jueves, 27 de agosto de 2009

Cuba: Reflexiones del compañero Fidel. Es la hora del recuento y de la marcha unida


Esta reflexión no va dirigida a los gobiernos sino a los pueblos hermanos de América Latina.

Mañana 28 de agosto se iniciará en Argentina la reunión Cumbre de UNASUR cuya trascendencia no puede ignorarse. En ella se debe analizar la concesión de siete bases militares en territorio de Colombia, a la superpotencia norteamericana. Las conversaciones previas de ambos gobiernos se mantenían en riguroso secreto. El acuerdo debía presentarse al mundo como hecho consumado.

En horas de la madrugada del 1º de marzo del 2008, las Fuerzas Armadas de Colombia, entrenadas y armadas por Estados Unidos, habían atacado con bombas de precisión a un grupo de guerrilleros que penetró en una apartada zona del territorio ecuatoriano. Al amanecer, hombres de las tropas élites colombianas transportados en helicópteros ocuparon el pequeño campamento, remataron a los heridos y se apoderaron del cadáver del jefe guerrillero Raúl Reyes, quien al parecer sostenía en esos días un encuentro con jóvenes visitantes de otras nacionalidades, interesados en conocer las experiencias de la guerrilla que desde la muerte del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, hace más de 50 años, sostiene la lucha armada. Entre las víctimas había estudiantes universitarios de México y Ecuador que no portaban armas. El método fue brutal, al estilo yanqui. El gobierno de Ecuador no había recibido advertencia alguna antes del ataque.

El hecho constituyó una acción humillante para el pequeño y heroico país suramericano, envuelto en un proceso político democrático. Se sospechaba fuertemente que la base aérea norteamericana de Manta había ofrecido información y cooperado con los atacantes. El presidente Rafael Correa adoptó la valiente decisión de solicitar la devolución del territorio ocupado de la base militar de Manta, cumpliendo estrictamente los términos establecidos en el convenio militar con Estados Unidos, y retiró su embajador en Bogotá.

La entrega de territorio para el establecimiento de siete bases militares de Estados Unidos en Colombia, amenaza directamente la soberanía y la integridad de los demás pueblos de Sur y Centroamérica con las que nuestros próceres soñaron crear la gran patria latinoamericana.

El imperialismo yanki es cien veces más poderoso que los imperios coloniales de España y Portugal, ajeno por completo al origen, los hábitos y la cultura de nuestros pueblos.

No se trata de estrechos chovinismos. “Patria es humanidad”, como proclamó Martí, pero jamás bajo el dominio de un imperio que ha impuesto al mundo una tiranía sangrienta. En nuestro propio hemisferio los cientos de miles de compatriotas latinoamericanos asesinados, torturados y desaparecidos en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y otros países de Nuestra América, durante las últimas cinco décadas por golpes de estados y acciones que Estados Unidos promovió y apoyó, demuestran de forma irrebatible lo que afirmo.

Cuando analizo los argumentos con que Estados Unidos pretende justificar la concesión de bases militares en territorio de Colombia, no puedo menos que calificar de cínicos tales pretextos. Afirma que necesita esas bases para cooperar en la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo, el tráfico de armas, la emigración ilegal, la posesión de armas de destrucción masiva, los desbordes nacionalistas y los desastres naturales.

Ese poderoso país es el mayor comprador y consumidor de drogas del planeta. Un análisis de los billetes que circulan en Washington, capital de Estados Unidos revela que el 95 por ciento pasaron por manos de  personas que consumen drogas; es el mayor mercado y a la vez el mayor suministrador de armas para el crimen organizado en América Latina, con ellas están muriendo decenas de miles de personas cada año al Sur de su frontera; es el mayor estado terrorista que ha existido nunca. No solo lanzó las bombas contra ciudades civiles en Hiroshima y Nagasaki;  en sus guerras imperiales como las promovidas en Vietnam, Iraq, Afganistán, Pakistán y otros países ubicados a miles de kilómetros de distancia en las que han muerto millones de personas; es el mayor productor y poseedor de armas de destrucción masiva, incluidas las nucleares, las químicas y las biológicas.

Los paramilitares colombianos, muchos de los cuales proceden de los desmovilizados de las Fuerzas Armadas y constituyen, en parte, sus reservas, son los mejores aliados y protectores de los narcotraficantes.

El llamado personal civil que acompañaría a los soldados en las bases de Colombia son, como norma, ex militares norteamericanos perfectamente entrenados, que son después contratados por empresas privadas como Blackwater, que se hizo famosa por los crímenes cometidos en Iraq y otras partes del mundo.

Un país que se respete a sí mismo no necesita mercenarios, ni soldados, ni bases militares norteamericanas para combatir el narcotráfico, ni proteger la población en los casos de desastres naturales, o brindar cooperación humanitaria a otros pueblos.

Cuba es un país sin problemas de drogas ni altos índices de muertes violentas, cuyo número decrece por año.

El único propósito de Estados Unidos con esas bases, es poner América Latina al alcance de sus tropas en cuestión de horas. La alta jerarquía militar de Brasil recibió con verdadero desagrado la noticia sorpresiva del acuerdo sobre la instalación de bases militares de Estados Unidos en Colombia. La base de Palanquero está muy cerca de la frontera con Brasil. Con esas bases, unidas a las de las Islas Malvinas, Paraguay, Perú, Honduras, Aruba, Curazao y otras, no quedaría un solo punto del territorio de Brasil y del resto de América del Sur fuera del alcance del Comando Sur, donde en cuestión de horas, mediante el empleo de sus más modernos aviones de transporte, puede hacer llegar tropas y otros medios sofisticados de combate. Los mejores especialistas en la materia han suministrado los datos necesarios, para demostrar el alcance militar del acuerdo yanqui-colombiano. Tal programa, que incluyó el restablecimiento de la IV Flota, fue diseñado por Bush y heredado por el actual gobierno de Estados Unidos, a quien algunos líderes suramericanos demandan el debido esclarecimiento de su política militar en América Latina. Los portaaviones nucleares no se necesitan para combatir las drogas.

El objetivo más inmediato de ese plan es liquidar el proceso revolucionario bolivariano y asegurar el control del petróleo y otros recursos naturales de Venezuela. El imperio, por otro lado, no acepta la competencia de las nuevas economías emergentes en su patio trasero, ni países verdaderamente independientes en América Latina. Cuenta con la oligarquía reaccionaria, la derecha fascista y el control de los principales medios de difusión masiva internos y externos. Nada que parezca a verdadera equidad y justicia social tendrá su apoyo.

La emigración de latinoamericanos hacia Estados Unidos es consecuencia del subdesarrollo, y este es consecuencia del saqueo a que hemos sido sometidos por parte de ese país y del intercambio desigual con las naciones industrializadas.

México fue desgajado de América Latina por el Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. La mayoría de los 12 millones de emigrantes ilegales en el primero de esos países son mexicanos y también la mayor parte de los cientos que mueren cada año en el muro de la frontera con aquel país.

Con una población de 107 millones de habitantes, en medio de la actual crisis económica internacional, el índice de pobreza crítica en México se ha elevado al 18 por ciento y la pobreza general alcanza a más de la mitad de sus habitantes.

Nada perturbó tanto la vida de Martí, el Apóstol de nuestra independencia, como la anexión a Estados Unidos. Desde 1889 venía tomando conciencia de que ese era el mayor peligro para América Latina. Soñó siempre con la Patria Grande, desde el río Bravo hasta la Patagonia;  por ella y por Cuba dio su vida.

El 10 de enero de 1891 escribió en La revista ilustrada de Nueva York un ensayo titulado “Nuestra América”, en el que expresó inolvidables frases: “… ¡los árboles se han de poner en fila para que no pase el gigante de las siete leguas! Es la hora del recuento, y de la marcha unida, y hemos de andar en cuadro apretado, como la plata en las raíces de los Andes.”

Cuatro años más tarde, después de su desembarco por Playitas en la provincia oriental de Cuba, cuando ya marchaba por los campos insurrectos, sostuvo un encuentro con el periodista del Herald George E. Bryson, el 2 de mayo de 1895. Este le contó que había entrevistado en la Habana al famoso general Arsenio Martínez Campo. El jefe español le dijo que antes de conceder la independencia a Cuba prefería entregarla a Estados Unidos.

De tal forma impactó la noticia a Martí, que el 18 de mayo escribió a su amigo mexicano Manuel Mercado la famosa carta póstuma en la que habla del “…camino que se ha de cegar, y con nuestra sangre estamos cegando, de la anexión de los pueblos de Nuestra América, al  Norte   revuelto y brutal que los desprecia…”

Al día siguiente, desoyendo el consejo del General Máximo Gómez, quien le indicó permanecer en la retaguardia, solicitó a su ayudante un revolver, cargó contra una tropa española bien posesionada y murió en el combate.

“Viví en el monstruo, y le conozco las entrañas”, sentenció en su última carta.

Fidel Castro Ruz
agosto 27 de 2009
12 y 40 p.m.

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“Vientos de guerra” que debería enfrentar UNASUR


Ernesto Carmona (especial para ARGENPRESS.info)

La amenaza de guerra en América Latina ya no es una ficción ante la inminente instalación de siete bases militares de EEUU en Colombia. Y desafía la capacidad política de UNASUR de impedir estos preparativos belicosos en la cumbre de Bariloche, casi un año después de sortear airosamente la crisis de Bolivia, en septiembre de 2008, y a dos meses del golpe en Honduras, cuyo gobierno de facto sobrevive en “stand by” gracias al apoyo encubierto de Washington.

Entre algunos socios de UNASUR predomina el “dejar hacer”, con la visión de que las bases en Colombia son un “asunto interno” del gobierno de Álvaro Uribe. 

Las bases militares no son para la paz, definitivamente son para la guerra, y engrosan las 872 instalaciones belicosas que ya tiene EEUU alrededor del mundo. La oposición frontal a las nuevas instalaciones en el sur del continente proviene de Venezuela, Ecuador y Bolivia, mientras Perú, en cambio, expresa su apoyo abierto y procura distraer la atención aireando un poco creíble “conflicto” mediático tripartito con Bolivia y Chile. El resto de los países miembros expresa “preocupación” y “rechazo” con diferentes matices y cierto pragmatismo de Brasil, que no ha desempeñado un rol relevante en esta crisis.

La actual amenaza a la paz latinoamericana resulta la más peligrosa de las tres últimas décadas, desde que la Administración Reagan embarcó a EEUU en la guerra sucia de Centro América, que fue matizada por el financiamiento ilegal proveniente del tráfico de drogas orquestado por el coronel Oliver North y el escándalo “Irán-Contra”. La cuestión de fondo es que la guerra forma parte substancial de la política exterior del imperio estadounidense, bajo cualquier gobierno. 

El gobierno y los medios de información de las grandes corporaciones entronizan a diario en la mente de los estadounidenses que la guerra es “natural” para su cruzada perpetua por la libertad, la democracia y el libre mercado. Bush llegó a proclamar “la guerra permanente”, cuando armó el incidente del 11 de septiembre y utilizó mentiras como las “armas de destrucción masiva” para engañar a la opinión pública mundial con una justificación para invadir Iraq y Afganistán. Entonces, todos los grandes diarios de EEUU y del mundo mintieron sin rubor. Y no es relevante que las guerras se ganen o se pierdan, sino que existan y se alarguen el mayor tiempo posible.

La explicación del ánimo guerrero está en el poder real que por medio siglo ejerce en el gobierno federal el llamado “Complejo Militar-Industrial” (CMI), integrado por las mega corporaciones que producen bombas y armas las 24 horas del día, incluidos sábados y domingo. Y esta presión supera cualquier deseo pacifista que pudiera alentar Barack Obama, que ya ordenó extender la guerra en Afganistán y llevarla a Pakistán, mientras mantiene la guerra secreta contra el gobierno de Sudán alimentando a “los rebeldes” separatistas de Darfur para apoderarse del petróleo que acaba de aparecer en esa parte del mundo, al igual que los yacimientos explorados en la selva amazónica del Perú y otros países de América del Sur.

El CMI vende al gobierno federal sus artilugios bélicos, desde las bombas nucleares que fabrica la General Electric, a los “Abejorros Depredadores”, los pequeños aviones sin piloto manejados a control remoto por operarios de la CIA que hoy lanzan su carga mortal sobre civiles y niños “islámicos” de Pakistán y que son fabricados por la General Dynamic. Pero todavía las guerras necesitan “mano de obra”, es decir tropas, o carne de cañón. Y los combatientes de la libertad son reclutados entre los negros y latinos pobres, más algunos jóvenes blancos también pobres, todos sin acceso a la educación ni a un rol laboral en la economía estadounidense. A los jóvenes sin mayor futuro en su propio país se les paga para que vayan a la guerra y resuelvan así la situación propia y de sus familias.

La guerra, de paso, es un gran negocio para EEUU, porque estimula su economía perpetuamente deficitaria y restablece la “confianza” en el capitalismo. Hay crisis financiera, pero no importa, porque los bancos centrales de los países satélites, como Chile, a manera de ejemplo, tienen sus reservas en dólares invertidas en bonos del Tesoro que rinden apenas 1%, pero sirven para financiar la expansión militar del imperio, empeñado en cercar de manera hostil a los principales tenedores de esos bonos sin mayor valor, incluso China. El Pentágono, o ministerio de Defensa, “perdió” 3,4 millones de millones de dólares que se esfumaron durante la administración Bush sin que hubiera ningún culpable, pero ese es un detalle menor, porque el ministerio del Tesoro, o de Hacienda, tiene los dólares de los bonos comprados por países que con ese mal negocio conspiran contra su propia estabilidad futura. Y la Reserva Federal no tiene limitaciones para imprimir billetes, que ya no tienen respaldo en oro.

El Congreso de EEUU tampoco es un “tapón” para el ánimo bélico del gobierno-CMI, que también tiene inversiones en las grandes corporaciones dueñas de medios de información, diarios y televisoras, para dorar la píldora diaria que consume el público estadounidense desinformado. Entre las 25 noticias más censuradas por la gran prensa, el Proyecto Censurado 2009 revela que más de la cuarta parte de los 100 senadores y 435 representantes del Congreso tiene inversiones personales en las compañías proveedoras del Pentágono, cuyas acciones suben constantemente de valor con las guerras. En este negocio bipartidario participan incluso legisladores demócratas y republicanos que presiden o integran comités parlamentarios que “supervisan” los contratos con el ministerio de Defensa de Robert Gates. El principal inversionista, con la mayor cartera, es el senador demócrata John Kerry, quien fue candidato presidencial demócrata en 2004.

El guerrerista Álvaro Uribe es la carta perfecta para soplar los vientos de guerra, aliado incondicional de EEUU a pesar que en 1991 una de las cuatro agencias de inteligencia del Pentágono describió sus actividades ligadas al narcotráfico y las ejecuciones por encargo. Uribe ha sido un activo participante del negocio de la droga, a través del cartel de Medellín, con su amigo Pablo Escobar Gaviria, un capo de la droga que llegó a ser diputado y fue muerto en diciembre de 1993, según un informe secreto redactado en 1991 por la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA, por su sigla en inglés), que se dedica a recolectar inteligencia militar en el extranjero, y desclasificado en 2004 por el Archivo de Seguridad Nacional, entidad ligada a la Universidad George Washington, que dirige Peter Kornbluth.

En el acápite 82, en la página 10 del documento de la DIA, todavía se puede leer esto: Álvaro Uribe Vélez – Un político y senador colombiano dedicado a colaborar con el cartel de Medellín desde altos niveles del gobierno. Uribe fue vinculado a los negocios que involucran las actividades de narcóticos en EEUU. Su padre fue asesinado en Colombia por su conexión con traficantes de narcóticos. Uribe ha trabajado para el cartel de Medellín y es un amigo personal muy cercano de Pablo Escobar Gaviria. Ha participado en las campañas políticas de Escobar para que Jorge (Ortega) ganara la posición de parlamentario auxiliar. Uribe ha sido uno de los políticos que de todas formas más atacó desde el Senado los tratados de extradición”. Si no lo creen, vean http://www.gwu.edu/%7Ensarchiv/NSAEBB/NSAEBB131/ y http://www.gwu.edu/%7Ensarchiv/NSAEBB/NSAEBB131/dia910923.pdf

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El espejo de Uribe


Atilio A. Boron

La Cumbre de la UNASUR en Bariloche tendrá que enfrentar dos gravísimos problemas que abruman a América Latina: el golpe militar en Honduras y la militarización de la región como resultado de la instalación no de una sino de siete bases militares norteamericanas en Colombia.

En relación a lo primero la UNASUR deberá exigirle a Barack Obama coherencia con sus propias declaraciones a favor de una nueva era en las relaciones interamericanas. Como lo hemos reiterado en numerosas oportunidades este golpe es un globo de ensayo para testear las respuestas de los pueblos y los gobiernos de la región. Y si tiene lugar en Honduras es precisamente porque fue ese el país más meticulosamente sometido a la influencia ideológica y la dominación política de Washington. 

Fracasada la negociación de la OEA Washington procedió a suspender la emisión de visas para los ciudadanos de Honduras. Medida tibia, muy tibia, pero síntoma de que está tomando nota del clima político imperante en la región. Pero Obama debe hacer mucho más, y dejar de lado el falaz argumento que expresara hace unos pocos días cuando se refirió a la contradicción en que incurrirían los críticos del imperialismo al exigirle ahora que intervenga en Honduras. Es “irónico” –dijo en esa ocasión- “que algunos de los que han criticado la injerencia de Estados Unidos en América Latina se quejen ahora de que no está interfiriendo lo suficiente”. 

Sabemos que Obama no está demasiado informado de lo que hacen sus subordinados civiles o militares, para ni hablar de los servicios de inteligencia. Pero debería saber, por ser tan elemental, que Estados Unidos viene interviniendo en Honduras desde 1903, año en que primera vez los marines desembarcaron en ese país para proteger los intereses norteamericanos en un momento de crisis política. En 1907, en ocasión de la guerra entre Honduras y Nicaragua, tropas estadounidenses se estacionaron durante unos tres meses en las ciudades de Trujillo, Ceiba, Puerto Cortés, San Pedro Sula, Laguna y Choloma. En 1911 y 1912 se reiterarían las invasiones, en este último caso para impedir la expropiación de un ferrocarril en Puerto Cortés. En 1919, 1924 y 1925 fuerzas expedicionarias del imperio volverían a invadir Honduras, siempre con el mismo pretexto: salvaguardar la vida y la propiedad de ciudadanos norteamericanos radicados en este país. Pero la gran invasión ocurriría en 1983, cuando bajo la dirección de un personaje siniestro, el embajador John Negroponte, se establecería la gran base de operaciones desde la cual se lanzó la ofensiva reaccionaria en contra del Sandinismo gobernante y la guerrilla salvadoreña del Frente Farabundo Martí. Obama no puede ignorar estos nefastos antecedentes y por lo tanto debe saber que el golpe contra Zelaya sólo fue posible por la aquiescencia brindada por su gobierno. Lo que se le está pidiendo es que Estados Unidos deje de intervenir, que retire su apoyo a los golpistas, único sustento que los mantiene en el poder, y que de ese modo facilite el retorno de Zelaya a Tegucigalpa. La Casa Blanca dispone de muchos instrumentos económicos y financieros para disciplinar a sus compinches. Si no lo hace es porque no quiere, y los gobiernos y pueblos de América Latina deberían sacar las conclusiones del caso.

En relación al segundo problema, las bases norteamericanas en Colombia, es preciso decir lo siguiente. Primero, que el imperio no tiene diseminadas 872 bases y misiones militares a lo ancho y largo del planeta para que sus tropas experimenten las delicias del multiculturalismo o de la vida al aire libre. Si las tiene, a un costo gigantesco, es porque tal como lo ha dicho Noam Chomsky en numerosas oportunidades, son el principal instrumento de un plan de dominación mundial sólo comparable al que en los años treintas alucinara a Adolf Hitler. Pensar que esas tropas y esos armamentos se desplegarán en América Latina para otra cosa que no sea asegurar el control territorial y político de una región que los expertos consideran como la más rica del planeta por sus recursos naturales      -acuíferos, energéticos, biodiversidad, minerales, agricultura, etcétera- constituye una imperdonable estupidez. Esas bases son la avanzada de una agresión militar, que puede no consumarse hoy o mañana, pero que seguramente tendrá lugar cuando el imperialismo lo considere conveniente. Por eso la UNASUR debe rechazar enérgicamente su presencia y exigir la suspensión del proceso de instalación de las bases. Y, además, aclarar que este no es un “asunto interno” de Colombia: nadie en su sano juicio puede invocar los derechos soberanos de un país para justificar la instalación en su territorio de fuerzas y equipamientos militares que sólo podrán traer destrucción y muerte a sus vecinos. Cuando en los años treinta Hitler rearmó a Alemania los Estados Unidos y sus aliados pusieron el grito en el cielo, sabedores que el paso siguiente sería la guerra, y no se equivocaron. ¿Por qué ahora sería diferente?

Segundo: mientras Uribe sea presidente de Colombia no habrá solución a este problema. Él sabe, como todo el mundo, que Estados Unidos ha venido confeccionando un prontuario que no cesa de crecer en donde se lo califica de narcotraficante y de cómplice de los crímenes de los para militares. En 2004 el Archivo Federal de Seguridad de Estados Unidos dio a conocer un documento producido en 1991 en el que se acusa al por entonces senador Álvaro Uribe Vélez de ser una de los principales narcotraficantes de Colombia, referenciado como el hombre número 82 en un listado cuyo puesto 79 ocupaba Pablo Escobar Gaviria, capo del cartel de Medellín. El informe, que puede leerse en http://www.gwu.edu/%7Ensarchiv/NSAEBB/NSAEBB131/dia910923.pdf
asegura que el hoy presidente colombiano “se dedicó a colaborar con el cartel de Medellín en los más altos niveles del gobierno. Uribe estaba vinculado a un negocio involucrado en el tráfico de narcóticos en Estados Unidos. Su padre fue asesinado en Colombia por su conexión con los narcos. Uribe trabajó para el Cartel de Medellín y es un estrecho amigo personal de Pablo Escobar Gaviria ...(y) fue uno de los políticos que desde el Senado atacó toda forma de tratado de extradición.” Por lo tanto, Uribe no tiene ningún margen de autonomía para oponerse a cualquier pedido que provenga de Washington. Su misión es ser el Caballo de Troya del imperio y sabe que si se resiste a tan ignominiosa tarea su suerte no será distinta de la que corrió otro personaje de la política latinoamericana, presidente también él: Manuel Antonio Noriega, quien una vez cumplida con la misión que la Casa Blanca le asignara fue arrestado en 1989 luego de una cruenta invasión norteamericana a Panamá y condenado a 40 años de prisión por sus vinculaciones también con el cártel de Medellín. Cuando Noriega dejó de ser funcional a los intereses del imperio pasó velozmente y sin escalas de presidente a prisionero en una celda de máxima seguridad en los Estados Unidos. Ese es el espejo en que día y noche se mira Uribe, y eso explica su permanente crispación, sus mentiras, y su desesperación por volver a ser elegido como presidente de Colombia, convirtiendo a ese entrañable país sudamericano en un protectorado norteamericano, y a él mismo en una suerte de procónsul vitalicio del imperio, dispuesto a enlutar a todo un continente con tal de no correr la misma suerte que su colega panameño.

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Estrategia militar-mediática estadounidense derrumba el Proyecto Bolivariano


Heinz Dieterich

Con el ataque militar a Ecuador, activación de la IV Flota, golpe militar en Honduras e iraquización de Colombia (bases militares), Washington reimplantó por la fuerza la Doctrina Monroe en América Latina.

1. El avance imperialista

Con el ataque militar a Ecuador, la activación de la IV Flota, el golpe militar en Honduras y la iraquización de Colombia (bases militares), Washington ha reimplantado por la fuerza la Doctrina Monroe en América Latina. El reciente rechazo del Senado paraguayo a la adhesión venezolana al MERCOSUR coronó esos esfuerzos de la bota militar yanqui mediante un importante triunfo político. Tales éxitos de la dupla imperial Bush-Obama, logrados en poco más de un año, no hubieran sido posibles sin la notable falta de inteligencia y capacidad operativa estratégica de los gobiernos “bolivarianos”. 

2. Reacciones tácticas, carencia de estrategia

Para lograr sus éxitos Washington diseñó un paradigma militar-mediático que le concedió la iniciativa estratégica en ambos campos. Ejecutaba sus jugadas sincronizadas en el tablero de poder latinoamericano, sin que los gobiernos de centroizquierda lograsen descifrar ni la sofisticación ni la dimensión de la amenaza. Fueron tomados recurrentemente por sorpresa y colocados a la defensiva, simplemente reaccionando y reaccionando de manera individual, sin capacidad de previsión y, mucho menos, de prevención de las ofensivas enemigas. 

3. Los campos de batalla: lo militar y lo mediático

El imperio, apoyado por sus cómplices europeos, instrumentó su ofensiva en los dos campos de poder donde no puede ser vencido: el militar y el mediático. Geopolíticamente, avanzó vía el Bloque Monroeista del Pacífico (BMP), conformado por países centroamericanos, Colombia, Perú y, en parte, Chile. Ante este paradigma de intervención la única defensa bolivariana posible hubiera sido una contraofensiva colectiva del Bloque Bolivariano que enfrentara políticamente el centro de la agresión, Washington---arriesgando la ruptura abierta--- y que castigara económicamente a su avanzada militar, el gobierno de Uribe-Santos. Al no actuar de esa forma, omisión, cuya grave responsabilidad histórica recae principalmente sobre el gobierno brasileño, el monroeismo ha avanzado como un cáncer letal que proyecta matar al Bolivarianismo dentro de dos años (2011), liquidando a su centrum gravitatis, la presidencia de Hugo Chávez.

4. Ecuador: la Caja de Pandora

El momento crucial para enfrentar la ofensiva general de Washington se dio con el ataque militar a Ecuador. Las ventajas mediáticas, jurídicas y políticas, que esa fragante violación de la soberanía ecuatoriana proporcionaba al Bloque Bolivariano eran inmejorables. Por ejemplo, al violentar el gobierno colombiano la escena del crimen, removiendo y modificando la evidencia forense, hecho reconocido por la propia policía colombiana, el Bloque Bolivariano debía haber invocado la doctrina judicial universal de la inadmisibilidad de evidencia contaminada (tainted evidence) en una corte de ley. 

Frente a los aparatos policíacos internacionales, la aplicación de este principio forense hubiera significado la negación de cualquier colaboración respectiva, advirtiéndose inclusive la posible ruptura en bloque con esas estructuras policíacas internacionales, controladas por Washington y Bruselas, ante presiones indebidas. Al no activar ese axioma jurídico y advertir sobre la prospectiva ruptura, los gobiernos de Quito y Caracas se convirtieron ad infinitum en rehenes pasivos de las campañas mediáticas chantajistas que Washington desata cuando le conviene.

5. Santo Domingo: el appeasement ante Hitler

El grave error de no enfrentar de manera jurídica-ofensiva la agresión militar de Washington-Bogotá a Ecuador, se repitió en lo político-económico. Presionado por dos cercanos aliados, Hugo Chávez tuvo que jugar al mediador y levantar las sanciones económicas contra Bogotá, dejando aislada la digna posición de no-reconciliación de Rafael Correa y, también, de Daniel Ortega. La resolución de Santo Domingo, a su vez, consagró la impunidad, absolviendo a los dos perpetradores principales de la agresión (Bush y Uribe), sin cobrarles costo político ni económico alguno. Con este triunfo de la política del appeasement (oportunismo), que la historia no absolverá, la puerta al regreso de James Monroe quedaba plenamente abierta. No tardó mucho el Uncle Sam (Tío Sam) en pasar por ella. Le tocó el turno a Honduras.

6. El appeasement se repite ante Honduras y Colombia

El mismo patrón de miedo e irresolución política de la nueva clase política desarrollista latinoamericana, practicado en Santo Domingo, se repite ante el golpe de Estado en Honduras y la conversión de Colombia en un protectorado militar del Comando Sur. Mientras el pueblo hondureño enfrenta heroicamente a los gorilas locales de Washington en la calle, los gobiernos latinoamericanos de centroizquierda hacen, esencialmente… nada. No solo se mostraron incapaces de detectar el golpe a tiempo, ahora se muestran sin voluntad real para cortar el nudo gordiano del problema. 

7. Enfrentar a Obama o perder la guerra

La solución al problema de la dictadura militar se encuentra en Washington, en la presión pública y colectiva de los gobiernos latinoamericanos sobre el gobierno de Obama, para obligarle a definirse ya. Si los gobiernos latinoamericanos no se atreven a cobrarle un alto costo político al “Presidente del cambio y de la esperanza” por su de facto complicidad con el coup d´etat, congelando las relaciones con su gobierno, el monroeismo ganará la guerra. Y la misma disyuntiva debe plantearse ante Uribe, explicitándole a él y a la sociedad civil colombiana los costos políticos y económicos de la sumisión santanderista ante el imperio. 

8. El circo

Pedirle explicaciones sobre las bases militares estadounidenses en Colombia en una futura reunión de la UNASUR, es ridículo; de hecho, tan ridículo y cínico como el circo de la OEA instrumentado por la Casa Blanca con el procónsul imperial Oscar Arias. No es más que una finta seudo-diplomática de los gobiernos desarrollistas que oculta la verdadera gravedad de la situación ante las masas latinoamericanas y engaña sobre el avance del cáncer monroeista. Es la mentira de poder parar el cáncer con operaciones cosméticas locales, en lugar de enfrentarlo en una operación de vida o muerte contra su centro de proliferación.

9. La lección de Ayacucho

Es la hora de la Batalla de Ayacucho, donde el virrey español La Serna, con el doble de tropas del Gran Mariscal de Campo Antonio José de Sucre y una abrumadora superioridad de artillería, aplicó la Guerra de Desgaste al Ejército Libertador del Sur; obligándolo a constantes movilizaciones reactivas en una guerra de movimientos. El Mariscal Sucre, resuelto a no caer en el juego del enemigo, decidió recobrar la iniciativa. Rompió la estrategia de los realistas con la de la batalla decisiva, es decir, la batalla que decide la guerra. En las áridas colinas de la pampa de Junín, el 8 de diciembre de 1824, forzó a los monroeistas europeos a presentar batalla y los venció. Fue el fin del colonialismo español.

10. ¿Cómo salvar el Proyecto Bolivariano?

Estamos, de nuevo, ante el escenario de una Guerra de Desgaste de fuerzas imperiales-oligárquicas muy superiores. Pero, esta vez, en calidad de huérfanos, sin el Gran Mariscal Antonio José de Sucre, sin el General Simón Bolívar y sin el General San Martín. Es decir, sin liderazgo ni vanguardia latinoamericana. 

¿Qué hacer ante tal situación? Al igual que en el momento culminante del golpe imperial separatista en la media luna boliviana habrá que activar la sabiduría del Comandante Fidel Castro para diseñar y consensuar un plan de contención y contraofensiva bolivariana hemisférica frente a Obama-Uribe. Pero, no basta reactivar las tareas de conducción de la Segunda Emancipación en manos de los gobiernos porque son precisamente ellos los que han perdido la iniciativa y el rumbo estratégico.

Por lo mismo es necesario que se reactiven en forma autónoma los grandes movimientos sociales, como el MST en Brasil, y los intelectuales de Estado, como la red “En Defensa de la Humanidad”, para que se autoasuman como sujetos estratégicos del cambio, abandonando su papel subordinado ante los gobiernos de centroizquierda, de cuya simbiosis se benefician con sus agendas particulares.

Crear la vanguardia unificada latinoamericana entre todas las fuerzas anti-imperiales; mantener la máxima unidad posible y la alianza estratégica entre Estados y movimientos de masas, sin dominación de los Estados; recuperar la iniciativa y el rumbo estratégico y enfrentar a Washington con la estrategia de la batalla decisiva. Esas son las tareas apremiantes generadas por la Guerra de Desgaste imperialista. 

Es el momento de Ayacucho. Es el momento de la grandeza y audacia de los Libertadores.

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Honduras: A dos meses del zarpazo


Ángel Guerra Cabrera (especial para ARGENPRESS.info)
 
Washington pudo haber desmontado por anticipado la aventura golpista en Hondura, pues el Departamento de Estado –no se digan el Pentágono y la CIA- conocía al dedillo los aprestos, en el país centroamericano y en Estados Unidos, para derrocar al presidente Zelaya. O podía haberlo hecho con posterioridad a la reunión de la OEA, cuando se manifestó el clamoroso rechazo latinoamericano a la asonada.

Bastaba que hubiese congelado las cuentas bancarias en Estados Unidos y prohibido el ingreso a ese país de los jerarcas del gobierno gorila si es que le parecía excesivo el retiro temporal de los 600 militares que mantiene en la base de Soto Cano. Nadie puede discutir que al vecino del norte no le tiembla el pulso en materia de sanciones cuando son de su interés; y si no, allí están intactas las medidas que intentan matar de hambre y enfermedades al pueblo de Cuba hace casi medio siglo. En este caso se trataba de un simple tirón de orejas a los cabecillas oligárquicos del golpe que los hubiera rendido al instante puesto que –como a sus pares de América Latina- la vida les resulta insoportable sin casa en Miami y cuenta bancaria en Estados Unidos.
 
La cuestión central es que la oligarquía y el ejército hondureños han sido criaturas e instrumentos orgánicos de la potencia estadunidense desde fines del siglo XIX y de eso depende toda su fuerza militar y política, delegada por aquella. Por consiguiente, sobre Washington recae, cuando menos, la responsabilidad moral del golpe. Recuérdese que Honduras fue sede del virreinato de John Negroponte en los ochentas: centro de actividad de escuadrones de la muerte, rampa de lanzamiento de la guerra contra la revolución Sandinista y las insurgencias en El Salvador y Guatemala, epicentro del escándalo Irán-contras y de las operaciones de la CIA en América Central, entre cuyas piezas fundamentales están el architerrorista Luis Posada Carriles y Félix García, quien ordenó el asesinato de Che Guevara. El torturador Billy Joya, asesor de seguridad de Micheletti, pertenece a esa camada y es fundador de aquellos escuadrones de Negroponte.

En el mejor de los casos los gorilas fueron estimulados y empujados al golpe por poderosas fuerzas políticas del establishment estadunidense sabiendo de antemano que Obama no podría oponérsele enérgicamente ni siquiera por salvar la cara luego de sus rutilantes promesas en la Cumbre de las Américas. ¿Quién toma en serio hoy aquella cumbre con las bases en Colombia y su sombría amenaza?

En resumen, a dos meses del golpe de Estado queda claro que, en términos de acciones políticas, Washington no pasará del apoyo al “Acuerdo de San José”, concebido por el Departamento de Estado para que el régimen gorila se consolide dando tiempo a que expire el mandato de Zelaya o, tal vez, entregar a este por unos días u horas, vísperas de elecciones amañadas, una presidencia “atada de pies y manos”, como la ha calificado su esposa Xiomara Castro. De allí la importancia de que se mantenga viva la solidaridad de los pueblos y de los gobiernos progresistas con la resistencia antigolpista pues será más difícil mantener el aislamiento diplomático de los gorilas una vez que se bañen en el Jordán de las elecciones.

En todo caso, el Frente Popular de Resistencia contra el Golpe de Estado ha dado una batalla ejemplar, mucho más consistente y prolongada que la imaginada inicialmente por sus dirigentes más optimistas pero insuficiente para derrocar a corto plazo a una dictadura militar apoyada bajo cuerdas por Estados Unidos. No hay la menor señal de que podamos esperar en lo inmediato la restitución del orden institucional en Honduras, aun en el improbable caso de una fugaz reinstalación de Zelaya. De la OEA no vendrá la solución.

De modo que las fuerzas populares están abocadas a una lucha prolongada y ya no limitada a la meta inmediata del retorno de Zelaya sino a lo que resalta como aspiración mayoritaria del movimiento popular hondureño: la instauración de un régimen surgido de un gran proceso de consulta al electorado y de una asamblea constituyente de raíz y carácter popular, antioligárquico y por la justicia social. Tal lucha sólo podrá triunfar si está asentada en la más estrecha unidad de las fuerzas populares puesto que su victoria no sólo implicaría un desafío a la oligarquía y al ejército hondureño sino al orden geopolítico decidido por Estados Unidos en nuestra región.

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“Golpe de Estado ni dios lo quita”; en Chile duró 17 años, ¿cuántos en Honduras?


Pedro Echeverría (especial para ARGENPRESS.info)

1. La diferencia entre un Golpe de Estado y una Revolución es radical. El primero es la toma violenta del poder por militares generalmente guiados por un sector de la clase política, es decir por elementos internos del propio gobierno (Honduras) o bien cuando los militares se hacen directamente cargo (Huerta en México, Pinochet en Chile); en los tres casos con apoyo de los EEUU.

Pero también puede haber golpes de Estado ejecutados por las fuerzas económicas del mercado, cuando un oligopolio internacional desplaza del poder a otro. Algunos hablan de influencia excesiva del poder militar en el gobierno civil que en muchos de los casos lo llevan a cabo mediante los golpes de estado o pronunciamientos. La Revolución, por el contrario, es un profundo movimiento social de abajo, de los explotados, contra el sistema de explotación y opresión.

2. El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza señaló el miércoles que retornó de Honduras sin acuerdo alguno. Indicó en el Consejo de la OEA que ''la amnistía para lo propiamente político no debería ser una dificultad'', pues está contemplada en la constitución de Honduras y es algo que opina podría manejarse. Indicó que el presidente de facto, Roberto Michelleti reconoció que hubo un ''grado de error'' en sacar a Zelaya del país durante el golpe. Dijo Insulza que hay una gran oposición al regreso de Zelaya. “No encontramos a nadie que estuviera de acuerdo con el retorno''. El representante alterno de Estados Unidos, Lewis Anseelem, indicó durante la sesión que su país ha suspendido ''toda ayuda no esencial'' a Honduras y sostiene que el regreso de Zelaya es ''indispensable''. Como dicen: “golpe dado ni dios lo quita”.

3. El golpista Michelleti se siente muy cómodo y seguro como presidente de facto en Honduras. El cacareado bloqueo decretado por la OEA y el gobierno de Obama fue una farsa. El golpista se ha reído de las medidas y ha declarado que está dispuesto a resistirlas. El pueblo hondureño demostró una gran fuerza en las calles condenando el golpe de Estado y exigiendo el regreso del presidente Manuel Zelaya, pero al parecer la represión fue más fuerte y los líderes del movimiento poco pudieron hacer. El golpe de Estado de Honduras tiene muchas similitudes con el realizado Chile en 1973, pero también muchas diferencias; aquel fue más descarado y brutal porque el gobierno de Allende se había declarado socialista y porque el gobierno de los EEUU intervino de manera abierta; además la lucha de clases y su antagonismo fue clara.

4. El general Pinochet, después de su sangriento Golpe de Estado en Chile para derrocar y asesinar a Salvador Allende, estuvo en el poder 17 años (1973-90) porque contó con todo el apoyo del gobierno de Nixon y su canciller Kissinger, pero luego con todos los demás gobiernos yanquis. Pinochet además fue apoyado por los grandes empresarios y parte de las clases medias chilenas de la derecha, así como por el clero y los partidos cristianos. Michelleti y sus generales han contado con el apoyo “subterráneo” del gobierno de Obama y la Clinton, así como el de los empresarios y el clero. Aunque casi todos los países han condenado el Golpe, la realidad es que en la mayoría ha sido una condena verbal muy tibia, mucho para estar acorde a Obama y salir del paso; y eso lo sabe muy bien el golpista hondureño y sus generales.

5. La realidad es que el derrocamiento de Zelaya ha significado una derrota a la corriente de izquierda de Chávez/Morales/Correa y un triunfo de Obama y los gobiernos incondicionales a él. El gobierno de Zelaya –a pesar de sus orígenes empresariales y burgueses- se había acercado mucho al venezolano y eso, para Obama, era muy peligroso en estos años en que el balance de las fuerzas en Latinoamérica está favoreciendo a las tendencias progresistas. En este punto puede verse que el golpe de Estado en Honduras tiene claras similitudes con el de Chile de 1973 pues también Allende significaba el inicio del ascenso de gobiernos de izquierda por la vía electoral. El derrocamiento de Allende demostró una vez más que por la vía electoral no se podría construir el socialismo y fortaleció la lucha guerrillera en Nicaragua y El Salvador.

6. En los últimos 10 años se ha demostrado que sí pueden llegar al gobierno personajes de izquierda y de centroizquierda por la vía electoral. Sin embargo, fuera de los casos Venezuela/Bolivia/Ecuador, que han logrado reformar o cambiar sus Constituciones, los demás gobiernos siguen maniatados o atados por las Constituciones burguesas y eso los obliga a seguir gobernando para la misma burguesía que dijeron antes combatir; pero lo más grave es que –como sucedió en Chile y en Honduras- son víctimas fáciles de golpes de Estado mediante la acusación de que han violado la Constitución. Asumir el gobierno ha resultado menos difícil que mantenerse en él realizando los cambios más urgentes y necesarios para el pueblo. Lula, Tabaré, Bachelet, Kirchner, no han podido hacer nada para debilitar las formas capitalistas de explotación. Las han renovado.

7. Ahora los líderes de la OEA y otros gobiernos hablan de la necesidad de una “reconciliación” en Honduras, es decir, que se acepte todo lo sucedido. El gobierno golpista de Michelleti parece fortalecido porque incluso plantea que está dispuesto a resistir el tiempo necesario. Sus partidarios están puestos para realizar manifestaciones apoyadas por empresarios y medios de información. El presidente de facto está dispuesto a realizar entre unos meses las elecciones y a entregar el poder al presidente (seguramente incondicional del él) electo. El gobierno de Obama, con la instauración de bases militares en Colombia ha desviado la atención en Honduras demostrando que puede hacer cosas peores. Hoy casi nadie recuerda a Zelaya porque las bases militares son indudablemente, más amenazantes. Chávez, Morales y Correa deben cuidarse.

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Los que se borocotizan son los K


PRENSA OBRERA (especial para ARGENPRESS.info)

No es cierto que los derrotados K estén reclutando mujeres del campo adversario para la causa nacional y popular. Es exactamente lo contrario: el pasaje de María del Carmen Alarcón al gobierno, una notoria representante de los ‘pool’ de siembra y de los fideicomisos agrarios, no es otra cosa que la borocotización del matrimonio por parte de los grandes pulpos sojeros.

Alarcón no viene sola, la acompaña todo el nucleamiento Pampa Sur –poblado no solamente por sojeros sino por macristas.

Ha habido un pacto político, en la misma línea de ‘acercamiento’ al FMI y a los llamados mercados internacionales.

Lo que ha ocurrido es que los ‘pool’ de siembra se han cansado de la esterilidad de la Mesa de Enlace, de las provocaciones de sus ‘chacareros’ y de las peleas y divisiones de sus políticos ‘opositores’ –desde la ‘apocalíptica’ Carrió al desbocado Reutemann.

El fin de semana pasado se realizó un congreso de la Apresid, que reúne a los pulpos financieros del agro con los pulpos de insumos agroquímicos, para coincidir que la consigna de la hora es abrir las puertas a un nuevo endeudamiento internacional –precisamente lo que hacen los K.

Los pulpos de Apresid saben muy bien que el proyecto de ley de arrendamiento de los K es una maniobra parlamentaria para la gilada –porque no lo quieren ni los afiliados a la Federación Agraria, que alquilan sus campos porque ya no son arrendatarios, o porque son subcontratistas, sin tierras, de los capitales del agro.

Tampoco son los pools y los fideicomisos los que más necesitan que se declare una emergencia agropecuaria por la sequía.

En definitiva, no son las santafesinas Alarcón y Latorre las que se borocotizan sino los K, que están haciendo el camino de Canossa hacia el FMI.

En solamente una semana, el ministro Boudou se reunió con el encargado de negocios de Estados Unidos para avanzar en un acuerdo; luego recibió a un representante del Fondo y en el medio tuvo el gusto de leer que la designada embajadora norteamericana insistió en que el objetivo de su gobierno es llegar a acuerdos sustanciales con los K.

Los K y el capital reclaman el socorro internacional para hacer frente a la bancarrota del ‘modelo productivo’ ¡las provincias ya preparan las cuasi monedas!

El capital financiero borocotizó al matrimonio, el cual no quiere correr el mismo destino de De la Rúa y Cavallo, que se cayeron del tablero cuando el FMI y Bush les dijeron que la convertibilidad no iba más.

Es lo que ya vio Felipe Solá, que descubrió, ante Mariano Grondona, que Argentina no es solamente ‘el campo’.

De yapa, entre tantas visitas juntas, vino otro funcionario de Obama, el subsecretario para Asuntos del Hemisfeio Occidental, para ‘arreglar’ el desarrollo conveniente de la reunión de la Unasur, que la Presidenta trasladó de Buenos Aires a Bariloche, para no ‘perturbar’ a Uribe –la cooptación o borocotización del matrimonio tiene un alcance internacional.

En efecto, en Bariloche, los K borocotizados acompañarán a Lula, Bachelet, Tabaré Vázquez y, quizás, Rafael Correa, para legitimar la instalación de los yanquis en bases militares en Colombia.

‘Gestos’ parecidos, en la década de los 90, fueron calificados como “relaciones carnales”.

En Bariloche se va a hacer un último intento para desmovilizar a la rebelión popular en Honduras, con un nuevo formato de pacto entre los golpistas y el presidente Zelaya.

Como ya ocurriera cuando el golpe contra Chávez, en 2002, y la asonada derechista en Bolivia, el año pasado, los ‘progres’ de Sudamérica se ponen al frente de un operativo de contención de las rebeliones e insurgencias populares.

No hay que mirar a los Biolcati y mucho menos a los De Angeli: basta observar la suba de los bonos de Argentina; el famoso ‘riesgo país’ ha caído a sus niveles más bajos desde que comenzó la crisis con ‘el campo’.

Billetera mata ‘progres’ y falsos antiimperialistas –en especial si amasan su fortuna mediante la especulación inmobiliaria en Calafate.

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Gatillo fácil, democracia difícil, fútbol fácil


Alfredo Grande (APE)

“borran con la mano lo que escribieron con el codo”
(aforismo implicado)

Gatillo fácil y represión
Un prefecto mató a una chica e hirió a otra. Alegó que lo iban a asaltar. Los vecinos reaccionaron y enfrentaron a los efectivos con piedras y bombas molotov.
El suboficial, buzo de la Prefectura Naval Argentina, frenó con su auto ante un semáforo en rojo, a dos cuadras de la Villa 31 de Retiro. Era de noche. Cuando estaba por arrancar, dos chicas se le acercaron hasta la ventanilla, supuestamente para asaltarlo, según presumen los investigadores. El prefecto, identificado como Luis Luque, les disparó a quemarropa con su arma reglamentaria: mató a una de ellas de dos tiros en el pecho y la otra recibió una herida en un ojo. Estaba embarazada y, por el shock, perdió a su bebé. La vida del prefecto nunca corrió peligro porque las jóvenes no tenían un arma de fuego. Se sospecha que le apuntaron con dos palos atados a un caño que simulaban ser dos pistolas. La víctima, Mabel Guerra, tenía 17 años.
“Me quisieron asaltar. Pensé que estaban armadas”, dijo a sus superiores. Cuando se encontró con las dos chicas, poco después de las 23 del miércoles, en la avenida Castillo y la calle 12, iba hacia su trabajo vestido de civil. Les disparó a quemarropa y después les avisó a sus jefes. Un vecino llamó al 911. Mabel Guerra llegó muerta al hospital. Su amiga, Gianina Lobos, de 21 años, quedó internada en el Hospital Fernández, fuera de peligro. Tiene una lesión en el ojo izquierdo, producto de un roce o una esquirla. Es madre de dos hijos.
(Diario Crítica de la Argentina 21/08/09)

La única noticia buena es que el prefecto pensó. Claro: pensó que estaban armadas, pero después de todo, una lata apenas puede pensar en duraznos al natural. O en sardinas. La realidad para la mentalidad de un prefecto debe ser un enlatado de toda la porquería represora con la cual fue adoctrinado, ya que no educado. ¿Habrá recibido cursos de derechos humanos? ¿Tiro al blanco? También sabemos que, a pesar de ser prefecto de mentalidad enlatada, frenó ante un semáforo rojo. A lo mejor le estaba apuntando al semáforo, enojado por ostentar en forma intermitente el color del trapo aquel por el cual tantos imberbes y barbudos pretendieron atacar al ser nacional y seguro de la doctrina. Pero se cruzaron dos chicas, aparentemente armadas, por las cuales en exceso de su legítima defensa en lata, disparó. Claro: prefecto pero no perfecto, de todas maneras a esa distancia no podía errar. Que después de todo es humano, aunque sea de una humanidad en lata. Es posible que fuera de su ambiente natural, el agua, ya que era buzo, tuviera más tendencia a un ataque de pánico, especialmente por estacionarse en forma transitoria a dos cuadras de una zona de suma peligrosidad, con población nativa potencialmente agresiva, conocida en la jerga citadina como “villa 31”. Valiente el buzo, detenido y sin snorkel. El asesino de Mabel, intrépido defensor de los desechos humanos, le apuntó a errar a Gianina. ¿O simplemente no le acertó, porque después de todo dos tiros seguidos eran demasiado para su aleta de buzo prefecto? Disparó a quemarropa, o sea, sin ni siquiera tener que apuntar. A puro reflejo, como deben hacer los prefectos de bien. Invocando la memoria del Ingeniero Santos, Patrono del Gatillo Fácil, algún asesor calificado pretende que fue otro caso de “exceso en legítima defensa”. La pregunta que se impone es: ¿la defensa de qué? Cuando otro mundo sea, además de posible, probable, esa carátula podría ser: “exceso en ilegítimo ataque”. Y dejarlo en la lata el tiempo suficiente para que aprenda el principio general de equivalencia entre acto y consecuencia. El prefecto imperfecto no está solo. Las máscaras de la impunidad, las mismas que convierten en “libres” a condenados y absueltos en el juicio por la masacre de Cromagnon, lo acompañarán amable y amistosamente, donde quiera que vaya. ¿Por qué no una temporada de descanso en Arroyo Seco, donde el apasionado Coradini le pueda explicar sus teorías sobre los cintazos a los pibes chorros? Pero la democracia difícil exige que después del fusilamiento, haya al menos el ritual de una disculpa. “Pensé que estaban armadas”, le dijo al superior inmediato. Al superior mediato, el cura confesor, le dijo: “me quedé esperando en el semáforo, justo, justo, estaba en rojo. Fui avanzando lentamente, hasta que llegara el amarillo. Me detuve jadeante. La presa podía aparecer en cualquier momento. Manotée el arma mortal. No podía creer en mi suerte cuando dos femeninas se acercaron. Más cerca, más cerca, vengan con su prefecto preferido, qué tienen en las manos, juguetitos para asustar, vamos, que a mi no me asusta nadie, vean como estaciono tranquilo a dos cuadras de esta villa de mierda donde viven, más cerca... no puedo fallar”. Versión no oficial, o sea, versión sub oficial, pero al menos, versión probable. La cultura de las fuerzas de seguridad no ha variado desde la dictadura cívico militar. La inolvidable “sección especial” en la cual militantes comunistas, socialistas, anarquistas fueron torturados, tiene en cada comisaría una sucursal permanente. La tortura ha dejado de ser pensada como tal, los apremios ni siquiera son ilegales, estamos en la etapa de los interrogatorios de baja, mediana y alta intensidad. El imperio contra ataca y Colombia es la dulce colombina seducida por payasos siniestros. Estos prefectos asesinos no lo son, sin embargo, por naturaleza. La parte terrible de la historia es que en esta democracia difícil, donde se escribe con el codo y se borra con la mano, son más violentas las peleas por las retenciones que por las defunciones. Los mártires del Estado de Derecho algún día tendrán su propio mausoleo, su propio homenaje, sus propias canciones que los recuerden. Porque la vida, y esto lo sabe el prefecto enlatado, sigue siendo un blanco móvil. Mabel quería irse de la Villa. Pero no de esa forma miserable. No luchan contra la pobreza, matan a los pobres. No luchan contra la riqueza, solamente hacen enojar a algunos ricos. Claro, no a todos. Ni a todas. Por cada María Julia y Jaime en mano, hay más de cien pajarracos volando. En un país donde el fascismo se trasviste de derecha, cualquier centro parece de izquierda. Y más allá de la persona real del prefecto, la democracia difícil habilita una y otra vez aquello que puede hacerla estallar. O sea: sostiene que la inseguridad es un problema, cuando en realidad es la solución que la cultura represora encontró para prolongar la inequidad social por otros medios. A diferencia del Parlamento, el prefecto no delega sus poderes. Los usa. Contra Mabel y Gianina, pero sabiendo que, como dice la mafia, de ninguna manera es algo personal. Tampoco el Prefecto Jefe veta la actitud de su subalterno. Y muchos menos, como Cantero, se atreve a decir que no leyó el manual de procedimientos. (Cantero dijo que no leyó el proyecto de ley, pero aunque es peor, al menos me conformo con pensar que por lo menos es lo mismo). Otro de nuestros preclaros filósofos, el de la escuela de los caras pintadas, nos adoctrinó con que la duda era la jactancia de los intelectuales. El prefecto no dudó. Tampoco pensó. Pero lamentablemente para estas compañeras, existió. Luis Luque existió, y muchos otros como él, peores que él, también existen. Y son, a no dudarlo, los gendarmes de muchos imperios a los cuales esta democracia difícil les da todo tipo de bases. Desde económicas, hasta políticas. La impunidad que empezó con Cabezas, se prolongó con Maxi y Darío, hoy se sostiene en Mabel y Gianina. No es el mismo amor, pero es la misma lluvia. Pero llueve agua podrida en esta democracia difícil. Tan difícil que ha hecho del fútbol fácil su antídoto universal. No ha podido combatir el hambre, discute hasta el hartazgo por dónde pasa la línea que separa al pobre del indigente, espera curar el dengue con el frío y la gripe con el calor, pero está maravillada de liberar los goles del domingo. Pacta con el capo futbolieri, el mismo que pactó con el “general democrático”, en los años de plomo fundido. ¿Será el mismo amor, será la misma lluvia? La Corporación Grondona y Asociados sigue impune, porque el fin justifica los medios, y al enemigo, ni el codificado. Dentro de dos meses, las facturas de gas y luz opacarán un tiempito el orgasmo colectivo del gol, pero seguramente todos los circos todos estarán prestos a enterrar descontentos. Y el esfuerzo para encontrar una garrafa social será menor con los calorcitos de la primavera. En ese momento, el asesinato de Mabel ya será olvido. Qué fácil la impunidad, que difícil la justicia, que fácil el gatillo, que democracia difícil.

Autor imagen: APE

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Chamorro por Palacios: Otro perro guardián con el mismo pelaje

CORREPI

El comisario mayor Osvaldo Horacio Chamorro ingresó a la PFA en 1977. Es abogado. Fue nombrado al frente de la Dirección Administrativa de la Policía Federal (hoy Superintendencia de Planificación y Desarrollo) por el recién asumido presidente Néstor Kirchner. En 2004, como respuesta oficial a la "cruzada Blumberg", el ministro de justicia y seguridad Gustavo Béliz anunció el "Plan Estratégico de Justicia y Seguridad 2004-2007" y una mega-purga que alcanzó a 107 altos jefes de la PFA.

Entre ellos, pasaron a retiro los comisarios generales Colella, Condinanzo, Van Kerckhoven y Ramis; los comisarios mayores Roncati, Trezeguet, Derecho, Fernández y Chamorro, y algunos comisarios inspectores como Gabrieluk y Capuchetti (ver Boletín nº 271). Por lo tanto, Chamorro no fue ajeno a nada que la policía federal hiciera de 1977 a 2004.
 
Cuando, apenas unos meses más tarde, también Jorge "el Fino" Palacios fue separado de la fuerza, Chamorro, que había sido su mano derecha en la actividad policial, pasó a ser su segundo en la agencia de seguridad privada Strategic Security Consultancy. Juntos trabajaron para el club Boca Juniors y como asesores del PRO y de Sobisch en materia de "seguridad", por lo que resulta muy natural que fuera designado subjefe de la Policía Metropolitana en el mismo decreto que nombró a su mentor como jefe.
 
Más allá de la saludable reacción popular que forzó la renuncia del "Fino", seguramente alguno estará contento porque cambiaron el collar a otro perro de presa más limpito, y dirá que "fue un éxito" evitar que Palacios asumiera como jefe de la Metropolitana. Pero no es un policía, es toda la institución. Una institución que, como brazo armado del estado, tiene una clara tarea asignada: aplicar las políticas represivas del estado, la dirija quien la dirija, y gobierne quien gobierne, mientras haya ricos y pobres.

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La salida de Palacios es un triunfo

APEMIA

La Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (APEMIA) manifiesta su profunda satisfacción por la obligada salida del ex jefe de la Policía Metropolitana “Fino” Palacios.

Su destitución fue un reclamo masivo desde que Macri lo designó el pasado 2 de julio. Es una victoria popular contra las políticas de Macri y de la misma oposición política y kirchnerista que votaron la ley de Seguridad Pública, a sabiendas que el Fino iba a ser el futuro jefe de Policía. 
 
Su renuncia no fue el producto de una supuesta “torpeza” política de Macri al designarlo. 

Gracias a la gran oposición popular, no tuvieron más remedio que aceptarle la renuncia, con la intención declarada de “proteger la futura Policía Metropolitana”. 

Decenas de miles de firmas contra Palacios no fueron una casualidad. No fueron producto de grupos “minoritarios” de familiares de AMIA, como afirman Macri y Montenegro. Son producto de un sentimiento generalizado de repudio a los peores métodos criminales, al encubrimiento y a la reivindicación del terrorismo de Estado de las fuerzas armadas y de seguridad. 

Macri se jugó a fondo para imponer a su “mejor cuadro” y fracasó. Ahora apuesta a mantener vigente la estructura de la Policía Metropolitana fundada por Palacios. 
 
El significado de su destitución se realza si tenemos en cuenta que Macri, Montenegro y la DAIA pretendieron reciclar a este encubridor del atentado a la AMIA, presentándolo como un “aporte” para su esclarecimiento y la seguridad de los porteños. 
 
Rechazamos tanta manipulación y reclamamos la verdad y el juicio y castigo a los culpables de la masacre de la AMIA. 

Exigimos la anulación de la ley 2894 de Seguridad Pública que fundó a la “maldita Policía Metropolitana” y la apertura de los archivos secretos del crimen de la AMIA en poder del Estado, para impedir el reciclado de los encubridores y asesinos de ayer y de hoy.

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Las auténticas cooperativas

Héctor Polino

El día 14 de agosto, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció un plan de empleo a través de cooperativas con el objetivo de generar 100 mil puestos de trabajo, en una acción conjunta del gobierno nacional con los intendentes del conurbano bonaerense.

La iniciativa prevé una inversión inicial de 1500 millones de pesos, creando “cooperativas de 50, 60 o 70 personas, que harán trabajos comunales... cada trabajador va a ser monotributista... y va a cobrar con tarjeta bancaria para evitar rehenes de cualquier naturaleza”. Por supuesto, resulta loable toda iniciativa que procure reducir los altísimos índices de desocupación, máxime cuando se trata de generar nada menos que 100 mil nuevos empleos. Pero las características del plan no tienen absolutamente nada que ver con la doctrina y la práctica de las cooperativas de trabajo auténticas y genuinas. Estas son entidades autogestionadas, en cuyo seno se superan las contradicciones entre capital y trabajo que normalmente existen en la empresa capitalista. Los trabajadores, además de la suscripción e integración de las cuotas de capital social, deben aportar su trabajo personal, asumiendo el riesgo empresario, en una gestión auténticamente democrática.

Las cooperativas de trabajo procuran lograr una forma superior de la organización del trabajo, surgiendo desde el seno del pueblo, siendo la antítesis de propuestas asistencialistas, prebendarias y clientelistas. Los gobiernos deben apoyarlas para combatir con éxito la desocupación y la pobreza. Ese apoyo puede ser crediticio, de educación y capacitación cooperativa, de adjudicación en igualdad de condiciones con la empresa lucrativa, de trabajos de obras o provisión de servicios, etc.

El anuncio realizado por la Presidenta está concebido en la idea de generar puestos de trabajo subordinado, en relación de dependencia, contratado y remunerado por los intendentes del conurbano bonaerense, con fondos aportados por el gobierno nacional. Esa modalidad difiere sustancialmente del trabajo asociado, autogestionado, que caracteriza al cooperativismo de trabajo.

En momentos de gran confusión como el actual, es conveniente aclarar los conceptos, para comprender el significado de los anuncios efectuados por la máxima autoridad política del país. Está bien anunciar la lucha contra la pobreza, la desocupación, la miseria; pero está muy mal prostituir conceptos, sobre todo el que caracteriza a un movimiento social como el cooperativismo, que tiene que luchar en desigualdad de condiciones por valores como la solidaridad, el esfuerzo propio, la ayuda mutua, la participación, con los disvalores de la sociedad capitalista que nos rige.

Héctor Polino es ex diputado nacional.

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Argentina: El Procurador General pide eliminar normas que reglamentan la explotación de la prostitución ajena

MISIONES ON LINE

El procurador general de la Nación, Esteban Righi, lanzó una cruzada contra las whisquerías y bares nocturnos que funcionan como pantallas de prostíbulos y contra las normas que avalan la prostitución, como sucede en Misiones.

El procurador general de la Nación, Esteban Righi, lanzó una cruzada contra las whisquerías y bares nocturnos que funcionan como pantallas de prostíbulos, en los que se explota a mujeres víctimas de trata. A través de una resolución firmada ayer, instruyó a todos los fiscales en materia penal del país que actúen en causas en las que se investiguen casos de trata y de proxenetismo, que soliciten al juez actuante la intervención de la agencia municipal del distrito, con el fin de concretar la clausura del local y promover la caducidad de la habilitación, cuando esté funcionando bajo la apariencia de un comercio lícito. En los casos en que el lugar no tenga ningún tipo de permiso legal –como ocurre con los llamados “privados o vips”–, los fiscales deberán sugerir al magistrado que no restituya el inmueble a su titular hasta tanto “no sean debidamente aclaradas las circunstancias de su uso ilegal”. Además, Righi pidió a los ministros de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Julio Alak, y de Interior, Florencio Randazzo, que se ocupen de que sean derogadas en las provincias las ordenanzas comunales que, en abierta violación a la legislación nacional vigente, se aprobaron en los últimos años en distintas provincias –como Misiones, La Pampa, Río Negro, Santa Cruz y Entre Ríos, entre otras–, y que reglamentan la explotación de la prostitución ajena. Esas normativas incluyen hasta registros de “alternadoras” y la exigencia de la renovación periódica de una libreta sanitaria, que prevé el control médico ginecológico de las mujeres.

La resolución que firmó ayer Righi es resultado del trabajo que viene realizando la Unidad de Asistencia para la Investigación de Secuestros Extorsivos y Trata de Personas de la Procuración (Ufase), a cargo de Marcelo Colombo. El procurador también pidió a los fiscales que profundicen “las investigaciones en orden a identificar y enjuiciar a los funcionarios o agentes que pudieran tener algún grado de participación en la comisión o encubrimiento” de delitos como la trata o la explotación de la prostitución ajena.

“Al mismo tiempo resulta imperioso realizar un giro en la política de persecución de este tipo de hechos, a efectos de atacar el núcleo económico de las organizaciones criminales que lo sustentan, siguiendo la pista económica del negocio de la trata de personas”, consideró Righi en la resolución 99/09, a la que tuvo acceso Página/12. En ese sentido, instruyó a los fiscales que intervengan en causas de trata y proxenetismo que “soliciten al juez interviniente como medida cautelar, la afectación del o los inmuebles en los que se ejerza dicha actividad, desde el comienzo del proceso, con el objeto de lograr posteriormente su decomiso y como garantía de una eventual pena y/o condena pecuniaria”.

“Las llamadas casas de tolerancia están prohibidas en el país desde 1937. Sin embargo, desde la Ufase hemos detectado que en distintas provincias los concejos deliberantes han aprobado ordenanzas que las habilitan bajo nombre eufemísticos y reglamentan la explotación de la prostitución ajena, con libretas sanitarias para las alternadoras”, señaló el fiscal Colombo a Página/12.

La Procuración General de la Nación pretende que desde los ministerios de Justicia e Interior se trabaje con los gobiernos provinciales para que promuevan la derogación de las normativas comunales. La ciudad de Santa Rosa, capital de La Pampa, fue la primera en dar ese paso, tres meses atrás. Y le siguió un pequeño municipio de esa provincia, General San Martín.

El procurador general instruyó también a los fiscales para que tomen “los recaudos del caso para evitar filtración de información al proceder a la convocatoria de los auxiliares de la Justicia y los agentes municipales pertinentes” a la hora de pedir la clausura de algún burdel, debido a las fuertes sospechas de que muchos de esos locales funcionan con la protección policial o política de la zona.

La Ufase está investigando el accionar de redes de trata en distintos puntos del país. Tal como informó ayer este diario, el fiscal Colombo acaba de presentar en el juzgado federal de Santa Rosa una denuncia para que se investigue la existencia de una banda que en los últimos cinco años trasladó hacia la capital pampeana más de cuatrocientas mujeres reclutadas en Paraguay y provincias del norte argentino, y que tuvieron como destino tres locales nocturnos de esa ciudad, habilitados como “whisquerías”, según surge del libro de “alternadoras” que tenía el propio municipio. Se sospecha que muchas de esas mujeres luego fueron enviadas a burdeles de otras localidades del país, para continuar bajo la explotación de proxenetas.

"En Iguazú hay reclutadoras para la trata de personas"

"En Iguazú se sigue reclutando chicas para llevarla a trabajar en prostíbulos bajo engaños", dijo la responsable del programa Luz de Infancia, Marcelina Antúnez

En Iguazú se sigue reclutando chicas para llevarla a trabajar en prostíbulos bajo engaños. La responsable del programa luz de infancia Marcelina Antúnez, dijo por Radio Yguazú Misiones: “tenemos conocimiento de varias reclutadoras que operan acá en Iguazú y siguen llevando chicas”. Lo que más preocupa es que en algunos casos existe consentimiento de los padres y un cierto consentimiento de la víctima, ya que las reclutadoras le dan dinero a la familia. Son menos las chicas que van creyendo que van a trabajar de niñeras o en casa de familia. Antúnez finalizó comentando “una chica paraguaya que fue llevada para trabajar de niñera y la hicieron trabajar en un prostíbulo, felizmente logró escapar”.

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Argentina: Resisten intento de desalojo de IMPA: "Están atacando una forma de organización popular que enfrenta al sistema"

Carlos Saglul (ACTA)

Desde la semana pasada Eduardo Murúa, dirigente del IMPA y del Movimiento Nacional de Empresa Recuperadas, está en huelga de hambre con varios compañeros en defensa de esa fuente de trabajo.

Junto a dirigentes de organismos de derechos humanos y de un amplio espectro de militantes del campo popular, permanecen en las instalaciones de la fábrica preparados para resistir cualquier intento de desalojo.

Cabe consignar que la lucha de los obreros de IMPA cuenta con la activa solidaridad de la Asociación Nacional de Trabajadores Autogestionados (ANTA-CTA).

En diálogo telefónico mantenido esta mañana con ACTA, el dirigente de esa empresa recuperada advierte:“Están atacando una nueva forma de organización popular para resistir al sistema”.

¿En qué se basa el juez Héctor Vitale para cuestionar la presencia de ustedes en IMPA?

Plantea la inconstitucionalidad de la Ley de Expropiación 2969 dictada en diciembre de 2008 y promulgada en el 2009 durante el gobierno de Mauricio Macri. Lo que en definitiva cuestiona el fallo es que pueda entenderse de utilidad pública preservar los puestos de trabajo de los obreros de IMPA.

O sea que el fallo desconoce la ley de fondo.

Así es, de esta manera desconoce la Constitución Nacional y la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desconoce lo que pasó con más de veinte leyes de expropiaciones. Él dice que lo correcto era negociar la indemnización antes de expropiar la fábrica cuando eso no se verifico en ninguno de los casos similares que son muchos. Siempre se expropió y después vino la negociación del pago.

IMPA es mucho más que una empresa recuperada.

Aquí funciona un Centro Cultural al que asisten 200 compañeros, 17 talleres, un bachillerato para adultos con título oficial con 150 alumnos. Tenemos un centro de salud donde atienden médicos del Hospital Durand. IMPA es del barrio, de la comunidad.

¿Hay una lectura política del fallo?

Lo que están atacando es una nueva forma de organización popular para resistir al sistema. Fíjate que el juez cuando se refiere a los alumnos de los talleres y pacientes habla de agentes externos ajenos a la empresa. Para Vitale, el pueblo es un “agente externo” a IMPA. Toda una definición.

¿Qué medidas se toman para resistir?

Por supuesto que nuestros abogados van a apelar. Nosotros seguimos en huelga de hambre y en asamblea permanente las 24 horas, cosa de poder enfrentar cualquier intento de desalojo. Desde el Gobierno nadie acudió en nuestra ayuda, todos se hicieron los sordos. Nos queda resistir con todos los compañeros y las organizaciones como la Central de Trabajadores de la Argentina, los organismos de derechos humanos, todos los que dijeron presente a la hora de defender IMPA.

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Argentina: Resisten intento de desalojo de IMPA: "Están atacando una forma de organización popular que enfrenta al sistema"

Carlos Saglul (ACTA)

Desde la semana pasada Eduardo Murúa, dirigente del IMPA y del Movimiento Nacional de Empresa Recuperadas, está en huelga de hambre con varios compañeros en defensa de esa fuente de trabajo.

Junto a dirigentes de organismos de derechos humanos y de un amplio espectro de militantes del campo popular, permanecen en las instalaciones de la fábrica preparados para resistir cualquier intento de desalojo.

Cabe consignar que la lucha de los obreros de IMPA cuenta con la activa solidaridad de la Asociación Nacional de Trabajadores Autogestionados (ANTA-CTA).

En diálogo telefónico mantenido esta mañana con ACTA, el dirigente de esa empresa recuperada advierte:“Están atacando una nueva forma de organización popular para resistir al sistema”.

¿En qué se basa el juez Héctor Vitale para cuestionar la presencia de ustedes en IMPA?

Plantea la inconstitucionalidad de la Ley de Expropiación 2969 dictada en diciembre de 2008 y promulgada en el 2009 durante el gobierno de Mauricio Macri. Lo que en definitiva cuestiona el fallo es que pueda entenderse de utilidad pública preservar los puestos de trabajo de los obreros de IMPA.

O sea que el fallo desconoce la ley de fondo.

Así es, de esta manera desconoce la Constitución Nacional y la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desconoce lo que pasó con más de veinte leyes de expropiaciones. Él dice que lo correcto era negociar la indemnización antes de expropiar la fábrica cuando eso no se verifico en ninguno de los casos similares que son muchos. Siempre se expropió y después vino la negociación del pago.

IMPA es mucho más que una empresa recuperada.

Aquí funciona un Centro Cultural al que asisten 200 compañeros, 17 talleres, un bachillerato para adultos con título oficial con 150 alumnos. Tenemos un centro de salud donde atienden médicos del Hospital Durand. IMPA es del barrio, de la comunidad.

¿Hay una lectura política del fallo?

Lo que están atacando es una nueva forma de organización popular para resistir al sistema. Fíjate que el juez cuando se refiere a los alumnos de los talleres y pacientes habla de agentes externos ajenos a la empresa. Para Vitale, el pueblo es un “agente externo” a IMPA. Toda una definición.

¿Qué medidas se toman para resistir?

Por supuesto que nuestros abogados van a apelar. Nosotros seguimos en huelga de hambre y en asamblea permanente las 24 horas, cosa de poder enfrentar cualquier intento de desalojo. Desde el Gobierno nadie acudió en nuestra ayuda, todos se hicieron los sordos. Nos queda resistir con todos los compañeros y las organizaciones como la Central de Trabajadores de la Argentina, los organismos de derechos humanos, todos los que dijeron presente a la hora de defender IMPA.

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Argentina, Catamarca: Por la contaminación de un río, vecinos impidieron el paso a camiones de Minera Alumbrera

PRIMERA FUENTE

Otra vez un curso natural de agua se vio afectado por las consecuencias directas e indirectas que genera la explotación minera de Minera Alumbrera. Un camón que llevaba gasoil a la minera volcó derramando miles de litros de combustible en un río de Belén de cual depende toda la población. Denuncian falta de agua en la ciudad. Hartos de esta situación, vecinos obstaculizaron el paso de camiones que se dirigían hacia la minera, sobre al ruta 40.

La contaminación del canal DP 2 en Tucumán que derivó en el procesamiento de un alto directivo; las sucesivas roturas del mineraloducto que ocasiona derrames de concentrados presumiblemente contaminantes; la extracción de millones de litros de agua para su proceso productivo; el aparente uso de químicos que afectan la atmósfera. Son sólo algunos ejemplos de tantos por los que organizaciones sociales reclaman el cierre de Minera Alumbrera y la minería a gran escala.

Ahora, la empresa minera de influencia multinacional le dio otro motivo a las ONG para ser su blanco de mayor desprecio. El miércoles pasado un camión que se dirigía hacia el yacimiento minero volcó sobre la ruta Nº 40 derramando, según vecinos de la zona, miles de litros de gasoil que contaminaron las aguas del río Hualfín ubicado en la localidad catamarqueña de Belén.

Según denunciaron ambientalistas de la zona, la población local se encuentra en estado de alerta por el posible daño ambiental causado en el río que este abastece de agua potable a todo el departamento. La población además depende de este cauce para riego y consumo animal con el impacto económico que esta situación genera.

“Por acá pasa gran cantidad de camiones con todo tipo de sustancias; en este caso ha sido gasoil. El camión se dirigía hacia la mina para abastecer la maquinaria que usan”, contó Alejandro Zalazar, de la organización Belén por la Vida.

En tanto, desde la empresa Minera Alumbrera se minimizó el hecho, aduciendo que solo se trató de una mínima cantidad de gasoil la que cayó al río. "La planta potabilizadora no fue afectada por el derrame de gasoil, que fue del 10% de la carga del camión. Para evitar cualquier afectación, los responsables de la planta cerraron preventivamente la toma de agua”, sostuvieron desde la empresa en un comunicado.

“Estamos frente a un nuevo desastre ecológico que se suma a una larga serie de sucesos de devastación y degradación ambiental provocada por la explotación minera. Repudiamos esta actividad emblema de la entrega y despojo de los bienes comunes de nuestro ambiente, y de la situación neocolonial que se cierne sobre nuestras poblaciones y territorios”, sostuvieron desde la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC).

En tanto, en la mañana del martes, un grupo de vecinos de la zona se apostó sobre la ruta 40 e impidió durante varias horas el paso de camiones que se dirigían hacia la minera.

Por otra parte el Consejo Beligerante local, por pedido de la organización “Belén por la vida”, debatirá la construcción de un acueducto que proteja los cursos de agua que abastecen a esa ciudad.

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Argentina, Chaco: Los trabajadores judiciales van al paro por 48 horas

CHACO DIA POR DIA

La titular del Sindicato de Empleados Judiciales del Chaco, Graciela Aranda, en diálogo con Radio Ciudad, explicó los motivos de la medida de acción directa, que afectará durante dos jornadas al Poder Judicial Solicitan incremento salarial.

Graciela Aranda comenzó consignando las razones del paro: “Se decidió en la asamblea de delegados un paro de 48 horas para los días jueves y viernes. Realmente hay un descontento y un malestar, porque no hay ningún tipo de respuestas a todas estas medidas, a pesar que se las ha hecho después de recorrer un largo camino tratando de consensuar y buscar un acuerdo para los trabajadores judiciales. Lamentablemente somos ignorados y hay una indiferencia de parte de las autoridades con el personal judicial. Somos un sector de trabajadores que sostenemos el sistema judicial en toda la provincia”.

Compromiso

“Nosotros nos veníamos reuniendo desde el mes de febrero con el Ministro de Economía, en julio nos reunimos con el Gobernador, informalmente. Como Sindicato de Empleados Judiciales hemos planteado al Gobernador un incremento salarial desde comienzos de año. En el mes de abril nos dijo que no había plata para nadie. Esto era lo que podíamos transmitirle a nuestros compañeros, pero en mayo hubo plata para un sector, en junio hubo plata para otro sector. Hay distintos estamentos dentro de la administración que han recibido aumentos dentro del presupuesto general de la provincia, tanto al básico como bonificaciones que el personal judicial no recibió. Lo que más alertó y molestó fue que en el mes de junio antes del proceso electoral estuvimos reunidos tres veces con el Ministro de Economía, quien manifestaba lo mismo que están diciendo ahora, que no hay plata, pero que iban a hacer un esfuerzo. Pero después de las elecciones parece que se olvidaron del compromiso”.

Plata no hay

“Somos trabajadores judiciales que trabajamos todo el día, somos 2.760 en todo el Chaco para atender a un millón de habitantes. Siempre que reclamamos nos dicen que no hay plata, que el presupuesto del Poder Judicial está acotado, pedimos ascensos, que la carrera administrativa se mueva y la respuesta es plata no hay. Entonces, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Lo único que queremos es que nuestro esfuerzo, nuestra labor diaria sea valorada”.

Acordada

“Nosotros venimos insistiendo en que el Poder Judicial sea el que encabece el reclamo, en cuanto a pedir una ampliación presupuestaria para incremento salarial. Pretendemos que en la acordada que hacen los miércoles los miembros del Superior Tribunal decidan pedir la ampliación presupuestaria”.

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Argentina, Corrientes: Mosquera, “déjense de joder, yo no voy a ir preso”

CORRIENTES NOTICIAS

Hasta hace unas horas nadie pensaba que el secretario privado del gobernador Arturo Colombi podría ir preso por los delitos de los que se lo acusa. Confiaban ciegamente en que la justicia “no se animaría” a tomar tamaña decisión. Un golpe difícil de digerir.

La noticia cayó como una bomba en Casa de Gobierno: “Diego esta preso”. El mensaje recalentó los celulares oficiales y se esparció como un reguero de pólvora por toda la provincia. Mientras, en un despacho del Juzgado de Instrucción 1, el secretario privado del gobernador sentado mirando al suelo buscaba una explicación a lo que hasta una semana atrás para él era un verdadero imposible: quedar detenido por las acusaciones que recibía desde hace algunos meses y por las que la Justicia lo investigaba.

La muestra de la creencia de su impunidad es el breve pero contundente dialogo que el secretario privado de Arturo Colombi mantuvo una semana atrás con dos legisladores provinciales enrolados en otro frente político. “Déjense de joder, yo no voy a ir preso, así que vayan y díganle a los fiscales que no gasten su tiempo” les dijo el joven funcionario.

Los legisladores se miraron sorprendidos y sólo atinaron a responderle “nosotros no tenemos nada que ver, sos vos el que tenés que ir a hablar con los fiscales y demostrarle que sos inocente, si lo sos”. El dialogo se cortó ahí y cada uno siguió por su lado, pero el sentimiento de Diego Mosquera quedó plasmado con total claridad.

Este martes, cuando Mosquera se presentó a declarar ante el juez acompañado de varios abogados, no pasaba por su cabeza la posibilidad de quedar detenido. Para él su visita al juzgado era un ida y vuelta a Casa de Gobierno; su rostro cuando fue retirado de tribunales lo demostraba. “Es un operativo político” dijo nada mas mientras era conducido al vehículo que lo depositaría en el cuartel de Bomberos donde quedó alojado.

Antes, tras la sorpresa inicial, había pedido cuanto menos no ser esposado para no perjudicar aún mas su imagen ante la prensa que lo esperaba afuera. Hizo algunos llamados telefónicos, se notificó y se entregó a la realidad que un par de horas antes ni siquiera figuraba en su mente.

En Casa de Gobierno y en la residencia oficial los teléfonos ardían. Algunos decidieron que era hora de comenzar a apretar a los medios para silenciarlos mientras otros se dedicaban a prepara un comunicado oficial del Gobierno en el que incluyeron la voz de algunos candidatos del Frente de Todos, todos en plena coincidencia: una defensa irrestricta del funcionario ya preso, al extremo de llegar a obviar absolutamente que, aunque sea por guardar las formas, debieron haber apoyado una investigación cuanto menos y aún sosteniendo la inocencia de su “amigo”.

Alguien logró comunicarse con el vicepresidente Julio Cobos para pedirle una mano: había que parar todo lo posible en la prensa nacional, y hacia allá fueron los cobistas respondiendo al pedido del socio correntino. Claro, ya era tarde, la noticia recalentaba las pantallas de los canales nacionales y era de las mas leídas en los portales de Internet.

Todas las reacciones parecían llegar tarde. Sólo los “amigos” bien pagos de Corrientes aceptaron, algunos previos pedidos de pagos atrasados, minimizar la cuestión o darle un tinte de persecución política, algo en lo que a esa altura ya nadie creía, porque lo inesperado ya había sucedido.

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Argentina, Jujuy: Extracción de hidrocarburos en Parque Nacional Calilegua. Entre los impactos del pasado y el avance de Pluspetrol

OPS - COPENOA

El Observatorio Petrolero Sur (OPS) entrevistó a Guillermo Nicolossi (GN), guardaparques, y Jorge Baldo (JB), biólogo, coordinadores de las tareas de control y fiscalización de la actividad hidrocarburífera dentro del Parque Nacional Calilegua, iniciada hace 40 años.

Esta área natural protegida, ubicada en el sudeste de la provincia de Jujuy, se creó a fines de los 70’s a partir de una donación de las tierras realizada por el Ingenio Ledesma. Hoy los trabajadores del Parque Nacional demandan que se remedien los impactos de la actividad extractiva y se ponga freno al avance de Pluspetrol, la nueva operadora.

OPS: ¿Cuál es el surgimiento del Parque Nacional Calilegua? ¿Cuál es su importancia?

GN: La actividad petrolera empieza para 1969 y el Parque Nacional se crea en el ’79, tomando esa zona con actividad petrolera. En realidad en Parques Nacionales (Administración de Parques Nacionales, APN) está prohibida la actividad petrolera, la actividad minera, pero cuando se crea el Parque la actividad ya estaba en marcha, aunque en ese momento estaba en decadencia. Era una zona muy importante por su biodiversidad e igual se decide incorporarla al Parque Nacional. El yacimiento ocupa unas 5.700 hectáreas, casi en su totalidad, un 94%, se encuentra dentro de la jurisdicción del Parque Nacional Calilegua; todo el Parque tiene alrededor de 76.000 hectáreas.

En el año ’92, después de la privatización de YPF, se arma una licitación donde se entrega a una empresa la concesión por 25 años. A los 10, 15 años, esta empresa hace traspaso a lo que es la actual operadora, Pluspetrol SA.

¿Cómo se llamaba la empresa anterior?

GN: La anterior era una UTE [Unión Transitoria de Empresas] Petróleo Sudamericano y Pecom.

¿Quién llama a licitación en el ‘92?

GN: El Estado Nacional a través de la Secretaría de Energía, en concurso público internacional.

La Secretaría de Energía llama a licitación sobre dominio y jurisdicción de PN. Jurídicamente hablando, ¿qué aval tiene esto? ¿Qué atribuciones tiene PN para poner un límite?

GN: En el ‘92 no hubo ninguna intervención de PN en esa licitación, el control ambiental de la actividad petrolera, la nueva reglamentación, recién sale en el ‘93, ‘95; previamente eran resoluciones de la Secretaría de Energía de cumplimiento ambiental obligatorio para las empresas. Cuando el yacimiento era manejado por el Estado mismo, por los que conocemos y los archivos que hay, Parques no lograba llegar a nada con el mismo Estado. Es la época donde más actividades de impacto se hacen sin ningún tipo de control ambiental.

En el ‘94, con las nuevas reglamentaciones y la creación de una nueva delegación técnica de Parques en el NOA, de a poco se empieza a intervenir. En ese momento el yacimiento ya estaba concesionado a la UTE y se trata de acordar un plan de mitigación. Ese plan acordaba cosas muy groseras, como piletas de petróleo a cielo abierto, y se busca que el agua de producción se inyectara en profundidad, ya que hasta ese momento se vertía directamente en los arroyos.

¿Hasta cuándo dura el plan de mitigación?

GN: A los pocos años empieza a haber muchos incumplimientos de la UTE y poca presión por parte de APN para cumplir ese acuerdo. Se caen un poco los monitoreos y queda ahí, en la nebulosa. No había gestión política atrás, pasa a ser un tema dejado de lado por APN mismo.

Después de 15 años de operar la UTE se va y Pluspetrol entra hace un año, en mayo de 2008, le quedan 10 años y tiene una opción a prorroga por 10 años más. Pero en el medio quedan todos los pasivos ambientales, pozos abandonados, infraestructura abandonada que viene de la época de YPF y se va traspasando. El Estado se va a terminar haciendo cargo de los pasivos ambientales.

Con la ley de federalización de los hidrocarburos (Ley 26.197) el nuevo encargado es la misma provincia y en ese traspaso no hay ningún tipo de exigencia ambiental a la empresa.

¿Se incrementó la perforación de pozos desde la época de YPF?

GN: No, hubo una reducción.

Los pozos que no eran rentables se dejaron de lado y los que sí, se sobre explotaron.

GN: Sí. Hay unas 36 perforaciones en el Parque, actualmente están en producción 12. En la época de la UTE no hubo inversiones, se mantuvieron esos 12 pozos, con la llegada de la nueva empresa y con el respaldo de capital piensan hacer un desarrollo del yacimiento. Parques [APN] ya adelantó que no puede haber exploración ni nuevas perforaciones, lo que puede hacer [la empresa] es reparación de los pozos actuales. Igual esto no está reglamentando, esta actividad desde ya no estaba reglamentada porque era contraria a la ley [de Parques], pero ahora se terminó necesitando. Hay un proyecto bien elaborado, que el Directorio tiene que aprobarlo por resolución, donde estaría contemplado esto. También se está fijando que por locación (el predio donde está ubicado el pozo), donde justifiquen técnicamente que está en malas condiciones, dentro de ese mismo predio pueden perforar un nuevo pozo. Pero con la condición del sellado del anterior, o sea un abandono correcto.

¿La remediación?

GN: La remediación es en el sellado, después puede haber zonas donde puede haber derrames de petróleo, el mayor impacto es el de un pozo abierto. Hay un pozo que está por fuera del Parque con una cañería que llega a los 4.000 5.000 metros [de profundidad], con los años alguna parte está corroída, o sea, que surge agua de formación por un costado. Esta es agua muy salada que va al arroyo que atraviesa el parque.

Esta situación se puede repetir en los 20 pozos abandonados que hay en el Parque que no tienen el sellado. En realidad, la situación administrativa de estos la desconocemos. Un pozo puede estar inactivo por un tiempo o puede estar abandonado, pero técnicamente un pozo abandonado se sella con cemento para no correr el riesgo de una surgencia.

¿Parques Nacionales recibe dinero en compensación de superficiario? ¿Hay algún tipo de arreglo entre APN y el concesionario, que en este momento, con Pluspetrol?

GN: Desde el inicio se viene buscando un convenio con Pluspetrol. Lo importante es que APN tiene que lograr un compromiso de la empresa para un plan de sellado de los pozos que están abandonados. Primero tiene que categorizarlos, no sabemos cuáles están abandonados, inactivos, etc. y por declaración jurada estos pozos tienen que abandonarse. En el caso de APN pretende que sea el abandono definitivo, la reglamentación petrolera fija un abandono temporario.

Con el tema de superficiario no lo está aplicando APN. El uso de agua tampoco, con los volúmenes importantes para el lavado del petróleo que se demanda.

JB: Lo que están haciendo ahora es financiar la fiscalización y el control.

GN: Combustible, equipo fotográfico, es lo único que se ha logrado como un paso previo hasta que el convenio esté firmado. Justamente está trabado en el tema del compromiso que APN pretende de la empresa de sellar los pozos.

¿Qué respuestas da Pluspetrol a lo que pretende Parques?

GN: El tema es que hasta ahora no ha habido una respuesta. También ha habido retrasos por parte de APN, la definición interna y bastante discusión sobre este convenio, los alcances, qué se va a limitar, qué se va a permitir. Entonces la empresa no ha dado respuestas y APN todavía tiene discusiones internas en cuanto al convenio final.

JB: Hay algunas menciones de la empresa en notas y actos administrativos que es el Estado el que decide el cierre de pozos, la Secretaría de Energía, lo cual es correcto. Ellos se refugian y amparan en eso, nosotros entendemos que APN tiene jurisdicción y dominio sobre el territorio y por eso es organismo de aplicación, que es un poco negada por parte de la empresa y por eso prefieren referirse a provincia.

El sellado de los pozos trae toda una discusión ya que el Estado nacional y provincial recibe regalías, entonces siempre se niegan a sellar, aunque sea en forma temporaria. Se plantea siempre que está la posibilidad de que un pozo improductivo, con nuevas tecnologías y nuevas inversiones, sea productivo. Esa es la pelea también con la visión de APN, pozo improductivo se sella. Igual hay casos de pozos, lo que los geólogos llaman inertes, que sólo dan agua de formación. APN está pidiendo que esos pozos se cierren porque no hay ninguna posibilidad que den petróleo.

Ustedes iniciaron una acción administrativa pidiendo un estudio de impacto ambiental (EIA)a la empresa.

GN: Como fue un traspaso de la concesión, en principio APN permitió que siga trabajando esta empresa con el desarrollo de la anterior. APN ha planteado uno nuevo [EIA], es una cuestión básica para poder ver los impactos. Parques no ha sido terminante en exigirle a la empresa ese estudio, ellos [Pluspetrol] han respondido con algún recurso legal, que no van a hacer el estudio, que ya lo ha hecho la operadora anterior, van a presentar una línea de base. La presentan, ni siquiera está completa. APN tiene que determinar y exigir que este es un nuevo proyecto, que tiene que haber una nueva evaluación ambiental. Desde el Parque exigimos y el Directorio, después de un año, no ha intimado a la empresa. Hace 10 días hicimos una reunión de autoconvocados de trabajadores del Parque y en su totalidad firmamos un acta donde exigimos a las autoridades de la APN la presentación del estudio por parte de la empresa y no permitirle un nuevo desarrollo dentro del yacimiento hasta tanto el estudio del impacto esté presentado y evaluado. Sólo se debería permitir el mantenimiento de lo actual y actividades rutinarias. El directorio tiene unos 10 días más para dar respuesta, y si no los trabajadores tenemos que ver la forma de hacer una denuncia por esa situación al Directorio. [La entrevista se realizó a fines de julio, hasta la fecha no hubo respuesta de APN.]

¿Hay comunidades afectadas?

GN: Dentro del Parque no hay pobladores, hay pueblos relativamente chicos en la zona de influencia del yacimiento.

JB: Hay pasivos ambientales que están afectando varios cauces de ríos y arroyos que inciden sobre las poblaciones locales y afectan la cuenca del Río Bermejo, hay un factor de dilución obviamente. Al faltar el estudio de impacto ambiental es difícil de estimar, pero hay sales, aguas de formación, se calcula metales pesados. No hay buena información al no contar con el estudio, no podemos contar con las precisiones de los impactos para que la empresa se comprometa a solucionar los pasivos, y al mismo tiempo genera mucha incertidumbre tanto en los pobladores como en APN. Tampoco ha habido un proceso de consulta pública, hubo mediciones realizadas por la gente de la COBINABE (Comité Binacional de la Alta cuenca del Río Bermejo), ellos hablan de altos tenores de sal y de metales pesados afectando los cauces, habría una incidencia hacia otras provincias.

Y la provincia de Jujuy, específicamente la Secretaria de Energía, ¿qué rol está jugando?

GN: Ausente más bien. Hay una ausencia total de la Secretaría de Energía de Nación y la Dirección de Recursos Energéticos de la provincia. En el yacimiento nunca recibimos acompañamiento de ellos, que son los que también deberían estar exigiendo el estudio de impacto de la actividad.

JB: Y puntualmente el pozo que mencionaba Guillermo, que ya ha explotado y está contaminando el arroyo, está fuera de la concesión de Pluspetrol, es un área que no está concesionada a ninguna empresa y entendemos que sería responsabilidad de YPF residual y del Estado provincial. APN desde el 2001 ha enviado notas, ha tratado de lograr cooperación, y hasta el día de la fecha no hubo respuestas.

APN tomó conocimiento e informó sobre eso y hasta ahora no hubo nada, se han calculado 60.000 toneladas de sales en estos 10 años, y además los metales pesados, que tenemos menos información

¿Y el arroyo atraviesa el Parque?

GN: El pozo se encuentra 200 metros fuera del límite del Parque, el arroyo [que recibe el vertido] aporta [su caudal] a un brazo del [arroyo] Yuto, que recorre 13 kilómetros por dentro del Parque, desemboca en el río San Francisco y de ahí al río Bermejo. Pasa cerca de las localidades de Yuto y Caimancito, donde se usa para ganado, riego de quintas, etc.

A nivel provincial, en los últimos años ¿ha habido un avance de la frontera hidrocarburífera o se ha limitado a las viejas concesiones y una reactualización de ellas?

GN: El año pasado se contrató a un estudio privado donde se reconfiguraron las aéreas petroleras. Han delimitado nuevas aéreas para dar en concesión, está listo el pliego desde la instancia de Minería, lo tendría que terminar de aprobar el gobierno provincial. No sé bien cuantas aéreas serán, creo haber leído cerca de 13, cuando antes había dos. Se habla de la zona de la Puna, también cercano a monumentos naturales, reservas de biosferas.

Antes me decían que hay 12 pozos en producción ¿Qué nivel de actividad hay? En cuanto a picadas, instalación de equipos.

JB: Todos los pozos son por surgencia, lo cual es un problema cuando se descontrola, se rompe el pozo. El nivel de actividad de la UTE era muy limitado, 70 m3 diarios lo cual es muy poco. Cero mantenimiento de infraestructura, se manejaban en tractor, burro, mula. La vegetación cubrió las locaciones, hubo deslizamientos de ladera que afectaron seriamente las baterías. Acá tenés todos los pozos que están en el Parque y hay una batería de separación, dos ductos sacan a una zona de cabecera, que es donde se inyecta a los gasoductos o por camión. En las aéreas de baterías hay muchos impactos por deslizamiento de laderas.

Con la nueva concesión de Pluspetrol hay mucha actividad, con el nuevo proyecto que no conocemos. Se mejoró la red vial, siempre sobre lo existente, Parques Nacionales tiene una legislación relativamente buena con el tema de evaluación de impacto ambiental. Ellos tienen que presentar un proyecto cuando se quiere hacer una obra, desde un camping hasta una obra vial, y APN determina el nivel de evaluación. Hay tres niveles, la evaluación máxima que es el estudio de impacto ambiental se hace mediante comisiones externas contratando especialistas. Las modificaciones y avances que hizo la empresa durante este año siempre fue sobre caminos y locaciones preexistentes. Se les exigió informes medio ambientales, que es un nivel medio o incluso el menor, bajo la norma de que estaban en cuestiones ya existentes y era siempre para mejor: eran caminos muy erosionados que estaban afectando cuencas y laderas. Se hicieron ciertas mejoras dentro de estos 12 pozos y la red vial activa.

El problema surge ahora cuando la empresa empieza a avanzar sobre locaciones abandonadas, caminos, sobre todo el yacimiento. Hay intenciones por parte de la empresa de evaluar por partes, evaluar cada proyecto, nuestro argumento es que necesitamos una evaluación integral, por todo lo que es impactos acumulativos, efectos sinérgicos. Y conocer el proyecto global para poder hacer una estimación adecuada de los impactos, y es lo que no hemos logrado todavía.

Las mejoras siempre fueron en función de sus intereses productivos. Tenemos fuentes posibles de posible impacto que son las líneas de conducción. Cada pozo está a una distancia de 5, 6 kilómetros, a través de una cañería de 2, 3 pulgadas que son de la época de YPF, tienen 30, 40 años y están muy erosionadas, hay tramos colgadas directamente. Y desde el inicio de la UTE y el comienzo de la nueva operadora se viene exigiendo mantenimiento y mejora de esas líneas y no hemos tenido ningún tipo de respuesta. Están mejorando caminos y la situación bastante inestables de las baterías, pero con miras siempre ligadas a la producción. En lo que no está ligado a la producción, pero con un impacto fuerte, no hemos logrado que hagan mejoras.

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