. Ante esa tarea -dijo en diversas oportunidades- la Fuerza Armada no podía permanecer impasible. Tenía la obligación de actuar con firmeza y con audacia, preservando, sobre todo, los derechos del pueblo y los intereses de la nación. La vanguardia de esa Fuerza Armada eran “los generales rojos”, como los llamó el enemigo, y que simplemente eran militares responsables de su deber. 

Este mensaje, de claro corte patriótico y antiimperialista, caló muy hondo en la conciencia de los peruanos, pero también en las filas de la institución armada. Ella, en el pasado, fue usada siempre como cancerbero de los intereses más oscuros, y tuvo el valor, a partir de octubre de 1968, de rectificar una conducta y hermanarse con las grandes mayorías nacionales. 

El hecho que fuera la Fuerza Armada, y no un Partido Político, ni un núcleo de personas, sino una de las principales institucionales titulares del país la que levantara ese discurso de claro contenido nacionalista y liberador; tenía una enorme importancia no sólo al interior de nuestras fronteras. Conllevaba también una carga latinoamericanista, un mensaje a los ejércitos del continente, a los que llamaba a despertar para cumplir una nueva tarea. 

“Así como en la gesta libertadora del siglo pasado los pueblos ibero- americanos lucharon hermanados por alcanzar su libertad política, la cruzada que hoy libran por superar su estado de subdesarrollo reclama que, como ayer, estrechen filas en torno a su emancipación económica. Cada uno de los países de América tiene en las páginas gloriosas de su historia una legión de próceres y héroes que no vacilaron en brindar el holocausto de sus vida por legarnos la patria que hoy nos cobija…” 

Así dijo Velasco el 6 de febrero de 1969 cuando llamó a unirse a todo el pueblo para enfrentar la agresividad imperialista desbocada a partir de la expropiación de las instalaciones de la empresa norteamericana Internacional Petroleum Company. 

Por eso en su momento el proceso de Velasco fue un incentivo para el concierto regional. Militares patriotas de Bolivia, como lo subrayó el propio Juan José Torres, miraron al Perú con otros ojos desde entonces. En Uruguay, Liber Seregni valoró también altamente este mensaje, que fue observado con interés por los sectores institucionalistas del ejército chileno, como los generales Schneider y Pratt. Incluso en Venezuela, los militares que se alzaron en Carúpano y Puerto Cabello, izaron similares banderas. Y ellas tomarían otras dimensiones más allá de nuestro continente en la experiencia heroica del abril lusitano de 1974. 

Para el gobierno de los Estados Unidos “el ejemplo” peruano resultaba no solamente en extremo preocupante, sino también nocivo. En la medida que se extendiera y creciera en otras instituciones armadas el mismo sentimiento liberador que soplaba en nuestro suelo; el poder Imperial tenía fundadas razones para verse amenazado. 

Destruir el proceso peruano era mucho más complicado que disparar masivamente contra el pueblo, como se había hecho en Chile. Aquí se trataba de desactivar con precisión milimétrica y calculo sofisticado una bomba de inmenso poder explosivo, actuando con el cuidado y la delicadeza que la situación generaba. Cualquier falla en el operativo podría resultar fatal para sus impulsores. 

Por eso idearon una estrategia de laboratorio. Primero, amagaron el entorno más directo de Velasco, logrando, lastimosamente, introducir una cuña entre el Jefe del Proceso peruano y los coroneles que se alzaron con él en octubre de 1968. Luego, supieron ubicar en el enmarañado escenario militar de entonces a quien podría ajustarse a sus planes y cumplir cabalmente sus designios traicionando alevosamente el movimiento. Después, agudizaron las tensiones en el interior de la institución castrense alentado pronunciamientos divisionistas, como la insurgencia del general Bobbio Centurión en el Centro de Instrucción Militar del Ejército, en julio de 1976. Unido a eso, lograron sumir en la confusión a diversos sectores del movimiento popular, que no alcanzaron a percibir en toda su dimensión el significado de los cambios que se operaban en el país. 

Derrocar a Velasco Alvarado era un objetivo muy preciado para el gobierno de los Estados Unidos. Pero no marcaba eso el fin de su tarea, sino más bien el comienzo de la misma. 

Se trataba, además, de depurar a la institución armada para retirar de ella a todos los “velasquistas”. Pero de asegurar, adicionalmente, que nunca más se repitiera en el Perú una experiencia similar, que no volviera a surgir “otro” Velasco con similares propósito de su antecesor y con las mismas posibilidades operativas. Para ellos, eso era vital. 

Para tal efecto no bastaba devolver el Poder a los civiles y entregar nuevamente el gobierno a los partidos tradicionales. Se precisaba de medidas mucho más profundas que requerían sólo tiempo, sino también una nueva política. Y de la imposición de un nuevo modelo de dominación. 

Por eso el desmantelamiento de los cambios en el Perú no se produjo como resultado de un acto, ni fue la consecuencia de una acción de gobierno. Fue un largo y complicado proceso de lucha contra un pueblo que resistió combatiendo en las condiciones más adversas. Ni Morales Bermúdez, ni Belaúnde Terry, ni Alan García en su primer gobierno pudieron realmente desandar lo andado. 

Fue preciso un Golpe de Estado -el del 5 de abril de 1992- para que eso ocurriera. Fue indispensable, además, asustar masivamente a la población con la siniestra historia del “terrorismo en marcha”, satanizar el ideal socialista manchando con sangre la bandera roja y convirtiendo la hoz y el martillo en símbolo de muerte. Pero, sobre todo, fue esencial desacreditar el ideal socialista y fascistizar a la Fuerza Armada para que volteara definitivamente los ojos y nunca más mirara al pueblo, sino con odio. 

La violencia desatada durante veinte años en el Perú -entre 1980 y el año 2000- tuvo ese signo y ese propósito. 12,000 oficiales de las Fuerza Armadas fueron llevados al campo para cometer tropelías contra las poblaciones indefensas. Y así quedó una secuela de sangre y muerte de la que el paìs aún no se recupera. 

El terrorismo fue el gran pretexto. Y la lucha contra é, el argumento victorioso del enemigo. Pero es bueno que se diga una vez más para que se oiga en todas partes: el terrorismo que hubo, fue el del Estado, que unas veces actuó en su nombre y en otras en el de estructuras supuestamente “revolucionarias” que se sintieron torpemente halagadas por el honor que se les hacía al considerárseles como una “fuerza real y peligrosa”. 

Detrás de esa conjura -se confirmará algún día- estuvo sin duda el señor Nixon y los suyos.

Foto: Estados Unidos - Henry Kissinger y Richard Nixon.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...

La pobreza, una cuestión política explosiva

Marcelo Ramal (especial para ARGENPRESS.info)

No hacían falta las homilías del Papa para que el “escándalo” de la pobreza estallara en la Argentina. Todos ellos reducen la pobreza a la marginalidad social o, como se suele decir, a los “excluídos”. Así, el empobrecimiento de las masas no sería la consecuencia de la explotación capitalista sino de ‘políticas públicas’ inadecuadas.

Pretenden, de este modo, que la asistencia estatal se haga cargo de los pobres, mientras el capital aprovecha esa misma pobreza (competencia por un puesto de trabajo) para llevar los salarios a los niveles de subsistencia e incrementar su tasa de beneficio. La financiación de la asistencia social pedida para los pobres quedará a cargo de los propios pobres, que son los que bancan el impuesto más recaudado por el fisco: el IVA. No es casual que el salario mínimo de los trabajadores registrados haya sido llevado, para febrero próximo, a 1500 pesos, cien pesos menos que el índice de pobreza (sólo un poco más arriba está el básico de un peón metalúrgico). Si el 40% de los trabajadores argentinos está en negro; si, al mismo tiempo, el salario medio de estos últimos es el 50% de los que están en blanco, o sea unos 1300 pesos; si, finalmente, la “línea de pobreza” está en los 1600 pesos, entonces la conclusión es que más del 40% de los obreros argentinos que debe mantener un hogar con dos menores y cónyuge se encuentra por debajo de la ‘línea’ (no hablemos de los obreros que deben hacerse cargo de padres con jubilaciones de miseria). La pauperización no es un fenómeno marginal que deba imputarse a la deficiencia de la fuerza de trabajo, sino estructural, que tiene que ver con las tendencias fundamentales de la explotación capitalista. 

La pobreza y el “modelo productivo” 

A semejante desastre social se llegó después de más de treinta años de liquidación sistemática de conquistas obreras. Desde el “rodrigazo” hasta hoy --y a través de las sucesivas devaluaciones, reformas laborales, liquidación de convenios y “sumas fijas”-- la burguesía se ha encargado de degradar el valor de la fuerza de trabajo. Cada crisis capitalista clavó a la condición obrera en un punto más bajo que la crisis anterior. Esa demolición resultó feroz bajo el “modelo productivo” kirchnerista: según la UCA, el costo laboral actual (salario más cargas previsionales a cargo de la patronal) es hoy un 12% inferior al de hace una década atrás; o sea, cuando reinaban Menem y Cavallo. La precarización y miseria salarial de los trabajadores argentinos ha sido esencial a la ‘competitividad’ que buscó promover el régimen de los K -- bajo el rubro ‘reconstruir a la burguesía nacional’. Desde el 2002 hasta hoy, y de Moyano para abajo, toda la burocracia sindical defendió la política de “la creación de empleo a como dé lugar”, justificando el trabajo en negro y la flexibilidad laboral. La AFIP kirchnerista, que se jacta de haber reducido la evasión impositiva, nunca pudo bajar las cifras del trabajo en negro por debajo del 40%. En la década “nacional y popular”, alcanzó su auge la industria de confecciones textiles fundada en el trabajo semiesclavo ¡nada menos que en la Capital Federal! 

Salario y pobreza 

Los estadísticos, economistas y en especial, los políticos bendicen a la línea de la pobreza como el ‘piso’ de la ‘ciudadanía’. Suman para ellos una cantidad de proteínas y calorías, más el transporte. La condición ‘ciudadana’ se equipara así a la esclavitud y a la miseria social. Ha desaparecido, incluso del horizonte estadístico, el costo de la canasta familiar, o sea, la manutención material y moral de la familia obrera, en las condiciones de civilización presentes, incluyendo su derecho a la vivienda, a la información o la recreación. Según la CTA, esa canasta sería hoy de 4000 pesos --lo cual supone, para un matrimonio con dos niños, que cada cónyuge reciba un ingreso mínimo neto de 2000 pesos (pleno empleo). A la luz de esto, el salario mínimo ciudadano debería ser, exactamente, esa suma, dos mil pesos-- pues contemplaría a los miembros del matrimonio que se encuentren sin trabajo. 

Una cuestión política explosiva 

Si la pobreza está separada de la explotación social, entonces debe ocuparse de ella la asistencia estatal; esta es la receta (teórica) de los gobiernos y partidos capitalistas. En lugar de derechos sociales (derecho al trabajo, salario mínimo igual al costo de la canasta familiar, seguro al parado, 82% móvil, una adecuada asignación familiar), el Estado implanta el ‘derecho’ a la caridad. Cuando esa asistencia fue aplicada en 2002, por la acción del movimiento piquetero, fue repudiada por la burguesía --en especial la rural, porque, decía, privaba de mano de obra al campo. La “política social” del Estado es invocada para atender (mal) la sola subsistencia o manutención alimentaria. Desde Carrió a Solanas existe unanimidad en el reclamo la “asistencia universal por hijo”, techo de 200 pesos, como si esto siquiera remediara la miseria existente, cuya indexación mensual ninguno de sus partidarios menciona. Se propugna este remedio universal (papal), mientras todos los días son cesanteados los padres de esos niños universalizados. De todos modos, la mayoría de los partidarios de la “asistencia universal” advierte contra toda tentativa de repudiar la deuda pública o cualquier medida que pudiera afectar la ‘confianza’ de los ‘inversores’--porque dicen que esto agravaría la pobreza. Pero la pobreza se ha agravado en medio de la bancarrota capitalista, la cual plantea, como primera obligación del sistema, no el rescate de los pobres, sino del capital. Es así que los jubilados (la Anses) están financiando a Peugeot y compañía o al Banco Hipotecario, o al pago de los Boden 2012. Es aquí donde la cuestión de la pobreza adquiere su dimensión política explosiva, pues se ha agravado en momentos en que los capitalistas reclaman a su gobierno y a sus partidos “el retorno a los mercados internacionales”, o sea mayores tarifazos, cesantías, rebajas del salario real y caída de atención de la salud y de la educación. 

Con 13 millones de argentinos por debajo de la línea de pobreza: ¿quién se anima a aplicar los planes para devolver la confianza al capital y regresar los capitales que se fugaron en los últimos años? El problema político explosivo es que el programa del capitalismo en bancarrota --y el de su gobierno y políticos opositores-- es una suerte de chispa para una mecha muy corta instalada en el polvorín que es la sociedad argentina. 

Planteamos:
1-Salario igual a la canasta familiar, hoy en 3700$. 2-Jubilación equivalente al 82% móvil de la canasta familiar. 3-Prohibir las suspensiones y despidos. 4-Plan de obras públicas con salarios y convenio, para cubrir las necesidades sociales de vivienda e infraestructura, y terminar con la desocupación. 5-Ningún tarifazo, nacionalización de los monopolios energéticos bajo control obrero.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...

Mayo y los pibes


Carlos del Frade (APE)

A casi doscientos años del sueño colectivo inconcluso llamado la Argentina, habría que revisar a qué distancia está la realidad social del país en relación a aquellas propuestas políticas del origen de la nación.

Hombres como Manuel Belgrano, Mariano Moreno, José Artigas y José de San Martín, entre tantos que hoy suelen ser motivo de biografías para aumentar las ganancias de ciertas editoriales que perciben el valor simbólico de estos dos siglos, pensaban que la política debía generar la felicidad del pueblo.

En sus escritos personales, en las cartas que todavía se conservan de estos viejos y casi desconocidos próceres, pueden leerse las preocupaciones sobre el presente que soportaban los chicos de aquellos tiempos.

De alguna manera ataban la urgencia de profundizar la revolución a la suerte de la niñez en estos arrabales del mundo.

No hay revolución si no hay vida plena para los pibes.

Esa parecería ser la consigna de las letras ardientes de aquellos tipos que fueron consumidos en el fuego de la guerra por la independencia.

Hoy, entonces, sus fantasmas estarán inquietos, indignados ante tanto desprecio descargado contra la niñez de estas pampas sin límites.

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, Unicef, informó que en la Argentina “nacen 1.920 niños por día, el 31,6 por ciento de ellos nacen en hogares pobres”.

A razón de 606 bebés pobres cada veinticuatro horas.

Una fenomenal hipoteca contra la suerte del propio pueblo.

Una obscena demostración de la distancia que separa la realidad del presente con la soñada por los fundadores del nuevo país.

Pero la cifra no está sola.

Sergio Britos, profesor de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Buenos Aires y director del Centro de Estudios sobre Nutrición Infantil, opinó que la situación no es tan mala como en el año 2002. Sin embargo advirtió que está en “camino a regresar, dado el aumento importante y vertiginoso que está teniendo la pobreza en los últimos dos años y más particularmente ahora. En la actualidad y proyectando datos de la Encuesta Nacional de Nutrición, en Argentina hay 55.000 niños menores de 6 años con desnutrición aguda (pérdida de masa corporal por hambre), 300 mil con desnutrición crónica (petisos sociales), 700 mil con deficiencias de nutrientes esenciales a causa de una dieta de baja calidad y 600 mil chicos (la mayoría menores de 2 años) con anemia por falta de hierro. El futuro de estos chicos dependerá de cómo las políticas públicas reaccionen. Las políticas alimentarias se muestran hoy totalmente ineficaces", sostuvo el especialista.

Números del espanto multiplicado, de la impunidad desbocada.

A lo que hay que sumar un dato más.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, la canasta familiar es de mil pesos para la línea de pobreza y 550 para la línea de indigencia.

Britos asegura que "el costo de una canasta alimentaria saludable triplica esos valores". A partir de estos datos “casi mil bebés pobres nacerán hoy. Y también hoy morirán 28 chicos por causas relacionadas con la pobreza. De ellos, 8 directamente morirán de hambre”, apuntaba la crónica periodística.

A casi doscientos años de la revolución de mayo, la realidad de los pibes exhibe la historia en carne viva. Un dolor que necesita de una nueva y definitiva decisión colectiva de revolucionar la vida en estos parajes.

Autor imagen: APE

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...

De la droga y otras yerbas

Enrique Lacolla (PRENSA RED)

La tenencia, la comercialización y el consumo de drogas, son otros tantos maleficios que devastan la sociedad contemporánea. ¿Pero son un fenómeno en sí mismos o la exteriorización de la enfermedad del mundo?

El tema de hoy es la despenalización de la tenencia de droga para el consumo personal. Como no soy especialista en el asunto he de limitarme a formular interrogantes antes que dar respuestas, aunque convengo que esos interrogantes pueden estar influidos por una sensibilidad apriorística respecto del tema.

Las décadas posteriores a la última dictadura militar han estado informadas por un garantismo judicial y por una proclividad a observar con sospecha toda medida que implique un rasgo de autoridad, a la que se suele confundir con autoritarismo. Esta postura, explicable en un principio como reacción a los años de brutal supresión de las libertades y a un ejercicio vesánico del poder, ha terminado convirtiéndose en un acto reflejo de parte de la corporación política, muy propensa a enunciar medidas de alto impacto publicitario antes que a la adopción de resoluciones que se apliquen a atender los problemas de fondo que aquejan al país. Judicializar el pasado es cosa buena, habida cuenta de los crímenes cometidos; pero también es relativamente fácil, mientras que, por ejemplo, realizar una reforma impositiva que grave progresivamente a la riqueza es un emprendimiento que todos los gobiernos democráticos, aun los que parecen estar más vinculados a una sensibilidad popular, se han cuidado mucho de asumir en razón de que, haciéndolo, se tocaría uno de los núcleos duros que hacen que Argentina siga como está.

El tema de la droga no escapa a esta determinación ambigua, laxa, que caracteriza a la política argentina. Como está instalado en el centro de la atención pública, operar en su entorno resulta rentable políticamente. Mucho más peligroso sería atacar el centro del problema, sus causas profundas y la naturaleza del sistema que le da lugar…

Pero vamos a mirar un poco más de cerca las aristas del debate en curso. El gobierno propondría la no penalización de la disposición de pequeñas cantidades de droga para consumo personal. En principio no habría nada que objetar a esto, pues tratar a un enfermo como a un delincuente no ayuda a curarlo. Pero, si al mismo tiempo esa disposición excluye al enfermo de la posibilidad de apelar a los sistemas de atención sanitaria gratuita que el Estado pone a su disposición para combatir su adicción, el asunto empieza a tomar un cariz muy distinto. El sujeto deja de estar incriminado, pero pierde la opción de procurarse un tratamiento cuyo coste está, en la mayoría de los casos, fuera de su alcance.

Por otra parte, ¿cómo hace el adicto para procurarse lo que desea si el comercio de droga sigue estando penado por la ley? Las “mulas”, los pequeños traficantes y toda la parafernalia que se entreteje alrededor de ese comercio continuarían desarrollando sus actividades en una zona de sombra, donde las mafias proliferan y se nutren de los contactos con los carteles que son el verdadero poder detrás de este comercio que, según se afirma, constituye una parte esencial de la liquidez de los mercados mundiales, en los cuales ese flujo se blanquea y pasa a sumarse a la financiación de las transacciones y especulaciones insertas en el marco de la ley. Se dice que, sin esos dineros, el mercado mundial se derrumbaría.

A nivel global la droga, su comercio y el aquelarre político y militar que se suscita en su torno son característicos de estos tiempos donde se tiene la sensación de que todas las orientaciones ideológicas se han perdido y en los cuales lo secundario ocupa el lugar de lo principal. El narcotráfico y el terrorismo, preferiblemente vinculados entre sí, brindan la justificación perfecta para sostener el dinamismo propio de un sistema de dominio encerrado en sí mismo y que requiere de pretextos para seguir perpetuando su sistema de relaciones sociales. No es casual que al derrumbe de la Unión Soviética lo haya seguido el recrudecimiento de la amenaza terrorista y la agravación del problema de la droga. Encaramado sobre estos dos problemas Estados Unidos ha multiplicado sus políticas intervencionistas en terceros países; aunque, como sucediera con los británicos en la época de la guerra del opio, no vacile en estimular e imponer allí donde lo considere necesario el cultivo y la industrialización de esos cultivos, dando lugar a la producción de estupefacientes. Afganistán es un caso típico, y en algún momento también lo fue el sudeste asiático. El propio mercado interno norteamericano, asimismo, es el que se erige en el foco de atracción para los barones de la droga. Sin la enorme disponibilidad que ese mercado ofrece, el comercio de esta caería verticalmente y el problema se encontraría resuelto en gran medida.

La desazón psicológica y la carencia de objetivos que se perciben en el conglomerado de la sociedad moderna son, junto a la miseria extrema, parte fundamental para la expansión de la droga. Por aburrimiento y vacío existencial en el caso los privilegiados, o, en el otro extremo, por la necesidad desesperada de aturdirse para paliar el hambre para escapar de esta trepando metralleta en mano por la escala que conduce a los niveles superiores de la sociedad mafiosa, el mapa del delito se configura como un espacio dentro del cual sólo cabe agitarse sin salida. Esta configuración conviene al sistema. Aturdir, degradar o desviar un dinamismo que podría promover el cambio social, es connatural al sistema.

La otra cara de este fenómeno es el totalitarismo comunicacional que lo completa. La televisión es el principal vehículo de la degradación cultural que este acarrea. Estas sociedades se encuentran sometidas a un doble bombardeo, que aspira a rematar con el uno lo que no ha conseguido obtener con el otro. El empobrecimiento del lenguaje y la consiguiente incapacidad para designar y pensar que esto supone, la invasión del cholulismo y la pornografía física y mental que cabe detectar en programas fogoneados para conseguir la mayor audiencia a través de recursos baratos, son parte de una misma adicción, en este último caso claramente fomentada desde los estratos del establishment, sea este local o global. Mientras que la droga –cocaína, heroína o lo que fuere- tiende a anular la voluntad y a sumir en la atonía al individuo, la segunda variante remite a la formación de una mentalidad colectiva carente de libertad, incapaz de analizar el hipertexto que se le sirve y que el usuario recepta con pasmo, creyendo todavía que tiene libertad de elección pues puede pasar de un canal a otro… sin percibir que en uno o en todos se encuentra casi siempre con lo mismo, disfrazado cuanto mucho con diferente ropaje.

Los estupefacientes están a la orden del día. No nos vamos a liberar atendiendo sólo a ellos, sin preguntarnos dónde están los núcleos de poder social que los suscita. Esto es, dónde reside la alienación de una sociedad capitalista, que ha perdido su atribución, que era básicamente productiva, para concentrarse sobre sí misma a través del trámite especulativo. En ella lo que era principal –la producción y la creación de una riqueza tangible- ha devenido en lo secundario, mientras que lo accesorio –los medios que servían para financiar a la primera- se ha convertido en el dueño indiscutible del terreno.

Así pues, si se verifica, la despenalización de la tenencia de droga se erigirá en otro espejismo, que contribuirá a potenciar el batifondo que aturde nuestros oídos y se bifurca entre la opción liberal y la represiva, sin que ninguna de las dos atinen a diagnosticar el fondo de la cuestión, que no está en las excrecencias, sino en la naturaleza misma del régimen que nos domina, y en la necesidad de elaborar una construcción ideológica que lo supere.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...

“La profesión ha ido perdiendo idealismo”

Agustín Ramírez (PRENSA RED)

Desde su experiencia profesional, en la que ha logrado superar los obstáculos del difícil mercado mediático cordobés, Carlos Marcó -actual editor de la página web de Cadena 3- analiza con realismo al periodismo actual y plantea los desafíos para “sostener la práctica de nuestra profesión y hacerla un camino de vida”.

Cuando nos encontramos en una charla de esas en las que cada palabra toma importancia, es muy probable que las horas corran sin un límite establecido. Y si la persona a la que entrevistamos, es un periodista amante de su profesión, ese segundero se transforma en frases más que interesantes.

Carlos Marcó es el responsable de la página web de Cadena 3 y un periodista fanático de su trabajo.

Un gran abanico de temas se abordó en la charla, entre ellos la imagen del periodismo actual, la libertad de expresión y los medios digitales.

Quien fuera también uno de los artífices del quincenal Informe Córdoba, nos cuenta que “hoy, los periodistas que hemos tenido la fortuna de irnos acomodando a distintas circunstancias para poder sostener la práctica de nuestra profesión, y hacerla un camino de vida, hemos ido sintiendo que cada vez tenemos menor poder de decisión respecto a aquello que, finalmente le llega al público. Cada vez, directa o muy sutilmente, ese mensaje tiene una orientación empresaria”.

Dentro del campo de las definiciones sobre la actualidad de su vocación, nos asegura que “hemos dejado de ser bohemios, idílicos, utópicos y, en muchos casos, hasta valientes. Creo que el periodismo de los ´70 y ´80 tenía una valentía que no tenemos nosotros hoy”.

Admirador de Luis Rodeiro y de aquellos memorables periodistas de décadas pasadas, Marcó sostiene que el trabajador de los medios es, precisamente, el canal por el cual una información, a veces edulcorada, llega a la opinión pública: “Hoy es oficio lo que se debe tener, hoy no hay docencia. La profesión ha ido perdiendo idealismo”.

En tiempos contemporáneos, se resalta la idea de la libertad de expresión dentro de los medios masivos, así como también se pone a prueba la capacidad de éstos en relación a su compromiso con la sociedad. Para Marcó, “ya no hay censura”, sino que “es una línea periodística que se sigue. La censura ni siquiera se expresa, uno mismo va viendo claramente cuáles son los límites”. Esos límites que imponen las pautas de mercado, en los que se ven inmersos los trabajadores de prensa.

Los avances tecnológicos lograron involucrarlo en el excéntrico mundo de la Internet, específicamente en el de la página web del medio para el cual trabaja, y resultó toda una aventura para él emprender ese nuevo desafío.

“El periodismo digital está muy combinado con la gráfica. Impone una serie de claves, de desafíos, de particularidades”, explica el encargado de mantener informada a la gran masa de público virtual de LV3. Afirma que, además, tiene “la particularidad de que mi página web está detrás de una radio y yo debo seguir la dinámica de la radio, que es un “tren” y que genera muchísimo caudal de información. Así que es muy dinámica, más que los demás medios web”.

Esa última característica explica el poderío de las páginas de Internet, que están atravesando un momento de gran popularidad dentro del ámbito informativo. Pero la noticia se trabaja de otra manera, hay que estar constantemente dentro de la web. “Siempre necesitas editar, dirigir, todo el tiempo estás corrigiendo y cambiando cosas”, sostiene con cierta sorpresa el entrevistado.

Si bien el estilo y la estructura de este “nuevo medio” es innovador y diferente, no pasa así con la redacción ya que “es muy directa, de pirámide invertida y no hay tiempo para el juego literario”.

Agustín Ramírez integra el Taller de Redacción Periodística del Cispren y Radio Nacional Córdoba, coordinado por Alexis Oliva.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...

Argentina: Causa por soldado correntino estaqueado. Vejámenes contra conscriptos no prescriben

MOMARANDU

La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia expuso los fundamentos de los fallos donde rechazó dos recursos de apelación, contra las resoluciones de dos juezas que consideraron a partir del caso de un soldado correntino que los vejámenes de militares contra conscriptos son delitos de lesa humanidad.

El 24 de junio último, el tribunal se expidió en ambas causas desestimando las apelaciones, pero postergó la publicación de los fundamentos de las decisiones y que ahora fueron dados a conocer.

Están imputados oficiales del Ejército por vejámenes contra soldados durante el conflicto bélico en 1982. Una de las juezas que atendió la causa se encuentra en Río Grande y la otra en Comodoro Rivadavia

La causa investiga 74 degradaciones, “estaqueamientos, enterramientos y deliberada falta de alimentación, del personal superior de las Fuerzas Armadas a los soldados conscriptos que participaron en la contienda del Atlántico Sur entre el 2 de abril y el 14 de junio del año 1982”.

En el marco de un incidente de incompetencia y prescripción, la jueza Liliana Herraez dijo -en marzo pasado- que los hechos investigados son delitos de lesa humanidad y por consiguiente, imprescriptibles.

La cámara, en fallo dividido, dijo que “los elementos obrantes en la causa permiten al momento señalar que la aplicación de sufrimientos, consistente en la privación injustificada de alimentos, aplicación de sanciones ilegitimas y degradantes a los integrantes de la propia tropa, habría sido una práctica corriente realizada por el personal superior durante la guerra del Atlántico Sur. Hechos estos que por su presumible generalización merecen ser categorizados prima facie como crímenes de lesa humanidad”.

“En el caso las acciones degradantes contra los conscriptos habrían sido deliberadamente perpetradas y bajo el amparo de cargos oficiales que otorgaban superioridad, transgrediendo de este modo normas universalmente aceptadas por el Derecho Internacional”, agregó.

La jueza Eva Parcio de Seleme, titular del Juzgado Federal de Comodoro Rivadavia, rechazó en febrero último una excepción de prescripción en una causa similar.

La magistrada sostuvo que los hechos investigados están enmarcados en el contexto histórico que atravesó el país entre 1976 a 1982, en el marco del denominado Proceso de Reorganización Nacional, “coincidente con las ilegitimas e ilegales acciones y crímenes aberrantes cometidos por la última dictadura militar”.

Agregó que “la guerra de Malvinas formó parte de ese nefasto proceso con un inusitado proyecto de mantenerse en el poder. Que el hecho investigado forma parte en su generalidad, de un conjunto de hechos similares en relación a que las víctimas resultaban ser soldados conscriptos en el conflicto armado de Malvinas y que fueran cometidos en su perjuicio por algunos Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Armadas cometidos tanto en el continente como en el territorio de las islas”.

Para la cámara, también en fallo dividido, no existen elementos que permitan concluir en que la conducta imputada respondiera a un plan preconcebido, relacionado con la prácticas desarrolladas para combatir la subversión por los integrantes del último gobierno militar.

“Sin embargo, concurren otros fundamentos que posibilitarían subsumir el accionar investigado, más allá de la eventual acreditación de su materialidad y subsunción jurídica, dentro de los delitos de Lesa Humanidad”, agregó.

La prueba colectada permitiría considerar que la aplicación de sufrimientos, consistentes en la privación injustificada de alimentos, aplicación de sanciones ilegitimas y degradantes a los integrantes de la propia tropa, fue “una práctica corriente”.

Acciones llevadas a cabo por “el Personal Superior durante la guerra del Atlántico Sur, como parte de una política de supremacía de los altos mandos que se encontraban en combate por sobre los soldados de inferior jerarquía”.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...

Argentina, Tucumán: Emotivo acto inaugural del Séptimo Congreso de Trabajadores de Prensa

PRIMERA FUENTE

Los talleres ferroviarios de Tafí Viejo fueron el marco ideal, por su potente simbolismo, para abrir el encuentro anual de debates y reflexión de la Asociación de Prensa de Tucumán. Durante la ceremonia se realizó un homenaje a los trabajadores desaparecidos. Hablaron Oscar Gijena, secretario general de la APT y Javier Pucharras, intendente de la ciudad que recibió a compañeros de toda la provincia, Rosario, Córdoba, Salta, Santiago, Jujuy y San Luis.

Un emotivo acto en los talleres ferroviarios de Tafí Viejo marcó el inicio formal del Séptimo Congreso Provincial de Trabajadores de Prensa. Una hermosa mañana puso el marco ideal para la ceremonia, que contó con la presencia de Oscar Gijena, secretario general de la Asociación de Prensa de Tucumán (APT), Javier Pucharras, jefe comunal de la ciudad que en esta oportunidad fue designada sede del emblemático espacio de debate de la APT, autoridades municipales, más de 100 trabajadores de prensa y la Comisión Directiva gremial.

Frente a los inmensos galpones que supieron dar trabajo o más de 6.000 obreros se descubrió una plaqueta en memoria de los trabajadores desaparecidos y se depositó una ofrenda floral. Luego de un minuto de silencio, Nancy Jaime entonó una impactante versión de “No llores por mi Argentina” del musical Evita. Alumnos de las escuelas de la zona portaron las banderas de ceremonias al momento de entonar el Himno Nacional con el acompañamiento de la banda de música de la municipalidad.

Durante su discurso, Oscar Gijena agradeció el apoyo de a intendencia para llevar adelante el Congreso y puso de relieve la enorme importancia del mismo para fijar la política sindical. “Este es el espacio en el cual los trabajadores de prensa tenemos que dar el debate de manera horizontal, buscando entre el camino para terminar con las injusticias que sufrimos a diario en la enorme mayoría de los medios de comunicación, que se llenan la boca hablando de libertad de expresión, cuando nosotros sabemos que puertas adentro no se discute nada, y es un solo una frase de ocasión para defender sus intereses”, destacó.

Respecto del lema de Congreso, que está surcado por la necesidad de recuperar la política como una herramienta válida en manos de los trabajadores para alcanzar mejores salarios, condiciones dignas para desenvolverse como profesionales, acceso a la vivienda y la educación. “Conocemos como desde los grandes medios se impulsan candidatos que luego de las elecciones desaparecen, la lucha de los trabajadores desde la política es un lugar que tenemos que recuperar, dando primero la discusión entre nosotros, de manera fraterna, sin temerle a las diferencias que seguramente existen”, sintetizó.

En este sentido, Gijena, insistió en que hay que recordar los motivos por los cuales los talleres ferroviarios están cerrados haciendo hincapié a las malas políticas y a la ausencia del debate que hubo después de que se haya arrasado a casi una generación entera del proceso militar. “Nosotros somos un gremio estratégico porque participamos en el proceso de comunicación del país y por eso no podemos dejar de hablar de política entendiendo que la información es un bien social”, señaló el dirigente de los trabajadores de prensa.

Por su parte, Javier Pucharras dijo que “siente impotencia” cuando debe hacer frente a los reclamos de los ciudadanos de Tafí Viejo por promesas incumplidas y proyectos que no terminan de concretarse por pujas de intereses que son ajenos al bienestar de la sociedad. Y puso como ejemplo la situación del tren de pasajeros entre Tafí Viejo y la Capital.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...

Argentina: Un tercio del gasto en salud lo paga la gente de su bolsillo

La población más vulnerable, que depende del sistema público para el cuidado de su salud, debe pagar los fármacos -que aumentaron 17,5% en el último año- al 100%, ya que no recibe descuento alguno. Esto lleva a que destine más dinero de su acotado presupuesto que quienes cuentan con mayores ingresos y cobertura de obra social o prepaga. Datos divulgados con vistas al próximo Congreso de Salud del 10 de septiembre.

La población más pobre de la Argentina y los trabajadores en negro no sólo tienen los menores ingresos, sino que además deben destinar más dinero para adquirir los medicamentos necesarios para el cuidado de su salud, ya que por carecer de obra social o prepaga, están obligados a abonar los fármacos al 100%, sin descuento alguno.

Además, los precios de los medicamentos aumentaron 17,5 por ciento en promedio en los últimos doce meses, según investigaciones de la Universidad Nacional de la Plata, realizadas sobre un total de 15.712 especialidades medicinales, lo cual agrava este cuadro de por sí complejo.

Este es el mayor incremento interanual en cuatro años y entre los fármacos más vendidos las subas superan el 20 por ciento. Este desembolso impacta en mayor proporción en los ingresos más bajos y limita el acceso a la salud de vastos sectores.

El llamado “gasto de bolsillo” representa el 33% de la inversión total del país, y ha aumentado por el impacto de la inflación en algunos rubros y también por el aumento en prestaciones, insumos hospitalarios, aranceles de la medicina privada y -fundamentalmente- la compra de medicamentos.

Así, mientras la población que cuenta con cobertura médica privada accede a importantes descuentos (entre el 40 y el 60 por ciento) en este rubro, los sectores de menos recursos -desocupados y trabajadores en negro que carecen de cobertura- deben afrontar ese gasto en su totalidad.

Inciden tambien en este rubro la medicina alternativa y complementaria, como homeopatía, quiropráctica y acupuntura, vinculadas esencialmente con el dolor, que. Incluyen prestaciones no cubiertas por las prepagas y las obras sociales.

Los datos surgen de un trabajo elaborado por la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (ACAMI), con vistas al XII Congreso Argentino de Salud que se realizará el 10 de septiembre próximo en Ushuaia, con la participación de referentes del sistema sanitario, especialistas y autoridades nacionales y provinciales.

ACAMI, la entidad organizadora del Congreso, nuclea a 27 prestadores sin fines de lucro, como CEMIC, FLENI, OSDE y los hospitales Alemán, Británico e Italiano, entre otras instituciones del sistema de salud.

En la Argentina hay 18 millones de personas sin cobertura de obra social o prepaga -un 45% de la población- y el escaso presupuesto familiar debe destinarse cada vez más a afrontar la compra de fármacos o realizar estudios para los cuales ese sector de la sociedad carece de cobertura.

El titular de ACAMI, licenciado Marcelo Mastrángelo, destacó la necesidad de poner en marcha una “política de Estado que apunte a un mayor acceso de la población a los medicamentos y brinde cobertura a los sectores de menores recursos”.

“En muchos casos –dijo- los pacientes dejan de asistir a la consulta médica en el hospital público, pues implica gastos de transporte, horas perdidas de trabajo y presienten que la misma terminará en una receta que, para aumentar su frustración- no podrán afrontar”.

Igual, los 1.200 hospitales públicos con internación distribuidos en todo el territorio nacional reflejan un crecimiento sostenido de la demanda, que en numerosos casos llega al colapso de los servicios, como se observó desde el inicio de la pandemia de Gripe A.

Sólo para la Capital Federal, se calcula que los 33 hospitales porteños atienden más de 10 millones de consultas anuales, buena parte proveniente del conurbano bonaerense, donde la infraestructura hospitalaria atraviesa una severa crisis.

Si se tiene en cuenta que el gasto en salud rondará los 80.000 millones de pesos este año, los argentinos deberán destinar unos 26.400 millones de pesos de su presupuesto familiar para adquirir medicamentos y afrontar otros gastos sanitarios.

Así, el gasto directo de bolsillo, que en el 2004 rondaba los 400 pesos por persona, aumentó un 275 por ciento en cinco años.

El Estado, en tanto, con menos de la cuarta parte del gasto total (24 %) debe atender a casi la mitad de la población. De los casi 40 millones de habitantes que tiene el país, se estima que el 45 por ciento es atendida por el sistema público, otro 47 por ciento por las obras sociales y el PAMI y el 8 por ciento restante por las prepagas, de acuerdo con los datos de ACAMI.

Según el trabajo, que será analizado el 10 de septiembre próximo en el Congreso de Salud, la Argentina tiene un sistema sanitario “asimétrico”, donde los pobres y empleados en negro se atienden en el hospital público y deben pagar el 100 % por los medicamentos; los trabajadores en blanco concurren a las obras sociales y los sectores medios altos se atienden mayoritariamente en prepagas.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...

Argentina, Mendoza: La pobreza golpea las puertas de los municipios

Liliana Hidalgo - Soledad Blat (MDZOL)

La crisis hizo que se aumentaran la demanda de asistencia en las comunas. En algunos departamentos se está dando el doble de bolsones de comida y en otros aumentó casi en un 30% la solicitud de distintos beneficios.

El debate nacional desatado después de que la Iglesia Católica reposicionara la "escandalosa" pobreza no hizo más que transparentar la creciente demanda de asistencia social. Desde el Estado provincial ya se asiste a 450 mil personas de las cuales son 283 mil niños. 

En realidad se trata de un coletazo de la crisis financiera mundial que empezó el año pasado –y en la que Mendoza no es ajena–. Esto hizo que las comunas vieran incrementado el número de personas que cada día van por auxilio ante el empobrecimiento familiar y muchas veces no les alcanza para los alimentos básicos que necesitan a diario.

Desde que arrancó 2009 las municipalidades empezaron a ver que cada vez eran más las personas que solicitaban algún tipo de beneficio. En la mayoría de los municipios del Gran Mendoza trepó casi hasta el 30% en todo tipo de ayuda y en otros –sólo en bolsones de comida – se está entregando el doble de asistencia. 

En Las Heras, Godoy Cruz, Luján de Cuyo y Capital admiten que hay incremento de pedidos pero todos aseguran que a pesar de eso el apoyo no ha cesado. 

“Desde principios de este año ha aumentado la demanda. Los pobres están un poco más pobres. Nosotros tratamos de ayudar a todos los que vienen a pedir al municipio. La ayuda no ha dismuido, por ahí se demora pero eso no significa que vamos a dejar de destinar recursos. Vamos a hacer todo el esfuerzo para que no disminuya”, explicó José Ginanneschi, director de Desarrollo Humano y Comunidad de Las Heras. A la vez alegó que las prestaciones que brindan ellos se sostienen con “los fondos descentralizados de la Provincia y los fondos municipales”.

El funcionario explicó además que entre 2008 y 2009 “ha aumentado el pedido de ayuda entre el 20 y el 30%”. Igual, él ve que va a haber una mejora. “Creo que esto se va a sostener y a fin de año se va a estabilizar. Yo no soy tan pesimista. Lo importante es generar puestos de trabajo para no caer en el asistencialismo. No hay que poner la asistencia como la salida porque no da resultado eso”.

Las oficinas de ayuda social de las municipalidades trabajan con un grupo de asistentes sociales que son los encargados de evaluar las necesidades de la gente. Y a partir de allí les dan ayuda que tiene que ver con alimentos, medicamentos, materiales de construcción, tickets de dinero y en algunos casos puntuales, colchones, frazadas y ropa.

La situación en Luján de Cuyo, es similar a la de otros municipios con la demanda de ayuda. Es por ello que según indicó Arnaldo Bragagnolo, director de Desarrollo Familiar y Social de ese departamento “le hemos pedido a las trabajadoras sociales que hagan un trabajo más fino para llegar a las personas que más lo necesitan. Hay el mismo recurso que de principio de año para una gran demanda de gente. Hay días en que no se da abasto”.

El funcionario también estableció que “ahora se nota más cómo ha impactado la crisis”. Y contó que en su municipio hay un 30% más de pedidos que el año anterior, pero que desde la comuna que comanda Omar Parisi (PD) “hemos tratado de optimizar los recursos”.

En Godoy Cruz José Teves, director de Desarrollo Social explicó que se han duplicado la cantidad de bolsones de alimentos que entrega esa comuna por mes. “El año pasado estábamos en 200 y hoy en 400”, señaló el funcionario de la comuna que comanda el cobista Alfredo Cornejo.

“La preocupación nuestra es que a esta altura el Gobierno ya debería haber implementado nuevos programas para hacer frente crisis”, afirmó el funcionario.

Téves indicó además que con respecto al tema de los recursos “estamos en etapa de seguimiento muy estrecho de la situación y vamos evaluando todo el tiempo”. Y aclaró: “Hoy tenemos fondos, tampoco estamos en situación de crisis de 2001”.

Desde el municipio de Capital, Sandra Gómez, secretaria de Gobierno, manifestó que en estos últimos meses se ha duplicado la cantidad de bolsones de mercadería que entregan por día, es decir de 6 ahora dan 15.

La funcionaria, destacó que gracias al trabajo de Hacienda de la comuna es que han logrado optimizar los recursos, ya que desde que se inició el año, tenían claro que el 2009 sería muy duro en materia financiera.

“Para el municipio la ayuda social es fundamental, no hemos recortado la asistencia, la hemos optimizado pero hemos visto como en este último tiempo se ha incrementado la cantidad de personas que la solicita, sobre todo en el aspecto alimentario y de medicamentos”.

Con respecto a los alimentos, la funcionaria, manifestó que los bolsones con mercadería se sustentan con recursos descentralizados de la provincia, al igual que los programas “De la esquina a la escuela” y el “Nutrivale”.

La comuna, por su parte, asiste con fondos propios a jardines maternales, municentros y clubes. Pero además se brinda ayuda cuando surgen problemas climáticos, desde el área de emergencia social, ante un fuerte zonda o aluvión. En este aspecto lo que más se solicita es nylon, maderas, colchones, frazadas.

En general, Gómez, señaló que lo uno de los motivos principales que ha llevado a la gente a solicitar más ayuda social, es la falta de trabajo, o la pérdida del mismo, que según la funcionaria se ha incrementado en estos últimos meses.

Maipú y Guaymallén dicen que no sumaron pedidos de asistencia

En Maipú, destacaron que a diferencia del resto de los municipios, en la comuna la asistencia social no se ha incrementado, sino que en estos últimos tres años se ha mantenido estable.

Luis Novillo, subsecretario de Gobierno del departamento, dijo que lo que más se solicita es mercadería, medicamentos y materiales de construcción.

Con respecto a los centros de salud, aseguró que se entrega la leche correspondiente para los niños de cero a cinco años.

El funcionario, destacó que el área de Desarrollo de la comuna no ha sufrido recortes, pero sí confirmó que en el municipio se han hecho ajustes administrativos frente a la emergencia económica.

Otro de los municipios que aseguró que no han aumentado los índices de asistencia social, es Guaymallén. Desde la comuna, el director de Bienestar y Desarrollo Humano, Rafael Moyano, manifestó que a pesar de la situación económica los programas de ayuda y emergencia social se están llevando a cabo sin alteraciones.

Uno de los motivos que esgrimió el funcionario para destacar que no se ha elevado el número de personas que solicita asistencia, es que se ha trabajado fuertemente en cambiar las políticas de asistencialismo.

“Hemos querido fortalecer la estructura familiar con capacitación y educación para que así la gente tenga herramientas para poder valerse por sí misma y no depender tanto del Estado”, explicó Moyano.

A su vez, señaló que “antes se daban bolsones de alimentos por cualquier cosa, y así haya o no crisis siempre se te van a multiplicar los pedido, por eso, ahora trabajamos fuertemente para erradicar esas políticas”.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...

Argentina, Tucumán: Llamarían a indagatoria a responsables de los ingenios por contaminación ambiental


PRIMERA FUENTE

El juez federal Mario Racedo llamaría próximamente a prestar declaración indagatoria a directivos de 11 ingenios por presunta violación a la ley de Residuos Peligrosos 24.051. Se trata de una causa que ya lleva más de dos años de vigencia y en la que varios peritajes corroboraron el impacto ambiental generado por las fábricas azucareras. Armados de paciencia, víctimas de esta situación se volvieron a reunir con el juez para insistir en el avance de la causa y en la búsqueda de responsables.

El juez federal subrogante Nº 2, Mario Racedo, se aprestaría en los próximos días a llamar a prestar declaración indagatoria a directivos de 11 ingenios de la provincia por presunta violación a la ley de Residuos Peligrosos 24.051.

Así lo confirmaron a primerafuente integrantes de la organización Unión de Vecinos del Sur (Univec) quien el miércoles pasado se reunió con Racedo para verificar el estado de la causa por la presunta contaminación causada por las fábricas azucareras tucumanas a la cuenca Salí-Dulce.

“Los propios asesores de Racedo nos mostraron documentación que constata el inmediato llamado a declarar a directivos de los ingenios. Creemos que es un avance en el marco de una causa que ya lleva un par de años sin que la situación se haya alterado. Le pedimos al juez que cite a declarar en forma urgente a los responsables de las fábricas contaminantes”, explicó el referente ambiental, Gustavo Masmud, a primerafuente.

Durante 2007, las ONG Eco Bio Term, Movida Ambiental Termas y Univec aportaron documentación a Racedo -acompañada con más de 10 mil firmas de vecinos- en el marco de una causa iniciada por el gobierno de Santiago del Estero para que se investigue a los responsables del desastre ambiental que generan las empresas tucumanas en los cauces naturales de agua.

Vale recordar que Racedo tiene en sus manos la situación de de 11 ingenios y se inhibió de actuar en el resto (son 15 en total) debido a actuaciones que tuvo durante el ejercicio de su profesión en el ámbito privado.

Por lo tanto, investiga los casos de los ingenios Aguilares, Bella Vista, Cruz Alta, La Florida, La Fronterita, La Providencia, La Trinidad, Ñuñorco, San Juan, Santa Bárbara y Santa Rosa. De esta forma, los casos de los ingenios Concepción, Marapa, Leales y La Corona, fueron remitidos al juez federal subrogante Nº 1, Daniel Bejas, quien también investiga las causas en el marco de la Ley nacional 24.051 de Residuos Peligrosos.

Pruebas que confirman el daño ambiental

En el transcurso de la causa contra los ingenios, se recopiló un importante número de pruebas que ratifican el impacto ambiental que originan las fábricas azucareras.

El propio fiscal general federal Antonio Gustavo Gómez inició de oficio una investigación preliminar el 18 de agosto de 2006, en pleno período de zafra azucarera. A través de esta se tomaron muestras de agua y aire que arrojaron niveles de contaminación cuyos parámetros superaron lo establecido en la ley 24.051.

Gracias a estos peritajes, fue que los 15 ingenios tucumanos terminaron bajo la lupa de la Justicia por su daño al medio ambiente.

En tanto, en septiembre de 2007 un peritaje realizado por efectivos de Gendarmería Nacional en diferentes ríos del sur de la provincia corroboró su contaminación a partir de la existencia de determinados valores por encima de lo permitido por ley.

El análisis arrojó que valores como la Demanda Química de Oxígeno (DQO) y a la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO), superaron los parámetros estipulados por la resolución 963/99 de la Secretaría de Ambiente de la Nación y por la resolución 1265/2003 del Sistema Provincial de Salud.

Las extracciones de líquidos se produjeron en el marco de los allanamientos que había ordenado el juez Racedo para investigar en qué grado contaminan los residuos tóxicos que arrojan estas fábricas azucareras en los cursos de agua que desembocan en la Cuenca Salí-Dulce.

Foto: Argentina, Tucumán - Los ingenios son blanco del repudio de los vecinos afectados por la contaminación. / Autor: PRIMERA FUENTE

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...

Argentina: Entrevista a Pablo Micheli - “Miles y miles de trabajadores vamos a estar movilizados”

ATE - ACTA

En el marco de las medidas de fuerza decididas por la conducción de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE-CTA) para el día 26 de agosto con movilizaciones en todo el país, realizó declaraciones el secretario general del gremio estatal Pablo Micheli.

A continuación, parte del diálogo mantenido con el secretario general de ATE y secretario Adjunto de la Central de Trabajadores de la Argentina, Pablo Micheli:

¿Han decidido medidas de fuerza?

Sí, ATE reunida su conducción nacional, estando los secretarios generales de todas las provincias resolvió hace muy poco días realizar un paro nacional de ATE, y comprende al estado nacional, provincial y municipal, con movilizaciones en todas las ciudades mas importantes para el día 26, donde miles y miles de trabajadores vamos a estar movilizados.

¿El fundamento de esta medida?

Nosotros estamos con una fuerte preocupación por la crisis que están atravesando en todas las provincias y municipios. Tengamos en cuenta que la coparticipación federal por cada peso que entra al gobierno nacional solo 0,25 va a las provincias. Y teniendo en cuenta que en la época de los 90 hubo una profunda reforma del estado, por lo cual hoy les decimos que el Ministerio de Salud de la Nación no tiene hospitales, tenemos un Ministerio de Educación que no tiene escuelas, porque esto fue transferido a las provincias y a los municipios. Se hacen cargo de la educación, de la salud y de la mayoría de los problemas, los trabajadores provinciales y municipales mientras el gobierno de la nación es quien mas retiene el dinero. Por lo cual hay una crisis de atrasos salariales terribles y una disparidad en mismas funciones. Trabajadores del Gobierno de la Ciudad tienen salarios totalmente diferentes en la provincia de Buenos Aires ó en Jujuy ó cualquier otra provincia del país. Hay una situación donde la mayoría de los trabajadores estatales de la Argentina, cerca de los 3 millones, están bajo la orbita de las provincia contra los 300.000 que hay en el estado nacional. Hay que hacer rápidamente que el Gobierno Nacional genere esta repartición de la coparticipación totalmente distinta.

¿Cómo debería hacer el gobierno para reorganizar esa distribución sin que afecte a los trabajadores?

Como venimos diciendo desde ATE y CTA, este Gobierno debe dejar de subsidiar a los grupos económicos concentrados en la Argentina, privatizadas, para poder poner dinero en el mercado popular interno para que haya mejora en el consumo popular. Estamos y hablando que casi 3 millones de trabajadores tengan un salario más digno, tengan asignaciones familiares acorde a lo que se necesita y no la disparidad porque hay municipios que cobran 6 pesos por hijo, una cosa absolutamente aberrante. Y es cierto que acá hay un problema concreto de falta de fondo, por eso nosotros pedimos que haya una modificación a la ley de coparticipación federal y que las provincias reciban más dinero que, el gobierno nacional tiene y lo usa para pago de intereses de la deuda, para pagar subsidios a los grupos económicos.

Es claro lo que plantea el gremio. Debe haber casos que no llegan ni siquiera al 15 del mes con esos salarios..

No, en el caso de los provinciales no llegan al día 15, en muchos casos municipales no llegan ni al día 10 en gran parte de la Argentina. Tienen salarios paupérrimos que inclusive ni siquiera les abarca a los trabajadores municipales y provinciales el Salario Mínimo Vital y Móvil. Hay infinidad de trabajadores estatales, municipales y provinciales de la Argentina que cobran menos de 1500 pesos, menos de los que dice el SMVM. ¿Cómo es la paradoja? Así como la coparticipación es injusta, ocurre lo mismo con el salario mínimo. El gobierno nacional aprueba un salario mínimo para todos los trabajadores de la Argentina y puede sancionar a un privado, a una PYME, como ocurrió en caso del Chaco, porque no paga el salario mínimo vital y móvil a sus trabajadores. Pero el gobernador del Chaco paga mucho menos, no tiene obligación, lo cual nosotros reclamamos que el salario mínimo sea para todos los trabajadores nacionales, provinciales y municipales.

¿Cuándo se va a llevar adelante este plan de lucha? ¿O es una profundización del plan de lucha?

La medida será el día 26, con un paro de 24 horas con movilizaciones en toda la Argentina frente a la casas de cada la gobernación, de las legislaturas para reclamarles también a los gobiernos locales que peleen la mayor coparticipación y reclamarles a los senadores nacionales del Estado nacional de cada provincia que se preocupen por la vida de los estatales en cada provincia porque sino van a tener una presencia de todos los trabajadores en cada provincias manifestándose en la ciudad que residan. Yo creo que estamos en la profundización de un plan de acción porque no hay miras de este gobierno nacional de poder cambiar, no solo el tema de la coparticipación sino la disputa del poder de la riqueza.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...

Brasil: El alto precio del apoyo al senador José Sarney


Por nueve votos a seis, la mayoría oficialista rechazó el pedido de los miembros de la oposición de reconsiderar la decisión del presidente del consejo, senador Paulo Duque, que antes había decidido no hacer lugar a los cargos contra Sarney.

Para llegar a ese resultado fueron decisivos los tres votos del Partido de los Trabajadores (PT, en el gobierno), pronunciados en voz baja por sus avergonzados senadores, luego de haber sido presionados por el presidente Luiz Inacio Lula da Silva.

Inicialmente los senadores del PT, que ya habían pedido públicamente el alejamiento de sus funciones del presidente del Senado, se proponían votar a favor de una (cualquiera) de las 11 acusaciones contra Sarney, como forma de salvar las apariencias.

Pero el presidente Da Silva no estuvo de acuerdo con esa estrategia. En una tensa reunión, su jefe de gabinete, Gilberto Carvalho, transmitió al senador Aluisio Mercadante, líder de la bancada en el Senado, la orden de salvar a Sarney.

Para cubrir a sus tres compañeros del consejo, Mercadante leería una carta del presidente del PT, Ricardo Berzoini, en la que se establecía, como línea del partido, el voto a favor del presidente del Senado.

Percibiendo que eso lo sometía a una violenta contradicción consigo mismo, que había defendido siempre la posición contraria, Mercadante dejó la lectura de la carta a su colega Joao Pedro, integrante del Consejo de Etica.

Con esa justificación basada en la disciplina partidaria, los tres votos del PT enterraron la posibilidad de que los actos de Sarney fuesen juzgados por el consejo.

"Con toda sinceridad, yo ya no sé quien representa al PT de los orígenes, actualmente: si los que abrazan a Sarney o la senadora Marina (Silva, que el mismo día anunció su salida definitiva del PT)", comentó el senador independiente Pedro Simon.

Públicamente desautorizado, el senador Mercadante anunció que renunciaría al liderazgo de la bancada de su partido, fijando día y hora para un discurso que haría en el Senado. Luego, sin embargo, postergó el pronunciamiento.

Y cuando finalmente subió a la tribuna, fue para anunciar que seguía siendo líder del PT en el Senado, para atender a un pedido del presidente Lula, "a quien no podía negar nada".

La primera reacción interna a la sucesión de episodios correspondió al senador Flavio Arns, del ala católica del PT, quien anunció su salida del partido, por estar demasiado avergonzado con la actitud de sus colegas.

"El PT echó la ética a la basura", acusó Arns. "Los senadores petistas quedaron en una posición subalterna, y el partido le dio la espalda a la sociedad y a las banderas que le habían sido tan caras", completó.

El mismo jueves, la senadora Marina Silva confirmó su salida del PT, una decisión que ya había anunciado antes como posibilidad, después de haber sido invitada a ser la candidata a la presidencia por el Partido Verde.

Ex ministra del Medio Ambiente, cargo que abandonó después de ser desautorizada por el presidente en las cuestiones amazónicas (su especialidad), Silva se había mantenido como una de las "reservas morales" del partido.

Pero el aislamiento político en que se encontraba dentro del PT se había vuelto intolerable, mientras su salida la trajo de vuelta a la luz de los reflectores y su posible candidatura la convierte en un importante factor político en el año electoral de 2010.

Nadie cree, seriamente, que la candidatura presidencial de Marina Silva tenga alguna posibilidad; pero si se confirma, quitará a la disputa el carácter plebiscitario que el presidente Da Silva quería imprimirle.

En lugar de tener que optar entre la candidata de Da Silva, Dilma Rousseff, y el probable candidato socialdemócrata José Serra, actual gobernador de Sao Paulo, el elector dispondrá de una opción más, identificada con la defensa del medio ambiente.

Los votos que reciba la senadora seguramente no la llevarán a la presidencia, pero pueden ser decisivos para llevar la elección a una segunda vuelta, lo que por sí solo representaría una derrota de la estrategia de Da Silva.

Por otra parte, diez de los doce senadores del PT tendrán que disputar la reelección en 2010, cuando terminan sus mandatos. Y lo harán con el peso de estar marcados, ante la opinión pública, como los salvadores del senador Sarney. 

Foto: Brasil – El presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el presidente del Senado, José Sarney, una recepción en el Palacio Itamaraty, Brasilia. / Autor: Roosewelt Pinheiro - ABR

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...