miércoles, 26 de agosto de 2009

Un viejo pecado colombiano se reencaucha y se rejuvenece


Apolinar Díaz – Callejas (especial para ARGENPRESS.info)

Bajo el gobierno colombiano de Uribe Vélez hay una creciente tendencia a rescatar las políticas más retardatarias y derechistas en lo económico y en lo social, a la vez que devolver al país a las prácticas agresivas de gobiernos que tratan de limitar o eliminar los cambios sociales que favorezcan a las clases populares, trabajadoras y media, concentrando la acumulación de poder y riqueza cada vez más en pocas manos.

La observación tranquila de estos hechos me ha ido confirmando el contenido real conservadurista del gobierno Uribe Vélez y su logro político al conseguir que podía continuar desarrollando su política antidemocrática y retardataria bajo el gobierno de Obama bajo una política internacional democrática y abierta, que contrastara y pusiera fin a la retardataria y militarmente agresiva de las administraciones conservadoras de la familia Bush y del grupo familiar y político de la familia Clinton, de puro y limpio contenido derechista.

El presidente Obama ha manejado algunas tentativas para mejorar la imagen antidemocrática de los Estados Unidos que se consolidaron bajo los gobiernos de la familia Bush y el del matrimonio Clinton que se ha convertido en una de las claves políticas de derecha más importantes de esta administración.

El golpe de Estado de Honduras, dado por la derecha de ese país y de Centro América, no solamente fue un reto a las nuevas tendencias democráticas del continente latinoamericano, que han emprendido importantes esfuerzos de transformación social, económica y política en sus países. Pero esa tendencia derechista en la que ha ido cayendo día a día el gobierno del presidente Obama, se ha ido debilitando tanto que Barack Obama ha optado por pasos abiertamente retardatarios, dictatorial y de fuerza.

Tanto en Europa como en el Medio Oriente, y abiertamente en América Latina, el gobierno del presidente Obama nos coloca cada vez más en la imitación imperialista del autoritarismo que utilizó Estados Unidos a lo largo de los siglos XIX y XX, y de lo que ya ha avanzado el siglo XXI. En esta materia los estudios universitarios del presidente Obama parece que no le han servido para tener una visión realista, objetiva, de las políticas retardatarias, agresivas y ultraderechistas de los viejos grupos de poder latinoamericanos que han mantenido a nuestra región en más de 200 años con gobiernos de democracias restringidas y depresión. Las publicaciones norteamericanas sobre el retroceso impresionante del respaldo con que se inició el gobierno de Obama, muestran un cambio radical en la conducta del presidente gringo, quien ya está causando graves daños económicos y sociales a las naciones de Centro América, Sur América y del Caribe. En Colombia o en cualquier otro de nuestros países se siente bastante el contenido progresista de los cambios económicos, sociales y políticos puestos en marcha en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Chile, Bolivia, Ecuador y en varias de las naciones de Centro América y del Caribe. 

Todos estábamos llenos de optimismo y alegría. Pero la decisión del presidente Obama de montar en Colombia su plan de bases militares, aéreas y marítimas de guerra cambiaron totalmente el panorama político y social de nuestras regiones, de tal modo que lo que tenemos es que prepararnos para rechazar esta nueva ofensiva del imperialismo norteamericano, apoyada en grupos absolutamente retardatarios, como el actual gobierno de Colombia. Los pasos dados hasta ahora por el presidente Obama son una manifiesta invitación a los pueblos latinoamericanos para que tomen con plena autonomía los nuevos rumbos sociales que tienen nuestros pueblos, pero ahora, con nuevos métodos de guerra, sometiendo nuestros pueblos a la represión militar, naval, aérea, terrestre y económica de los Estados Unidos. Nuestro siglo XXI comienza a aparecerse mas a los inicios de nuestro siglo XIX, cuando logramos el triunfo de la revoluciones de la independencia contra el imperio español, pero sin lograr el cambio revolucionario de las estructuras económicas, sociales y políticas de la que es parte la revolución latinoamericana que tenemos la obligación de realizar. Pero nuestros pueblos, pese a todos los obstáculos, han tenido varios logros importantes en el fortalecimiento de las tendencias democráticas y sociales más avanzadas. Es lo que yo he llamado el objetivo fundamental de las naciones y pueblos latinoamericanos y del Caribe durante el siglo XXI en marcha. Eso es nuestro gran reto como fue el de la independencia de nuestras naciones en el siglo XIX. No me cabe duda alguna de que seguiremos avanzando en la dirección correcta, pese a la represión de los regímenes de ultraderecha como el del presidente Uribe Vélez en Colombia, y algunos pequeños países de Centro América y del Caribe. Además, la consolidación de la revolución cubana, es, ya, un notable triunfo histórico.

Me propongo escribir algunos ensayos más específicos sobre la lucha democrática en Colombia desde la revolución de los comuneros en el siglo XVIII hasta nuestros días. Ni la represión, ni los asesinatos ni el fanatismo retardatario pudieron impedir el triunfo final de nuestras revoluciones de independencia. Ahora, a inicios del siglo 21, creo por el desarrollo de las políticas imperialistas de los Estados Unidos en estos momentos, que nuestros pueblos, los del Caribe y de África avanzaremos enérgica y solidariamente hacia formas fundamentales de las revoluciones democráticas.

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Consecuencias del "milagro chileno": Las salmoneras y la privatización del mar



Raúl Zibechi (IRCAMERICAS, especial para ARGENPRESS.info)

El llamado "milagro chileno" se asienta en tres pilares: los altos precios del cobre, la producción de celulosa impulsada por la dictadura de Pinochet, y la industria del salmón, expandida en plena democracia. Pero la sobreexplotación ha provocado una grave crisis sanitaria, ambiental, social y económica.

Poco más de mil kilómetros al sur de Santiago, pasando Puerto Montt y luego de cruzar en barca el Canal de Chacao, aparece la fantástica isla de Chiloé, donde amplias llanuras y suaves colinas compiten por los diversos tonos de verdes germinados gracias a las copiosas lluvias australes. En primavera la sinfonía de verdes se ve salpicada por
 innumerables flores silvestres, amarillas, moradas y rojas, mientras en las colinas sobresalen arrayanes, robles, avellanos y pangues.

Estos bosques sobre los que cada año caen 2.500 milímetros de lluvia, están tapizados de helechos y musgos, que junto a los árboles nativos conforman un ambiente casi misterioso. La gran biodiversidad de la isla y la existencia de especies animales y vegetales propias, impresionaron a Charles Darwin en el siglo XIX, quien creyó que la papa se había originado en Chiloé. Aunque luego se demostró que tiene su origen en el sur peruano, en la isla se conservan 400 variedades de papas, a partir de las cuales se han obtenido la mayor parte de las que hoy se consumen en el mundo.

Pero el aislamiento isleño no sólo permitió el nacimiento y conservación de una impresionante diversidad de vidas, entre las que desatacan el caballo chilote, de sólo 1,25 metros de altura, y el pudú, el ciervo más pequeño del mundo. También hizo posible que los chilotas mantuvieran sus giros lingüísticos, sus artesanías, la pesca artesanal y una arquitectura peculiar que utiliza tejuelas de madera. Las iglesias, inspiradas en las de Baviera, y los palafitos, indican que las tradiciones perduraron más tiempo que en otros sitios.

Este paraíso enclavado en el océano Pacífico suroriental, es una de las cinco áreas marinas más productivas del planeta. "Aunque posee menos del 1% de la superficie de los océanos, sus capturas pesqueras representan el 25% del total de los desembarques mundiales", señala el informe de la organización ambientalista Ecoceanos1. Semejante productividad no podía dejar de atraer a empresarios de todo el mundo, cuyas inversiones prometían jugosas ganancias.

Unos 15 años atrás, la isla de Chiloé y la zona de Puerto Montt conocieron un vigoroso crecimiento de la acuicultura, y de modo muy especial de la producción de salmones. Las cuantiosas inversiones de empresarios del norte de Europa y de Japón hicieron que la salmonicultura creciera en Chile a una tasa del 15% anual, o sea 13 veces en sólo 15 años. Chile exporta a Estados Unidos, Japón y la Unión Europea unos 2.500 millones de dólares en salmones. De ese modo, el salmón se suma al cobre y a la celulosa explicando el 70% del crecimiento de las exportaciones del "milagro chileno"2.

Chile se ha convertido en el quinto país del mundo en desembarque de productos marinos, séptimo exportador de recursos pesqueros y el segundo exportador de salmones de cultivo detrás de Noruega. La razón de ese impresionante crecimiento es una sola: es el país con los menores costos de producción de salmón del mundo.

El talón de Aquiles

El 27 de marzo de 2008 The New York Times publicó un artículo titulado "Virus en los salmones delata los métodos de pesca en Chile"3. El escándalo fue mayor. El artículo llamaba la atención de que millones de salmones estaban muriendo por el virus ISA (anemia infecciosa del salmón) y que la crisis sanitaria había provocado el despido de miles de trabajadores.

"La crianza de salmones en corrales submarinos atestados está contaminando las que alguna vez fueron aguas prístinas y produciendo pescado potencialmente insalubre", agregaba el informe. El profesor Felipe Cabello, del Departamento de Microbiología e Inmunología del Colegio Médico de New York, señalaba "falta de control sanitario" y explicaba que las infecciones parasitarias, virales y micóticas "se trasmiten cuando los peces están estresados y los centros muy cerca unos de otros". Además aseguraba que en Chile se usan altos niveles de antibióticos en los peces, algunos de ellos prohibidos en Estados Unidos.

Si se tiene en cuenta que el 30% de las exportaciones de salmón chileno van a los Estados Unidos, la denuncia del Times era muy pesada. La empresa noruega Marine Harvest, la mayor productora de salmones de cultivo del mundo, que exporta el 20% del salmón chileno, reconoció que fue en sus cultivos donde surgió el ISA así como el elevado uso de antibióticos en Chile. "Los biólogos y ambientalistas afirman que las heces del salmón y el pellet están acabando con el oxígeno del agua, matando otras especies marinas y propagando enfermedades", señalaba el artículo.

Lo que llama la atención es la respuesta de la mayor empresa del mundo ante la observación de los problemas ambientales y sanitarios que ha provocado. "Como han estado haciendo mucho dinero y todo ha salido bien, no ha habido razón para adoptar medidas más estrictas", dijo Arne Hjeltnes, vocero de Marine Harvest en Oslo
4.

En 2005 la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) había emitido un informe con fuertes críticas a la industria chilena del salmón, por el escape de un millón de peces por año, el uso de fungicidas como malaquita verde que es un cancerígeno prohibido desde 2002 y el excesivo uso de antibióticos. El doctor Cabello estimó que Chile utiliza entre 70 y 300 veces más antibióticos que Noruega, y que en ese país existe un mercado negro de antibióticos para salmón5.

En los días siguientes el gobierno de Michelle Bachelet apoyó a las industrias salmoneras, preocupado por el clima de negocios y una eventual caída de las exportaciones6. Pese a todo, la producción cayó entre un 30 y 50%, 20 mil de trabajadores fueron despedidos (de un total de 50 mil), la industria entró en una grave crisis pues se endeudó con la banca que empezó a reclamar el reembolso de la deuda, algo imposible precisamente por la caída de la producción.

Sin embargo, todo lo que ha sucedido en los dos últimos años (el virus ISA se descubrió en julio de 2007), había sido anticipado por varios trabajos e investigaciones.

Los costos más bajos del mundo

La primera explicación sobre los bajos costos de producción del salmón en Chile son las malas condiciones de trabajo de los 50 mil empleados en el sector. La salmonicultura registra las mayores tasas de accidentes del país y se ha constatado que entre febrero de 2005 y junio de 2007, 42 trabajadores del sector han muerto o desaparecido en el mar según datos de la Armada y la Dirección Nacional de Trabajo. Entre 2003 y 2005 se realizaron 572 inspecciones programadas previamente, y aún así se aplicaron multas en el 70% de los casos7.

Los principales problemas son de higiene y de seguridad laboral, tanto en los centros de cultivo (enormes jaulas submarinas) como en las plantas procesadoras. Dos tercios de la empresas salmoneras violan la legislación laboral, existiendo una elevada informalidad por la tercerización de muchas funciones, sobre todo las más peligrosas. Las mujeres, que son el 70% de las trabajadoras del sector y el 90% en las plantas, sufren por el frío, la humedad, el hacinamiento y las trabas para ir al baño. Estas prácticas se han detectado también con mujeres embarazadas, algunas de las cuales han sido despedidas.

Los buzos realizan el trabajo más arriesgado. De los 4 mil buzos que trabajaban en 2007, sólo 100 habían tenido una capacitación certificada según normas internacionales8. La subcontratación y las dificultades puestas por lo empresarios han hecho que sólo entre el 13 y el 15% de los operarios de las salmoneras estén afiliados a sindicatos.

No sólo los obreros presentan sus quejas. También lo hacen los empresarios turísticos y los pescadores artesanales. Hasta 2005 se habían concedido casi 5.000 hectáreas a las empresas salmoneras (sólo la noruega Marine Harvest contaba con 1.215 hectáreas) en los bordes de lagos, fiordos, canales y estuarios. O sea, en los mismos sitios a los que acuden los turistas y donde pescan las comunidades.

Las quejas son por contaminación y por los escapes masivos de salmones (en 2004 fueron dos millones), que contribuyen a la propagación de enfermedades contagiosas a otras especies y a los seres humanos, y amenzan la sobrevivencia de las especies silvestres. Pero es el uso masivo de antibióticos lo más preocupante y escandaloso.

El doctor Cabello sostiene que el uso de antibióticos en el cultivo de peces puede estimular la resistencia bacteriana, provocando la generación de cepas resistentes que afectan a humanos y peces9. Japón y Estados Unidos han detectado en varias oportunidades residuos de antibióticos en salmones chilenos. Uno de los propósitos del uso de antibióticos es controlar la septicemia salmonídea, para lo que usan quinolonas, ya que la resistencia bacteriana a esas sustancias está aumentando de forma alarmante en el mundo.

En el seminario organizado por Ecoceanos en marzo de 2007 en Puerto Montt, el Director de la Escuela de Química y Farmacia de la Universidad Austral presentó pruebas convincentes sobre el aumento de la resistencia bacteriana en hospitales de Puerto Montt y Castro (en Chiloé). En la primera ciudad, entre 1999 y 2003 la resistencia al ciprofloxacino aumentó del 2,6 al 9% y en Castro pasó del 4,4 al 8,3%10.

La decisión de las salmoneras de disminuir sus costos y trabajar al máximo de su capacidad las ha llevado a "un ínfimo aporte a la investigación científica, altísimas concentraciones de salmónidos en los centros de cultivo, el empleo indiscriminado y no rotación de antiparasitarios como el benzoato de amemectina y de antimicrobianos, unido al no respeto de aspectos básicos de manejo ambiental y sanitario"11.

Otros problemas ambientales graves se relacionan con los talleres de redes y los vertidos. En la región de Aysén, más austral que Chiloé, la autoridad medioambiental chilena multó al 100% de los talleres de redes salmoneras en 2005, y en la región de Los Lagos (a la que pertenece Puerto Montt), multó a más del 50% por el mar tratamiento de los residuos líquidos industriales. En 2006 ninguno de los vertederos industriales de Los Lagos cumplía con las normas lo que llevó a que fueran cerrados 30 de los 49 existentes.

Juan Carlos Cárdenas, veterinario y director de Ecoceanos, sostiene que "las multinacionales europeas hacen en Chile lo que no les está permitido hacer en sus países"12. Cree que el sur de Chile es una de las últimas áreas de expansión de las multinacionales, pesqueras, mineras y forestales. La zona de Puerto Montt y Chiloé tiene ventajas comparativas respecto al norte de Europa porque las aguas son menos frías y por lo tanto la productividad del salmón es mayor. La concentración es el gran problema que ha provocado contaminación: "Aquí en 300 kilómetros tenemos 600 centros de cultivo con 120 millones de peces, que producen la misma cantidad que en mil kilómetros en Noruega", explica Cárdenas.

Los salmones crecen en jaulas circulares de 30 metros por 60 de profundidad. El cultivo intensivo llevó las exportaciones de salmón de 190 millones de dólares en 1991 a 2.400 millones en 2008. Los precios son imbatibles: Chile produce salmones a 2,9 dólares el kilo mientras en el mercado internacional el precio es de 7,9 dólares. "Pero aquí en Chile el kilo en el supermercado se vende a 10 dólares, más caro que en New York", asegura Cárdenas.

Ahora que la región de Puerto Montt y Chiloé están contaminadas, las empresas salmoneras buscan expandirse al sur, hacia la región de Aysén y Magallanes. Pero la contaminación sigue los mismos pasos al punto que ya se ha detectado el virus ISA en esas regiones, lo que indica que se expandió 2.000 kilómetros en diez meses, según Cárdenas. Y agrega que "nada de esto hubiera sucedido si el Estado no estuviera ausente y no existieran altos niveles de corrupción".

Esto parece evidente con sólo conocer un dato: según la propia empresa Marine Harvest, en su último informe anual, en 2007 usó 0,02 gramos de antibióticos por cada tonelada de salmón producida en Noruega. Para el mismo año usó 732 gramos por tonelada en Chile. En 2008 las cifras son 0,07 en Noruega y 560 gramos en Chile13. O sea 36 mil veces más en 2007 y 8 mil veces más en 2008 en sus plantas en Chile, sin que ninguna autoridad formulara preguntas.

En julio pasado el gobierno desclasificó un informe de 2008 a pedido de la organización Oceana, que señala que la industria chilena del salmón utilizó 325 toneladas de fármacos mientras que Noruega, líder del mercado mundial usó solo una tonelada. El informe asegura que casi el 40% de los antibióticos pertenecen a la familia de las quinolonas, fármaco prohibido por la Food and Drug Administration (FDA) de los Estados Unidos14.

El doctor Cabello sostiene que está demostrado que el virus ISA fue introducido a Chile probablemente desde Noruega en 1996, y que su diseminación "fue probablemente facilitada por las amplias poblaciones de virus generadas por las perniciosas condiciones sanitarias presentes en la crianza de salmónidos en Chile"15. Desde el punto de vista biológico compara lo sucedido en Chile con la influenza porcina y avícola.

La privatización del mar

"Se están transformando los bienes comunes en capital financiero", apunta Lucio Cuenca del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales16. Esto se viene haciendo desde hace años con el total beneplácito de las autoridades. Un ejemplo: en abril de 2007 la Cámara de Diputados votó un informe de la Comisión de Pesca y Acuicultura y de Recursos Naturales en el que sostenía que la industria del salmón chilena "trabaja con estándares mundiales (incluyendo los medioambientales) de altos niveles de exigencia, determinados por los modernos mercados a los que llega".

El informe obtuvo 67 votos a favor, uno en contra y una abstención. Tres meses después se declaraba la epidemia del virus ISA, aunque no son pocos los que aseguran que se venía ocultando desde tiempo atrás. Sea como fuere, la omisión del parlamento chileno es evidente.

Recientemente se produjo un hecho que evidencia todos estos problemas. Felipe Sandoval fue subsecretario del Ministerio de Pesca durante el gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006), cargo desde el que impulsó la privatización de la industria pesquera estatal. Actualmente se desempeña como secretario ejecutivo de la Mesa del Salmón y del Cluster Acuícola, que reúne al sector empresarial y al Estado para reposicionar la industria salmonera, actuando como representante de la presidenta Michelle Bachelet para asuntos salmoneros.

El 5 de febrero de 2009 la Contraloría Regional de Valparaíso acusó a Sandoval de haber infligido el principio de probidad administrativa al haber usado 740 mil dólares del Estado con boletas de servicios falsas o adulteradas mientras era subsecretario de Pesca. La acusación del organismo de contralor se produjo mientras se debatía una nueva Ley de Pesca y Acuicultura redactada a la medida de los empresarios. El gobierno de Bachelet dictó el 21 de julio un decreto supremo por el cual absuelve a Sandoval de los cargos, argumentado que su responsabilidad está extinguida por el tiempo transcurrido.

Según informe de Ecoceanos News del 3 de agosto, desde su cargo Sandoval ha gestionado créditos de 450 millones de dólares para la industria salmonera, que cuentan con 60% de aval de los contribuyentes chilenos. Se trata de un caso en que el Estado juega a favor de la industria pese a que demostró su incapacidad de desempeñarse respetando la legislación laboral, ambiental y sanitaria.

La Ley de Pesca busca la reactivación de la industria salmonera a través de la cesión perpetua de derechos sobre territorio marítimo a empresas17. Según el ministro de Economía, Hugo Lavados, la ley permite el "derecho de uso y goce" del espacio marítimo y costero por las empresas, que de esa manera se apropian de un bien hipotecable, cuestión decisiva para que la banca conceda préstamos y refinancie deudas. Juan Carlos Cárdenas sostiene que los artículos 81 y 81 bis permiten que "las empresas salmoneras deudoras puedan hipotecar bienes nacionales de uso público, como las concesiones acuícolas, con los bancos acreedores".

El candidato a presidente en las elecciones de diciembre, el senador Marco Enríquez-Ominami, al igual que otros parlamentarios, sostiene que la ley "privatiza el mar al entregar a las compañías salmoneras concesiones acuícolas a perpetuidad e hipotecables", por lo que la considera "inconstitucional"18. A fines de julio el Senado interpuso 160 observaciones a la Ley de Pesca que han entusiasmado a los ambientalistas que no esperaban una oposición tan importante. "Lo ocurrido en el Senado es un importante paso contra la inconstitucionalidad, impunidad y el intento de robo de nuestros bienes nacionales de uso público", dijo Cárdenas.

Entre tanto, hay quienes hacen negocios en plena crisis del salmón. Marine Harvest anunció que pese a las pérdidas que está teniendo en Chile, se apresta a comprar salmoneras chilenas como parte del proceso de reestructuración de la industria, ya que cada crisis abre "oportunidades" (compras, ventas, fusiones) como reconoció Jorgen Andersen, presidente financiero de la empresa19.

En la medida que Chile tiene firmados TLCs con 24 países y las elites se proponen, en palabras de Lucio Cuenca, "una proyección estratégica que lo lleve a convertirse en una potencia alimentaria", todo indica que los cultivos de salmón seguirán creciendo. Las regiones más australes, hacia donde se están trasladando los empresarios, pueden mirarse en el espejo de Chiloé. Hace 15 años la isla era una sociedad de pequeños productores agrícolas, ganaderos, pescadores artesanales y mariscadores. "Ahora son obreros dependientes de la industria transnacional", apuntan los miembros de Ecoceanos.

"A no ser-agrega Lucio- que el proceso de politización en curso promovido por decenas de pequeñas luchas contra la contaminación minera, salmonera y de la celulosa, que ya consiguió poner temas estratégicos como el agua en la agenda pública, siga creciendo hasta poner en marcha un movimiento social". Las críticas que se escuchan en el Senado, reflejan en buena medida esa nueva politización de la sociedad chilena.

Notas: 
1) "Radiografía de la industria del salmón en Chile", ob cit p. 5.
2) Idem.
3) Barrionuevo, Alexei, "Salmon Virus Indicts Chile's Fishing Methods," The New York Times, 27 de marzo de 2008.
4) Idem.
5) Idem.
6) Reuters, 2 de abril de 2008.
7) "Radiografía..." ob cit p. 10.
8) Idem, p. 14.
9) Felipe C. Cabello, "Heavy use of prophilactic antibiotics in acquaculture: a growing problem for human and animal health and for the environment", Environmental Microbiology, 2006, citado en "Radiografía", p. 28.
10) Idem, p. 30.
11) Idem.
12) Entrevista personal.
13) "Marine Harvest Sustainability Report 2008", p. 16, en www.marineharvest.com.
14) Sergio Jara Román, ob cit.
15) Felipe Cabello, ob cit.
16) Entrevista personal.
17) Agencia Xinhua, 31 de julio de 2009.
18) Ecoceanos News, 5 de agosto de 2009.
19) La Tercera, 15 de julio de 2009 en www.latercera.cl.

Foto 1: Chile - La sobre explotación de la industria del salmón ha provocado una grave crisis sanitaria, ambiental, social y económica. / Autor: IRCAMERICAS
Foto 2: Chile - La ley "privatiza el mar al entregar a las compañías salmoneras concesiones acuícolas a perpetuidad e hipotecables". / Autor: IRCAMERICAS

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El riesgo calculado de la revolución


Homar Garcés (especial para ARGENPRESS.info)
 
Aunque suene extremo, olvidando lo original y la necesidad de los cambios, cualquier proceso revolucionario que acabe por institucionalizarse produce su propia muerte histórica.

Es lo que ha sucedido comúnmente en la historia con algunas experiencias revolucionarias que representaron un hito importante en la evolución de los pueblos del mundo, pero que -producto de la ortodoxia y la miopía política, además del deseo antisocial de perpetuarse en el poder, de sus principales dirigentes- devinieron en algo similar al sistema de cosas aparentemente liquidado, con sus mismos vicios y relaciones de dominación, así se estuviera hablando insistentemente en su contra y a favor de la revolución.

Por eso es muy importante anticipar la posibilidad que las fuerzas reaccionarias y conservadoras puedan -en cualquier momento y bajo cualquier mecanismo, legal o ilegal, pacífico o violento- recuperar el espacio perdido, restaurando su viejo dominio, para lo cual debe existir una fuerte convicción revolucionaria que haga permanente el desmontaje de las estructuras políticas, sociales, culturales, militares y económicas del sistema capitalista, considerando que el mismo ejerce una gran atracción aún en un grueso porcentaje de la población, producto de la ideología dominante y el bombardeo publicitario diario que le crea necesidades artificiales y superfluas. Esto obliga a emprender y a sostener una campaña desideologizadora, abierta al debate y a la crítica creadora, pues sería más efectiva -para los propósitos de una verdadera revolución socialista- que el conjunto de leyes propuesto y aprobado por cualquier gobierno o Estado que se proclame revolucionario. Tal como lo reseña Istvan Mészaros en su obra El desafío y la carga del tiempo histórico: “la verdad es y seguirá siendo, en cierto sentido, necesariamente “prematura”, hasta que haya un cambio radical en la relación de fuerzas general a favor de la alternativa hegemónica del trabajo en contra del capital. Ese tipo de cambio no significa simplemente un viraje temporal en la relación de fuerzas prevaleciente -que puede ser socavada y revertida por fuerzas y tendencias restauradoras- sino una transformación de largo alcance y fortalecida/consolidada, sustentable (al menos como principio) sobre una base permanente. Lograrlo implica una estrategia coherente que vaya más allá del capital, en contraste con la insuficiencia de la “negación del capitalismo” o el “derrocamiento del Estado capitalista”. En ausencia de dicha estrategia sostenida, cuyo objetivo sea erradicar al capital del proceso metabólico social con carácter irreversible, la restauración capitalista, con sus consecuencias desastrosas -como lo dejó muy en claro la era de Gorbachov- tan sólo es mera cuestión de tiempo”. 

Esto sería válido, sobre todo, en los países cuyos recursos naturales y potencialidades económicas les facilitarían acceder al sistema capitalista mundial, adoptando o, mejor dicho, conservando los mismos patrones, algo que ya se viviera en la extinta URSS, donde perduraron las relaciones capitalistas en nombre del socialismo. Además, habría que tomar en cuenta el hecho que no existe -todavía- un sistema económico socialista con sus propias leyes, por lo que -en la transición hacia el socialismo- se seguirá utilizando, por un tiempo que no debe prolongarse demasiado, las herencias del capitalismo, pero sin descuidar el propósito central de erradicarlo y de sustituirlo por uno más justo, igualitario y humanista: el socialismo. Quizás durante esta transición sea ineludible la coexistencia con el capitalismo, cuya extensión será determinada por el nivel de conciencia, movilización y organización revolucionaria de los sectores populares, y por el compromiso y la visión de la vanguardia para concretar dicho propósito. Es un riesgo calculado que debe asumirse, evitando las concesiones respecto a la tarea histórica a cumplir por todo revolucionario auténtico: transformar raigalmente la sociedad mediante el socialismo.

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Haití: La MINUSTAH, nuevamente en el banco de los acusados


Wooldy Edson Louidor (especial para ARGENPRESS.info)

Durante el mes de agosto del presente año, la misión de la Organización de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (MINUSTAH) ha sido nuevamente objeto de múltiples denuncias por maltratos, robos y homicidio que habrían cometido sus cascos azules contra ciudadanos haitianos en barrios populares de Puerto Príncipe y en la frontera haitiano-dominicana.

Las denuncias han sido expresadas por organizaciones de derechos humanos en el país, así como por autoridades locales de la frontera haitiano-dominicana y habitantes de barrios populares de la Capital del país. 

Estas denuncias intensifican cada vez más en la sociedad haitiana el amplio movimiento que exige la salida del país de la misión de estabilización que organizaciones sociales y estudiantes de la Universidad del Estado de Haití califican de “fuerza de ocupación”. 

La MINUSTAH acusada de cometer actos de violencia y de robo en Cité Soleil

El pasado 14 de agosto los responsables de la Federación de practicantes del Vudú de Cité Soleil (FEVOCS) denunciaron ante medios de comunicación de la Capital haitiana los actos de violencia e incluso de robo que estarían cometiendo los cascos azules de la MINUSTAH en el barrio más grande de Puerto Príncipe. 

“Además del hecho de que la gente de Cité Soleil es brutalmente requisada (por los casco azules) sin razón aparente, se les roba su dinero”, declararon dos altos miembros de la organización FEVOCS, basada en este barrio que es considerado como uno de los más peligrosos del país. 

Revelaron además que los cascos azules entraron en una casa de empeño en la zona y se llevaron joyerías y otros objetos de valor que había allí. 

A pesar de que la MINUSTAH “empezó a realizar un buen trabajo que contribuyó a restablecer la tranquilidad en Cité Soleil”, reconocieron, ya se está convirtiendo en una fuerza de ocupación que “no arresta a nadie, pero te golpea sin que hayas cometido ningún delito”, matizaron.

Acusada también de homicidio en la ciudad fronteriza de Lascahobas

Miembros de MINUSTAH fueron acusados también de haber asesinado, el pasado 5 de agosto, a un joven de 26 años durante una manifestación que la población de la ciudad fronteriza haitiana de Lascahobas realizaba para reclamar el restablecimiento de los servicios de electricidad. 

Los cascos azules llegaron al lugar de la protesta y dispararon con armas de fuego contra los manifestantes quienes replicaban tirando piedras, según los testimonios de una organización local de derechos humanos, la Red Fronteriza Jano Siksè.

De esa confrontación entre los cascos azules y los manifestantes resultó muerto el joven Ricardo Morette a pesar de la atención que le brindó el personal médico del centro de salud de Lascahobas. Cerca de otros diez manifestantes, todos jóvenes, salieron heridos de esta intervención de la MINUSTAH calificada de “desproporcionada” por los militantes de la RFJS.  

En un primer momento, la MINUSTAH negó que hubiera un muerto luego de los incidentes en Lascahobas. Sin embargo, cuando el alcalde de la ciudad, Gérald Joseph, refutó la negación de la MINUSTAH, confirmando que una persona resultó muerta y varias otras heridas durante la intervención de los cascos azules en Lascahobas, integrantes de la misión de la ONU se dirigieron a la morgue donde estaba el cadáver del joven Morette para recuperarlo y elaborar una autopsia, informó en un comunicado el Grupo de Apoyo a Repatriados y Refugiados (GARR) que trabaja en la frontera haitiano-dominicana. 

A pesar de la oposición de las autoridades locales ante la insistencia de la MINUSTAH, los cascos azules  lograron conseguir el cadáver. No obstante, el informe de la autopsia fue negado al abogado de la familia del muerto, manifestó el GARR con indignación. 

La MINUSTAH simplemente informó a los padres del muerto que ninguna bala se había encontrado en el cadáver de su hijo, contrariamente a lo que había revelado anteriormente el personal médico que atendió al joven antes de su muerte.

En ese contexto, el GARR pidió que se haga una investigación independiente para esclarecer este caso y que se dé un acompañamiento legal y humanitario a las víctimas de las intervenciones de la MINUSTAH.

En una conferencia de prensa dada la semana pasada, la MINUSTAH sostuvo que fue el comisario de gobierno quien solicitó la autopsia. Esta fue hecha por un médico forense asociado al Instituto médico-legal. La misión de la ONU anunció también que la PNH había abierto una investigación para buscar al autor de ese crimen para traducirlo delante de la justicia. 

Estos argumentos están lejos de convencer a las organizaciones de derechos humanos y las autoridades locales de Lascahobas que siguen pidiendo justicia y reparación para las víctimas. 

Recordemos que, hace 3 años, un joven de 17 años murió en Ouanaminthe, en la frontera Norte de Haití en circunstancias semejantes. El joven participaba en una manifestación que realizaba la población para oponerse a que enterraran en una fosa común de Ouanaminthe los cadáveres de 24 migrantes haitianos que murieron en un camión cuando intentaban entrar irregularmente a República Dominicana el 11 de enero de 2006. Los manifestantes pedían un poco de respeto por la dignidad de las víctimas, de sus familias y del pueblo haitiano. Los soldados de la MINUSTAH intervinieron brutalmente en la manifestación, causando la muerte del joven. 

En un primer momento, la MINUSTAH negó haber matado al joven; pero luego, la fuerza multinacional se apoderó del cadáver y lo hizo autopsiar. Hasta ahora, la familia del joven, la población de Ouanaminthe y la opinión pública esperan los resultados de la autopsia. 

Este es el mismo caso de Robenson Laraque, un joven periodista de la radio privada Tele Contact ubicada en la ciudad de Petit-Goave, que murió el 7 de abril de 2005 luego de haber recibido una bala durante una confrontación entre las fuerzas de las Naciones Unidas y los ex miembros de las Fuerzas Armadas de Haití. 

“Los testigos dijeron que fueron los soldados de la MINUSTAH que dispararon contra él”, informó Guyler C. Delva, presidente de la Comisión de apoyo a las investigaciones sobre los asesinatos de periodistas (CIAPEAJ), quien exige que “la MINUSTAH diga qué fue lo que pasó porque estuvo en el lugar”. 

Foto: Haití – Efectivos de la MINUSTAH (misión de la Organización de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití) en Puerto Príncipe. / Autor: DEFESANET

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A propósito de los fondos mineros para las universidades: Nuevo orden mundial, mineras, contaminación, deuda externa y universidad pública


Sergio Hugo Cristani

La estrategia de las multinacionales es clara y evidente: acallar voces críticas, comprar estudios “científicos” favorables, orientar investigaciones acordes a sus intereses; chantaje e intensificar un discurso que fabrique un pseudo consenso social y político prominero, prosojero y proendeudamiento externo.

Así, mientras articulan y desarrollan esta macabra ingeniería expoliadora de nuestros recursos y colonizadora de nuestra conciencia nacional, nos siguen endeudando, saqueando y contaminando con cianuro, acido sulfúrico, glifosato, endosulfán y demás químicos venenosos. 

Una vergüenza nacional, una indignidad política e ideológica que la universidad pública argentina no puede legitimar a cambio de unas pocas pepitas de oro sucio que ingresan a su flaco y consumido presupuesto.

En este esquema de capitalismo salvaje e irracional, el caso de las mineras es paradigmático: compran impunidad política y económica; pagan a la gran prensa con el propósito de que su actividad pase desapercibida para la gran mayoría de los argentinos, intentan chantajear a los habitantes de los pueblos que contaminan, con quienes emplean denigrantes prácticas clientelares disfrazadas de “responsabilidad social empresaria”. Al mismo tiempo son favorecidas por los gobiernos de los países que saquean, contaminan y endeudan con leyes a medida, subsidios, beneficios fiscales e impositivos increíbles y cuantiosas obras de infraestructura para desarrollar sus actividades sin contratiempos. 

Muchos minerales que se llevan al exterior mediante una simple declaración jurada y sin control estatal, son esenciales en el sostén y desarrollo del mal llamado “primer mundo”, algunos sirven para la industria del armamento moderno, otros son simplemente artículos suntuarios que engrosan las arcas de una élite parasitaria global. Hay otras riquezas naturales: hidrocarburos, agua dulce, tierras fértiles, bosques, fauna itícola, etc. que poco a poco se van agotando, y de continuar esta dinámica depredadora pronto escasearán en los países desarrollados y derrochones. Por eso las empresas multinacionales, entre ellas las mineras, están en estos pagos. Buscan llevarse de aquí lo que reservan y protegen allá.

Hay numerosas organizaciones trasnacionales y planes globales que las grandes potencias han pergeñado para despojar de sus recursos naturales y materias primas a distintos pueblos del planeta. Entre estas regiones en disputa está Latinoamérica. Para la comarca sudamericana este nuevo paradigma mundial despliega su estrategia mediante la Iniciativa para la Integración de Infraestructura de la Región Sudamericana (IIRSA). Este emprendimiento requiere necesariamente de la connivencia político empresaria, de seguridad jurídica (llámese leyes y justicia funcionales) y de pueblos desinformados, desmovilizados y fragmentados. 

Y la historia se repite…En la estrategia imperialista nuevamente se manifiesta la necesidad de promover un nuevo plan de endeudamiento externo sudamericano.

En el caso de la mega-minería a cielo abierto, este endeudamiento público se da través de la infraestructura que necesitan estas corporaciones privadas para realizar la exploración, la explotación y el transporte de minerales. De esta manera los argentinos tendremos que hacernos cargo de proyectos faraónicos en materia de comunicación, transporte y energía, por citar sólo los principales. 

Asumiremos el costo de caminos, puentes y puertos por donde transitarán las materias primas y minerales que se llevarán del país. Tomaremos deuda para la construcción de embalses, diques, centrales hidroeléctricas, acueductos, gasoductos y oleoductos para que no les falte la gran cantidad de energía que emplean estas empresas multinacionales atraídas por la oportunidad de riqueza fácil y rápida que representa Argentina. También deberemos poner a disposición nuestros ríos, arroyos, lagos, acuíferos y demás cuencas para que estas empresas extractivas la despilfarren y contaminen. 

El verso será el de siempre: que vendrán nuevas empresas e inversiones, que traerán trabajo y bienestar, que aportarán al desarrollo de la economía nacional, que significará progreso social, que posibilitará una mayor calidad de vida, etc., etc. 

La misma mentira organizada que, como tantas otras, con los años saldrá a la luz. Para entonces estaremos más pobres, más tristes, más despojados, más sometidos y con una deuda externa odiosa tan monumental como los cráteres que dejarán estas mineras en nuestras montañas andinas.

Leyes concebidas para el saqueo y la muerte

La actividad minera no se desreguló a inicios de la década de los ´90, quizá es más correcto hablar de reregulación y readecuación de leyes y normas en función de los requerimientos de las grandes empresas multinacionales del sector. El Banco Mundial es una de las instituciones que puede reclamar la propiedad intelectual a los legisladores nacionales que firmaron los despachos de comisión durante esos años.

En 1993 se promulgó la ley de inversión minera Nº 24.196, a la que le sucedieron una larga ristra de leyes complementarias y decretos reglamentarios que sirvieron de zanahoria para la radicación de emporios mineros internacionales. 

Las leyes vigentes son: Ley de Inversiones Mineras Nº 24.196/93 y su modificación Nº 25.161/99; Ley de Reorganización Minera Nº 24.224/93; Ley de Acuerdo Federal Minero Nº 24.228/93; Régimen de Financiamiento del IVA, Ley Nº 24.402/94; Ley de Modernización Minera y Modificación del Código de Minería Nº 24.498/95; Ley de Protección Ambiental Nº 24.585/95, y Ley de Actualización de Inversiones Mineras Nº 25.429/01. (Fuente Fernando Solanas / Grupo MORENO. Movimiento por la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora) 

La resultante de esta arquitectura legal raya el absurdo, la tragedia y la maldición: nos despojan de nuestros metales y minerales, nos contaminan y asesinan lentamente y nosotros les pagamos para que lo hagan. 

Los privilegios que ofrece nuestra legislación se traducen en exenciones de todo tipo: No pagan impuesto a las ganancias ni a las ganancias mínimas presuntas. No pagan el IVA a las exportaciones que realizan. Tampoco tributan impuestos a los activos ni a la ley de sellos. Están eximidos de pagar derechos de importación de equipos, maquinarias, repuestos y accesorios destinados a la explotación. Están autorizados a descargar de ganancias los gastos de exploración. 

Sólo dejan un 3% de regalías en la provincia donde se encuentra el yacimiento. Este valor se calcula de lo que extraen a “boca de mina” (sin ningún valor agregado). Vale comentar que son las propias empresas las que mediante declaración jurada manifiestan qué tipo y qué cantidad de minerales y metales se extirpan de las entrañas provincianas. Pero la cuestión no culmina aquí. Ese supuesto 3% que deberían abonar y que se reduce aproximadamente a un 1% si le descontamos las exenciones conferidas por leyes, se transforma en un monto insignificante si hacen uso del reintegro adicional por exportaciones a través de puertos patagónicos.

Por si estas prerrogativas legales no resultan suficientes para atraer a las mineras, aún resta mencionar que los emprendimientos gozan de “estabilidad fiscal” durante 30 años a partir del momento en que es aprobado el estudio de factibilidad por la autoridad de aplicación. Lo que significa que durante 3 décadas podrán desplegar la actividad con la tranquilidad y la seguridad de que no habrá ninguna normativa que modifique las inmunidades impositivas concedidas. 

Pero todavía resta aludir al decreto nacional Nº 753/04, publicado en el Boletín Oficial del 18 de junio de 2004, que en su Artículo 1° deja “…sin efecto la obligatoriedad del ingreso y negociación en el mercado de cambios de las divisas provenientes de la exportación de productos, que fuera prevista por los Artículos 1° del Decreto 2581/64 y 10° del Decreto 1555/86, correspondientes a las empresas mineras que con posterioridad a la vigencia del presente decreto obtengan los beneficios reconocidos en el Artículo 8° de la Ley 24.196 y sus modificaciones, respecto de un nuevo proyecto o de una ampliación de unidades productivas existentes”. 

Con esta normativa nacional (nacional por el alcance pero no por su espíritu y contenido) se les permite a las empresas mineras dejar todas sus ganancias en el exterior, sin tener que ingresar la contrapartida de lo exportado en divisas como lo hacen empresas nacionales, muchas de ellas pequeñas y medianas. 

Mientras el latrocinio y la piratería se perpetran, el Congreso Nacional, la AFIP, el Banco Central y demás organismos del Estado (incluidas las universidades), brillan por su presencia y ausencia cómplice al igual que el oro que se llevan. 

Consejo Interuniversitario Argentino: CIN vergüenza y CIN dignidad

Los bastones largos del general Onganía se presentan de distintas formas en la universidad argentina. Están vigentes, por ejemplo, en la supresión o dilución del pensamiento crítico. En la autocensura. En la ausencia de presupuesto genuino y en la presencia de partidas con destinos delimitados. En la aceptación de “donaciones” enmascaradas bajo la figura de “responsabilidad social empresaria”; o en la firma de un convenio con una multinacional que orienta, confidencializa y privatiza el conocimiento y la información públicas. 

El bastonazo reciente lo dieron los rectores que integran el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), al aceptar y repartir por segunda vez, sin debate y sin culpa, dinero contaminado.

La universidad reformista del `18 no se limitó al ingreso irrestricto y gratuito, sino que también preservó su autarquía y autonomía frente al capital privado y las corporaciones extranjeras. 

A más de 9 décadas de aquella gesta, el debate que comienza a florecer tibiamente a partir del reparto de los fondos mineros refleja que la crisis de nuestra universidad no es solo presupuestaria y financiera. Es mucho más profunda que las miradas monocromáticas y administrativistas que no ven más allá del rojo de las cuentas. 

Bastones largos y dictadura cívico militar mediante, a partir de 1990 muchas universidades, al igual que leyes y políticas gubernamentales, se articularon funcionalmente a demandas de empresas privadas y a necesidades del mercado. Estas nuevas lógicas se fueron introduciendo en los diseños curriculares, en la orientación de investigaciones, en el patrocinio de actividades académicas y en proyectos de extensión. 

A medida que el presupuesto oficial para la academia se achicaba, crecía la proveeduría de servicios que poco y nada tienen que ver con la democratización, transformación e inserción social que se reclama y espera de esta institución pública. Así, muchas universidades terminaron priorizando el propio producido en desmedro de la producción propia.

Pero no todo pasa por números, cifras y cuentas. El debate que se insinúa en el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), al igual que en distintas Facultades, a partir de la aceptación y distribución de los fondos del yacimiento minero Bajo de la Alumbrera, pone en contraste posiciones sobre el sentido ético, político, cultural, económico e ideológico del saber académico y científico. 

Y aquí volvemos al ´18 para subrayar otro elemento cardinal de aquella gesta reformista: el emparentamiento de la universidad con la sociedad. Quienes la protagonizaron comprendieron que la política al igual que el conocimiento no son propiedad de tal o cual, ni se transfieren desde-hacia. Todo lo contrario, se construyen y se amasan con un ingrediente esencial: el pueblo.

Y justamente fueron esas historias de sufrimientos, resistencias y aprendizajes colectivos de pueblos catamarqueños como Santa María, Belén, Andalgalá, Antofagasta de la Sierra y Tinogasta, entre otras comunidades contaminadas y usurpadas, que la mayoría del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y del Consejo Superior de la UNER no consideraron ni comprendieron al aceptar y repartir estos dineros del despojo nacional.

Los rectores y sus aliados facultativos podrán ensayar explicaciones pseudolegalistas y justificaciones economicistas, pero deberán saber que cuando está en juego la vida y la dignidad de los pueblos la universidad pública no puede aprender ni enseñar a jugar de imparcial. 

Quizá esta discusión naciente sea una gran oportunidad para comenzar a caminar sin bastones, apoyándonos entre todos los que pensamos que es necesario cambiar desde los cimientos esta universidad neoliberal y mercantilista.

Minería contaminante: Números y datos

• 1 Día de explotación de una mina de oro a cielo abierto según el estudio de impacto ambiental de la Meridian Gold-, supone el uso de 7 toneladas de explosivos para volar 42.000 toneladas de roca (lo que genera alrededor de 14 toneladas de partículas en suspensión diaria). Para el proceso de lixiviado se utilizan 6 toneladas de cianuro; 400 kg de ácido clorhídrico; 400 kg de soda cáustica; 46 kg de litargirio; 23.300 kg de cal; 2.500 kg de azufre y 1 millón de litros de agua. En el caso de Minera La Alumbrera el consumo diario llega 100 millones de litros diarios.

• Durante 1 año de explotación, los valores serían los siguientes: 365 millones de litros de agua (la empresa no paga por el uso del agua un solo peso). 2.190 toneladas de cianuro y 900 toneladas de azufre. 

• 300.000 metros cúbicos de agua dulce por día se utilizan en Argentina en el proceso de lixiviado. Es agua pura que se extrae y luego se devuelve contaminada. 

• 15 son los megaproyectos a cielo abierto que funcionan en la actualidad. Hay 7 en construcción y más de 150 exploraciones en curso. 

• 300 minas a cielo abierto estarían funcionando en los próximos 10 años, según calculan los especialistas.

• 13 son las provincias mineras comprometidas en este tipo de actividad.

• 7 son las provincias que prohibieron por ley este tipo de explotación: Mendoza, Chubut, Río Negro, San Luis, La Pampa, Tucumán y Córdoba.

• La mayoría de los emprendimientos se radicarán en nuestra geografía cordillerana. 

• 5.000 son los kilómetros de cordillera que compartimos con Chile, país con el que celebramos acuerdos que favorecen a la instalación de estas industrias extractivas. Pascua Lama, en la provincia de San Juan, es el primer mega emprendimientos mineros binacionales, y es explotado por la norteamericana-canadiense Barrick Gold Corporation. Los kilómetros cuadrados que ocupa este yacimiento en la región andina, al igual que otros que le siguen, son una suerte de tercer territorio en posesión de las multinacionales debido al “Tratado de Integración y Complementación Minera Argentina-Chileno”, refrendado en 1997.

• 75% de las regiones mineras de Argentina aún siguen inexploradas.

• El 95% de la minería a cielo abierto es llevada a cabo por empresas extranjeras. 

• Argentina es el sexto potencial minero del planeta. En sus entrañas guarda enormes depósitos de oro, plata, cobre, plomo, estaño, zinc, molibdeno, cobalto, uranio, potasio, litio, níquel y diversos minerales poco conocidos pero valiosos y muy utilizados en diferentes industrias.

• Nuestro país importa la mayoría de los minerales y metales que se llevan de nuestro territorio.

• Electricidad, gasoil y agua potable es lo que más utilizan estas corporaciones.

• Minera la Alumbrera es el mayor cliente individual de electricidad. Consume el 80% del total consumido por toda la provincia de Tucumán. Según el Ente Nacional de Regulación de la Electricidad, la mina consume el 25 por ciento de la energía eléctrica suministrada a la Región del NOA y el 87 por ciento del consumo total de la provincia de Catamarca. Una enormidad de energía, al igual que los 100 millones de litros de agua dulce que extrae diariamente del acuífero el Campo del Arenal, único reservorio de agua pura de esa zona catamarqueña. Los gobiernos facilitan y ponen a disposición estos recursos a las multinacionales, incluso a costas de restringirlos a los propios habitantes. 

• 4 millones de litros de agua por hora que utiliza Minera La Alumbrera para trasladar los minerales por el mineraloducto desde Catamarca hasta Tucumán.

• 78 toneladas de residuos promedio se desechan por cada 28 gramos de oro que valen alrededor de 950 dólares.

• Esta actividad deja enorme cráteres en áreas naturales protegidas. 

• Está demostrado que la megaminería a cielo abierto emplea sólo el 0,09 por ciento de la fuerza laboral. En el caso de nuestro país es menor aún ya que más de un 25% de los trabajadores provienen de países limítrofes.

Sergio Hugo Cristani es Consejero Superior por el Claustro Graduados de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) - Facultad de Ciencias de la Educación

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Argentina: El debate sobre la suerte de los glaciares

Raquel Schrott - Ezequiel Miodownik (BIODIVERSIDADLA)

Durante la mañana del 18 de agosto de este año, la Casa de Gobierno vio como a sus puertas se acercaba una ambulancia cuyos médicos y enfermeras intentaban actuar ante la emergencia hídrica que padece la Argentina. La escena, una teatralización de la ONG Interprovincial Conciencia Solidaria, buscaba resaltar la necesidad de proteger los glaciares como fuentes de agua pura.

Una bandera de 8 metros de largo decía: "Glaciares en Emergencia - Cristina devolvenos la ley vetada". El mensaje disparado contra el Poder Ejecutivo destacaba la responsabilidad de éste con el veto que sufriera en noviembre de 2008 la ley 26.418 de presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial, aprobada por diputados y senadores un mes antes. 

La portavoz de Conciencia Solidaria, Mariela Silvestein, pudo dialogar con la Agencia de Noticias Biodiversidadla sobre la importancia de los glaciares, principal fuente abastecedora de los ríos que permiten las actividades humanas y naturales moderadores de los efectos del cambio climático; un análisis de la campaña "Los Glaciares ¡No se Tocan!" y del rol imprescindible de la participación ciudadana. 

-Esta semana se estuvieron manifestando para denunciar la emergencia hídrica que vive nuestro país mediante una acción que llamaron "Glaciares en emergencia", ¿querés contarnos de qué se trató la actividad? 

-Nosotros lo que estábamos representando a través de una puesta en escena, con algunas de nosotras que nos disfrazamos de enfermeras y un glaciar gigante que bajaba de una ambulancia, es el riesgo por el cual están corriendo nuestros glaciares al estar desprotegidos, sin una ley que los proteja de toda aquella actividad que los pueda destruir. 

-Además vienen realizando una campaña denominada "Los Glaciares no se tocan", a partir del veto impuesto a la ley de presupuestos mínimos para su protección. 

-En este momento de emergencia hídrica, donde hay lugares que directamente no tienen agua, sabemos que el 70% del agua pura está contenida en los glaciares. Habíamos tenido "la suerte" de que todos nuestros diputados y senadores aprueben muy concientemente una ley que era necesaria, que era para protegerlos. Sin embargo, a los pocos días, el veto presidencial tira por la borda todo y luego los diputados se dan vuelta, porque no volvían a dar quórum para tratar la ley. Nosotros impulsando la toma de conciencia que la población tiene que tener: enterarse que esa ley había sido aprobada por unanimidad y el Poder Ejecutivo la vetó. Ahora la necesidad urgente de restablecer esa ley, de darle tratamiento nuevamente y que vuelva a ser aprobada. También estamos con un petitorio en la página nuestra[1], donde estamos invitando a la gente a que se sume a firmar para exigirle a nuestros representantes que queremos una ley con los mismos contenidos que la vetada. Ahora, también está la ley presentada por Bonasso, exactamente con los mismos contenidos que la vetada, pero la diferencia es que al ser presentada por Bonasso, o por cualquiera que sea, si fuera aprobada requiere nada más el 51% de los votos. En cambio, ratificar la vetada implica dos tercios de la cámara. 

-¿En qué instancia legislativa está el proyecto?, ¿podría volver a ser aprobada la misma ley vetada o habría que hacerle modificaciones? 

-La cuestión es la siguiente: la ley fue vetada a fines del año pasado, en noviembre, tuvo varias idas y venidas, en el sentido de que recién ahora se le dio nuevamente tratamiento, ¿en dónde?, en la Comisión de Recursos Naturales, que es la comisión de diputados de la cual emana, la que preside Bonasso. En esa comisión, luego del veto, se habían presentado varios proyectos de protección de glaciares. Eran cuatro proyectos de ley que tenían que ser mirados, comparados y ver cuál era al que iban a darle el OK. Tuvieron una reunión de asesores en donde dieron tratamiento a estas cuestiones. Luego, en la sesión que nosotros fuimos, hicieron un dictamen de mayoría donde aprobaban la ley de Bonasso. Ahí, Bonasso mismo dijo que "por favor" era necesario que se de un dictamen de mayoría ese día, que no se queden en analizar las diferentes leyes, que ahora era necesario lograr un dictamen por la urgencia de esta ley. ¿La urgencia debido a qué?, debido a que en septiembre comienza la construcción de la minera Pascua Lama, que justamente está montada sobre glaciares en San Juan y Chile. 

-¿Crees que el debate se fue dilatando a causa de los intereses económicos de las provincias cordilleranas? 

-Si antes votaban todos a favor y ahora dudan... digo, alguna estrategia política, algo hay. De repente todos estaban a favor, no podemos pensar que no se dieron cuenta, sería un poco ingenuo. No se qué habrán querido lograr votando todos a favor y después ya no. Una de las razones del veto nombra esto de que iría en contra de intereses de algunos gobernadores cordilleranos, o sea, muy puntualmente de actividades destructivas en la cordillera, como por ejemplo la minería. Lo que nosotros decimos es que los "intereses" son los de los ciudadanos y los de todo el planeta, por los que hay que velar impidiendo que se destruyan los glaciares. Los gobernadores de ciertas provincias no creo que tengan el interés de destruir nuestros glaciares. Si es así, estamos en contra de eso porque no tiene nada que ver con los verdaderos intereses del pueblo y de todo el planeta, que necesita una relación equilibrada con la naturaleza. 

-Respecto a la relación de fuerzas que se da en cada provincia donde están peligrando los glaciares, ¿existe la presencia de una resistencia de la ciudadanía? 

-La población se está dando cuenta. Lo que pasa es que también hay otras cuestiones y estrategias por parte de los gobiernos y de las empresas, un poco perversas, para "cazar" a la población en sus manifestaciones, criminalizando la protesta, o bien a los medios de comunicación impidiendo informar del tema, censurando publicaciones. Múltiples estrategias para desestimar lo que la población en realidad quiere. Nosotros otra vez acá, tratando de instalar la conciencia de que el pueblo tiene que decidir de qué forma quiere vivir y sus representantes garantizar eso. 

-¿Cuáles son las actividades que vienen desarrollando en el marco de la campaña? 

-La campaña comenzó con informes de prensa, explicándole a la población cuál es la función de los glaciares como fuente, reserva de agua pura, en un momento en el cual el agua es escasa, y también como un atemperador del calentamiento global, otra de las consecuencias nefastas de la actividad humana descontrolada. Los glaciares, a pesar de que están en retracción, están cumpliendo una función importante en el atemperamiento. Los ríos se recargan, en especial en las zonas áridas y semiáridas, por el descongelamiento de los glaciares. De esos ríos es de donde todos bebemos, de donde todos realizamos las actividades productivas: la ganadería, la agricultura, cualquier cosa que vos puedas pensar. Nuestra campaña empezó con eso, y para eso realizamos también la página web que antes mencioné. Después fuimos y estuvimos presentes con nuestras remeras de la campaña en la Comisión de Recursos Naturales, donde le dieron tratamiento a la ley. 

Nuestra segunda acción fue en la Plaza de Mayo, demostrando que los glaciares están en riesgo, que tenemos que protegerlos, donde llegamos con una ambulancia, algunas personas disfrazadas y con un cartel bien grande que decía: "Glaciares en emergencia. Cristina devolvenos la ley vetada". Son muy necesarias las firmas. Porque luego del veto, se decidió que gire (la ley) no solo a la Comisión de Recursos Naturales, sino que ahora también gire a la Comisión de Minería, cosa que antes no pasaba. Estamos más complicados, porque sabemos que ahí le van a poner mas trabas estos diputados y senadores, por ciertos intereses con empresas que son destructivas, que van a destruir los glaciares. En vez de estar pensando en la vida, están pensando en esos intereses y van a hacer probablemente dificultosa la aprobación y el tratamiento. Tenemos que exigir que le den tratamiento, porque después puede que la demoren, la cajoneen, y mientras tanto estamos con peligros inminentes. 

-¿Hay algo que te gustaría agregar? 

-Pedimos solidaridad a todos los pueblos, a todas las personas de todos los países, que tomemos conciencia, los glaciares están en riesgo. Los glaciares no son solo una cuestión paisajística. Ahora, verdaderamente con esta coyuntura, nos estamos dando cuenta de cuál es su verdadera función. Cuánto, nosotros los seres humanos, estamos dependiendo de la naturaleza y de los ecosistemas; el hombre y la naturaleza un todo. Dejemos de pensarnos separados y por lo tanto, empecemos a proteger lo que es nuestro, nuestra casa, el planeta, lo que tenemos el deber de custodiar. La idea es que se junten la mayor cantidad de firmas posibles. Tenemos el ejemplo de cuando, acá en Argentina, para conseguir la ley de bosques, jugaron un rol fundamental las firmas. La ley no hubiera salido sin las firmas. Esto no lo decimos solo nosotros, lo dicen también los diputados, incluso Bonasso en la sesión dijo que "se necesita de la participación ciudadana", y él trajo este ejemplo de la ley de bosques. Si no hubieran estado las firmas no se hubiera conseguido.

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Manual del depredador ambiental


Oscar Taffetani (APE)

El gobernador de San Juan, José Luis Gioja, viene cumpliendo en los últimos años con el papel de primer lobbista y espontáneo abogado (pagado por el pueblo, vaya paradoja) de una multinacional minera.

Días atrás concurrió a un programa de televisión (“El juego limpio”, de Nelson Castro) tan sólo para refutar o intentar desmentir al cineasta Pino Solanas, quien lo había acusado de promover y facilitar el depredatorio avance, sobre la naturaleza y sobre las leyes, de la minera Barrick Gold, lanzada tras el oro y la plata de las cuencas cordilleranas. 

Poco pudo argumentar en su descargo el gobernador Gioja. El hecho de que su propio hermano César, proveedor minero, sea el actual presidente de la Comisión de Minería del Senado, ya resulta sugestivo, y es imposible de desmentir. Y que el sitio oficial de la Barrick haya puesto avisos de la campaña por la reelección de Gioja, en junio último, también es sugestivo e imposible de desmentir.

Cuando las papas queman, la coartada de estos gobernantes que autorizan alegremente la destrucción del paisaje nativo y la entrega de los recursos minerales, pasa a ser que están generando empleo. “La peor contaminación -declaró demagógicamente Gioja- es pagarle 10 pesos a un obrero rural y que éste no pueda darle comida a su familia…" 

Y si acaso un informe independiente -a prueba de sobornos- demostrara que, además de destruir el paisaje, la minera contamina, entonces Gioja apelará al argumento de los votos: "puede ser que haya gente que disienta -Gioja dixit- pero hemos pasado seis años y varias elecciones, y la última vez hemos ganado con más del 50%..." 

Las múltiples y variadas argumentaciones del gobernador Gioja están siendo estudiadas por los ejecutivos de Barrick, quienes las exportarán a todo el mundo, como un valor agregado, junto al oro y la plata de San Juan.

Tierra arrasada

“En términos ambientales y sociales -escribió en 1989 el profesor J.P. Vaughan, director de la Escuela de Minería de Australia- ninguna actividad industrial es más devastadora que la minería a cielo abierto”.

Por siglos la industria minera se dedicó a buscar las fallas geológicas y vetas (lugares de alta concentración de mineral) en las montañas. Pero la minería a cielo abierto ya no busca vetas. Trabaja sobre la cantidad y no sobre la calidad. Dinamita montañas, las tritura, somete la materia removida a procesos químicos (con cianuro y otros venenos), lava el mineral utilizando millones de litros de agua potable, y finalmente se retira dejando enormes cráteres, de 150 hectáreas de diámetro y 500 metros de profundidad.

Las cintas transportadoras y los ductos (como el de Bajo La Alumbrera, que va de Catamarca a Tucumán) contaminan el área circundante, envenenan las napas de agua y causan enfermedades y malformaciones en los niños, que son los seres humanos más expuestos.

Hay provincias argentinas (particularmente, las del NOA) donde la falta de agua potable y la inexistencia de redes y acueductos fue por décadas un gran impedimento para el desarrollo humano. Ahora sí les ha llegado el agua potable. Claro que no es para los seres humanos, sino para lavar el oro y la plata que están bajo el suelo.

El diputado nacional Miguel Bonasso calculó que las ganancias de la Barrick Gold, por la concesión de Pascua Lama rondarán en 25 años los 160 mil millones de dólares. ¿Cuánto de esas astronómicas ganancias quedará en la provincia?

Y por si fuera poco, fruto del esfuerzo lobbístico del gobernador Gioja, Pascua Lama ha obtenido una degravación impositiva adicional, que le permitirá a la Barrick ahorrarse casi 460 millones de pesos y obtener más ventajas sobre el resto de las empresas mineras.

La Presidenta de la Nación, respondiendo a las últimas denuncias sobre aumento de los niveles de pobreza en el país, declaró que “el principal problema argentino no es la pobreza, sino la inequidad”.

Barrick Gold escuchaba atentamente esas sabias palabras. Serán incorporadas a su próximo Manual.

Autor imagen: APE

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No más Zanón, ahora legalmente es Fábrica Sin Patrones


IRINA SANTESTEBAN (LA ARENA)

Es una de las experiencias más ricas en la historia del movimiento de empresas recuperadas. Luego de que la legislatura neuquina votara su expropiación, los trabajadores pasaron a ser sus verdaderos dueños.

Cuando la década menemista entraba en su declive, luego del furor del "voto-cuota" y de las privatizaciones, la burbuja neoliberal empezó a pincharse y los trabajadores fueron las primeras víctimas. Los índices de desocupación comenzaron a trepar hasta superar en el pico de la crisis, el 25 por ciento. Centenares de fábricas cerraban, a veces por los avatares económicos y en muchas ocasiones por las malas administraciones de sus dueños, que vaciaban las empresas y dejaban a los trabajadores librados a su suerte.

Algunos de esos empleados, no resignados a engrosar el ejército de desocupados que ya comenzaba a poblar las rutas argentinas, en los nacientes piquetes (tan distintos a los actuales, los de la "abundancia"), empezaron a pensar en algo que parecía una locura: seguir trabajando tomando la producción en sus manos. Este fenómeno se desparramó en la Argentina del 2001, y así nació el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, que hoy se organiza dentro de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA).

Resistir y producir

Una de esas experiencias, quizás la más importante por la envergadura de la fábrica que quedó en manos de sus trabajadores, fue la empresa Zanón, firma muy reconocida en la fabricación de cerámicos. En octubre de 2001 el propietario de la empresa, Luis Zanón, cerró las puertas de la fábrica y despidió a sus 380 empleados, pero cinco meses después un grupo de 80 trabajadores decidió reabrir la fábrica y comenzar a producir. Sin ninguna ayuda estatal, enfrentando decenas de intimaciones judiciales y hasta resistiendo los desalojos, los obreros de Zanón fueron aumentando la producción hasta llegar hasta esta instancia, en que el gobierno del Movimiento Popular Neuquino (MPN), de Jorge Sapag, presenta el proyecto que finalmente fue sancionado.

La Legislatura neuquina aprobó por 26 votos a favor y 9 en contra, luego de una extensa sesión que se prolongó durante siete horas, el proyecto oficial de expropiación de los muebles, inmuebles y la marca comercial "Zanón", para entregarla a la Cooperativa "Fábrica sin Patrones (FaSinPat), creada en 2004 por los trabajadores que se animaron en 2001 a hacer frente a la crisis económica y social con su propia fuerza de trabajo.

En medio de un fuerte viento patagónico, una movilización de alrededor de ocho mil personas acompañó a los 450 obreros ceramistas, que festejaron con euforia el triunfo de una dura lucha.

"Esto es para los 30 mil compañeros desparecidos, para las Madres de Plaza de Mayo, para el compañero Boquita, para Carlos Fuentealba y para Kosteky y Santillán", declaró muy emocionado Alejandro López, secretario general del Sindicato Ceramista de Neuquén y trabajador de Zanón.

La movilización recorrió veinte cuadras por el centro de la ciudad de Neuquén, que se vio afectada por el paro provincial de los trabajadores estatales, en apoyo a la lucha de los ceramistas.

Un precedente

Esta ley expropiatoria sienta un precedente muy importante para el resto de las empresas recuperadas, muchas de las cuales enfrentan amenazas de desalojos por parte de sus anteriores dueños, que luego de abandonar la producción y a los trabajadores a su suerte, pretenden recuperar sus activos, en un abuso del derecho de propiedad que la reciente ley sancionada por la legislatura neuquina pone un límite claro.

Este límite también se basa en una disposición constitucional, el artículo 17 de la Constitución Nacional, que establece que "la propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada".

Otras experiencias como la de los trabajadores del Hotel Bauen, en la ciudad de Buenos Aires, todavía esperan que el Congreso de la Nación sancione una ley como la que ha beneficiado a FaSinPat.

Deudas y vaciamiento

Aunque los ceramistas de la ex Zanón festejaron ruidosamente la sanción de la ley, en realidad el proyecto que ellos defendían era distinto al que se aprobó. Por ejemplo, los obreros pedían que la fábrica se estatizara y quedara bajo la gestión de los trabajadores organizados en la Cooperativa FaSin Pat, pero la ley no contempla la estatización y sí la entrega a la cooperativa.

Otra diferencia se refiere al pago de las deudas. Los trabajadores se negaban a que el Estado se haga cargo de las deudas por ser "privadas" y porque en el voluminoso expediente que se tramitó en la justicia neuquina se comprobó que hubo vaciamiento, esto es, que los acreedores le daban préstamos al propietario de Zanón, que luego él no invertía en la fábrica, hasta que la misma cerró.

Ahora el Estado neuquino saldará el diez por ciento del pasivo, que a la fecha de la quiebra (3 de agosto de 2005) se calculaba en unos 200 millones de pesos. Los principales acreedores son la Corporación Financiera Internacional, que es parte del Banco Mundial; Sacmi, una empresa italiana proveedora de maquinaria y el propio Estado, a través del Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo (IADEP).

El legislador Jorge Russo, del MPN, justificó la decisión del gobierno neuquino, que con esta ley pone una solución definitiva al problema de los trabajadores de la ex fábrica Zanón, a la que se refirió como "una herida abierta hace ocho años". Además, defendió la decisión de recuperar fuentes de trabajo genuinas y con bajo costo para el Estado. Según Russo, el gobierno neuquino se evitó de subsidiar a familias desocupadas, durante los ocho años de gestión obrera, por un valor de veinte millones de dólares. Para el gobierno, tanto la gestión obrera como la expropiación, resultaron ser "un buen negocio". 

Historia de lucha

Uno de los grandes méritos de los ceramistas de la ex Zanón, es que demostraron que los trabajadores pueden hacer funcionar una fábrica, aumentar la producción, generar puestos de trabajo y, encima, hacer obras en beneficio de la comunidad en la que están trabajando.

Los hoy dueños de FaSinPat se hicieron cargo en marzo de 2002, de la producción de la fábrica, y al mes lograron la primera producción de veinte mil metros cuadrados de cerámicos, mientras que en agosto de ese año generaron diez nuevos puestos de trabajo.

Al año siguiente, en febrero de 2003, se crearon otros nuevos treinta empleos genuinos, pero debieron trabajar siempre con la amenaza del desalojo judicial, aunque en esta pelea estuvieron siempre acompañados por otras organizaciones sociales y sindicales neuquinas, que fueron solidarios y apoyaron siempre a los ceramistas. Ese año la producción aumentó a ciento veinte mil metros cuadrados.

En 2004 conformaron la Cooperativa de Trabajo Fasinpat (Fábrica Sin patrones) y ese año, para el Día del Niño, los obreros ceramistas brindaron a miles de niños humildes una fiesta con peloteros, refrigerios, juguetes, películas, etc. En setiembre la gestión obrera construyó el Centro de Salud Nueva España, un barrio pobre cercano a la fábrica.

Músicos de la talla de León Gieco, Raly Barrionuevo, bandas como Attaque 77, La Renga o Rata Blanca, y dirigentes como Hebe Bonafini o Adolfo Pérez Esquivel, visitaron la fábrica ceramista en estos nueve años. Su apoyo, así como el del pueblo neuquino, fue un factor que ayudó para que esta lucha tuviera un final feliz, pero lo decisivo fue la voluntad de los trabajadores que no se resignaron al fantasma de la desocupación, y hoy no sólo son los dueños de su producción, sino que destinan una parte de las utilidades a realizar obras en beneficio de la comunidad.

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Argentina: Un juez santafesino representa a un estudio privado y cobra las multas que él firma

UNO - EL ONCE - INFOALTERNATIVA

“El juez de Faltas de la comuna de Chabás termina siendo el mismo que firma para el estudio jurídico de Buenos Aires en carácter de apoderado pretendiendo cobrar esta fotomulta”, denunció el abogado que representa a una ciudadana paranaense.

Miguel Ángel Cullen representa los intereses de una ciudadana de Paraná que recibió en su domicilio, después de más de un año, una Intimación de Pago Prejudicial a nombre de un estudio de abogados de Buenos Aires, por una supuesta infracción cometida el 14 de enero de 2008 en la localidad de Chabás, Santa Fe. Ese día, la mujer habría circulado con la luces bajas de su auto apagadas en infracción a la Ley Nacional de Tránsito. Hasta aquí, una situación que no debería llamar la atención, más allá de la polémica que se vuelve a instalar por el sistema de fotomulta, salvo porque quien firma la intimación de pago representando al estudio privado es el mismo juez de Faltas de la comuna santafesina. El magistrado en cuestión es Ricardo Frisco. 

Cullen explicó, en declaraciones al programa Testigo Falso que se emite por LT 39 Radio Victoria, que su cliente le llevó “como antecedente un acta donde se le labra la infracción, la que le llegó por correo mucho tiempo después de la supuesta contravención, con una foto donde se determinaba, siempre según la foto, que circulaba con las luces bajas apagadas, lo que no está permitido por la Ley Nacional de Tránsito”. A paso seguido, el letrado señaló: “Lo curioso de esto es que el juez de Faltas de la comuna de Chabás termina siendo el mismo que firma para el estudio jurídico de Buenos Aires en carácter de apoderado pretendiendo cobrar esta fotomulta”. 

Para Cullen las sorpresas no terminaron ahí, y señaló: “Lo increíble de esto es que mi cliente nunca fue notificada de la sanción, simplemente se la notificó del acta; ejerció su derecho de defensa, envió descargo vía postal como lo establece la Ley de Tránsito pero nunca se la notificó de la sanción operada, lo que es absolutamente inconstitucional porque le impide a mi cliente saber los fundamentos por los que, pese a su descargo, se continuó con el proceso y se termina con la sanción”. 

Para el letrado la situación es muy grave porque se trata “de un funcionario de la comuna que luego utiliza su título de abogado o de apoderado de un estudio jurídico para obtener un lucro, porque obviamente debe cobrar por esos servicios, en base a una multa y un monto que él determina”, y agregó: “Es decir, te aplico la sanción en nombre de la comuna pero te la cobro en nombre particular. Utiliza todo el sistema establecido en esa comuna para enriquecerse en forma privada, creo que la incompatibilidad está más que clara”. Cullen advirtió que ante una sanción por una supuesta infracción vial “hay que tener mucho cuidado y fijarse bien quiénes firman como jueces de Falta o como inspectores y quiénes luego intiman el cobro de la infracción”. 

Para el profesional, situaciones como la descripta generan en la sociedad “una situación de asqueamiento”, y añadió “porque no sólo la fotomulta no cumple con la finalidad que debería ser, de prevención, porque lo correcto es que si alguien es sorprendido cometiendo una infracción en ese momento deben hacérsela cesar, y no 15 o 20 días después enviarle una fotomulta, ya que en ese lapso uno puede seguir cometiéndola”. 

Cullen evaluó que “la función de todo el sistema represivo y preventivo que debería tener la Ley de Tránsito es la prevención de los accidentes y no el fin recaudatorio, que queda explícito con esto”. En ese sentido, Cullen señaló: “Acá se da una gran paradoja, si la persona que constata que estoy cometiendo una infracción es un funcionario público con todas las potestades de la ley para hacerme cesar en esa infracción y no lo hace, está cometiendo un incumplimiento de los deberes públicos, es decir, ve que estoy transgrediendo una norma y permite que siga transgrediéndola, porque a él no le interesa hacerme cesar en la infracción, lo que le interesa es enviarme una fotomulta meses después para cobrarme una multa en la que ya no tengo derecho a defensa, no puedo argumentar las causas porque ya no nos acordamos de las circunstancias del hecho”; y sentenció: “De seguir adelante con este sistema, sin que en el momento se me haga cesar en la infracción, también debería juzgarse por incumplimiento de los deberes de funcionario público a quien firma como existente dicha infracción”.

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Argentina, Tucumán: Respaldo de los trabajadores. Empleados judiciales tucumanos desmienten que el fiscal Gómez los haya maltratado


PRIMERA FUENTE

El pasado viernes unos 12 empleados de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán declararon ante un sumariante que el Fiscal general Gustavo Gómez jamás maltrató laboralmente a los trabajadores como lo había denunciado el secretario general de la Unión Empleados de la Justicia Nacional (UPJN), Julio Piumato. Incluso la UPJN Regional Tucumán avalan los dichos de sus afiliados asegurando que el fiscal es inocente de las acusaciones en su contra.

Esta denuncia formulada a principio del año pasado por el secretario general de la Unión Empleados de la Justicia Nacional (UPJN), Julio Piumato, generó la indignación y la bronca de los empelados de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán. El pasado viernes un sumariante del Fiscal de Cámara proveniente de Salta tomó declaración a unos 12 empelados que desmintieron y rechazaron categóricamente que Antonio Gustavo Gómez haya cometido maltrato laboral sobre los trabajadores como denunció el titular de este gremio nacional.

En las audiencias el sumariante inició las audiencias testimoniales a los empelados que supuestamente se habrían quejado del comportamiento del fiscal Gómez, aunque estos desmintieron de plano la denuncia que formuló Piumato. Con estos relatos el sumariante tiene un tiempo de prueba para analizar y después enviar un informe al fiscal Gómez para que realice su correspondiente descargo. Luego el Procurador General de la Nación decidirá si se suspende en el cargo al fiscal y eleva o no un pedido de juicio político.

Cabe recordar que el año pasado cuando los empelados se enteraron de las acusaciones de Piumato, emitieron una nota a las autoridades judiciales federales negando las acusaciones. En esa ocasión los empleados rechazaron en forma particular y en general la denuncia y objetaron el pedio de destitución contra Gómez. “Nos sentimos sorprendidos y agraviados de que usted (Julio Piumato) haya hecho una denuncia en nombre del gremio sin consultarnos de los hechos ya que somos parte del gremio”, aseguraron los empelados y agregaron que: “Rechazamos de plano que el doctor Gómez nos haya amenazado de iniciarnos sumarios administrativos si participábamos de capacitaciones sin su permiso”.

Por su parte, el secretario general de la Unión Empleados de la Justicia Nacional Regional Tucumán, Marcelo Graiff comentó que por esta situación se hicieron asambleas y que ningún empleado se quejó o denunció acoso laboral por parte de Gómez. “Es por esto que como gremio apoyaremos lo que manifiesten nuestros afiliados que son los que conviven diariamente en ese sector laboral”, dijo el dirigente que con esta situación se enfrenta también a su secretario general nacional.

Foto: Argentina, Tucumán - El Fiscal General Gustavo Gómez es acusado de supuestos acosos laborales por el titular del gremio nacional Julio Piumato. / Autor: PRIMERA FUENTE

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Argentina: Detuvieron al secretario privado del gobernador de Corrientes

CHACO DIA POR DIA

Se le imputan peculado de servicios, delitos contra la administración pública y enriquecimiento ilícito con omisión maliciosa por la no presentación de declaración jurada.

Se trata de Diego Mosquera, quien quedó detenido luego de declarar por las tres causas en las que se lo imputa. "Estamos actuando como si fuese un ciudadano común que tiene que cumplir con la ley como corresponde", dijo a la prensa el fiscal Buenaventura Duarte. 

Por su parte, el fiscal Diego Nuñez Huell que interviene en una de las causas afirmó que la solicitud de detención con carácter cautelar solicitada por ambas fiscalías a la jueza Norma Agrasso de Caballero, se fundamenta en que Mosquera, continúa cumpliendo su función de secretario del gobernador Arturo Colombi.

"El estar en esa función puede afectar la investigación porque se pueden alterar las pruebas", dijo el fiscal. Dijo además que por acumulación de causas, la pena que le puede caber al imputado, ahora detenido, es de 2 a 26 años de prisión. 

El Senado de la provincia, solicitó en el mes de marzo que el funcionario sea separado del cargo mientras se lleve adelante la investigación, pero el primer mandatario hizo caso omiso a la petición y Mosquera siguió en el cargo. 

En la causa por enriquecimiento ilícito, se investiga el hallazgo de más de 2 millones de pesos en la cuenta de Mosquera en el Banco de Corrientes y de 1,4 millones en la cuenta de su esposa, Verónica Brest. 

La mujer, está imputada por supuesto enriquecimiento ilícito en carácter de cómplice primario, afirmó el doctor Nuñez Huell. 

Por peculado de servicios, se le imputa el uso del avión de la provincia para trasladarse con su familia de vacaciones a Villa Gessel y en delitos contra la administración pública, el otorgamiento de pasajes destinados a indigentes, y a las hijas de una periodista que recibe mensualmente una pauta publicitaria del Estado provincial de 200 mil pesos, según consta en la causa.

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Argentina, Córdoba: Un triunfo de los trabajadores

PRENSARED

La resolución de autoridad laboral termina con la discriminación que la organización sufrió desde marzo de 2006 cuando el gobernador De la Sota cercenó el derecho de los trabajadores a elegir a quienes los represente.

En un acto de estricta legalidad, el Ministerio de Trabajo de la Nación resolvió reconocer a ATE-Córdoba como organización gremial con derecho a representar a los trabajadores estatales provinciales.

Al respecto, la secretaria General de ATE-Córdoba, María Teresa Romero, señaló en conferencia de prensa que “ahora el gobierno provincial deberá abrir las puertas de la negociación y finalizar la persecución a los delegados y activistas de nuestra organización”.

En la reunión con los periodistas, realizada en la sede del gremio también asistieron Oscar de Isasi, secretario Gremial del Consejo Directivo Nacional de ATE, Oscar Mengarelli, el secretario General de CTA-Córdoba y el asesor legal Eugenio Biafore, como así también militantes de la organización.

En el resolución 708, la cartera laboral establece “la aptitud de la citada (ATE) para coexistir como entidad sindical, sin exclusión de su personería gremial en el ámbito público de la provincia de Córdoba”.

De esta forma, el Ministerio hace lugar al reclamo del sindicato en cuanto a la “elección de delegados, retención de la cuota sindical, en los términos de las leyes 23551 y 24642, y el ejercicio de la negociación colectiva”, según expresa el documento firmado por el ministro Carlos Tomada.

Así, finaliza la discriminación y persecución que nuestra organización sufrió desde marzo de 2006, cuando el gobierno provincial encabezado por José Manuel De la Sota desconoció nuestra representación y quitó los códigos de descuento de nuestros afiliados, en una clara e ilegal maniobra para cercenar el derecho de los trabajadores estatales de Córdoba a elegir quien los representa.

“Con esta actitud del gobierno provincial había desconocido todos los derechos de nuestra entidad sindical, violando la legislación vigente, los derechos de los trabajadores, la legislación nacional y los pactos que nuestro país suscribió con organizaciones internacionales como la OIT”, dijo María Teresa Romero.
 
Ahora el gobierno de Juan Schiaretti deberá acatar dicha resolución ministerial y recibir a ATE para llevar adelante a cabo la discusión que los afiliados y el resto de los trabajadores públicos demandan, en función de los reclamos sectoriales de amplio conocimiento en la provincia. 

Para Eugenio Biafore, la medida va en el mismo camino del “fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando ATE ganó el juicio en su conflicto de Pecifa por la representación de los trabajadores del Personal Civil de las Fuerzas Armadas. Es un gran paso hacía la democracia y la libertad sindical en la provincia”.

Por su parte, Oscar de Isasi señaló que la resolución del Ministerio de Trabajo “es un claro triunfo de los trabajadores y de la militancia de ATE, que ni en los peores momentos claudicó en la defensa de su legítimo derecho de representar a los trabajadores estatales”.

De Isasi anunció el paro nacional de actividades para mañana miércoles (ver información en: http://www.ateargentina.org.ar/) que realizará la organización en reclamo del Fondo Federal de Salario, una coparticipación justa para provincias y municipios, pase a planta permanente de los compañeros precarizados y en negro, apertura de paritarias, entre otras reivindicaciones.

Isasi afirmó que se realizarán actividades en todas capitales de provincia y en todos los distritos donde ate tiene presencia, y anunció que esta es la primer medida de un plan de acción que coordinado con la CTA, que apunta a que haya una mas justa distribución de la riqueza que redunde en beneficio de los sectores populares, entre ellos los trabajadores estatales.

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